Concentración del poder y disciplinamiento

Dilma negocia el presupuesto

Año 5. Edición número 226. Domingo 16 de septiembre de 2012

Por 

Eduardo J. Vior. Foz de Iguazú

internacional@miradasalsur.com

Ansiosa. Rousseff pretende acelerar el acuerdo presupuestario con sus aliados.

Otras notas

• Dilma Rousseff pulsea con funcionarios públicos
  La presidenta Dilma Rousseff mide fuerzas con los funcionarios públicos federales, quienes intentan torcerle el brazo y llevarla a firmar un fuerte aumento salarial. Por el contrario, la mandataria no quiere abrir el grifo presupuestario, en el marco de las restricciones que genera la crisis internacional, y concede subas parciales a salarios bajos.
  
• Dilma ordena la economía
  La austeridad, cuando es necesaria, pareciera ser una marca de los gobiernos del PT. En su primer año de mandato, Inácio Lula da Silva anunció una reducción de 14 mil millones de reales, con el objetivo de alcanzar un 4,25% del PIB como superávit primario. Siguiendo un “desarrollismo monetarista”, también desplegó un paquete de 14 medidas para incentivar el crecimiento. Por eso, que el gobierno de Dilma Rousseff encargue a sus ministros un recorte presupuestario no sorprende, de hecho, uno de sus planteos fue sostener la disciplina fiscal.
  
• Dilma esquiva el tema de la inflación
  El gobierno brasileño anunció el miércoles pasado su propósito de gastar 8.400 millones de reales para reactivar la alicaída economía, pero se quedó muy por debajo de las expectativas previas. La motivación electoral es obvia: el próximo 7 de octubre se realizan en todo el país elecciones municipales en las que se juega el control de las mayores ciudades. En la perspectiva de las presidenciales y parlamentarias de 2014 el gobierno necesita ganar sobre todo São Paulo, para frenar a la oposición, pero anda a los tropezones, porque el PT ha perdido los lazos con sus bases sociales.
  
• El desarrollo social, una vez más, será el objetivo central
  El miércoles próximo será el puntapié inicial del debate legislativo por el Presupuesto 2012. La tenida comenzará cuando el secretario de Política Económica, Roberto Feletti, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, se presenten en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para explicar en detalles los números de la iniciativa. Será la primera de la serie de cinco reuniones previstas, según la convocatoria del presidente de la Comisión, Gustavo Marconato, del Frente para la Victoria (FpV).
  
• La oposición rechazó el presupuesto
  La sesión parlamentaria para discutir el presupuesto 2011 de la Ciudad de Buenos Aires no llegó a buen puerto para el oficialismo. Después de cinco horas de debate en las que el PRO intentó aprobar los 25.500 millones de pesos de presupuesto (un 20 por ciento más respecto al que se votó para este año que termina), se resolvió pasar el tratamiento del proyecto a cuarto intermedio hasta mañana.
  
• La propuesta de la oposición es inconstitucional
  La sanción del presupuesto general de la Nación es un acto institucional, político y económico de trascendencia. Tan es así que la Constitución Nacional regla su presentación y sanción. El art. 100, inc. 6, dispone que le corresponde al jefe de Gabinete de Ministros enviar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Ese es el único presupuesto que puede considerarse; ningún legislador puede arrogarse esa facultad.
  

La jefa de Estado pretende mantener los planes de inversión en infraestructura y, a su vez, evitar que sus aliados parlamentarios eleven los sueldos de los trabajadores públicos.

El gobierno brasileño está negociando con su base en el Congreso Federal, para que ésta deje intacto el proyecto de presupuesto para 2013. Dilma quiere mantener inalterados los planes de inversión en infraestructura y evitar que sus aliados parlamentarios suban los sueldos de profesores y no docentes universitarios, policías, funcionarios judiciales y de Impositiva que rechazaron en agosto pasado las condiciones del gobierno, para terminar las huelgas que asolaron al país durante cuatro meses. El proyecto presupuestario debe cumplir entonces a la vez la función económica de impulsar el crecimiento y la política de disciplinar a los sindicatos estatales y a la propia base parlamentaria.
Ningún gobierno federal tiene mayorías propias en ambas cámaras del parlamento y para impulsar sus proyectos depende de complejas y cambiantes alianzas con partidos y caudillos regionales. Todas las leyes son producto de un toma y daca entre el gobierno y los diferentes lobbys, tanto más el presupuesto general de la Unión. Por eso, el pasado miércoles 12 se reunieron el presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, el diputado Paulo Pimenta (del PT), y el miembro informante de la propuesta presupuestaria para 2013, el senador Romero Jucá (del aliado Pmdb) con la ministra de Planeamiento, Miriam Belchior, para discutir el tratamiento parlamentario del proyecto.
Para 2013 se estima un gasto total de aproximadamente 500 mil millones de dólares. Según el diputado, el gobierno ve como prioritario que se aprueben los proyectos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y del Plan Brasil sin Miseria. El PAC –que ahora se encuentra en su segunda fase– es un programa de fuertes inversiones en infraestructura lanzado por Lula y continuado por Dilma, para crear en ciudades medianas y regiones rurales las condiciones para la inversión industrial. La ministra de Planeamiento, por su parte, declaró que espera que el informante del proyecto evite elevar los gastos de personal. De esta forma, las categorías funcionariales que no aceptaron los aumentos dispuestos por el gobierno en agosto seguirán recibiendo el mismo salario el año próximo. Según el senador Jucá, si estos grupos de funcionarios quieren tener aumentos, deberán negociar directamente con el gobierno.
El presupuesto 2013 prevé una expansión del 8,9% en las inversiones federales, que subirán de 85,9 mil millones de dólares en 2012 a 93,5 mil millones el año próximo. Este valor incluye tanto las inversiones del gobierno federal como las de las empresas estatales. El PAC sumará inversiones por 63,1 millones de dólares, 37 millones de los cuales serán invertidos por las empresas públicas. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Guido Mantega, “la inversión es uno de los ejes de este presupuesto, para asegurar el crecimiento del país”.
Por primera vez, el proyecto de presupuesto está disponible en internet. El Ministerio de Planeamiento publicó el documento en formato abierto. La medida responde a la Ley de Acceso a la Información sancionada hace pocos meses. Según el Ministerio, se pretende “ofrecer a los ciudadanos y a las organizaciones mayor transparencia de la información pública”.
El proyecto oficial comenzó a tramitarse en el Congreso a principios de septiembre, cuando el presidente del Senado, el expresidente José Sarney (Pmdb), comunicó a los parlamentarios los plazos previstos para la aprobación del proyecto. Sarney cuenta con aprobar la nueva ley antes del receso parlamentario que comienza el 22 de diciembre. Si lo logra, no sólo habrá realizado una obra maestra de ingeniería parlamentaria, sino que habrá permitido al gobierno de Dilma disciplinar rudamente a los sindicatos estatales, aumentando sensiblemente su cuota de poder.