domingo, 24 de febrero de 2013

Revolución y contrrevolución en el Mediterráneo

Túnez: el renacer de la primavera árabe

Año 6. Edición número 249. Domingo 24 de febrero de 2013
Movilización. Los partidos laicos reclamaron este fin de semana la salida del primer ministro islámico.
El movimiento laico tunecino rechaza la composición del nuevo gobierno islámico. Según los especialistas locales, el clima de descontento social y agitación popular es muy similar a la coyuntura de enero de 2011, cuando comenzaron las históricas revueltas norafricanas.
Los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña están atizando en el norte de África el mismo fuego que dicen combatir en Malí. Al designar a Ali Larayedh como primer ministro interino este viernes 22, el presidente de Túnez, Moncef Marzuki, ha desafiado a la amplia oposición movilizada contra las milicias islamistas después del asesinato del líder opositor laico Chokri Belaid el pasado 6 de febrero y ha roto con la mayoría de los partidos políticos y grupos empresarios que apoyan la política de unidad nacional del primer ministro renunciante Hamadi Jebali. ¿Marcará Túnez nuevamente el rumbo del mundo árabe como en 2011 o la democratización será ahogada en sangre como en Bahrein y Yemen? ¿Arriesgará Francia una nueva intervención militar con apoyo estadounidense y británico por miedo a los monarcas del Golfo y a los sauditas?
Ali Larayedh es uno de los principales dirigentes del partido islamista Ennahda (Partido del Renacimiento) del que fue secretario general hasta su arresto en 1990. Condenado por un tribunal militar a quince años de prisión en 1992, pasó diez años aislado, hasta su liberación en 2011. Durante su detención sufrió brutales torturas y su esposa fue violada por la policía y filmada para deshonrarla. Al salir de la prisión fue designado Ministro del Interior en el gobierno interino de coalición surgido de la revolución que derrocó al dictador Zin El Abidin Ben Ali en enero de 2011. En el cargo, Ali Larayedh se distinguió por su dureza y la oposición laica lo sospecha de ser cómplice en el asesinato de Belaid.
Las diferencias entre el ex-primer ministro Jebali y su partido Enahdha parecen insuperables. Oficialmente la conducción partidaria concorda con disolver las milicias islámicas acusadas del asesinato de Belaid y con una pronta convocatoria a elecciones, pero discorda con Jebali en la proporción de ministros técnicos y políticos que deberían formar el gabinete de transición. El jueves 21 por la noche, el premier renunciante se dirigió por TV al pueblo tunecino, para defender su propuesta de formación de un gobierno apolítico que resuelva los problemas socioeconómicos más urgentes, y quejarse por la falta de apoyo del presidente y de su propio partido. Al renunciar el martes 19, Jebali ya había declarado que no seguiría como primer ministro hasta que se convocara a elecciones generales y se pusiera una fecha para que la Asamblea Constituyente acabe los trabajos comenzados hace quince meses. La asamblea está paralizada por la discusión sobre el futuro carácter del Estado tunecino.
El Partido del Renacimiento Ennahdha, fundado en los años ’80 y ferozmente perseguido por la dictadura de Ben Ali, tiene 89 de los 217 diputados en la Asamblea Nacional Constituyente elegida en octubre de 2011 y hasta ahora gobernaba junto con dos partidos laicos. La oposición parlamentaria, en tanto, y la poderosa UGTT (Union General Tunecina del Trabajo) hace dos semanas condujeron exitosamente la primera huelga general en Túnez después de 35 años en protesta por el asesinato de Belaid. En el sepelio de éste, realizado ese mismo viernes 8, participaron más de un millón de personas. Es de destacar que Túnez tiene una larga historia de movimiento sindical, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países árabes.
Aunque el líder de Ennahda, Rached Ghannuchi, rechazó la propuesta de Jebali de formar un gobierno de tecnócratas, la dirección del partido y sus diputados en la Asamblea están divididos: 56 de éstos apoyan a la dirección del partido, 33 al ex primer ministro. Se trata de un giro radical para un partido islámico conservador como éste. La propuesta de Jebali tiene un gran apoyo, porque la inflación y el desempleo no han hecho más que subir desde la revolución y los ministros de Ennahdha se han mostrado incapaces para resolver estos problemas.
Según la periodista Valérie Urman en una entrevista dada el pasado 8 de febrero, “la onda de choque provocada en Túnez por el asesinato de Chokri Belaid es considerable. Por primera vez la oposición política se ha unido en un frente republicano y democrático que puede encolumnar a todas las fuerzas sociales, especialmente a los sindicatos. El hecho central es la convocatoria a la huelga general, ya que la UGTT es mucho más que un sindicato, es la única organización popular de masas capaz de parar el país.”
“Estos acontecimientos pueden relanzar el proceso democrático. Ennahdha dejó prosperar milicias que multiplican las agresiones y pretende incorporar a la futura Constitución el derecho de éstas a armarse. Existe un peligro real, pero en los últimos dos años la sociedad civil tunecina se ha desarrollado enormemente. Particularmente las mujeres se han movilizado en las nuevas redes sociales. Su labor organizativa sirve especialmente de contrapeso a los islamistas en los barrios populares”, finalizó.
Por su parte, el escritor y periodista Abdelaziz Belkhodja, en una entrada de su blog el pasado 11 de febrero, insertó la crisis tunecina en su contexto internacional: “Inmediatamente después de caer Ben Ali, cayó Mubarak, después Abdallah Saleh en Yemen y más tarde Gadaffi. El movimiento se extendía y las monarquías patrimoniales del Golfo temblaban. Entonces decidieron lanzar una contrarrevolución. ¿Cómo destruir estos peligros?, se interroga retóricamente. Transformando la revolución de las libertades en una revolución de la identidad. Los príncipes del Golfo enviaron centenares de millones de dólares a sus redes yihadistas y la situación se hizo rápidamente incontrolable, forzando la intervención de los Estados Unidos que decidieron sostener a las monarquías árabes y a los Hermanos Musulmanes. El tradicionalismo de éstos –pensaron– puede moderar el ‘izquierdismo’. Los islamistas prometieron a los Estados Unidos de todo: moderación, derechos humanos, libertades, pero también la normalización con Israel, la destrucción del eje Irán-Siria y el financiamiento de la guerra contra Irán.”
“Los islamistas firmaron el pacto y tomaron el poder –continúa–. Sólo los yihadistas siguieron siendo incontrolables. Continuaron con los atentados, atacaron el consulado norteamericano en Bengazi (Libia) y amenazan de muerte a los judíos. Bajo su presión se limitan las libertades, se somete a las mujeres, se proclaman minicalifatos y la yihad se expande al sur del Sahara.”
“La opinión de los dirigentes occidentales cambia, advierte en este punto: en el Sahara, las exacciones yihadistas provocan una intervención extranjera, mientras Argelia, que ha sufrido un ataque, denuncia el complot saudí-qatarí y amenaza al gobierno tunecino que había dejado pasar a los yihadistas y las armas. La situación estaba ya al borde de explotar, cuando Chokri Belaid fue asesinado, pero esto fue un verdadero terremoto. Se denuncian públicamente las transferencias de miles de millones de dólares sin ningún control desde la península arábiga. La población tunecina se subleva. Las potencias occidentales apoyan entonces el reclamo argelino contra Túnez. Hamadi Jebali comprende la situación y hace explotar la bomba, al renunciar. Se pone en condiciones de seguir en el juego político como garante de la democracia”, finaliza.
Con el nombramiento de Ali Larayedh, el islamismo conservador con apoyo saudita y qatarí muestra que ha decidido dar la batalla. Las fuerzas cívicas y populares, también. Al cierre de esta nota, aún no se sabe cómo van a reaccionar las potencias occidentales. La suerte de la revolución tunecina, la de la democracia en todo el mundo árabe y la paz en el Mediterráneo se dirimen hoy en las calles de Túnez.

