La rebelión de los hijos de Lula
Año 6. Edición número 266. Domingo 23 de junio de 2013
Más de dos millones de manifestantes en más de
ochenta ciudades por todo Brasil: la indignación por el aumento en el
precio del boleto derivó en un llamado de atención al gobierno de Dilma
Rousseff y a toda la clase política.
En diez años de gobierno, Lula y Dilma duplicaron la matrícula
universitaria dando estudios superiores a los hijos de familias pobres
recién llegadas a la multiplicada clase media brasileña. Ya
profesionales mal remunerados que pagan altos impuestos y reciben
pésimos servicios públicos, esos mismos jóvenes están hoy en las calles
de las mayores ciudades reclamando por lo que falta y no encuentran
quién los escuche.
Después de trece días de crecientes movilizaciones, el Movimiento Passe Livre quería festejar el jueves pasado la cancelación del aumento en las tarifas del transporte público en las principales urbes, pero perdió el control de las masas. El desplazamiento del centro de agitación de San Pablo a Río de Janeiro marcó un cambio en el movimiento. En la antigua capital, favelas gigantescas colindan con barrios residenciales, la red de contención social es nás tenue, las elites son más corruptas y la policía es más violenta. Allí es mucho más difícil encontrar canales de negociación. El movimiento se desbordó y nadie sabe hacia dónde. Por eso es tan aguda la lucha por su control entre la Presidenta y los medios reaccionarios.
Dos millones de personas se manifestaron en 80 ciudades, triplicando la suma de dos días antes. 300.000 lo hicieron en Río, 110.000 salieron a la calle en San Pablo, 80.000 en Manaos, 50.000 en Recife y 20.000 en Belo Horizonte y Salvador. Desde las manifestaciones que llevaron a juicio político a Fernando Collor en 1992 no se movilizaba tanta gente. Luego se repitieron las escenas de días anteriores: pequeños grupos se desprendieron de las manifestaciones, atacaron organismos públicos y saquearon comercios. En Internet puede verse cómo operan, sin que la policía intervenga; acto seguido, comienzan las refriegas callejeras, con gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma. En Brasilia, la Policía Militar logró impedir que manifestantes invadieran el predio del Congreso Federal, como había sucedido el martes. Corresponsales de la BBC denunciaron haber sido atacados directamente por la policía al identificarse como periodistas. La novedad del jueves fueron los masivos ataques que sufrieron militantes del PT y de partidos de extrema izquierda, para que bajaran sus banderas y abandonaran la marcha en San Pablo.
Las protestas comenzaron el 6 de junio contra los aumentos de veinte centavos de real de los pasajes de los ómnibus urbanos en San Pablo y Río. En la capital paulista, los boletos pasaron a R$ 3,20 (U$S 1,40). Con sueldos brutos para las categorías bajas iguales o menores que los de los argentinos, los costos que el pueblo brasileño paga por los malos servicios públicos, su endeudamiento con las tarjetas de crédito a tasas del 40% anual y la inflación del 6,5% que, aunque baja, perfora los bolsillos de quienes viven con lo justo, hicieron que veinte centavos fueran la gota que rebasó el vaso. Los gigantescos gastos estatales con las obras preparatorias de la Copa de las Confederaciones actualmente en curso, la venida del Papa a Río de Janeiro en julio próximo, la Copa Mundial de Fútbol el año próximo y los Juegos Olímpicos de 2016 se perciben como un insulto. Los constantes malos tratos policiales humillan e indignan. “Basta de corrupción - Cambiemos Brasil”, reza una pancarta repetida; “Alto a los malos tratos”, pone otra; “Vamos a las calles: es el único lugar donde no pagamos impuestos”, convoca la tercera; “Si el gobierno no trae educación, vendrá la revolución”, amenaza la cuarta.
Dilma Rousseff canceló su planeado viaje a Japón, el vicepresidente Michel Tenner (PMDB) regresó raudamente al país y el viernes ambos se reunieron con los principales ministros y los líderes del oficialismo en el Congreso, para decidir el curso a seguir. La presidenta ya se había solidarizado el martes públicamente con las reivindicaciones de los manifestantes, pero no bastó para apaciguarlos.
“Ningún político nos representa –dijo Jamaime Schmitt, una joven ingeniera que estuvo en las marchas–. Ya no se trata solamente de los pasajes de ómnibus. Pagamos altos impuestos y somos un país rico, pero esto no se nota en nuestras escuelas, hospitales y carreteras”. Una encuesta entre los manifestantes que asistieron a las marchas de esta semana en San Pablo llevada a cabo por el grupo Datafolha dice que el 77% de los que protestan tienen un título universitario, el 53% son menores de 25 años y el 84% dice que no pertenece a ningún partido político.
