domingo, 13 de octubre de 2019

Aprovechar los conflictos internos del Imperio

La lucha por el poder en EE.UU. trae riesgos y oportunidades


Chocando con el “Estado profundo”, el presidente Trump pretende devolver a su país la energía primigenia, pero la agudización del conflicto puede poner la paz mundial en peligro

Eduardo J. Vior
Cuanto más aislado está Donald Trump, más belicoso se pone. Mientras buscaba sendas de negociación con China e Irán, fue acosado por el “Estado profundo”, que inició desde la Cámara de Representantes la preparación del juicio político por “colaboración para inmiscuir un poder extranjero en los asuntos internos de EE.UU.” Si los conspiradores pensaban que el presidente se arredraría, estaban equivocados: el pasado lunes 7, después de una dura negociación con su par turco, Recep Tayip Erdoğan, ordenó el retiro de las fuerzas norteamericanas del norte de Siria, abriendo el camino a que turcos, kurdos y sirios se pongan de acuerdo o se destrocen en una nueva guerra, …pero sin la participación del US-Army. Tanto republicanos como demócratas se oponen a esta decisión y se disponen a impedir la reelección del mandatario, pero éste no cesará de pujar por su política internacional independiente. En los próximos meses la lucha por el poder en Washington va a arreciar, trascendiendo las fronteras de EE.UU. Para las naciones sometidas este desorden presenta riesgos mortales, pero ofrece también cuotas de independencia.
El pasado viernes 11 EE.UU. y China alcanzaron un acuerdo preliminar para disminuir las tensiones comerciales entre ambas potencias, pero excluyendo otros temas álgidos. “Llegamos a un entendimiento muy sustancioso para la primera fase”, anunció el presidente Donald Trump junto al viceprimer ministro chino Liu He. “Hemos arribado a un compromiso que todavía debe ser formulado por escrito”, explicó el mandatario. Al mismo tiempo confirmó que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por su nombre en inglés) que se realizará en Santiago de Chile el 16 y 17 de noviembre de 2019.
El acuerdo inicial alcanzado el viernes incluye las reglas para el uso de la propiedad intelectual, los servicios financieros y el compromiso chino de comprar productos agropecuarios norteamericanos por un valor aproximado de 40 a 50 mil millones de dólares, así como la promesa norteamericana de no implementar el aumento de 25 a 30% en las tarifas aduaneras previsto para la semana próxima. Ya el miércoles 9 la Casa Blanca había dejado trascender que pronto autorizaría a empresas estadounidenses a proveer al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei bienes con tecnologías “no sensibles”.
Este entendimiento de mínima es un gran favor que ambos presidentes se hacen mutuamente. En enero comienzan los comicios primarios, como siempre, en el Medio Oeste y los granjeros quieren saber hasta entonces si pueden seguir votando a los republicanos o si la guerra comercial los hará cambiar de opción. Xi, por su parte, necesita urgentemente mantener el crecimiento de la economía china, a la cual una nueva ronda de suba de aranceles norteamericanos habría dañado seriamente.
Con el acuerdo Trump pretende también acallar las críticas de demócratas y republicanos contra la retirada del US-Army de Siria. Después de su conversación con Erdoğan, éste ordenó el avance de su ejército para desplazar a las milicias kurdas de la frontera siria con Turquía. Traicionando a su mejor aliado en la región el presidente norteamericano pretendía cumplir su promesa electoral de 2016 de “traer a los muchachos a casa”, pero chocó con sus aliados en Oriente Medio y los bloques legislativos de ambos partidos, sin ganar a cambio el apoyo de Rusia e Irán. Entonces comenzó a presionar a Turquía para que “no se exceda” en su operación, un límite impreciso que autoriza cualquier cosa.
Las idas y vueltas del presidente responden a su búsqueda de huecos por los cuales colar su estrategia de retirada a posiciones seguras y de concentración en pocos objetivos, que permita a EE.UU. recuperar la iniciativa, pero está sitiado: justo el ‎mismo día en el que pretendía anunciar su plan de paz para Medio Oriente ante la Asamblea General de ‎la ONU, el United States Institute for Peace (USIP), dependiente del Departamento ‎de Defensa, publicó un informe sobre Siria en el que aconsejó reactivar allí ‎la guerra. También ese día la presidenta demócrata de la Cámara de ‎Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio de la indagatoria contra ‎el presidente por la presión que éste ejerció en agosto pasado sobre su colega ucraniano, Volodymir Zelensky, para obtener información sobre los negocios del hijo del precandidato presidencial demócrata Joseph Biden en Kiev.
Donald Trump hizo rápidamente los cálculos: aunque los representantes aprueben la elevación a juicio de los cargos contra el mandatario, en el Senado necesitarían el apoyo de por lo menos 20 republicanos, para poner en marcha el juicio. Es dudoso que en plena campaña electoral algún miembro del GOP (sigla oficial del Partido Republicano) quiera aparecer como “traicionando” al presidente. Confiado en este cálculo, el habitante de la Casa Blanca ha prohibido a todos sus funcionarios comparecer ante la comisión indagatoria de la Cámara, una medida ilegal, pero efectiva, para impedir la explotación mediática de sus testimonios.
El jefe de Estado puede resistir la presión legal y mediática de las fuerzas combinadas que abogan por volver al globalismo de los últimos treinta años, pero es improbable que hasta la elección de 2020 logre avanzar un ápice en su programa nacionalista. Trump creía ‎haber controlado al “Estado profundo” organizado durante la Guerra Fría (1947-89), ‎para gobernar el país en caso de conflicto nuclear, pero es evidente que éste se ha convertido en una “red de redes” del poder occidental imposible de doblegar. Como acertadamente sintetizó Th. Meissan (https://www.voltairenet.org/article207782.html), “desde el ‎‎11 de septiembre de 2001 la función del presidente es casi exclusivamente ‎mediática. Quienes deciden la política desde la sombra ‎son individuos no electos por el pueblo y los aliados de EE.UU. no obedecen al presidente de éstos sino al ‘Estado profundo’. (…) ‎Sólo Rusia y China son verdaderamente independientes.”
Donald Trump ha demostrado sobradamente que, cuando está acorralado, ‎se vuelve una fiera. Fiel a su modelo, el general Andrew Jackson (1829-37), el presidente aspira a mostrarse ante el pueblo blanco‎ como el abanderado de los trabajadores y agricultores contra la oligarquía de Washington. Se avecina un duro año pleno de contradicciones y luchas internas en la política de los Estados Unidos y sus aliados. Hasta la elección de noviembre de 2020 las facciones que pujan por el poder en la principal potencia del globo darán bandazos violentos y peligrosos, muchas veces a costa de terceros, pero la inestabilidad mundial ofrecerá también una chance a los liderazgos claros y enérgicos que busquen la independencia y la paz. Sólo hay que conocer el rumbo y aferrarse al timón.