Buscando la doctrina que dé continuidad

La pasión del PT

Año 6. Edición número 249. Domingo 24 de febrero de 2013
Un balance sobre la actualidad del Partido de los Trabajadores de Brasil, a 33 años de su fundación y a 10 de su gestión en el poder.
Con un acto en un local cerrado en San Pablo, el Partido de los Trabajadores celebró el pasado martes 20 sus 33 años de existencia y los 10 años de gobierno. Fue un buen momento para que su fundador, el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, y la presidenta Dilma Rousseff hicieran un balance y marcaran la línea para la segunda mitad del mandato. Pero Lula fue más allá: insufló nueva vida a su partido, trasmitiéndole su estilo y forma de hacer política. El PT es hoy un partido lulista.
Lula afirmó que los 10 años que se estaban celebrando consagraron una nueva forma de hacer política en Brasil. Exaltó la democracia de la gestión petista, su búsqueda de transparencia inédita y el frustrado intento de los adversarios de descalificar las conquistas de su gobierno. Tan duro fue en definir la antinomia que atraviesa Brasil (“ellos son implacables”, “ellos no perdonan”) como claro en presentar el “nosotros” que lo sostiene: los trabajadores del campo y la ciudad, los pequeños y medianos empresarios, los grandes empresarios que trabajan por el país, los sin tierra, los sin techo, etc. Se manifestó muy preocupado por la falta de representación política de la oposición. “En ausencia de partidos de oposición, un sector de la prensa hace oposición”, dijo. Dio lección a su partido, cuando subrayó la importancia del cambio de imagen realizado a partir de la llegada al gobierno en 2003. “A mí también se me caían las babas de rabia ante la injusticia y la mentira, pero aprendí que lograba más como ‘Lulinha, paz e amor’ (Lulita, paz y amor)”. Acabó proclamando la candidatura de Dilma a la relección en las elecciones presidenciales de octubre de 2014.
La presidenta, por su parte, fiel a su estilo, habló durante 50 minutos haciendo un balance de gestión y señalando las grandes líneas del desarrollo económico y social para los próximos dos años. Garantizó que su gobierno mantendrá la estabilidad económica y relanzará el crecimiento con distribución de la riqueza.
Cabe destacar entre los discursos que siguieron el del presidente nacional del PT, Rui Falcão, quien destacó dos reformas “necesarias para mantener la democracia” que el partido piensa impulsar en el Congreso: la reforma política para fortalecer los partidos y la reglamentación de la comunicación o ley de medios.
El acto y el discurso de Lula mostraron que el PT es un partido lulista. Lejos ya las pugnas entre las capillas ideológicas del período de oposición, eliminados los cuadros superiores por el proceso del mensalão, el PT se había convertido en un aparato que gestiona bien y gana elecciones, pero carece de atractivo. Sólo la personalidad extraordinaria de Lula, visionaria y pragmática, puede devolver el ánimo a su partido. Muchos esfuerzos serán necesarios todavía para que el partido asimile la lección de su líder.
El Partido de los Trabajadores fue fundado en 1980 por un conjunto de dirigentes sindicales, intelectuales de izquierda y católicos ligados a la Teología de la Liberación. En su origen tenía una orientación democrática socialista, que debía diferenciarlo tanto del laborismo varguista como de los tradicionales partidos marxistas. En el papel, el PT se organizó a partir de formulaciones de intelectuales marxistas, pero desde su nacimiento incluía ideologías sindicalistas de reforma y mejora social que paulatinamente tomaron el control del partido.
A pesar de que Lula perdió las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998 y recién ganó la cuarta vez, en 2002, durante los años 90 su partido aumentó sostenidamente su caudal electoral en estados y municipios, incluso en grandes ciudades. En 1989, Luiza Erundina ganó la alcaldía de San Pablo como primera mujer, seguida en 2000 por Marta Suplicy.
En 2002, Lula llega a la presidencia con la mayor bancada de diputados federales, aunque sin mayoría propia. El PT siempre dependió de coaliciones diversas para tener mayorías parlamentarias. En 2004, el partido perdió las elecciones municipales en importantes ciudades, pero en 2006, a pesar de los masivos ataques mediáticos y del escándalo del mensalão, Lula obtuvo la relección.
Mientras tanto, el partido se fue transformando. A partir de su base original en la clase obrera urbana, el PT se organizó como un algomerado heterogéneo de núcleos temáticos. Desde muy temprano combinó recetas económicas neoclásicas con el impulso a políticas de desarrollo y distribución de la riqueza. Esta ambivalencia produjo en 2003 la separación de un grupo de disconformes con la reforma privatista de la seguridad social impulsada por Lula que formaron el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), actualmente sin relevancia.
Tanto en la elección de 2002 como en la relección de 2006, Lula venció a sus contrincantes del PSDB en las segundas vueltas con más del 60 por ciento de los votos y se despidió del mando en 2011 con el 80 por ciento de aprobación popular. Sus marcas principales fueron continuar el éxito del Plano Real (plan de estabilización económica iniciado en 1994), retomar el crecimiento del país, reducir radicalmente la pobreza y eliminar el hambre. El gobierno de Lula se caracterizó por el control de la inflación, la reducción del desempleo y los constantes récords de balanza comercial. Aumentó enormemente la producción automotriz y creció netamente el salario mínimo.
Para el pueblo brasileño, el gobierno de Lula se asocia a grandes programas sociales que redujeron radicalmente la pobreza: la Bolsa Familia (beca familiar), que subsidia a familias indigentes y muy pobres, y el Programa Hambre Cero que eliminó ese mal endémico. También pueden citarse los ingentes esfuerzos para eliminar la esclavitud y la trata de personas, que sin embargo aún subsisten.
Ante las trabas para el ingreso a las universidades públicas gratuitas, con exámenes de ingreso difíciles de superar sin una cara preparación especial, y para permitir que los jóvenes de sectores populares puedan estudiar, el gobierno de Lula lanzó el programa ProUni, que beca a estudiantes pobres para que estudien en universidades privadas. Pero al mismo tiempo fundó más de quince universidades federales con exigencias de ingreso simplificadas, para que los más pobres también puedan tener formación académica.
En el plano internacional, Brasil se perfiló en tres direcciones: a) en la búsqueda de la integración latinoamericana, consolidando el Mercosur y fundando en 2008 la Unasur; b) en la cooperación con las potencias emergentes China, India, Rusia y Sudáfrica; y c) con una fuerte presencia en el G-20, reclamando además el derecho a participar como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU como representante de América del Sur. También comanda desde 2004 la controvertida misión pacificadora en Haití.
Para superar limitaciones estructurales de la economía brasileña y esquivar algunos controles presupuestarios que frenan las inversiones, en 2007 lanzó el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC 1), que incentivó las inversiones en infraestructura. Levemente reformado, este plan es continuado actualmente por Dilma con el PAC 2.
Dilma Rousseff llegó a la presidencia el 1° de enero de 2011. Se trata de la primera mujer presidenta de Brasil. Dilma alteró en algo la política económica de Lula, pero en Hacienda mantuvo a Guido Mántega. Durante su primer año de gobierno, la presidenta perdió siete ministros por acusaciones de corrupción y en enero de 2012 sustituyó al de Educación, Fernando Haddad, por Aloísio Mercadante, para que el primero se candidateara por indicación de Lula a la alcaldía de San Pablo, la que conquistó en octubre pasado.
Aunque de perfil técnico y menos comunicativa que su antecesor, Dilma tiene actualmente una popularidad de más del 60 por ciento. En los encuestados destacan sus programas sociales y su política educativa. Las áreas de peor desempeño siguen siendo la salud y la seguridad.
A pesar de que 2012 fue para el gobierno y el PT un año muy duro por el proceso televisado (y televisivo) contra José Dirceu, José Genoino y otros implicados ante el Supremo Tribunal Federal (STF), así como por la permanente agresión de la prensa monopólica, y también por la incapacidad del partido para dar el debate público, los buenos resultados en las elecciones municipales de octubre, especialmente la conquista de San Pablo, y los cambios en su política de difusión pusieron al partido en mejor posición para este año.
En 2013 deben acometerse todas las reformas pendientes que preparen las elecciones de 2014, especialmente la reforma política, para fortalecer los partidos, disminuir el poder de los candidatos, reducir los costos de las campañas electorales y la dependencia de las empresas privadas. También está pendiente la reforma de la ley de medios que acabe con el monopolio de diez familias sobre la comunicación pública. La educación debe incrementar sensiblemente su infraestructura. Las inversiones en infraestructura deben ser aceleradas.
Después de más de tres décadas de historia y de diez años en el gobierno, el balance es fundamentalmente positivo. Los logros son innegables para decenas de millones de brasileños. Lula y Dilma alcanzaron una fórmula de convivencia exitosa que puede resumirse en “Dilma al gobierno, Lula al poder”. El PT, no obstante, todavía no identifica su rol. Lula le da la clave: es un partido lulista. Pero el líder todavía no tiene quien le escriba los pensamientos. La principal batalla que el PT tiene por delante es la de definir su identidad.

domingo, 17 de febrero de 2013

Cambiar algo para que nada cambie

La arremetida de Berlusconi

Miradas al Sur
Año 6. Edición número 248. Domingo 17 de febrero de 2013
Histriónico. Berlusconi sobreactúa en los actos de campaña y su particular fórmula tiene bastante éxito.
Elecciones generales en Italia.A sólo siete días de los comicios italianos, la mayor novedad política es el crecimiento del polémico ex primer ministro en las encuestas, que siguen lideradas por el centroizquierda.

