jueves, 29 de septiembre de 2016

El Pentágono dirige las relaciones con Medio Oriente

Desde ayer Obama es un "pato rengo"
Al rechazar el veto a la ley que permite a los familiares de las víctimas del 11-9 demandar a autoridades sauditas, el Congreso dio a los militares el control de la política hacia Levante
por Eduardo J. Vior
29-09-16
En la tradición política norteamericana habitualmente se denomina “pato rengo” al Presidente que se encuentra en los últimos meses de su gobierno sin poder ser reelecto. Barack Hussein Obama intentó mantener la iniciativa hasta el último minuto de su gobierno, pero una avalancha de turbios intereses acaba de sepultarlo.

El Senado de los Estados Unidos decidió ayer por 97 votos contra uno rechazar el veto presidencial contra la ley que permite a los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 demandar judicialmente a las antiguas y actuales autoridades de Arabia Saudí que fueran halladas cómplices de los terroristas.

Poco después de la decisión senatorial, la Cámara de Representantes se sumó al rechazo por 348 votos contra 77. Fue la primera vez en ocho años de mandato que Obama sufre tal derrota.

De este modo, entró en vigor la "Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo", que permite a los familiares de víctimas del 11 de septiembre demandar a líderes sauditas ante cortes de EE.UU. por su supuesto apoyo a los terroristas de 2001. Como entre los sospechosos se encuentran figuras de primera línea del reino árabe, el voto parlamentario fractura las relaciones con uno de los dos principales aliados del Imperio en Levante (el otro es Israel).

La factura deberá pagarla el o la próxima presidenta a elegirse el 8 de noviembre, quien asumirá el cargo condicionado/a por una crisis diplomática de proporciones. La defenestración antes de tiempo del más exitoso presidente norteamericano de los últimos 25 años dará a sus adversarios militares el manejo de la política para el Medio Oriente.

Tanto la ley votada el pasado 9 de septiembre como el rechazo del veto presidencial resuelto ayer se dieron sin gran debate parlamentario, sino más bien por la masiva presión de los familiares de las víctimas (y de los grandes estudios de abogados) que aprovecharon el 15° aniversario de los atentados y el año electoral para persuadir a los congresistas. También contribuyó la frustración de gran parte de la clase política norteamericana ante la falta de voluntad de la dirigencia saudita para adoptar mínimas reformas democráticas.

Las idas y vueltas que en ambos partidos jalonaron el camino hacia la aprobación de la ley y el rechazo al veto muestran a la vez el deseo de muchos en Washington de reconsiderar sus relaciones con la retrógrada monarquía peninsular y la ambivalencia de los republicanos sobre el curso futuro.

En el Partido Republicano nadie duda de la importancia de la alianza con Ryad, pero saben que después del acuerdo nuclear con Irán el mapa ha cambiado y no pueden seguir apostando a sólo dos fichas en esa región del mundo, aunque nadie tenga una alternativa.

Por su parte, las autoridades sauditas han amenazado a EE.UU. con vender o llevarse a otro país las inversiones por cientos de miles de millones de dólares que sus príncipes tienen en la economía estadounidense y de ese modo evitar que sean embargados por algún tribunal.

A pesar de los intentos tardíos del Ejecutivo por frenar el rechazo del veto, casi todos los aliados de Obama en los últimos ocho años se sumaron al voto negativo de ayer. Es que el presidente se va en enero y los votantes quedan, pensaron muchos.

Ahora habrá que esperar las dimensiones de la respuesta saudita y los nombres de los imputados en las primeras querellas. Por lo pronto, los puentes diplomáticos están rotos y sólo quedan los militares. Pésima perspectiva en momentos en que el Levante se encuentra en plena transformación.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Se afianza el neoliberalismo en Europa y América Latina

Rajoy salva los negocios de la Corona

Los triunfos del Partido Popular en Galicia y del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi prolongan el ajuste en la UE
por Eduardo J. Vior
28-09-2016

Las derrotas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones regionales del pasado domingo 25 alejan la posibilidad de un recambio en el gobierno de Madrid, dan estabilidad a la política de ajuste en Europa y consolidan los negocios españoles en América Latina.

