domingo, 30 de junio de 2013

Dilma vs. medios + poder judicial: ésa es la cuestión

Gatopardismo o más democracia

Año 6. Edición número 267. Domingo 30 de junio de 2013
Apenas la presidenta Dilma Rousseff intentó orientar la movilización popular hacia las reformas democráticas pendientes, fue trabada por las corporaciones, los medios y la policía. La lucha por el poder se intensifica.
Si querés venir a una manifestación, aguantá los palos.” Con esta fórmula didáctica, un oficial de la Policía Militar (PM) de Brasilia le explicó al estudiante Ernaldo Vieira, en la noche del miércoles 26, por qué habían encerrado a los manifestantes que protestaban contra la corrupción y por la reforma política en la llamada Explanada de los Ministerios, antes de ahogarlos con gas lacrimógeno. La represión policial, el freno corporativo y la cooptación de las movilizaciones por los medios conservadores dominantes se combinan en la respuesta de la derecha al intento de la presidenta Dilma Rousseff de orientar las protestas hacia reformas democráticas que consoliden las políticas sociales de la última década y aseguren su reelección. Son dos proyectos antagónicos que pujan por el poder en Brasil.
Ante 27 gobernadores estaduales y 26 alcaldes de las principales ciudades del país, reunidos en el Planalto, Rousseff propuso en la tarde del lunes 24 la adopción de cinco pactos nacionales destinados a impulsar reformas democráticas largamente pendientes: 1) Responsabilidad fiscal y control de la inflación; 2) Plebiscito para convocar a una asamblea constituyente sobre la reforma política; 3) Salud; 4) Educación, y 5) Transportes. Miles de millones de reales deben fluir hacia los municipios para mantener sin alzas los boletos del transporte público urbano. A Salud y Educación debe destinarse el 100% de los ingresos que se obtengan por la explotación del petróleo de la cuenca submarina frente a Río de Janeiro. Limitar el sobreendeudamiento de estados y municipios es una consigna compartida por todas las fuerzas políticas. Pero es el plebiscito para convocar la asamblea constituyente específica que debe introducir reforma política lo que se ha convertido en piedra de toque de la lucha por el poder asumida por la presidenta.
Dilma no consultó ni a su propio partido para hacer los anuncios del lunes 24. Evidentemente, sólo un “núcleo duro”, y seguramente su mentor Lula, participaron el fin de semana pasado en la toma de esta decisión estratégica. Convocar al pueblo a decidir sobre la reforma política mediante un plebiscito vinculante implica saltar por sobre el Congreso y la Justicia y devolver la soberanía a su dueño originario. “Es un recurso bolivariano”, dijo un columnista de Folha de São Paulo.
El vicepresidente Michel Temer, del centrista PMDB, se quejó por la falta de consulta y rechazó la convocatoria a asamblea constituyente. El ministro de Educación, Aloisio Mercadante, ofició toda la semana de vocero presidencial, desplazando a la jefa de la Casa Civil, senadora Gleisi Hoffman, aspirante a gobernar el Estado de Paraná a partir de 2014 con el apoyo de la hidroeléctrica Itaipú Binacional.
Aunque la presidenta desistió al día siguiente de convocar a una asamblea constituyente, porque –como dijo el presidente del PT, Rui Falcão– “llevaría demasiado tiempo reunirla”, mantuvo el llamado a realizar um plebiscito, para que el pueblo imponga la reforma política. Se trata de reformar las leyes de partidos políticos y de elecciones prohibiendo el subsidio a los partidos por personas jurídicas, estableciendo el financiamento público de los mismos y la lista cerrada para forzar la lealtad de los candidatos a los partidos, ajustando la representación al número de habitantes de cada distrito y colocando un piso del 3% de los votos para mantener la personería de los partidos y así disminuir el número de siglas. El régimen electoral y partidario vigente da a los candidatos una gran autonomía respecto de sus propios partidos y les permite financiarse con donaciones de empresas que más tarde se cobran con licitaciones públicas. Se calcula que las empresas de la construcción destinan en promedio el 5% de sus ganancias a las donaciones electorales.
No por casualidad fue Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) quien presentó públicamente la alternativa conservadora. Luego de su reunión con la presidenta, el martes 25, declaró que “el país precisa una reforma política que disminuya la influencia de los partidos en la selección de los candidatos y aumente la participación popular”. Y agregó: “Pienso que hay una voluntad del pueblo brasileño de disminuir o mitigar el peso de los partidos políticos sobre la vida política del país”. Barbosa resaltó que no defiende la “supresión” de los partidos, pero que está a favor de candidaturas individuales para todos los cargos, incluso la presidencia de la República, no atadas a siglas partidarias.
El presidente del STF saltó a la fama de manos de los medios hegemónicos el año pasado cuando se destacó como impiadoso castigador de los procesados por el affaire del “mensalão”. En un país sin tradición de luchas populares como Brasil, cuyo pueblo mayoritariamente todavía anhela la venida de un San Jorge justiciero que mate de un lanzazo al dragón de la corrupción, el primer miembro negro del máximo tribunal –cuyo mandato vence precisamente el año próximo– prepara su plataforma para lanzarse a competir con Rousseff por la presidencia de Brasil. Encuestas realizadas la semana anterior por DataFolha lo ubicaron como el preferido de las jóvenes clases medias movilizadas, aunque él todavía diga que no es candidato a nada.
Todos los políticos brasileños se dedican por estos días a halagar los reclamos de las manifestaciones. No hizo falta esfuerzo para que la Cámara de Diputados desistiera de sus resistencias de meses y resolviera el miércoles 26 destinar el 70% de los futuros réditos petroleros a la educación y el 30% al mejoramiento del Sistema Único de Salud (SUS).
Igualmente oportunista resultó la liberación de impuestos sobre el transporte automotor urbano colectivo para mantener sin cambios las tarifas. Así se garantiza, a costa del Estado, que las empresas concesionarias de ómnibus (unos pocos consorcios que atienden la gran mayoría de los municipios) sigan llevándose el 70% del ingreso por boletos.
También fue unánime el apoyo parlamentario al endurecimiento de las leyes que castigan la corrupción activa y pasiva y delitos conexos, convirtiéndolos en delitos graves sancionables con penas de prisión. Al mismo tiempo, la Cámara baja rechazó por 430 votos contra 6 la Propuesta de Enmienda Constitucional 37 que proponía reafirmar la facultad constitucional exclusiva de la Policía Federal para investigar delitos penales. Si bien esta facultad fue establecida por el art. 114 de la Constitución federal de 1988, con los años se hizo habitual que las fiscalías investigaran por su cuenta. Ante la falta de controles democráticos sobre el accionar del Ministerio Público, la presidenta había propuesto hace dos años la PEC 37 para reforzar el mandato constitucional. Esto hubiera implicado que las fiscalías podrían iniciar investigaciones penales que la PF debería ejecutar, pero no llevarlas adelante por su cuenta. Sin embargo, como los medios hegemónicos y la corporación judicial consiguieron exitosamente instalar en las manifestaciones de junio la consigna del rechazo a la reforma, la mayoría del Parlamento que hasta hace dos semanas apoyaba la PEC votó el miércoles masivamente por su rechazo. Todos los medios festejaron alborozados “el triunfo de la democracia”. Ahora pueden seguir sin límites dirigiendo la agenda de las fiscalías.
