Se dispararon los precios del gas licuado norteamericano en Europa
Tras el anuncio de la ministra alemana de Relaciones Exteriores,
Annalena Baerbock, de que el gasoducto Nord Stream 2 "todavía no puede
ser autorizado", los precios del gas en Europa volvieron a subir
considerablemente, beneficiando a los importadores de GNL de EE.UU.
Por Eduardo J. Vior
13-12-2021 | 23:17
Dr. en Ciencias Sociales Analista internacional
El gasoducto Nord Stream 2 “todavía no puede ser autorizado”. Foto: AFP
Después de que el pasado domingo 12 la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, declaró en un reportaje por el segundo canal de la TV pública (ZDF) que el gasoducto Nord Stream 2 “todavía no puede ser autorizado”,
los precios del gas en Europa han vuelto a subir considerablemente,
beneficiando a los importadores de gas natural licuado (GNL) de EE.UU. Y
eso que los depósitos europeos siguen medio vacíos.
El precio
del gas ha alcanzado este lunes un nuevo récord. Los contratos para el
14 de diciembre alcanzaron por la tarde un valor récord de 118 euros por
megavatio hora (MWh). Esto es un buen diez por ciento más que el
viernes. Los observadores del sector citaron como motivo para el alza
las declaraciones de la ministra de Exteriores.
Al ser
entrevistada por el informativo Heute Journal por ZDF, subrayó que el
oleoducto "no cumple los requisitos de la legislación europea en materia
de energía y, de todos modos, las cuestiones de seguridad siguen sin
resolverse".
En su acuerdo de coalición el Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes y el Partido Liberal Democrático (FDP) determinaron que los proyectos energéticos se sometan a la legislación europea,
"y eso significa que, tal y como están las cosas, este gasoducto no
puede aprobarse porque no cumple los requisitos de la legislación
europea en materia de energía y, de todos modos, las cuestiones de
seguridad siguen sin resolverse", declaró la política de los Verdes. El
argumento es que el consorcio Nord Stream AG está registrado como
empresa suiza y no en algún país de la UE, pero ésta no es una novedad:
se sabía desde que el Estado alemán aceptó el tendido de la conexión.
¿Dónde
quedan, entonces, el principio de continuidad jurídica y la obligación
de los Estados de cumplir los compromisos contraídos?
Baerbock añadió que EE.UU. y el anterior gobierno alemán habían
discutido "que en caso de nuevas escaladas de la tensión en Europa
Oriental, este oleoducto no podría conectarse a la red". Se refería a la tensa situación en la frontera entre Rusia y Ucrania.
El gasoducto desde Rusia hasta Alemania se completó hace semanas.
La Agencia Federal de Redes tiene hasta principios de enero, para
decidir sobre el permiso de explotación del mismo a través del cual se
suministrarán anualmente hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas
natural desde Rusia a Alemania.
La actual ministra se había
manifestado en contra del Nord Stream 2 ya durante la campaña electoral
previa a las elecciones al Bundestag. Sin embargo, el nuevo canciller
Olaf Scholz aún no ha adoptado una posición clara al respecto.
El escenario más probable es que la confirmación regulatoria final
podría extenderse hasta el final del tercer trimestre o incluso el
cuarto trimestre de 2022, pero, si el conflicto entre Rusia y la OTAN por Ucrania
se intensifica, es probable que aumente la presión de Estados Unidos y
de los Estados de Europa del Este sobre el gobierno alemán para que
congele el proyecto.
Para los Verdes y Annalena Baerbock esto
sería un gran éxito en política exterior. La decisión del gobierno,
empero, aún no está definida, porque en el SPD siguen existiendo algunos
destacados partidarios del ducto como la ministra presidenta de
Mecklemburgo-Antepomerania, Manuela Schwesig.
El nuevo canciller Olaf Scholz aún no ha adoptado una posición clara al respecto.
Es cuestionable cuáles son las alternativas al gas procedente de Rusia.
A pesar de la expansión de las energías renovables, Alemania y otros
países de la UE seguirán dependiendo de las importaciones de gas y
petróleo en un futuro próximo, sobre todo porque, según el acuerdo
fundante de la nueva coalición de gobierno, la República Federal
pretende adelantar la eliminación de la generación de electricidad con
carbón, además de acabar con la energía nuclear. "Lo ideal sería
conseguirlo antes de 2030”, dice el acuerdo.
Si se retrasa la
autorización y el invierno es frío, aumentarán las importaciones del gas
licuado procedente de Estados Unidos, que se obtiene principalmente
mediante el método de fracturación hidráulica, muy perjudicial para el
medio ambiente.
En su función como ministro de Economía de la Gran Coalición, durante el pasado otoño boreal el actual canciller Olaf Scholz
habría ofrecido a EE.UU. apoyar la importación de gas natural
estadounidense a través del Mar del Norte en paralelo a la construcción
del Nord Stream 2. Considerando sus elevados costos medioambientales, hasta ahora no se sabe si los Verdes se oponen a dicha importación.
La oposición de los ecologistas y toda la prensa atlantista contra el
gasoducto no sólo beneficia la importación de gas de EE.UU. y fortalece
el bloque antirruso en Europa, sino que contribuye a justificar las
operaciones militares de la UE en África.
En un estudio reciente
Greenpeace acusa a Italia, España y Alemania de haber gastado más de
4.000 millones de euros desde 2018, para asegurar militarmente la
importación de petróleo y gas. Según la investigación, cinco de las ocho misiones militares de la Unión Europea tienen este propósito.
Un ejemplo es la misión "Irini" frente a las costas libias. Aunque se
supone que vigila el cumplimiento del embargo de armas de la ONU contra
Libia, también controla y regula las exportaciones ilegales de petróleo
robado desde el país norafricano.
Del mismo modo la operación "Atalanta"
en el Cuerno de África protege los numerosos transportes de petróleo y
gas que, procedentes del Golfo, se dirigen a Europa a través del Mar
Rojo. Ahora Alemania tiene una ministra de Relaciones Exteriores que,
como diputada de la oposición en el Bundestag, aprobó la participación
alemana en "Atalanta".
Se dispararon los precios del gas licuado norteamericano en Europa.
En ese momento Baerbock quedó en minoría en su grupo parlamentario,
pero es de suponer que los Verdes, como socios de gobierno del SPD y del
FDP, volverán a dar pronto su acuerdo a las misiones militares que el
gobierno federal considere necesarias. Sobre todo, porque las mismas son
ordenadas por la UE, cuya trayectoria Baerbock describe como una
"historia de éxito".
En el contexto europeo la industria alemana
está hoy a la vanguardia de la transición hacia la utilización plena de
fuentes renovables de energía, pero el financiamiento de esta
transición depende de que Alemania tenga buenas relaciones con Rusia y
siga accediendo sin problemas al mercado chino, su principal socio
comercial y económico.
Además, una vez que el Bundestag ya en
2012 decidió cerrar todas las centrales nucleares hasta el final de 2022
y que en el contrato de la actual coalición se acordó adelantar a 2030
el límite para la utilización de carbón como combustible. Entre tanto,
mientras se desarrollan las fuentes de energía alternativa (viento,
agua, hidrógeno, etc.) y toda la sociedad se adapta para utilizarlas, la
industria aumentará su consumo de gas.
El segundo gasoducto que
atraviesa el Mar Báltico tiene la función de asegurar el abastecimiento
de gas durante la transición. Contra el mismo los partidarios de la
alianza atlántica alegan la dependencia que generará respecto a la
estrategia europea de Rusia. Este mismo argumento lo refuerzan con la
referencia a la crisis en torno a Ucrania, ya que, aducen, si Putin
invade el país vecino, de ningún modo se puede autorizar una tubería que
le daría el poder sobre los suministros de energía a la principal
potencia del continente.