En Galicia los conservadores del Partido Popular (PP) volvieron a ganar por mayoría absoluta y en Euskadi salió primero el Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque sin mayoría absoluta. En la primera región el PP conquistó 41 escaños, 3 más de los necesarios para la mayoría absoluta, y un 47,54% de votos. Alberto Núñez Feijóo seguirá como Presidente de la Xunta de gobierno y se proyecta como líder del partido en toda España, aunque se ha cuidado de reafirmar inmediatamente su apoyo a Mariano Rajoy para la Presidencia del Gobierno.

Segunda salió la coalición de izquierdas En Marea, que incluye a Podemos, con 14 diputados y un 19,06%, logró sobrepasar a los socialistas del PSOE, que obtuvieron también 14 escaños pero menos votos, un 17,89%. En tanto, los nacionalistas del BNG ganaron 6 escaños y un 8,35%. Finalmente, los liberales de Ciudadanos (Cs) no alcanzaron el 5% necesario para ingresar al parlamento regional.

En el País Vasco, por su parte, el PNV consiguió 29 parlamentarios y un 37,6% de los votos, lejos de los 38 escaños necesarios para tener mayoría absoluta. El jefe de gobierno (Lendakari) Iñigo Urkullu aseguró que buscará que Euskadi se mire "de igual a igual" con España y consiga "más autogobierno". En segundo lugar se mantiene allí la formación independentista de izquierdas EH Bildu (heredera de la ETA), con 17 diputados y el 21,2% de los sufragios.

La tercera fuerza más votada fue la alianza Elkarrekin Podemos, que engloba a Podemos, a Izquierda Unida y a los ecologistas de Equo. Esta coalición consiguió 11 parlamentarios (el 14,8% de los votos). La entrada de Podemos por primera vez en el Parlamento vasco propició que los dos partidos con mayor representación a nivel nacional, PSOE y Partido Popular (PP), quedaran relegados en la región al cuarto y quinto puesto respectivamente.

El resultado de estas elecciones regionales elimina al PSOE como alternativa de gobierno a nivel estatal y lo hunde en una profunda crisis. Los “barones” que gobiernan algunas regiones y ciudades –al frente, la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz- pensaban pedir la renuncia del Secretario General Pedro Sánchez en el Comité Federal que se reúne el 1 de octubre, pero éste se adelantó anunciando este lunes 26 la convocatoria a un Congreso extraordinario y la realización de elecciones primarias en octubre.

Esta iniciativa de Sánchez retrasa también la formación de gobierno en Madrid, ya que los votos de Cs no alcanzan para la mayoría absoluta que el PP necesita y ningún dirigente del PSOE se atreverá a saltar el cerco, hasta que se resuelva la crisis interna del partido.

Como trueque por la ayuda socialista para formar gobierno estatal, ayer Mariano Rajoy ofreció al PSOE el apoyo del PP en comunidades donde, como en Castilla-La Mancha, se ha roto la coalición PSOE-Podemos. Si se llega a las terceras elecciones generales en un año, Rajoy tiene buena chance de salir fortalecido y poder formar, solo o acompañado, un gobierno con mayoría suficiente en las Cortes.

El triunfo conservador en el norte del país aleja asimismo el recambio de la política de ajuste presupuestario que la Unión Europea viene imponiendo a los países del Sur desde 2011. Con España y Grecia sometidas e Italia colaborando, la alternativa portuguesa no representa ninguna amenaza.
 
Finalmente, también las empresas españolas que en América Latina gestionan las inversiones de los fondos financieros británicos, holandeses y alemanes, respiran aliviadas, porque seguirán contando con el apoyo de su diplomacia para arrancar a los países de este lado del Atlántico onerosas concesiones de servicios públicos sin innovación ni inversión alguna. Dos pequeñas elecciones con un tremendo efecto.