La veda legal sobre la publicación de sondeos prelectorales en las últimas dos semanas previas a los comicios impide prever con cierta certeza el resultado de las próximas elecciones italianas del 24 y 25 de febrero, pero si las tendencias anteriores a la veda se mantienen, puede anticiparse que ninguna de las coaliciones en pugna podrá formar gobierno por sí sola. A pesar de las novedosas opciones surgidas recientemente, Italia no va a tener un gobierno suficientemente fuerte como para sacarla de la crisis y seguirá dependiendo de las decisiones europeas.
En estas elecciones se renuevan totalmente ambas Cámaras del Parlamento (Diputados y Senado) y los gobiernos regionales de Lombardía, Molise y Lazio. Si bien la Legislatura habría acabado su período normal en abril próximo, los comicios anticipados se hicieron necesarios por la renuncia en diciembre del primer ministro Mario Monti y la consecuente disolución del Parlamento por el presidente Giorgio Napolitano. Cerca de 51 millones de italianos –en el país y en el exterior– están habilitados para votar. La Justicia electoral ha autorizado la presentación de 184 listas, algunas sólo regionalmente.
Como reflejo del estancamiento del sistema político puede verse la incapacidad de los partidos para llegar a un acuerdo para reformar la ley electoral de 2005, a pesar del consenso general sobre la necesidad de hacerlo.
En las elecciones compiten tres coaliciones (de centroizquierda, de centroderecha y de derecha) y nuevos movimientos electorales (particularmente el 5 Stelle, “Cinco Estrellas”) con gran adhesión juvenil. La coalición centroizquierdista Italia, Bene Comune reúne principalmente al Partido Democrático (PD), Sinistra Ecologia e Libertà (SEL) y al Partido Socialista (PSI). Lleva al presidente del PD, Pier Luigi Bersani, como candidato a jefe de gobierno electo en elecciones primarias a dos vueltas. Estas primarias se realizaron el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Aunque no están previstas en la ley electoral, el PD y la SEL, a su vez, el 29 y 30 de diciembre tuvieron elecciones primarias para determinar sus listas de candidatos al Parlamento. En algunas regiones se suman otras listas a la coalición.
Al mismo tiempo que el Popolo delle Libertà (Pueblo de las Libertades, PDL) el 6 de diciembre abandonaba la mayoría parlamentaria y provocaba la caída del gobierno de Mario Monti, Silvio Berlusconi anunció su “retorno al campo de batalla”. En consecuencia, su partido anuló las elecciones primarias realizadas el 24 de octubre. El 20 de diciembre algunos diputados abandonaron el PDL, para formar Fratelli d’Italia-Centrodestra Nazionale (Hermanos de Italia-Centroderecha Nacional), que sin embargo apoyará al PDL en estas elecciones generales.
El 7 de enero el PDL restablece su acuerdo con la derechista Lega Nord (LN), roto cuando los primeros entraron al gobierno Monti. Aunque Berlusconi declaró que no le interesaba ser primer ministro, sino ministro de Economía, la coalición lo eligió como primer candidato. Para la Jefatura del Gobierno él prefiere al secretario político del PDL, Angelino Alfano, mientras que la LN se manifestó por el ex ministro de Economía Giulio Tremonti. La coalición participa en las elecciones con las listas del PDL, de la LN, de La Destra (la Derecha) y de Fratelli d’Italia, pero también la acompañan numerosas listas regionales.
También el premier saliente, Mario Monti, anunció el 25 de diciembre su ingreso a la política partidaria. El 4 de enero presentó la coalición Scelta Civica (Opción Cívica)-Con Monti per l’Italia, formada por personalidades de la sociedad civil aliadas a la Unión de los Demócrata Cristianos y de Centro (UDCC) y a Futuro y Libertad por Italia (FLI). Para el Senado, la coalición se presenta con la lista única Con Monti por Italia.
Por primera vez se presenta el Movimiento 5 Stelle (“Cinco Estrellas”). Su fundador es Giusepe Beppe Grillo. Este cómico, activista, bloguero (uno de los diez más leídos del mundo, según Forbes) y político genovés proclama en su sitio de Facebook: “Mándenlos a todos a casa” (algo así como el “que se vayan todos”). En sus multitudinarios actos proclama la necesidad de que Italia redescubra la solidaridad, su espíritu comunitario. Las 5 estrellas del movimiento (registradas en exclusivo por su líder) se refieren a sus temas: agua pública, movilidad sostenible, desarrollo, conectividad y ambiente. A sus seguidores se los conoce como “grillistas”.
El 29 de octubre Beppe Grillo dictó las normas para la formación de las listas electorales, limitando la posibilidad de candidatearse a los adherentes al movimiento que ya hubieran sido candidatos en comicios anteriores y no hayan sido electos. Después los candidatos fueron escogidos en primarias online realizadas del 3 al 6 de diciembre, en las que participaron 20.252 inscriptos en el movimiento.
El 29 de diciembre se presentó asimismo la candidatura del juez Antonio Ingroia como primero de la lista Rivoluzione Civile (Revolución Civil), apoyada por movimientos y partidos de centroizquierda y fracciones comunistas. Ya en el inicio el movimiento sufrió escisiones por desconfianzas hacia el pasado político de algunos candidatos.
Durante toda la campaña electoral el centroizquierda lideró ampliamente los sondeos de opinión, a gran distancia del PDL. Sorprendentemente los “grillistas” ocuparon el tercer lugar, por delante de Monti. Sin embargo, en los días anteriores a la veda de sondeos, Berlusconi redujo sensiblemente la distancia, por lo que el resultado es incierto. No obstante, la sola enumeración de las listas y candidaturas evidencia la dispersión del sistema político italiano. Faltan ideas, líderes y movimientos capaces de captar el entusiasmo popular. La primera República Italiana colapsó en los años ’90 por su incapacidad para resolver la gobernabilidad del país, lo que permitía que éste fuera gobernado por la tecnoburocracia aliada al capital privado y a las organizaciones criminales de todo tipo. Después de veinte años, la Segunda República parece ir en el mismo sentido. ¿Cambiar algo para que nada cambie, como decía el Príncipe de Lampedusa, “Il Gattopardo”?.
El peso del voto argentino
Si la tendencia al equilibrio entre el centroizquierda y el centroderecha insinuada por los últimos sondeos electorales permitidos hace una semana se confirma, el voto en el exterior puede ser nuevamente como en 2006 el fiel en la balanza que decida sobre la formación del próximo gobierno italiano.
Unos 600.000 italianos residentes en Argentina recibieron las boletas para votar a sus representantes en el Parlamento de Italia entre múltiples candidatos. Argentina, junto con Brasil, define la elección en la circunscripción sudamericana. La fecha de votación de residentes en el exterior se extenderá hasta el lunes 18.
Figuras como la vedette Iliana Calabró, el actor Gino Renni y el médico Claudio Zin son quizá los postulantes más conocidos entre los que residen en la Argentina, a los que se suman empresarios, abogados y sociólogos oriundos de distintas ciudades del país. Actualmente, en el Parlamento saliente italiano hay cinco legisladores argentinos y, dada la cantidad de electores mencionada, las estimaciones son que Argentina retendrá todos esos escaños. La lista de centroderecha Italiani per la Libertà lleva al ex embajador de Carlos Menem en el Vaticano, Esteban Caselli, como candidato a la reelección como senador y a Iliana Calabró como candidata a diputada. De ser electa, Calabró se propone mejorar los intercambios entre Italia y la Argentina.
Los votos de los ciudadanos italianos en el exterior deciden doce escaños en la Cámara de Diputados y seis en el Senado, de los que tres diputados y dos senadores corresponden al distrito de América del Sur.
Otro de los aspirantes a diputado es el empresario de origen calabrés Eugenio Sangregorio, quien en cuarenta años de residencia en Argentina amasó una fortuna en el negocio inmobiliario. Sangregorio es cabeza de lista del partido Unión Suramericana de Emigrantes Italianos (USEI).
En tanto, el columnista televisivo y ex político menemista Claudio Zin se postula como candidato a senador por el Movimiento Asociativo de Italianos en el Extranjero, un movimiento independiente al que define como “de derecha, moderado y cristiano”. Zin formó parte del gobierno de Carlos Menem y fue ministro de Salud de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires hasta 2009, cuando renunció ante el avance de la investigación sobre la mafia de los medicamentos.
No parece que las candidaturas resulten de un debate público dentro de la comunidad de origen italiano en el país, sino más bien de la intervención de distintos grupos de intereses y lobbies. Una buena combinación, habida cuenta del estado del sistema político italiano.