Dilma reaccionó rápidamente a la presión de las calles asumiendo sus consignas y orientándolas hacia la profundización de las reformas democráticas, pero sus oponentes no se quedaron atrás y pasaron a hacer como si se adhirieran al proceso reformista, pero a costas de las finanzas públicas y desviando las manifestaciones hacia la denostación del gobierno. Para ganar esta carrera, la presidenta se reunió el lunes 24 con representantes del Movimiento Pase Libre, el martes con el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y el miércoles con las cinco centrales sindicales que convocaron a una huelga general para el 11 de julio.
No obstante, para conquistar la calle, la presidenta precisa líderes de los que no dispone. Descabezada la conducción del PT, el partido se adocenó y se alejó de sus bases. La presidenta tampoco cultivó el contacto con el pueblo al que era tan afecto Lula.
La lucha por la conducción de las movilizaciones se está agudizando. En la semana que pasó éstas cambiaron su eje y base de apoyo. A excepción de la gran manifestación en Belo Horizonte durante el partido Brasil-Uruguay, en las grandes ciudades se redujo la presencia en la calle de la clase media y aumentó la de los sectores populares de las periferias. El martes se movilizaron en Río de Janeiro varios miles de habitantes de Rocinha –con 250.000 habitantes la favela más grande del continente– para reclamar al gobernador del Estado de Río de Janeiro Sergio Cabral (PMDB) la satisfacción de reivindicaciones largamente levantadas por esa población marginal. El jueves 27 la Policía Militar paulista desalojó en la zona Este de la metrópolis a activistas del MTST que habían ocupado un predio largamente vacío solicitando su expropiación para un proyecto de viviendas populares.
Las movilizaciones callejeras todavía están capturadas por los medios hegemónicos que las orientaron hacia la lucha contra la PEC 37, pero Dilma reaccionó rápida e inteligentemente, cambiando su agenda. Parece haber dejado atrás un período de gobierno aparentemente “técnico”, para hacer más política. Mientras duró la bonanza económica externa, los servicios públicos se podían financiar con las rentas extraordinarias, pero actualmente se trata de redistribuir los ingresos tributarios, aumentando los impuestos de los más ricos y destinando el excedente para el mejoramiento de los derechos y los servicios públicos. Por eso es que se discute tanto sobre la mejora de los servicios públicos. Éstos fueron privatizados en los años ’90, se rigen por el lucro y en consecuencia carecen de inversiones.
La educación pública básica y secundaria sufre por los bajos salarios de los maestros y profesores y la falta de inversiones. La educación superior, por su parte, se expandió notablemente en los últimos diez años, pero en las nuevas universidades faltan infraestructuras y residencias para alojar a estudiantes que muchas veces vienen de muy lejos y tienen bajos recursos, y los nuevos profesores están pésimamente formados. El Servicio Único de Salud, en tanto, padece enormes carencias materiales y personales. El sistema de ómnibus urbanos, finalmente, devora enormes subsidios, pero es carísimo y de mala calidad. La situación sólo cambiará si el Estado interviene planificando y regulando.
Para encabezar esta nueva política, Dilma debe movilizar sus apoyos sociales. La clase trabajadora brasileña está muy fragmentada. Además de los obreros fabriles hay una nueva clase trabajadora predominantemente joven que ascendió mediante la enseñanza superior privada a la que accedió gracias a las becas estatales, que consume más y tiene mayores expectativas, pero que no ve perspectivas de futuro en el mercado de trabajo. Por eso vive bajo una tensión permanente que puede ser canalizada tanto por la izquierda como por la derecha.
Además, existe otra fracción mucho más numerosa, que todavía vive en la pobreza y constituye la principal base del lulismo. Según el investigador André Singer, esta fracción quiere cambios pero rechaza la radicalización política porque la asocia al desempleo y a la carestía. Para conquistar su apoyo, la estrategia de los gobiernos de Lula y Dilma consistió en evitar la radicalización. De hecho, este sector fue muy beneficiado por la baja de la pobreza y la desigualdad, pero el avance es muy lento y las transferencias se hacen a costas de los ingresos del Estado, para evitar choques con los grupos dominantes.
Sin embargo, en la situación económica actual, esta estrategia está atrapada en una paradoja: el gobierno quiere evitar la radicalización política por miedo a la crisis económica, la inestabilidad y la fuga de capitales que aumentarían el desempleo precisamente de los sectores más pobres de la población, lo que los arrastraría hacia la derecha. Súmese a todo esto el dato de que la clase media tradicional es hoy la más perjudicada por el proceso distributivo y el tipo de crecimiento económico y es la más dispuesta a ocupar las calles con consignas protofascistas, como ya sucedió en 1964.
En un contexto de bajísimo crecimiento económico y –aunque baja– creciente inflación, si Dilma quiere forzar la intervención estatal en la oferta de mejores servicios públicos y transferir renta para financiarlos, marchará inevitablemente al choque con la derecha. Para triunfar, esta estrategia precisa movilizar y organizar a la nueva clase trabajadora.
El lulismo necesita evitar la radicalización y prepararse para la polarización inevitable, como lo demuestran las movilizaciones. Como respuesta superadora, Rousseff hizo dos movimientos osados: legitimó en las manifestaciones a los interlocutores de izquierda como el MPL y el MTST y lanzó a los manifestantes contra el Congreso. Éste ya acusó el golpe y calificó de autoritaria la convocatoria a la Constituyente, pero no pudo negarse al plebiscito sobre la reforma política.
Las protestas van a continuar en todo el país porque son incontrolables. La derecha está en las calles y en los medios intentando cooptar la revuelta. La agenda presidencial se dirige a contrarrestarla con sus banderas reformistas. Dilma respondió con perspicacia al clamor de las manifestaciones. Contra sus consignas democráticas se alzan las que levantó Joaquim Barbosa: menos política, menos partidos, más candidatos individuales manipulables por los medios y las grandes finanzas. La coronación de esta estrategia sería derrotar a Dilma en 2014 con un “Napoleón de toga”. Como dijo en 1860 el príncipe Tomaso di Lampedusa, “il Gattopardo”: “Cambiar algo, para que nada cambie”. El juego está abierto.