Ningún país suramericano puede salir solo de la crisis

La paz en Venezuela depende de Colombia

Si el próximo domingo 2 el referendo ratifica el acuerdo de paz firmado entre Santos y las FARC, avanzará el diálogo entre Maduro y la oposición
santos-maduro
Cuando el pasado lunes 26 en Cartagena se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, no sólo el pueblo colombiano suspiró aliviado. También los oficialistas y opositores sensatos de la vecina Venezuela se sienten alentados a ensayar el diálogo democrático con una pequeña ayuda del Vaticano. Por eso, si el referendo colombiano del próximo domingo 2 ratifica el documento de Cartagena, hay grandes posibilidades de que se destrabe la búsqueda de una salida negociada a la crisis política venezolana.

Mientras que el pasado lunes 25 el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, comprometía ante el presidente Nicolás Maduro la mediación de la organización internacional en el diferendo fronterizo que Venezuela sostiene con Guyana desde el siglo XIX, el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se reunía también con el primer mandatario venezolano en Cartagena después de la firma del acuerdo de paz, para reparar las dañadas relaciones bilaterales.

Anteriormente, el pasado 22 de septiembre el gobierno venezolano había invitado formalmente a la Iglesia Católica a formar parte del diálogo político entre el gobierno venezolano y la oposición, bajo los auspicios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La oposición insiste en varias condiciones antes de formalizar las negociaciones, entre las que destacan la participación del Vaticano y la realización de un referendo revocatorio presidencial este año para que Maduro pueda ser depuesto y un nuevo presidente resulte electo hasta las elecciones regulares que deben realizarse en 2018.
 
Por su parte, ese mismo día 22 la Santa Sede expresó su satisfacción por el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y exhortó a buscar soluciones negociadas a todos los conflictos que hay en el mundo. El Secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, no mencionó explícitamente una posible mediación del Papado en el conflicto que se vive en Venezuela, pero estaba sobreentendido que, si las principales partes contendientes lo invitan, el Vaticano accedería.
Aunque todavía no ha traído mayores resultados, el proceso de diálogo en curso desde mayo pasado es respaldado por la mayoría de la población. De acuerdo a las informaciones de líderes de ambos campos políticos parece haber avanzado algo en los últimos meses. No la tienen fácil los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y Ernesto Samper (Colombia), secretario general de Unasur, que intentan mediar entre oficialistas y opositores. Ilustra la variedad de actores involucrados y la imbricación entre temas muy complejos la declaración de Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y dirigente opositor, quien informó la semana pasada que representantes de los gobiernos de Ecuador y Bolivia -aliados de Nicolás Maduro- se le acercaron para hallar juntos vías para la superación de la crisis económica, caracterizada por una inflación que supera el cien por ciento anual.

Dentro de la misma alianza opositora (Mesa de Unidad Democrática, MUD) hay fuertes tensiones entre los dialoguistas y los radicalizados que quieren realizar a toda costa el referendo revocatorio este mismo año. Para ello anunciaron hace pocos días que el 28 y 29 de octubre saldrán a recolectar nuevamente las firmas necesarias para solicitar su implementación, pero que desacatarán la obligación impuesta por el Consejo Nacional Electoral de que las adhesiones se discriminen por cada estado federado.

En las negociaciones sobre Venezuela Maduro aparece muy debilitado, después de haber perdido el paraguas político de Brasil tras el derrocamiento de Dilma Rousseff. Sin embargo, hay una coincidencia entre todos los actores serios: nadie quiere que haya una salida caótica; todos desean una salida pacífica a la crisis actual. Ya sea la oposición civilizada, el gobierno, Cuba, EE.UU. o el Vaticano.
 
