Dirceu, el pato de la boda
Año 5. Edición número 235. Domingo 18 de noviembre de 2012
Sorprendido. El ex mano derecha de Lula ingresa a un acto partidario del oficialismo.
El ex hombre fuerte del líder brasileño Lula da
Silva fue condenado sospechosamente a diez años y diez meses de prisión y
a una multa de 360 mil dólares. El lulismo advierte que la sentencia
tiene un claro trasfondo político.
En la sesión del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño del pasado
lunes 12, en la que José Dirceu fue condenado a diez años y diez meses
de prisión y a una multa de 360 mil dólares y José Genoino recibió seis
años y once meses y una multa de 190 mil dólares, se convalidó la
superioridad del máximo tribunal del país sobre los otros dos poderes
del Estado y la idea de democracia limitada sostenida por los medios
concentrados.
Según argumentó ese día el ministro informante Joaquim Barbosa, la democracia es la posibilidad de que se expresen sensibilidades diferentes. Al comprar votos de partidos y parlamentarios aliados para impulsar los proyectos del gobierno federal en el Congreso, los sentenciados habrían intentado, entonces, callar las diferencias y, así, atentado contra la democracia.
Sometido a un intenso bombardeo mediático, como el STF carecía de pruebas condenatorias, introdujo irreflexivamente el concepto de “dominio del hecho”, que el penalista alemán Claus Roxin formuló en su tesis de habilitación “Täterschaft und Tatherrschaft” de 1962, para responsabilizar a los jerarcas nazis. Sin embargo, el propio autor desautorizó a los supremos en una entrevista al conservador Folha de São Paulo el domingo 11: “¿Es posible usar su teoría para fundamentar la condena de un acusado por un hecho criminal, sólo por su posición jerárquica?”, preguntó el periodista. “No, en absoluto”, respondió Roxin. “La persona que ocupa una posición al frente de una organización tiene también que haber comandado ese hecho y emitido una orden, para que se lo pueda considerar responsable. Lo contrario sería un mal uso de mi teoría.” “¿El deber de conocer los actos de un subordinado no implica corresponsabilidad?”, insistió el entrevistador. “La posición jerárquica no fundamenta el dominio del hecho. El mero ‘tener que saber’ no basta. Esa construcción pertenece al Derecho anglosajón y no es correcta. En el caso de Videla tuvimos pruebas claras de que controlaba los secuestros y homicidios realizados”, cerró el penalista.
Todavía el pasado viernes 16, Joaquim Barbosa intentó cambiar el orden del día del Tribunal, para desaforar a los diputados condenados, a pesar de la firme advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, el petista Marco Maia, de que ésa es una prerrogativa del Congreso. El revisor del informe en el STF, Ricardo Lewandowski, reaccionó inmediatamente y, por primera vez desde el inicio del juicio, consiguió una mayoría contraria a la postura de Barbosa.
“¿No teníamos que continuar votando [las penas] relativas al núcleo financiero del proceso?”, preguntó Lewandowski. “Aquí no hay orden. El orden lo defino yo”, respondió Barbosa. “Su orden es el desorden. Aquí, el orden es el caos”, rebatió el revisor. Finalmente, la mayoría acompaño su opinión.
Lewandowski está pagando muy caro su coraje. Los medios están en campaña contra él y sugieren que el pueblo lo repudia. Por cierto, debió sufrir algunas agresiones verbales por la calle, pero en los últimos días cuatro mil personas rebalsaron el blog y seis mil más la página de Facebook del periodista Eduardo Guimarães que había convocado a una campaña de solidaridad con el juez.
Las manifestaciones encontradas se suceden. Por un lado, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT acusó a la Corte en un documento el miércoles 14 de haber hecho un juicio político, no garantizar el derecho de defensa de los acusados y dar valor de prueba a indicios.
Por el otro lado, Sergio Guerra, Presidente del PSDB declaró que “el PSDB reconoce el papel del STF y lo apoya en el cumplimiento de su papel institucional”.
En entrevista concedida a la radio del grupo conservador O Estado de São Paulo el pasado jueves 15, Joaquim Barbosa justificó su actuación: “(Este juicio) va dar un marco no solamente a la política brasileña. Para la política tal vez signifique un freno ordenador, pero para la sociedad es un episodio espectacular, porque la Justicia está penetrando en los hogares”, afirmó el ministro que a fin de mes asumirá como presidente de la Corte.
Recordando que las decisiones del Supremo son soberanas, Barbosa volvió a criticar a algunos abogados defensores de los condenados que quieren recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que en Brasil los tratados internacionales de derechos humanos ratificados sólo tienen jerarquía constitucional y, si coliden con normas constitucionales, el STF debe decidir cuál prevalece. Por consiguiente, el recurso de los abogados defensores de los condenados en este proceso a la Corte de San José de Costa Rica puede o no tener efectos sobre la Justicia brasileña, según la composición que tenga el máximo tribunal.
Después de la condena a los implicados, la mayoría de los jueces especula con negociar una reducción de penas con el publicitario Marco Valerio, condenado a un total de 40 años de prisión, si amplía sus declaraciones. Ellos quieren que implique a Lula da Silva. Por eso, golpearon tan alto en la estructura del PT.
