América Latina tiene mucho que aportar a la construcción de un mundo en paz y justicia. Vean el reportaje que me hizo la televisión rusa RT:
lunes, 26 de septiembre de 2016
miércoles, 21 de septiembre de 2016
La fusión Bayer/Monsanto es una amenaza para el mundo
El desierto y su semilla
La compra de Monsanto por Bayer
suma otro episodio en la concentración de los agronegocios y reflota
una alianza nacida en la Guerra de Vietnam. Los ecos en Argentina
Thorsten Strasas | Flickr
El miércoles 14 de septiembre Monsanto aceptó finalmente la oferta de
compra de Bayer por 66 mil millones de dólares. Ésta es apenas una de
varias fusiones recientes entre trasnacionales del agronegocio que
aumentan aún más la concentración del mercado de agroinsumos y la
dependencia de los agricultores y campesinos.
A la amplia gama de agroquímicos comercializados
por su filial CropScience, la multinacional alemana, líder de la
industria farmacéutica, suma ahora más de 2.000 variedades de semillas
patentadas por Monsanto. Esta unión es la última de una serie de
fusiones en el sector. En 1996 existían 600 empresas independientes de
cultivo que hace poco se habían reducido a seis, de los cuales tres son
de Estados Unidos (Monsanto, Dow Chemical y DuPont), dos de Alemania
(Bayer y BASF) y uno de Suiza (Syngenta), que sumados ahora controlan el
63 por ciento del mercado global. Las tres recientes grandes
megafusiones –las de las estadunidenses Dow Chemical y DuPont (130 mil
millones de dólares), ChemChina y Syngenta (44 mil millones) y ahora
Bayer con Monsanto (66 mil millones)- reducirán de seis a cuatro el
número de los jugadores globales en el sector del agronegocio. Ante esta
ola, es llamativo el silencio de la alemana BASF, que opera en más de
80 países con ingresos por 78 mil millones de dólares en 2015.
Bayer cuenta hoy en todo el mundo con alrededor de
117.000 empleados, mientras que Monsanto tiene 23.000. Con esta fusión,
el negocio farmacéutico pasa a un segundo lugar entre las actividades
de la compañía alemana. Muchos analistas esperan que Bayer entierre la
marca Monsanto por la mala fama que tiene en Europa. A pesar de que
Bayer desarrolla, produce y vende productos similares, su imagen es
mejor que la de su contraparte.
Bayer produce desde medicinas hasta semillas,
pesticidas, abonos e ingeniería genética. Del negocio de la compañía
alemana, el 49 por ciento procede del sector médico, el 26 por ciento de
su división especializada en materiales científicos (llamada Covestro) y
el 22 por ciento de lo que la empresa denomina “ciencia de los
cultivos”.
Los riesgos concomitantes a una tan alta concentración en el mercado de los agroquímicos aumentan por su influencia sobre las empresas de fertilizantes y de maquinarias. Poco antes del acuerdo Monsanto-Bayer se unieron Agrium y Potash Corp, dos de las mayores empresas de fertilizantes, en la mayor empresa mundial del ramo. Fue esta fusión la que aumentó la presión sobre Bayer para que mejorara su oferta por Monsanto.
Paralelamente el sector de maquinaria rural, que no sólo incluye tractores y cosechadoras, sino también drones, robots y sistemas GPS para la recolección de datos de campo por satélite, se ha venido asociando con las gigantes de transgénicos. En 2015 John Deere -el mayor fabricante mundial de maquinaria- acordó con Monsanto comprarle la subsidiaria Precision Planting LLD de datos agrícolas, pero el Departamento de Justicia vetó la operación para preservar la libre competencia. De esta manera la subsidiaria de Monsanto entra en la nueva fusión, dándole a Bayer el control digital de los cultivos del mundo. Cada vez más manejar los datos será decisivo para controlar el inicio de la cadena agroalimentaria.
Es notorio el malestar de los medios estadounidenses ante el avance del gigante germano y no es de descartar que su presión sobre el Congreso haga que las autoridades de control del mercado veten total o parcialmente la compra. Lo mismo puede suceder en la UE.
La ONG ecologista alemana Coalición contra los Peligros de Bayer (CBG, por sus siglas en alemán), en tanto, denunció que entre 1954 y 1967 Bayer y Monsanto ya conformaron una empresa conjunta llamada Mobay Chemical Corporation que proveyó al Departamento de Defensa de EE.UU. uno de los precursores del agente naranja utilizado durante la Guerra de Vietnam. El uso del agente naranja produjo en el país asiático un millón de personas discapacitadas o con problemas de salud y 400.000 muertos. Sin embargo, el nombre de Bayer no quedó asociado a este hecho, como sí el de Monsanto.
En la Argentina
Con ventas por unos 800 millones de dólares, el maíz es el mayor negocio de Monsanto en Argentina. Los otros fuertes de la compañía son la venta del herbicida glifosato y otros productos para el control de malezas, pero la firma es más conocida por su soja transgénica. El año pasado la compañía se trenzó en una batalla con el gobierno y las entidades ruralistas por el control sobre la patente de la nueva versión de la soja transgénica, denominada Intacta. Ahora, el Ministerio de Agroindustria se prepara a presentar una ley para ordenar el pago de regalías que ya generó el rechazo de los productores. Monsanto también tiene algodón y, con la marca Seminis, comercializa hortalizas y frutas.