La salida a la que apuesta el chavismo es apartar a Maduro después del 10 de enero próximo, cuando se cumple la mitad de su período presidencial. De acuerdo a la Constitución de 1999, si el Presidente renuncia o su mandato es revocado después de los tres años de haber asumido (los mandatos duran seis), ya no se convoca a nuevas elecciones, sino que el vicepresidente ejecutivo termina el mandato constitucional. En este caso asumiría el mando Aristóbulo Istúriz, también vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) para Caracas y el vecino estado de Vargas. Sin embargo, el profesor universitario de 70 años a lo sumo sólo podría ser un presidente transitorio negociado con la oposición, hasta que se celebren las elecciones presidenciales en 2018. Detrás de él, el exvicepresidente Diosdado Cabello, a quien se le adjudica el control político del ejército, conduciría la transición para salvar la unidad nacional y lo más que pudieran rescatar del socialismo bolivariano. El éxito del diálogo es imprescindible para evitar que la confrontación actual se desboque.

Esta negociación es parte de un complejo ajedrez regional: le conviene a Cuba para seguir recibiendo una cuota de petróleo venezolano, a Juan Manuel Santos para no tener un foco de violencia en su vecindad inmediata mientras Colombia consolida la paz, a Barack Obama, quien durante la transición hacia el gobierno que asumirá en enero de 2017 no quiere dar aún más poder a los militares con quienes vive en permanente conflicto y, finalmente, al Papa Francisco, quien con cada proceso pacífico que se afirma en el mundo y, especialmente en nuestro continente, aumenta su influencia política y espiritual sobre gobiernos y pueblos.

Para que el diálogo venezolano pudiera dar sus primeros pasos fue necesario que Cuba y Noruega mediaran en Colombia, para que a su vez el Vaticano mediara entre Cuba y Estados Unidos, de modo que todos juntos –incluida la ONU- pudieran mediar en Venezuela. Por eso es que todos los venezolanos sensatos este domingo estarán haciendo fuerza para que en Colombia triunfe el “sí”.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

La fusión Bayer/Monsanto es una amenaza para el mundo

El desierto y su semilla

La compra de Monsanto por Bayer suma otro episodio en la concentración de los agronegocios y reflota una alianza nacida en la Guerra de Vietnam. Los ecos en Argentina
Thorsten Strasas | Flickr
Thorsten Strasas | Flickr

El miércoles 14 de septiembre Monsanto aceptó finalmente la oferta de compra de Bayer por 66 mil millones de dólares. Ésta es apenas una de varias fusiones recientes entre trasnacionales del agronegocio que aumentan aún más la concentración del mercado de agroinsumos y la dependencia de los agricultores y campesinos.

A la amplia gama de agroquímicos comercializados por su filial CropScience, la multinacional alemana, líder de la industria farmacéutica, suma ahora más de 2.000 variedades de semillas patentadas por Monsanto. Esta unión es la última de una serie de fusiones en el sector. En 1996 existían 600 empresas independientes de cultivo que hace poco se habían reducido a seis, de los cuales tres son de Estados Unidos (Monsanto, Dow Chemical y DuPont), dos de Alemania (Bayer y BASF) y uno de Suiza (Syngenta), que sumados ahora controlan el 63 por ciento del mercado global. Las tres recientes grandes megafusiones –las de las estadunidenses Dow Chemical y DuPont (130 mil millones de dólares), ChemChina y Syngenta (44 mil millones) y ahora Bayer con Monsanto (66 mil millones)- reducirán de seis a cuatro el número de los jugadores globales en el sector del agronegocio. Ante esta ola, es llamativo el silencio de la alemana BASF, que opera en más de 80 países con ingresos por 78 mil millones de dólares en 2015.

Bayer cuenta hoy en todo el mundo con alrededor de 117.000 empleados, mientras que Monsanto tiene 23.000. Con esta fusión, el negocio farmacéutico pasa a un segundo lugar entre las actividades de la compañía alemana. Muchos analistas esperan que Bayer entierre la marca Monsanto por la mala fama que tiene en Europa. A pesar de que Bayer desarrolla, produce y vende productos similares, su imagen es mejor que la de su contraparte.
 
