Para salvar empresas, Merkel y Macron abandonan los dogmas
Ante
la crisis mundial, las derechas europeas y sus elites empresarias
discuten por interés y por poder, a diferencia de las latinoamericanas,
tan afectas a la ideología
por Eduardo J. Vior
Infobaires24
24 de mayo de 2020
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24 de mayo de 2020
Cuatro países de la Unión Europea
expresaron este sábado 23 su oposición al plan franco-alemán, para crear
un fondo de 500 mil millones de euros para la recuperación de la
economía europea. A diferencia del plan propuesto por Angela Merkel y
Emmanuel Macron, que buscaba subvencionar la recuperación con una
ampliación del presupuesto, Austria, Suecia, Dinamarca y los Países
Bajos prefieren crear un fondo basado en préstamos. Los firmantes
rechazan compartir la deuda de las economías más afectadas y aumentar el
presupuesto de la Unión Europea.
Previamente, el lunes 18 Angela
Merkel y Emmanuel Macron habían propuesto en una conferencia virtual que
la UE adopte un plan de reconstrucción económica del bloque por un
valor de 500 mil millones de euros. Con este monto se sostendrían
proyectos comunes en infraestructura física y digital, así como en la
reforma ecológica de la economía europea. Más fuerte que la discusión
sobre el equilibrio fiscal de la Unión, empero, pesa el temor de los
países pequeños y medianos a que las dos potencias mayores de la Europa
unida retomen el liderazgo del continente. En esta discusión –a
diferencia de muchas que se dan aquende el Atlántico- hay poco de
ideología y mucho de poder e intereses.
Pocos países están poniendo tanto dinero para recuperar sus economías devastadas por la crisis como Alemania. Se
estima que su Producto Bruto Interno (PBI) se reducirá en 2020 entre un
6 y un 8 por ciento. Para disminuir el daño, se adoptaron distintas
medidas de aislamiento y prohibiciones de circulación de personas y
bienes que afectaron toda la vida económica. Al mismo tiempo, la
Canciller Angela Merkel logró que la industria alemana produjera un test
diagnóstico para detectar rápidamente y aislar a los contagiados.
Gracias a masivos testeos y al equipamiento de las clínicas con
respiradores, Alemania pudo aislar a los infectados, reducir las muertes
y aminorar las limitaciones a la circulación. De ese modo, aunque hasta
el 20 de mayo registró 178 mil infectados, sólo debió lamentar 8233
muertes.
Para mitigar los efectos de la
paralización, el gobierno federal puso en marcha un programa de ayudas
por un volumen de 353,3 mil millones de euros. A estas transferencias se
suman otros 819,7 millones en garantías para los créditos que las
empresas contraigan. Además, se dispusieron reducciones impositivas y
diversas líneas de crédito del Instituto de Crédito para la
Reconstrucción (KfW, por su nombre en alemán). Con un criterio
eminentemente económico, además de sanitario, se destinaron 55 mil
millones de euros para la lucha contra la pandemia, cuidando las
finanzas de clínicas y hospitales (estatales o confesionales) con la
intención declarada de reducir los costos macroeconómicos de la
pandemia.
Un instrumento central de la política
laboral al que se ha echado mano ha sido el subsidio de desempleo
parcial, con el que el Estado paga una parte de los sueldos y salarios
caídos por una paralización temporaria de una empresa. Sin embargo, la
iniciativa más audaz del gobierno de la Gran Coalición es la creación
del Fondo para la Estabilización de Empresas.
El 25 de marzo pasado el Bundestag
promulgó la ley de creación de un Fondo de Estabilización de las
Empresas (WSF, por su nombre en alemán) que entró en vigencia el 28 de
marzo. El mismo tiene como finalidades reducir los efectos negativos de
la pandemia sobre las empresas, superar problemas de liquidez, ayudar al
refinanciamiento en el mercado de capitales y, sobre todo, sostener la
capitalización de las empresas. El WSF se compone de 400 mil millones de
euros en garantías estatales para que las empresas puedan afrontar sus
obligaciones, 100 mil millones de euros en participaciones estatales
directas y 100 mil millones de euros para la refinanciación de los
programas especiales de financiamiento del KfW. Hasta ahora se aprobaron
40.000 solicitudes de ayuda (el 99% de las solicitadas) por un volumen
de 20 mil millones de euros.
El aspecto del Fondo que más ruido
internacional ha generado ha sido el relativo a las participaciones
estatales directas en algunas empresas. Estas medidas de
recapitalización buscan fortalecer las reservas de las firmas, para
asegurar su solvencia. Comprenden la compra por el Estado de los títulos
y las acciones diversas que fueran necesarias para la estabilización de
las firmas. El WSF pretende servir casi exclusivamente para la
estabilización de empresas de la economía real cuya desaparición podría
tener graves efectos sobre el peso económico de Alemania en el mundo o
sobre su mercado de trabajo. Para tener derecho a recibir ayudas del
Fondo las empresas que lo requieran deben en los dos años anteriores al
1º de enero de 2020 haber tenido balances totales por más de 43 millones
de euros, haber realizado ventas netas anuales por más de 50 millones
de euros y/o haber tenido más de 249 personas empleadas en el promedio
del año.