Bayer, en tanto, facturó el año pasado unos 300 millones de dólares, dos tercios de los cuales en el negocio de agroquímicos. Es fuerte en insecticidas, fungicidas y herbicidas. En semillas de soja tiene la marca Credenz.
Los riesgos concomitantes a una tan alta concentración en el mercado de los agroquímicos aumentan por su influencia sobre las empresas de fertilizantes y de maquinarias. Poco antes del acuerdo Monsanto-Bayer se unieron Agrium y Potash Corp, dos de las mayores empresas de fertilizantes, en la mayor empresa mundial del ramo. Fue esta fusión la que aumentó la presión sobre Bayer para que mejorara su oferta por Monsanto.
Paralelamente el sector de maquinaria rural, que no sólo incluye tractores y cosechadoras, sino también drones, robots y sistemas GPS para la recolección de datos de campo por satélite, se ha venido asociando con las gigantes de transgénicos. En 2015 John Deere -el mayor fabricante mundial de maquinaria- acordó con Monsanto comprarle la subsidiaria Precision Planting LLD de datos agrícolas, pero el Departamento de Justicia vetó la operación para preservar la libre competencia. De esta manera la subsidiaria de Monsanto entra en la nueva fusión, dándole a Bayer el control digital de los cultivos del mundo. Cada vez más manejar los datos será decisivo para controlar el inicio de la cadena agroalimentaria.
Flickr
Es notorio el malestar de los medios estadounidenses ante el avance del gigante germano y no es de descartar que su presión sobre el Congreso haga que las autoridades de control del mercado veten total o parcialmente la compra. Lo mismo puede suceder en la UE.
La ONG ecologista alemana Coalición contra los Peligros de Bayer (CBG, por sus siglas en alemán), en tanto, denunció que entre 1954 y 1967 Bayer y Monsanto ya conformaron una empresa conjunta llamada Mobay Chemical Corporation que proveyó al Departamento de Defensa de EE.UU. uno de los precursores del agente naranja utilizado durante la Guerra de Vietnam. El uso del agente naranja produjo en el país asiático un millón de personas discapacitadas o con problemas de salud y 400.000 muertos. Sin embargo, el nombre de Bayer no quedó asociado a este hecho, como sí el de Monsanto.
En la Argentina
Con ventas por unos 800 millones de dólares, el maíz es el mayor negocio de Monsanto en Argentina. Los otros fuertes de la compañía son la venta del herbicida glifosato y otros productos para el control de malezas, pero la firma es más conocida por su soja transgénica. El año pasado la compañía se trenzó en una batalla con el gobierno y las entidades ruralistas por el control sobre la patente de la nueva versión de la soja transgénica, denominada Intacta. Ahora, el Ministerio de Agroindustria se prepara a presentar una ley para ordenar el pago de regalías que ya generó el rechazo de los productores. Monsanto también tiene algodón y, con la marca Seminis, comercializa hortalizas y frutas.
Bayer, en tanto, facturó el año pasado unos 300 millones de dólares, dos tercios de los cuales en el negocio de agroquímicos. Es fuerte en insecticidas, fungicidas y herbicidas. En semillas de soja tiene la marca Credenz.
Horacio Busanello, presidente del Directorio del
Grupo Los Grobo, se manifestó muy críticamente sobre la fusión. “Las
empresas del sector no están dando las ganancias que les prometieron a
los accionistas y la única alternativa que les queda es la fusión para
intentar achicar sus negocios y concentrar el mercado”, señaló. “En los
próximos diez años no habrá nada novedoso en investigación y
desarrollo”, añadió.
La fusión entre ambos gigantes del agronegocio
amenaza con reducir aún más la competencia en un mercado ya altamente
oligopólico, obviar los controles de mercado y medioambientales en la
mayoría de los países del mundo que carecen del poder estatal necesario
como para imponerse a las corporaciones, limitar la innovación
tecnológica y liquidar la existencia de millones de familias campesinas y
agricultoras. Si en la primera edición de su cooperación ambas empresas
trajeron al mundo el agente naranja que mató a 400.000 personas en
Vietnam, ¿a cuántas van a matar en esta remake?
Argentina es uno de los mayores productores de
cultivos alimenticios del mundo. Ante los riesgos que la fusión acarrea
para el medioambiente, la población, la economía y la soberanía
nacional, el gobierno argentino debería ponerla bajo la lupa y poner a
consideración de la opinión pública sus beneficios y consecuencias
negativas. ¿Se animará Cambiemos a tanta democracia?
miércoles, 14 de septiembre de 2016
Macri apuesta a limitar duraderamente nuestra soberanía
Entrar en la OCDE, o cómo ponerle corsé a un flaco
El sueño amarillo de ingresar al club de los países ricos engendra contradicciones y riesgos
Alfonso Prat Gay junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría
A poco más de nueve meses de iniciado el gobierno
de Cambiemos resulta paradójico observar en qué medida un equipo
ministerial lleno de hombres de empresa puede obnubilarse por mitos
ideológicos. La afirmación de que la eventual adhesión argentina a la
Organización de Cooperación para el Desarrollo Económicos (OCDE) puede
servir para atraer inversiones es uno de ellos.