domingo, 23 de junio de 2013

El enojo de la nueva clase media

La rebelión de los hijos de Lula

Año 6. Edición número 266. Domingo 23 de junio de 2013
Más de dos millones de manifestantes en más de ochenta ciudades por todo Brasil: la indignación por el aumento en el precio del boleto derivó en un llamado de atención al gobierno de Dilma Rousseff y a toda la clase política.
En diez años de gobierno, Lula y Dilma duplicaron la matrícula universitaria dando estudios superiores a los hijos de familias pobres recién llegadas a la multiplicada clase media brasileña. Ya profesionales mal remunerados que pagan altos impuestos y reciben pésimos servicios públicos, esos mismos jóvenes están hoy en las calles de las mayores ciudades reclamando por lo que falta y no encuentran quién los escuche.
Después de trece días de crecientes movilizaciones, el Movimiento Passe Livre quería festejar el jueves pasado la cancelación del aumento en las tarifas del transporte público en las principales urbes, pero perdió el control de las masas. El desplazamiento del centro de agitación de San Pablo a Río de Janeiro marcó un cambio en el movimiento. En la antigua capital, favelas gigantescas colindan con barrios residenciales, la red de contención social es nás tenue, las elites son más corruptas y la policía es más violenta. Allí es mucho más difícil encontrar canales de negociación. El movimiento se desbordó y nadie sabe hacia dónde. Por eso es tan aguda la lucha por su control entre la Presidenta y los medios reaccionarios.
Dos millones de personas se manifestaron en 80 ciudades, triplicando la suma de dos días antes. 300.000 lo hicieron en Río, 110.000 salieron a la calle en San Pablo, 80.000 en Manaos, 50.000 en Recife y 20.000 en Belo Horizonte y Salvador. Desde las manifestaciones que llevaron a juicio político a Fernando Collor en 1992 no se movilizaba tanta gente. Luego se repitieron las escenas de días anteriores: pequeños grupos se desprendieron de las manifestaciones, atacaron organismos públicos y saquearon comercios. En Internet puede verse cómo operan, sin que la policía intervenga; acto seguido, comienzan las refriegas callejeras, con gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma. En Brasilia, la Policía Militar logró impedir que manifestantes invadieran el predio del Congreso Federal, como había sucedido el martes. Corresponsales de la BBC denunciaron haber sido atacados directamente por la policía al identificarse como periodistas. La novedad del jueves fueron los masivos ataques que sufrieron militantes del PT y de partidos de extrema izquierda, para que bajaran sus banderas y abandonaran la marcha en San Pablo.
Las protestas comenzaron el 6 de junio contra los aumentos de veinte centavos de real de los pasajes de los ómnibus urbanos en San Pablo y Río. En la capital paulista, los boletos pasaron a R$ 3,20 (U$S 1,40). Con sueldos brutos para las categorías bajas iguales o menores que los de los argentinos, los costos que el pueblo brasileño paga por los malos servicios públicos, su endeudamiento con las tarjetas de crédito a tasas del 40% anual y la inflación del 6,5% que, aunque baja, perfora los bolsillos de quienes viven con lo justo, hicieron que veinte centavos fueran la gota que rebasó el vaso. Los gigantescos gastos estatales con las obras preparatorias de la Copa de las Confederaciones actualmente en curso, la venida del Papa a Río de Janeiro en julio próximo, la Copa Mundial de Fútbol el año próximo y los Juegos Olímpicos de 2016 se perciben como un insulto. Los constantes malos tratos policiales humillan e indignan. “Basta de corrupción - Cambiemos Brasil”, reza una pancarta repetida; “Alto a los malos tratos”, pone otra; “Vamos a las calles: es el único lugar donde no pagamos impuestos”, convoca la tercera; “Si el gobierno no trae educación, vendrá la revolución”, amenaza la cuarta.
Dilma Rousseff canceló su planeado viaje a Japón, el vicepresidente Michel Tenner (PMDB) regresó raudamente al país y el viernes ambos se reunieron con los principales ministros y los líderes del oficialismo en el Congreso, para decidir el curso a seguir. La presidenta ya se había solidarizado el martes públicamente con las reivindicaciones de los manifestantes, pero no bastó para apaciguarlos.
“Ningún político nos representa –dijo Jamaime Schmitt, una joven ingeniera que estuvo en las marchas–. Ya no se trata solamente de los pasajes de ómnibus. Pagamos altos impuestos y somos un país rico, pero esto no se nota en nuestras escuelas, hospitales y carreteras”. Una encuesta entre los manifestantes que asistieron a las marchas de esta semana en San Pablo llevada a cabo por el grupo Datafolha dice que el 77% de los que protestan tienen un título universitario, el 53% son menores de 25 años y el 84% dice que no pertenece a ningún partido político.
La Policía Militar multiplicó en Río sus efectivos por diez en el transcurso de la semana. Las críticas contra las represiones violentas se escuchan en todo el país. “Estábamos completamente tranquilos, cuando comenzaron a arrojarnos gas. La gente estaba aterrorizada,” declaró Alessandra Sampaio, una de las manifestantes. Victor Bezerra, estudiante de Derecho, comparó la acción policial con la de la dictadura: “La policía está actuando como hace treinta años”.
Los jóvenes organizadores del Movimiento por el Pase Libre (que se dicen de izquierda) respiraron aliviados el miércoles pasado cuando acordaron con el alcalde paulista Fernando Haddad la cancelación del aumento y la constitución de una comisión para explorar la posibilidad de instaurar el transporte público urbano gratuito. Tenían miedo de que el movimiento se saliera de cauce y se convirtiera en un alzamiento contra el gobierno federal.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB) postergó el debate sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 37, que limita el poder de investigación criminal del Ministerio Público Fiscal. Aunque la Constitución de 1988 da a la Policía Federal el monopolio de las investigaciones criminales, se hizo habitual que las fiscalías pesquisaran por su cuenta. Este uso permitió que salieran a la luz muchos casos de corrupción. Por ejemplo el “mensalão” fue investigado por el fiscal general Roberto Gurgel al margen de la policía. Para limitar este poder descontrolado, se presentó en el Congreso la PEC 37 que acentúa la disposición constitucional dando como única a la policía la facultad de investigar hechos criminales. Sin embargo, como el juicio contra los líderes del PT en el Supremo Tribunal Federal (STF) fue muy popular, los manifestantes también exigen que se retire la PEC.
Es sintomático que todas las manifestaciones transcurran pacíficamente hasta que pequeños grupos organizados se desprenden para cometer vandalismo, atacar organismos públicos y saquear comercios. En ese momento, las policías militares atacan a la masa con gran violencia y las cámaras de TV los siguen. Las características de Pierre Ramon Alves de Oliveira, el más exaltado de los manifestantes que depredaron el edificio de la alcaldía de San Pablo el martes pasado, explican el perfil de casi el 80% de los 69 presos de ese día: hijos de familias de clase media baja, estudiantes, trabajadores ocasionales, usuarios habituales de gimnasios, consumidores compulsivos de internet y enojados con la situación nacional. La mayoría tiene entre 17 y 22 años y no está vinculada a partidos u organizaciones como el Movimiento “Passe Livre”. Una minoría pertenece a los punks que se infiltran en cualquier movimiento.
