Un sistema penitenciario para la guerra contra los pobres

El Estado brasileño da a las bandas el cuidado de las cárceles

Año 7. Edición número 296. Domingo 19 de Enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior Periodista

internacional@miradasalsur.com

El medio es violencia. Más Hacinados que las bestias de un zoológico, los presos aplican sus propias leyes a la convivencia.

La crisis en el sistema penitenciario de Maranhão ejemplifica el paradigma dominante de una política penitenciaria entendida como una guerra contra los pobres, los negros y los habitantes de la favelas.

L a crisis penitenciaria que asoló el norteño Estado de Maranhão a principios de año es emblemática de la incapacidad del Estado brasileño para lidiar con la cuestión carcelaria. Aún más: es paradigmática de los estrechos vínculos que unen una política que concibe la seguridad pública como la guerra permanente contra el pobre, negro y favelado con la entrega del poder en las cárceles a las organizaciones criminales más sangrientas y peligrosas.
Como represalia contra la presencia policial dentro del penal estadual de Pedrinhas, en San Luis, la capital de Estado gobernado por Roseana Sarney (hija del ex presidente de la República José Sarney), las bandas criminales que operan dentro del presidio ordenaron en la primera semana del año ataques incendiarios a cuatro ómnibus urbanos en los que murió quemada una niña de seis años y otras cinco personas resultaron gravemente heridas. La prensa amarilla inmediatamente aprovechó el episodio y esa misma semana el diario Folha de São Paulo divulgó un video hecho por los presos del mismo penal que muestra presos decapitados en las celdas. Cuando estalló el motín, 2.196 detenidos estaban alojados en la cárcel que tiene capacidad para 1.770 personas.
El año pasado, 60 personas murieron en el presidio, incluyendo tres decapitaciones, según un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), presidido por el Presidente del Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. El documento apunta una serie de irregularidades y violaciones de los derechos humanos, como la superpoblación de las celdas, la fuerte actuación de bandas criminales y los abusos sexuales contra las compañeras de presos sin poder durante las visitas íntimas.
La crisis penitenciaria y de seguridad en Maranhão llevó al gobierno federal a anunciar el pasado 9 de enero once medidas para contener la crisis. Se decidió la creación de un comité mixto federal-estadual de gestión de las cárceles locales, el traslado de presos a cárceles federales, la realización de acciones masivas con equipos de defensores públicos para apurar el tratamiento de casos paralizados en la Justicia, implementar un plan de inteligencia carcelaria, la implantación de un núcleo de atención a familiares de detenidos, la integración del Ministerio Público y del Poder Judicial a la administración penitenciaria, la ejecución de un plan de atención y capacitación para personal policial a cargo de la seguridad de cárceles, la aplicación de penas alternativas para delitos menores, la vigilancia electrónica de las prisiones y las construcción de nuevas cárceles.
El pasado lunes 13, seis integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Federal visitaron el penal de Pedrinhas. La visita duró cerca de dos horas, pero los parlamentarios no pudieron recorrer los pabellones más peligrosos –donde el año pasado ocurrieron las decapitaciones–, porque no había forma de garantizar su seguridad.
A pesar de esa omisión los senadores describieron un escenario caótico y afirmaron que oyeron las más variadas quejas de los presos. Encontraron celdas superpobladas y condiciones precarias de higiene en todos los presidios del complejo penitenciario. Adversario político de la familia Sarney, el senador João Capiberibe (PSB-Amapá) fue más crítico en su valoración: “Encontramos allí un depósito de seres humanos. No es una penitenciaria, sino un lugar degradante y subhumano, sin higiene alguna. En esa cárcel hay hasta enfermos mentales que no deberían estar allí. En todos los pabellones hay poquísimos agentes penitenciarios. Ése es el resultado de la privatización de la administración de los penales estaduales”, señaló Capiberibe.
Aunque el caso de Maranhão sea extremo, las violaciones de los derechos humanos y los asesinatos de presos se dan en muchos otros presidios de Brasil, sobre todo en los estaduales. Las penitenciarias Aníbal Bruno, en Pernambuco, y Central de Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, el Complejo Penitenciario de Oso Blanco, en Rondonia, y la Penitenciaria de Alcazuz, en Rio Grande do Norte, han sido también señaladas por especialistas del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) como los peores o más violentos del país. Las tres primeras son monitoreadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en razón de las graves violaciones de derechos humanos registradas en ellas. Alcazuz a su vez está supervisado de cerca por casos de decapitación de detenidos, como los ocurridos en Pedrinhas.
Según la Asociación de Magistrados de Brasil (ABM), las escenas de barbarie del presidio de Pedrinhas se repiten en otras prisiones del país por la falta de control del Estado sobre lo que ocurre en el sistema carcelario brasileño. En inspecciones especiales o en la práctica cotidiana en los juzgados de Ejecución Penal los jueces se enteran de casos chocantes de decapitación y vísceras tiradas por las celdas, como en Rio Grande do Norte, gobernado por Rosalba Ciarlini (del derechista DEM). En el otro extremo del país, el gobierno de Rio Grande do Sul, gobernado por Tarso Genro (PT), cumplió recién la semana pasada con el plazo estipulado por la Organización de Estados Americanos (OEA), para retomar el control de la Penitenciaria Central de Porto Alegre en la que grupos criminales ejecutan a sus enemigos con dosis letales de cocaína, según denunció el juez Sidinei Brzuska.
Tal descontrol en un universo de 548 mil presos para apenas 238 mil plazas carcelarias en todo el país debe ser encarado con una acción coordinada entre el Poder Ejecutivo, el Judicial, las defensorías públicas y el Ministerio Público, afirma el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Cuando estuvo al frente del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), ayudó a organizar los grupos de fiscales y defensores públicos que recorren el país, para exigir de las autoridades penitenciarias soluciones para esa situación. “Las cárceles son escuelas del crimen”, comenta. “Si el Estado no ofrece un mínimo de garantías, algún otro lo hará a su modo y exigirá contrapartida”, alerta Mendes refiriéndose a las bandas criminales dentro de los presidios.

