domingo, 25 de julio de 2021

Ejercer soberanía hacia los cuatro puntos cardinales

 

Ni aislados ni sin estrategia: la Geoestrategia de la Cruz del Sur vertebra Argentina


La Geopolítica es un conjunto de métodos y técnicas para estudiar el despliegue del poder en el espacio; la Geoestrategia, en tanto, es el tipo de estrategia que se implementa, para realizar ese despliegue. Como campos disciplinarios de las ciencias sociales, ambos tratan sobre la relación de colectividades humanas con el territorio. Por consiguiente, si bien actúan dentro de determinaciones espaciales y por lo tanto de difícil modificación, pueden operar en el tiempo y arbitrar tanto el análisis como la intervención estratégica en sintonía con las reconfiguraciones de los territorios en el transcurso de años y décadas.

Ambos campos de estudio y planeamiento deben tener en cuenta las determinaciones estructurales dadas por el territorio, la economía, los hábitos y costumbres, las ideologías y el contexto regional y mundial, la coyuntura y la voluntad de los actores. Esta última, a su vez, es el sistema energético que sirve para la preservación y reproducción de la vida organizado de acuerdo a fines. En la determinación de los mismos participan los valores y normas que organizan la vida en común y los símbolos que permiten la identificación de los seres humanos con la comunidad de adscripción. Todos juntos constituyen la moralidad de un pueblo, que casi siempre se expresa en su imagen nacional.

En tanto la moralidad de un pueblo es un componente esencial de su voluntad de poder, su desmoralización es un instrumento central de toda estrategia de sometimiento. Un pueblo desmoralizado es un territorio vacío y sin historia. Por ello la activación de la conciencia nacional y popular es determinante para el ejercicio territorial de la soberanía y la memoria colectiva que forma su identidad.


La Geoestrategia de la Cruz del Sur


En una contribución anterior el autor de este artículo formuló la “Geoestrategia de la Cruz del Sur” (https://asociacionfilosofialatinoamericana.files.wordpress.com/2020/09/revista-de-filosofia-latinoamericana-5.pdf). A partir de la consideración de los cambios recientes en el sistema mundial, del lugar de Argentina en las relaciones interamericanas y como péndulo en el conflicto entre los bloques que pujan por la hegemonía, las amenazas actuales y potenciales, así como de la determinación de sus necesidades, intereses y objetivos, se propuso entonces una estrategia de afirmación del poder nacional a lo largo de dos ejes hacia el norte (el mesopotámico y el andino), uno hacia el este (el Atlántico Sur y la ruta hacia China a través del Índico), otro hacia el oeste (Chile y el Asia-Pacífico) y uno hacia el sur (la Antártida e islas del Atlántico Sur), que así siguen la Cruz del Sur. Estos ejes deberían organizar la estrategia de afirmación del poder territorial dentro y hacia afuera de la República.



El doble giro geopolítico del Cono Sur durante la década pasada


La retórica del aislamiento recorre los titulares de la prensa reaccionaria: “Alberto Fernández exprime sus contactos geopolíticos para anotar su primera victoria diplomática en América Latina”, tituló Infobae el 26 de junio; “Alberto Fernández enfrenta una cumbre del Mercosur que puede profundizar el aislamiento de la Argentina en América Latina” repitió el mismo medio el 8 de julio. Y Clarín el 8 de julio tituló “Cumbre del Mercosur: al borde del precipicio, hemos dado un paso al frente” con la siguiente bajada “El grupo regional avanza hacia un nuevo formato y Argentina se queda afuera.” Y en La Nación el mismo día apareció el siguiente titular: “Bolsonaro asume la presidencia del Mercosur y en Brasil hablan de ‘aislamiento’ argentino.

Por el contrario, Argentina ha adquirido vacunas en Rusia, China, Estados Unidos y Gran Bretaña, tiene las mayores exportaciones de los últimos quince años, participa en el G20 y ha tenido una exitosa renegociación de la deuda con el Club de París. Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía son invitados y participan en todo tipo de foros internacionales.