El concepto de democracia adoptado por el STF, como mera oportunidad para la expresión de puntos de vista divergentes, repite el lugar común de los medios y desestima las demandas socioeconómicas y culturales de la ciudadanía. La democratización de la democracia desaparece de la agenda pública. José Dirceu y sus compañeros fueron castigados con exceso de rigor y escenificación para amedrentar a la izquierda, amenazar a Lula y alterar radicalmente el equilibrio de los poderes a favor del Judicial.
Según argumentó ese día el ministro informante Joaquim Barbosa, la democracia es la posibilidad de que se expresen sensibilidades diferentes. Al comprar votos de partidos y parlamentarios aliados para impulsar los proyectos del gobierno federal en el Congreso, los sentenciados habrían intentado, entonces, callar las diferencias y, así, atentado contra la democracia.
Sometido a un intenso bombardeo mediático, como el STF carecía de pruebas condenatorias, introdujo irreflexivamente el concepto de “dominio del hecho”, que el penalista alemán Claus Roxin formuló en su tesis de habilitación “Täterschaft und Tatherrschaft” de 1962, para responsabilizar a los jerarcas nazis. Sin embargo, el propio autor desautorizó a los supremos en una entrevista al conservador Folha de São Paulo el domingo 11: “¿Es posible usar su teoría para fundamentar la condena de un acusado por un hecho criminal, sólo por su posición jerárquica?”, preguntó el periodista. “No, en absoluto”, respondió Roxin. “La persona que ocupa una posición al frente de una organización tiene también que haber comandado ese hecho y emitido una orden, para que se lo pueda considerar responsable. Lo contrario sería un mal uso de mi teoría.” “¿El deber de conocer los actos de un subordinado no implica corresponsabilidad?”, insistió el entrevistador. “La posición jerárquica no fundamenta el dominio del hecho. El mero ‘tener que saber’ no basta. Esa construcción pertenece al Derecho anglosajón y no es correcta. En el caso de Videla tuvimos pruebas claras de que controlaba los secuestros y homicidios realizados”, cerró el penalista.
Todavía el pasado viernes 16, Joaquim Barbosa intentó cambiar el orden del día del Tribunal, para desaforar a los diputados condenados, a pesar de la firme advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, el petista Marco Maia, de que ésa es una prerrogativa del Congreso. El revisor del informe en el STF, Ricardo Lewandowski, reaccionó inmediatamente y, por primera vez desde el inicio del juicio, consiguió una mayoría contraria a la postura de Barbosa.
“¿No teníamos que continuar votando [las penas] relativas al núcleo financiero del proceso?”, preguntó Lewandowski. “Aquí no hay orden. El orden lo defino yo”, respondió Barbosa. “Su orden es el desorden. Aquí, el orden es el caos”, rebatió el revisor. Finalmente, la mayoría acompaño su opinión.
Lewandowski está pagando muy caro su coraje. Los medios están en campaña contra él y sugieren que el pueblo lo repudia. Por cierto, debió sufrir algunas agresiones verbales por la calle, pero en los últimos días cuatro mil personas rebalsaron el blog y seis mil más la página de Facebook del periodista Eduardo Guimarães que había convocado a una campaña de solidaridad con el juez.
Las manifestaciones encontradas se suceden. Por un lado, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT acusó a la Corte en un documento el miércoles 14 de haber hecho un juicio político, no garantizar el derecho de defensa de los acusados y dar valor de prueba a indicios.
Por el otro lado, Sergio Guerra, Presidente del PSDB declaró que “el PSDB reconoce el papel del STF y lo apoya en el cumplimiento de su papel institucional”.
En entrevista concedida a la radio del grupo conservador O Estado de São Paulo el pasado jueves 15, Joaquim Barbosa justificó su actuación: “(Este juicio) va dar un marco no solamente a la política brasileña. Para la política tal vez signifique un freno ordenador, pero para la sociedad es un episodio espectacular, porque la Justicia está penetrando en los hogares”, afirmó el ministro que a fin de mes asumirá como presidente de la Corte.
Recordando que las decisiones del Supremo son soberanas, Barbosa volvió a criticar a algunos abogados defensores de los condenados que quieren recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que en Brasil los tratados internacionales de derechos humanos ratificados sólo tienen jerarquía constitucional y, si coliden con normas constitucionales, el STF debe decidir cuál prevalece. Por consiguiente, el recurso de los abogados defensores de los condenados en este proceso a la Corte de San José de Costa Rica puede o no tener efectos sobre la Justicia brasileña, según la composición que tenga el máximo tribunal.
Después de la condena a los implicados, la mayoría de los jueces especula con negociar una reducción de penas con el publicitario Marco Valerio, condenado a un total de 40 años de prisión, si amplía sus declaraciones. Ellos quieren que implique a Lula da Silva. Por eso, golpearon tan alto en la estructura del PT.
El concepto de democracia adoptado por el STF, como mera oportunidad para la expresión de puntos de vista divergentes, repite el lugar común de los medios y desestima las demandas socioeconómicas y culturales de la ciudadanía. La democratización de la democracia desaparece de la agenda pública. José Dirceu y sus compañeros fueron castigados con exceso de rigor y escenificación para amedrentar a la izquierda, amenazar a Lula y alterar radicalmente el equilibrio de los poderes a favor del Judicial.