Bayer produce desde medicinas hasta semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética. Del negocio de la compañía alemana, el 49 por ciento procede del sector médico, el 26 por ciento de su división especializada en materiales científicos (llamada Covestro) y el 22 por ciento de lo que la empresa denomina “ciencia de los cultivos”.
Los riesgos concomitantes a una tan alta concentración en el mercado de los agroquímicos aumentan por su influencia sobre las empresas de fertilizantes y de maquinarias. Poco antes del acuerdo Monsanto-Bayer se unieron Agrium y Potash Corp, dos de las mayores empresas de fertilizantes, en la mayor empresa mundial del ramo. Fue esta fusión la que aumentó la presión sobre Bayer para que mejorara su oferta por Monsanto.

Paralelamente el sector de maquinaria rural, que no sólo incluye tractores y cosechadoras, sino también drones, robots y sistemas GPS para la recolección de datos de campo por satélite, se ha venido asociando con las gigantes de transgénicos. En 2015 John Deere -el mayor fabricante mundial de maquinaria- acordó con Monsanto comprarle la subsidiaria Precision Planting LLD de datos agrícolas, pero el Departamento de Justicia vetó la operación para preservar la libre competencia. De esta manera la subsidiaria de Monsanto entra en la nueva fusión, dándole a Bayer el control digital de los cultivos del mundo. Cada vez más manejar los datos será decisivo para controlar el inicio de la cadena agroalimentaria.

Flickr
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Es notorio el malestar de los medios estadounidenses ante el avance del gigante germano y no es de descartar que su presión sobre el Congreso haga que las autoridades de control del mercado veten total o parcialmente la compra. Lo mismo puede suceder en la UE.

La ONG ecologista alemana Coalición contra los Peligros de Bayer (CBG, por sus siglas en alemán), en tanto, denunció que entre 1954 y 1967 Bayer y Monsanto ya conformaron una empresa conjunta llamada Mobay Chemical Corporation que proveyó al Departamento de Defensa de EE.UU. uno de los precursores del agente naranja utilizado durante la Guerra de Vietnam. El uso del agente naranja produjo en el país asiático un millón de personas discapacitadas o con problemas de salud y 400.000 muertos. Sin embargo, el nombre de Bayer no quedó asociado a este hecho, como sí el de Monsanto.

En la Argentina
Con ventas por unos 800 millones de dólares, el maíz es el mayor negocio de Monsanto en Argentina. Los otros fuertes de la compañía son la venta del herbicida glifosato y otros productos para el control de malezas, pero la firma es más conocida por su soja transgénica. El año pasado la compañía se trenzó en una batalla con el gobierno y las entidades ruralistas por el control sobre la patente de la nueva versión de la soja transgénica, denominada Intacta. Ahora, el Ministerio de Agroindustria se prepara a presentar una ley para ordenar el pago de regalías que ya generó el rechazo de los productores. Monsanto también tiene algodón y, con la marca Seminis, comercializa hortalizas y frutas.

Bayer, en tanto, facturó el año pasado unos 300 millones de dólares, dos tercios de los cuales en el negocio de agroquímicos. Es fuerte en insecticidas, fungicidas y herbicidas. En semillas de soja tiene la marca Credenz.
 
Horacio Busanello, presidente del Directorio del Grupo Los Grobo, se manifestó muy críticamente sobre la fusión. “Las empresas del sector no están dando las ganancias que les prometieron a los accionistas y la única alternativa que les queda es la fusión para intentar achicar sus negocios y concentrar el mercado”, señaló. “En los próximos diez años no habrá nada novedoso en investigación y desarrollo”, añadió.

La fusión entre ambos gigantes del agronegocio amenaza con reducir aún más la competencia en un mercado ya altamente oligopólico, obviar los controles de mercado y medioambientales en la mayoría de los países del mundo que carecen del poder estatal necesario como para imponerse a las corporaciones, limitar la innovación tecnológica y liquidar la existencia de millones de familias campesinas y agricultoras. Si en la primera edición de su cooperación ambas empresas trajeron al mundo el agente naranja que mató a 400.000 personas en Vietnam, ¿a cuántas van a matar en esta remake?