Militarizar las prisiones es el camino errado. “No sirve para nada que Brasil sea el tercer o cuarto país que más encarcela, sin resolver el problema. La seguridad pública no se basa sólo en el Derecho Penal. Tampoco sirve, como dice mucha gente, dejar que sigan ocurriendo situaciones como las que se dan en Maranhão, para que los bandidos maten a otros bandidos. Ante todo son ciudadanos que, muriendo en prisión, van a perpetuar el sentimiento de miedo e inseguridad que reina en todo Brasil”, declaró el sociólogo Renato Sérgio Lima, miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública e investigador de la Fundación Getulio Vargas (FGV) a la estatal Agencia Brasil.
El especialista en seguridad pública defiende que la implementación de una política eficiente en esta área incluya la modernización de los presidios, para que cuenten con unidades menores, capaces de asegurar la separación de los presos de acuerdo con el tipo de delito cometido, el grado de violencia verificado y su peligrosidad. Propone que presidios como el de Pedrinhas sean cerrados y prohibidos y pasen por una amplia reforma que obedezca a criterios constructivos más actuales.
“Lo que vemos hoy en el ejemplo de Pedrinhas es que varios presos están amontonados en una misma celda sin criterio alguno de agrupamiento. Además, los guardias no tienen acceso a las galerías dominadas por los propios presos. Es una lógica contraproducente, porque la actuación del Estado se iguala a la de los bandidos y las prisiones funcionan como escuelas del crimen, permitiendo que esas mismas personas que hoy están presas retornen a la sociedad como delincuentes formados y provoquen más miedo e inseguridad”, enfatizó.
El especialista piensa que el refuerzo de la Policía Militar y de la Fuerza Nacional de Seguridad en Pedrinhas no resuelve el problema. Renato Lima sostiene que se deben acortar los procesos judiciales, para evitar las permanencias prolongadas de presos sin condena. Según afirma –citando datos del Anuario del Foro Brasileño de Seguridad Pública–, en Brasil cerca del 40% de los presos está con prisión preventiva. En Maranhão el índice supera el 50%.
La crisis penitenciaria puede explicarse de muchas maneras, pero no por la falta de dinero. En los últimos años, inclusive con la creciente ola de violencia en los presidios, el gobierno federal acumuló una caja de 1.065 millones de reales (aproximadamente 430 millones de dólares) que por ley debería haber sido aplicada a la ampliación y modernización del sistema penitenciario nacional. Éste es el saldo actual del Fondo Penitenciario Nacional (Funpen).
El dinero en caja resulta de la acumulación de valores recaudados y no gastados desde 1994, año de creación del fondo. El Funpen se forma con recursos transferidos por las loterías de la Caja Económica Federal y con una parte de los costos judiciales, entre otras fuentes. Recibe un promedio de 300 millones de reales por año, según datos del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), pero solamente una pequeña parte de esos recursos se invierte en los presidios, tal como determina la ley complementaria Nº 70. De acuerdo a la misma, esta partida debe destinarse en su totalidad a “financiar y apoyar las actividades y programas de mejoras” del sistema penitenciario.
De acuerdo a las informaciones del Ministerio de Justicia, el año pasado el Funpen recibió autorización para invertir 384,2 millones de reales en la construcción y la reforma de presidios en obras administradas por gobiernos estaduales, pero sólo 40,7 millones, o sea el 10,6% de ese total, fueron efectivamente gastados conforme al planeamiento inicial. En este mismo período, la crisis del sistema penitenciario llegó a su punto máximo.
No hay contradicción entre una política penitenciaria que entrega las cárceles a las organizaciones criminales y la militarización de la política de seguridad. De la visión racista y maniquea de que los pobres, negros, mulatos y caboclos, en gran parte favelados, están predestinados para delinquir surge la convicción de que son irrecuperables. La administración penitenciaria se despreocupa entonces de las condiciones de su vida en la cárcel y los deja al cuidado de las organizaciones criminales. Si salen, engrosan sus filas, ya adiestrados en las formas más horrendas del salvajismo, y se convierten en enemigos mortales de las policías, que, porque lo saben, no tienen reparos en torturar y matar. Así se justifica seguir haciéndolo y se acalla toda política garantista por “irreal”. El aterrorizamiento mutuo llena la vida de los pobres y los impele a pedir más violencia policial para reprimir a bandas alimentadas por el mismo Estado que las reprime. Una complicidad calladamente pactada asegura a este Estado violento y a bandas igualmente asesinas el continuo suministro de carne de presidio y pistoleros suicidas.

El camino de Damasco pasa por Alepo

Fuego cruzado por la paz siria

Año 7. Edición número 296. Domingo 19 de Enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior Periodista

mundo@miradasalsur.com

Desencuentro. EE.UU. y Rusia poseen distintos criterios para encauzar el conflicto sirio.

Las diplomacias de Washington y Moscú colisionan a días de comenzar una significativa cumbre internacional en Suiza que busca destrabar el largo conflicto en Damasco.

Al acercarse la Conferencia Internacional de Paz sobre Siria que comienza el miércoles 22 en Montreux, Suiza, los Estados Unidos esperan que el gobierno sirio haga alguna concesión que permita incorporar a la oposición laica a las negociaciones, mientras el creciente peligro islamista induce a los servicios de inteligencia occidentales a dialogar con el régimen sirio. La diplomacia rusa, en tanto, aparece como la conciliadora que incluye a Irán en las negociaciones, controla al gobierno sirio y acepta incorporar a las oposiciones laicas. Nadie espera que la conferencia traiga la paz, sino que permita concertar algunas treguas locales para atender a las poblaciones.
El encuentro ministerial, conocido como Ginebra II, fue convocado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) y cuatro países del Cercano Oriente (Siria, Turquía, Arabia Saudita y Qatar), como continuación de su antecesora –Ginebra I–, reunida en junio de 2012. La convocatoria preveía la formación de un gobierno provisional concertado y la transición hacia una democracia constitucional. Cerca de 30 países fueron invitados.
Pocos días antes de la reunión, los jefes de la diplomacia norteamericana, John Kerry, y rusa, Serguei Lavrov, multiplican sus viajes y reuniones con objetivos diferentes, pero confluyentes. Rusia está afinando la sintonía para su presentación en Suiza junto con sus aliados sirios e iraníes. El miércoles estuvo en Damasco el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, quien se reunió con el presidente Assad. Éste aprovechó la visita para alertar contra el islamismo saudí (el wahabismo), subrayar que el objetivo central de la conferencia debe ser la “lucha contra el terrorismo” y rechazar su renuncia como condición para la participación oficial.
Por su parte, el ministro iraní viajó el jueves a Moscú junto con su colega sirio, Walid Muallem. Allí se reunieron con su colega ruso Lavrov. Previamente, Zarif había estado en Líbano y Jordania. Irán quiere participar en la conferencia sin condiciones, mientras que los occidentales exigen que acepte una democracia representativa en Siria. Según Estados Unidos y sus aliados, los acuerdos de Ginebra I suponen también la renuncia previa del presidente Assad, mientras que Rusia y sus socios lo quieren como cabeza del futuro gobierno provisional. La participación de Irán es vital para el gobierno sirio por su auxilio militar y financiero y el apoyo de las milicias chiítas. Para Moscú es un aliado central en el Medio Oriente. Teherán, a su vez, quiere convalidar su rol como potencia regional.
Aunque Lavrov descartó el jueves que Rusia tenga “una agenda oculta” para la conferencia, el ministro sirio de Reconciliación Nacional, Ali Haidar, afirmó que “la solución [de la crisis] se dará a través del triunfo militar contra los enemigos que buscan su colapso”. Estas manifestaciones del gobierno sirio dificultan aún más el esfuerzo norteamericano para incluir a Turquía, Arabia Saudita y Qatar y controlar al Frente Islámico, algo más moderado que el EIIS. La situación en los frentes de combate urge aún más a Occidente a alcanzar en negociaciones lo que los rebeldes no impusieron en batalla. Todos saben que nadie puede alcanzar un triunfo militar definitivo, pero todos quieren adelantar posiciones antes de la reunión. Por eso, en los últimos días se han agudizado los combates.
En la actualidad, las fuerzas gubernamentales tienen la iniciativa, pero en general hay un empate estratégico. Los enfrentamientos se han concentrado en torno de la carretera que une Damasco con Homs y lleva más al norte y hacia el nordeste, donde se concentra la gobernante minoría alauita. La ruta fue cortada recientemente por los rebeldes durante tres semanas y faltaron combustibles en la capital, pero el gobierno logró recuperar Nabak, a mitad de camino, aunque las fuerzas rebeldes todavía pueden interrumpir el tráfico. Las fuerzas oficiales también han recuperado terreno al sur de Alepo, la mayor ciudad del país, en el norte, que sigue dividida desde hace un año y medio. Una dura ofensiva del gobierno en la frontera con Jordania logró cortar las líneas de abastecimiento rebeldes en el sur. Sin embargo, a pesar de meses de continuos combates, el gobierno no pudo retomar el control de los suburbios de Damasco.
El ejército tiene un mando militar centralizado y mejores recursos que los rebeldes. Ha hecho masivos (y no muy eficaces) bombardeos aéreos y con cohetes tierra-tierra, pero le faltan efectivos para consolidar las posiciones que ocupa. Assad intentó mitigar el problema organizando una gran milicia alauita de “Defensa Nacional”, pero sus principales refuerzos son las milicias libanesas de Hizbola y las brigadas chiítas iraquíes. Bajo estas condiciones el régimen de Assad no puede vencer militarmente, pero especula con las divisiones entre sus enemigos.
Sin embargo, lo que más alarma a los gobiernos occidentales es el creciente flujo de combatientes europeos y norteamericanos hacia las facciones islamistas, incluida Al Qaeda. Más de 700 jóvenes han ido de Francia a combatir con los yihadistas sirios, otros 240 voluntarios salieron de Alemania y 70 habrían concurrido desde Estados Unidos. Evidentemente, los gobiernos occidentales temen la formación de una nueva generación de yihadistas que serían una grave amenaza al regresar a sus países. Por ello, el miércoles pasado el viceministro sirio de Relaciones Exteriores Faisal Mekdad informó que representantes de varios servicios de inteligencia occidentales habían visitado recientemente Damasco para combinar la lucha contra el terrorismo.
Paradójicamente, estos contactos pueden reforzar la excelente cooperación ruso-norteamericana, existente desde que se superó en setiembre la crisis por las armas químicas, y la colaboración iraní. Mientras tanto, son más efectivas las treguas locales, los intercambios de prisioneros y los salvoconductos para las expediciones de auxilio a la población civil. Por ese motivo, Estados Unidos, Rusia y la ONU están tratando de alcanzar un alto el fuego en Alepo. En toda Siria han muerto en los tres años de guerra 130.000 personas, dos millones han salido como refugiados, seis millones son desplazados internos y más de nueve millones necesitan algún tipo de ayuda.
Las dimensiones del drama humanitario subrayan el fracaso de la conferencia de donantes que se reunió el miércoles 15 en Kuwait. Mientras que se pretendía recaudar 6.500 millones de dólares, sólo se comprometieron ayudas por 2.400 millones. Dada la situación empantanada, lo mejor que puede esperarse de Ginebra II es que dé inicio a negociaciones específicas entre los contendientes y sus aliados, para incluir a los islamistas moderados y aislar al EIIS, pero hoy sería perentorio ayudar a las víctimas civiles de la guerra a sobrevivir.