Desde principios del siglo XIX el Cono Sur ha sido un espacio en disputa entre hegemonías encontradas. El Brasil portugués y más tarde el imperial se alineó tempranamente como semicolonia del Imperio Británico. A partir de la Primera Guerra Mundial se orientó hacia EE.UU. y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en “el portaaviones fijo del Atlántico”. Este perfil de aliado privilegiado impone que toda consideración de la geopolítica del Cono Sur deba tener en cuenta especialmente el rol de Brasil.

Como explicó José L. Fiori en una entrevista reciente (https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Jose-Luis-Fiori-Bolsonaro-nao-tera-sucesso-caso-tente-sabotar-as-eleicoes-de-2022-/4/51109 ), entre principios de la década de 1950 y 1980 EE.UU. hizo a Brasil partícipe de su estrategia de desarrollo subalterno, tal como en Europa Occidental o en Japón, pero a partir del fin de la Guerra Fría la preponderancia de la valorización financiera redujo el peso de la industria sobre la participación del país en la economía mundial capitalista. Este cambio de paradigma repercutió también en el modificado rol de las fuerzas armadas y en el de la tarea reguladora del Estado. Con diferentes acentos sociales, tanto los gobiernos de F.H. Cardoso (1995-2003) como los de Lula (2003-2011) convalidaron este esquema. En tanto, mientras que el primer tramo del primer gobierno de Dilma Rousseff (2011-15) trató de mantener este paradigma, la baja en el precio de las commodities a partir de 2012 produjo un hundimiento en los términos del intercambio que repercutió severamente sobre la economía global del país. A este golpe financiero se sumó una agitación orquestada contra el alza de las tarifas en el transporte. No obstante el triunfo del PT en la elección de 2014, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas aprovechó el deterioro de la situación económica y el descontento de amplios sectores, para organizar el juicio político contra Dilma y en paralelo impulsar el Lava Jato con el que defenestró a la cúpula de todos los partidos políticos.

El remplazo de Dilma por Michel Temer en 2016 tuvo un efecto de “tierra arrasada” sobre el Estado brasileño que, como señala Fiori (texto citado), indujo al electorado a votar por Jair Bolsonaro en la elección de 2018.

La única diferencia que puede registrarse entre las políticas del gobierno de Barack Obama (2009-17) y el de Donald Trump (2017-21) respecto a Brasil es la identificación ideológica de Bolsonaro y algunos de sus ministros (Ernesto Araújo, Abraham Weintraub) con el ala más dura del trumpismo. Por lo demás, ambos presidentes impulsaron en Brasil el acatamiento total a las políticas regionales de EE.UU., el desguace del Estado, la integración continental de las redes de narcotráfico y el copamiento militar de la administración del Estado, hasta llegar a incorporar a distintos niveles de la administración a 6.000 oficiales de activa y pasiva. En ese contexto, la prisión de Lula en 2018 fue la condición necesaria para la elección de Bolsonaro y después poder desarmar el complejo judicial del Lava Jato.

Por sus implicaciones sobre la lucha por el poder en Paraguay, su extensión financiera hacia Uruguay y la complicidad de la trama macrista en Argentina, puede considerarse el Lava Jato como una conspiración político-jurídica destinada a minar la división de poderes y empoderar a los servicios de inteligencia como regentes de la integración contrarrevolucionaria del Cono Sur.

En ese contexto se dieron el golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019 y los sucesivos golpes parlamentarios en Perú. Por el contrario, los movimientos populares en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, así como el triunfo del Frente de Todos en Argentina fueron no sólo reacciones dirigidas contra el  neoliberalismo sino también contra la colusión de las elites con el narcotráfico dirigido desde Colombia, la extremada financiarización, la generalización de la violencia y la desposesión aguda de la mayoría de las sociedades.


La coyuntura geopolítica actual del Cono Sur


Como era de esperar, los primeros pasos del gobierno de Biden hacia la región fueron para tratar de ordenar una situación que puede salirse de control. En esa línea hay que leer las visitas de figuras del Comando Sur y del Departamento de Estado a varios países. China es el objetivo abiertamente declarado, pero ahora también se suma la influencia de Rusia, potenciada por la geopolítica de las vacunas. Llegado al gobierno sin estrategia para el continente, el nuevo gobierno norteamericano se esfuerza por contener los daños. En junio pasado el Director de la CIA, William Burns, viajó a Colombia y a Brasil y en ambos países dio su apoyo a los gobiernos autoritarios, aunque les reclamó cierta contención en la represión.