Según funcionarios de la Jefatura de Gabinete,
antes de fin de septiembre se difundirá un “Plan de Acción” con 17
objetivos concretos de trabajo que Argentina llevará adelante, para
ajustar las leyes argentinas a las de la OCDE. La idea es hacer reformas
profundas. El Presidente apuesta a esta
alternativa para mejorar la calificación internacional de nuestra
economía, potenciar la productividad y aumentar el comercio y la
inversión extranjera. ¿Servirá esta receta
para asegurar la llegada de dólares a corto plazo que el gobierno
necesita como pulmotor? ¿Incluirá el ajuste una reforma impositiva? No
es un dato menor: en el último ranking Doing Business (Facilidad para
hacer negocios) del Banco Mundial, el sistema impositivo argentino se
encuentra entre los peores del mundo -puesto 170 sobre 189-. La
estructura tributaria argentina es pésima por su carácter regresivo y
las enormes posibilidades de evasión que ofrece, pero esto no es lo que
preocupa a las grandes corporaciones, sino la superposición entre
jurisdicciones distintas. Por supuesto también quieren pagar aún menos
de lo que oblan actualmente.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación internacional
dirigido a coordinar las políticas económicas y sociales de sus
miembros. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en París.
La OCDE es la sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), encargada entre 1948 y 1960 de supervisar la ejecución del Plan Marshall.
Actualmente, la OCDE se ha constituido en un
influyente foro mundial en el que se analizan y fijan orientaciones
sobre economía, educación y medio ambiente. Los países miembros se
comprometen a aplicar los principios de liberalización, no
discriminación y trato equivalente para todos los capitales. El
principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar
progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.
Representantes de los países miembros se reúnen e
intercambian información en comités especializados en los que discuten y
revisan la ejecución de políticas públicas específicas. Actualmente
participan en la organización 34 países de América, Europa, Asia
Oriental y Oceanía. Argentina es ya desde 1997 adherente a la
declaración del organismo sobre inversión internacional y empresas
multinacionales y participa en su comité de inversiones.
A principios de junio pasado, en ocasión de la visita del ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en París, el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, dijo que el pedido de Argentina “ha sido muy bien recibido” por los países miembros, aunque la solicitud no es todavía una demanda de adhesión.
Prat-Gay ya pidió a una docena de ministerios un listado de requisitos a cumplir para poder ingresar en esa organización. Los 21 objetivos ya fijados se distribuyen en siete grupos:
La Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia están preparando un proyecto de ley sobre responsabilidad penal empresaria. A fines de octubre se recibirá una misión de la OCDE para evaluar el cumplimiento de la convención anticohecho a la que Argentina adhirió. Además, todavía en septiembre llega Martine Durand, directora de Estadísticas de la organización, para comenzar el alineamiento del sistema estadístico nacional a las prácticas internacionales vigentes. También el 26 y el 27 de septiembre se realizará en el Palacio de Hacienda el Seminario Fiscal América Latina & Caribe del grupo, para avanzar en la cooperación fiscal internacional. Igualmente, en septiembre la Secretaría de Finanzas comienza una rueda de presentaciones ante distintas agencias internacionales, para mejorar la calificación crediticia de Argentina. Asimismo, en la Secretaría de Comercio están elaborando una nueva ley de defensa de la competencia que el gobierno presentará a fin de noviembre en el Comité de Competencia de la organización y en el Foro Global sobre Competencia en París. En el mismo sentido, en el último trimestre del año vendrá desde París una misión para evaluar las políticas para este sector. Finalmente, en octubre próximo el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, participará en Bruselas en el Foro OCDE sobre Ciencia e Innovación que se realiza cada 10 años.
A principios de junio pasado, en ocasión de la visita del ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en París, el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, dijo que el pedido de Argentina “ha sido muy bien recibido” por los países miembros, aunque la solicitud no es todavía una demanda de adhesión.
Prat-Gay ya pidió a una docena de ministerios un listado de requisitos a cumplir para poder ingresar en esa organización. Los 21 objetivos ya fijados se distribuyen en siete grupos:
La Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia están preparando un proyecto de ley sobre responsabilidad penal empresaria. A fines de octubre se recibirá una misión de la OCDE para evaluar el cumplimiento de la convención anticohecho a la que Argentina adhirió. Además, todavía en septiembre llega Martine Durand, directora de Estadísticas de la organización, para comenzar el alineamiento del sistema estadístico nacional a las prácticas internacionales vigentes. También el 26 y el 27 de septiembre se realizará en el Palacio de Hacienda el Seminario Fiscal América Latina & Caribe del grupo, para avanzar en la cooperación fiscal internacional. Igualmente, en septiembre la Secretaría de Finanzas comienza una rueda de presentaciones ante distintas agencias internacionales, para mejorar la calificación crediticia de Argentina. Asimismo, en la Secretaría de Comercio están elaborando una nueva ley de defensa de la competencia que el gobierno presentará a fin de noviembre en el Comité de Competencia de la organización y en el Foro Global sobre Competencia en París. En el mismo sentido, en el último trimestre del año vendrá desde París una misión para evaluar las políticas para este sector. Finalmente, en octubre próximo el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, participará en Bruselas en el Foro OCDE sobre Ciencia e Innovación que se realiza cada 10 años.