La falacia de dicha argumentación
reside en que Rusia no piensa invadir Ucrania por sus costos, Alemania
es la más perjudicada, si no se pone en actividad el ducto ya terminado
(además de las multas que tendrá que pagar), y Estados Unidos el único
beneficiado. La República Federal puede pagar muy caro el ecologismo
atlantista de su ministra de Exteriores y la UE.
Mientras negocian, EE.UU. y Rusia deben mantener la paz
En la reunión del martes 7 Joe Biden
se avino por fin a tratar paritariamente con Vladimir Putin las
diferencias entre ambas potencias, pero sus vasallos en Europa Oriental
siguen provocando
por Eduardo J. Vior Infobaires24 8 de diciembre de 2021
El encuentro virtual que mantuvieron
esta semana los presidentes de Estados Unidos y de la federación de
Rusia duró dos horas y, aparentemente, no trajo ninguna mejora a la
tensa confrontación entre ambas potencias, centrada sobre todo (pero no
excluyentemente) en Ucrania. Sin embargo, ya el acuerdo para seguir
negociando da un vuelco radical a la política norteamericana: por
primera vez desde 1990 Washington acepta que sólo reconociendo a Moscú
como interlocutor en condiciones de igualdad puede restablecer un cierto
orden en las relaciones internacionales. Ahora bien, si Biden trata con
Putin sobre las cabezas de los satélites norteamericanos en Europa
Oriental, éstos pueden verse tentados a sabotear el entendimiento entre
las grandes potencias con provocaciones en la extensa frontera con
Rusia. ¿Es capaz EE.UU. de mantener la paz en Europa Oriental?
Los medios de comunicación occidentales
están informando sobre la reunión entre Putin y Biden del martes 7 con
una uniformidad y disciplina que ya envidiarían las SS: Joe Biden habría
hecho una «severa advertencia» a Putin, para que no se atreva a invadir
Ucrania, si no quiere que Rusia sufra severas sanciones económicas y
financieras y éste no habría respondido.
Dado que Rusia no tiene intención, ni
necesidad, ni capacidad de «invadir» (y mantener ocupada por un cierto
tiempo) Ucrania, Biden puede representar su rol de sheriff severo y
arrogarse el haber detenido una invasión rusa a Ucrania. Aparece como
mucho más «duro» que Trump y hasta puede sacar rédito en las elecciones
legislativas y regionales de noviembre de 2022.
Vladimir Putin, por su parte, no tiene
problemas en pagar este precio, si así evita una guerra. A pesar de que
la cumbre a distancia no parece haber tenido ningún resultado, hay
claros indicios de que en la conversación los dos jefes de Estado
tuvieron intercambios sustanciales (la duración del diálogo, la cantidad
y composición del grupo de expertos presentes, los tonos de ambos
gobiernos después de la reunión, etc.).
En primer lugar, ambas partes acordaron
«nuevas consultas» a nivel de «expertos». Además, la parte
estadounidense ha declarado que «todavía no creemos que el presidente
Putin haya tomado la decisión» de «seguir invadiendo» Ucrania.
En segundo lugar, considerando que Putin
ha trazado oficialmente «líneas rojas» que Biden ha rechazado también
oficialmente, parecería que los mencionados «expertos» no tienen sobre
qué «seguir consultando». Es que precisamente van a tratar de llegar a
entendimientos sobre esas líneas rojas: cuáles son, hasta dónde llegan,
qué pasa si se las trasgrede, como quitarles gravedad, etc. Lo más
importante de estas futuras tratativas es que tengan lugar. Las
negociaciones, por definición, implican, en primer lugar, que ambas
partes se reconocen mutuamente como iguales y, segundo, que están
dispuestas a participar en un toma y daca mutuamente beneficioso. Si no
es así, se trata de imposiciones. Y, según todos los indicios, Biden no
presentó a Putin ningún tipo de ultimátum.
Además, Biden llamó hasta ahora tres
veces a Putin, se reunió con él una vez y pidió la videoconferencia del
martes. Es decir, la única hiperpotencia mundial tendió la mano a los
«asesinos» del Kremlin por lo menos cinco veces y les ha pedido
conversaciones para hablar de igual a igual. Por primera vez en treinta
años, desde la desaparición de la URSS, un gobierno norteamericano
reconoce a Rusia en pie de igualdad.
Por otra parte, después de la reunión
cumbre Biden ha prometido llamar a los líderes del Reino Unido, Francia,
Alemania e Italia para informarles sobre sus negociaciones con Putin.
Pero en esta lista faltan los líderes de Polonia, Ucrania, Rumania,
Bulgaria, Moldavia y, por supuesto, los de los tres países bálticos
(Lituania, Letonia y Estonia). Esto demuestra que, sea cual sea la línea
propagandística oficial, al menos “alguien” en la Casa Blanca entiende
que hay una «Europa real», la que importa, y está el «jardín de infantes
europeo» que debe limitarse a esperar a que los adultos arreglen sus
problemas y luego les digan qué hacer.
Más tarde, el Consejero de Seguridad
Nacional Jake Sullivan relativizó el desdén declarando que Biden también
hablaría el jueves con el presidente de Ucrania Volodymir Zelensky.
Pero, ¿qué podría decirle, aparte de darle toneladas de garantías
verbales y ninguna efectiva?
Por último, cabe destacar que la parte
estadounidense no prometió aceptar a Ucrania en la OTAN (en su lugar
hicieron las habituales declaraciones oblicuas sobre «puertas abiertas»)
y que Estados Unidos incluso ha reafirmado los Acuerdos de Minsk que, de facto y posiblemente incluso de iure, podrían servir para desautorizar cualquier ataque ucraniano contra las regiones autónomas rusohablantes de Donetsk y Lugansk.
Este es otro buen resultado de la
cumbre, ya que, cuanto menos poder tengan los miembros orientales de la
Unión Europea y Ucrania, menos probable será que impongan su agenda e
involucren a las potencias dentro y fuera del continente en una guerra
que rápidamente podría hacerse nuclear.
Sin embargo, mientras las negociaciones
se ponen en marcha y comienzan a dar frutos, el riesgo de que cualquiera
de dichos aliados orientales provoque un enfrentamiento violento con
Rusia (con el caluroso apoyo de los belicistas dentro y fuera de EE.UU.)
sigue siendo muy alto.
El hecho de que las negociaciones
sustantivas hayan sustituido por fin al «unilateralismo» de Estados
Unidos es un importante y positivo primer paso, al que deben seguir
acuerdos escritos y vinculantes. Es que los políticos estadounidenses
son profesionales en decir A cuando negocian con potencias extranjeras y
no A, apenas sus medios de comunicación los hostigan.
La reunión del martes 7 entre Biden y
Putin puso las bases para desactivar la bomba a punto de explotar en el
este de Ucrania. Ahora deben ponerse a trabajar los diplomáticos para
organizar la compleja y enmarañada agenda de negociaciones bi-y
multilaterales , por un lado, y los servicios de inteligencia, por el
otro, para controlar a la multitud de bandas que ven alejarse el negocio
bélico que creían tener en sus manos y a los “mariscales ensoñados” en
las capitales de Europa Oriental que ya se veían paseando por una Moscú
sometida. Mientras no avancen ambas tareas, no vamos a poder dormir
tranquilos.
