lunes, 3 de diciembre de 2012

Los verdaderos corruptos están en las empresas

Porto Seguro está en peligro

Año 5. Edición número 237. Domingo 2 de diciembre 2012
Por mal puerto. Grandes tramas de corrupción navegan por el comercio marítimo brasilero.
Un caso de corrupción –que involucra a un ciudadano argentino– desnuda las tramas del poder en Brasil.
Porto Seguro es un balneario de Bahía, en el nordeste brasileño, pero también una metáfora de un posible refugio. Hoy, en Brasil, también designa la operación anticorrupción de la Policía Federal (PF) hecha pública el pasado día 23. Después de detener a varios implicados, la policía investiga ahora el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, pero hasta ahora nadie investiga a las empresas beneficiadas por la trama.
La investigación comenzó, cuando el ex-auditor federal Cyonil Borges reveló a la fiscalía y a la Policía Federal que le habían ofrecido 140 mil dólares para beneficiar a la empresa Tecondi (Terminal para Contenedores de la Margen Derecha), concesionaria de dársenas en el puerto de Santos, en un contrato con la Compañía Dársenas de San Pablo (Codesp). Dijo que había sido contactado por Paulo Vieira, director de la Agencia Nacional de Aguas (ANA), para alterar un peritaje que acusaba a Tecondi de ocupar ilegalmente una superficie mayor a la concesionada por licitación en 1997. Inicialmente, Borges aceptó recibir 45 mil dólares, pero se arrepintió y denunció a Vieira ante la PF. Parece que no recibió las dos últimas cuotas acordadas, por igual valor a la primera. A pesar de su delito, el ex auditor todavía no fue imputado.
De acuerdo con la propia información, Tecondi, desde 2000, posee instalaciones y presta servicios en el puerto de Santos. En 2012 fue comprada por el grupo EcoRodovias que ahora controla el negocio portuario en Santos. Este grupo fue fundado en 1997 por una empresa del Grupo CR Almeida, con larga actuación en la construcción pesada, pero que bajo el neoliberalismo debió asociarse en 1998 con la multinacional italiana Impregilo S.p.A. EcoRodovias es hoy una de las principales compañías de infraestructura logística de Brasil, presente en la región sur y sudeste. En su Consejo de Administración representan la mayoría cuatro italianos y Guillermo Díaz, argentino, quien de 1996 a 2006 fue Subgerente General de Autopistas del Sol S.A. Desde 2006 es el representante del Grupo Impregilo para Argentina y desde 2010, también su Director de Operaciones para América latina.
En una de sus denuncias, Cyonil Borges acusó a José Dirceu de inducir la alteración del peritaje sobre Tecondi, pero la PF no comprobó el hecho. Por la denuncia de Borges, la PF investigó a Rosemary Noronha, jefa de la oficina de la Presidencia de la República en San Pablo. Según la policía, la funcionaria no se enriqueció con los peritajes adulterados, pero intercambiaba favores con Paulo Vieira, el principal implicado, por lo que fue la primera exonerada por la presidenta Dilma Rousseff, al estallar el escándalo. Según la Procuradora de la República, Suzana Fairbanks, la imputada accedía a “los cargos más altos” del gobierno y vendía su influencia. Así, en 2010 obtuvo la designación de Paulo Vieira como director de Hidrología de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y la de su hermano Rubens como director de Infraestructura Aeroportuaria de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac). Ambos hermanos lideran la banda. A los tres se los acusa de tráfico de influencias, pero Fairbanks dijo que nada indica que Lula esté implicado.
Según la fiscal, los hermanos Vieira vendían peritajes a grupos empresariales para los más diversos fines. “El expediente del Tribunal de Cuentas de la Unión que generó esta investigación se refería a la concesión [a Tecondi] de áreas del puerto de Santos que no habían sido licitadas”, finalizó.
El funcionario de mayor rango actualmente imputado es José Weber, Abogado General Adjunto de la Unión. Ya fue investigado en el pasado por irregularidades en sus informes y porque sus bienes eran incompatibles con sus ingresos declarados, pero el procedimiento fue frenado por la Justicia. Ahora está acusado por autorizar concesiones ilegales en el litoral paulista.
La prensa tiende a cuidar a la presidenta Dilma y a culpar al ex presidente Lula. Los medios se concentran exclusivamente en la corrupción de los funcionarios gubernamentales, sin indagar las responsabilidades de los grupos empresarios beneficiados. Tampoco nadie muestra que esta corrupción es posible, porque las privatizaciones del gobierno de Fernando H. Cardoso (1995-2003) dieron al capital concentrado en áreas estratégicas de la economía un alto poder para imponer su voluntad sobre la del Estado, si es necesario, con dinero. Así, los verdaderos responsables siguen en “puerto seguro”.