Desde que Macri llegó al poder se propuso el
ingreso en la OCDE como una varita mágica que nos daría el certificado
de pureza libremercadista. Sin embargo, más
vale ser precavido, ya que una cosa son los discursos liberalizadores de
los países centrales y otra su práctica. Actualmente Francia, por
ejemplo, está ofreciendo alicientes fiscales a las empresas financieras
que quieran salir del Reino Unido a raíz del Brexit. Si esto sucede
entre países hiperindustrializados, ¿qué futuro nos espera si adoptamos
la libre circulación de capitales como un principio absoluto? Nadie
niega la conveniencia y necesidad de mejorar los estándares de
elaboración y ejecución de nuestras políticas públicas, reformar el
antisocial sistema tributario argentino, imponer rígidos estándares
medioambientales a nuestra producción y servicios y combatir la
corrupción creciente. Pero ingresar a la OCDE implica aceptar supuestos
ideológicos nocivos para nuestros intereses.
Hay países como China, Corea del Sur, Rusia e
India que registran notables índices de crecimiento económico y no han
adherido a la OCDE. Más sensato que imponernos el corsé ideológico del
“club de los países ricos” es aplicar los estándares de la organización
que sirvan para mejorar el rendimiento de nuestras políticas públicas,
sin tener que someternos obligatoriamente a la disciplina de la misma.
Pero éste es un ejercicio de realismo y de prudencia que no se puede
pedir al gobierno de Cambiemos.
miércoles, 7 de septiembre de 2016
La política económica argentina va contra el mundo
Macri vs el G20
Lo que dejó la cumbre en China: ¿va la política económica argentina a contramano de la corriente mundial?
Después de la reunión cumbre de los veinte países
más desarrollados del mundo en Hangzhu, en el este de China, los
observadores están divididos sobre su utilidad. Existe coincidencia en
que no aportó un mejoramiento inmediato de la economía global, pero,
bajo la conducción china, impuso una coordinación mundial de las
políticas macroeconómicas, fiscales, financieras y monetarias. Esta
cumbre devolvió a la política el gobierno de la economía global.
Como si viviera en otro mundo, en cambio, la
prensa porteña pierde el tiempo informando sobre el buen recibimiento
que el Presidente chino Xi Jinping dio a Mauricio Macri y los elogios de
su par norteamericano, Barack Obama.
La 11a.
conferencia cumbre del Grupo de los 20 sesionó el 4 y 5 de septiembre
pasados en la ciudad de Hangzhu (en el delta del Yang Zejiang, cerca de
Shanghai). Fue la primera cumbre del grupo realizada en China e,
intencionalmente, en este emporio tecnológico de nueve millones de
habitantes.
Ya el pasado 26 de mayo, el Ministro de Relaciones
Exteriores Wang Yi anunció que la cumbre se centraría en la elaboración
de un plan de acción para que la economía mundial retome el crecimiento
innovador, en la adopción de una estrategia común para implementar la
Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo
sostenible, la introducción de reformas estructurales en la economía
global, el renovado crecimiento del comercio mundial, el establecimiento
de un régimen común para los más de 3000 acuerdos bilaterales de
inversión, la reforma de las instituciones financieras internacionales,
el combate contra la corrupción y los paraísos fiscales, el
relanzamiento de la industrialización de África, la innovación en las
empresas y, finalmente, la puesta en práctica el Acuerdo de París sobre
el Cambio Climático.
Como era de esperar, el comunicado final de diez
puntos se quedó muy por debajo de estas expectativas. Se alcanzaron
acuerdos en torno a la lucha contra la evasión impositiva, la promoción
del comercio internacional y las inversiones, la implementación de
medidas de estímulo fiscal y de innovación para impulsar el crecimiento
económico, el rechazo de los “ataques populistas” contra la globalización y la protección a los refugiados.
En su discurso de cierre, el pasado lunes 5, el
Presidente chino Xi Jinping reiteró las cinco propuestas que había hecho
en la inauguración, especialmente las de coordinar mejor las políticas
macroeconómicas y mejorar la gobernanza económica global. También su
colega ruso, Vladimir Putin, puso el acento en la coordinación de las
inversiones, al evaluar la cumbre ante periodistas rusos. “Por primera
vez -dijo-, comenzamos a negociar el establecimiento de reglas comunes
para las inversiones internacionales”. Y sobre el valor de las
decisiones adoptadas, apuntó que “los documentos acordados sientan una
tendencia y, si alguien se mueve en una dirección contraria al deseo de
la comunidad mundial, quedará fuera del juego”.