La Policía Militar multiplicó en Río sus efectivos por diez en el transcurso de la semana. Las críticas contra las represiones violentas se escuchan en todo el país. “Estábamos completamente tranquilos, cuando comenzaron a arrojarnos gas. La gente estaba aterrorizada,” declaró Alessandra Sampaio, una de las manifestantes. Victor Bezerra, estudiante de Derecho, comparó la acción policial con la de la dictadura: “La policía está actuando como hace treinta años”.
Los jóvenes organizadores del Movimiento por el Pase Libre (que se dicen de izquierda) respiraron aliviados el miércoles pasado cuando acordaron con el alcalde paulista Fernando Haddad la cancelación del aumento y la constitución de una comisión para explorar la posibilidad de instaurar el transporte público urbano gratuito. Tenían miedo de que el movimiento se saliera de cauce y se convirtiera en un alzamiento contra el gobierno federal.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB) postergó el debate sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 37, que limita el poder de investigación criminal del Ministerio Público Fiscal. Aunque la Constitución de 1988 da a la Policía Federal el monopolio de las investigaciones criminales, se hizo habitual que las fiscalías pesquisaran por su cuenta. Este uso permitió que salieran a la luz muchos casos de corrupción. Por ejemplo el “mensalão” fue investigado por el fiscal general Roberto Gurgel al margen de la policía. Para limitar este poder descontrolado, se presentó en el Congreso la PEC 37 que acentúa la disposición constitucional dando como única a la policía la facultad de investigar hechos criminales. Sin embargo, como el juicio contra los líderes del PT en el Supremo Tribunal Federal (STF) fue muy popular, los manifestantes también exigen que se retire la PEC.
Es sintomático que todas las manifestaciones transcurran pacíficamente hasta que pequeños grupos organizados se desprenden para cometer vandalismo, atacar organismos públicos y saquear comercios. En ese momento, las policías militares atacan a la masa con gran violencia y las cámaras de TV los siguen. Las características de Pierre Ramon Alves de Oliveira, el más exaltado de los manifestantes que depredaron el edificio de la alcaldía de San Pablo el martes pasado, explican el perfil de casi el 80% de los 69 presos de ese día: hijos de familias de clase media baja, estudiantes, trabajadores ocasionales, usuarios habituales de gimnasios, consumidores compulsivos de internet y enojados con la situación nacional. La mayoría tiene entre 17 y 22 años y no está vinculada a partidos u organizaciones como el Movimiento “Passe Livre”. Una minoría pertenece a los punks que se infiltran en cualquier movimiento.
La represión policial es señalada generalmente como uno de los factores determinantes de la masificación de las protestas en las últimas semanas. A esto se añaden la insatisfacción con los altos costos de vida y los pésimos servicios públicos y la ola internacional de los movimientos de indignados.
El movimiento se expandió por las redes sociales y la policía ya sabía quiénes, cuándo y dónde cometerían desmanes. Bajo la influencia de las recientes revelaciones sobre el accionar cibernético de los servicios de inteligencia norteamericanos algunos periodistas de Carta Maior y blogueros buscan en ese rincón a los responsables de la asonada y las acciones violentas.
Cláudio Couto, profesor en Fundación Getulio Vargas (FGV) de Río de Janeiro, tiene un diagnóstico pesimista: “¡Qué burra y peligrosa es la clase media brasileña, que creció gracias a este gobierno y a la actual política económica de crédito fácil e intereses reducidos! Se incentiva un consumo desenfrenado y sin límites, pero no se habla de educación ni salud. La renta per cápita puede haber aumentado, pero la disparidad entre el 10% más pobre y el 10% más rico no ha cambiado en los últimos 25 años. La mitad de la renta total de Brasil está en las manos del 10% más rico y el 50% más pobre se divide entre sí apenas el 10% de la riqueza nacional,” señaló.
“¿Ahora viene una clase media torpe a tomar las calles con un movimiento que se inició con una consigna que favorece específicamente al pobre marginalizado que no tiene el derecho básico de circular libremente por la ciudad?”, pregunta retóricamente. “Porque era eso lo que se veía ayer entre los más de 150 mil manifestantes”, continuó. “Fue impresionante ver cómo la mayoría de las personas no estaba allí por ideales políticos, por el cambio social o indignados con las pestes que asolan nuestro país. Era pura y simplemente interés en luchar por algo que se desconoce o por un cambio no en relación a la voluntad y a los anhelos de los pobres, sino a los intereses de la clase media”, concluyó.