¿Quo vadis Europa?

Miradas al Sur

Año 6. Edición número 248. Domingo 17 de febrero de 2013
El término “Europa” aparece desde hace cinco años en los medios en combinación con “moneda”, “ahorro”, “crisis” y similares. Antes se lo vinculaba con “dignidad humana”, “libertad”, “democracia” e “igualdad”. ¿Adónde va Europa? Para responder esta pregunta debe responderse de dónde viene la Europa política.
Al final de la Guerra Fría, entre 1989 y 1990, se discutieron propuestas de confederación de ambos Estados alemanes en el marco de una Europa unida del Atlántico a los Urales. Se trataba de disolver ambos bloques militares y establecer una zona continental de paz y cooperación.
Las izquierdas no entendieron entonces el momento histórico tan bien como los grandes líderes de la derecha, Helmut Kohl y George Bush padre. El primero sabía que, para ser potencia, Alemania unificada necesitaba un brazo militar bajo un mando colectivo que disipara los resquemores de los vecinos. El segundo sabía que, como se decía en los años ’50, “la OTAN existe para que los rusos estén afuera, los norteamericanos, adentro, y los alemanes, abajo”. Así, en 1991 se ampliaron las funciones de la alianza a “defender la seguridad y los intereses vitales de sus socios donde quiera que sean afectados”; o sea, también a asegurar los abastecimientos petroleros.
Por el Tratado de Maastricht de 1992 se creó la Unión Europea, con política exterior, de seguridad, economía y moneda comunes. En 1997, el Tratado de Ámsterdam dispuso la convergencia presupuestaria y cambiaria y fundó el Banco Central Europeo (BCE) y el euro (€), corriente desde 2002. La adhe­sión de los países miembros al Tratado de Schengen de 1987 posibilitó la libre circulación de las personas, el intercambio de datos personales y el común control de las fronteras.
Desde esos años la construcción política se subordinó a la reducción de los déficit y la estabilización de la moneda común. Cuanto más se integraba la UE, más se excluía a Rusia y Turquía, se cerraba la frontera mediterránea y se destruía Yugoslavia. Inmediatamente después de 2001, los países de la UE adoptaron leyes de seguridad que suspendieron libertades y derechos y establecieron la vigilancia permanente de sus poblaciones. Al mismo tiempo se introdujeron el euro y la política migratoria común. Mientras tanto, la UE se ampliaba rápidamente hacia el Este y Sureste imponiendo a los adherentes rígidas normativas.
Desde el comienzo de los años 2000, la UE se desarrolló en torno de cuatro ejes: la concentración del gobierno en su ejecutivo, la estabilidad monetaria y la reducción de los déficit presupuestarios, la política común de seguridad y de intervenciones militares y la política migratoria represiva. Ello sirvió para que la población aceptara la destrucción del Estado de Bienestar, reforzada por políticas monetarias y presupuestarias que ahogan las políticas de derechos. Con la criminalización de la inmigración se fomenta la xenofobia y el sometimiento al gobierno europeo disciplina a los gobiernos díscolos.
Claro que hay contradicciones, como el fracaso en 2005/06 de la Constitución. Votando en contra los electores de algunos países mostraron su rechazo a la discrecionalidad de políticos y funcionarios. El Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, es una combinación pragmática de los tratados anteriores que estableció la UE como persona jurídica internacional y ordenó sus órganos de gobierno, en tanto dio vigencia a la Carta de Derechos Fundamentales.
Hasta el estallido de la crisis económica en 2008, el esfuerzo integracionista se dirigió a respaldar la unión monetaria y el flujo de capitales concentrando poder en la cumbre sin eficiente control democrático. Sin embargo, esta concentración de poder multiplicó las crisis. Por eso se suceden las medidas ad hoc con intervenciones permanentes de Angela Merkel. Para superar los desequilibrios económicos, en 2011 se adoptó el Pacto del Euro, que forzó a los países miembros a rebajar los salarios y los gastos sociales, pero no pudo establecer la unión fiscal.
La incapacidad política de la UE se manifestó en que las decisiones se adoptan en comités de emergencia. Para los conservadores hay que imponer una política fiscal común por dos o tres años. Con los presupuestos saneados se empezaría entonces a pagar las deudas soberanas. Para los críticos de centroizquierda e izquierda, en tanto, Europa debe subsanar primero su déficit de democracia.
Para entender por qué de la crisis europea por ahora sólo se puede salir por la derecha, hay que recordar el origen del actual proceso hace veinte años. En tanto la Unión Europea se niegue a reconocer los derechos de los migrantes y continúe restringiendo el acceso a la ciudadanía, seguirá teniendo que priorizar la seguridad sobre los derechos de sus habitantes. En consecuencia, la imposibilidad de demandar por derechos limitará la democracia europea y agudizará las luchas entre pocos actores por el poder autoritario concentrado. Ante la incapacidad de resolver sus conflictos, la UE continuará construyendo enemigos para desviar la atención popular. El aumento del autoritarismo se mantendrá, hasta que algún tipo de fractura restablezca un cierto equilibrio de poderes, pero ésta todavía no es previsible.

Visiones de las Américas: las nuevas fronteras

Miradas al Sur
 
Año 6. Edición número 248. Domingo 17 de febrero de 2013
El cambio de la dicotomía Estados Unidos/Latinoamérica. Las nuevas fronteras regionales.
Muchos medios criticaron al presidente Barack Obama por no ocuparse de América latina en su discurso sobre el estado de la Unión del pasado martes 12. No hacía falta ni fue olvido, ya que el jefe de la bancada republicana, el senador de origen cubano Mario Rubio, le respondió en inglés y en castellano. América latina (aun en su vertiente más reaccionaria) estaba frente al presidente. Los tiempos cambiaron y, con ellos, los actores en el escenario continental.
Entre 1898 y 1989 las relaciones entre Estados Unidos y América latina fueron dicotómicas y ambivalentes. Mientras que ésta definía su identidad comparándose con EE.UU., éstos completaban la propia diferenciándose de sus vecinos. Eran la imagen especular que devolvía al norteamericano blanco y protestante la imagen de su propia perfección. No obstante, claras fronteras separaban ambos espacios.
El siglo XX comenzó en América en 1898, cuando los EE.UU. intervinieron en la Guerra de Independencia de Cuba para eliminar la última presencia europea y “ordenar” el continente después de consolidar sus fronteras interiores. En los países hispanoamericanos surgió entonces un intenso sentimiento antiimperialista, aunque todavía intelectual y elitista. La Revolución Mexicana de 1910 puso la antinomia sobre los pies: la soberanía popular y el control de los recursos naturales exigían limitar el poder norteamericano. En Estados Unidos, este antiimperialismo fue percibido como expresión de la barbarie.
Existe continuidad entre el racismo interno y la “misión civilizatoria” de Estados Unidos en el mundo: con su expansionismo proyectan al exterior la violencia interracial, en tanto la elaboran estéticamente, para que no afecte la estabilidad del modelo. Así, el dominio norteamericano en América latina sirvió también para su propio desarrollo cultural.
La crisis de 1930 y el auge de los nacionalismos latinoamericanos alteraron las relaciones entre ambas partes del continente. La prioridad de combatir las amenazas extracontinentales obligó a los Estados Unidos a aceptar estos movimientos. A los nacionalismos latinoamericanos, en tanto, los autoritarismos europeos de la entreguerra y la bipolaridad de la Guerra Fría les dieron aire para negociar con Washington, reduciendo la confrontación. No obstante, a partir de mediados de los ’50 la agudización de la Guerra Fría incrementó la presión estadounidense sobre ellos y posibilitó el surgimiento de nuevas elites antiimperialistas, pero revolucionarias. Estos grupos percibían a los EE.UU. como enemigos, mientras que éstos las vieron como amenazas de origen extracontinental a su seguridad nacional. La negación mutua total impuso un clima de guerra continental.
Ronald Reagan (1981-89) pasó a la historia como el organizador de la restauración conservadora en el mundo. Con precisas incisiones cambió el conjunto del sistema mundial y sobre todo su agenda de discusión. En América latina, el fin de los nacionalismos, de las utopías revolucionarias y la absolutización del discurso imperial difundieron un sentimiento de debilidad y desorientación. Los Estados nacionales dejaron de ser referentes para las demandas sociales.
Quien integra demasiado, desintegra. La norteamericanización de las sociedades latinoamericanas multiplicó la cantidad y variedad de los grupos segregados que organizaron identidades no-nacionales. La relativización de los Estados nacionales y la crisis de los antiimperialismos se acompañaron de la vertiginosa “latinoamericanización” de los Estados Unidos. Su estrecha imbricación con las sociedades y culturas del sur y el imparable crecimiento de la minoría hispanoparlante han introducido en ellos los problemas propios del espacio cultural latinoamericano.

