domingo, 30 de septiembre de 2012

Éste sí es populismo

Carnaval de votos en Río de Janeiro

Año 5. Edición número 228. Domingo 30 de septiembre de 2012
Según las últimas encuestas, el actual alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, obtendría el 52% de los votos en las elecciones municipales del próximo 7 de octubre, mientras que su principal contrincante, el diputado estadual izquierdista Marcelo Freixo, el 17%. Aunque la elección parece definida, no se descarta que haya segunda vuelta. Sobre el tapete está la discusión sobre las relaciones entre política, negocios y mafias.
Río de Janeiro elegirá un alcalde, un vicealcalde y 51 concejales. Si ningún candidato al Ejecutivo alcanza la mayoría absoluta, la elección se decidirá dos semanas después en segunda vuelta y los vencedores asumirán por cuatro años el próximo 1° de enero. Si Paes gana, éste será su último mandato. Con el apoyo de los gobiernos federal y estadual, el sector inmobiliario, los grandes medios y una opinión pública ávida de “paz” a cualquier costo el joven alcalde (43 años) no debería temer. Paes entró en política a los 23 años como subalcalde de barrios de alta clase media en el sur de la ciudad (1993-96). Su éxito como gerenciador del desarrollo urbano lo convirtió en 1996 en el concejal más votado de la ciudad. En 1998 fue electo diputado federal. Al reelegirse el alcalde César Maia en 2000, fue nombrado Secretario de Medio Ambiente y plantó más de un millón de árboles en áreas degradadas. Originariamente afiliado al derechista Partido del Frente Liberal (PFL), al reelegirse diputado federal en 2002, ingresó al Partido Social-Demócrata Brasileño del entonces presidente Cardoso. Durante el primer gobierno de Lula (2003-07) fue un ferviente opositor a Lula, pero en 2006 apoyó la elección del gobernador Sergio Cabral, aliado del presidente. Así se convirtió en secretario de Deportes y Turismo del Estado y se afilió al PMDB. Después de haberse disculpado públicamente ante Lula y con su apoyo, en 2008, ganó la alcaldía de Río. Desde el inicio, se hizo famoso por sus efectistas medidas de orden, por asfaltar centenares de quilómetros de calles y avenidas y reorganizar el transporte público, así como por construir corredores viales por toda la ciudad en vistas a los previstos Juegos Olímpicos y a la Copa FIFA. En 2012, la tasa de inversiones de la Ciudad de Río supera la del propio gobierno federal.
A pesar de este capital mediático, su oponente Marcelo Freixo le está haciendo sombra. Profesor de Historia de 45 años, milita por los derechos humanos desde sus 20 años y es miembro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), escisión del PT fundada en 2004. Diputado estadual electo en 2008, preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Se destacó como presidente de la Comisión de Investigaciones sobre las milicias parapoliciales. Cuando en 2011 presentó el informe por la Comisión de Investigaciones sobre el tráfico de armas, debió abandonar el país ante las amenazas recibidas. Su hermano Renato fue asesinado por parapoliciales en 2006. Freixo crece en las encuestas por el desencanto de muchos votantes con el apoyo del PT a Paes y por sus denuncias contra las milicias. Formadas inicialmente en barrios pobres para vender protección contra el crimen, sus miembros son agentes de las fuerzas de seguridad con el respaldo de políticos y dirigencias locales. También controlan muchos servicios esenciales y se dividen con los narcotraficantes el control de las 1.006 favelas de Río.
Diversos políticos cariocas son notorios milicianos, pero hasta ahora sólo dos concejales fueron presos por complicidad. El propio PSOL expulsó a principios de septiembre a un candidato a concejal acusándolo de ser un infiltrado y, a su vez, Freixo acusó al alcalde Paes de complicidad con las milicias. Más allá del resultado en estas elecciones lo que se discute es si el crecimiento económico justifica el crimen.

domingo, 16 de septiembre de 2012

Concentración del poder y disciplinamiento

Dilma negocia el presupuesto

Año 5. Edición número 226. Domingo 16 de septiembre de 2012
Ansiosa. Rousseff pretende acelerar el acuerdo presupuestario con sus aliados.