Argentina es uno de los mayores productores de cultivos alimenticios del mundo. Ante los riesgos que la fusión acarrea para el medioambiente, la población, la economía y la soberanía nacional, el gobierno argentino debería ponerla bajo la lupa y poner a consideración de la opinión pública sus beneficios y consecuencias negativas. ¿Se animará Cambiemos a tanta democracia?
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miércoles, 14 de septiembre de 2016

Macri apuesta a limitar duraderamente nuestra soberanía

Entrar en la OCDE, o cómo ponerle corsé a un flaco

El sueño amarillo de ingresar al club de los países ricos engendra contradicciones y riesgos
Alfonso Prat Gay junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría
Alfonso Prat Gay junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría

A poco más de nueve meses de iniciado el gobierno de Cambiemos resulta paradójico observar en qué medida un equipo ministerial lleno de hombres de empresa puede obnubilarse por mitos ideológicos. La afirmación de que la eventual adhesión argentina a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económicos (OCDE) puede servir para atraer inversiones es uno de ellos.

Según funcionarios de la Jefatura de Gabinete, antes de fin de septiembre se difundirá un “Plan de Acción” con 17 objetivos concretos de trabajo que Argentina llevará adelante, para ajustar las leyes argentinas a las de la OCDE. La idea es hacer reformas profundas. El Presidente apuesta a esta alternativa para mejorar la calificación internacional de nuestra economía, potenciar la productividad y aumentar el comercio y la inversión extranjera. ¿Servirá esta receta para asegurar la llegada de dólares a corto plazo que el gobierno necesita como pulmotor? ¿Incluirá el ajuste una reforma impositiva? No es un dato menor: en el último ranking Doing Business (Facilidad para hacer negocios) del Banco Mundial, el sistema impositivo argentino se encuentra entre los peores del mundo -puesto 170 sobre 189-. La estructura tributaria argentina es pésima por su carácter regresivo y las enormes posibilidades de evasión que ofrece, pero esto no es lo que preocupa a las grandes corporaciones, sino la superposición entre jurisdicciones distintas. Por supuesto también quieren pagar aún menos de lo que oblan actualmente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación internacional dirigido a coordinar las políticas económicas y sociales de sus miembros. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en París. La OCDE es la sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), encargada entre 1948 y 1960 de supervisar la ejecución del Plan Marshall.

Actualmente, la OCDE se ha constituido en un influyente foro mundial en el que se analizan y fijan orientaciones sobre economía, educación y medio ambiente. Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de liberalización, no discriminación y trato equivalente para todos los capitales. El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.
 
Representantes de los países miembros se reúnen e intercambian información en comités especializados en los que discuten y revisan la ejecución de políticas públicas específicas. Actualmente participan en la organización 34 países de América, Europa, Asia Oriental y Oceanía. Argentina es ya desde 1997 adherente a la declaración del organismo sobre inversión internacional y empresas multinacionales y participa en su comité de inversiones.
A principios de junio pasado, en ocasión de la visita del ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en París, el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, dijo que el pedido de Argentina “ha sido muy bien recibido” por los países miembros, aunque la solicitud no es todavía una demanda de adhesión.

Prat-Gay ya pidió a una docena de ministerios un listado de requisitos a cumplir para poder ingresar en esa organización. Los 21 objetivos ya fijados se distribuyen en siete grupos:

La Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia están preparando un proyecto de ley sobre responsabilidad penal empresaria. A fines de octubre se recibirá una misión de la OCDE para evaluar el cumplimiento de la convención anticohecho a la que Argentina adhirió. Además, todavía en septiembre llega Martine Durand, directora de Estadísticas de la organización, para comenzar el alineamiento del sistema estadístico nacional a las prácticas internacionales vigentes. También el 26 y el 27 de septiembre se realizará en el Palacio de Hacienda el Seminario Fiscal América Latina & Caribe del grupo, para avanzar en la cooperación fiscal internacional. Igualmente, en septiembre la Secretaría de Finanzas comienza una rueda de presentaciones ante distintas agencias internacionales, para mejorar la calificación crediticia de Argentina. Asimismo, en la Secretaría de Comercio están elaborando una nueva ley de defensa de la competencia que el gobierno presentará a fin de noviembre en el Comité de Competencia de la organización y en el Foro Global sobre Competencia en París. En el mismo sentido, en el último trimestre del año vendrá desde París una misión para evaluar las políticas para este sector. Finalmente, en octubre próximo el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, participará en Bruselas en el Foro OCDE sobre Ciencia e Innovación que se realiza cada 10 años.
 