domingo, 6 de octubre de 2019

La crisis de conducción en EE.UU. nos da una chance

Cuando el gato se distrae, los ratones bailan sobre la mesa

5 de octubre de 2019
El enfrentamiento entre el “Estado oculto” y Donald Trump paraliza la capacidad de respuesta de EE.UU. y da una oportunidad a los movimientos populares latinoamericanos

Eduardo J. Vior
Dice el refrán popular que “cuando el gato no está, los ratones bailan sobre la mesa”. Hasta hace dos meses los proyectos neocoloniales tenían en América Latina dificultades de implementación, pero perspectivas de éxito. Tanto en el Medio Oriente ampliado como en Europa Suroriental el panorama era el mismo. Sin embargo, apenas Donald Trump se desembarazó de su asesor John Bolton, el “Estado profundo” se alzó contra él, paralizando la política exterior norteamericana y abriendo un espacio para que los pueblos del continente retomen la iniciativa. ¿Es sólo un accidente o la Historia ha cambiado de rumbo?
Al comenzar el paro nacional de los transportistas contra los aumentos de los combustibles decretados por el presidente Lenin Moreno en cumplimiento del acuerdo con el FMI, el jueves 3 y el viernes 4 se dieron en todo Ecuador violentos enfrentamientos entre policía, ejército y manifestantes. Las protestas se extendieron a gran parte del país. En Guayaquil, además de bloqueos de rutas, hubo saqueos a locales comerciales. Liderados por los transportistas, indígenas y estudiantes, los manifestantes protestan contra las medidas de ajuste económico anunciadas el martes por el presidente quien el mismo jueves decretó el estado de excepción. En su paquete Moreno impuso una contribución especial a las empresas con ingresos de más de US$10 millones al año, la baja de salarios de hasta un 20% en contratos temporales del sector público, la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y un aporte de un día de salario mensual. Pero la medida que causó más polémica de todas fue la eliminación de los subsidios a los combustibles. Por supuesto, el FMI dijo en un comunicado que las medidas “tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana”. Aún es temprano para medir el alcance de la resistencia contra el ajuste y habrá que esperar la llegada a Quito de la marcha indígena en curso, pero llama la atención la falta de sentido de oportunidad en su aplicación.
Entre tanto, una fuerte crisis política estalló este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso, una facción de éste en rebeldía votara su “suspensión” y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta interina”. Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas para el próximo 26 de enero. El presidente se pronunció así después de que el Congreso procediera a elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional desconsiderando la moción de confianza que el presidente había presentado.
El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados reaccionarios, respondió en rebeldía y votó una resolución para “suspender” por “incapacidad moral” a Vizcarra, remplazándolo por la vicepresidenta quien, sin embargo, cedió en su intento al día siguiente, después de constatar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyaban al presidente. Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el fujimorismo ganó la mayoría parlamentaria y Pedro Pablo Kuczynski la presidencia. Éste último debió renunciar en 2018, acusado de haber recibido coimas de la brasileña Odebrecht y fue remplazado por su vicepresidente Vizcarra, quien asumió la misión de enfrentar la corrupción. Para ello, se enfrentó con el Congreso que boicoteó sus iniciativas. Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio pasado un adelanto de las elecciones para la presidencia y el Congreso, pero la propuesta fue archivada sin debate por el Parlamento. De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Para frenar esta maniobra destinada a dar impunidad a los procesados, el jefe de Estado, en simultáneo con la disolución del Congreso convocó a elecciones parlamentarias anticipadas para el 26 de enero de 2020. Los nuevos legisladores completarán hasta julio de 2021 el periodo constitucional del Parlamento disuelto. Si bien en el caso peruano, a diferencia del ecuatoriano, se entiende el porqué del momento buscado por el mandatario, por el contrario, no se comprende la falta de realismo de sus adversarios en la apreciación de la relación de fuerzas.
En Brasil, en tanto, el Senado aprobó la reforma previsional enviada por el gobierno de Jair Bolsonaro, pero con tales recortes al proyecto originario, que no sólo la desnaturalizó completamente, sino que concedió a los estados partidas presupuestarias suplementarias que aumentan su poder de negociación ante el gobierno central. Las modificaciones han quitado a la privatización del sistema de reparto todo atractivo que pudiera concitar el interés de los fondos internacionales de inversión, finalidad principal del ministro de Economía Paulo Guedes, al mandar el proyecto al Congreso. Nuevamente se plantea en este caso la pregunta sobre el sentido de la oportunidad que tuvo el gobierno al someter a la discusión parlamentaria un proyecto de ley tan trascendente, sin haberse asegurado previamente el apoyo de los legisladores, especialmente de los senadores, que representan la quintaesencia del conservadurismo regional.
Ya la semana pasada el gobierno de Colombia tuvo que desplazar al jefe de la Inteligencia Militar, después de que se reveló la falsedad de las fotos presentadas por el presidente Iván Duque ante la Asamblea General de la ONU, con las que pretendía demostrar la complicidad del gobierno de Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El papelón, sumado a las declaraciones de Lilian Tintori, la esposa del encarcelado ultraderechista venezolano Leopoldo López, en las que reconoció el apoyo recibido de los paramilitares colombianos, quebraron el frente antivenezolano en Naciones Unidas.