 William J. Burns, Director de la CIA


El voto de Washington será determinante para la decisión del FMI sobre la deuda argentina, pero más que algunas donaciones de vacunas no tiene qué ofrecer a una región que requiere imperiosamente inversiones productivas y apertura de mercados. El Departamento de Estado vive, entonces, tapando agujeros.

En este contexto, Argentina puede avanzar posiciones, si mide adecuadamente sus tiempos siendo al mismo tiempo decidida. El ascenso de Pedro Castillo a la presidencia peruana, apoyado por un fuerte movimiento popular, pero extremadamente limitado por la situación sanitaria y financiera y por un golpismo acechante, ofrece a nuestro país la posibilidad de tender puentes, por ejemplo mediante una masiva donación de vacunas, para luego hacer negocios y encarar juntos proyectos de infraestructura.

La cooperación con Bolivia en la denuncia del complot golpista de 2019, contra los personeros del macrismo y el intervencionismo norteamericano y brasileño debería servir asimismo para afianzar iniciativas conjuntas no sólo en materia de seguridad sino también en otras áreas como la explotación del litio, gas, transportes e infraestructura, migraciones y narcotráfico.

Si bien en Chile el partido está lejos de haber terminado, el envío de gas, el avance en los proyectos de infraestructura y transportes, la integración entre regiones, los acuerdos sanitarios y fronterizos pueden tender puentes que, no importa de qué signo sea el gobierno electo en noviembre o diciembre próximos, den frutos el año próximo.

Entre tanto, considerando la penetración del narcotráfico en la elite y la sociedad paraguayas, la relación con nuestro vecino del noreste es especialmente problemática. Por otra parte, la bajante del Río Paraná ha puesto especialmente de relieve la necesidad de cooperación que tenemos con los países de la cuenca alta y media del Paraná-Paraguay. Sobre todo es necesario seguir con mucha atención el devenir de la negociación brasileño-paraguaya sobre la renovación del tratado de Itaipú, que vence en 2023 y debe ser renegociado a más tardar durante el año próximo.

Argentina debería intentar reducir la extremada dependencia de Paraguay hacia Brasil, para lo que puede utilizar un sistema de premios y castigos. La administración estatal sobre el Río Paraná puede reducir la preponderancia de los buques y barcazas de matrícula paraguaya en el río y el contrabando de granos argentinos en los mismos, pero a cambio hay que idear compensaciones económicas y comerciales, cooperación en transportes, comunicaciones e infraestructura que influyan positivamente sobre la opinión pública, políticos y empresarios y les compensen las pérdidas en el tráfico ilegal.

Con Brasil, por ahora, no se puede hacer otra cosa que continuar la línea implementada por el embajador Daniel Scioli: cooperación a nivel subestatal, con federaciones y cámaras empresarias y tratando de influir sobre el mundo académico y los medios de comunicación masivos. Mientras Bolsonaro siga en el gobierno, Brasil continuará desarticulado e inapelable para iniciativas conjuntas.

Uruguay siempre ha traído problemas, hasta por su cercanía geográfica y cultural. Inserto como cuña entre las dos potencias regionales, la vocación predominante de su elite ha sido la de mantener su ligazón con Gran Bretaña, que hoy se refleja en servir como base de apoyo al abastecimiento de Malvinas. En este sentido, la amenaza de Lacalle Pou de negociar acuerdos comerciales fuera del Mercosur debe entenderse como un chantaje para obtener concesiones en otras áreas. También en este caso sería conveniente pensar en un sistema de premios y castigos que atraiga progresivamente al “paisito” hacia nuestras posiciones.

Un capítulo mayor es el representado por el control del Atlántico Sur. La creciente intromisión de Estados Unidos en esas aguas parece dirigirse no sólo al control de las vías de navegación y del comercio mundial, sino a crear condiciones propicias para hacer valer sus derechos sobre la Antártida. En tanto, desde Malvinas los británicos controlan importantes recursos naturales de gran valor económico, como los hidrocarburos y la pesca, ejercen el control geopolítico de las vías de navegación hacia África y hacia el corredor bioceánico de Magallanes y se proyectan hacia la Antártida.