Un ex alumno brasileño preguntó a este periodista desde San Pablo si pensaba que la nueva clase media puede aprovechar el momento para poner en práctica sus ideas conservadoras camuflándolas con consignas libertarias. Excepto la exigencia de que el Congreso rechace las PEC, no se notan reivindicaciones políticas progresistas y las manifestaciones sólo se dan en los ejes centrales de las ciudades, sin participación de los arrabales. Por supuesto que es imposible dar a la distancia una respuesta definitiva a tal pregunta, pero que la misma se plantee ya indica lo fluido de la situación.
Según Saúl Leblon, de Carta Maior, las calles están imponiendo una nueva agenda política. No necesariamente contra las conquistas de los últimos años, pero sí contra las maniobras parlamentarias y palaciegas a espaldas del pueblo. En cambio ve como muy grave el accionar policial: “Tenemos una Policía Militar que no cambió con la llegada de la democracia”, constata. “Sigue actuando como en la época de la dictadura. Esa manera de operar de la policía es un tema que también debe ser tratado”, propuso.
Para el sociólogo Ricardo Antunes, profesor de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), “el proyecto en curso en los últimos años que beneficia a las clases dominantes, al sector financiero, al agronegocio, a la minería, aunque combinado con la minimización de los niveles de miseria, no alteró estructuralmente el orden económico y social”. El profesor de la Unicamp destaca que el descontento de las clases medias se da en un contexto internacional que provoca un “efecto demostración”. Todo ese movimiento en Europa y EE.UU., según Antunes, adquiere mayor proporción gracias a internet. “La comunicación no depende más de los medios oficiales”, comentó.
Un movimiento que creció tanto en tan poco tiempo y sin consignas claras desorienta a sus intérpretes y alienta los esfuerzos para imponerle un sentido. Especialmente los medios conservadores intentaron apropiarse del fenómeno, pero fracasaron. Al principio interpretaron las protestas como dirigidas contra los gobiernos locales progresistas. Luego comenzaron a denunciar a los “vándalos”. Enseguida fueron sobrepasados por la violenta represión policial, por lo menos en San Pablo protegida por la misma gestión estadual que estos medios apoyan. La semana pasada quisieron nuevamente presentar las movilizaciones como opositoras. Sin embargo las protestas se dirigieron también contra el gobernador conservador de San Pablo, G. Alckmin, y los periodistas de O Globo fueron expulsados de las manifestaciones.
Uno de los reclamos más enérgicos de los manifestantes se dirige contra la policía. Herencia maldita del Imperio, la república conservadora y, sobre todo, de la dictadura, la Policía Militar es a la vez reserva del Ejército y única policía desplegada en todo el territorio. Depende de los gobiernos estaduales y, por lo tanto, es un instrumento privilegiado para defender los intereses de los poderosos locales. Todas las PM están formadas y entrenadas para la “guerra contra el crimen” y así encaran la seguridad: no les interesa ni la prevención ni la contención, sino la represión masiva. 10.000 hombres entrenados en la lucha antiterrorista protegen en Brasilia el palacio presidencial y el Congreso. Aviones no tripulados fotografían cada centímetro de manifestación. Todos los intercambios en las redes sociales están registrados.
El movimiento de masas se salió de cauce. Superó la reivindicación originaria por la anulación del alza del boleto de ómnibus, intensificó sus demandas contra la corrupción y la violencia policial, pero rechaza a todos los partidos políticos por igual. Puede todavía convertirse en un movimiento democratizador, pero para ello debe liberarse de la maniobra de cooptación de los medios conservadores y organizarse para prevenir las provocaciones.
El PT y los partidos a su izquierda deben repensar su modo de hacer política. El primero, encapsulado en el poder, perdió la sintonía de las calles. Los segundos hicieron estos días gala de un sectarismo suicida y también fueron raleados de las marchas.
Brasil está viviendo un movimiento de masas vigoroso y bastante espontáneo que se extiende y amplía, sin que nadie pueda todavía conducirlo o aprovecharlo. El juego está todavía abierto. Si el PT y las fuerzas de izquierda consiguen reconectarse, puede derivar en una profunda democratización que acabe con los resabios dictatoriales que todavía frenan el país. La Presidenta debe hallar la palabra justa para interpelarlo, pero aún más debe encontrar los gestos que lo conformen. La derecha no logró cooptarlo... todavía. Puede dispersarse, pero reaparecerá con más fuerza la próxima vez, porque en estas dos semanas Brasil cambió radicalmente. Ya nadie más podrá gobernar sin las masas movilizadas. Es bueno que las dirigencias políticas lo tengan en cuenta.