La desubicación y falta de oportunidad de la extrema derecha suramericana se explica por el cambio de rumbo de la estrategia mundial de EE.UU. Desde 2002 el Pentágono y los servicios de inteligencia norteamericanos orientaron su accionar internacional según la estrategia diseñada por el exsecretario de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld, y su asistente, el almirante Arthur Cebrowski. Esta línea de acción supone que en el mundo no hay recursos suficientes, para asegurar a toda su población un nivel de bienestar similar al de los países centrales. Por lo tanto, EE.UU. y sus aliados debían dividir y fragmentar a los estados del Sur global, para aprovechar sus recursos, asegurar su supremacía y mantener su bienestar. Un instrumento privilegiado de esta política es el tráfico y consumo de drogas, tanto por sus efectos sociales deletéreos como por las ingentes ganancias que genera.
La crisis mundial de 2007/09, primero, el crecimiento de China hasta convertirse en la segunda potencia del mundo y el curso independiente que adoptó Rusia bajo Vladimir Putin frenaron la expansión globalista. La intervención rusa en la gran batalla de Siria a partir de 2015 y la derrota de la estrategia norteamericana-sionista en el Oriente Medio ampliado llevaron a un sector de la derecha norteamericana a aceptar el fracaso de su estrategia y a entender que, si querían preservar a EE.UU. como potencia mundial, debían reducir su nivel y ámbito de exposición. Este es el núcleo de la estrategia mundial de Donald Trump quien, sin embargo, se ha visto limitado por el “Estado profundo”.
Al remover al asesor de Seguridad Nacional John Bolton a principios de septiembre, el presidente esperaba recuperar la delantera. Sus enemigos denunciaron, entonces, la intervención del mandatario ante el presidente de Ucrania, para ensuciar al precandidato demócrata Joseph Biden, e iniciaron el proceso preliminar al juicio político. Esta crisis se está manifestando ya en un vacío de conducción de la política exterior norteamericana que el secretario de Estado Mike Pompeo intenta llenar alineándose aparatosamente con el presidente. No obstante, el jefe de Estado está demostrando que no se deja engañar por las provocaciones que montan el jefe de la diplomacia y la CIA. El enfrentamiento entre el globalismo que permea todo el Estado norteamericano y la facción nacionalista liderada por Donald Trump está paralizando la política de EE.UU. en muchos escenarios mundiales, entre ellos América Latina. En esta impasse se cuelan ahora los procesos populares en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay.
Después de 1870 el canciller prusiano/alemán Otto von Bismarck justificaba la decisión de ir sucesivamente a la guerra contra Austria-Hungría y contra Francia, para alcanzar la unidad nacional de Alemania, explicando que los designios de la Historia son inexorables, pero que ésta, a veces, pasa fugazmente por el teatro de los grandes acontecimientos. En ese momento, decía, hay que aferrarse al faldón del manto de la Historia, para torcer su rumbo y tornarla favorable. Es muy temprano para saber si la estrategia continental de EE.UU. ha dado un vuelco o sólo se encuentra en una crisis coyuntural, pero la oportunidad no se puede desaprovechar.