De hecho, se bautizó hace un año en Liverpool el último y más moderno barco científico de exploración polar británico, el RRS “Sir David Attenborough”, con bandera jurisdiccional de las Islas Malvinas y, según informa el portal “Zona Militar” del 23 de julio (https://www.zona-militar.com/2021/07/23/fuerzas-britanicas-desarrollan-el-ejercicio-cape-bayonet-en-las-islas-malvinas-imagenes/), el Comando Estratégico Británico del Atlántico Sur acaba de realizar maniobras terrestres y marítimas en las islas en un claro gesto amenazante hacia nuestro país.

Probablemente haya sido ésta la respuesta británica al anuncio de creación de una base aeronaval argentina en Ushuaia (https://www.zona-militar.com/2021/04/21/la-argentina-proyecta-desarrollar-una-base-naval-integrada-como-centro-neuralgico-para-la-antartida-y-el-atlantico-sur/ ), ya aprobada por el poder ejecutivo y en implementación. El objetivo es contener todas las actividades científicas, académicas, operativas y de logística que requiere la Antártida en un mismo lugar, que además funcionará como centro estratégico de operaciones para buques de gran porte que realicen actividad en el Atlántico Sur. Esta iniciativa es coherente con el reconocimiento de la soberanía argentina sobre la Plataforma Continental, realizada por la ONU en 2016, y con las recientes sanciones contra empresas petroleras que exploran con licencia británica en la Cuenca Norte de Malvinas.


 

Instalaciones argentinas en la Antartida

 

Argentina se encuentra en una encrucijada de su orientación geoestratégica. Obviamente, las negociaciones en curso con el FMI nos imponen evitar conflictos con EE.UU., pero al mismo tiempo no podemos frenar la cooperación con Rusia y China, particularmente en el desarrollo de infraestructura. La relación con Uruguay y Paraguay es particularmente difícil y con Brasil está frenada al nivel estatal. Sin embargo, del lado del Pacífico se han abierto puertas que, bien utilizadas, pueden servir para sacar ventajas en los vínculos hacia el este. Del mismo modo, hay que intentar sacar provecho de los lazos con Rusia y China, por un lado, y con EE.UU. y la Unión Europea por el otro.

En un momento de crisis mundial y regional, pero en una situación de extrema debilidad, Argentina no puede romper con nadie, pero sí ir aprovechando las ventajas que le ofrecen las sucesivas crisis en su entorno. Se trata de ganar tiempo y espacio de maniobra sin colidir con nadie, poniendo el acento en el eje norte-sur. No estamos aislados ni carecemos de estrategia. Somos el centro de una enorme Cruz del Sur en crecimiento.

jueves, 22 de julio de 2021

Washington se metió otra vez en Haití sin saber cómo salir

 

InternacionalesPrincipales

EE.UU. no controla siquiera el estanque de su jardín

La intervención norteamericana y del Grupo de Contacto prolonga la crisis de Haití y demuestra cuán débil se ha hecho la hegemonía de Washington sobre el Caribe

Por Eduardo J. Vior
Infobaires24
22 de julio de 2021

A pesar de que una masiva intervención extranjera lograra este martes 20 imponer el remplazo del primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, por Ariel Henry, la crisis política persiste. Al no haberse nombrado nuevo presidente interino y no existir Congreso, el nuevo jefe de gobierno acumula todas las funciones ejecutivas y legislativas, pero sin la autoridad ni el poder para convertirse en dictador. Al mismo tiempo, la intervención directa de Washington y sus aliados confirma que la crisis se ha escapado de su control. EE.UU. carece de plan y concepto y no sabe qué hacer en Haití, ni cómo y cuándo salir. Para peor, el retorno al país del ex presidente Jean-Bertrand Aristide (1991-91, 1993-96 y 2001-04) promete catalizar la oposición popular.

Trece días después del asesinato del presidente Jovenel Moise este martes asumió en Port-au-Prince el nuevo gobierno con la promesa de “tender la mano” a la oposición. Ariel Henry, un respetado neurocirujano, es el nuevo primer ministro, pero sin depender de un jefe de Estado ni tener el contrapeso del Congreso, que está clausurado desde enero de 2020.