Por su parte, Obama y Xi anunciaron juntos el
sábado 3 la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. De
hecho, China lo hizo ese mismo día. Se trata de un campo innovativo en
el que las principales potencias y corporaciones piensan realizar
gigantescas inversiones. En cambio, Rusia y
EE.UU. no se pusieron de acuerdo sobre el cese del fuego en Siria. Putin
y Obama discutieron durante noventa minutos y tampoco coincidieron
sobre Ucrania ni sobre la responsabilidad por los ataques cibernéticos a
la Convención Nacional Demócrata en julio pasado.
Sin embargo, casi todos los líderes estuvieron de
acuerdo en condenar las campañas “populistas” contra la globalización.
Por tal se refieren hoy a los líderes derechistas como Donald Trump o
Marine Le Pen, que agitan sentimientos xenófobos, o al brexit. En este
contexto Obama avisó a la Primera Ministra
británica Theresa May que su país no tiene urgencia en firmar un acuerdo
bilateral de comercio con Gran Bretaña, mientras que la delegación
nipona entregó a la londinense un memorando en el que advierte que las
compañías japonesas podrían abandonar la isla de concretarse su salida
de la UE.
Los documentos de este tipo de cumbres son muy
generales, pero algunos compromisos son indiscutibles. Así, el punto 7
del comunicado final establece que “la política monetaria seguirá
dirigida a sostener la actividad económica y asegurar la estabilidad de
los precios, pero la política monetaria por sí sola no conduce a un
crecimiento balanceado. (…) enfatizamos que las estrategias fiscales son
igualmente importantes, para alcanzar nuestros objetivos de
crecimiento. Estamos (…) asegurando que la deuda pública se mantenga en
un nivel sostenible en su relación con el PBI”.
En este contexto no se justifica el autoelogio de
la delegación argentina. Mauricio Macri no alcanzó ningún nuevo acuerdo y
sólo pudo reparar en algo la porcelana que rompió en las relaciones con
Rusia y China al inicio de su mandato. El encuentro con Putin sólo dejó
promesas, a diferencia de China con la que se consolidaron los 25.000
millones de dólares en inversiones que ese país está realizando en
Argentina y se firmó una addenda al acuerdo sobre la instalación de la
estación de observación espacial china en Neuquén, asegurando su uso
civil, que China nunca cuestionó.
El comunicado final confirma que los principales
líderes del mundo coinciden en la necesidad de impulsar el crecimiento
innovativo. China aprovechó la conferencia para avanzar un paso más
hacia el liderazgo de la economía mundial. Incluso promocionó el
proyecto “Un cinto, un camino”, que unirá a Asia con un cinturón de
carreteras, ferrovías, poliductos y líneas de alta tensión. Asimismo
focalizó el encuentro en la combinación de crecimiento e inclusión. Al
ratificar el Acuerdo de París e insistir en la prioridad del Plan 2030
de la ONU para el Desarrollo Sostenible, finalmente, Beijing puso muy
alta la marca que debe alcanzar Alemania, próxima presidenta del G20.
Sin embargo, en la reunión entre los 20 líderes se
alcanzaron pocos acuerdos concretos y la mayoría de los conflictos
regionales quedaron sin resolver. Si se la mira desde la coyuntura, la
reunión de Hangzhu no sirvió para nada. En cambio, señaló un giro
estratégico del que nadie sensatamente se puede apartar.
Por el contrario, el gobierno de Mauricio Macri
hace de la estabilidad monetaria un fetiche, aplica una política fiscal
recesiva e implementa una política cambiaria que sólo atiende a la
especulación financiera. Si contraría de tal modo la corriente mundial,
¿qué está festejando?
martes, 23 de agosto de 2016
Aranguren es sólo un agente de la reina Máxima
La Corona Holandesa y sus negocios en la Argentina
El numerólogo de los tarifazos paralizó la explotación del yacimiento de esquistos en Vaca Muerta para concentrar los gastos en la importación de gas licuado, beneficiando a sus patrones
Por Eduardo J. Vior
La presencia de Juan J. Aranguren en el Ministerio de Energía del
gobierno de Mauricio Macri es un misterio: autor del peor tarifazo en
los servicios de gas y electricidad de la historia del país, la semana
pasada debió declarar durante once horas ante un plenario de comisiones
de la Cámara de Diputados y al día siguiente, el jueves 18, la Corte
Suprema de Justicia retrotrajo el aumento de las tarifas de gas para el
servicio domiciliario. Probablemente haya que buscar la causa de tanta
fuerza en los apoyos al ex–presidente de Shell Argentina en la casa
matriz del holding Shell PLC, en sus propietarios ocultos y en la aguda
necesidad de dinero que éstos tienen actualmente.
La anglo-holandesa Royal Dutch Shell plc es propietaria de 25
refinerías y tiene activos de exploración y producción en 37 países de
todo el mundo. Su producción representa un 2% del total del petróleo y
un 3% del gas del mundo. La compañía se concentra actualmente en
perforaciones en aguas profundas en Brasil y, tras adquirir el Grupo BG
en 2014/15, en la licuefacción y transporte de gas. A pesar de tener su
cuartel general en Holanda, el grupo cotiza en la Bolsa de Londres como
empresa británica. Con 94.000 empleados, por sus ingresos brutos en 2014
era la cuarta empresa del mundo.