Desde que Macri llegó al poder se propuso el ingreso en la OCDE como una varita mágica que nos daría el certificado de pureza libremercadista. Sin embargo, más vale ser precavido, ya que una cosa son los discursos liberalizadores de los países centrales y otra su práctica. Actualmente Francia, por ejemplo, está ofreciendo alicientes fiscales a las empresas financieras que quieran salir del Reino Unido a raíz del Brexit. Si esto sucede entre países hiperindustrializados, ¿qué futuro nos espera si adoptamos la libre circulación de capitales como un principio absoluto? Nadie niega la conveniencia y necesidad de mejorar los estándares de elaboración y ejecución de nuestras políticas públicas, reformar el antisocial sistema tributario argentino, imponer rígidos estándares medioambientales a nuestra producción y servicios y combatir la corrupción creciente. Pero ingresar a la OCDE implica aceptar supuestos ideológicos nocivos para nuestros intereses.

Hay países como China, Corea del Sur, Rusia e India que registran notables índices de crecimiento económico y no han adherido a la OCDE. Más sensato que imponernos el corsé ideológico del “club de los países ricos” es aplicar los estándares de la organización que sirvan para mejorar el rendimiento de nuestras políticas públicas, sin tener que someternos obligatoriamente a la disciplina de la misma. Pero éste es un ejercicio de realismo y de prudencia que no se puede pedir al gobierno de Cambiemos.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

La política económica argentina va contra el mundo

Macri vs el G20

Lo que dejó la cumbre en China: ¿va la política económica argentina a contramano de la corriente mundial?
Presidencia

Después de la reunión cumbre de los veinte países más desarrollados del mundo en Hangzhu, en el este de China, los observadores están divididos sobre su utilidad. Existe coincidencia en que no aportó un mejoramiento inmediato de la economía global, pero, bajo la conducción china, impuso una coordinación mundial de las políticas macroeconómicas, fiscales, financieras y monetarias. Esta cumbre devolvió a la política el gobierno de la economía global.

Como si viviera en otro mundo, en cambio, la prensa porteña pierde el tiempo informando sobre el buen recibimiento que el Presidente chino Xi Jinping dio a Mauricio Macri y los elogios de su par norteamericano, Barack Obama.

La 11a. conferencia cumbre del Grupo de los 20 sesionó el 4 y 5 de septiembre pasados en la ciudad de Hangzhu (en el delta del Yang Zejiang, cerca de Shanghai). Fue la primera cumbre del grupo realizada en China e, intencionalmente, en este emporio tecnológico de nueve millones de habitantes.
Ya el pasado 26 de mayo, el Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi anunció que la cumbre se centraría en la elaboración de un plan de acción para que la economía mundial retome el crecimiento innovador, en la adopción de una estrategia común para implementar la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible, la introducción de reformas estructurales en la economía global, el renovado crecimiento del comercio mundial, el establecimiento de un régimen común para los más de 3000 acuerdos bilaterales de inversión, la reforma de las instituciones financieras internacionales, el combate contra la corrupción y los paraísos fiscales, el relanzamiento de la industrialización de África, la innovación en las empresas y, finalmente, la puesta en práctica el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Como era de esperar, el comunicado final de diez puntos se quedó muy por debajo de estas expectativas. Se alcanzaron acuerdos en torno a la lucha contra la evasión impositiva, la promoción del comercio internacional y las inversiones, la implementación de medidas de estímulo fiscal y de innovación para impulsar el crecimiento económico, el rechazo de los “ataques populistas” contra la globalización y la protección a los refugiados.