sábado, 28 de septiembre de 2019

Israel amenaza detonar una gran guerra regional

Por la paz, Netanyahu debe ser controlado por la razón o la fuerza

Después de perder la elección del martes 16, el primer ministro israelí pretende hacer todo lo posible para perpetuarse en el cargo y no ir a la cárcel, incluso iniciar una gran guerra regional
por Eduardo J. Vior
Infobaires24
28 de septiembre de 2019
Eduardo J. Vior
Luego de que el miércoles 25 el presidente de Israel, Reuven Rivlin encomendara a Benyamin Netanyahu la formación de un gobierno de “unidad nacional”, su contrincante, el exgeneral Benny Gantz, le reclamó “unidad en serio”. Como es altamente probable que el primer ministro no logre complicar a los opositores en su propia estrategia y formar un gabinete con mayoría parlamentaria, ya se dibuja en el horizonte el anuncio de una nueva elección. Hasta entonces el jefe de Estado quiere que el procesamiento del líder derechista por corrupción lo aleje del poder, mientras éste espera que la llamada “paz del siglo” urdida por el yerno de Donald Trump o, en su defecto, una gran guerra contra Irán lo salven de la cárcel. Es una carrera contra el tiempo con vencedor incierto.
La situación postelectoral es intrincada. Aunque la alianza opositora Kahol Lavan (Azul y Blanca, por los colores de la bandera israelí) ganó 33 bancas y el gobernante Likud sólo 31, el presidente se decidió a encargar a Benyamin Netanyahu la formación de gobierno, porque éste parece en condiciones de alcanzar el apoyo de la necesaria mayoría parlamentaria de 61 diputados. De acuerdo a la Constitución, el primer ministro encargado tiene ahora 28 días, con una prórroga suplementaria de 14 días, para presentar un programa y un gabinete que le permitan gobernar los próximos cuatro años. Si al final de ese lapso no tiene éxito o el parlamento la niega la confianza, el jefe de Estado debe otorgar un tiempo similar al líder de la segunda alianza más votada.
Apenas recibida la nominación, Netanyahu llamó a formar un gobierno de “unidad nacional” argumentando que la “reconciliación” es imprescindible por las amenazas de Irán y el próximo anuncio del “plan del siglo” que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, ha venido tejiendo para alcanzar la paz entregando Jerusalén completa a Israel e incorporando a ésta los asentamientos sionistas en Cisjordania. Para apresurar el acuerdo, los líderes conservadores propusieron acordar un sistema de rotación, por el cual Netanyahu y Gantz ejercerían el mando sucesivamente por dos años, pero el entendimiento fracasó ante el desacuerdo sobre el orden de precedencia. Tan grande es la desconfianza hacia el actual primer ministro que los líderes de la Azul y Blanca descreen de que, si Netanyahu ejerce primero el cargo, esté después dispuesto a cederlo a su socio y rival.
Para reforzar su presión sobre la oposición, el miércoles el primer ministro dejó trascender que, si en una semana no hay acuerdo, va a devolver el encargo al presidente. De este modo Benny Gantz y sus aliados quedarían ante la opinión pública como los “enemigos de la unidad nacional” en momentos de riesgo.
Por ahora la coalición opositora sigue unida contra el primer ministro y confiando en que la imposibilidad de formar gobierno y el avance de las causas judiciales lo saquen del juego. A esta esperanza contribuye también el proyecto de reforma de la ley de habilitación de los jefes de gobierno que el presidente acaba de mandar al parlamento. Según el mismo, ningún primer ministro puede ser ratificado por la Kneset, si él o sus familiares directos están procesados por corrupción. Si el proyecto se convierte en ley y la semana próxima el fiscal general del Estado eleva a juicio la imputación a Netanyahu por tres casos de corrupción, el primer ministro podría proseguir con el armado de una coalición de gobierno, pero –aun si tuviera éxito- no podría presentarse a la votación parlamentaria.
Aunque dentro de Kahol Lavan existe una pequeña facción conciliadora, ninguno de los tres socios de Benny Gantz en la alianza está dispuesto a asociarse con el primer ministro encargado. En esta resolución se conjugan el resentimiento por los tejes y manejes de Netanyahu con el cálculo de que, si el jefe de gobierno fracasa en la formación de gabinete, la tercera elección lo sacará del cargo que ocupa desde 2009. Sin embargo, el primer ministro sigue siendo el candidato incuestionado de su alianza entre el centroderecha, la derecha y los partidos religiosos y dispuesto a dar pelea. Tanto más cuanto que espera que, en tanto primer ministro, el Fiscal General Avichai Mendelblit no se atreva a llevarlo a juicio por coimas varias. Para subir la apuesta, el jueves 26 propuso que las audiencias del miércoles y jueves próximos sean televisadas.
En realidad, la verdadera novedad que trajo la elección del martes 16 reside en el aumento del voto por los partidos de la minoría árabe, potenciado por la unidad alcanzada por un espectro que abarca desde los comunistas hasta los islamistas. El sistema electoral israelí ha permitido que las 13 bancas cosechadas por la Lista de Unidad -convirtiéndose en la tercera fuerza de la Kneset- redujeran proporcionalmente la representación de la derecha. Es la primera vez en 71 años que la minoría árabe (22% de la población y en aumento) alcanza tal peso parlamentario. Hasta ahora ninguna de las fuerzas sionistas o religiosas se atreve a pedir su apoyo, pero, si Likud y la Azul y Blanca forman una gran coalición sin los árabes, éstos se convertirán en la principal fuerza opositora y su líder, Ayman Odej, tendrá el derecho a ser convocado semanalmente a consultas con el primer ministro en las que también se discute información reservada. O sea, que, en el actual estado de cosas, los líderes árabes deberían cogobernar o ser la primera oposición. Para eludir esta ominosa perspectiva, los partidos sionistas y religiosos buscan enérgicamente una tercera elección.
No obstante, el liderazgo árabe israelí se halla ante un dilema: por un lado, si no interviene en la formación de un gobierno de coalición, aunque sea con un apoyo crítico y condicionado desde el parlamento, convalidará un posible pacto entre Benyamin Netanyahu, que quiere anexionar Cisjordania, invadir Gaza y desatar una guerra contra Irán, y Benny Gantz, el “carnicero de Gaza”, quien como Jefe del Estado Mayor Conjunto (2011-15) cometió horribles crímenes contra la población civil de la Franja. Por el contrario, si se compromete demasiado en el apoyo a un eventual gobierno de la Azul y Blanca, se hará cómplice de las acciones criminales del Estado de Israel contra los palestinos. Para tratar de zafar del intríngulis, el viernes 27 llevaron a los líderes opositores un catálogo de condiciones (aún no difundidas) bajo las cuales estarían dispuestos a dar apoyo parlamentario a la candidatura de Benny Gantz a la jefatura del gobierno. De todos modos, el pliego no fue acompañado por la Asamblea Nacional Democrática (Balad), uno de los cuatro integrantes de la Lista de Unidad, la que se abstuvo.
La extrema dependencia del éxito militar y del mantenimiento del apartheid en la que se mueve la política israelí impide que surjan proyectos positivos, agudizando la fragmentación de su sistema de partidos y los odios entre sus líderes. En estas condiciones su sistema político está paralizado, lo que potencia el encaramamiento de extremistas que pueden hacer volar el polvorín mediooriental. Si las grandes potencias son incapaces de meter a Israel en caja, habida cuenta de la escasa sensatez y capacidad de sus dirigentes para hallar una solución, en los próximos meses la paz mundial dependerá en buena parte del temor que los grandes y pequeños actores del Medio Oriente puedan infundirle. No es una alternativa deseable, pero realista.

sábado, 14 de septiembre de 2019

¿La política exterior de EE.UU. retorna a la racionalidad?