La represión policial es señalada generalmente como uno de los factores determinantes de la masificación de las protestas en las últimas semanas. A esto se añaden la insatisfacción con los altos costos de vida y los pésimos servicios públicos y la ola internacional de los movimientos de indignados.
El movimiento se expandió por las redes sociales y la policía ya sabía quiénes, cuándo y dónde cometerían desmanes. Bajo la influencia de las recientes revelaciones sobre el accionar cibernético de los servicios de inteligencia norteamericanos algunos periodistas de Carta Maior y blogueros buscan en ese rincón a los responsables de la asonada y las acciones violentas.
Cláudio Couto, profesor en Fundación Getulio Vargas (FGV) de Río de Janeiro, tiene un diagnóstico pesimista: “¡Qué burra y peligrosa es la clase media brasileña, que creció gracias a este gobierno y a la actual política económica de crédito fácil e intereses reducidos! Se incentiva un consumo desenfrenado y sin límites, pero no se habla de educación ni salud. La renta per cápita puede haber aumentado, pero la disparidad entre el 10% más pobre y el 10% más rico no ha cambiado en los últimos 25 años. La mitad de la renta total de Brasil está en las manos del 10% más rico y el 50% más pobre se divide entre sí apenas el 10% de la riqueza nacional,” señaló.
“¿Ahora viene una clase media torpe a tomar las calles con un movimiento que se inició con una consigna que favorece específicamente al pobre marginalizado que no tiene el derecho básico de circular libremente por la ciudad?”, pregunta retóricamente. “Porque era eso lo que se veía ayer entre los más de 150 mil manifestantes”, continuó. “Fue impresionante ver cómo la mayoría de las personas no estaba allí por ideales políticos, por el cambio social o indignados con las pestes que asolan nuestro país. Era pura y simplemente interés en luchar por algo que se desconoce o por un cambio no en relación a la voluntad y a los anhelos de los pobres, sino a los intereses de la clase media”, concluyó.
Un ex alumno brasileño preguntó a este periodista desde San Pablo si pensaba que la nueva clase media puede aprovechar el momento para poner en práctica sus ideas conservadoras camuflándolas con consignas libertarias. Excepto la exigencia de que el Congreso rechace las PEC, no se notan reivindicaciones políticas progresistas y las manifestaciones sólo se dan en los ejes centrales de las ciudades, sin participación de los arrabales. Por supuesto que es imposible dar a la distancia una respuesta definitiva a tal pregunta, pero que la misma se plantee ya indica lo fluido de la situación.
Según Saúl Leblon, de Carta Maior, las calles están imponiendo una nueva agenda política. No necesariamente contra las conquistas de los últimos años, pero sí contra las maniobras parlamentarias y palaciegas a espaldas del pueblo. En cambio ve como muy grave el accionar policial: “Tenemos una Policía Militar que no cambió con la llegada de la democracia”, constata. “Sigue actuando como en la época de la dictadura. Esa manera de operar de la policía es un tema que también debe ser tratado”, propuso.
Para el sociólogo Ricardo Antunes, profesor de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), “el proyecto en curso en los últimos años que beneficia a las clases dominantes, al sector financiero, al agronegocio, a la minería, aunque combinado con la minimización de los niveles de miseria, no alteró estructuralmente el orden económico y social”. El profesor de la Unicamp destaca que el descontento de las clases medias se da en un contexto internacional que provoca un “efecto demostración”. Todo ese movimiento en Europa y EE.UU., según Antunes, adquiere mayor proporción gracias a internet. “La comunicación no depende más de los medios oficiales”, comentó.
Un movimiento que creció tanto en tan poco tiempo y sin consignas claras desorienta a sus intérpretes y alienta los esfuerzos para imponerle un sentido. Especialmente los medios conservadores intentaron apropiarse del fenómeno, pero fracasaron. Al principio interpretaron las protestas como dirigidas contra los gobiernos locales progresistas. Luego comenzaron a denunciar a los “vándalos”. Enseguida fueron sobrepasados por la violenta represión policial, por lo menos en San Pablo protegida por la misma gestión estadual que estos medios apoyan. La semana pasada quisieron nuevamente presentar las movilizaciones como opositoras. Sin embargo las protestas se dirigieron también contra el gobernador conservador de San Pablo, G. Alckmin, y los periodistas de O Globo fueron expulsados de las manifestaciones.
Uno de los reclamos más enérgicos de los manifestantes se dirige contra la policía. Herencia maldita del Imperio, la república conservadora y, sobre todo, de la dictadura, la Policía Militar es a la vez reserva del Ejército y única policía desplegada en todo el territorio. Depende de los gobiernos estaduales y, por lo tanto, es un instrumento privilegiado para defender los intereses de los poderosos locales. Todas las PM están formadas y entrenadas para la “guerra contra el crimen” y así encaran la seguridad: no les interesa ni la prevención ni la contención, sino la represión masiva. 10.000 hombres entrenados en la lucha antiterrorista protegen en Brasilia el palacio presidencial y el Congreso. Aviones no tripulados fotografían cada centímetro de manifestación. Todos los intercambios en las redes sociales están registrados.
El movimiento de masas se salió de cauce. Superó la reivindicación originaria por la anulación del alza del boleto de ómnibus, intensificó sus demandas contra la corrupción y la violencia policial, pero rechaza a todos los partidos políticos por igual. Puede todavía convertirse en un movimiento democratizador, pero para ello debe liberarse de la maniobra de cooptación de los medios conservadores y organizarse para prevenir las provocaciones.
El PT y los partidos a su izquierda deben repensar su modo de hacer política. El primero, encapsulado en el poder, perdió la sintonía de las calles. Los segundos hicieron estos días gala de un sectarismo suicida y también fueron raleados de las marchas.
Brasil está viviendo un movimiento de masas vigoroso y bastante espontáneo que se extiende y amplía, sin que nadie pueda todavía conducirlo o aprovecharlo. El juego está todavía abierto. Si el PT y las fuerzas de izquierda consiguen reconectarse, puede derivar en una profunda democratización que acabe con los resabios dictatoriales que todavía frenan el país. La Presidenta debe hallar la palabra justa para interpelarlo, pero aún más debe encontrar los gestos que lo conformen. La derecha no logró cooptarlo... todavía. Puede dispersarse, pero reaparecerá con más fuerza la próxima vez, porque en estas dos semanas Brasil cambió radicalmente. Ya nadie más podrá gobernar sin las masas movilizadas. Es bueno que las dirigencias políticas lo tengan en cuenta.