Si este martes 7 Joe Biden y Vladimir Putin no inician la distensión
entre ambas potencias, aumentará el riesgo de conflagración en torno a
Ucrania y la amenaza de hecatombe mundial
Por Eduardo J. Vior
Agencia Télam 06-12-2021 | 21:12
La situación en Ucrania sigue generando tensión militar. Foto: Archivo
Este
martes por la noche (hora europea), finalmente, los presidentes de
Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirán
virtualmente para tratar los entredichos que en los últimos meses se han
acumulado entre ambas potencias, formando una maraña difícil de
desmadejar que arriesga desatar un conflicto bélico en el este de
Ucrania. Las declaraciones y amenazas cruzadas fueron subiendo de tono
en los últimos días. Una mentalidad calma puede verlas como cartas de
póquer que se tiran sobre la mesa, para mejorar las posiciones relativas
antes de una negociación. Pero esta visión racionalista obvia el
espíritu aventurero que guía al régimen que gobierna Ucrania, capaz de
encender el polvorín de sus zonas orientales, con tal de obligar a los
aliados occidentales a sostenerlo. Si Washington y Moscú no ponen frenos
a las trapìsondas de Kiev, la alianza automática de la OTAN con ese
gobierno puede hacer volar el mundo.
“La solución del problema de
Ucrania sólo puede obtenerse si se consigue una garantía de no agresión
de Kiev al Donbas”, anunció este lunes por la tarde Dmitri Peskov,
vocero de la Presidencia rusa, pero más tarde añadió que “Rusia se verá
obligada a actuar, si las tropas de la OTAN se despliegan en Ucrania”.
Una de cal y una de arena. Así se ha movido la diplomacia rusa en la
crisis sobre el presunto riesgo de que Moscú invadiera Ucrania.
Por
su parte, la Casa Blanca dijo el lunes que la reunión entre Biden y
Putin es una oportunidad para mostrar el apoyo de EEUU a la soberanía de
Ucrania. “Estados Unidos está dispuesto a apoyar las conversaciones
entre Rusia y la OTAN, pero se opone a las ‘líneas rojas’ de Moscú” dijo
un funcionario estadounidense no identificado. Según se informó el
lunes en Washington, un paquete de sanciones "bastante agresivo" está
siendo elaborado por EE.UU. y Europa en caso de que Rusia invada
Ucrania. Una opción "muy presente" es desconectar a Rusia del sistema de
pagos internacionales SWIFT y negar a los productores de energía de ese
país el acceso a los mercados de deuda. En caso de una "invasión rusa a
Ucrania" es también probable que Estados Unidos proporcione ayuda
militar a los aliados en Europa Oriental, informó un alto cargo de
Washington.
Rememoremos. Después del golpe de estado de febrero
de 2014 que derrocó a Víktor Yanukóvich asumió un gobierno prooccidental
prohijado por el entonces vicepresidente norteamericano Joe Biden y la
subsecretaria de Estado Victoria Nuland, hoy nuevamente encumbrada en el
Departamento de Estado. Junto con el gobierno interino que rigió hasta
las elecciones que en mayo siguiente ungieron presidente al magnate
Petró Poroshenko, milicias que reivindican a los nazis ucranianos
tomaron el poder en el oeste del país. En el este industrial, de
población mayoritariamente rusohablante y en la península de Crimea, por
el contrario, el golpe de estado produjo alzamientos contra el régimen
de Kiev y el llamado a Rusia, para que viniera en ayuda.
Así las
fuerzas armadas rusas ocuparon Crimea en marzo de 2014, lo que
rápidamente fue convalidado por la mayoría de la población local en un
referendo. Las regiones industriales de Donetsk y Luhansk, por su parte,
se levantaron en armas y defendieron su autonomía contra los neonazis,
más tarde sustituidos por el ejército ucraniano. Después de un primer
acuerdo en septiembre de ese año, un segundo firmado en Minsk,
Bielorrusia, por los representantes de Rusia de un lado, Ucrania, las
principales potencias occidentales, del otro, con la supervisión de la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), llevó a un
cese de hostilidades. Sin embargo, en los años posteriores y hasta hoy
Ucrania no cumplió con ninguna de las estipulaciones del acuerdo. Por el
contrario, sus fuerzas continuaron hostigando a las regiones autónomas
cada vez que pudieron.
En 2019 el ascenso a la presidencia de
Volodymir Zelenski, joven actor y director de cine aupado por la
principal cadena de TV, alineó a Ucrania definitivamente con la OTAN y
la Unión Europea. Desde febrero de 2021, en tanto, repetidas e
insistentes visitas de los más altos oficiales del ejército británico
indujeron a Zelensky y sus ministros a anunciar la “pronta” recuperación
de las regiones orientales. Tal fue la vehemencia y la agitación que en
abril Rusia concentró 90.000 efectivos cerca de la frontera común. La
señal bastó y el régimen ucraniano se calmó.
Sin embargo, después
de la derrota norteamericana en Afganistán, mientras escalaba la crisis
de los refugiados en la frontera bielorruso-polaca, el ejército
ucraniano aumentó el ritmo de los bombardeos contra el Donetsk. Los
ataques a civiles y a instalaciones productivas escalaban de día en día,
al mismo tiempo que la prensa occidental desataba una masiva campaña de
propaganda alertando por el riesgo de invasión rusa.
En ese
momento (principios de noviembre) todavía no había concentraciones
demostrables de efectivos rusos cerca de la frontera común, pero con el
correr de las semanas, las reiteradas visitas de oficiales de la OTAN
(sobre todo británicos), la entrega de armamentos al ejército ucraniano,
la masiva intromisión de buques norteamericanos y aliados en el Mar
Negro, los frecuentes sobrevuelos de sus aviones y el avance ucraniano
hacia el este convencieron al alto mando ruso de que el peligro de
guerra es real. En las últimas 48 horas, en tanto, se ha desarrollado
el juego previo a la reunión entre Putin y Biden. El viernes pasado,
Yuri Ushakov, alto asesor del Kremlin, presentó la reunión como un
"seguimiento" de las conversaciones que Putin y Biden mantuvieron en
Ginebra en junio pasado. No obstante, el asesor comunicó que Ucrania
encabeza la agenda y, dentro de ella, la relación con la OTAN. El asesor
dijo que Moscú necesita urgentemente garantías de que la Alianza no se
expandirá hacia el este. " Tanto la Unión Soviética como Rusia
recibieron garantías verbales de que las estructuras militares de la
OTAN no avanzarían hacia el este, comentó. Sin embargo, resultó que esas
garantías no tenían ningún valor, aunque esas declaraciones estaban
documentadas de alguna manera y hay registros de las conversaciones
correspondientes".
A las pocas horas el secretario de Estado
estadounidense, Antony Blinken, contraatacó alegando que el presidente
ruso es el responsable de las actuales tensiones y subrayó que habrá
"consecuencias muy graves", si Rusia "decide seguir un curso de
confrontación", y que el propio Biden "se opondrá resueltamente a
cualquier acción imprudente o agresiva que Rusia pueda llevar a cabo".
Poco
después, el viernes, el presidente norteamericano intervino para decir
que "no acepto la línea roja de nadie", en un desafío indirecto a Moscú.
Y aclaró: "somos conscientes de las acciones de Rusia desde hace mucho
tiempo y mi expectativa es que vamos a tener una larga discusión con
Putin", añadiendo que "lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que
es el conjunto más completo y significativo de iniciativas para hacer
muy, muy difícil que el Sr. Putin siga adelante y haga lo que a la gente
le preocupa que vaya a hacer".
Obviamente, Biden no va a aceptar
negociar un tratado de seguridad con Rusia sobre Ucrania o la expansión
de la OTAN. Sin embargo, a diferencia de la descarada diplomacia de
megáfono de su principal diplomático, el presidente ha adoptado un
enfoque más sofisticado insinuando un "conjunto de iniciativas más
amplio y significativo" para discutir con Putin. Dicho esto, las
posibilidades de un retroceso de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania son
prácticamente nulas. La óptica de una "retirada" será simplemente
demasiado negativa para Biden, después de Afganistán. Además, la
transformación de Ucrania en un Estado antirruso sigue siendo una tarea
inacabada.