Ariel Henry, primer ministro de Haití con la suma del poder ejecutivo y el legislativo

Henry había sido nombrado para el cargo por el presidente Jovenel Moise el pasado 5 de julio, pero el magnicidio ocurrido dos días después frustró su investidura y dejó el gobierno en manos de su antecesor, Claude Joseph, quien intentó perpetuarse en el mando hasta el lunes pasado, cuando anunció su renuncia, apenas dos días después de que la ONU, la OEA y el llamado Grupo de Contacto (Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España, la Unión Europea y Brasil) exigieron que asumiera Henry. 

En su discurso de investidura el nuevo primer ministro aseguró que su gobierno, integrado por 18 ministros, es un gabinete “de consenso” e “inclusivo” que incorpora a algunas figuras de la oposición, así como a técnicos y a personalidades de la sociedad civil. Para mostrar su amplitud, al frente de las carteras más importantes, como Justicia, Economía o Exteriores, se mantienen sus actuales titulares; en este último caso, el hasta ahora primer ministro Joseph.

Esta circunstancia, sumada al apoyo internacional a Henry, ha alimentado los recelos de la oposición e incluso ya se han formulado llamados a protestas por parte de algunas fuerzas de izquierda. Una comisión que aglutina a numerosos grupos de la sociedad civil, que en los últimos días venía manteniendo reuniones para aportar soluciones a la crisis, también se ha desvinculado del nuevo gobierno.

La investidura del nuevo ejecutivo se solapó con el comienzo de las honras fúnebres para el presidente asesinado, quien recibirá sepultura el próximo viernes en su panteón familiar, en la ciudad de Cap-Haitien, en el norte del país. Aunque las ceremonias tengan carácter estatal, la familia de Moise anunció que costeará todos los gastos, según el deseo de su viuda. 

Si bien la crisis política haitiana se agudizó este año tras la disolución del Congreso por el presidente Moise, el intento de éste por permanecer en el poder más allá del fin de su mandato (que debió finalizar junto con el del parlamento) y, finalmente, por el asesinato del jefe de Estado, el conflicto viene de lejos. Después de la intervención militar de la ONU en 2004, para combatir un golpe de estado que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide, del movimiento popular Lavalas (La avalancha popular), pero sin reponerlo en el mando, en 2010 EE.UU. impuso la elección fraudulenta de Michel Martelly (2010-16), del recién creado Partido Haitiano Tet Kale (Partido Haitiano Cabeza Calva, PHTK). Éste mantuvo su control sobre el poder gracias a la elección fraudulenta de Jovenel Moise en 2016, la que los activistas haitianos llamaron golpe de estado electoral. Ambos comicios se celebraron bajo la ocupación de la ONU, con el patrocinio del gobierno estadounidense y la colaboración de los demás países reunidos en el “Grupo de Contacto”.

Jovenel Moise, presidente de Haití, asesinado el 7 de julio pasado

El asesinato de Jovenel Moise por un escuadrón asesino profesional no ha alterado el apoyo de Estados Unidos al régimen del PHTK. A menos de que se produzca una oposición masiva por parte de la opinión pública estadounidense y de miembros del Congreso, cabe esperar que gobierno de Joe Biden continúe apoyando al actual régimen del PHTK, que perpetúa la corrupción generalizada, facilita el acaparamiento de tierras y el despojo de los agricultores haitianos, así como impulsa el saqueo de los vastos recursos naturales del país (oro, petróleo, bauxita y otros) y lleva a cabo una guerra contra la mayoría popular a través de horribles masacres en barrios pobres, asesinatos y violaciones de activistas de derechos humanos. 