En Irak y Siria se combinan las potencias y las milicias

Medio Oriente: Al Qaeda enciende Irak

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior, periodista

internacional@miradasalsur.com

Atentado. La ofensiva de Al Qaeda se concentró en la ciudad de Faluya.

Los rápidos realineamientos de la milicia islámica en Medio Oriente se combinan con las reorientaciones estratégicas de las grandes potencias, generando un gran desorden.

Desde principios de este año las guerras civiles en Irak y Siria se han vinculado por el protagonismo que el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL, por sus siglas en inglés), expresión de Al Qaida en la región, tiene en ambas. Sin embargo, mientras que en Siria retrocede en el norte del país, en Irak ha conquistado partes de Faluya y Ramada, en la occidental provincia de Al Ánbar, que el ejército iraquí pretende ahora recuperar con el apoyo de drones norteamericanos y tribus locales. El número y radicalidad de los actores en Siria e Irak ha aumentado, en tanto las grandes potencias cambian sus alianzas. Por la combinación de ambos factores se ha roto el equilibrio regional.
Más de 200 personas han muerto en Irak en atentados y enfrentamientos entre rebeldes salafistas y tropas gubernamentales desde el 1° de enero. Después de que el primer ministro chiíta Nuri Al Maliki anunció que el ejército iraquí pronto intentará recuperar las ciudades ocupadas, miles de habitantes de Faluya huyeron de la ciudad. No se trata de dos partidos, como proclama el gobierno iraquí, sino por lo menos de tres, ya que las milicias étnicas locales hacen su propio juego. Aún no está claro tampoco cuántos combatientes tiene ISIL en ambas ciudades ni el grado del apoyo que tengan de las comunidades locales, ya que los sunitas de la región también odian al gobierno chiíta, pero rechazan sus métodos terroristas.
Al mismo tiempo ISIL –desarrollada con distintos nombres en la resistencia a la ocupación norteamericana después de 2003– está siendo expulsada de ciudades del norte de Siria por una amplia coalición de grupos cansados de su rigidez ideológica y su violencia. El jefe del Frente Al Nusra, Abu Mohammed al-Golani, llamó el miércoles a un alto el fuego en los enfrentamientos en los que ya murieron más de 270 personas y propuso la formación de un concejo jurídico islámico que resuelva las disputas, así como el retorno a una postura unitaria contra el presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, horas después el jefe de ISIL Abu Bakr Al Bagdadi, rechazó la oferta.
Desde la semana pasada tres grandes alianzas rebeldes (el recién creado Frente Islámico, el ejército de los muyaidines y el laico Frente Revolucionario Sirio) han lanzado la llamada “segunda revolución” y expulsado a los combatientes de ISIL de sus posiciones en Alepo, Idlib y Hama. El miércoles ocuparon juntos el comando de ISIL en Alepo y los desplazaron parcialmente en Raqqa, la mayor ciudad bajo su dominio. Éste ha respondido con el estallido de coches-bomba que han causado muchas muertes y amenazado de muerte a todos sus contrincantes. Se supone que el retiro de milicianos en el norte obedece a una orden táctica, mientras esperan refuerzos de Irak y del oeste de Siria. En abril pasado el líder de ISIL, Abu-Bakr Al Bagdadi, proclamó la fusion del Frente Al Nusra con su organización y a sí mismo su jefe en Irak y el Levante, pero el líder de Al Nusra se resistió y el líder de Al Qaida, Ayman Al Zawahiri, mantuvo ambas organizaciones separadas.
La verdadera diferencia entre ambas ramas de Al Qaida parece ser étnica, dado que Al Nusra es mayoritariamente sirio, mientras que ISIL se compone sobre todo de extranjeros que al principio de la guerra civil fueron bien recibidos, pero cuyos métodos rápidamente generaron rechazo. Paradójicamente, si ISIL retrocede en Siria, se concentraría en Irak, mientras que en Siria se fortalece Al Nusra. De un modo u otro triunfa Al-Qaida. El Frente Al Nusra se originó en los grupos apoyados por el gobierno sirio en su lucha contra la invasión norteamericana en Irak en los 2000. El año pasado creció por la afluencia de militantes libaneses y palestinos que le aseguraron además el financiamiento. Al Nusra también recibió apoyo turco y está vinculada con Qatar. Parece ser el único grupo rebelde con ramificaciones en el Estado, el aparato de seguridad y unidades militares. Particularmente en Damasco su sistema de espionaje es altamente sofisticado.
Sin dudas, uno de los motivos fuertes de la violencia sectaria de ISIL en Irak ha sido el sectarismo del gobierno de Nuri Al Maliki contra los sunitas, pero al carecer de una base social importante, su aislamiento lo induce al extremismo y a dejarse influir por los voluntarios extranjeros. Por el contrario, el Frente Al Nusra supo rápidamente transformar su experiencia de combate en Irak en una alianza con las masas sunitas del norte de Siria. Prefiere satisfacer las necesidades básicas de la población en los territorios ocupados a aplicar estrictamente la Shar'ia. Ha sabido ganar apoyos internacionales, sin romper con Al Qaida y en diciembre formó el Frente Islámico con otras organizaciones sunitas. Finalmente, la semana pasada se alió con grupos laicos para expulsar a ISIL. Aunque Al Golani mantiene el discurso salafista, se mueve con realismo y combina la movilización de sus militantes con el respeto hacia la población, sus aliados e interlocutores internacionales.
Ante la ofensiva yihadista en Irak y los combates entre fuerzas rebeldes en Siria, EE.UU. ha adoptado lo que Barack Obama llama “la estrategia de declarar tablas”, o sea, perpetuar los conflictos, porque cualquier actor que venciera en ambos países (Irán o Al Qaida) sería enemigo de EE.UU. Espera a que ambos se desangren, hasta que Washington pueda influir.
Para la batalla de Faluya el Pentágono propone bombardear con drones, sin pedir permiso a Irak, donde el gobierno de Obama no puede volver a intervenir, después de haberse retirado en diciembre de 2011, pero puede ayudar. Sin embargo, la solución definitiva depende de que Al Maliki incluya a otros grupos. Esta nueva versión de la política del equilibrio suena atrayente, pero es irreal. En el Medio Oriente no es posible el vacío de poder. Si EE.UU. no interviene lo harán otros, como Assad en Siria o Teherán en Irak.
Estados Unidos combina su política del equilibrio con un creciente entendimiento con Irán, mientras las monarquías del Golfo sostienen a los sunitas en Siria e Irak, para debilitar a Irán y obligar a Washington a cumplir los pactos preexistentes. Probablemente los salafistas no conquisten el poder, pero se convertirán en partícipes en cualquier salida política. A su vez, si el conflicto se extiende a otros países, estallará el equilibrio pensado por Obama.
A Israel, por su parte, no se le escapa que la nueva constelación en la región la obliga a buscar aliados entre sus antiguos enemigos, pero la extrema ideologización de la política israelí dificulta este cambio de frente. Al contrario, Moscú ocupa una posición tras otra en el Medio Oriente, reemplazando a Washington como interlocutora de los actores locales. No tardará mucho hasta que se convierta también en una opción para los comandantes. ¿De qué equilibrio hablará entonces el presidente norteamericano?.