Después de trece días de crecientes movilizaciones, el Movimiento Passe Livre quería festejar el jueves pasado la cancelación del aumento en las tarifas del transporte público en las principales urbes, pero perdió el control de las masas. El desplazamiento del centro de agitación de San Pablo a Río de Janeiro marcó un cambio en el movimiento. En la antigua capital, favelas gigantescas colindan con barrios residenciales, la red de contención social es nás tenue, las elites son más corruptas y la policía es más violenta. Allí es mucho más difícil encontrar canales de negociación. El movimiento se desbordó y nadie sabe hacia dónde. Por eso es tan aguda la lucha por su control entre la Presidenta y los medios reaccionarios.
Dos millones de personas se manifestaron en 80 ciudades, triplicando la suma de dos días antes. 300.000 lo hicieron en Río, 110.000 salieron a la calle en San Pablo, 80.000 en Manaos, 50.000 en Recife y 20.000 en Belo Horizonte y Salvador. Desde las manifestaciones que llevaron a juicio político a Fernando Collor en 1992 no se movilizaba tanta gente. Luego se repitieron las escenas de días anteriores: pequeños grupos se desprendieron de las manifestaciones, atacaron organismos públicos y saquearon comercios. En Internet puede verse cómo operan, sin que la policía intervenga; acto seguido, comienzan las refriegas callejeras, con gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma. En Brasilia, la Policía Militar logró impedir que manifestantes invadieran el predio del Congreso Federal, como había sucedido el martes. Corresponsales de la BBC denunciaron haber sido atacados directamente por la policía al identificarse como periodistas. La novedad del jueves fueron los masivos ataques que sufrieron militantes del PT y de partidos de extrema izquierda, para que bajaran sus banderas y abandonaran la marcha en San Pablo.
Las protestas comenzaron el 6 de junio contra los aumentos de veinte centavos de real de los pasajes de los ómnibus urbanos en San Pablo y Río. En la capital paulista, los boletos pasaron a R$ 3,20 (U$S 1,40). Con sueldos brutos para las categorías bajas iguales o menores que los de los argentinos, los costos que el pueblo brasileño paga por los malos servicios públicos, su endeudamiento con las tarjetas de crédito a tasas del 40% anual y la inflación del 6,5% que, aunque baja, perfora los bolsillos de quienes viven con lo justo, hicieron que veinte centavos fueran la gota que rebasó el vaso. Los gigantescos gastos estatales con las obras preparatorias de la Copa de las Confederaciones actualmente en curso, la venida del Papa a Río de Janeiro en julio próximo, la Copa Mundial de Fútbol el año próximo y los Juegos Olímpicos de 2016 se perciben como un insulto. Los constantes malos tratos policiales humillan e indignan. “Basta de corrupción - Cambiemos Brasil”, reza una pancarta repetida; “Alto a los malos tratos”, pone otra; “Vamos a las calles: es el único lugar donde no pagamos impuestos”, convoca la tercera; “Si el gobierno no trae educación, vendrá la revolución”, amenaza la cuarta.
Dilma Rousseff canceló su planeado viaje a Japón, el vicepresidente Michel Tenner (PMDB) regresó raudamente al país y el viernes ambos se reunieron con los principales ministros y los líderes del oficialismo en el Congreso, para decidir el curso a seguir. La presidenta ya se había solidarizado el martes públicamente con las reivindicaciones de los manifestantes, pero no bastó para apaciguarlos.
“Ningún político nos representa –dijo Jamaime Schmitt, una joven ingeniera que estuvo en las marchas–. Ya no se trata solamente de los pasajes de ómnibus. Pagamos altos impuestos y somos un país rico, pero esto no se nota en nuestras escuelas, hospitales y carreteras”. Una encuesta entre los manifestantes que asistieron a las marchas de esta semana en San Pablo llevada a cabo por el grupo Datafolha dice que el 77% de los que protestan tienen un título universitario, el 53% son menores de 25 años y el 84% dice que no pertenece a ningún partido político.