Al despedir a Bolton, Trump acerca la paz y su reelección

El relevo del Consejero de Seguridad Nacional reduce los riesgos de guerra con Norcorea, Irán y Venezuela. Si el domingo 15 Netanyahu pierde, quizás lo siga Pompeo
por Eduardo J. Vior
Infobaires24
14 de septiembre de 2019
Eduardo J. Vior
“Cuando veas las barbas de tu vecino mesar, pon las tuyas a remojar”, reza el refrán español. Al echar el martes pasado a John Bolton, Donald Trump recuperó buena parte del comando sobre la Casa Blanca. Para alcanzar su reelección en noviembre de 2020, el mandatario quiere retirar las tropas de Afganistán y Siria, acordar con Irán y pacificar Corea y Ucrania. En pos de estos objetivos, no duda en sacrificar a los neoconservadores que lo rodean y al primer ministro israelí Benyamin Netanyahu. Pero deberá esforzarse mucho, porque está retrasado en las preferencias de los electores y sus enemigos son muchos y poderosos.
Donald Trump adujo el atentado que se produjo en Kabul el jueves 5 como motivo para cancelar la reunión cumbre entre el gobierno afgano y los talibanes que estaba prevista para el sábado 7 en Camp David, cerca de Washington. Sin embargo, hasta ahora ningún presidente norteamericano había cancelado negociaciones de paz, porque se siguiera combatiendo, a menos de que se hubiera violado una tregua concertada. Más bien, es probable que haya renunciado al encuentro, para no pelearse al mismo tiempo con todos sus oponentes en el Partido Republicano. Según informó Fox News el martes 10, tanto el vicepresidente Mike Pence como el senador Lindsey Graham y los generales retirados David Petraeus y Jack Keane se oponían a la cumbre.
El presidente quería mostrarse sonriente ante las cámaras con el presidente de Afganistán y el líder de la insurgencia talibán y así presentarse como “el presidente de la paz”. De hecho, en la campaña electoral de 2020 pretende explotar el raro récord de ser el primero desde Grover Cleveland (1893-97) que no empieza ninguna guerra. Sin embargo, los militares descreen que los talibanes vayan a respetar eventuales acuerdos y Bolton se negaba a invitar a una organización “terrorista”. El secretario de Estado Mike Pompeo, por el contrario, no tuvo empacho en defender la propuesta presidencial en cuanto talk show encontró.
Por ahora parecería que Pompeo ganó la partida. Tiene importantes aliados en el Departamento de Defensa y en la CIA de la que fue director entre 2017 y 2018, aunque sus estrechos vínculos con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu atan su continuidad en el cargo al triunfo de éste último en la elección del próximo domingo 17. Si el jefe del gobierno de Tel Aviv es derrotado, irá a la cárcel por corrupto y el secretario de Estado probablemente pierda el cargo.
El despido de Bolton y el retiro del apoyo de Donald Trump trajeron augurios funestos para Benyamin Netanyahu. Israel vota el domingo 16 por segunda vez en el año en una elección en la que –todos los observadores coinciden- se juega el carácter del Estado. Ya incriminado por corrupción, el primer ministro ha convertido la compulsa en un referendo sobre su persona. Si gana, ha advertido reiteradamente, va a anexar los asentamientos judíos en Cisjordania, haciendo imposible la organización de un Estado palestino. Sería el paso previo al avance de la frontera israelí hasta el río Jordán, lo que –como advierten sus críticos- significaría el fin del sionismo. Los fundadores del Estado de 1948 querían erigir una entidad mayoritariamente judía con una democracia liberal limitada por el rabinato. Si Israel incorpora Cisjordania, se convertirá en un Estado minoritariamente judío que gobierna a una mayoría árabe. Para detener este proceso, un grupo de militares retirados promueve la candidatura de Benny Gantz, exjefe del Estado Mayor, con grandes chances de vencer, según los últimos sondeos. En caso de que Netanyahu pierda, es posible que vaya preso y, de todos modos, Donald Trump se reúna la semana próxima con el presidente iraní Hassán Rouhaní aprovechando la Asamblea General de la ONU. El mayor temor de los neoconservadores e israelíes es que Trump reduzca las sanciones contra Irán a cambio de concesiones sobre el programa nuclear y el de cohetería.
No obstante el desplazamiento de Bolton y la eventual derrota de Netanyahu, Trump va a tener mucho trabajo para convencer a los congresistas republicanos de la conveniencia de llegar a un compromiso con Irán cuyo debilitamiento y aislamiento es una bandera que ningún conservador norteamericano arría, no sólo por razones ideológicas.
Mike Pompeo se presenta todavía como el más fiel seguidor del presidente, pero la eventual derrota de Netanyahu y un diálogo con Irán debilitarían su poder. No obstante, como aspira a candidatearse para el Senado por Kansas, probablemente trate de guardar un perfil bajo, buscando apaciguar el amor del mandatario hacia los ayatolás y el mediador Emmanuel Macron.
La salida de Pompeo del gabinete sería la solución ideal para Trump, así podría tomar el control de la política exterior y liberarse de la presión de Sheldon Adelson, el magnate de los casinos que controla al Partido Republicano (GOP) y, quizás, al futuro gobierno de Israel.
En la campaña presidencial de 2016 y en la legislativa de 2018 Sheldon y su esposa Miriam Adelson, Paul Singer y Bernard Marcus contribuyeron para los principales candidatos republicanos con un total de 259 millones de dólares. Del esas donaciones, 205 millones fueron hechas por los Adelson, incluyendo una porción de 35 millones para la campaña de Trump en 2016. Fue también Adelson quien propuso al presidente que designara a Bolton a quien también financia. Mientras tanto, Paul Singer se definía como “un conservador no trumpista”, hasta que el presidente ganó y él donó un millón para la fiesta inaugural. Singer es el más callado de los donantes conservadores, pero financia a los dirigentes más agresivos, especialmente a los más antiiraníes. Todos estos financiadores reclaman la destrucción de la República Islámica. Aunque Adelson rompió hace pocos meses con Netanyahu, luego de que la policía israelí le informara sobre las maniobras del “Bibi” para favorecer a la competencia de su emporio de medios, es impensable que acepte un acercamiento entre EE.UU. e Irán.
La salida del Consejero de Seguridad Nacional aleja varios riesgos bélicos a la vez y da al presidente un poco más de libertad para ejecutar su política internacional. Sin embargo, Mike Pompeo es tan reaccionario como Bolton, aunque sea más astuto y callado, y los servicios de inteligencia y el Pentágono tienen intereses hasta corporativos en la continuidad de las guerras en las que está enfrascado EE.UU. Los financiadores del Partido Republicano quieren la destrucción de Irán y los demócratas se están uniendo contra el presidente. Por ahora es muy difícil prever quién sucederá a Bolton. Después de la elección del domingo en Israel sabremos más. De todos modos, por ahora, el mundo respira aliviado.