Desde que el difunto presidente asumió el poder, el pueblo haitiano ha salido a las calles por cientos de miles una y otra vez enfrentándose a munición letal, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional de Haití (PNH), entrenada por los funcionarios de ocupación de la ONU y por la policía estadounidense, entre otras la de Nueva York. La PNH también ha sido financiada por el gobierno norteamericano con millones de dólares al año, habiéndose producido un significativo aumento durante el gobierno de Donald Trump (2017-21). Sin embargo, a pesar de este masivo apoyo, Moise ha sido incapaz de mantener la «ley y el orden» y las protestas se han multiplicado. Al mismo tiempo, los paramilitares respaldados por el régimen, como el escuadrón de la muerte G9, dirigido por el ex policía Jimmy «Barbecue» Cherizier, siguen aterrorizando en Puerto Príncipe a los pobres de todas las edades mediante secuestros, torturas, violaciones y asesinatos. El G9 y la violencia paramilitar han desplazado a miles de personas que se han visto obligadas a abandonar sus barrios tras el incendio de sus casas y la masacre de sus familiares y vecinos.

Más recientemente Moise cometió el error de enfrentarse también a miembros de la pequeña y poderosa clase alta haitiana, como Reginald Boulos y otros oligarcas. En la ocasión Moise fue acusado de querer consolidar su dominio de forma similar a los Duvalier (François “Papa-Doc”, 1957-71, y Jean-Claude “Baby Doc”, 1971-86).

Como hizo en muchas otras áreas y contra su retórica, al asumir el gobierno, Joe Biden continuó la política de su antecesor. Sin embargo, el 26 de abril en una carta 68 miembros de la Cámara de Representantes cuestionaron al gobierno su apoyo a Jovenal Moise. A raíz de esta misiva, el secretario de Estado Antony Blinken anunció el 9 de junio que EE.UU. ya no apoya el plan del régimen haitiano para celebrar este verano boreal un falso «referéndum» que debilitaría aún más la Constitución de Haití. No obstante, Biden no tomó ninguna medida y siguió sosteniendo al régimen a pesar de la creciente oposición en el Congreso.

Hoy en día, el pueblo de Haití está luchando con valentía para establecer su propio gobierno de transición de Sali Piblik (salvación pública) apoyándose en profesionales y activistas de todos los sectores de la sociedad haitiana, un gobierno capaz de estabilizar la sociedad y de atender las necesidades más acuciantes del pueblo, organizando al mismo tiempo elecciones verdaderamente justas y libres. En esta lucha, Fanmi Lavalas, el partido del movimiento Lavalas, sigue siendo una fuerza vital, basada en hablar de las necesidades de la mayoría pobre. El pueblo haitiano no ha olvidado lo que Lavalas pudo lograr durante el breve periodo de democracia real antes del golpe de Estado de 2004. En esos tres años se construyeron más escuelas que en los 150 años anteriores, se amplió la asistencia sanitaria, se construyeron viviendas asequibles, se formaron cooperativas, se disolvió el temido ejército y se ampliaron los derechos de las mujeres, junto con muchos otros logros. Y todo esto se hizo con un presupuesto nacional ínfimo, mientras que Washington intentaba estrangular económicamente a Haití cortando la ayuda y los préstamos. Por el contrario, el régimen del PHTK ha sido totalmente respaldado por los EE.UU. y ha tenido un presupuesto 14 veces mayor y, sin embargo, sólo puede mostrar una pobreza y miseria cada vez mayores, incluyendo la duplicación de la desnutrición infantil grave, junto con masacres generalizadas y graves violaciones de los derechos humanos.

El ex presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, en el aeropuerto de Puerto Príncipe el pasado viernes 16 de julio

Por estas razones, las potencias ocupantes y la oligarquía haitiana contemplan con pánico el retorno del ex presidente Aristide, de 68 años. Tras curarse de Covid en Cuba durante tres semanas, el amado líder volvió a Port-au-Prince el pasado viernes 16 de julio. En el aeropuerto fue recibido por unos pocos centenares de partidarios y aún no se sabe, si piensa ponerse nuevamente al frente del movimiento Lavalas, pero su arribo en medio de la profunda crisis que vive el país ha repercutido en todo el Caribe. 

Todavía no se sabe quiénes fueron los instigadores del asesinato de Jovenel Moise el pasado 7 de julio, pero es evidente que se trató de un ajuste de cuentas dentro de la elite haitiana, posiblemente en connivencia con la DEA norteamericana. Esta lucha dentro de la clase dominante del pequeño país en el contexto de un creciente alzamiento popular democrático indica que la crisis tiende a agudizarse, sin que todavía pueda preverse su resolución. Si en EE.UU. aumenta la presión dentro y fuera del Congreso, quizás el gobierno de Joe Biden se avenga a pactar una salida democrática. De lo contrario, algún caudillo puede pretender recurrir a la dictadura militar-policial y provocar un nuevo baño de sangre o suceda que la crisis se prolongue sin definición, produciendo el mismo efecto destructivo, pero de modo interminable.

Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, el sufrimiento se acumula y se prolonga. Desde la invasión a Cuba y Puerto Rico en 1898, los Estados Unidos han visto al Caribe como un lago interior de su geografía. Hoy no controlan ni el estanque de su propio jardín. El problema reside en que no se atreven a reconocerlo.

viernes, 16 de julio de 2021

La unidad nacional surafricana es una tarea pendiente

 

El arco iris puede perder intensidad, pero no romperse

Tres décadas después del final del apartheid las desigualdades étnicas y sociales, la falta de sentido nacional compartido y la corrupción de su dirigencia amenazan fracturar Suráfrica

por Eduardo J. Vior
Infobaires24
16 de julio de 2021

Los motines que azotan el centro y el este de Suráfrica desde fines de la semana pasada parecen haberse desatado de repente por el ingreso del ex presidente Jacob Zuma en prisión por desacato. Sin embargo, sus causas exceden ampliamente la lucha por el poder entre el antiguo y el actual presidente Cyril Ramaphosa. Exitoso en la lucha contra el régimen racista, el Congreso Nacional Africano (ANC, por su nombre en inglés) ha fracasado en la construcción de una nación multiétnica, plurilingüe y plurirreligiosa. La “Nación Arco Iris”, tan loada por los medios occidentales, nunca ha existido y hoy está más fragmentada que nunca. Sin embargo, sus líderes saben que el arco iris puede perder nitidez, pero no debe romperse.

La escasez de alimentos y combustibles amenazaba este viernes a Sudáfrica en el séptimo día de una ola de violencia y saqueos que estalló tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma y ya dejó al menos 72 muertos.

Largas colas se formaron delante de las estaciones de servicio, sobre todo en los alrededores de Durban y Johannesburgo, luego de que el martes la mayor refinería del país anunció el cierre «por fuerza mayor» de una planta en la provincia oriental de KwaZulu-Natal que abastece cerca de un tercio del combustible que se consume en el país.

La ola de protestas se inició luego de que Zuma comenzó a cumplir una condena de 15 meses de prisión por haber desacatado una orden para presentarse a indagatoria en el marco de una investigación sobre presuntos hechos de corrupción cometidos cuando era vicepresidente de la República entre 1999 y 2005. Las protestas iniciales, en la noche del jueves 8, escalaron hasta convertirse en una ola de saqueos masivos y vandalismo en barrios humildes habitados mayoritariamente por negros, los llamados townships. Este miércoles la violencia se expandió hacia otras provincias, como la nororiental Mpumalanga y la central Norte del Cabo.

Los incidentes estallaron tras la entrada en prisión del ex presidente Jacob Zuma. Foto: Télam
Los incidentes estallaron tras la entrada en prisión del ex presidente Jacob Zuma. Foto: Télam

Durante su carrera política Jacob Zuma pasó por múltiples escándalos por sus declaraciones, su abierta poligamia (tiene cuatro esposas y 20 hijos) y, ante todo, por las acusaciones de corrupción. Jacob Gedleyihlekisa Zuma (1942-) fue el cuarto presidente de la República de Suráfrica (2009-18) desde el advenimiento de la democracia en 1994. Previamente, había sido vicepresidente de la República de 1999 a 2005. El 14 de febrero de 2018 renunció a su cargo por decisión de su partido, el ANC.

Zuma nació en Zululandia (actualmente parte de Kwazulu-Natal, sobre la costa del Océano Índico). Frecuentó la escuela apenas por algunos años y después no recibió ninguna educación formal. En su juventud su familia se instaló en los suburbios del puerto de Durban. En 1959 se unió al Congreso Nacional Africano y en 1963 ingresó al Partido Comunista Surafricano (SACP), pero ese mismo año fue detenido y acusado de conspirar para derrocar el gobierno, siendo condenado a diez años de prisión, que pasó en Robben Island junto con Nelson Mandela y otros líderes del ANC. En 1975 pudo exiliarse a Mozambique donde en 1977 se incorporó al Comité Ejecutivo Nacional de la alianza y desde 1989 a su Buró Político. Después de legalizado el ANC en 1990, Zuma participó junto a Nelson Mandela y Cyril Ramaphosa en las negociaciones con el gobierno blanco que llevaron al compromiso de 1992 y a las elecciones libres de 1994 que dieron a Mandela la presidencia de la República.