Desde 1999, el surgimiento en América del Sur de regímenes neodesarrollistas que ampliaron los derechos y disminuyeron la pobreza en contextos de crecimiento económico alteraron el juego de los actores sobre el escenario. La creciente unidad de América latina, la concentración de EE.UU. en otros escenarios, la crisis mundial a partir de 2007 y la aparición de interlocuctores extracontinentales relativizaron la hegemonía norteamericana sobre el continente, dando a los dirigentes latinoamericanos nuevas posibilidades de negociación.
No obstante, los actores sociales que en la etapa anterior sustituyeron al Estado ausente no desaparecieron, sino que complejizaron el juego regional, compitiendo con los Estados por cada centímetro de poder. A través de las redes migratorias se vinculan con las luchas por los derechos dentro de Estados Unidos, así como la expansión de las bases y fuerzas militares de éstos por el continente es la contracara represiva de la misma lucha.
Los Estados Unidos pretendieron repetidamente tutelar el continente en nombre de la libertad y de la seguridad nacional. Pero esta doble justificación suponía que América latina era externa al espacio de los Estados Unidos. Ahora la dicotomía Estados Unidos/América latina fue sustituida por nuevas fronteras: los Estados Unidos han extendido las suyas a todo el continente y la cultura latinoamericana ha permeado toda la sociedad norteamericana.
Durante el siglo XX, Latinoamérica osciló entre el sometimiento y el odio hacia los Estados Unidos. En el afán de delimitar se particularizó. El corrimiento de las fronteras abre hoy la posibilidad de definir a América latina como una de las culturas mundiales, a condición de que extraiga de sí y muestre todo lo que de universal contiene. Los Estados Unidos, por su parte, también deben redefinir su identidad luego de la apertura de las fronteras hacia el Sur. Entender “las nuevas fronteras” es necesario para dar sentido a todo juicio sobre ambas Américas.

domingo, 10 de febrero de 2013

¿Hasta cuándo abusarán los EE.UU. de nuestra paciencia?

Licencia para matar

Año 6. Edición número 247. Domingo 10 de febrero de 2013
Marines. Los grupos de elite del ejército estarían a cargo de las polémicas misiones.
En un clima agitado por las protestas de manifestantes pacifistas, el futuro Director de la CIA, John Brennan, respondió el jueves pasado las preguntas de los miembros de la Comisión sobre Servicios de Inteligencia del Senado estadounidense. La audiencia se produjo 72 horas después de la filtración a los medios de un peritaje interno del Departamento de Justicia justificando el asesinato de ciudadanos norteamericanos que en el exterior lideren actividades terroristas contra los Estados Unidos. Agregando un elemento novedoso al debate, la senadora Diane Feinstein, presidenta de la comisión, propuso crear un tribunal que decida sobre los asesinatos teledirigidos de modo similar al que autoriza las escuchas telefónicas.
Para disminuir el daño producido por la filtración del documento mencionado, el miércoles la Casa Blanca informó al Congreso que sus respectivas comisiones de servicios de inteligencia podrán ver el documento. Según Amy Zegart (profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford), en un artículo publicado el pasado viernes en Foreign Policyf, el documento del Departamento de Justicia defiende calurosamente los asesinatos a distancia de ciudadanos norteamericanos en el exterior, “en la medida en que algún funcionario de alto nivel bien informado” decida que plantean “una amenaza inmediata” y que su captura sea “irrealizable”. Antes de dar al gobierno norteamericano el derecho a matar en otros países a “ciudadanos norteamericanos que sean jefes operacionales de Al Qaida y sus fuerzas asociadas” –señala Zegert–, es necesario definir quién es el enemigo.
“Quien plantee en el exterior una amenaza inminente de ataque violento contra los Estados Unidos puede ser ejecutado en base al derecho internacionalmente reconocido a la defensa nacional”, afirma el documento. Como supone que los miembros de Al Qaida siempre están tramando ataques contra Estados Unidos, su mera pertenencia a la organización ya los define como “amenaza inminente” y autoriza a Washington a asesinarlos.
El documento también afirma que “las ejecuciones son aceptables, si las detenciones no son realizables”. ¿Qué significa “realizable”?, pregunta Zegart. ¿Quién decide el asesinato de un ciudadano sin darle la chance de rendirse o de defenderse en juicio? La decisión sobre la ejecución de un ciudadano norteamericano en el exterior cabe a “un funcionario del gobierno de Estados Unidos de alto nivel y bien informado”. ¿Quién es este funcionario?, inquiere la especialista. “¿Qué pasa, si otros funcionarios ‘bien informados y de alto nivel’ están en desacuerdo? ¿Cuál es la cadena de mandos?”, insiste.
“Esta lógica –continúa el documento– no contradice el principio de soberanía, porque es correcto usar la fuerza dentro de un Estado extranjero, si éste consiente, se niega o es incapaz de suprimir la amenaza planteada por el individuo considerado como blanco”. En tanto no se define la amenaza ni la persona facultada para tomar la decisión de suprimirla, puede suponerse sin más que el Estado extranjero en el que ésta se encuentra “carece de voluntad o es incapaz” de eliminarla y que los Estados Unidos pueden hacerlo sin consulta.
El documento del Departamento de Justicia concluye que “no existen foros judiciales apropiados para evaluar estas cuestiones constitucionales”. Con un documento tan vago es imposible tipificar los criterios legales a seguir, apunta Zegart. También ella propone crear un tribunal para autorizar las ejecuciones.
“Este memorando –concluye– demuestra que el gobierno se considera facultado para matar a cualquier persona en cualquier momento y lugar, a partir de amenazas especulativas y distantes. No se define claramente al enemigo y las ejecuciones son facultad de funcionarios no identificados que no revelan sus fuentes de información ni los criterios aplicados”. El documento desconsidera la soberanía de estados extranjeros y faculta exclusivamente al gobierno estadounidense para decidir los asesinatos. “¿Cómo va a terminar esto?”, se pregunta finalmente.
Si los Estados Unidos se hubieran adherido a la Corte Penal Internacional, estas ejecuciones ilegales serían imposibles y, en caso de autorizarse, estarían sujetas al escrutinio posterior de un tribunal internacional. La negación declarada del derecho de soberanía de otros países es una herencia directa del caos producido por George Bush Jr., cuando en 2003 atacó Irak sin declaración de guerra ni autorización siquiera fingida de la ONU. Estados Unidos quebró entonces el Derecho Internacional vigente desde hacía 350 años. La continuidad de este desatino bajo Barack Obama da a cualquier Estado el derecho a asesinar a quien quiera y donde quiera con tan sólo proclamarlo “terrorista”, aplicando el nefasto “Derecho del Enemigo” del ideólogo pronazi Karl Schmitt, ya ampliamente utilizado por las dictaduras terroristas de América del Sur en los años ’70.
Quizás el Congreso y los medios norteamericanos logren instaurar ciertos controles sobre las operaciones de inteligencia en el exterior, aunque sin la participación de los países afectados. Toda la comunidad internacional se sigue preguntando cómo va a terminar esto.