Panamá, Italia y España unidas por la corrupción

Patriotas, pero no tanto

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior, periodista

internacional@miradasalsur.com

Escándalo. El intermediario Lavítola fue condenado por coimas y extorsión.

Desde octubre pasado amenaza a la obra de ampliación del Canal de Panamá una demanda por sobrecostos de la unión transitoria de empresas unidas para realizar las obras, cuyo trasfondo español fue exhaustivamente analizado por Walter Goobar en una nota que salió en Tiempo Argentino el pasado martes 7. Sin embargo, el enfrentamiento por los supuestos sobrecostos tiene otras aristas en Italia y Panamá que también vale la pena analizar.
El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá y la administración de la vía siguen sin ponerse de acuerdo, mientras amenaza a las obras una paralización a partir del 21 de enero. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que integran la española SACyR, la italiana Impregilo (concesionaria de varias autopistas en Argentina), la belga Jan de Nul (a cargo del dragado del Río de la Plata) y la panameña CUSA, avisó el pasado día 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autónomo de administración de la vía de navegación desde su pasaje a Panamá en 1999, que en 21 días paralizaría las obras de ampliación, porque no soporta los “sobrecostos” de más de 1.600 millones de dólares. El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, por su parte, conminó al consorcio a seguir las obras, pero también anunció que la Autoridad puede finalizarlas con “otros contratistas”.
La ACP propuso el martes como solución el aporte conjunto de 283 millones de dólares, pero Impregilo, en un comunicado difundido este jueves en Panamá, tildó de “inaceptable y ridícula” la posición de la ACP y la acusó de pretender que el consorcio deba “asumir (...) todos los costes” de lo que queda por construir del tercer juego de esclusas, un proyecto con un avance del 65%. El mismo día su matriz, Salini Impregilo, reclamó desde Milán mil millones de dólares en pagos adelantados. Con estas declaraciones de Pietro Salini, presidente de la compañía italiana, quitó a su socia española la conducción del grupo, probablemente porque está cada vez más hundida en el escándalo por financiamiento ilegal al Partido Popular de España. Quijano le respondió el mismo jueves que todas las alternativas propuestas por los contratistas “están fuera de contrato”.
Mientras tanto, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, visitó Panamá lunes y martes pasados, para promover el diálogo. También el gobierno italiano se expresó este jueves a favor de una salida negociada al conflicto, pero ambos sin resultados.
A los reclamos económicos se suma al retraso en la conclusión de la obra, que sería entregada en junio de 2015 y no en octubre de 2014, como estipula el contrato.
Las acciones de la empresa española SACyR cerraron el jueves con una caída de 2.65% en la Bolsa de Madrid, mientras que la compañía anunció que puso a la venta su división inmobiliaria, Vallehermoso. No deja de ser curioso que el anuncio de suspensión de las obras del Canal haya coincidido con la venta de Vallehermoso y la absorción de Impregilo por el coloso de la construcción Salini Spa, el 2 de enero de 2014. La empresa resultante, Salini-Impregilo Spa, redujo su capital de $718 millones a $500 millones y a partir de ahora será dirigida por el equipo ejecutivo de Salini Spa, presidido por Pietro Simone, quien firma el comunicado.

Martinelli, amigo de Berlusconi. El escándalo entre el Estado panameño y sus socios europeos por la ampliación del Canal tiene todavía otra arista inexplorada: el tribunal supremo italiano confirmó esta semana la condena a tres años y ocho meses de prisión a Valter Lavítola, intermediario en las transacciones entre el gobierno panameño y el conglomerado italiano Finmeccanica. El viejo amigo del presidente Ricardo Martinelli arrastra otra condena de un año y cuatro meses de prisión, por intentar extorsionar al ex primer ministro Silvio Berlusconi. Lavítola está imputado junto a Paolo Pozzessere, ex director comercial de Finmeccanica, por el pago de coimas a funcionarios panameños, para la adjudicación de contratos a empresas italianas. El empresario también está acusado de extorsión a Impregilo.
Según el expediente, Lavítola presionó a Impregilo para que construyera un hospital pediátrico en Veraguas que había sido prometido por el hoy ex primer ministro Silvio Berlusconi. Para los fiscales de Nápoles, que Impregilo asumiera el costo de construir el hospital era otra forma de desviar coimas al presidente Martinelli a través del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña, representante en Panamá de IBT Group, beneficiado con contratos para edificar hospitales por más de 500 millones de dólares.
Queda claro, según un análisis hecho por peritos italianos, que las llamadas telefónicas de Lavítola –en nombre del presidente Martinelli– buscaban chantajear a Impregilo para que construyera el hospital. El presidente de Impregilo declaró a los fiscales que Martinelli, a través de Lavítola, pidió un “reconocimiento” económico si le adjudicaba la licitación del Metro de Panamá.
El 27 de julio de 2012 Massimo Ponzellini –entonces presidente de Impregilo– fue interrogado por el Tribunal de Nápoles e identificó a Lavítola como un cercano colaborador de Martinelli que pretendía cobrar coimas, si Impregilo ganaba la licitación del Metro. “Después de habernos adjudicado como Impregilo y en consorcio la licitación del Canal de Panamá, participamos en la licitación del Metro de Panamá...”, declaró Ponzellini. “Fue en relación a esta licitación –en la que Impregilo no estaba interesada– que entró en juego Lavítola como intermediario del presidente Martinelli y nos hizo entender claramente –añadió Ponzellini– que el presidente pretendía un ‘reconocimiento’ económico para él y para su entorno...”. “Lavítola lo manifestó hablando directamente conmigo, así como indirectamente a través de la Presidencia del Consejo (o sea, a través de Berlusconi)”, narró. En su declaración, Ponzellini describe que “Lavítola (como intermediario de Martinelli) pretendía hacer ver que habría obstáculos y problemas para Impregilo en caso de que no cediéramos a sus pretensiones”.
Puede ser que Impregilo no tenga razón en exigir sobrepagos de la Autoridad del Canal de Panamá y que el presidente de ésta esté actuando dignamente al rechazar la exigencia, pero en ocasión de su absorción por Safini la empresa italiana probablemente esté cobrando al gobierno panameño las pérdidas ocasionadas por los reclamos de la familia Martinelli y la presión de Silvio Berlusconi. El gobierno panameño, en tanto, evidentemente no se pone duro ante Impregilo por patriotismo. Sabe que la empresa sabe mucho y debe callarla con la amenaza de quitarle el contrato para la ampliación del Canal. SACyR ya prácticamente no cuenta, Jan de Nul va a evitar repetir un escándalo como el que pasó en Argentina con la primera licitación para el dragado del Río de la Plata en los años 1990. ¿Quedará sin terminar la ampliación del Canal, como quedó la faraónica obra de Ferdinand de Lesseps en el siglo XIX?

Nicaragua y Panamá compiten por la ruta interoceánica

El Canal agrandado vs. el Gran Canal

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014

Por 

Miradas al Sur

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Centroamérica entre dos aguas. La crisis por la ampliación del Canal de Panamá potencia el interés por la alternativa en Nicaragua, pero maniobras estratégicas y pequeños negocios condicionan ambos proyectos en un contexto turbulento.