Otras notas

  • La presidenta Dilma Rousseff mide fuerzas con los funcionarios públicos federales, quienes intentan torcerle el brazo y llevarla a firmar un fuerte aumento salarial. Por el contrario, la mandataria no quiere abrir el grifo presupuestario, en el marco de las restricciones que genera la crisis internacional, y concede subas parciales a salarios bajos.
  • La austeridad, cuando es necesaria, pareciera ser una marca de los gobiernos del PT. En su primer año de mandato, Inácio Lula da Silva anunció una reducción de 14 mil millones de reales, con el objetivo de alcanzar un 4,25% del PIB como superávit primario. Siguiendo un “desarrollismo monetarista”, también desplegó un paquete de 14 medidas para incentivar el crecimiento. Por eso, que el gobierno de Dilma Rousseff encargue a sus ministros un recorte presupuestario no sorprende, de hecho, uno de sus planteos fue sostener la disciplina fiscal.
  • El gobierno brasileño anunció el miércoles pasado su propósito de gastar 8.400 millones de reales para reactivar la alicaída economía, pero se quedó muy por debajo de las expectativas previas. La motivación electoral es obvia: el próximo 7 de octubre se realizan en todo el país elecciones municipales en las que se juega el control de las mayores ciudades. En la perspectiva de las presidenciales y parlamentarias de 2014 el gobierno necesita ganar sobre todo São Paulo, para frenar a la oposición, pero anda a los tropezones, porque el PT ha perdido los lazos con sus bases sociales.
  • El miércoles próximo será el puntapié inicial del debate legislativo por el Presupuesto 2012. La tenida comenzará cuando el secretario de Política Económica, Roberto Feletti, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, se presenten en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para explicar en detalles los números de la iniciativa. Será la primera de la serie de cinco reuniones previstas, según la convocatoria del presidente de la Comisión, Gustavo Marconato, del Frente para la Victoria (FpV).
  • La sesión parlamentaria para discutir el presupuesto 2011 de la Ciudad de Buenos Aires no llegó a buen puerto para el oficialismo. Después de cinco horas de debate en las que el PRO intentó aprobar los 25.500 millones de pesos de presupuesto (un 20 por ciento más respecto al que se votó para este año que termina), se resolvió pasar el tratamiento del proyecto a cuarto intermedio hasta mañana.
  • La sanción del presupuesto general de la Nación es un acto institucional, político y económico de trascendencia. Tan es así que la Constitución Nacional regla su presentación y sanción. El art. 100, inc. 6, dispone que le corresponde al jefe de Gabinete de Ministros enviar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Ese es el único presupuesto que puede considerarse; ningún legislador puede arrogarse esa facultad.
La jefa de Estado pretende mantener los planes de inversión en infraestructura y, a su vez, evitar que sus aliados parlamentarios eleven los sueldos de los trabajadores públicos.
El gobierno brasileño está negociando con su base en el Congreso Federal, para que ésta deje intacto el proyecto de presupuesto para 2013. Dilma quiere mantener inalterados los planes de inversión en infraestructura y evitar que sus aliados parlamentarios suban los sueldos de profesores y no docentes universitarios, policías, funcionarios judiciales y de Impositiva que rechazaron en agosto pasado las condiciones del gobierno, para terminar las huelgas que asolaron al país durante cuatro meses. El proyecto presupuestario debe cumplir entonces a la vez la función económica de impulsar el crecimiento y la política de disciplinar a los sindicatos estatales y a la propia base parlamentaria.
Ningún gobierno federal tiene mayorías propias en ambas cámaras del parlamento y para impulsar sus proyectos depende de complejas y cambiantes alianzas con partidos y caudillos regionales. Todas las leyes son producto de un toma y daca entre el gobierno y los diferentes lobbys, tanto más el presupuesto general de la Unión. Por eso, el pasado miércoles 12 se reunieron el presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, el diputado Paulo Pimenta (del PT), y el miembro informante de la propuesta presupuestaria para 2013, el senador Romero Jucá (del aliado Pmdb) con la ministra de Planeamiento, Miriam Belchior, para discutir el tratamiento parlamentario del proyecto.
Para 2013 se estima un gasto total de aproximadamente 500 mil millones de dólares. Según el diputado, el gobierno ve como prioritario que se aprueben los proyectos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y del Plan Brasil sin Miseria. El PAC –que ahora se encuentra en su segunda fase– es un programa de fuertes inversiones en infraestructura lanzado por Lula y continuado por Dilma, para crear en ciudades medianas y regiones rurales las condiciones para la inversión industrial. La ministra de Planeamiento, por su parte, declaró que espera que el informante del proyecto evite elevar los gastos de personal. De esta forma, las categorías funcionariales que no aceptaron los aumentos dispuestos por el gobierno en agosto seguirán recibiendo el mismo salario el año próximo. Según el senador Jucá, si estos grupos de funcionarios quieren tener aumentos, deberán negociar directamente con el gobierno.
El presupuesto 2013 prevé una expansión del 8,9% en las inversiones federales, que subirán de 85,9 mil millones de dólares en 2012 a 93,5 mil millones el año próximo. Este valor incluye tanto las inversiones del gobierno federal como las de las empresas estatales. El PAC sumará inversiones por 63,1 millones de dólares, 37 millones de los cuales serán invertidos por las empresas públicas. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Guido Mantega, “la inversión es uno de los ejes de este presupuesto, para asegurar el crecimiento del país”.
Por primera vez, el proyecto de presupuesto está disponible en internet. El Ministerio de Planeamiento publicó el documento en formato abierto. La medida responde a la Ley de Acceso a la Información sancionada hace pocos meses. Según el Ministerio, se pretende “ofrecer a los ciudadanos y a las organizaciones mayor transparencia de la información pública”.
El proyecto oficial comenzó a tramitarse en el Congreso a principios de septiembre, cuando el presidente del Senado, el expresidente José Sarney (Pmdb), comunicó a los parlamentarios los plazos previstos para la aprobación del proyecto. Sarney cuenta con aprobar la nueva ley antes del receso parlamentario que comienza el 22 de diciembre. Si lo logra, no sólo habrá realizado una obra maestra de ingeniería parlamentaria, sino que habrá permitido al gobierno de Dilma disciplinar rudamente a los sindicatos estatales, aumentando sensiblemente su cuota de poder.