En Brasil el neoliberalismo sigue siendo hegemónico

Un Estado eficaz o sólo eficiente

Año 6. Edición número 247. Domingo 10 de febrero de 2013
Cómo se trabaja en la gestión presidencial de Dilma Rousseff. La importancia de la formación de cuadros técnicos.
Ya elegidas las autoridades de ambas cámaras del Congreso y antes de dar la gran batalla por la aprobación de la Ley de Presupuesto –frenada por la Justicia en diciembre–, en los próximos días Dilma Rousseff va a reorganizar su gabinete para satisfacer los requerimientos de los partidos aliados y recompensarlos por su ayuda en la conquista de la alcaldía de San Pablo en octubre pasado. Con esta redistribución de cargos, la presidenta inicia la segunda mitad de su mandato modificando su imagen pública: pasará a ser más política, a mostrarse más y a emitir más mensajes a la ciudadanía para asegurar su reelección en 2014. No obstante, estas maniobras políticas imprescindibles la alejan de su objetivo de implantar una conducción gerencial del Estado brasileño y hacerlo más eficiente en la prestación de los servicios públicos. Es la contradicción en la que todo gobernante del país vive desde que a fines de los años ’70 se introdujeron las primeras reformas para aumentar la eficiencia estatal: ¿cómo aumentar la legitimidad, con mayor eficiencia o incluyendo más la enorme diversidad social y cultural de la sociedad brasileña?
En Brasil, la formulación, implantación y el acompañamiento de las políticas públicas de nivel federal están a cargo de los ministerios, de secretarías especiales, autarquías, agencias reguladoras y consejos. Actualmente, el gobierno federal se compone de 26 ministerios, nueve secretarías de la Presidencia y seis organismos autárquicos. El presidente de la República puede crear, modificar la estructura y eliminar organismos de la administración pública mediante leyes especiales.
Los ministerios integran la cúpula administrativa y están directamente subordinados al presidente. Poseen autonomía técnica, financiera y administrativa para ejecutar las acciones pertinentes en sus áreas de competencia. También les corresponde establecer estrategias y prioridades en la aplicación de los recursos públicos, así como crear normas, acompañar y evaluar programas federales. Los titulares de las carteras son designados por el presidente de la República. Son responsables por la coordinación y supervisión de los organismos y entidades de la administración federal en su área de competencia.
En áreas estratégicas, el gobierno tiene secretarías especiales directamente subordinadas a la presidencia. La Secretaría General de la misma tiene la función de asesorar al gobierno federal y al Presidente de la República en sus relaciones y en la articulación con los movimientos sociales, entidades patronales y de trabajadores, con la finalidad de crear y mantener canales de consulta y participación popular en la definición de la agenda de prioridades del país. Esta función se relaciona con un principio consagrado por la Constitución de 1988: el de la participación social para consolidar la democracia.
Uno de los efectos del reconocimiento de los derechos sociales en la Constitución de 1988 fue el fortalecimiento de los consejos de gestión de políticas públicas. A éstos cabe proponer directrices, tomar decisiones vinculadas con las políticas de sus áreas y acompañar la gestión de los programas. Su composición incluye a funcionarios del área y representantes de la sociedad civil.
Las agencias fueron creadas en los años ’90 para fiscalizar la prestación de los servicios públicos que entonces fueron privatizados. Tienen una cierta autarquía dentro de la administración federal y están dirigidas colegiadamente por directores designados por el presidente con acuerdo del Senado Federal.
En líneas generales, el Estado que se va constituyendo, sobre todo a partir de la década de 1930, bajo Getúlio Vargas (1930-45 y 1950-54) está fuertemente orientado a la transformación de las estructuras económicas y sociales para alcanzar el desarrollo mediante la industrialización. La urgencia por industrializar hizo que el aparato de planeamiento se organizara y avanzase más rápidamente que el resto de los aparatos estratégicos del Estado. Al contrario, la estructura de las instituciones públicas quedó muy retrasada. Recién durante la década de 1990 se invierte el orden de prioridades por la introducción de las reformas neoliberales y el desmonte de los organismos de planeamiento. El planeamiento se reduce a algo meramente técnico-operacional, sin sentido estratégico, mientras que el debate es hegemonizado por las agendas de gestión pública, volcadas básicamente hacia la racionalización de los procedimientos de gerenciamiento de la burocracia y de las funciones de formulación del presupuesto, implementación, monitoreamiento, evaluación y control de las acciones de gobierno.
Esta situación se manifiesta en la transferencia de poder del ministerio de Planeamiento para el de Hacienda, especialmente hacia las estructuras del Estado encargadas de la política monetaria, del gasto público y de la deuda pública. La Constitución de 1988 tiene el mérito de establecer el planeamiento como un proceso continuo de la acción estatal. No obstante, desde la experiencia actual puede señalarse como aspecto negativo que, al vincular el planeamiento a acciones de corto y mediano plazo y a las limitaciones presupuestarias existentes, lo convirtió en parte –ya no en directriz– de las actividades cotidianas del Estado. De esta manera, a lo largo de los últimos veinticinco años la planificación perdió contenido político-estratégico y las innovaciones técnico-operacionales que se le incorporaron diluyeron sus efectos entre las diferentes instancias del gobierno.
La función de planeamiento fue implementada en los Planes Plurianuales (PPA) que adquirieron sistematicidad a partir de la segunda mitad de los años ’90 y aún hoy son continuados (se trata de los planes 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2015). Estos PPA se organizan en torno de dos principios básicos: la idea de proceso continuo y poco disruptivo (lo que se garantiza haciendo que el primer año de gobierno de un Presidente sea el último del PPA corriente) y la vinculación inmediata entre el PPA (desdoblado en planes anuales) y el Presupuesto General de la Unión (OGU por su nombre en portugués). Para ello se crearon dos instrumentos centrales: la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO, por el nombre en portugués), que fija las metas para el presupuesto siguiente, y la propia Ley anual de Presupuesto (LOA, por su nombre en portugués). Así, el presupuesto se convirtió en una variable previa que limita las posibilidades del planeamiento.
Considerando ambos aspectos, no es extraño que la estabilidad monetaria y cambiaria, por un lado, y la administración del gasto público, por otro, se hayan convertido en objetivos principales del Estado. De este modo la ideología neoliberal se corporizó en la conducción y gestión del Estado brasileño en un proceso y estructuras que todavía perduran.
Según Cardoso Jr. (en su Planejamento gubernamental e gestão pública no Brasil: elementos para resignificar o debate e capacitar o Estado, de 2011), a quien se sigue en este apartado, los puntos principales de crítica a este proceso son los siguientes:
-La reforma gerencial brasileña fue incompleta y acabó generando más fragmentación de los aparatos del Estado, al reforzar la hibridez institucional entre un núcleo central altamente eficiente y el conjunto del Estado patrimonialista y clientelista.
-La reforma no democratizó el funcionamiento del Estado y en realidad dio un carácter manipulador a la gestión participativa propuesta por la CF/88.
-Los controles sociales de la gestión pública o no se instalaron o fueron formales, precarios y limitados.
-La supuesta “orientación para el servicio público” reforzó la tendencia a poner al Estado al servicio de intereses privados.
Durante los gobiernos de Lula y de Dilma, si bien se ampliaron las políticas sociales al máximo, extendiendo su universalidad, se mantuvo el condicionamiento presupuestario de la planificación estatal y la privatización de la prestación de servicios públicos, inclusive en la política social. Este es el marco para entender los alcances y limitaciones en la formación de los funcionarios públicos brasileños.
Desde la reforma administrativa de Bresser Pereira se ha unificado la carrera funcionarial del Estado brasileño en todos los niveles, se han generalizado los concursos como modo de acceso al cargo y ha desaparecido el empleo público precario. Sin embargo, en la cúpula de los gobiernos federal, estaduales y municipales sigue habiendo una minoría importante de cargos “comisionados” (políticos), la capacitación de los funcionarios es muy diversa según pertenezcan al núcleo central del Estado o al resto y la congelación de vacantes impuesta por las reiteradas restricciones presupuestarias hace que los organismos públicos acudan frecuentemente a la contratación de servicios con empresas privadas que emplean trabajadores y empleados de modo precario. De este modo se ha consolidado la carrera del funcionario público, pero se ha mantenido de otra forma su heterogeneidad y se ha marginalizado la precariedad laboral, sin eliminarla.
La mayoría de los funcionarios públicos aprueban los concursos periódicos con su formación técnico-administrativa o universitaria. Especialmente la extensión de las formaciones gratuitas de posgrado en las universidades públicas ha contribuido a que en los niveles medios de la administración ingresen funcionarios con mejor formación. Sin embargo, la historiadora de la Universidad Fluminense Gizlene Neder llama la atención en un artículo reciente sobe la desconsideración de la diversidad y las diferencias culturales dentro de la población brasileña en el momento de formular los requerimientos para el ingreso a la carrera pública. Se parte del esquema normativo de la familia y la lógica europeas, sin tener en cuenta la variedad de tradiciones que aportan los candidatos a los cargos, sobre todo en los niveles inferiores. De este modo, concluye, se reproduce un funcionariado ideológica y culturalmente unilateral e incapaz de entender las múltiples lógicas que atraviesan la población brasileña.
Una vez en el cargo, los funcionarios públicos tienen permanentes cursillos de actualización y algunos cursos de formación más extensos y complejos. Todas estas medidas de formación son evaluadas y controladas de acuerdo a los criterios de eficiencia dictados por la norma ISO 9000 y sus derivadas. Aunque se ha tratado a menudo de unificar el sistema de formación de los funcionarios públicos, no ha sido posible. Además de que la Unión y la mayoría de los estados miembro tienen sus respectivas escuelas de formación de cuadros, existen también la Fundación Getúlio Vargas y los centros de formación diplomática y militar.
En la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), que pertenece al Ministerio de Planeamiento, fundada en 1986, se dicta la carrera de Especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental (Eppgg). A este curso se entra por concurso, dependiendo del número de vacantes disponibles. Dura dos años, tiene una orientación generalista, pero atiende en particular a los problemas de la realidad brasileña y la formación incluye numerosas actividades prácticas de asesoramiento, dirección, planeamiento, coordinación y ejecución de políticas públicas.
La formación general de los funcionarios ha mejorado, pero no su capacidad para responder a requerimientos sociales no planificados. Probablemente la causa resida en la orientación eficientista de su formación y en la falta de consideración de las profundas diferencias que atraviesan la población brasileña. La presidenta, por su parte, está convencida de que la “nueva clase media” salida de la pobreza gracias al crecimiento económico y a la política social de los últimos años, a diferencia de la “vieja clase media”, no va a renegar del Estado, sino que va a exigir de éste cada vez más y mejores servicios. Obsesionada por el cumplimiento de las metas propuestas, en sus dos años de gobierno ha ido introduciendo cada vez más controles de gestión. Sin embargo, consciente de las resistencias que la reforma del Estado despierta en su propio partido, lo ha ido haciendo de modo lento y progresivo.
Para los próximos dos años se propuso aceitar la maquinaria del Estado, para que éste cumpla con las metas propuestas. Sin embargo, tanto los necesarios acuerdos políticos mencionados al principio de este texto como la urgencia por acelerar los planes de inversión en infraestructura y logística –trabados precisamente por los numerosos y contradictorios controles de gestión– la obligan a buscar caminos heterodoxos, si quiere relanzar el crecimiento económico, mantener la creación de empleo, financiar las políticas sociales y ganar la reelección en 2014. Probablemente, entonces, también deba reconsiderar su idea de eficiencia en busca de más eficacia.