sábado, 7 de septiembre de 2019

Boris Johnson juega va banque

Gran Bretaña orilla un golpe de estado con efectos mundiales

Las derrotas parlamentarias sufridas por Boris Johnson y su grupo de aventureros pueden inducirlos a violar la ley y buscar la legitimidad en las calles con apoyo de la Corona
por Eduardo J. Vior
Infobaires24
7 de septiembre de 2019
Eduardo J. Vior
En la semana que pasó el primer ministro británico Boris Johnson fue derrotado en tres votaciones cruciales en la Cámara de los Comunes: primero, la mayoría quitó al gobierno la facultad de fijar la agenda de las negociaciones con la Unión Europea sobre la salida del país del bloque comunitario. Al día siguiente, una segunda ley determinó que el Reino Unido sólo se retirará de la Unión mediante un acuerdo, o sea que prohibió el “Brexit duro”, la salida al 31 de octubre sin ningún tipo de entendimiento. Finalmente, el jueves le bloqueó la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas, antes de que se firme un convenio con la UE regulando la salida. Curiosamente, la Cámara de los Lores la siguió sin chistar.
En comunicaciones informales con parlamentarios conservadores el viernes Johnson todavía insinuó la posibilidad de desconocer el mandato parlamentario y no pedir a Bruselas una postergación del Brexit, pero los laboristas inmediatamente le advirtieron que puede ir preso. Como a más tardar el  próximo jueves el Parlamento entra en un receso forzoso hasta el 12 de octubre, cuando la reina abra el nuevo período de sesiones, no podrá controlar lo que el jefe del gabinete haga hasta entonces. Sin embargo, entre sus ministros todavía quedan pruritos de legalidad. Los medios dan cuenta de que algunos de ellos expresan dudas y temores: “es difícil avizorar una salida para Boris Johnson. Da la impresión de haberse jaqueado a sí mismo”, dicen. El primer ministro podría, por ejemplo, presentar una moción de censura contra sí mismo, una táctica desconocida en el Parlamento británico. Si le sale bien, puede apresurar la convocatoria a elecciones. Si no, se acabó su carrera.
El primer ministro parece haber calculado que los laboristas caerían en la trampa de seguir su convocatoria a elecciones, pero los opositores lo aplastaron con una lógica abrumadora de sucesivas votaciones interconectadas.
Gran Bretaña se halla en una profunda crisis constitucional y política de la que el conflicto sobre el Brexit es sólo un síntoma. Desde hace 67 años está regida por Elizabeth II, quien a menudo ha hecho sentir su “poder moderador” sobre las instituciones para mantener un orden conservador y estamental a contramano de la modernización de su sociedad. Ahora tiene 93 años, pero insiste en intervenir en política, aunque ya no puede. Su sucesor, Charles, tiene ya 71 años y ninguna voluntad de asumir el trono. El hijo de éste,  William, finalmente, podría hacerse cargo a sus 35 años, pero la abdicación de un heredero no tiene antecedentes desde 1936 y en aquel entonces creó una crisis mayor.
El sistema electoral sigue rigiéndose por el principio de que “el que gana se lleva todo”, de modo que la mayoría relativa en cada distrito recibe la representación del total. De esta manera, millones de ciudadanos carecen de representación parlamentaria. Consecuentemente, desde el estallido de la crisis de 2008/09 los partidos tradicionales se han deslegitimado mucho y formaciones menores han recibido un gran ímpetu. Así, primero el UKIP (Partido para la Independencia del Reino Unido), que forzó en 2016 el referendo sobre el Brexit y el partido Pro-Brexit, que en la elección europea de mayo pasado sacó el 35% de los votos (ambos fundados sucesivamente por Nigel Farage) acumularon un caudal electoral sin otro programa que la salida de la UE, pero que impide estabilizar cualquier gobierno.
El gabinete que Boris Johnson preside desde el 25 de agosto pasado representa, en este contexto, el intento de un grupo de fascinerosos íntimamente vinculados con la más rancia oligarquía británica, para apropiarse demagógicamente de ese caudal electoral, dar un golpe constitucional e instaurar un Estado autoritario e imperialista con una máscara parlamentaria. Desde el exbanquero Sajid Javid, que devino Canciller del Tesoro, pasando por el secretario del Foreign Office Dominique Raab, quien alguna vez propuso que las escuelas públicas debían hacer negocios para financiarse, siguiendo por la secretaria del Interior Priti Patel, ligada a lobbies mineros e israelíes, continuando por el secretario de Justicia Michael Gove, administrador de las 18.000 hectáreas privadas de la soberana, hasta Matt Hancock, el secretario de Salud, que permanece en el cargo para privatizar el sistema nacional de salud, todos los miembros del gabinete de Johnson representan a grandes fondos financieros británicos y del Golfo, empresas de logística y transportes, de minería o similares, pero a ninguna productiva. Han llegado al gobierno, para hacer un gigantesco negocio financiero con lo poco que dejó Margaret Thatcher hace treinta años.
Pero van más allá: quieren eliminar los restos de derechos laborales, sociales, sanitarios y medioambientales que los británicos todavía tienen. Rechazan las regulaciones impuestas por la UE, su Carta de Derechos, la libre circulación de las personas y el control antimonopólico de Bruselas. En suma, es un grupo de saqueadores que se ha propuesto convertir a Gran Bretaña en una Australia europea, destruyendo las barreras protectoras que su pueblo erigió desde la Segunda Guerra Mundial y entregándola a la voracidad de las grandes corporaciones y de la alianza con EE.UU. Para ello necesitan romper radicalmente y sin acuerdo con la Unión Europea.
Los partidos opositores y los recientes tránsfugas del conservadurismo confían en detenerlos con medios legales y judiciales, pero de las centenarias tradiciones del reino este grupo sólo recupera la avidez y agresividad que en algún momento lo convirtieron en primera potencia mundial. No obstante, quizás prime el “sentido común” conservador y se sometan a las leyes y sus instituciones. Pero ya varias veces en su historia en situaciones de crisis severa la monarquía no ha tenido empacho en saltarse la Constitución y las leyes para salvarse. En las próximas semanas el poder se va a dirimir en las calles y en los medios. Dadas las encuestas recientes, en ese terreno el aventurero de 55 años puede llevar las de ganar. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn, quien en 2015 conquistó la conducción contra la dirigencia partidaria apelando a la movilización de las bases, deberá volver a las fuentes. Quien sea más arrojado vencerá.
Las consecuencias para el mundo y, en particular, para quienes sufrimos desde siempre la agresión británica, pueden ser terribles. Hay que prepararse para años muy negros.

sábado, 24 de agosto de 2019

La corrupción llega de Asunción a Brasilia

La profunda crisis paraguaya desestabiliza la Cuenca del Plata 

A pesar de que un pacto espurio entre facciones del oficialismo salvó a Mario Abdo del juicio político, Bolsonaro quedó implicado y el acuerdo por Yaciretá está cuestionado