domingo, 16 de junio de 2013

Jaqueado por sus ambigüedades, el PT se deja acosar por los medios

Cuanto más inflado el globo, mejor

Año 6. Edición número 265. Domingo 16 de junio de 2013
Un editor y el columnista de economía del Jornal das Dez (El Diario de las Diez), el principal programa de noticias de Globo News, destacaron el pasado martes 11 las recomendaciones de la revista británica The Economist, para que Brasil baje su tasa de inflación (del 6,5%, según cómputos recientes). Standard & Poor’s, por su parte, dijo que bajaría la calificación de Brasil por su riesgo inflacionario. Algunas autoridades del gobierno empezaron a dar explicaciones y el presidente del Banco Central volvió a subir la tasa de interés interbancaria. El chantaje mediático paga y sigue pegando en el interior del gobierno brasileño.
Diez grandes grupos económicos de sendas familias se dividen el control de los medios de comunicación de masas en Brasil. El espectro audiovisual está claramente dominado por el Grupo Globo, con sede en Río de Janeiro, propiedad de la familia Marinho. Lo siguen SBT (Sistema Brasileño de Televisión, del grupo Silvio Santos), la red Bandeirantes (del grupo Saad) y Record (del obispo pentecostal Edir Macedo). En la prensa escrita el Grupo Globo también ocupa un lugar dominante gracias al diario homónimo. Sus principales competidores son los grupos Folha de São Paulo (de la familia Frias Filho), O Estado de São Paulo (de la familia Mesquita) y en el sector de las revistas la editorial Abril (de la familia Civita), con el semanario Veja.
“Tenemos decenas, más de treinta Berlusconis”, exclama Eugênio Bucci, profesor de la Universidad de San Pablo y columnista de O Estado de São Paulo. Para él la organización y la conducta de los medios brasileños se rigen todavía por criterios patrimonialistas. Desde la colonia y el Imperio, el poder regional en Brasil (especialmente en el Nordeste) ha estado en manos de pocas familias de terratenientes, políticos y militares que dominaban los medios. Esa organización se ha trasladado al propio sector de la prensa, aunque grandes dinastías regionales todavía influyen sobre los medios. Este sistema oligárquico todavía explica buena parte de los conflictos y acuerdos espurios entre personalidades públicas, los medios y la Justicia.
En Brasil, el sistema de medios está estructurado a partir de las redes nacionales de televisión fundadas bajo y con el apoyo de la dictadura de 1964 a 1985. Los conglomerados ya mencionados controlan directa e indirectamente los principales vehículos de comunicación. Durante medio siglo, el sistema de redes nacionales se fue construyendo en base al fuerte apoyo de los recursos públicos y a la afiliación de grupos regionales privados a los conglomerados nacionales. Todavía hoy un tercio de los municipios y muchas empresas públicas estaduales financian la cobertura territorial de las redes comerciales. En Brasil hay un total de 34 redes de TV transestaduales a las que están vinculados 1.511 vehículos. También la radio se transformó en una importante fuente de poder que pertenece o está asociada a las cadenas de grandes grupos instaladas en el eje Río de Janeiro-San Pablo.
Un motivo central de la lucha por el control de los medios de comunicación masiva es la expansión del mercado publicitario. Según un estudio de la empresa US Media Consulting publicado en marzo pasado, la denominada clase estadística C (pobres con empleo regular) se ha convertido en el grupo focal más codiciado por su rasante crecimiento en los últimos años. Su consumo en 2012 sumó 500 billones de dólares y se prevé que llegue a 523 billones en 2015, más de lo que suman las clases A (alta) y B (media) juntas. En 2014, Brasil se convertirá en el quinto mercado publicitario del mundo. Esa cifra representa un crecimiento del 45% en relación con 2011, y se debe principalmente al aumento de la publicidad en Internet (15,46% en el primer semestre de 2012).
No obstante, la TV abierta se queda todavía con la mayor parte de los gastos de publicidad (el 63%). Los periódicos consumen el 11% y las revistas, el 7,1%. Internet ocupa el cuarto lugar con 5,1%. La publicidad en TV abierta tiene también la mayor penetración en la población (97%), seguida por los carteles en la vía pública (86%), la radio (78%), los periódicos (60%), las revistas (54%) e Internet (40%). La TV de cable apenas llega al 28% de la población.
En Brasil, la línea de corte no trascurre entre gobierno y medios, sino al interior del primero: en abril pasado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República (Secom) informó que en 2012 la TV abierta recibió el 62% de la pauta publicitaria del gobierno federal. De esa cifra, la TV Globo se llevó el 43% del total (240 millones de dólares). La publicación de los datos generó críticas de los militantes por el derecho a la comunicación a las que Roberto Bocorny Messias, secretario ejecutivo de la Secom, replicó que se utilizan “criterios técnicos” para repartir los recursos.
Contra la concentración de los medios en los últimos años se ha dsarrollado una riquísima escena bloguera que recientemente sufre fuertes embates judiciales. Durante la campaña para las elecciones municipales de octubre pasado, detonaron numerosos procesos contra blogueros y la propia Google debió bajar 300 contenidos.
Elaborado por el diputado federal Alessandro Molon y apoyado por el ex presidente Lula, el proyecto de ley de Internet conocida como “marco civil”, actualmente en la discusión parlamentaria, se dirige a regular los derechos y deberes del Estado, de los usuarios y los intermediarios técnicos de Internet. Aprobado por el Senado en 2011, el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados ya fue postergado cinco veces por el lobby de las grandes empresas de medios con la ayuda del ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo.
Algunos estiman que en Brasil hay cerca de 4.600 radios comunitarias, pero a esta cifra hay que sumarle un número impreciso de emisoras que aparecen y desaparecen sin obtener la licencia. “Los gobiernos de Lula y de Dilma fueron los primeros en reconocer el papel social de las comunidades”, explica el coordinador de la asociación que las reúne (Amarc), Arthur William. “Sin embargo, continúa, no se atrevieron a tocar el marco regulador existente.”
A la defensa de la porción de los medios concentrados en el mercado publicitario se suman como motivo de las campañas contra Lula y Dilma las diferentes visiones, la defensa del capital financiero internacional y el miedo a que la Comisión de la Verdad indague sobre las complicidades de los grandes medios con la dictadura cívico-militar. Todavía a fines de mayo crearon un caos al esparcir el rumor de que se acabaría la “Bolsa Família”, el subsidio popular más extendido. Según la Policía Federal (PF), el rumor se habría difundido por una operación de marketing telefónico y fue luego retomado por los medios. La PF todavía está investigando quién pagó la campaña.
Los medios brasileños hacen permanentes campañas para torcer la voluntad de los gobiernos del PT, pero la polarización no es tan definida como en otros países de la región por la extrema imbricación de los medios con el poder. Uno de sus interlocutores más destacados es el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, esposo de Gleisi Hoffman, jefa de la Casa Civil de la Presidencia y precandidata a la gobernación del Estado de Paraná en 2014, ambos estrechamente vinculados a la Itaipú Binacional, la empresa de energía hidroeléctrica más grande del mundo. Este ministro se ha manifestado repetidamente contra la reforma de la ley de medios y, como se ha dicho, defiende la actual distribución de la pauta publicitaria oficial que privilegia a los más concentrados.
Aunque la presidenta Dilma Rousseff siga advirtiendo a los medios monopólicos que no cederá a sus presiones, la ambivalencia de su gobierno en la política de medios refleja sus compromisos con fuerzas políticas conservadoras –aun dentro del propio partido– para mantener estable la coalición gobernante. El discurso oficial del PT afirma que estas concesiones son necesarias para mantener la exitosa política social de la última década. Sin embargo, es evidente que el gobierno deja que TV Globo infle un ídem que en cualquier momento puede estallar.