Las tensiones en Ucrania permiten a Estados Unidos
reafirmar su liderazgo transatlántico. El miércoles, el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo tras una reunión de ministros
de Asuntos Exteriores aliados celebrada en Riga, Lituania que "sólo
Ucrania y 30 aliados de la OTAN deciden cuándo está preparada Ucrania
para entrar en la OTAN. Rusia no tiene nada que decir y no tiene derecho
a establecer una esfera de influencia, tratando de controlar a (sus)
vecinos". En realidad, Washington puede ofrecer poco a Rusia, dado que
está atado por sus compromisos con el régimen de Kiev.
Aunque no
lo digan en voz alta, algunos aliados de la OTAN se muestran escépticos
ante las advertencias sobre una inminente invasión rusa. Un análisis
interno preparado para funcionarios y diplomáticos de la Comisión
Europea dice que "debido a la falta de apoyo logístico el ejército ruso
tardaría entre uno y dos meses en movilizarse para una invasión en toda
regla. Además, su debilidad logística general impide al ejército ruso
una invasión seria. Por lo tanto, no existe una amenaza de invasión
inminente". El análisis concluyó que "Moscú parece comprender
plenamente [los] costes de una invasión. Así que el preposicionamiento
(de las tropas rusas) tiene más bien que ver con transmitir el mensaje
de descontento por la política occidental respecto a Ucrania (el aumento
de la presencia de Estados Unidos y el Reino Unido y de la OTAN)".
Putin
no quiere iniciar otra guerra en Ucrania, pero Moscú tampoco puede
aceptar los crecientes lazos militares de Estados Unidos, el Reino Unido
y la OTAN con ese país, así como su adquisición de nuevo armamento.
Aunque la Alianza Atlántica no tiene una presencia permanente de tropas
en Ucrania, las naciones aliadas han establecido estrechos vínculos
miliares con las fuerzas de ese país.
Aquí es donde reside el
riesgo. Si no se abordan las legítimas preocupaciones de Rusia en
materia de seguridad por la creciente presencia militar occidental en
Ucrania y la constante transformación de ese país en un Estado antirruso
con el tácito apoyo de Occidente, Rusia no tendrá más remedio que
recurrir a la diplomacia coercitiva. Como dijo el ministro de Asuntos
Exteriores, Serguéi Lavrov, una mayor expansión de la OTAN "afectará
inequívocamente los intereses fundamentales de nuestra seguridad". El
mandatario estadounidense no puede permitirse subestimar dicha
preocupación.
Queda por ver cómo Biden consigue la cuadratura del
círculo en la reunión del martes. Sin duda, Rusia tiene hoy la mejor
oportunidad en la era de la posguerra fría para obligar a Estados Unidos
a sentarse a la mesa de negociaciones sobre el tema central de su
descontento con Occidente: la expansión de la OTAN. Pero, por su parte,
el jefe de la Casa Blanca tampoco puede permitirse el lujo de parecer
"débil" en una coyuntura en la que su actuación y competencia ya no
inspiran confianza entre los votantes estadounidenses. Además, Rusia es
una superpotencia energética y, dada la gran dependencia de Europa del
suministro energético de allí y la inestabilidad del mercado mundial del
petróleo, aislar a Moscú es más fácil de decir que de hacer.
El
problema es que, inspirados por los británicos, los norteamericanos
vienen alentando en Kiev a un gobierno muy corrupto y plagado de
bandoleros. El país está fragmentado entre oligarcas que se pelean
permanentemente por las prebendas y el saqueo de sus riquezas. Cuando un
país está dominado por una banda de delincuentes que pelean entre sí,
es irreal suponer que van a respetar las reglas de buena vecindad.
Cualquiera que se siente acosada por otras o tema perder su botín, va a
estar tentada de provocar una explosión, para ocultar sus fechorías y
seguir medrando. Ahí reside el verdadero peligro: la OTAN alentó a los
bandidos y les dio alas. Ahora debe cortárselas, si no quiere que
incendien el granero de Europa por donde, además, pasa buena parte del
gas que el continente necesita imperiosamente para sobrellevar el
invierno. De la reunión entre Biden y Putin debe salir un mandato para
detener a los delincuentes que están poniendo al mundo al borde de una
guerra de proyecciones impredecibles.
Ante la decadencia de EE.UU. y el
aislacionismo británico, la divergencia entre Francia y Alemania puede
trasladar la lucha por la hegemonía mundial al interior de Europa
El viernes 26 de noviembre Francia e Italia firmaron con
gran pompa en Roma un tratado bilateral de cooperación reforzada. El
tratado fue rubricado por la mañana en el palacio presidencial del
Quirinal por el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe del
gobierno italiano Mario Draghi en presencia del presidente italiano
Sergio Mattarella.
Este tipo de "tratado de cooperación bilateral
reforzada" es poco frecuente en Europa. Para Francia es sólo el segundo
después del Tratado del Elíseo con Alemania, de 1963, completado por el
Tratado de Aquisgrán en 2019. El texto, que prevé una intensificación
del trabajo conjunto en materia de diplomacia y defensa y las
transiciones digital, medioambiental y espacial, contiene pocas
novedades o ambiciones concretas a corto plazo, aunque propone crear
mecanismos para desactivar las crisis y sistemas de convergencia para ir
profundizando la integración.
Desde el nombramiento en febrero
pasado del ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi,
como jefe del gobierno italiano, París y Roma han superado sus
diferencias de años anteriores y trabajan estrechamente. Esto tiene
mucho que ver con las coincidencias entre Emmanuel Macron y Mario Draghi
en la mayoría de los temas importantes que el tratado intenta
institucionalizar.
"Para ser soberana, Europa debe ser capaz de
protegerse, de defender sus fronteras, debemos crear una verdadera
defensa europea. Este tratado ayuda a esta defensa europea, que por
supuesto es complementaria de la OTAN, no la sustituye: una Europa más
fuerte hace más fuerte a la OTAN. Este es uno de los primeros y más
fundamentales pasos hacia los que se dirige este tratado". Esto es lo
que ha dicho el primer ministro Mario Draghi en la rueda de prensa con
el presidente francés Emmanuel Macron tras la firma del tratado en el
Quirinal.
Al firmar el acuerdo, ambas potencias se resguardan ante
los cambios en curso en el continente y su entorno: el fin del gobirtno
de Angela Merkel deja a la UE sin liderazgo y las primeras señales que
da la coalición “semáforo” a punto de sucederla hacen temer que el vacío
de liderazgo se profundice; la salida de Gran Bretaña de la UE la ha
debilitado económicamente, pero la ha acercado aún más a EE.UU. y la ha
tornado todavía más agresiva, como se evidencia en Europa Oriental,
donde la política británica de formación de un "cordón sanitario” en
torno a Rusia no sólo está dañando a ésta y a Alemania, sino también
interceptando la tradicional influencia francesa sobre Polonia y Serbia.
Finalmente, el repliegue de EE.UU. en Oriente Medio y su limitada
capacidad en el Sahel han abierto espacios al ingreso de Rusia y otros
actores menores (Turquía, Emiratos, Egipto) que amenazan lo que Italia y
Francia han considerado siempre como “sus” áreas de influencia.
La Canciller a cargo, Angela Merkel, y su sucesor electo, Olaf Scholz
La
coalición entre la socialdemocracia (SPD), los Verdes (Die Grünen) y
los liberales (FDP), punto de asumir el gobierno en Berlín, ofrece para
la opinión pública algunas sorpresas positivas, pero también suscita
muchos interrogantes entre los socios de la UE. Una de estas sorpresas
positivas es la claridad con la que los tres socios se comprometen a la
protección del clima como "prioridad absoluta". El cuidado del clima,
dicen, asegura "la libertad, la justicia y una prosperidad sostenible".
