Macri apuesta a limitar duraderamente nuestra soberanía

Entrar en la OCDE, o cómo ponerle corsé a un flaco

El sueño amarillo de ingresar al club de los países ricos engendra contradicciones y riesgos

Eduardo J. Vior

13 septiembre, 2016

Alfonso Prat Gay junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría

A poco más de nueve meses de iniciado el gobierno de Cambiemos resulta paradójico observar en qué medida un equipo ministerial lleno de hombres de empresa puede obnubilarse por mitos ideológicos. La afirmación de que la eventual adhesión argentina a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económicos (OCDE) puede servir para atraer inversiones es uno de ellos.

Según funcionarios de la Jefatura de Gabinete, antes de fin de septiembre se difundirá un “Plan de Acción” con 17 objetivos concretos de trabajo que Argentina llevará adelante, para ajustar las leyes argentinas a las de la OCDE. La idea es hacer reformas profundas. El Presidente apuesta a esta alternativa para mejorar la calificación internacional de nuestra economía, potenciar la productividad y aumentar el comercio y la inversión extranjera. ¿Servirá esta receta para asegurar la llegada de dólares a corto plazo que el gobierno necesita como pulmotor? ¿Incluirá el ajuste una reforma impositiva? No es un dato menor: en el último ranking Doing Business (Facilidad para hacer negocios) del Banco Mundial, el sistema impositivo argentino se encuentra entre los peores del mundo -puesto 170 sobre 189-. La estructura tributaria argentina es pésima por su carácter regresivo y las enormes posibilidades de evasión que ofrece, pero esto no es lo que preocupa a las grandes corporaciones, sino la superposición entre jurisdicciones distintas. Por supuesto también quieren pagar aún menos de lo que oblan actualmente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación internacional dirigido a coordinar las políticas económicas y sociales de sus miembros. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en París. La OCDE es la sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), encargada entre 1948 y 1960 de supervisar la ejecución del Plan Marshall.

Actualmente, la OCDE se ha constituido en un influyente foro mundial en el que se analizan y fijan orientaciones sobre economía, educación y medio ambiente. Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de liberalización, no discriminación y trato equivalente para todos los capitales. El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.

 

Representantes de los países miembros se reúnen e intercambian información en comités especializados en los que discuten y revisan la ejecución de políticas públicas específicas. Actualmente participan en la organización 34 países de América, Europa, Asia Oriental y Oceanía. Argentina es ya desde 1997 adherente a la declaración del organismo sobre inversión internacional y empresas multinacionales y participa en su comité de inversiones.
A principios de junio pasado, en ocasión de la visita del ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en París, el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, dijo que el pedido de Argentina “ha sido muy bien recibido” por los países miembros, aunque la solicitud no es todavía una demanda de adhesión.

Prat-Gay ya pidió a una docena de ministerios un listado de requisitos a cumplir para poder ingresar en esa organización. Los 21 objetivos ya fijados se distribuyen en siete grupos:

La Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia están preparando un proyecto de ley sobre responsabilidad penal empresaria. A fines de octubre se recibirá una misión de la OCDE para evaluar el cumplimiento de la convención anticohecho a la que Argentina adhirió. Además, todavía en septiembre llega Martine Durand, directora de Estadísticas de la organización, para comenzar el alineamiento del sistema estadístico nacional a las prácticas internacionales vigentes. También el 26 y el 27 de septiembre se realizará en el Palacio de Hacienda el Seminario Fiscal América Latina & Caribe del grupo, para avanzar en la cooperación fiscal internacional. Igualmente, en septiembre la Secretaría de Finanzas comienza una rueda de presentaciones ante distintas agencias internacionales, para mejorar la calificación crediticia de Argentina. Asimismo, en la Secretaría de Comercio están elaborando una nueva ley de defensa de la competencia que el gobierno presentará a fin de noviembre en el Comité de Competencia de la organización y en el Foro Global sobre Competencia en París. En el mismo sentido, en el último trimestre del año vendrá desde París una misión para evaluar las políticas para este sector. Finalmente, en octubre próximo el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, participará en Bruselas en el Foro OCDE sobre Ciencia e Innovación que se realiza cada 10 años.
 

Desde que Macri llegó al poder se propuso el ingreso en la OCDE como una varita mágica que nos daría el certificado de pureza libremercadista. Sin embargo, más vale ser precavido, ya que una cosa son los discursos liberalizadores de los países centrales y otra su práctica. Actualmente Francia, por ejemplo, está ofreciendo alicientes fiscales a las empresas financieras que quieran salir del Reino Unido a raíz del Brexit. Si esto sucede entre países hiperindustrializados, ¿qué futuro nos espera si adoptamos la libre circulación de capitales como un principio absoluto? Nadie niega la conveniencia y necesidad de mejorar los estándares de elaboración y ejecución de nuestras políticas públicas, reformar el antisocial sistema tributario argentino, imponer rígidos estándares medioambientales a nuestra producción y servicios y combatir la corrupción creciente. Pero ingresar a la OCDE implica aceptar supuestos ideológicos nocivos para nuestros intereses.

Hay países como China, Corea del Sur, Rusia e India que registran notables índices de crecimiento económico y no han adherido a la OCDE. Más sensato que imponernos el corsé ideológico del “club de los países ricos” es aplicar los estándares de la organización que sirvan para mejorar el rendimiento de nuestras políticas públicas, sin tener que someternos obligatoriamente a la disciplina de la misma. Pero éste es un ejercicio de realismo y de prudencia que no se puede pedir al gobierno de Cambiemos.