domingo, 9 de junio de 2013

La estrategia derechista de la tensión

La ultraderecha mata en París

Año 6. Edición número 264. Domingo 9 de junio de 2013
Skinhead. Los neonazis crecen en Francia.
El puñetazo en la cara que mató el miércoles pasado al militante antifascista Clément Méric estaba demasiado anunciado. Que hubiera una o más muertes en los constantes enfrentamientos entre neonazis y anarquistas era cuestión de tiempo. Todos lo sabían y la derecha atizó el fuego, para que sucediera.
Miles de personas se manifestaron jueves y viernes en París, para protestar contra la muerte del joven y reclamar la prohibición de los grupos de extrema derecha. Oriundo de Brest, Clément Méric ya militaba en círculos anarcosindicalistas desde los 15 años. Cuando llegó a la capital en septiembre de 2012, se integró a SUD (Solidarios, Unitarios y Democráticos), confluencia de asociaciones sindicales anarquistas, horizontales y autónomas. Clément también se unió a los "antifas" que combaten a los neonazis en la calle. Comenzó a participar en las manifestaciones por el matrimonio igualitario y contra la homofobia. Rápidamente se hizo conocido y fue marcado por sus enemigos. Para sus compañeros del Instituto de Estudios Políticos (IEP) es evidente que fue "un asesinato".
Sus homicidas pertenecen a las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias (JNR). Fundadas en 1987 por Serge Ayoub, alias Batskin, al principio eran la sección juvenil del movimiento de extrema derecha Tercera Vía, dirigido por Jean-Gilles Malliarakis. Sin embargo, esta tentativa de federar las diversas bandas neonazis fracasó y el movimiento actualmente no supera la treintena de personas. Este fracaso es típico de estos grupos en toda Europa. Son incapaces de pasar a la acción política, indisciplinados y arrastrados por el alcohol. Expresan más frustraciones que programa. El hecho de que quien probablemente mató a Clément sea Esteban M., un hijo de inmigrantes españoles, es típico: los grupos originados en las viejas inmigraciones de la posguerra, amenazados por la crisis económica, reaccionan contra otros grupos populares, minorías e inmigrantes y no contra los causantes de la crisis.
Desde el miércoles por la noche el Partido de la Izquierda, en cuya proximidad militaba el joven bretón, salió a denunciar el hecho y a acusar a la JNR. El líder partidario Jean-Luc Mélenchon señaló la vinculación de estos grupos con el Frente Nacional. Por su parte, la presidenta del partido nacionalista, Marine Le Pen, se desmarcó de los cabezas rapadas, aunque ella misma predica desde 2011 la necesidad de "desdiabolizar" a los neonazis.
Algunos voceros de la derecha aprovecharon jueves y viernes para construir una "teoría de los dos demonios" a la francesa. Según ellos, la muerte de Clément Méric sería el resultado de las permanentes riñas entre extremistas alentados por "el clima de intolerancia" creado por el gobierno socialista.
Las causas de la tragedia son múltiples: la crisis económica y social que mina a Francia desde hace cinco años genera un nerviosismo generalizado. La vuelta de la izquierda al gobierno, en tanto, fue recibida en los medios con intolerancia y sectarismo. La derecha, que se proclama "desacomplejada", autoriza a salir de su marginalidad a grupos ultranacionalistas y xenófobos. La estrategia de "desdiabolización" de la presidenta del Frente Nacional les abre la puerta y la aguda polarización política en el debate sobre el matrimonio igualitario los legitimó en los últimos meses para imponer el terror en las calles.
"Cuidado con las amalgamas", se defiende la derecha parlamentaria contra las acusaciones de complicidad con los violentos, pero llama a "la resistencia" contra proyectos de ley en debate en el parlamento, como si Francia estuviera gobernada por una dictadura. El clima está preparado para que la violencia de los neonazis tenga público. La muerte de Clément Méric no es casual, sino parte de una estrategia de alta tensión que la derecha europea quiere aprovechar para resolver la crisis a su manera. Si François Hollande retrocede ante la violencia neonazi, deberá someterse aún más a las imposiciones políticas y económicas de la derecha vernácula y externa. La muerte de Clément Méric es un test para la madurez republicana.