Este mantra tiene la función de mantener unida a la coalición. Sin
embargo, es dudoso que mantenga su efecto durante cuatro años o incluso
sea adoptado por los socios europeos.
El contrato de la coalición
contiene otro anuncio sorprendentemente claro: la UE debe convertirse en
un Estado federal, sujeto a la subsidiariedad y la proporcionalidad. La
regla de la unanimidad en la Política Exterior y de Seguridad Común va a
desaparecer. La coalición afirma que Europa “debe volver a la cima del
mundo”. Esto se garantizará, supone, mediante una iniciativa de
inversión "centrada en proyectos con valor añadido para el conjunto de
la UE", que se concretaría mediante esfuerzos conjuntos de investigación
y desarrollo, proyectos de política industrial subvencionados y
cerrando las brechas en las redes transnacionales de ferrocarril, datos y
energía. No obstante, el programa de la nueva coalición no aclara de
dónde saldrán los fondos para financiar proyectos tan encomiables ni
cómo se gestará la “transición ecológica”, para que el abandono del
carbón no provoque una crisis energética mayúscula.
Si está
decidido no aumentar los impuestos, van a tener que encontrar la forma
de evadir los límites a la toma de deuda o liberar miles de millones de
euros previstos para otros gastos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento
de la UE se mantendrá como "base" de la sostenibilidad de la deuda,
pero el programa de la coalición introduce la novedad de "garantizar
inversiones sostenibles y respetuosas con el clima", lo que implica un
ablandamiento de facto de la política de ajuste.
Annalena Baerbock y Robert Habeck (Verdes), Olaf Scholz (SPD, Canciller) y Christian Lindner (FDP)
Mientras
que en la política europea la nueva coalición ofrece más Alemania que
antes, en la política internacional y de Defensa parece un dócil
cachorrito del Departamento de Estado. Vuelve "a una política exterior
alemana normativa y basada en valores", dice Cathryn Clüver Ashbrook,
directora del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. Es un eufemismo
para decir que será una política menos realista que la de Merkel y más
llena de declaraciones altisonantes al gusto del universalismo liberal.
No por casualidad la experta citada predice que "especialmente el
gobierno de EE.UU., bajo la presidencia de Joe Biden, acogerá muy bien
esta oferta".
"La futura coalición muestra una nueva claridad y
sigue viendo a China como un socio, pero también como un rival
sistemático", dice también Clüver Ashbrook. La internacionalista acoge
con satisfacción que Alemania coordine su futura política hacia China
con EE.UU., “para reducir la dependencia estratégica respecto a ese
país”. El acuerdo también adopta un tono más duro que antes con respecto
a Rusia.
Sintetizando, puede describirse la política europea del
gobierno a punto de asumir como ilusoria: suponer que sus socios en la
UE van a aceptar delegar soberanía a un Estado federal con un claro
predominio alemán, es carecer de sentido de realidad y despertar en el
continente los peores fantasmas del pasado. Por otra parte, la tan
cacareada “transición ecológica” necesita mucha plata. No basta con
insinuar que se permitirán “trasgresiones” al Plan Europeo de
Estabilidad y Crecimiento. Es necesario cancelarlo y convertir al Banco
Central Europeo (BCE) en un Banco de desarrollo e inversión, pero este
giro chocaría con la resistencia de la oligarquía financiera que domina
Europa y mantiene la alianza con Gran Bretaña a pesar de la salida de
ésta de la Unión.
Durante años, Alemania y Francia tomaron la
delantera en el desarrollo de la integración europea. François
Mitterrand y Helmut Kohl imaginaron la transformación del mercado común
en un Estado supranacional capaz de competir con la URSS y China. Sin
embargo, debido a la incorporación de los antiguos miembros del Pacto de
Varsovia, que fue forzada por Estados Unidos, esta estructura se
convirtió en una colosal e inoperante burocracia cuyas decisiones son
determinadas por la OTAN.
Los ejércitos británico y francés eran
los únicos con peso en la Unión Europea. Por eso se unieron mediante los
Tratados de Lancaster House en 2010, pero, cuando se produjo el Brexit,
el ejército francés se quedó solo, como demuestra la rescisión de los
contratos de submarinos franco-australianos en favor de Londres. La
única opción que le quedaba a Francia, entonces, era acercarse al
ejército italiano, que tiene la mitad de tamaño del francés. Esto es lo
que se acaba de decidir con el Tratado del Quirinal.
Sucede que,
al mismo tiempo, la canciller Angela Merkel deja paso a Olaf Scholtz
cuya política europea y exterior se somete a los dictados de EE.UU. y el
Reino Unido. El futuro Canciller es un abogado preocupado por hacer
funcionar la industria de su país sobre la base de un compromiso entre
trabajadores y empresarios. Nunca se ha interesado por las cuestiones
internacionales y en las negociaciones para formar la coalición ha
consentido que se nombre a la abogada ecologista Annalena Baerbock como
ministra de Asuntos Exteriores. No sólo se trata de una defensora de
las energías renovables que no dice cómo se pagará la transición
ecológica, sino que es también una lobbista de la OTAN, una firme
defensora de la adhesión de Ucrania a la Alianza y a la Unión Europea y
una feroz opositora de Rusia, por lo que rechaza el gasoducto Nord
Stream 2 y favorece la construcción de más terminales de gas licuado
importado de Estados Unidos. Por último, califica a China de "rival
sistémico" y apoya todos sus separatismos (el taiwanés, el tibetano y el
uigur).
Francia persigue contra la voluntad de los otros 26
miembros la quimera de una Unión Europea independiente que compita con
Estados Unidos. Alemania, en cambio, se equivoca al refugiarse bajo el
paraguas nuclear de Estados Unidos, cuando esa gran potencia ha empezado
a decaer y la República Federal tendría todas las de ganar, si se
asocia con Rusia y China.
La Unión Europea tiende hoy a disolverse
por las políticas divergentes de sus miembros principales. Estados
Unidos se está hundiendo sobre sí mismo y pronto la Unión Europea no
tendrá dueño. Sin embargo, la experiencia enseña que los imperios nunca
caen pacíficamente. El bloque comunitario tiene la elección: renovarse
como asociación de estados y culturas que, entonces, debería incluir a
Rusia; disolverse y arriesgarse a que la guerra vuelva a instalarse en
el corazón del continente o plegarse ciegamente al coloso en hundimiento
y correr el mismo riesgo, sólo que algunos quilómetros más al Este.
Está claro cuál de las tres alternativas es la deseable.
La Marcha por la Patria, un hito democrático continental
El millón de manifestantes reunidos el lunes en La Paz demostró que la
movilización unitaria del pueblo es un recurso al cual se debe acudir
sin miedo para frenar a derechas golpistas
Por Eduardo J. Vior Agencia Télam
01-12-2021 | 09:53
Evo Morales y el presidente Luis Arce encabezaron la Marcha por la Patria. “Si a mí me hicieron un gol, que no se lo hagan a Lucho”, convocó Evo Morales el domingo pasado
en una de las últimas paradas de la gigantesca Marcha por la Patria que
terminó este lunes 29 celebrando en La Paz un acto con más de un millón
de concurrentes (el 10% de la población total de Bolivia). La
gigantesca y pacífica demostración de fuerza sirvió como advertencia a
los golpistas, para que no se atrevan a repetir la aventura de 2019.
El recurso a la movilización unitaria del pueblo rebalsa el juego
institucional y pone la discusión en sus verdaderos términos: o
democracia o dictadura. Pero es un recurso a veces necesario que ningún
gobierno democrático debe temer.