Mientras que la ampliación del Canal de Panamá está en riesgo por la crisis de las grandes empresas europeas involucradas y la corrupción de la elite local, Nicaragua ha encarado la construcción del suyo con más voluntad que preparación y con imponderables geológicos. En un extraño juego de competencias y asociaciones en ambos casos los beneficiarios principales son Estados Unidos y China.

CANAL DE PANAMÁ. La construcción de la nueva esclusa del Pacífico en el marco de la ampliación del Canal de Panamá lleva un retraso de nueve meses y recién concluirá en junio de 2015, anunció la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en octubre pasado. Además, el actual litigio por los sobrecostos (ver recuadro) puede paralizar las obras en pocos días y dejar en el istmo una nueva ruina, como las abandonadas por F. de Lesseps en 1889 y EE.UU. en 1942.
La capacidad del Canal de Panamá está determinada principalmente por el tamaño de las esclusas, que actualmente tienen 33,53 m de ancho, 320,04 m de largo y 25,91 m de profundidad. A estas dimensiones se ajusta el tamaño máximo de los barcos en el mundo, que se conoce como Panamax. Desde 1930, todos los estudios de ampliación del Canal han establecido que, para mejorar su capacidad, hay que construir un tercer juego de esclusas, más grandes.
Según la ACP, durante los próximos 20 años el volumen de carga transportado por el Canal crecerá a un promedio del 3% anual, duplicándose entre 2005 y 2025, casi totalmente por el aumento de las importaciones de EE.UU. desde China que pasan por el canal hasta los puertos del este de los EE.UU. y del Golfo.
El Canal hoy tiene dos carriles con sus respectivos juegos de esclusas. Al ampliarlo, se añade un tercer carril que incluye esclusas complejas en cada extremo del Canal. Cada una de éstas tendrá tres cámaras consecutivas diseñadas para elevar los buques desde el nivel del mar hasta el del lago Gatún (87 m sobre nivel del mar) y hacia abajo otra vez. Cada cámara contará con tres diques, 18 en total. Al igual que las esclusas existentes, las nuevas se llenarán y vaciarán por gravedad, sin el uso de bombas. La construcción de las nuevas esclusas usa una parte importante del área ya excavada por los Estados Unidos en las obras de ampliación que abandonó en 1942, conectándolas al sistema existente por nuevos canales de navegación. Las cámaras de las nuevas esclusas serán de 426,72 m de largo por 54,86 m de ancho y 18,29 m de profundidad. En ellas se usarán puertas rodantes, como es hoy usual en todo el mundo. Las nuevas esclusas utilizarán remolcadores para desplazar los buques en vez de las locomotoras actuales. Ambos canales de acceso tendrán 218 metros de ancho, adaptados a los llamados buques Post-Panamax.
Al ampliarse el canal, se estima que hacia 2025 los ingresos se elevarán a más de 6.200 millones de dólares por año. El costo estimado de las obras de ampliación es de 5.250 millones de dólares, de los que 3.200 millones se destinan a las nuevas esclusas. Hasta el 31 de diciembre pasado se había ejecutado un 66,6% de la obra.
En 2007 se otorgó la realización de las obras al consorcio Grupo Unido por el Canal de Panamá S.A. (GUCP), integrado por la empresa española SACyR-Vallehermoso, el grupo italiano Impregilo, ambas respectivamente con el 48% de las acciones, la empresa belga Jan de Nul y la panameña Cursa. Las obras comenzaron en 2009. Desde el principio hubo reclamos por sobrecostos que fueron delegados a la Junta de Resolución de Diferencias (JRD) prevista en la licitación. Algunos se resolvieron y otros se fueron postergando, hasta que estallaron a fines de diciembre pasado en la amenaza de las empresas concesionarias de suspender las obras el próximo 21 de enero, si no se les reconocen mayores costos, cuyo monto está controvertido.
Si bien la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es un ente autárquico dirigido actualmente por el Ing. José L. Quijano, un profesional con 36 años de experiencia en la administración del Canal, no puede escapar a los avatares de la corrupta política panameña (ver aparte). A su vez, las concesionarias están envueltas en escándalos por coimas y sobornos en España, Italia y Panamá que ahora estallaron y ponen en peligro esta obra gigantesca.

EL GRAN CANAL DE NICARAGUA. Por su parte, Nicaragua anunció el martes 7 que recién iniciará la construcción de un canal interoceánico entre el Caribe y el Pacífico a comienzos del 2015. El presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (AGCIN), Manuel Coronel Kautz, dijo que la construcción comenzará una vez terminados los estudios de factibilidad y definido el trazado de la vía.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en junio de 2012 la ley que autoriza a construir un canal interoceánico de gran calado entre el Caribe y el Pacífico, una obra que durará unos 15 años y costará 40.000 millones de dólares. El 13 de junio pasado, en tanto, el congreso adjudicó su construcción a una firma china. Además, encargó a la nueva Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A. la construcción de un oleoducto y de un puerto de aguas profundas en el Pacífico y otro en el Caribe unidos por un ferrocarril de cargas. También se creará una zona de libre comercio y se construirá un aeropuerto internacional en cada margen.
Se estudian cuatro posibles rutas para construir el canal que pasan por una parte del Gran Lago y deben atravesar el istmo de Rivas. En cualquier caso, el proyecto arruinará zonas de alto valor ecológico. Aunque todavía se desconoce el trazado, Environmental Resources Management (ERM), una compañía británica, está realizando ya los estudios de impacto ambiental que entregará a fines de año. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó los 32 recursos presentados por organizaciones contra el canal interoceánico.
El canal será construido por la compañía china HKND Group en base al acuerdo firmado el 14 de junio pasado que le otorgó la concesión por 50 años duplicables. El HKND Group, una firma creada en Islas Caimán y asentada en Hong Kong, está presidido por el empresario chino Wang Jing. "Nadie sabe nada de Wang Jing" dice Michael Forsythe, corresponsal de la agencia Bloomberg en Beijing. Según datos de Bloomberg Billionaires Index (Índice de Multimillonarios de Bloomberg), el empresario de 41 años es presidente y principal accionista de la compañía de telecomunicaciones Beijing Xinwei Telecom Technology Co., en la que tiene una participación de 1.100 millones de dólares. Nunca figuró en una clasificación internacional sobre riqueza, pese a que participa en negocios de infraestructura, minería, aviación y telecomunicaciones. Controla o es presidente del consejo de administración de más de 20 compañías en 35 países y es presidente de la HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development).
Según Raymond Li, jefe del servicio chino de la BBC, Wang estableció HKND específicamente para el proyecto del canal interoceánico. "Se dice que Xinwei Telecom tiene relaciones muy cercanas con el gobierno chino" explica el periodista. "Pero lo más importante es que Datang Group, la gigante estatal de telecomunicaciones, es una de las principales accionistas de Xinwei", afirmó. "Esto deja en claro que el gobierno chino debe estar apoyando el megaproyecto en Nicaragua" afirma Li.
Algunos critican el proyecto, porque significará la "pérdida de la soberanía" del país. Otros lo cuestionan por su impacto ecológico. Según la ley, el canal nicaragüense debe estar parcialmente construido para 2019, cuando podría captar 416 millones de toneladas métricas, el 3,9% de la carga marítima mundial. La zona de construcción del canal será declarada de "utilidad pública" y el Estado nicaragüense indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en no más de 10 años y de común acuerdo entre las partes.
Por el canal interoceánico de Nicaragua pasarán barcos más grandes que por Panamá, porque tendrá una vía acuática más ancha, un canal seco ferroviario, oleoductos, dos puertos de aguas profundas, zonas francas y dos aeropuertos litorales.
Entre las empresas contratadas para este proyecto se encuentran, por una parte, Environmental Resources Management (ERM), la consultora británica que investigará el impacto ambiental y social de la ruta seleccionada, la China Railway Construction Corporation, para evaluar la viabilidad inicial de la obra, y la consultora McKinsey & Co., para investigar y analizar el proyecto.
China será el país que más aprovechará el nuevo canal por la reducción de costos del transporte de mercaderías entre sus puertos y los de las costas del este y del Golfo en EE.UU. A través del canal también aumentará su presencia en los mercados de Centroamérica y América latina. De acuerdo a Heinz Dieterich, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, "mediante el canal China tendría un acceso estratégico a América del Norte", le dice a BBC Mundo. "Sería una respuesta a lo que hace Washington, al trabar alianzas en Asia oriental", añade. Según José Luis León Manríquez, investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM, "con un canal por el cual los venezolanos puedan transportar el petróleo, va a bajar mucho el costo de mover las materias primas que se extraen de América latina hacia China".
"La relación entre China y Estados Unidos es íntima, tienen más en común que en conflicto", explica a BBC Mundo Arturo Cruz Sequeira, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). Las economías de los dos países representan más del 33% del PBI mundial, añade el especialista, quien fue embajador de Nicaragua ante la Casa Blanca entre 2007 y 2009. En este sentido, no está claro que un canal interoceánico en Nicaragua administrado por una empresa china afecte esta relación. "La verdad, puede ser un proyecto que, en vez de separarlos, una a Estados Unidos y China", concluye.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega (2007-17) está envuelto en varios entredichos limítrofes con Costa Rica, Panamá y Colombia, vinculados también con su pertenencia al ALBA. Con el inicio de la construcción del Canal, ganaría a China como aliado y podría influir en su propia sucesión en 2016. Claro que todavía debe demostrar la viabilidad de la obra en la geografía volcánica de Nicaragua. En Panamá, en cambio, el gobierno de Ricardo Martinelli cobró coimas en otras obras a las empresas involucradas en el proyecto y hoy se encuentra con que sus socios europeos, castigados por procesos judiciales, achicamientos y fusiones, amenazan con no terminar las obras.
En ambos casos, los mayores beneficiarios son los Estados Unidos y la República Popular China. Tienen intereses confluyentes, pero no son socios. En Nicaragua, Beijing ha puesto un alfil en medio de la defensa de Washington, mientras que en Panamá ambos están esperando que se derrumbe la opción europea, para adelantar su juego. Claro que en Nicaragua la incógnita se llama volcanes y en Panamá, la corrupción oligárquica. Las líneas maestras del pensamiento estratégico también dependen de pequeños imponderables.