Shell ya pisaba fuerte en el negocio del gas, pero al comprar BG
agregó 20% a su producción y 25% a sus reservas totales de energía. Con
esta incorporación se convirtió en el mayor productor de gas del mundo y
en el segundo generador de energía después de Exxon. Es una de las
empresas más lucrativas del mundo, pero la caída del precio del petróleo
desde 2014 y los U$S 70.000 millones que gastó en British Gas le están
poniendo difícil pagar dividendos y financiar la exploración de nuevos
yacimientos. En esta situación el directorio decidió concentrarse en la
perforación en aguas profundas frente a Brasil y en el Golfo de México
así como en la producción de químicos, mientras posterga las inversiones
en esquistos.
La baja del precio del crudo en 1997 y 1998 había inducido una
disminución de los gastos e inversiones del sector, lo que –por un
efecto de rebote- elevó los retornos de capital hacia 2005. En ese
momento comenzó una década de precios altos, pero que coincidió con la
crisis financiera de 2007-08 en la que los grandes inversores sufrieron
pérdidas que todavía pretenden recuperar, a pesar de los bajos precios.
Esta presión, combinada con las bajas cotizaciones y el gasto
mencionado, fuerza a Shell a obtener recursos como sea.
Aún antes de su derrocamiento, Dilma Rousseff había intentado sumar a
la norteamericana Chevron a la exploración del pre-sal, pero bajo sus
propias condiciones. Con Temer en el gobiernolos estadounidenses están
imponiendo a los angloholandeses y a Petrobras los términos de su
participación. Simultáneamente, en Argentina, Cristina Fernández había
concertado con Chevron la explotación del yacimiento de esquistos en
Vaca Muerta que Juan J. Aranguren paralizó, para concentrar los gastos
en la importación de gas licuado.
Estos movimientos de Shell se explican por su deliberadamente opaca
estructura de propiedad. En setiembre de 2014 el 13,43% de las acciones
pertenecía a inversores institucionales y el resto, a
no-institucionales. Entre los primeros, el mayor accionista es el
Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV (conocido
como Necigef), con el 44.7%. Lo siguen diversos fondos de inversión de
los cuales ninguno tiene más del tres por ciento. Necigef es el
instituto (privado) de control de valores y acciones de los Países Bajos
que desde 2002 pertenece a Euroclear, una empresa de servicios
financieros basada en Bélgica que es parte del grupo J.P. Morgan &
Co y actúa en varios países europeos. De modo que la custodia y
administración de acciones de importantes países europeos está en manos
del Banco al que pertenece el Ministro de Hacienda argentino Alfonso de
Prat Gay, entidad financiera que, a su vez, administra el paquete
controlante del grupo Shell al que responde el Ministro de Energía.
Detrás de todo está la casa real holandesa a la cual está incorporada
desde 2002 Máxima Zorreguieta, vástago de la oligarquía argentina, con
antecedentes que se remontan al siglo XVIII.
La casa de Orange-Nassau es una verdadera empresa multinacional con
inversiones en varios sectores de la economía. Nadie sabe cuál es el
paquete accionario de la familia real holandesa en Royal Dutch Shell,
pero expertos como John Donovan aseguran que es la “principal
accionista”.
Desde la fundación del primer antecedente de la empresa en 1890 la
corona holandesa es la principal accionista de la firma, aunque no sea
su única inversión. La Reina Beatrix (1980-2013) fue propietaria de
miles de millones de dólares en acciones dispersas en numerosas empresas
en todo el mundo que, de acuerdo con la ley holandesa, transfirió a su
hijo Willem-Alexander (2013) junto con el trono. Según la revista
Forbes, la mayor parte de esta riqueza está en Shell. La revista
neerlandesa Quote 500, que publica todos los años la lista de los 500
holandeses más ricos, estimó en 2012 la fortuna de la reina en unos
1.300 millones de dólares, pero un fraude con valores en 2004 y la
quiebra de Lehman Brothers en 2007 ocasionaron a la corona holandesa
importantes pérdidas que ahora procura restañar.
Desde que Mauricio Macri es Presidente las inversiones holandesas en
Argentina se han incrementado, especialmente en el campo de las energías
renovables, un sector en el que, bajo el impulso de la Reina Consorte
Máxima, Holanda es líder. Esta preferencia coincide con la del gobierno
argentino actual. Shell es, asimismo, una de las empresas que tienen en
mira a las Malvinas y condiciona nuestro acercamiento a Gran Bretaña.
Todo indica que Máxima puso a Juan J. Aranguren en el Ministerio de
Energía para controlar los ingentes recursos energéticos argentinos,
bloquear el avance de Chevron en la explotación del petróleo y gas de
esquistos, extraer el máximo de ganancia posible en un plazo cortísimo
para sanear la caja de la corona, transferir el peso de la matriz
energética argentina hacia las energías renovables y hacer algunos
negocios secundarios (pero no menores) en el campo financiero y de los
seguros marítimos.