La Policía Militar multiplicó en Río sus efectivos por diez en el transcurso de la semana. Las críticas contra las represiones violentas se escuchan en todo el país. “Estábamos completamente tranquilos, cuando comenzaron a arrojarnos gas. La gente estaba aterrorizada,” declaró Alessandra Sampaio, una de las manifestantes. Victor Bezerra, estudiante de Derecho, comparó la acción policial con la de la dictadura: “La policía está actuando como hace treinta años”.
Los jóvenes organizadores del Movimiento por el Pase Libre (que se dicen de izquierda) respiraron aliviados el miércoles pasado cuando acordaron con el alcalde paulista Fernando Haddad la cancelación del aumento y la constitución de una comisión para explorar la posibilidad de instaurar el transporte público urbano gratuito. Tenían miedo de que el movimiento se saliera de cauce y se convirtiera en un alzamiento contra el gobierno federal.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB) postergó el debate sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 37, que limita el poder de investigación criminal del Ministerio Público Fiscal. Aunque la Constitución de 1988 da a la Policía Federal el monopolio de las investigaciones criminales, se hizo habitual que las fiscalías pesquisaran por su cuenta. Este uso permitió que salieran a la luz muchos casos de corrupción. Por ejemplo el “mensalão” fue investigado por el fiscal general Roberto Gurgel al margen de la policía. Para limitar este poder descontrolado, se presentó en el Congreso la PEC 37 que acentúa la disposición constitucional dando como única a la policía la facultad de investigar hechos criminales. Sin embargo, como el juicio contra los líderes del PT en el Supremo Tribunal Federal (STF) fue muy popular, los manifestantes también exigen que se retire la PEC.
Es sintomático que todas las manifestaciones transcurran pacíficamente hasta que pequeños grupos organizados se desprenden para cometer vandalismo, atacar organismos públicos y saquear comercios. En ese momento, las policías militares atacan a la masa con gran violencia y las cámaras de TV los siguen. Las características de Pierre Ramon Alves de Oliveira, el más exaltado de los manifestantes que depredaron el edificio de la alcaldía de San Pablo el martes pasado, explican el perfil de casi el 80% de los 69 presos de ese día: hijos de familias de clase media baja, estudiantes, trabajadores ocasionales, usuarios habituales de gimnasios, consumidores compulsivos de internet y enojados con la situación nacional. La mayoría tiene entre 17 y 22 años y no está vinculada a partidos u organizaciones como el Movimiento “Passe Livre”. Una minoría pertenece a los punks que se infiltran en cualquier movimiento.
La represión policial es señalada generalmente como uno de los factores determinantes de la masificación de las protestas en las últimas semanas. A esto se añaden la insatisfacción con los altos costos de vida y los pésimos servicios públicos y la ola internacional de los movimientos de indignados.
El movimiento se expandió por las redes sociales y la policía ya sabía quiénes, cuándo y dónde cometerían desmanes. Bajo la influencia de las recientes revelaciones sobre el accionar cibernético de los servicios de inteligencia norteamericanos algunos periodistas de Carta Maior y blogueros buscan en ese rincón a los responsables de la asonada y las acciones violentas.
Cláudio Couto, profesor en Fundación Getulio Vargas (FGV) de Río de Janeiro, tiene un diagnóstico pesimista: “¡Qué burra y peligrosa es la clase media brasileña, que creció gracias a este gobierno y a la actual política económica de crédito fácil e intereses reducidos! Se incentiva un consumo desenfrenado y sin límites, pero no se habla de educación ni salud. La renta per cápita puede haber aumentado, pero la disparidad entre el 10% más pobre y el 10% más rico no ha cambiado en los últimos 25 años. La mitad de la renta total de Brasil está en las manos del 10% más rico y el 50% más pobre se divide entre sí apenas el 10% de la riqueza nacional,” señaló.
“¿Ahora viene una clase media torpe a tomar las calles con un movimiento que se inició con una consigna que favorece específicamente al pobre marginalizado que no tiene el derecho básico de circular libremente por la ciudad?”, pregunta retóricamente. “Porque era eso lo que se veía ayer entre los más de 150 mil manifestantes”, continuó. “Fue impresionante ver cómo la mayoría de las personas no estaba allí por ideales políticos, por el cambio social o indignados con las pestes que asolan nuestro país. Era pura y simplemente interés en luchar por algo que se desconoce o por un cambio no en relación a la voluntad y a los anhelos de los pobres, sino a los intereses de la clase media”, concluyó.