Saudiarabia provoca a Rusia en el Cáucaso

Juegos de sangre en Sochi

Año 6. Edición número 294. Domingo 05 de enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior, periodista

internacional@miradasalsur.com

 

Los Juegos Olímpicos de invierno en febrero próximo están pensadas por Moscú para respaldar el hegemonismo ruso en la zona del Cáucaso, pero la inteligencia saudita complica el evento con atentados terroristas.

Bajo el impacto de los atentados suicidas de Volgogrado del 29 y 30 de diciembre y la certeza de que otros los seguirán, este 1° de enero Rusia asumió por un año la presidencia del G8 buscando restablecer su rol como potencia mundial y afirmar su dominio en el Cáucaso, pero su competencia con la monarquía saudí en Siria repercute en el apoyo de ésta al terrorismo salafista que amenaza la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, a orillas del Mar Negro.
La explosión en un trolebús la mañana del lunes pasado en Volgogrado, en el sur de Rusia, ha dejado al menos 14 muertos y 28 heridos. Ya el día antes una atacante suicida hizo detonar un artefacto explosivo en la estación de tren de dicha ciudad. El pasado mes de octubre, a su vez, una explosión en un ómnibus se cobró en la misma ciudad la vida de seis personas y otras 40 resultaron heridas.
Ante la preocupación que los atentados han generado en el mundo deportivo, el gobierno ruso ha garantizado la seguridad de los atletas y espectadores que asistirán del 7 al 23 de febrero próximos a los Juegos Olímpicos de Invierno en la villa de vacaciones de Sochi, a orillas del Mar Negro y al pie del Cáucaso Norte. Considerando la situación geográfica de la pequeña ciudad, los expertos en seguridad no dudan que las autoridades puedan asegurar el desarrollo pacífico del evento, pero la posibilidad de que se produzcan atentados contra objetivos civiles en el extenso y abierto sur de Rusia es alta.
Andrew Kutchins, investigador en el Center for Strategic and International Studies, sostiene que “Sochi está prácticamente sitiada por las fuerzas armadas y de seguridad rusas y es casi imposible que alguien pueda vulnerar esa muralla, pero la finalidad probable de los terroristas es crear una extendida sensación de inseguridad dentro y fuera de Rusia”.
Desde que el Comité Olímpico Internacional aprobó en 2007 la realización de estos juegos, numerosos observadores, gobiernos y organizaciones civiles han manifestado sus preocupaciones. Sochi colinda con seis repúblicas autónomas de la Federación Rusa en el Cáucaso Norte, una región signada desde 1994 por los alzamientos chechenos. Según un trascendido del diario británico Daily Telegraph, en negociaciones con representantes rusos sobre Siria el Príncipe Bandar bin Sultan, jefe de la inteligencia saudita, habría amenazado con atentar contra los juegos de Sochi, si no se avenían a sus reclamos. “Yo estoy en condiciones de garantizarles la seguridad de los juegos, ya que los grupos chechenos que los amenazan están controlados por nosotros”, advirtió.
A los problemas internacionales y regionales en torno a los juegos se suman los locales. Sochi está en la zona del histórico pueblo circasiano, un grupo de origen caucásico que residía en la zona desde que existen referencias históricas y es mayoritariamente musulmán. Este pueblo fue conquistado por el Imperio Ruso en 1864, la mayoría de su población fue masacrada y los sobrevivientes expulsados hacia el antiguo Imperio Otomano. Sin embargo, cerca de 700.000 circasianos habitan todavía la región o residen en otras zonas de Rusia. Los patriotas circasianos ven los juegos como especialmente ofensivos, porque se realizan exactamente en el 150° aniversario de su derrota ante Rusia. Algunas de sus principales organizaciones reclaman la cancelación del acontecimiento, si el Estado ruso no se disculpa antes por el genocidio contra su pueblo, pero otras sólo demandan que los organizadores del evento respeten y destaquen los sitios de la memoria circasiana.
A la reivindicación nacionalista se añade la protesta de las organizaciones LGBT de todo el mundo por el rechazo de la Justicia rusa a la instalación de una “Casa del Orgullo”, como se hizo en anteriores eventos olímpicos, y por la nueva legislación rusa discriminatoria contra la diversidad sexual.
Al mismo tiempo, a pesar de los informes técnicos negativos sobre la construcción de instalaciones olímpicas en la reserva de la biósfera del Cáucaso, que está protegida por la UNESCO, y en terrenos del Parque Nacional de Sochi, el Comité Olímpico Internacional aprobó los planes.
Las construcciones de lujo en la zona de Sochi han impulsado también la especulación inmobiliaria, haciendo imposible la vida allí para la mayoría de los pobladores que no pueden sostener los altos costos de la propiedad. En consecuencia, la pequeña villa de veraneo promovida originalmente por Josef Stalin se está convirtiendo en un barrio cerrado para millonarios rusos.
Al realizar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Vladimir Putin pretende reforzar la presencia de la Federación Rusa en la región del Cáucaso creando un enclave de lujo. Con la misma lógica de sus antecesores zaristas en el siglo XIX, desarrolla inversiones bajo protección militar, para desarticular las economías locales y absorberlas dentro del gran mercado ruso. No obstante, el presidente ruso choca con los intereses estadounidenses, turcos y, sobre todo, sauditas que buscan contener el avance ruso y establecer hegemonías regionales propias. La historia de los Juegos Olímpicos siempre estuvo mezclada con sangre, pero sobre la nieve ésta se ve con particular claridad.