domingo, 2 de junio de 2013

El enfrentamiento entre la COB y el gobierno boliviano

Evo ganó por puntos

Año 6. Edición número 263. Domingo 2 de junio de 2013
Bolivia. Cómo quedó el plano político y sindical luego de la huelga convocada por la Central Obrera Boliviana.
Con una victoria por puntos del presidente Evo Morales terminó el pasado miércoles 22 de mayo el paro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) por mejoras en las jubilaciones que durante dos semanas de protestas callejeras y bloqueos de rutas tensó al país. Con firmeza y astucia el gobierno logró aislar a los huelguistas e imponerles su punto de vista.
El gobierno y la central sindical acordaron una tregua de 30 días para estudiar una reforma a la ley de pensiones que permita una jubilación de hasta 60% del salario de un trabajador activo, dijo el secretario de Finanzas de la COB, Óscar Tapia. Los puntos centrales del acuerdo fijan el monto de las pensiones en un 70% del promedio de los últimos 24 meses de salario con 30 años de aportes para los mineros y 35 años para el resto de los trabajadores. Esto significa que el gobierno mantuvo el monto máximo de las jubilaciones para los mineros en cuatro mil pesos bolivianos (574 dólares) y de 3.200 (459 dólares) para los demás sectores, pero se acordó entre ambas partes hacer un estudio matemático sobre sostenibilidad del Fondo Solidario que compensa las jubilaciones y pensiones. Tapia explicó que para garantizar el pago del 70% para los mineros y otros sectores se deberá modificar la ley de pensiones en “35 artículos”, tarea que deberá realizar una comisión mixta que comienza a reunirse en los próximos días.
Por su parte, el presidente Evo Morales dijo que el gobierno aplicará descuentos a los maestros y sanitaristas que acataron la huelga general de la COB a partir del día que fue declarada ilegal. Morales señaló que mantendrá invariable su posición, que es la de mejorar los ingresos para quienes ganan menos.
La huelga convocada por la central obrera sólo fue acatada por cerca de 5.000 mineros de la mayor mina estatal en Huanuni, maestros públicos y sectores de sanitarios, pero el grueso de los sindicatos optó por protestas callejeras y cortes en la red primaria de carreteras. El bloqueo de rutas causó millonarias pérdidas aún no cuantificadas a los sectores productivos. No obstante, algunos sectores como los maestros se mostraron descontentos con el repliegue ordenado por la Central Obrera Boliviana y anunciaron asambleas para evaluar la situación.
El gobierno aceptó la propuesta de la COB de revisar 15 artículos de la Ley de Pensiones y 18 del Decreto 0822 que reglamenta las prestaciones para la jubilación. El ente sindical busca que entre las modificaciones se amplíe el beneficio para las personas que laboran en áreas insalubres. Así lo informó Óscar Tapia quien explicó que, para reducir la edad de jubilación por trabajo insalubre, la comisión técnica conformada entre la entidad sindical y el Ejecutivo trabajará en la modificación de los artículos 125 y 126 de la Ley 065.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Arce, explicó que no se modificarán los actuales topes de las jubilaciones. “Se han abierto otros elementos para estudiar, pero siempre precautelando la sostenibilidad de la ley de pensiones”, dijo en rueda de prensa. “No hubo vencedores ni vencidos”, proclamó.
Otro de los aspectos que será modificado en la norma de pensiones por parte de la comisión mixta será la masa hereditaria con el objetivo de que el trabajador o el derechohabiente puedan reclamar el beneficio de la jubilación por tiempo ilimitado, indicó Tapia. El parágrafo II del artículo 65 de la Ley de Pensiones señala que si el saldo acumulado por parte del asegurado fallecido no es reclamado por sus familiares en un plazo de 10 años, éste será revertido al Fondo Solidario.
“Las organizaciones sociales de los nueve departamentos del país, que representan el 80% de la Central Obrera Boliviana, refundarán esta entidad matriz si los actuales dirigentes no cambian de conducta”, advirtió Juanita Ancieta, presidenta de la Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bartolina Sisa, en el “gran cabildo patriótico revolucionario” que se reunió en la Plaza Villarroel de La Paz. 20.000 manifestantes se reunieron en el centro de La Paz para repudiar la huelga de la COB y apoyar al Presidente. “¡1, 2, 3, Evo otra vez!”, gritó el cabildo cuando Evo Morales empezó a hablar. Éste destacó y agradeció las movilizaciones populares en su apoyo. “Aquí está la verdadera COB”, dijo. Señaló que durante su gobierno se liberó al país de la férula económica del FMI y el Banco Mundial, como del manejo político de la Embajada de Estados Unidos. Exhortó a los profesores (uno de los principales gremios huelguistas) a trabajar para formar los científicos que el país necesita para su industrialización. Pidió a los mineros de Huanuni que salven su responsabilidad trabajando para el país.
En tanto, el expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz Teófilo Caballero afirmó el jueves que la Central Obrera Boliviana (COB) perdió con las movilizaciones iniciadas en demanda del alza en la pensión solidaria de vejez, pero también resultó muy dañado el comercio exterior boliviano. El profesional señaló que la salida que eligieron las organizaciones sindicales fue elegante, porque su planteamiento de un aumento en la pensión solidaria no garantizaba la sostenibilidad financiera del Sistema Integral de Pensiones (SIP). “En realidad no sólo la COB ha perdido con las medidas de marchas y bloqueos que hizo, sino también el país, porque de acuerdo a cálculos de entidades del comercio exterior son casi US$ 180 millones que Bolivia perdió por exportaciones e importaciones no realizadas”, manifestó. El economista cruceño señaló que se debe esperar hasta la conclusión de los 30 días que ambos sectores se dieron, porque si la dirigencia sindical no sustenta sus argumentos en las negociaciones que sostendrá con el Gobierno para la modificación de varios artículos de la norma de pensiones, perderá credibilidad y se verá debilitada aún más ante sus bases.
Mientras, el economista y ex superintendente de Recursos Jerárquicos Flavio Machicao indicó que el Gobierno les dio una salida honrosa del conflicto a los representantes de la organización sindical, porque el tema de las pensiones es algo que no se puede resolver de forma inmediata. “Cuando un movimiento social de esta naturaleza se desmoviliza sin llegar a ninguna conclusión es naturalmente una pérdida”, argumentó.
La protesta fue una de las más prolongadas que afrontó Morales en sus siete años de gestión. El gobierno salió indemne con una hábil campaña mediática en defensa del sistema de pensiones reformado hace tres años y que según las autoridades es “solidario con los que menos ganan”. Tildó a la Central Obrera Boliviana de “aristocracia obrera” y la acusó de propiciar afanes golpistas, según el vicepresidente Álvaro García Linera. Pero la protesta fortaleció a la Central Obrera Boliviana que en los últimos años había quedado dividida y fracturada por la salida de los sindicatos agrarios leales al gobierno.
El gobierno de Evo Morales es muy criticado por favorecer a los grandes capitales, que en los últimos siete años han hecho ingentes ganancias gracias al desarrollo de la economía boliviana y al enorme aumento del consumo, y a los sectores populares más desposeídos. Entre tanto, las clases medias y los sectores obreros con mayor poder de presión corporativa, como los mineros, han mejorado su situación general, pero han sufrido pérdidas relativas que ahora pretenden recuperar.
En 2014 habrá elecciones generales y la Justicia autorizó a Evo a presentarse a un tercer período, argumentando que el primero fue anterior a la sanción de la nueva Constitución de 2008. Ante la perspectiva de su casi seguro triunfo, los distintos sectores sociales y corporaciones presionan para condicionarlo, pero el gobierno ha aprendido de sus experiencias y sabe aguantar el choque, para después contragolpear con movilizaciones de masas y negociar en sus condiciones. El clima es rudo, pero al fin democrático.