Sobre las solicitudes de las empresas
deciden los ministerios de Finanzas y de Economía y Energía, pero
considerando el significado de la empresa para la economía alemana, la
urgencia, los efectos de la decisión sobre el mercado de trabajo y sobre
la competencia. En la ley de creación del Fondo los criterios según los
cuales el Estado federal puede participar en empresas se han redactado a
propósito de un modo vago, para que ningún salvataje fracase por
formulaciones demasiado precisas. Tanto Lufthansa como Cóndor, quizás
autopartistas o incluso Daimler pueden necesitar ayudas. También
empresas pequeñas, pero de alta tecnología, como el fabricante de
vacunas Curevac, están bajo observación.
El Fondo es financiado por los
presupuestos del gobierno federal, de los gobiernos estaduales, las
comunas y las cajas de la previsión social. En la prestación de sus
ayudas se diferencia entre los pagos que efectivamente se realizan y las
garantías que, se supone, no habrá que desembolsar. Las primeras
ascienden a 453 mil millones de euros, mientras que las segundas se calculan en 820 mil millones.
Entre las grandes empresas en riesgo
sobresale especialmente Lufthansa. Desde el comienzo de la cuarentena el
gigante tiene el 90% de sus aviones en tierra, no sabe cuándo volverá a
volar y, además, debe responder por los pasajes vendidos antes de la
paralización. Desde fin de marzo se viene negociando sobre el salvataje
del Estado, pero todavía sin resultados concretos. En el gobierno hay
mucha disputa sobre el carácter permanente o transitorio del aumento de
participación del Estado en la aérea y qué tipo de acciones recibiría.
Bruselas, a su vez, quiere asegurarse de que la ayuda gubernamental no
perjudique a sus competidoras europeas.
“En los meses venideros habrá quiebras
de empresas y pérdida de empleos”, anunció en tanto el viernes 23 el
ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire. “Aunque la economía
está poniéndose nuevamente en marcha, el relanzamiento se hace a ritmos
desiguales”, añadió. Para impulsar la salida de la crisis, el gobierno
prevé reducir paulatinamente el subsidio al desempleo. De ese modo
pretende forzar a los empleadores a crear trabajo y a los trabajadores a
demandarlo. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, desde
principios de marzo el Estado ha pagado total o parcialmente los
salarios de 8,6 millones de personas.
El anuncio del ministro de Economía se
dirigía también a las grandes empresas que aprovechan este tipo de
crisis para cerrar plantas y adaptar sus estructuras para mejorar su
competitividad futura. Típicamente, el miércoles se supo que Renault
planea cerrar en Francia cuatro fábricas y así ahorrar dos mil millones
de euros. El gobierno, empero, quiere limitar esta nueva pérdida de
puestos de trabajo que recargarían aún más su presupuesto. En otra
entrevista dada el mismo viernes, el funcionario reconoció que la mayor
empresa de Francia (en la que el Estado tiene históricamente el 15% de
las acciones) está en dificultades serias, pero vinculó el otorgamiento
de cinco mil millones de euros de ayuda a la promesa de los dirigentes
de la empresa de convertir a Francia en “el primer centro mundial para
la producción de vehículos eléctricos”.
Se trata de un póquer con cartas
marcadas: la empresa amenaza con el cierre de plantas y el despido de
miles de trabajadores, para obligar al gobierno a otorgarle la ayuda
prometida y éste anuncia que reducirá los subsidios de desempleo y que
vincula el otorgamiento del auxilio a la transformación “verde” de las
líneas de producción del gigante automotor.
En Francia el Estado ha intervenido a
partir del 25 de marzo para salvar empresas utilizando la Banca pública
de inversión. Para ello se ha puesto en marcha un mecanismo de
garantías. Este dispositivo, de 300 mil millones de euros, permite a las
empresas obtener créditos equivalentes hasta a un trimestre de
actividad y desembolsarlos un año más tarde. Esta decisión ha limitado
la suba del paro y la baja del poder de compra. Además se ha exceptuado a
las empresas de pagar cotizaciones sociales e impuestos.
En Francia se está discutiendo sobre la
salida de la crisis entre una opción liberal, que espera que pasada la
pandemia todo vuelva a ser como antes, y una opción social y ecológica,
que supone que es necesario organizar la reconversión de la economía y
del mercado de trabajo. En lo que concierne a las grandes empresas no
queda otra alternativa que el Estado se convierta en accionario. En
Francia el Estado tiene el derecho de nacionalizar (hay numerosos
precedentes), es decir, tomar una parte suficientemente importante del
capital como para poder comandar una reconversión. En tanto, el Estado
no puede nacionalizar las empresas más pequeñas, pero puede poner en
ejecución planes masivos de ayudas a los respectivos sectores inyectando
subsidios para la reconversión, para la formación de personal e incluso
para la investigación.
A fin de marzo Le Maire afirmó que no
tenía miedo de usar la palabra “nacionalización” para “proteger el
patrimonio industrial francés”. Sin embargo, desde fin de abril el
gobierno francés ha moderado mucho su discurso y hoy en día
“nacionalización” sólo significa abrazar a las mayores empresas del país
para que no se caigan.
Aun cuando no faltan las andanadas
retóricas, la discusión sobre las medidas a tomar para reconstruir las
economías después de la pandemia giran en Europa mayormente en torno a
argumentos de poder y de interés y se evitan las retahílas ideológicas
tan al uso en América Latina. Es que las derechas y las elites
empresarias europeas siguen vinculadas a la producción y están
preocupadas por no perder posiciones en la competencia hegemónica
mundial, no como las latinoamericanas, que sólo se interesan por
negocios financieros y carecen de voluntad de poder.