Bajo hegemonía militar Cuba construye un sistema mixto

Una transición ambigua

Año 6. Edición número 294. Domingo 05 de enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior, periodista

internacional@miradasalsur.com

Otros tiempos. Cuando los combatientes bajaron de la sierra, el futuro era una promesa al alcance de la mano / Piloto de tormentas. Raúl Castro timonea un tránsito no traumático hacia un sistema mixto.

Mientras se resuelve la sucesión de la “Generación de la Sierra Maestra”, el corporativismo garantiza la estabilidad de Cuba, que avanza hacia formas capitalistas de mercado, aunque frena las necesarias reformas políticas.

El 1° de enero pasado entraron en vigor en Cuba nuevas medidas de liberalización del mercado que continúan el curso de las paulatinas reformas que Raúl Castro va realizando en el socialismo de Estado local, siempre con el ojo puesto en el el control de la sucesión de la “Generación de la Sierra Maestra”. Sin embargo, este orden de prioridades crea inevitables contradicciones con las necesarias reformas económicas. Entenderlas es entender por qué la transición es el estado de Cuba en el largo plazo.
A partir del pasado viernes 3 de enero quedó liberada la venta de autos nuevos en Cuba. El gobierno ya había autorizado en 2011 la compraventa de autos entre particulares, pero para la adquisición de vehículos al Estado, que tiene el monopolio de la venta de coches nuevos, había que tener una carta de autorización que sólo se otorgaba a determinados grupos sociales. El gobierno dijo que los ingresos adicionales que se obtengan por la venta liberada de vehículos serán destinados a un fondo financiar el “desarrollo del transporte público”.
Ya una semana antes, el sábado 28 de diciembre, el gobierno cubano flexibilizó el otorgamiento de préstamos, para que los habitantes de la isla inicien negocios privados. Los cubanos ahora podrán pedir préstamos por montos más pequeños y pagarlos en más tiempo, pues los plazos de cancelación aumentaron de cinco a diez años. Aunque, desde que el gobierno comenzó a ofrecer oportunidades para los negocios privados, unas 440.000 personas han solicitado licencias de funcionamiento, sólo 550 solicitaron créditos oficiales. Se supone que el resto recibió transferencias de sus familiares en el exterior.
Al mismo tiempo abrió en La Habana el primer mercado mayorista de productos alimenticios, “El Trigal”. La Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios en La Habana arrendó la instalación a una cooperativa integrada por 10 socios, quienes subarrendarán 292 espacios a los productores que concurran a vender sus mercancías excedentes, tras haber cumplido los compromisos con el Estado. En “El Trigal” ofrecerán sus productos empresas y granjas estatales, cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria, unidades productoras, agricultores pequeños y la nueva figura de vendedor mayorista. Al mercado pueden acudir a comprar frutas, hortalizas, viandas y granos todas las personas jurídicas y naturales, incluyendo aquellas familias que deseen adquirir alimentos al por mayor, así como entidades incluidas en el “consumo social”.

Una transición de larga duración. 

  En un texto publicado en 2007 (“Cuba: ¿transición o continuidad?”) en la revista virtual Herramienta debate y crítica marxista, pero que tiene aún hoy total vigencia, el intelectual cubano Haroldo Dilla Alfonso analizó detalladamente las contradicciones del proceso cubano de transición económica y política. Según él, la transición cubana comenzó en realidad ya durante el llamado “período especial” en los años ’90, cuando la desaparición de la Unión Soviética dejó a la isla atenazada por la crisis económica y por las exigencias de la inserción en el mercado mundial capitalista. Tanto Fidel Castro como su hermano Raúl que lo sucedió en 2006 y su vieja guardia pudieron estabilizar el régimen político, pero debieron convivir con la aparición del mercado y de formas diferentes de propiedad grupal y privada, legales o no.
Este proceso, en primer lugar, agrietó el esquema de control sociopolítico que daba al Estado y a la clase política una condición cuasi monopólica en el manejo de la economía, la producción ideológica y la administración de la movilidad social, sin considerar al cuerpo social, en tanto los subsidios soviéticos les permitía desconsiderar la productividad y la eficiencia de la economía.
Rápidamente surgieron múltiples ocupaciones alternativas al empleo estatal o complementarias de éste, vinculadas con las diferentes nuevas formas de propiedad. Las remesas de los cubanos emigrados, por su parte, no sólo han implicado una fuente de vida autónoma para millones de personas y de desigualdad social, sino también de revalidación de esa comunidad emigrada como otro actor potencial del complejo escenario insular.
En segundo lugar, continúa el autor, esta apertura parcial creó un nuevo sector tecnocrático-empresarial formado por los gerentes de las firmas comerciales y de propiedad mixta, los empresarios del mercado informal e ilegal y los administradores de las grandes empresas estatales que pronto adquirieron modos de vida, aspiraciones y modus operandi internacionales. Aun cuando es un sector políticamente débil, sus vínculos con la política le otorgan influencias insospechadas. Por otra parte, su ubicación en los comandos de las actividades económicas más dinámicas los hace imprescindibles para la reproducción del esquema de poder político. Finalmente, este grupo emergente ejerce también una gran influencia ideológica, al demostrar a la empobrecida población cubana que el éxito social depende del acceso al mercado internacional.
En tercer lugar la inserción de Cuba en la economía global ha fragmentado su estructura económica y territorial. El país vive nuevamente una desigualdad espacial que había sido paliada por las políticas territoriales. Y también, en consecuencia, la isla está cruzada por flujos migratorios que multiplican la complejidad de los conflictos sociales.
Por su lado, en un análisis publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito en mayo de 2012 (“Reformas y transición en Cuba: una evaluación de desarrollos recientes [2010-2012]”) los investigadores Armando Chaguaceda y Ramón I. Centeno señalaron las contradicciones existentes entre reformas económicas y políticas:
Hace veinte años, las transformaciones más profundas se dirigieron al sector externo de la economía, con la esperanza de obtener las divisas que financiaran la inmutabilidad de la economía interna. La hipertrofiada expectativa de éxito de esta medida hizo que el gobierno cubano postergara mayores reformas al interior de su estructura socioeconómica que recién están encarándose ahora. A juicio de los autores, la actual reforma obedece más a imperativos políticos que económicos, ya que la sucesión de la generación de “combatientes de la Sierra Maestra” es inminente. Sin embargo, ningún aspecto es tan trascendente como la próxima ausencia de Fidel Castro, el Comandante en Jefe, quien dejará en Cuba un vacío de figura carismática.
La forma en que se resuelva (o no) este problema determinará el carácter de la transición política. Raúl Castro parece querer heredar la Revolución en las instituciones del régimen, reordenándolas para ello. Se trata no tanto de saber quién sustituirá a Fidel, sino en qué contexto institucional actuará la próxima dirigencia. Para resolver esta cuestión, la dirigencia ha decidido dar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Partido Comunista de Cuba el predominio en la transición. Por esta opción el modo de transición cubano es diferente al del Este europeo, donde sectores de la burocracia estatal y partidaria impulsaron las reformas políticas, y al asiático, donde el partido dirige la reforma económica, sin promover cambios políticos sustanciales.
En Cuba, los militares ocupan un rol cualitativamente diferente al resto de las experiencias socialistas. Por un lado, el actual Presidente fue el jefe de las FAR durante medio siglo, fomentando en ellas la eficacia administrativa y disciplinaria en la que formó a su actual equipo de colaboradores. Por otro, la agenda económica emanada del VI° Congreso del PCC realizado en 2010 está más cerca de los experimentos de mercado de los militares que de la ortodoxia estatista del Partido. Y aunque es cierto que la dirigencia de ambas instituciones forma un equipo de poder, Raúl Castro, confió más en los militares para emprender “una mayor apertura de mercado” que en el grupo más conservador de la burocracia partidaria [del PCC], señalan los autores.

Preponderancia militar y “cuentapropismo”.  