lunes, 4 de febrero de 2013

La estrategia militar de Obama

El Pentágono estrena doctrina

Año 6. Edición número 246. Domingo 3 de febrero de 2013
El presidente Barack Obama apuesta a una estrategia militar equidistante entre el aislacionismo y el intervencionismo. Para ello, designó a un ex senador republicano y experto académico como nuevo secretario de Defensa.
Al presidente norteamericano Barack Obama nunca pudo venirle mejor un atentado que la bomba detonada el pasado viernes en la embajada estadounidense en Ankara, Turquía. Simultáneamente, con las audiencias parlamentarias para confirmar al secretario de Defensa designado, Chuck Hagel, el ataque ratificó que en la lucha contra el “terrorismo internacional” el camino adecuado pasa por la estrategia que el teórico militar John Arquilla denomina “del sillón reclinable”: el presidente se reclina y espera el momento para inclinarse hacia adelante y golpear al enemigo.
El primer ministro turco Recep T. Erdogan adjudicó, inmediatamente, el atentado a un grupo izquierdista local, pero el vocero de la Casa Blanca, John Carney, dudó de la versión. Por el atentado fue muerto un guardia turco de la embajada y herida una periodista turca. La autoría política del atentado sigue oscura y ayer sábado ya había desaparecido de las primeras planas.
Por otro lado, a nivel doméstico, los adversarios republicanos ponen todo el mal del mundo en Irán y pivotean la política mundial de EE.UU. sobre la defensa de Israel. Por eso cuestionan al designado nuevo secretario de Defensa Chuck Hagel en las actuales audiencias parlamentarias para su confirmación como “el hachero de Obama” que vendría a desguazar el Pentágono. En principio, todo haría pensar que este profesor de la Universidad de Georgetown, exsenador republicano, no debería tener mayores problemas para ser confirmado, aunque decepcionó en su presentación ante la Comisión de Fuerzas Armadas el pasado jueves. No obstante, los demócratas lo siguen apoyando y será confirmado por el Senado.
Obama quitó a las fuerzas armadas la conducción de la guerra y militarizó la CIA. Ahora, puede reducir el presupuesto militar y la influencia de los “lobbies” sobre Washington. Sin embargo, probablemente deba también devolver a la CIA su función de inteligencia y recostarse aún más sobre las fuerzas especiales. Ésta es la estrategia que John Arquilla denomina “del sillón reclinable”. Arquilla es profesor en la Escuela de Posgrado de la Marina, ha publicado mucho sobre el futuro de la guerra y desde hace años viene insistiendo en la necesidad de transformar a las fuerzas armadas en una red, para poder enfrentar las actuales “amenazas terroristas”. Según él, la organización actual de los grupos islamistas radicales en redes se ajusta a la revolución cibernética, permitiendo una gran efectividad. Las células en red no necesitan autoridades jerárquicas y pueden dispersarse, para atacar en “enjambres” cuando y donde sea preciso.
En un artículo publicado el pasado martes 28 en la revista especializada Foreign Policy, Arquilla presenta la estrategia presidencial como una síntesis de las dos tradiciones de la política exterior norteamericana, la abstencionista y la intervencionista. Mantiene el involucramiento, pero con mucha economía. Ejemplifica la noción del sillón reclinable con la guerra mundial conducida contra Al Qaeda. “En su mayor parte esta campaña es realizada por pequeñas unidades de fuerzas especiales, comandadas por el almirante William McRaven, y usa tanto drones como hombres bien entrenados y casi sin jerarquías”, dice.
“En esencia, reclinarse significa devolver a casa a la mayoría de las fuerzas convencionales, pero desplazar nuestro peso. Al trabajar en red, podemos multiplicar nuestra presencia en el mundo y vincularnos mejor con nuestros aliados. Esta estrategia baja los costos de la política exterior norteamericana, pero aumenta nuestra presencia mundial. Se critica a veces a Obama –concluye– por ser demasiado frío, pero él sabe reclinarse. Un comandante en jefe nunca puede ser demasiado frío.”
Como todo texto de consultor, éste también ajusta la realidad a sus propuestas. Sin embargo, el artículo permite entender al presidente. Obama quiere salvar la hegemonía militar norteamericana con el menor costo posible. Para ello necesita medios cómplices y públicos desinformados que protejan el sigilo de las operaciones, aliados complacientes y una red mundial de pequeñas bases para el despliegue de las unidades especiales. ¿Qué pasa, si alguno de estos factores falla? Entonces el sillón reclinable pierde apoyo y quien esté sentado en él puede caerse.