por Eduardo J. Vior
Infobaires24
24 de agosto de 2019
Eduardo J. Vior
Mientras que los incendios en la Amazonia ayudan a Jair Bolsonaro a distraer la atención pública nacional e internacional, continúa la crisis de la trama entre negocios energéticos y el narcotráfico que gobierna Paraguay, ya comienza a afectar al presidente brasileño y su familia y pone en discusión el acuerdo con Argentina sobre Yaciretá. La lucha por el control de Paraguay fermenta pronta a estallar.
Si bien el contubernio entre Mario Abdo Benítez y su antecesor, Horacio Cartes, salvó el martes 20 al primero del juicio político, la presión de la oposición y la indignación ciudadana impiden silenciar la crisis desatada por las revelaciones sobre la negociación secreta con Brasil en torno a la compra/venta de la energía de Itaipú. El gobierno paraguayo ha quedado gravemente debilitado y su flaqueza contagió a su socio brasileño, después de que la Cámara de Diputados, en Brasilia, comenzó a investigar el rol de la familia presidencial en el arreglo ilegal. Entre tanto, el entuerto internacional alcanzó a Yaciretá, sobre la cual Argentina y Paraguay firmaron en 2017 un acuerdo ahora cuestionado por la oposición paraguaya.
La polémica por la firma secreta de un entendimiento entre Brasil y Paraguay sobre Itaipú promete seguir acosando al presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien el martes zafó de un juicio político gracias a un compromiso de unidad de los diputados oficialistas. Sin embargo el escándalo ahora salpica al expresidente Horacio Cartes, quien en 2017 firmó un acuerdo con Mauricio Macri por Yacyretá que fue rechazado por la oposición paraguaya denunciando daños para el país.
El miércoles por la tarde, en diálogo una entrevista radial, el líder del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, asimiló el acuerdo Cartes-Macri al firmado recientemente con Brasil, por su secretismo. Según Alegre, el documento sobre Yacyretá “reconoce deudas que no fueron auditadas” y, consecuentemente, pidió que sea dejado sin efecto. Consultado por la reciente licitación del brazo Aña Cuá de la represa argentino-paraguaya, el líder opositor señaló que “también está en discusión. Hay muchas cosas que generan sospechas”.
La modificación del Tratado de Yacyretá introdujo cambios relativos a la cogestión igualitaria y a la deuda de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY). La oposición sostiene que ese acuerdo resulta más favorable a Argentina y que las concesiones hechas allí podrían servir de mal precedente al momento de renegociar con Brasil en 2023 el Tratado de Itaipú. La oposición se niega especialmente a reconocer una deuda de la EBY con el Tesoro argentino superior a 4.000 millones de dólares. Hace dos años tanto el Frente Guasú como el PLRA se opusieron a la aprobación de las notas reversales.
La oposición renovó su rechazo del acuerdo sobre Yaciretá como reacción ante el pacto de unidad oficialista para archivar el pedido de juicio político contra el presidente. El debate del martes se polarizó entre los colorados, que hacían una férrea defensa al Gobierno, y la oposición, que acusó a éste por mal desempeño y comisión de delitos.
La dirigencia opositora, en tanto, convocó a una gran movilización en Asunción y numerosos puntos del país para este sábado 24 desde las 9 hs. En la Capital, en la plaza Juan O’Leary, se instalará una “carpa de resistencia patriótica”.
El contubernio colorado se puede romper en cualquier momento, como demuestra la decisión del Senado del jueves 22 de investigar los puertos clandestinos sobre el Lago de Itaipú donde tiene intereses el expresidente Horacio Cartes. Por esos puertos se contrabandean a Brasil tabaco, drogas, armas y otros productos. Especialmente terratenientes brasileños con propiedades en Paraguay están envueltos en esas maniobras, pero la Justicia de ese país no se entera.
El arreglo para salvar a Mario Abdo choca con una imprevista consciencia patriótica de la población, que está alerta y sigue movilizada, debilitando al gobierno. Esta disolución del poder irradia ahora a los países vecinos.
Bolsonaro esperaba silenciar el escándalo, pero no le será fácil. El martes 13 de agosto la Cámara de Diputados convocó al canciller Ernesto Araújo, al ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Costa Lima Leite, y al copresidente brasileño de Itaipú Binacional, el general Silva e Luna, para que declaren sobre el acuerdo. La oposición trata así de juntar pruebas para poder abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI, por el nombre en portugués) sobre la relación entre la empresa distribuidora de energía Léros, el gobierno paraguayo y la “familia presidencial” brasileña.
Esa conexión salió a la luz, al saberse por el exdirector de la Agencia Nacional de Energía de Paraguay (ANDE), Pedro Ferreira, que en la negociación secreta del acuerdo sobre Itaipú se suprimió del acta el ítem 6, que daba a ANDE autorización para vender en Brasil la electricidad excedente de la usina por cuenta propia y sin intermediarios. Al abolirse el artículo, Itaipú Binacional quedó facultada para vender ese volumen de energía a quien quisiera, en este caso a la empresa Léros, que así monopolizaría la reventa de 300 megavatios excedentes. Ahora bien, esa empresa fue vinculada por un joven asesor del vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez con la familia Bolsonaro. Este asesor presionó a las autoridades de ANDE, para que avalaran el acuerdo con Brasil, porque era –según dijo- “un deseo de la familia presidencial” brasileña. Según mencionó entonces, su interlocutor era el empresario paulista Alexandre Giordano, representante de Léros Energia. Giordano es el primer suplente del Mayor (de la Policía Militar paulista) Olímpio, líder del PSL (el partido de Bolsonaro) en el Senado. “Agitar esta historia traba la votación de Eduardo Bolsonaro como embajador en EE.UU.”, estimó el diputado Carlos Zarattini, autor de los pedidos de indagatoria.
Según encuestas recientes, Mario Abdo Benítez tiene un rechazo de casi el 80% de la población y sólo se mantiene en el cargo, porque el ala opositora del Partido Colorado, liderada por Horacio Cartes, decidió archivar el pedido de juicio político. Es todavía muy temprano, para saber si la agitación popular se mantendrá en Paraguay. Tampoco puede saberse ya, si la oposición brasileña conseguirá la formación de una CPI que investigue la corrupción de la familia Bolsonaro. Sin embargo, dada la debilidad del gobierno paraguayo, es previsible que los escándalos se sucedan impliquen a Argentina y Brasil. Tanto más importante es contar con gobiernos democráticos y transparentes que puedan resolver estas crisis en marcos institucionales. Jair Bolsonaro y sus ministros pueden gritar contra Argentina y amenazar a su futuro gobierno, pero cuanto más manchados queden por sus turbios negocios, más débiles estarán al momento de negociar. Más les conviene, pues, hacerlo más temprano que tarde.