El cambio en la correlación de fuerzas FAR-PCC explica la proyectada expansión del “cuentapropismo”. Conviene además recordar que la reinserción de Cuba en las relaciones económicas internacionales fue una tarea emprendida por personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gracias a ello, la recomposición en la elite dirigente está en condiciones de conducir la reforma económica incluyendo en roles subordinados a los gerentes de las empresas cubanas que operan en el mercado mundial e integran una elite profesional que ya es parte de la actual dirigencia política, aunque por ahora tienen un rol pasivo gracias a un selectivo y riguroso reclutamiento.
Además, el Estado ha creado la Cámara de Comercio de la República de Cuba para sujetar los intereses gerenciales. Como consecuencia, la pequeña elite de cubanos que se han beneficiado de la reorientación del comercio exterior no cuestiona el statu quo, sino que lo perpetúa.
La reforma económica en curso no supone cambios políticos, porque el PCC aún no confía en la lealtad de los cuentapropistas. Por eso, el régimen es ambiguo hacia los actores del mercado cubano: mientras permite a los gerentes un nivel de vida privilegiado, trata con cautela a la pequeña propiedad privada y restringe sus ingresos. Es que unos provienen de la elite, los otros no. Con los gerentes siempre ha imperado el silencio público y el amor privado.
Por lo pronto, se está repitiendo la receta: enganchar a los cuentapropistas bajo una fórmula corporativa, pero afiliándolos a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en su calidad de trabajadores y no creando una estructura especial para ellos.
Debe observarse también la decisión incluida en el “Documento Base” del Congreso de 2010 por la que “se limita a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”. Para preparar su sucesión, Raúl Castro ha decidido organizar un mecanismo de circulación pacífica de los cargos burocráticos, para evitar que se produzcan disputas insalvables entre futuros agrupamientos de dirigentes.
Desde el punto de vista de la estabilidad política el problema que enfrenta Raúl Castro es el siguiente: las transformaciones deben ser suficientemente profundas como para aliviar la crisis crónica de la economía cubana y asegurar la gobernabilidad, pero lo suficientemente cuidadosas como para impedir la formación de actores autónomos que escapen al manejo corporativo del Estado cubano.
Raúl Castro, consciente del malestar social que las reformas pueden propiciar e interesado en maximizar la estabilidad política, ha apostado por postergar o dosificar ciertas medidas que pudieran desatar la ira popular. Por ello, con base en los resultados de la consulta popular conducida por el PCC, el Gobierno suspendió los despidos masivos de personal del Estado que habían sido anunciados en 2010 y los remplazó con otro grupo de medidas realizables. La primera fue la autorización para la compraventa de automóviles y casas.
Después, las peluquerías pasaron a manos de los peluqueros (barberos les llaman allí) como cuentapropistas y las cooperativas agropecuarias fueron autorizadas a vender sus productos sin intermediarios en los mercados y a las empresas turísticas. Luego se extendió la autorización para fundar cooperativas en otros sectores seleccionados no agrarios. Más adelante llegó una modesta reforma financiera por la que cuentapropistas y agricultores pequeños fueron autorizados para recibir créditos bancarios para inversión. Todos los cubanos fueron autorizados a solicitar crédito para reparaciones y remodelaciones habitacionales.
La propia elite gobernante actual es en parte producto del ascenso de burócratas ligados a los nuevos grupos de interés. Este fenómeno es resultado de las luchas entre articulaciones diversas de militares con burócratas y gerentes. El comercio exterior cubano post-soviético, realizado en divisas y en asociación con el capital extranjero, produjo inéditos privilegios de carácter monetario y en especie al que tiene acceso el sector de la elite hoy dominante. Sin embargo, la opulencia de estos individuos depende de su control temporal del cargo burocrático. Mientras esta situación dure, existe un interés colectivo en asegurar que las reformas económicas no socaven la dominación del sistema que asegura su posición social actual, con lo que queda prácticamente descartado que la elite conduzca una democratización que modifique el orden sociopolítico autoritario vigente en la Isla.
Quienes están más perjudicados en este proceso de transición son los sectores más pobres que no reciben divisas del exterior ni logran obtenerlas en la isla y no tienen ni siquiera un “microcapital” para emprender el trabajo por cuenta propia. Sobre ellos –que conforman la mayoría de la población cubana– es más acuciante la amenaza de pauperización, aumentada además por el riesgo del desempleo.
Hoy existen en el imaginario social cubano dos visiones predominantes sobre los cauces posibles de la economía. Para unos, la privatización de los centros de producción y servicios sería la panacea que resolvería el proverbial déficit de bienes de consumo, aportando la eficacia necesaria. Para el extremo “opuesto” es necesario persistir en el socialismo centralista y verticalista. Sin embargo, ambos proyectos excluyen formas democráticas y horizontales de gestión pública y actividad económica.
Frente a este falso dilema entre la restauración capitalista y el monopolio burocrático, poco a poco va ganando espacio un espectro de opciones alternativas relacionadas con la promoción de redes productivas sostenibles y de consumo solidario en zonas urbanas y rurales, con experimentos de autogestión en cooperativas y de interconexión entre cuentapropistas y con autoridades y poblaciones locales para la prestación de servicios en el espacio local.
Ciertamente se trata de experiencias escasas, aún aisladas y de futuro incierto, pero representan una opción alternativa que podría rescatar las conquistas sociales de la Revolución de 1959 bajo las condiciones de un mercado libre regulado y asegurar que la sucesión del poder omnímodo de los hermanos Castro se realice de modo verdaderamente democrático.

Cuba es nuestroamericana. 

Tanto los críticos internos del régimen cubano como la derecha internacional en todas sus variantes siguen comparando el proceso cubana con las transiciones a la democracia liberal y al capitalismo en los países que salieron de la hegemonía soviética en Europa Oriental. Sin embargo, tanto por los acentos nacionalistas de la ideología dominante, como por la importancia del liderazgo personal de los hermanos Castro, por el poder de las Fuerzas Armadas y su asociación con grupos empresarios enquistados en posiciones burocráticas y por la fuerza que tienen las llamadas “organizaciones de masas” como herramientas de movilización y control social la transición política cubana se parece más a los procesos de crisis y evolución de los nacionalismos de “Nuestra América”, como la llamó José Martí, que a cualquier experiencia europea.
Desde que la Revolución Bolivariana en Venezuela comenzó a tener dificultades económicas y ella misma afronta el problema de la sucesión después de la muerte de Hugo Chávez Frías, sus posibilidades de subvencionar a Cuba se redujeron. Esta limitación de los recursos externos obliga a la conducción cubana a acelerar los tiempos de la transición económica.
No obstante, la transición política aún no está definida. En ella se pueden reconocer dos etapas: 1) el gobierno de Raúl Castro, caracterizado por el mayor poder adquirido por las Fuerzas Armadas y los intereses corporativos de los gerentes de aquellos aparatos estatales que están vinculados con el comercio exterior; 2) cuando Raúl deje el poder, etapa cuya articulación dirigente aún se desconoce. Para prever esta futura segunda etapa de la transición compiten tres líneas de interpretación: a) quienes calcan las transiciones de los regímenes stalinistas de Europa Oriental al capitalismo y la democracia liberal y construyen una sucesión de pasos que van de la transición política administrada por fuerzas internas al régimen, pasando por su crisis total (acelerada por la intromisión occidental), para llegar a la fundación de un nuevo régimen político y económico liberal; b) quienes aplican los modelos chino y vietnamita en los que el cambio de régimen económico se realizó junto con el mantenimiento del régimen de partido único y c) quienes comparan la transición política cubana con los procesos nacionalistas latinoamericanos y prevén una larga y difícil convivencia de estructuras corporativas de poder, con un rol central para las Fuerzas Armadas, junto con el ascenso de nuevas fuerzas sociales y políticas encontradas. Entre éstas pueden primar, como en México, elites neoliberales vinculadas al capital internacional o, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela, nuevos actores políticos surgidos de movimientos populares y democráticos.
La transición no termina, hasta que nuevas reglas de juego se imponen a todos los actores. En Cuba hasta entonces será permanente y su curso, impredecible.