El largo camino de Brasil hacia la República

Castigar sin vigilar

Año 6. Edición número 246. Domingo 3 de febrero de 2013
Brasil. La tragedia producida en la disco Kiss, donde murieron 234 personas, desnuda la persistencia de estructuras anquilosadas a pesar de los esfuerzos de Lula y Dilma.
En su clásica obra Vigilar y castigar, Michel Foucault enseñó de qué modo el Estado contemporáneo se organizó en base a la metáfora del panóptico, aquella torre central de las prisiones que permitía mantener observados a todos los reclusos. La certeza de ser permanentemente observados también hacía a los individuos receptivos a las órdenes que vinieran del poder, convirtiéndolos en ciudadanos. Esa organización sirvió para construir el Estado de Derecho contemporáneo y luego el Estado de Bienestar.
En Brasil, donde el Estado imperial sólo recientemente está siendo remplazado por el Estado democrático de Bienestar, muchas veces no interesa vigilar, sólo castigar. La tragedia de la discoteca Kiss es, en este sentido, paradigmática. Inmediatamente después de que en el incendio murieran 234 personas y más de cien acusaran graves síntomas de asfixia comenzaron las discusiones públicas para buscar culpables. Cada catástrofe natural o social genera las mismas reacciones: el luto se privatiza, la venganza se socializa. Medios y público marchan esta vez juntos a la búsqueda de culpables. Es el eterno retorno del mito de San Jorge que mata al dragón con su lanza, eliminando la maldad del mundo.
La falta de fiscalización fue adecuadamente expuesta por un lector de Folha de São Paulo el miércoles 30: “Existen leyes y normas de seguridad que muestran cómo hacer y dimensionar salidas de emergencia que deberían ser seguidas, pero no lo son. También deberían ser usados materiales de construcción y para terminaciones que fueran incombustibles, pero no se los utiliza, porque son más caros. Cuando ocurre una tragedia, se habla de cambiar la legislación, promulgar nuevas leyes federales, etc. Es pura burrada. Lo que falta es obedecer las normas y una fiscalización seria, sin tolerancia”.
Cada vez más, las investigaciones posteriores al incendio van dando cuenta de la responsabilidad del Cuerpo de Bomberos. Éste tuvo dos meses para inspeccionar la Kiss, pero no lo hizo. Si lo hubiera hecho, habría constatado que la boite había instalado en su techo un revestimiento acústico de espuma de poliuretano cuya quema, causada por un artefacto pirotécnico, dio inicio al incendio. En setiembre pasado los dueños del local fueron notificados del vencimiento del certificado de seguridad contra incendios y en noviembre informaron a los bomberos que debían realizar una nueva inspección.
El coronel Sérgio Roberto de Abreu, comandante-general de la Brigada Militar de Río Grande do Sul a la que pertenece el Cuerpo de Bomberos de la 4ª Región (donde está Santa María), declaró el jueves 31 que la inspección no se hizo por “razones administrativas” que no detalló. Según empleados del local, la espuma fue colocada en agosto pasado, para mejorar la acústica. Por lo que citó Folha de São Paulo en su edición del viernes 1°, hubo otra falla más de los bomberos: permitir el funcionamiento de Kiss con una sola salida de emergencia. Las reglas de la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) establecen que la distancia a la salida de emergencia no puede superar nunca los 20 metros. Quien estaba en el fondo del local en la madrugada del domingo pasado debió correr, por lo menos, 22 metros hasta la puerta.
Por otra parte, el jueves, la Policía Civil (órgano estadual de investigaciones) confirmó que en el local había esa noche más de mil personas, cuando sólo 691 estaban autorizadas. Según la policía, fueron tratados más de 500 pacientes. Sumados a los 235 muertos exceden claramente la cifra permitida.
Aun considerando la actitud opositora de Folha de São Paulo al gobierno de Río Grande do Sul dirigido por Tarso Genro (PT), si se comprueba que los bomberos tuvieron responsabilidad en la tragedia, las consecuencias políticas y penales pueden ser graves. El Cuerpo de Bomberos de Santa María pertenece a la Brigada Militar de Río Grande do Sul, un cuerpo de seguridad estadual con funciones policiales, auxiliar y reserva del Ejército Brasileño. Corresponde a lo que en otros estados de Brasil se llama Policía Militar. Desde siempre en Brasil la seguridad de las personas y bienes es también una cuestión militar. La Policía Federal y la Policía Civil (estadual) son cuerpos de investigación, pero carecen de tropas.
Quien está feliz con esta derivación es el alcalde de Santa María, Cezar Schirmer (PMDB), eterno rival de Genro en la política estadual, que el jueves pudo eximirse públicamente de toda culpa en una rueda de prensa que convocó especialmente.
Por lo pronto, las responsabilidades inmediatas se concentran sobre los dueños de la boite. Uno de ellos, Elissandro Spohr, “Kiko”, además de haber colocado en octubre la espuma inflable prohibida por edicto municipal para el aislamiento acústico, rebajando el techo, fue acusado por una ex-gerente de la casa de hacer retirar los extintores de las paredes por razones estéticas. Abrumado por los cargos, “Kiko” intentó suicidarse el miércoles pasado y ahora está detenido en el hospital.
A su vez, Jairo Marques, su abogado, también culpó a los bomberos por la tragedia, afirmando que éstos no atendieron la primera llamada de emergencia hecha a eso de las 3 horas y que, cuando llegaron, pidieron ayuda para el salvataje a gente que se acercó y a sobrevivientes que huían del local. “No tenían equipamiento y echaron un chorro de agua hacia la puerta de salida dificultando la huida”, agregó Marques.
En el balance del desastre todo apunta a una acción criminal del dueño del local y a una enorme negligencia, si no complicidad corrupta, del Cuerpo de Bomberos, junto con la actitud oportunista de la administración municipal que, conociendo el problema, dejó que sus competidores estaduales metieran la pata. Y aquí está el nudo de la cuestión: pudiendo prevenir el daño, nadie se ocupó de hacerlo ni controló para que los responsables lo previnieran. En esta actitud se ve al Brasil imperial que no acaba de morir: por debajo de las elites, las personas sólo interesan como objetos de martirio o de castigo. Y si ambas situaciones pueden ser repetidamente retratadas por los medios omnipresentes, mejor.
Matheus Pichonelli sintetizó la cuestión en su columna del mismo domingo 27 a la mañana en Carta Capital: “En un mundo ideal, al día siguiente de este desastre por la mañana todos los periódicos de las ciudades pequeñas y medianas, que son los únicos con capilaridad suficiente como para fiscalizar las esquinas más distantes del país, mandarían a sus reporteros a las calles para contar cuántos locales nocturnos están en condiciones de reunir a multitudes con un mínimo de seguridad. Estos reportajes servirían como vacuna y alerta sobre tragedias como las de Santa María. Poco a poco los clientes se negarían a pagar fortunas para ser tratados como ganado en los locales de esparcimiento y eventos culturales. Pero este sueño no se va a realizar. Las casas de shows (como todo negocio) son potenciales anunciantes y el silencio es un valor embutido en la exitosa sociedad entre empresarios en busca de lucro, autoridades inoperantes y la prensa oficialista de cualquier poder en todo Brasil”.
En nombre de la libertad y aprovechando la desconfianza que el autoritarismo dictatorial había dejado en la población, la derecha logró introducir en la Constitución reformada en 1988 reservas de poder y segmentaciones de las facultades gubernamentales que traban al Poder Ejecutivo central. Al mismo tiempo la extensión de los derechos fue sustituida por la expansión del Derecho. El sistema legal, deliberadamente ambiguo y contradictorio, sirve para que los pobres difícilmente reciban justicia y para que la corporación judicial negocie internamente los procesos. Los múltiples controles sobre la gestión de los ejecutivos –instaurados en nombre de la lucha contra la corrupción– sirven para frenar las inversiones públicas y obligan a los funcionarios a buscar desvíos para hacer los gastos presupuestados. El territorio está controlado por policías militarizadas que conciben la seguridad como una guerra. A su vez se debilitaron los controles sobre los municipios, al reconocerlos como entes soberanos al mismo nivel de los estados y de la Unión, aumentando la influencia de los poderes locales que generalmente actúan en la sombra por falta de medios de comunicación alternativos e independientes.
¿Quién cuida mejor al habitante y al ciudadano: el Estado central o el fragmentario? No se puede contestar en abstracto, pero ante el poder de las corporaciones y la concentración de los medios de comunicación, parece sensato pensar que sólo un poder democrático fuerte y concentrado puede defender la vida, la seguridad y los bienes de la población. Por el contrario, la excesiva autonomía de las unidades estatales menores, rodeadas de menor debate público y más sometidas a las presiones inmediatas de las empresas, tiende a convertirlas en feudos cerrados. Lo resumió Matheus Pichonelli en el artículo ya citado: “Cuando todo está legalizado fuera de la legalidad y quien fiscaliza se calla, la catástrofe es sólo cuestión de tiempo”.