lunes, 19 de agosto de 2019

Perspectiva táctica de las relaciones regionales


Brasil nos quiere imponer la nueva agenda del Mercosur

Jaír Bolsonaro usa la elección argentina para obligar a Alberto Fernández a aceptar sus condiciones, pero su país no puede abandonar el bloque ni soporta una negociación larga

por Eduardo J. Vior
La andanada de improperios que el presidente de Brasil y su ministro de Economía Paulo Guedes lanzaron contra Alberto Fernández y el Frente de Todos (FdT) en la semana posterior a la derrota de Mauricio Macri en las PASO apunta a imponer a Argentina la aceptación de su peculiar visión de la integración regional. Bolsonaro desea imitar la prepotencia que usa Donald Trump, para sentarse a negociar en condiciones ventajosas, pero un Brasil en crisis y tres socios del bloque en transición no le dejan mucho espacio de maniobra. Por eso se quedó vociferando solo.
Jaír Bolsonaro validó el viernes las declaraciones que su ministro de Economía hizo el día anterior y confirmó que, si Alberto Fernández “crea problemas” y reimplanta medidas proteccionistas, Brasil abandonará el Mercosur. El jefe de Estado expresó sus dudas de que Fernández adhiera a la libertad y la democracia, aunque admitió estar dispuesto a dialogar con él, si éste le da “una señal”.
El mandatario brasileño recordó en la ocasión que durante su campaña electoral había propuesto disolver el bloque regional, pero que después cambió de idea, cuando “alejamos la tendencia ideológica y establecimos un excelente diálogo con Macri, el paraguayo Abdo Benítez y Tabaré Vázquez, a pesar de ser un poco de izquierda”. El gobierno brasileño quiere que el bloque reduzca rápidamente su Arancel Externo Común (AEC) y amenaza a Argentina con buscar acuerdos comerciales bilaterales, si ésta no acepta sus condiciones.
El Mercosur, del que Brasil ejerce la presidencia pro-tempore, celebraría su cumbre semestral en Brasilia o en Rio Grande do Sul a inicios de diciembre, antes de que se inicie el nuevo gobierno en Argentina. Ambos países tuvieron un intercambio comercial de 26.000 millones de dólares el año pasado. El mercado argentino, tercer destino principal de las exportaciones brasileñas, es también el mayor cliente para las manufacturas de Brasil. Por ello suena extraño que sus gobernantes amenacen con abandonar el acuerdo.
En consonancia con el presidente, en sus declaraciones del jueves 15 el ministro de Economía Paulo Guedes advirtió que, si Cristina Fernández vuelve al poder en Argentina y ésta "cierra su economía", su país podría "salir del Mercosur". Y añadió: "el comercio exterior es una cola que se balancea, pero nuestra principal preocupación es interna. Brasil es una economía continental y necesitamos recuperar nuestra propia dinámica de crecimiento. No somos tan dependientes allá afuera", dijo.
Bolsonaro ha venido batiendo el parche desde el lunes posterior a las PASO. Ese día, en la ciudad de Pelotas, en la frontera con Uruguay, sostuvo que “si esa porquería de izquierda vuelve a gobernar en Argentina, en Rio Grande do Sul puede repetirse lo que pasó en Roraima [en la frontera con Venezuela]. Nosotros no queremos recibir a hermanos argentinos huyendo para acá”, afirmó.
Ni lerdo ni perezoso, Alberto Fernández le contestó en una entrevista televisiva que "Argentina se va a llevar espléndido con su vecino, que va a ser siempre nuestro principal socio. Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil, como el presidente Mauricio Macri lo es en el nuestro". Al continuar, calificó al jefe de Estado como "racista, misógino y violento" y celebró "enormemente" que Bolsonaro "hable mal de su persona". Sin embargo, a partir del miércoles se llamó a silencio y rechazó dar nuevas declaraciones sobre la relación con Brasil. Lamentable, en cambio, fue la actitud de la Cancillería argentina, que aceptó sin chistar la intromisión del gobierno vecino en el proceso electoral de nuestro país y tuvo que ser seriamente apostrofada por el presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, quien en una declaración le exigió que haga presente la protesta de nuestro país por la indebida injerencia.
La devaluación del peso argentino inducida por el presidente Macri el pasado lunes y la baja de los valores de nuestras empresas en las bolsas se hicieron sentir inmediatamente en Brasil. El índice Ibovespa tuvo el miércoles 14 su peor caída desde marzo. Se conjugaron en ese momento datos económicos débiles en Europa y China, la baja de las tasas de interés en Estados Unidos y el vencimiento de los futuros sobre el índice brasileño, induciendo mayores ventas. Entonces el índice cayó 2,94%. Fue la mayor baja en un solo día desde el 27 de marzo. Por su parte, el dólar comercial subió 1,86% a R$ 4,0397 para la compra y a R$ 4,0405 para la venta.
Después de que Brasil cayera técnicamente en recesión, al retraerse el PBI dos trimestres seguidos, Paulo Guedes pidió el pasado lunes "un poco de paciencia”. “Esperen cuatro años, vamos a ver si mejora un poco”, afirmó el ministro, fiel al mantra neoliberal de que hay que tener fe y el futuro traerá la salvación. En la ocasión, Guedes defendió su programa ultraliberal, el mismo implementado por Macri en Argentina.
Con sus diatribas y amenazas, Bolsonaro y Guedes quieren generar un desplazamiento de inversiones de Argentina hacia Brasil en consonancia con la privatización de la seguridad social y de las mayores empresas estatales brasileñas. Al mismo tiempo quieren profundizar la liberalización indiscriminada del comercio. La fórmula es simple: descapitalizar a los estados nacionales y quitarles toda capacidad de intervención, primarizar nuestras economías y generar un inmenso mercado de capitales que circulen sin controles a través de las fronteras. Su problema con el Mercosur no es principalmente comercial, sino financiero. Para ello han comenzado a ejercer una presión brutal sobre el futuro gobierno argentino, buscando condicionarlo y hacerlo traicionar el mandato de sus votantes.
Sin embargo, un Brasil en recesión, atravesado por el narcotráfico, con una política exterior altamente dependiente de la estrategia de EE.UU. e Israel y su ejército enredado en la cotidianeidad política, carece de instrumentos para sostener duraderamente la presión sobre Argentina, si el próximo gobierno tiene claridad de miras, una conducción decidida y mantiene la unidad de su base de apoyo. Al mismo tiempo, Bolivia y Uruguay también eligen presidente en octubre y en Paraguay la crisis política está lejos de ser resuelta. Son demasiadas incertidumbres, como para que los gritos del Planalto puedan torcer nuestro rumbo.
Cuando era pequeño, en la escuela primaria nos hacían aprender el poema “Caballito criollo”, que comenzaba diciendo “caballito criollo, del galope corto, el aliento largo y el instinto fiel”. De eso se trata: no responder a las provocaciones, dialogar en voz baja, pero con firmeza y lealtad a los intereses nacionales, y jugar al largo plazo, evitando las decisiones apresuradas.