Siria no es Libia

Más armas para la guerra

Año 6. Edición número 263. Domingo 2 de junio de 2013
Acribilados. Una milicia rebelde improvisa un búnker para protegerse del fuego enemigo.
Al Assad recibiría apoyo militar de Moscú. Mientras en el campo de batalla se afirma la superioridad de Damasco, los rebeldes anunciaron que no concurrirán a la conferencia de paz convocada por Estados Unidos y Rusia.
Al mismo tiempo que el embargo sobre los envíos de armas a los rebeldes sirios caducaba el pasado día 31 por decisión de la Unión Europea, la oposición siria en el exterior anunciaba que no concurrirá a la conferencia de paz convocada por Estados Unidos y Rusia para mitad de junio en Ginebra. De mantenerse esta postura, el gobierno sirio convalidará en el campo político y diplomático su actual supremacía militar. La conferencia fracasará y la guerra civil se prolongará, con el riesgo de que incendie toda la región.
Después de doce horas de sesión sin ponerse de acuerdo, los ministros de relaciones exteriores europeos decidieron el pasado lunes 27 levantar el embargo de los envíos de armas para la oposición siria que caducó entonces el viernes 31. La coalición de Alemania, Francia y Gran Bretaña logró impedir con malabarismos verbales la prórroga del embargo propuesta por Austria, Suecia, Finlandia y la República Checa cuyos delegados afirmaron que los envíos de armas prolongarán y agravarán la guerra.
Mientras tanto, en el campo de batalla se afirma la superioridad del gobierno sirio sobre los rebeldes. Desde mediados de la semana pasada, numerosos yihadistas intentaban entrar en la sitiada Qusair, ciudad situada en la frontera con Líbano, controlada por los rebeldes desde hace un año, para contener la exitosa ofensiva del Ejército sirio y las milicias de Hizbollah. El sitio es estratégico, porque por allí entran al país los suministros de armas y tropas para los opositores. Aunque sólo pocos combatientes están alcanzando la ciudad asediada, la batalla aún se mantiene.
“Teniendo en cuenta el fuerte apoyo de Irán y Rusia al gobierno sirio, hay indicios de que el régimen del Presidente Bashar al-Assad puede vencer en la guerra civil”, afirmó el periodista norteamericano asentado en Beirut Michael Young el pasado jueves en una entrevista en la página del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en Washington. “En tanto, el gobierno avance en el campo militar, la demanda de la oposición de que renuncie no es realista”, continuó. Este mismo argumento llevó al presidente interino de la Coalición Nacional Siria (CNS), George Sabra, a anunciar el jueves 30 el boicot opositor a la conferencia de paz convocada por Rusia y Esttados Unidos para mitad de mes en Ginebra. “Esta posición dificulta a las potencias europeas y a Estados Unidos justificar el suministro de armas”, comentó Young la decisión,
En este contexto, el gobierno sirio informó el jueves 30 haber recibido de Rusia el primer cargamento de cohetes S300. Ambos países afirman que se trata de armas defensivas para repeler los ataques aéreos y de cohetes israelís, pero, como estos novísimos proyectiles tienen un alcance de 300 km, pueden afectar el espacio aéreo israelí. El primer ministro israelí Benjamin Netanhau reaccionó inmediatamente declarando que Israel debe prepararse para “una nueva era de guerra en el Medio Oriente. El frente interno se ha hecho ahora más accesible para el enemigo”, añadió. Sin embargo, Shaul Shay, investigador senior de la Universidad Bar Ilan, manifestó a CFR que duda que los cohetes ya hayan llegado a Damasco.
Después de ocho días de sesionar en Estanbul los líderes opositores seguían el viernes sin ponerse de acuerdo sobre la elección del presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Sirio. Retrucando el fracaso opositor, el presidente Bachar Al Assad anunció el miércoles 29 que en 2014 piensa presentarse a una tercera reelección.
Evidentemente hay poca conexión entre la oposición externa e interna. El CNS percibe que Estados Unidos está evitando involucrarse en el conflicto y que la conferencia avalará la posición rusa de iniciar negociaciones de paz con todas las partes y sin condiciones previas. Aún más fuerte es su sensación de falta de autoridad sobre los combatientes del interior. Éstos, por su parte, le reprochan no consultar a las bases. Es previsible que el país continúe partido en dos por mucho tiempo. Apoyados en la mayoría sunita, los rebeldes quizá mantengan el control del Norte y Este del país, pero el gobierno, sostenido por los alawitas, los shiítas y los cristianos, con claros objetivos y voluntad política y con supremacía militar, seguiría controlando la mayor parte del territorio. La revuelta democrática de hace dos años se ha convertido en una guerra confesional.
Siria no es Libia. Hace dos años el envío de unidades anglofrancesas a Libia decidió la victoria de la coalición anti-Gadafi. Sin embargo, Libia no tiene la importancia geoestratégica de Siria ni el decidido respaldo ruso, iraní y chino con el que Assad cuenta. Las barbaridades cometidas por el régimen contra la población civil pierden relevancia ante las atrocidades cometidas por la facción salafista de los rebeldes. Al triunfar en Qusair, el gobierno controlará la frontera con Líbano, mientras sus apoyos internacionales contrapesan la ayuda occidental para los rebeldes.
Se mantenga o no la decisión opositora de boicotear la conferencia en Ginebra, la superioridad de las fuerzas leales y la división de los opositores permiten prever que el régimen sobrevivirá, aunque la guerra civil continúe por largos años. Es difícil que las potencias occidentales decidan invadir Siria, porque las fuerzas anglofrancesas e israelís deberían combatir junto a los extremistas sunitas. Estados Unidos tampoco intervendrá, al menos durante la presidencia de Obama. Rusia, Irán y China tampoco se quedarían quietos en esa eventualidad. A Assad le conviene amenazar con la internacionalización de la guerra sectaria entre musulmanes, para asustar a Occidente e imponer una paz negociada. Si Esados Unidos y Rusia consiguen evitar que el conflicto interno trascienda las fronteras, éste se prolongará sin vencedores definitivos durante mucho tiempo. Si no lo logran, la guerra va a abarcar todo el Medio Oriente.