domingo, 9 de septiembre de 2012

¿Brasil marcha hacia la teocracia?

San Pablo preocupa a Dilma

Atrevido. El candidato paulista del evangelismo intenta sumar votos en la calle.
Celso Russomano, un ex periodista televisivo metido a político bajo el padrinazgo de la polémica Iglesia Universal del Reino de Dios, es el favorito de los paulistas.
Dilma y Lula no están casados, pero no se pueden separar. Él la elevó a la Presidencia y necesita de su dureza y solidez, aunque deba correr por el país mitigando las heridas que su criatura infiere a propios y aliados. Ella creció a su sombra, triunfó gracias a él, pero está abrumada por la herencia caótica que Lula dejó, al iniciar múltiples proyectos, sin presupuestos, infraestructura ni cuadros.
Por eso ella viajó el miércoles pasado a San Pablo para almorzar con él, conversar durante cinco horas y volverse a Brasilia. La acompañaron el secretario general de la Presidencia, Gilberto de Carvalho, y el asesor para asuntos internacionales Marco Aurélio Garcia. Los reunieron la angustia, el miedo y la ansiedad. San Pablo, el Nordeste y los sindicatos son sus motivos.
El gigante de once millones de habitantes (22 millones en la región) es el centro de la vida brasileña. Es la sexta ciudad más grande del mundo, dominada por una elite tan fina como conservadora y mediática. Permanentemente opuesta al poder central desde el siglo XIX, siempre representó al “otro Brasil” que mira hacia Europa y los Estados Unidos. Para la burguesia paulista y sus dos grandes diarios, O Estado de São Paulo y Folha de São Paulo, América del Sur es el patio trasero del Brasil potencia al que éste no precisaría consultar para hacer política mundial, sino imponerle sus decisiones.
Los electores paulistas ya castigaron varias veces esta arrogancia: el expresidente Janio Quadros (1986-89), el exministro de la Dictadura Paulo Maluf (1993-97) y el actual alcalde Gilberto Kassab (2006-12) fueron electos a contracorriente. Ni izquierdas ni derechas los deseaban. Gobernaron demagógicamente, administraron desastrosamente y dejaron la ciudad desquiciada, pero el pueblo insiste en repudiar las ofertas partidocráticas. La nueva amenaza se llama Celso Russomano. Experiodista televisivo metido a político, el año pasado ingresó al insignificante Partido Republicano Brasileño (PRB) y bajo la dirección de la Iglesia Universal del Reino de Dios, del pastor Edir Macedo, lo convirtió en una poderosa máquina que hoy le asegura el 35% de intención de voto para las elecciones del 7 de octubre, con tendencia al alza. Frente al 21% menguante de su contrincante José Serra (PSDB) y al 16% del exministro de Educación de Dilma Fernando Haddad (PT), es un favorito imbatible. Hoy sólo se discute sobre el nombre de su oponente en la segunda vuelta del 28 de octubre, para cuya campaña Folha de São Paulo propuso el jueves que Lula y Fernando Henrique Cardoso (jefe histórico del PSDB) compartan estrado.
El supremo matrimonio político tiene también otras preocupaciones. El ascendente Partido Socialista Brasileño (PSB), un producto nordestino que conducido por el alcalde de Recife Eduardo Campos se expande por el país, buscando autonomía abandonó al PT ante la derecha en varios municipios que éste puede perder.
También la Central Única de los Trabajadores (CUT), fundada por Lula en 1983, se quejó ante su mentor, porque Dilma ahogó sin negociar las largas huelgas del sector público. El anuncio hecho esta semana de que el Ejecutivo mandará al Congreso un proyecto de ley reglamentando el derecho de huelga en la administración pública colmó el vaso.
Finalmente, José Dirceu, líder histórico del PT, procesado por corrupción ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en el proceso del mensalão, está enojado con la presidenta, porque ésta no desplazó al fiscal general del Estado, Roberto Gurgel, que usa el proceso para perfilarse mediáticamente.
Ni Lula ni Dilma dieron declaraciones al salir de la reunión ni la prensa informó al respecto. Todos son conscientes del desastre que amenaza al establishment político brasileño. San Pablo no vale una misa, pero sí muchas herejías.