El goteo del lavadero puede inundar Brasil y desbordar
Con
la creciente condena de los medios brasileños concentrados a la
destrucción económica acarreada por el Lava Jato la lucha por el poder
entra en una nueva etapa
por Eduardo J. Vior
Infobaires24
24 de junio de 2019
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24 de junio de 2019
Cuando João Carlos Saad, presidente de
la red Bandeirantes, denunció el viernes 21 la destrucción de empresas
causada por el Lava Jato, estaba en realidad reclamando una mayor parte
de poder para la elite paulista y el fin de las persecuciones contra
empresarios. En el actual contexto recesivo interno y de confrontación
internacional, empero, lejos de abrirse para aumentar su legitimidad, el
régimen brasileño se está cerrando y radicalizando sus políticas con
riesgosas implicaciones para la región.
Celebrando los 18 años de la fundación
de su grupo –hoy la tercera red de noticias del país- el empresario
paulista se quejó por los daños que las persecuciones judiciales
recientes han infligido a grandes grupos económicos brasileños. Ya el
jueves 20, en asociación con el sitio The Intercept Brasil, en la FM
BandNews (del mismo grupo) el periodista Reinaldo Azevedo publicó nuevas
escuchas al exjuez y actual ministro de Justicia y Seguridad Sergio
Moro que muestran que en marzo de 2017 el entonces magistrado manipuló
las indagaciones fiscales al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva,
para poder condenarlo más tarde. Azevedo también exigió que el Supremo
Tribunal Federal (STF) anule completamente el proceso por el tríplex de
Guarujá que supuestamente Lula habría recibido de regalo de un
empresario a cambio de favores.
Con esta nueva revelación y el reclamo
de Saad quedó seriamente cuestionada la estrategia defensiva de Moro
quien, al presentarse el miércoles 19 ante una comisión del Senado
federal, reclamó al periodista norteamericano residente en Rio de
Janeiro Glenn Greenwald que pruebe la veracidad de las escuchas que
publicó el domingo 9 en The Intercept y demuestre la identidad de las
personas escuchadas.
Desde que Greenwald dio a conocer las
grabaciones de las conversaciones que el entonces juez mantuvo en 2016 y
2017 con el fiscal de Curitiba Deltan Dallagnol, para direccionar la
acusación contra Luis Inácio Lula da Silva, versiones encontradas azotan
el paisaje mediático brasileño. Aprovechando que los intercambios se
produjeron en la red Telegram, con sede en Dubai, aunque de propiedad de
los millonarios rusos Nikolai y Pavel Durov, el argumento principal
contra las escuchas fue que habrían sido filtradas por la inteligencia
rusa a instancias de Edward Snowden, el hoy refugiado en Rusia que en
2012 entregó a Greenwald sensible documentación sustraída a la Agencia
Nacional de Seguridad (NSA, por su nombre en inglés) norteamericana. Sin
embargo, ante el requerimiento del sitio Duplo Expresso, Telegram negó
haber sufrido filtraciones y confirmó su proverbial encriptamiento.
En realidad, Greenwald no goza de buena
afma. El sitio Intercept, cuya filial brasileña el periodista fundó en
2013, fue creado en EE.UU. a partir de un fondo de 250 millones de
dólares donados por el multimillonario Pierre Omidyar, fundador de eBay,
con lo que su intención crítica y su independencia quedan en cuestión.
Asimismo, en un reportaje que el periodista brasileño Pepe Escobar
(residente desde hace muchos años en distintos países asiáticos) hizo la
semana pasada a la activista norteamericana Sibel Edmonds, ésta
caracterizó a Greenwald como un “mercenario mediático” que hacia 2008/09
habría hecho campaña por cuenta de los demócratas a favor de un
proyecto de ley para resguardar los secretos de la información que el
Estado dispone sobre sospechosos de terrorismo, para dos años más tarde
acercarse a los “libertarios” económicos que rechazan toda injerencia
estatal en la economía, o sea el extremo opuesto del espectro poítico.