Más de un millón de personas se reunieron el lunes 29 en la histórica plaza de San Francisco,
en la ciudad de La Paz, para recibir a los marchantes que durante siete
días caminaron desde Caracollo, en el Departamento de Oruro, hasta la
sede gubernamental. La movilización recorrió más de 168 kilómetros con
descansos en las localidades de Panduro, Lahuachaca, Patacamaya, Ayo
Ayo, Calamarca y Achica Arriba, antes de llegar a la ciudad de El Alto y
luego a la urbe paceña.
La histórica marcha congregó a varones y
mujeres de todas las edades de los nueve departamentos, en especial a
jóvenes que en varios tramos del camino optaron por trotar para
apresurar su ritmo. La caminata fue recibida este lunes a la
mañana en El Alto por el presidente Arce quien se sumó a la
manifestación en su tramo final hacia La Paz. Lo acompañaban,
entre otros, el embajador argentino Ariel Basteiro, y el de Nicaragua,
Elías Chávez. Mientras el grueso de la caminata descendía al centro
paceño, otras marchas convergían desde los Yungas (la región selvática
pericordillerana del Departamento de La Paz) y desde las comunidades de
Chicani y adyacentes.
Ya en la céntrica plaza de San Francisco el mandatario pronunció el discurso central ante la histórica reunión. “Nos sentimos respaldados, nos sentimos fuertes con ustedes, porque nosotros tenemos mucho por hacer.
En octubre del año pasado el pueblo votó por recuperar la salud, la
educación, la economía y ustedes saben que lo estamos haciendo. Estamos
cumpliendo su mandato hermanas, hermanos, y lo más importante que la
derecha empieza a tener miedo que estamos recuperando la economía para
todos y todas hermanos, hermanas”, manifestó.
Desde el 8 de
noviembre de 2021, día en el que Luis Arce cumplió un año en el
gobierno, sectores de oposición, sobre todo comités cívicos de Santa
Cruz y Potosí, impulsaron un paro cívico para aplicar medidas de
violencia y desinformación. Las acciones de desestabilización duraron
nueve días y dejaron un fallecido en Potosí.
La Marcha por la Patria en La Paz reunió a más de un millón de personas. Esa
situación provocó que las organizaciones sociales se unieran bajo el
liderazgo de Evo Morales y organizaran esta marcha. La movilización
contó con la participación de diplomáticos, autoridades nacionales,
militantes del MAS, la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de
Unidad conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS),
la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de
Bolivia (CSCIOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
(Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano
(Cidob), además de juntas vecinales, gremiales, cocaleros y mineros
cooperativistas, entre otros.
Heredero de una profunda crisis
económica, social, política y sanitaria dejada por el régimen de facto
de Jeanine Áñez (noviembre de 2019-octubre de 2020), el actual ejecutivo
impulsó proyectos y transformaciones en todos los sectores. La primera
promesa cumplida por Lucho Arce fue el pago del Bono Contra el Hambre.
Datos oficiales reflejan que entre diciembre de 2020 y mayo de 2021,
4.035.773 personas recibieron este beneficio, cuyo costo total ascendió a
4.036 millones de bolivianos (más de 576 millones de dólares). Por su
parte, desde el primer momento la derecha buscó deslegitimar al gobierno
y desestabilizar el país. Así sucedió recientemente con la Ley 1386, de
Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y con el Proyecto de Ley
Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fueron utilizadas como
excusas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el
presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para convocar
paros empresarios con movilizaciones violentas. Entonces, la primera de
estas normas fue abrogada y el proyecto retirado para “no dar lugar a
confrontaciones entre bolivianos”, según declaró la ministra de la
Presidencia, María Nela Prada.
Con la derogación de la Ley 1386 el gobierno logró desactivar la tensión tras casi 10 días de protesta
protagonizada por una circunstancial alianza entre el movimiento cívico
y varios sectores de la economía informal. Aunque la correlación de
fuerzas no se reveló en toda su magnitud, la crisis permitió vislumbrar
algunos de los elementos de la estrategia de la élite agroempresarial
boliviana y sus principales aliados, quienes apuntan a impedir que el
gobierno concluya su gestión.
Muestra de ello son el anunció de
que después de las Fiestas se continuaría peleando desde el Comité
Cívico Potosinista o la “Marcha de la Paceñidad”, con participación del
alcalde Iván Arias y asambleístas opositores que pidieron a gritos la
renuncia del presidente Arce. De la misma forma, el asedio por parte de
jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que sufrió el presidente
del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por suspender el paro en
contra del gobierno después de que se abrogara la ley referida, reflejó
la radicalización antimasista de muchos opositores.
“Si a mí me hicieron un gol, que no se lo hagan a Lucho”, convocó Evo Morales (Foto AFP) Pese
a la agitación antigubernamental, según una encuesta del Centro
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), más de la mitad de
la población boliviana (55 por ciento) valora positivamente la gestión
del presidente. El estudio fue realizado entre el 18 de octubre
y el 10 de noviembre en los nueve departamentos del país con
representatividad urbana y rural. De acuerdo con el sondeo, la imagen
del jefe de Estado tiene una valoración positiva del 47 por ciento. Este
guarismo se explica en gran medida por la confianza para resolver la
situación económica de la que goza entre la ciudadanía: el 62 por ciento
confía en que con Arce la economía mejorará en el corto y mediano
plazo. En tanto, seis de cada 10 entrevistados adjudican un rol negativo
al gobernador de Santa Cruz, por generar división en el pueblo
boliviano (44 por ciento) o buscar desestabilizar al ejecutivo (16 por
ciento), subrayó el Celag.
La Marcha por la Patria
expresó una gigantesca reafirmación del masivo apoyo popular al gobierno
de Luis Arce y un repudio contra la agitación violenta de la derecha.
Ahora, las maniobras desestabilizadoras no van a cesar, pero deberán
tener en cuenta la potencia de la resistencia popular. Probablemente
jueguen a dividir y a crear inseguridad, especialmente económica,
mediante el sabotaje y el acaparamiento de bienes esenciales. Por ello
es tan importante que el movimiento popular, obrero, indígena y
campesino de Bolivia consolide su recién recuperada unidad en una
organización fuerte.
En América Latina la mayoría de las derechas
no es democrática, porque representan poderes corporativos
concentrados. Por lo tanto, tienden a sabotear los procesos
democráticos, a obstruirlos y a recurrir a la ayuda de EE.UU. para
usurpar el poder. Sólo acceden al gobierno por el voto, cuando los
movimientos populares se dividen. Por ello, los gobiernos democráticos no deben temer cada tanto renovar en las calles el pacto cívico con sus votantes.
*Dr. en Ciencias Sociales y analista internacional
Tras
16 años de gobierno de Angela Merkel, la recuperación de la economía y
la renacida pandemia exigen del nuevo gobierno una capacidad de decisión
que aún no se avizora
por Eduardo J. Vior Infobaires24 26 de noviembre de 2021
Casi
exactamente dos meses después de la elección parlamentaria del 26 de
septiembre los líderes del Partido Socialdemócrata (SPD), el Partido
Verde (B90/Die Grünen) y el Partido Liberal Democrático (FDP) anunciaron
este miércoles que se habían puesto de acuerdo sobre el contrato que
regirá la coalición –apodada “semáforo” por los colores verde, amarillo y
rojo de los componentes- que asumirá la semana próxima para gobernar el
país hasta 2025. Tanto su propio pueblo como sus muchos interlocutores
externos esperan que la mayor potencia del continente y tercera economía
mundial adopte un curso previsible. Lamentablemente, el programa de
coalición dado a conocer esta semana no parece capaz de superar la
contradicción entre sus lazos económicos con Rusia y China, y su
alineamiento ideológico y estratégico con EE.UU. y dentro de la OTAN.