En su discurso de cierre, el pasado lunes 5, el Presidente chino Xi Jinping reiteró las cinco propuestas que había hecho en la inauguración, especialmente las de coordinar mejor las políticas macroeconómicas y mejorar la gobernanza económica global. También su colega ruso, Vladimir Putin, puso el acento en la coordinación de las inversiones, al evaluar la cumbre ante periodistas rusos. “Por primera vez -dijo-, comenzamos a negociar el establecimiento de reglas comunes para las inversiones internacionales”. Y sobre el valor de las decisiones adoptadas, apuntó que “los documentos acordados sientan una tendencia y, si alguien se mueve en una dirección contraria al deseo de la comunidad mundial, quedará fuera del juego”.

Por su parte, Obama y Xi anunciaron juntos el sábado 3 la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. De hecho, China lo hizo ese mismo día. Se trata de un campo innovativo en el que las principales potencias y corporaciones piensan realizar gigantescas inversiones. En cambio, Rusia y EE.UU. no se pusieron de acuerdo sobre el cese del fuego en Siria. Putin y Obama discutieron durante noventa minutos y tampoco coincidieron sobre Ucrania ni sobre la responsabilidad por los ataques cibernéticos a la Convención Nacional Demócrata en julio pasado.

Sin embargo, casi todos los líderes estuvieron de acuerdo en condenar las campañas “populistas” contra la globalización. Por tal se refieren hoy a los líderes derechistas como Donald Trump o Marine Le Pen, que agitan sentimientos xenófobos, o al brexit. En este contexto Obama avisó a la Primera Ministra británica Theresa May que su país no tiene urgencia en firmar un acuerdo bilateral de comercio con Gran Bretaña, mientras que la delegación nipona entregó a la londinense un memorando en el que advierte que las compañías japonesas podrían abandonar la isla de concretarse su salida de la UE.
 
Los documentos de este tipo de cumbres son muy generales, pero algunos compromisos son indiscutibles. Así, el punto 7 del comunicado final establece que “la política monetaria seguirá dirigida a sostener la actividad económica y asegurar la estabilidad de los precios, pero la política monetaria por sí sola no conduce a un crecimiento balanceado. (…) enfatizamos que las estrategias fiscales son igualmente importantes, para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento. Estamos (…) asegurando que la deuda pública se mantenga en un nivel sostenible en su relación con el PBI”.

En este contexto no se justifica el autoelogio de la delegación argentina. Mauricio Macri no alcanzó ningún nuevo acuerdo y sólo pudo reparar en algo la porcelana que rompió en las relaciones con Rusia y China al inicio de su mandato. El encuentro con Putin sólo dejó promesas, a diferencia de China con la que se consolidaron los 25.000 millones de dólares en inversiones que ese país está realizando en Argentina y se firmó una addenda al acuerdo sobre la instalación de la estación de observación espacial china en Neuquén, asegurando su uso civil, que China nunca cuestionó.

El comunicado final confirma que los principales líderes del mundo coinciden en la necesidad de impulsar el crecimiento innovativo. China aprovechó la conferencia para avanzar un paso más hacia el liderazgo de la economía mundial. Incluso promocionó el proyecto “Un cinto, un camino”, que unirá a Asia con un cinturón de carreteras, ferrovías, poliductos y líneas de alta tensión. Asimismo focalizó el encuentro en la combinación de crecimiento e inclusión. Al ratificar el Acuerdo de París e insistir en la prioridad del Plan 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, finalmente, Beijing puso muy alta la marca que debe alcanzar Alemania, próxima presidenta del G20.

Sin embargo, en la reunión entre los 20 líderes se alcanzaron pocos acuerdos concretos y la mayoría de los conflictos regionales quedaron sin resolver. Si se la mira desde la coyuntura, la reunión de Hangzhu no sirvió para nada. En cambio, señaló un giro estratégico del que nadie sensatamente se puede apartar.

Por el contrario, el gobierno de Mauricio Macri hace de la estabilidad monetaria un fetiche, aplica una política fiscal recesiva e implementa una política cambiaria que sólo atiende a la especulación financiera. Si contraría de tal modo la corriente mundial, ¿qué está festejando?