Cuando Greenwald defendió a Edward Snowden hacia 2012, fue tan avaro en
la difusión de la información recibida que su defendido, completamente
desprotegido, prefirió refugiarse en Rusia. Greenwald dista entonces de
ser un abanderado de la libertad de expresión y la filtración de las
escuchas parece más bien servir a la profundización del golpe,
desplazando a Sergio Moro y remplazando al presidente Jair Bolsonaro por
su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Por lo pronto, los
mayores medios paulistas y la Orden de Abogados de Brasil (su
representación corporativa) ya han pedido la cabeza del ministro.
Para entender el entramado, es bueno
recapitular un poco. El golpe contra Lula, que ya comenzó con las
movilizaciones de 2013 contra la suba de las tarifas del transporte
urbano, se continuó a partir de 2015 con la campaña contra Dilma que
condujo a su deposición por juicio político un año más tarde y al
procesamiento de Lula por corrupción y su encarcelamiento en 2018, tuvo
su razón de ser en la ofensiva angloholandonorteamericana para quedarse
con el petróleo submarino de Brasil (el llamado “pre-sal”) y destruir
Petrobras. De este modo se bloqueó el acceso de empresas chinas (que ya
habían ganado la primera licitación) a la explotación del pre-sal.
El apoderamiento de Petrobras también se
dirigió a debilitar la competitividad de la producción agropecuaria
brasileña, ya que el monopolio de la empresa estatal aseguraba bajos
precios para los combustibles, los fertilizantes, los herbicidas y la
logística entera del sector. Al aumentar artificialmente los costos de
los productos agropecuarios brasileños, EE.UU. concentró las ventas de
estos productos a China con la intención de someter al país asiático e
imponerle una subordinación permanente.
Este predominio está reforzado en el
poder brasileño, por un lado, por la influencia del lobby pentecostal
que asegura el vínculo con EE.UU. e Israel. Por el otro lado y en
competencia con el primero, está la facción “gaúcha” de los militares,
es decir, aquellos generales que tuvieron mando en guarniciones de Rio
Grande do Sul donde fueron intensamente adoctrinados por el filósofo
Denis Rosenfield, un exsocialdemócrata devenido furioso sionista. El
jefe de este grupo militar sería el general Sergio Etchegoyen, quien
durante la presidencia de Michel Temer (2016-18) ocupó la secretaría de
Seguridad Institucional y seguiría influyendo allí por medio de su
antiguo subordinado, el General Valério Stumpf, quien todavía cumple
funciones en el área y sobre el que se rumorea que está estrechamente
vinculado al Comando Sur de EE.UU.
Gracias a decretos presidenciales
recientes el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) controla toda la
inteligencia del Estado, las designaciones dentro del Ejecutivo, así
como la política exterior y de defensa. De ese esquema depende también
el ministro Sergio Moro. Sin embargo, la radicalización dictatorial del
gobierno –con Bolsonaro o con su vice Mourão- requiere detonantes
externos. Para esto puede servir el escándalo en torno al ministro Moro.
Sea mediante la tesis de la infiltración rusa o deponiéndolo, para
acabar con el Lava Jato (por supuesto, sin liberar a Lula), la crisis
ofrece una excelente oportunidad para la instauración de un régimen
militar apenas encubierto.
Claro que la jugada es compleja e
incluye a demasiados actores cuyas reacciones son imprevisibles. Si, por
ejemplo, el Supremo Tribunal Federal se animara a liberar a Lula,
saltaría todo el tablero. También puede suceder que el grupo militar
dominante se niegue a negociar con la elite paulista y ésta se vuelque a
la oposición. Finalmente, es probable que Bolsonaro y su familia
resistan la arremetida militar. En cualquiera de estos casos la crisis
puede estallar y sus violentas repercusiones traspasar las fronteras. El
goteo del lavadero de autos puede inundar la región.