Un ex alumno brasileño preguntó a este periodista desde San Pablo si pensaba que la nueva clase media puede aprovechar el momento para poner en práctica sus ideas conservadoras camuflándolas con consignas libertarias. Excepto la exigencia de que el Congreso rechace las PEC, no se notan reivindicaciones políticas progresistas y las manifestaciones sólo se dan en los ejes centrales de las ciudades, sin participación de los arrabales. Por supuesto que es imposible dar a la distancia una respuesta definitiva a tal pregunta, pero que la misma se plantee ya indica lo fluido de la situación.
Según Saúl Leblon, de Carta Maior, las calles están imponiendo una nueva agenda política. No necesariamente contra las conquistas de los últimos años, pero sí contra las maniobras parlamentarias y palaciegas a espaldas del pueblo. En cambio ve como muy grave el accionar policial: “Tenemos una Policía Militar que no cambió con la llegada de la democracia”, constata. “Sigue actuando como en la época de la dictadura. Esa manera de operar de la policía es un tema que también debe ser tratado”, propuso.
Para el sociólogo Ricardo Antunes, profesor de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), “el proyecto en curso en los últimos años que beneficia a las clases dominantes, al sector financiero, al agronegocio, a la minería, aunque combinado con la minimización de los niveles de miseria, no alteró estructuralmente el orden económico y social”. El profesor de la Unicamp destaca que el descontento de las clases medias se da en un contexto internacional que provoca un “efecto demostración”. Todo ese movimiento en Europa y EE.UU., según Antunes, adquiere mayor proporción gracias a internet. “La comunicación no depende más de los medios oficiales”, comentó.
Un movimiento que creció tanto en tan poco tiempo y sin consignas claras desorienta a sus intérpretes y alienta los esfuerzos para imponerle un sentido. Especialmente los medios conservadores intentaron apropiarse del fenómeno, pero fracasaron. Al principio interpretaron las protestas como dirigidas contra los gobiernos locales progresistas. Luego comenzaron a denunciar a los “vándalos”. Enseguida fueron sobrepasados por la violenta represión policial, por lo menos en San Pablo protegida por la misma gestión estadual que estos medios apoyan. La semana pasada quisieron nuevamente presentar las movilizaciones como opositoras. Sin embargo las protestas se dirigieron también contra el gobernador conservador de San Pablo, G. Alckmin, y los periodistas de O Globo fueron expulsados de las manifestaciones.
Uno de los reclamos más enérgicos de los manifestantes se dirige contra la policía. Herencia maldita del Imperio, la república conservadora y, sobre todo, de la dictadura, la Policía Militar es a la vez reserva del Ejército y única policía desplegada en todo el territorio. Depende de los gobiernos estaduales y, por lo tanto, es un instrumento privilegiado para defender los intereses de los poderosos locales. Todas las PM están formadas y entrenadas para la “guerra contra el crimen” y así encaran la seguridad: no les interesa ni la prevención ni la contención, sino la represión masiva. 10.000 hombres entrenados en la lucha antiterrorista protegen en Brasilia el palacio presidencial y el Congreso. Aviones no tripulados fotografían cada centímetro de manifestación. Todos los intercambios en las redes sociales están registrados.
El movimiento de masas se salió de cauce. Superó la reivindicación originaria por la anulación del alza del boleto de ómnibus, intensificó sus demandas contra la corrupción y la violencia policial, pero rechaza a todos los partidos políticos por igual. Puede todavía convertirse en un movimiento democratizador, pero para ello debe liberarse de la maniobra de cooptación de los medios conservadores y organizarse para prevenir las provocaciones.
El PT y los partidos a su izquierda deben repensar su modo de hacer política. El primero, encapsulado en el poder, perdió la sintonía de las calles. Los segundos hicieron estos días gala de un sectarismo suicida y también fueron raleados de las marchas.
Brasil está viviendo un movimiento de masas vigoroso y bastante espontáneo que se extiende y amplía, sin que nadie pueda todavía conducirlo o aprovecharlo. El juego está todavía abierto. Si el PT y las fuerzas de izquierda consiguen reconectarse, puede derivar en una profunda democratización que acabe con los resabios dictatoriales que todavía frenan el país. La Presidenta debe hallar la palabra justa para interpelarlo, pero aún más debe encontrar los gestos que lo conformen. La derecha no logró cooptarlo... todavía. Puede dispersarse, pero reaparecerá con más fuerza la próxima vez, porque en estas dos semanas Brasil cambió radicalmente. Ya nadie más podrá gobernar sin las masas movilizadas. Es bueno que las dirigencias políticas lo tengan en cuenta.
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Eduardo J. Vior