“Atreverse
a más progreso” es el lema de la nueva coalición y más abajo se aclara:
“Alianza por la Libertad, la Justicia y la sostenibilidad”. Sus tres
líderes (de izq. a der.) son Christian Lindner (Liberal), el Canciller
Olaf Scholz (Socialdemócrata) y Annelene Baerbock (Verdes).
La
nueva alianza de gobierno de Alemania se anunció rememorando el origen
de la coalición socialdemócrata-liberal que encabezó Willy Brandt
(1969-74). “Atreverse a más democracia” (Mehr Demokratie wagen) era entonces la consigna; “Atreverse a más progreso” (Mehr Fortschritt wagen)
es la actual. La diferencia entre el ímpetu reformista de entonces y el
tecnocratismo actual es expresiva de la falta de impulsos de la Europa
actual. Como muestra el programa de gobierno que presentaron el
miércoles, cada uno de los partidos firmantes se quedó con su porción de
la torta y nadie presenta una fórmula superadora.
Los
aspectos más salientes del recién firmado contrato son el acelerado
abandono del carbón, el forzado avance hacia la movilidad eléctrica, el
aumento del salario mínimo, la regulación del consumo del cannabis
recreativo, una política inmigratoria más tolerante, la introducción del
ingreso ciudadano y mayores subsidios por cuidados dentro de la
familia. También se propone modernizar la infraestructura vial,
ferroviaria y de comunicaciones, incrementar la transición hacia la
economía digital y modernizar la administración pública. En el plano
internacional se relativiza el rechazo contra el Tratado de la ONU de
2017 para la prohibición de las armas nucleares y se anuncia una
política enérgica de defensa y promoción de los derechos humanos. Sin
embargo, al mismo tiempo los firmantes se avinieron a la exigencia
liberal de que no crezca el endeudamiento público ni se aumenten los
impuestos. Una verdadera cuadratura del círculo para una política de
reformas como la que supuestamente se está presentando.
La
coalición del “semáforo” quiere adelantar la eliminación del carbón
para 2030, afirma el acuerdo. Para lograrlo, la energía eólica y la
solar deben ampliarse masivamente. Para 2030, el 80% del consumo de
electricidad deberá proceder de energías renovables, lo que requerirá la
construcción de más centrales eléctricas de gas, hasta tanto se difunda
la generación de energía por hidrógeno. Teniendo en cuenta la
importancia del gas como energía de transición, no se entiende,
entonces, que la autoridad administrativa alemana haya suspendido el
proceso de autorización del gasoducto Nord Stream 2. ¿O es que piensan
comprar el caro gas licuado estadounidense?
Los
socios del futuro gobierno también quieren triplicar la capacidad
instalada para la producción de energía de origen solar hasta alcanzar
los 200 gigavatios, entre otras cosas haciendo obligatoria las placas
fotovoltaicas en los tejados comerciales. Según el acuerdo, también se
acelerará la expansión de la energía eólica en alta mar, que deberá
ascender a 30 gigavatios en 2030 (antes se programaban 20 GW).
La
eliminación del carbón también se acelerará mediante el comercio
europeo de derechos de contaminación por CO2. Por ello, la coalición
quiere presionar a la UE para que fije un precio mínimo para los
certificados que las centrales eléctricas necesitan. Si no se consigue,
se decidirá a nivel nacional que el precio no caiga por debajo de los 60
euros por tonelada. En la actualidad cuesta algo menos de 70 euros.
En
el futuro, la protección del clima se integrará en las decisiones del
gobierno federal con más fuerza que en el pasado. Cada ministerio debe
examinar sus proyectos de ley teniendo en cuenta su impacto climático y
su compatibilidad con los objetivos nacionales de protección del clima,
así como presentar la correspondiente justificación: el llamado chequeo
climático. La Ley Federal de Protección del Clima se desarrollará de
forma «consecuente» antes de finales de 2022 y se introducirá un
programa de protección climática de emergencia.
El
salario mínimo legal se incrementará de una vez de los €9,60 por hora
actuales a €12. La comisión del salario mínimo decidirá entonces sobre
nuevos aumentos. Por su parte, la magra ayuda social actual será
sustituida por un ingreso ciudadano y, por lo tanto, desvinculada de la
situación particular de emergencia.
La
coalición del semáforo quiere introducir la distribución controlada de
cannabis a los adultos «con fines de consumo» en las tiendas
autorizadas. Así se controlaría la calidad, se evitaría la transmisión
de sustancias contaminadas y se garantizaría la protección de los
menores. Al mismo tiempo se van a endurecer las normas de
comercialización y patrocinio del alcohol, la nicotina y el cannabis.
La
emisión de visados se acelerará y se digitalizará cada vez más. Las
personas que el 1 de enero de 2022 lleven cinco años viviendo en
Alemania, no hayan cometido ningún delito y “estén comprometidas con el
orden democrático” obtendrán un permiso condicional de residencia por un
año. De este modo se espera acelerar la estabilización de los cientos
de miles de refugiados y solicitantes de asilo acogidos desde 2015 y que
todavía esperan a resoluciones de la autoridad de inmigración que les
permita estabilizarse en el país.
La empresa estatal Deutsche Bahn AG es un instrumento fundamental para la transición ecológica de la economía alemana.
A
partir de 2022, se incrementarán los fondos de regionalización en el
transporte local. La empresa ferroviaria estatal Deutsche Bahn AG
seguirá siendo de propiedad pública. Se reforzará el tráfico
transfronterizo y se desarrollarán servicios ferroviarios nocturnos con
la UE y los Estados miembros. Para 2030, el 75% de la red ferroviaria
deberá estar electrificada. Al mismo tiempo Alemania se convertirá en el
primer mercado de la movilidad eléctrica con al menos 15 millones de
coches eléctricos en 2030. El SPD, los Verdes y el FDP también quieren
una reforma del peaje para camiones y, a partir de 2023 aplicar una
«diferenciación de CO2» del peaje para vehículos pesados.
El
nuevo gobierno alemán quiere abandonar el rechazo fundamental del país
al Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares (de 2017) y participar en la Conferencia de las Partes en
calidad de observador. Todas las potencias nucleares, así como todos los
Estados de la OTAN, incluida Alemania, han rechazado hasta ahora este
tratado por considerar que los tratados previamente acordados ofrecen
una mejor base para el desarme nuclear.
Contradictoriamente,
la futura coalición se propone respetar a partir de 2023 los límites
para la toma de deuda pública previstos en la Ley Fundamental. No
obstante, el año que viene todavía se pedirán nuevos préstamos para
paliar los efectos de la pandemia.
Las
medidas de transición hacia una economía ecológica con empleos de
calidad suponen enormes inversiones. Si no se aumentan los impuestos ni
el déficit público, el dinero debe provenir de las exportaciones. Hoy en
día China es de lejos el mayor socio comercial de Alemania. La
transformación de la movilidad sólo es realizable, si las empresas
automotrices germanas cuentan con un mercado del tamaño del chino. Sin
embargo, en el contrato de coalición la República Popular es mencionada
de un modo especialmente negativo.
La
coalición del “semáforo” pretende ampliar su comercio y asociación
económica con Pekín y al mismo tiempo increpar públicamente a sus
dirigentes para que acepten críticas y denuncias sobre el manejo de sus
asuntos internos. Si insiste en este sinsentido, dañará las vitales
relaciones económicas entre ambos países y, si no lo hace, será fácil
pasto de la crítica interna y externa por incongruencia. En ambos casos
perderá legitimidad y cercenará su propia capacidad de decisión.