No es extraño entonces que Mauricio Macri haya recibido con
beneplácito la designación de Aranguren, aceptación coherente con su
propio flujo de caja en Aruba u otro de los paraísos fiscales holandeses
del Caribe donde comprobadamente tiene su fortuna a salvo. Prat Gay,
finalmente, se atornilla al sillón gracias a que el Banco al que reporta
es el administrador de la fortuna real holandesa.
domingo, 21 de agosto de 2016
El ministro de Energía está protegido por la Reina Máxima
La supervivencia de Juan José Aranguren en el Ministerio de
Energía del gobierno de Mauricio Macri es para los observadores un
misterio: como autor del peor tarifazo en los servicios de gas y
electricidad de la historia del país, la semana pasada debió declarar
durante once horas ante un plenario de comisiones de la Cámara de
Diputados y al día siguiente, el jueves 18, la Corte Suprema de Justicia
retrotrajo el aumento de las tarifas de gas para el servicio
domiciliario. La explicación reside en los apoyos que el ministro tiene
en la casa matriz del holding Shell PLC, en sus propietarios ocultos y
en la aguda necesidad de dinero de estos.
Shell es una de las
empresas más lucrativas del mundo, pero la caída del precio del petróleo
desde 2014 y los U$S 70 mil millones que gastó en 2014/15 para comprar
British Gas la dejaron corta de caja para pagar dividendos y financiar
la exploración de nuevos yacimientos, por lo que el directorio la está
concentrando en la perforación en aguas profundas en Brasil y el Golfo
de México así como en la producción de químicos, mientras posterga las
inversiones en esquistos.
La presión aumenta, porque los grandes
inversores no quieren rescindir ganancias, lo que explica algunas
movidas políticas recientes. Al cambiar el gobierno en Brasil, Chevron
entró con fuerza en el negocio del pre-sal y comenzó a imponer
condiciones a Petrobras y su aliada Shell. Inversamente, en Argentina,
Aranguren paralizó la explotación de Vaca Muerta, que Cristina Fernández
había concertado con Chevron, y aumentó la importación de gas licuado.
Estas
maniobras se explican en gran parte, si se entiende la estructura de
propiedad de Shell. En septiembre de 2014 el 13,43% de las acciones
pertenecía a inversores institucionales y el resto, a
no-institucionales. Entre los primeros, el mayor es el Nederlands
Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV (conocido como
Necigef), con el 44,7 por ciento. De los demás accionistas, ninguno
tiene más del tres por ciento. Necigef es el instituto de control de
valores y acciones de los Países Bajos que desde 2002 pertenece a
Euroclear, una empresa de servicios financieros basada en Bélgica que es
parte del grupo JP Morgan & Co y actúa en varios países europeos.
De modo que la administración de acciones de importantes países europeos
está en manos del Banco al que está ligado el ministro de Hacienda
argentino Alfonso de Prat-Gay. Esta entidad, a su vez, gerencia el
control del grupo Shell al que responde el ministro de Energía. Detrás
de todo está Máxima Zorreguieta, vástago de la más rancia oligarquía
argentina y desde 2002 miembro de la casa real holandesa.
La casa
de Orange-Nassau es una empresa multinacional con inversiones múltiples
y dispersas. Fuentes bien informadas la señalan como principal
accionista de Royal Dutch Shell. Junto con la corona, el rey
Willem-Alexander heredó en 2013 de su madre, la reina Beatrix,
propiedades por más de 1300 millones de dólares. No obstante, como la
corona holandesa aún no se recuperó de las pérdidas ocasionadas por un
fraude con valores en 2004 y la quiebra de Lehman Brothers en 2007, está
urgida para conseguir efectivo.
Desde que Mauricio Macri es
presidente, las inversiones holandesas en Argentina han aumentado
especialmente en energías renovables, un sector en el que, gracias a la
reina Máxima, Holanda es líder. La soberana puso a Juan José Aranguren
en el Ministerio de Energía para controlar los ingentes recursos
energéticos argentinos, bloquear el avance de Chevron en la explotación
de esquistos, extraer el máximo de ganancia posible en un plazo
cortísimo para sanear la caja de la corona, transferir el peso de la
matriz energética argentina hacia las energías renovables y hacer
negocios financieros. «
miércoles, 17 de agosto de 2016
Si derrocan a Dilma, se agudizará la confrontación
Brasil: del impeachment a la lucha
Mientras el mundo mira los Juegos Olímpicos, se define el futuro de Dilma
Este martes 16 la crisis política brasileña pegó un salto más hacia
la descomposición del poder político cuando en una carta a los miembros
del Senado de la Unión la Presidenta suspendida Dilma Rousseff definió
su eventual destitución como un golpe de estado y propuso como
compromiso convocar a un referendo para adelantar las elecciones
generales previstas para 2018. Al mismo tiempo, un estrecho colaborador
del Presidente interino Michel Temer dio a O Estado de S. Paulo
una entrevista en la que mostró las fracturas internas de la derecha.
En Brasil la lucha entre la oligarquía y las fuerzas populares se
complica, porque la primera está fracturada y las segundas aún no
despliegan su potencial.