El
contrato de coalición que acaban de presentar los líderes de la
socialdemocracia, los liberales y los ecologistas es contradictorio e
inconducente. Su contenido refleja la contradicción entre intereses y
presiones encontradas en el seno de la futura coalición, que a su vez se
corresponden con las presiones que aherrojan al país desde el Este y el
Oeste. La República Federal sólo puede desarrollarse con sentido social
y ecológico, si se complementa con el bloque euroasiático, pero, para
poder hacerlo, debe aventar entre sus aliados el temor al resurgimiento
de una gran potencia independiente en el centro de Europa. Si Olaf
Scholz no se muestra capaz de mantener unida su coalición, mientras
estrecha los lazos con el Este y al mismo tiempo apacigua los temores de
sus aliados sumándolos al proyecto de complementariedad, el país se
estancará y quedará a merced de las presiones encontradas de amigos y
adversarios
Si no reconstruye el puente con el pasado de luchas por la democracia y
los derechos, la joven dirigencia de izquierda no podrá movilizar a los
abstencionistas ni interpelar a los indecisos
Por Eduardo J. Vior Agencia Télam
24-11-2021 | 20:03
Dos visiones contrapuestas de Santiago de Chile
José
Antonio Kast ganó en la primera vuelta de la elección presidencial
chilena, entre otras razones, porque supo conectar el cansancio de
muchas y muchos chilenos tras dos años de movilizaciones, pandemia y
crisis económica con el imaginario de paz social, crecimiento económico y
estabilidad que habría ofrecido el régimen de Augusto Pinochet
(1973-1990). Por el contrario, la joven dirigencia de la izquierda
recogió la herencia de las luchas estudiantiles desde 2006 y de la
campaña contra el sistema privado de pensión, pero no recupera aún el
lazo con las luchas populares por la democracia y los derechos sociales
que han recorrido toda la historia de su patria. A su apelación al
futuro aún le falta echar raíces.
“Nos han declarado la guerra.
Nosotros les declaramos la esperanza”, proclamó Gabriel Boric en la
noche del domingo 21. Fue acertada la finta retórica frente a la
violencia del discurso del candidato vencedor, José Antonio Kast, que
prometía la guerra contra “el terrorismo” y “el comunismo”. Por primera
vez desde la transición a la democracia Chile se dirime entre dos
proyectos de país. El “modelo chileno” instaurado por la dictadura de
Augusto Pinochet Ugarte ha fracasado. Después de casi medio siglo de
vigencia el neoliberalismo ha sido incapaz de garantizar condiciones de
vida dignas a la mayoría de la población y de generar un proceso de
acumulación interna que le permita reproducirse sin inyecciones
financieras externas, sin aumentar la explotación de la mano de obra y
sin depredar los recursos naturales. Ya en 2017 el 50% de los hogares de
menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10%
concentraba un 66,5% del total y el 1% más acaudalado concentraba el
26,5% de la riqueza. Esta desproporción no ha hecho más que agravarse
por la pandemia y la crisis económica.
Especialmente en los
últimos años los gastos elementales para el sostenimiento de la vida se
han vuelto intolerables y la incapacidad del segundo gobierno de
Sebastián Piñera (2017-22) para afrontar las manifestaciones de protesta
que comenzaron en octubre de 2019 y su tratamiento de la pandemia han
demolido su credibilidad. El gobierno llegó a las elecciones con una
tasa de aprobación del 5%.
El candidato pinochetista José A. Kast
sacó en la primera vuelta electoral del domingo pasado 27,9% de los
votos, superando a Gabriel Boric por 2,1 puntos (sacó 25,8%). La
diferencia es menor que la prevista en la mayoría de las encuestas, pero
para la izquierda difícil de remontar. Kast obtuvo ya el apoyo del
candidato progubernamental Sebastián Sichel (12,79%) y espera conquistar
los votos del empresario neoliberal Franco Parisi, quien obtuvo un
sorprendente 12,78% haciendo campaña desde el exterior. Si los votos de
la primera vuelta se sumaran en la segunda, la ultraderecha ya habría
triunfado. El 52,3% de los casi 15 millones de habilitados para votar,
empero, no ha concurrido a las urnas. Este contingente abarca sobre todo
los sectores populares y juveniles desencantados con la elite política,
con 30 años de democracia amañada y la dureza de condiciones de vida
apenas sostenibles.
El pinochetismo sabe que no puede ampliar su
apoyo más allá de la eventual conquista de una parte de los votos de
Parisi. Por ello advierte contra el “comunismo” que advendría con Boric,
para amedrentar e inmovilizar a las masas populares. Por su parte, la
dirigencia de izquierda afirma haber comprendido donde están sus
posibles votantes. “Me bajé del árbol”, dijo Boric este miércoles 24, al
visitar La Pintana, una comuna en el extremo sur del Gran Santiago
gobernada por la Democracia Cristiana. Pero no basta: “a la campaña de
Boric hay que meterle pueblo”, sentenció a su vez Rodrigo Mundaca,
alcalde de Valparaíso.
La campaña para la segunda vuelta ya
comenzó con todo. Ambos candidatos están retocando sus programas, para
conquistar votos en el centro del espectro político. Mientras que Kast
recibió el apoyo del oficialista Sebastián Sichel, la demócrata
cristiana Yasna Provoste (y la presidenta de su partido, Carmen Frei),
el progresista Marco Enríquez Ominami y el ex presidente soicalista
Ricardo Lagos (2002-07) ya se expresaron por Boric.
Gabriel Boric (Frente Amplio), candidato presidencial por la lista de Apruebo Dignidad
El
candidato ultraderechista se concentra en su manejo casi monopólico de
los medios y de las redes sociales. Al de Apruebo Dignidad, por el
contrario, propios y ajenos lo están azuzando, para que salga de
Twitter, del centro de Santiago y de la Academia. En suma, “bajarse del
árbol” quiere decir caminar la calle de las poblaciones y ciudades del
interior que no lo votaron.
Tan importante como el apoyo de la
antigua Concertación (DC, PS, PPD y PR) es el espaldarazo que recibió
Boric también el miércoles de un grupo de convencionales constituyentes
de pueblos originarios y alcaldes de la Región Metropolitana y
Valparaíso, donde destaca el apoyo del dirigente porteño Jorge Sharp,
quien se había apartado de Boric en noviembre de 2019, luego de que éste
firmara el acuerdo multisectorial convocando a la paz tras el
escalamiento de los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros.
El
apoyo de dirigentes de la izquierda y centro amplía la campaña del
líder de Apruebo Dignidad y lo identifica con la transición hacia la
democracia de hace tres décadas, pero aún no le da el perfil social y
popular que necesita para llegar a los millones de pobres y desclasados
que ha dejado casi medio siglo de neoliberalismo. La joven dirigencia de
izquierda no reivindica a Salvador Allende (1970-73), para no espantar a
los demócratas cristianos. Sin embargo, no sería contradictorio hacerlo
junto con la recuperación de Eduardo Frei (1964-70), a quien pueden
sumarse gobernantes de los siglos XIX y XX que –en el movimiento
contradictorio de todos los países de la Patria Grande- fueron
realizando las reformas políticas, económicas y sociales luego
tronchadas por la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte (1973-90). El
hundimiento del régimen político pergeñado por éste en la Constitución
de 1980 permite al pueblo chileno volver a construir libremente su
futuro, pero para ello debe recurrir a su pasado. No basta con que
Gabriel Boric “se baje del árbol”. Si quiere enlazar con los millones de
“rotos” que pululan por las calles y sobreviven sin “pega” fija, tiene
que apelar a su memoria. Hubo tiempos en los que vivieron mejor. Allí
está la esperanza en un futuro digno.