Dilma propone convocar a un referendo que adelante las elecciones generales y
presenta el referendo como un compromiso que aseguraría el orden
constitucional, al mismo tiempo que abriría la puerta para una acordada
salida anticipada del cargo, pero la propuesta también indica
que si la destituyen habrá confrontación. En tanto, las declaraciones
de Wellington Moreira Franco, Secretario para la Asociación para
Inversiones, contra el aliado Partido de la Social-Democracia Brasileña
(PSDB), a quien acusa de sabotear al Ministro de Hacienda Henrique
Meirelles (Partido Social-Demócrata, PSD), muestra el nivel de fractura
de la alianza dominante.
El pasado jueves 11 el Senado dio el primer paso
hacia la destitución de la Presidenta, cuando 59 de sus 81 miembros
votaron por la destitución, superando por cinco votos los dos tercios
necesarios. Si el próximo 25 de agosto se repite el resultado, Dilma
será separada del cargo. El gobierno interino se convertirá en
provisorio y podrá aplicar su radicalizada agenda neoliberal.
Michel Temer pretende seguir en el poder hasta las
elecciones presidenciales de 2018 y más, pero el PSDB y sus padrinos en
la oligarquía financiera paulista y los medios concentrados buscan
eliminar su competencia. Para ello día por
medio la Justicia obliga a renunciar a algún ministro, acusándolo de
corrupción (lo que es rigurosamente cierto). Desde mayo pasado ya habían
caído tres y este martes 16 Gilberto Kassab (presidente del PSD) debió
renunciar al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. A
diferencia de Argentina, Brasil nunca tuvo una oligarquía unificada. Si
bien el sector financiero e industrial paulista es el más poderoso, en
la coalición golpista hay grupos muy diversos con profundas
contradicciones entre ellos.
La oposición al golpe la conducen la todavía
Presidenta y Lula da Silva, quien acaudilla en las calles la lucha de
los movimientos y partidos organizados en el Frente Brasil Popular,
aunque todavía no pudo arrastrar a las decenas de millones de pobres y
trabajadores de la ciudad y el campo que en los pasados trece años por
primera vez vencieron el hambre. Parecería que los universitarios y
secundarios (estudiantes y docentes), a quienes el recorte de la
gratuidad de la enseñanza y la llamada “escuela sin partidos” afecta en
su derecho a la educación, se están colocando a la cabeza de la
movilización, pero aún es temprano para aseverarlo.
Un sector importante de la población, pese a no
apoyar el impeachment, no ha salido a las calles a defender el gobierno
de Dilma. Siguen como espectadores de la telenovela, porque rechazan el
golpe, pero no se identifican con la Presidenta en desgracia. Encuestas
recientes muestran que un 62% de los entrevistados defiende nuevas
elecciones, pero rechaza el gobierno de Dilma al que percibe como “malo”
o “muy malo”.
Las izquierdas y los movimientos sociales, en
tanto, están indecisos ante la convocatoria al referendo, porque temen
que nuevas elecciones den la mayoría a la derecha. Lula, por su parte,
está demasiado identificado con los empresarios de la construcción
involucrados en el escándalo de corrupción y Dilma ha hecho un
desastroso segundo gobierno. Deberán remar mucho, para nuevamente ser
aceptados por el pueblo como sus líderes. El desarrollismo no es una
bandera atractiva y no existen estructuras políticas que encuadren a las
decenas de millones de pobres. Las políticas de ajuste del gobierno
provisorio seguramente van a generar alzamientos diversos, pero estos
bien pueden agotarse en sí mismos por falta de consignas unificadoras y
de conducción política. Brasil puede caer en un profundo estancamiento
en el que los de abajo se subleven y sean repetidamente reprimidos por
los de arriba, sin que unos ni otros puedan consolidar una alternativa
política.
En un acto heroico, el 24 de agosto de 1954 el
presidente Getúlio Vargas se suicidó con un balazo en el pecho, para
frenar el golpe de estado que pretendía privatizar Petrobras y acabar
con los derechos sociales que él había establecido. Millones de
trabajadores y pobres salieron entonces a las calles e impusieron la
continuidad de la legalidad y la democracia. Durante diez años el pueblo
brasileño resistió la ofensiva del imperialismo norteamericano y las
oligarquías vernáculas, amplió las conquistas, impulsó el desarrollo
nacional y comenzó la reforma agraria, hasta que João Goulart fue
derrocado en 1964. 21 años de dictadura cívico-militar intentaron borrar
de la memoria popular esta década de luchas. Una transición a la
democracia pactada con las oligarquías y conducciones partidarias
corruptas logró postergar la democratización del país hasta 2002. En los
catorce años siguientes Lula y Dilma pusieron en marcha importantes
reformas en base al apoyo popular y al pacto con un sector de la gran
empresa. Tuvieron éxito durante algunos años, hasta que tocaron los
límites de esa construcción. Se abre un nuevo ciclo de luchas en el que
sólo la recuperación de la memoria histórica puede despertar al gigante
dormido y superar el actual equilibrio catastrófico. El impeachment sólo
es una etapa más.
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