Entre 1999 y 2005 fue a la vez vicepresidente de la República y del partido, en ambos casos bajo la presidencia de Thabo Mbeki, quien lo depuso en 2005 por las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra a raíz de un contrato para la compra al consorcio francés Thales de armas para las fuerzas armadas. Sin embargo, Zuma se vengó en 2007 al ser elegido presidente del ANC que inmediatamente remplazó al presidente de la República por el vicepresidente Kgalema Motlanthe hasta la celebración de la nueva elección general que ganó Zuma en 2009. En 2014 fue reelecto, pero en 2017 perdió el control del partido que lo obligó a renunciar en febrero de 2018, siendo remplazado por Cyril Ramaphosa.

Zuma es un líder tradicional, paternalista y clientelista, muy ligado a la historia guerrera del pueblo zulú y con fuertes lazos personales y comerciales con la comunidad árabe e india de Durban y Natal. Dentro del ANC representa el ala “izquierda” que, aunque no ha logrado superar la enorme desigualdad étnica y social, busca compensarla con subsidios y ayudas.

Por el contrario, Cyril Ramaphosa aprovechó muy temprano su función como dirigente de los trabajadores mineros, para negociar con las corporaciones multinacionales y representa la línea neoliberal-tecnocrática dentro del partido. Nacido en Soweto (el gigantesco barrio popular en las afueras de Johannesburgo) en 1952, muy joven se incorporó al movimiento estudiantil negro y estuvo varias veces detenido, hasta que se pudo graduar de abogado en 1981. Al año siguiente le fue encomendada la organización del sindicato minero NUM (Sindicato Minero Nacional), del que se convirtió en primer secretario general, hasta que en 1991 fue electo secretario general del ANC. Durante su mandato el sindicato pasó de 6.000 a 300.000 afiliados, congregando a la mitad de los mineros negros de Suráfrica.

Como secretario general del ANC condujo la delegación que negoció la transición con el régimen racista y en 1994 fue electo parlamentario y constituyente. A diferencia de Mandela y Zuma, nunca perteneció al Partido Comunista.

Tras perder la nominación presidencial frente a Mbeki en 1997, se dedicó a la actividad empresarial. No obstante, en 2007 fue electo nuevamente para el Comité Nacional del ANC y en 2012 –con el apoyo de Zuma- ganó la vicepresidencia del partido. Así, cuando el presidente fue reelecto en 2014, lo llevó como vicepresidente y, por consiguiente, se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional. Montado en una campaña anticorrupción, en 2017 fue electo presidente del ANC. Tras la renuncia de Zuma a pedido del partido, en febrero siguiente el Parlamento eligió a Ramaphosa como presidente de la República con gran alborozo de los mercados nacionales e internacionales. En 2019 convalidó su triunfo en la elección general en la que obtuvo el 57% de los votos.

Durante su carrera política Ramaphosa no descuidó los negocios, poseyendo varias compañías que cotizan en la Bolsa. Según datos de 2018, su fortuna ascendía a U$S 450 millones, figurando entre las 20 mayores del país. Tiene la concesión para 145 restaurantes de McDonald’s, es miembro del directorio de Coca Cola Internacional y del consejo de supervisión de Unilever.

Mientras que Zuma es un líder con fuerte anclaje regional y en su propio pueblo zulú, Ramaphosa pertenece a la nueva elite de líderes africanos ligados a los negocios especulativos, propulsores de políticas neoliberales y defensores de la “teoría del derrame”, pero ninguno de los dos tiene una estrategia para superar la desigualdad y unir a la nación surafricana que está en una profunda crisis:

Suráfrica tiene una superficie de 1.221.037 km2 y más de 59 millones de habitantes. El país tiene tres capitales: la ejecutiva Pretoria, la judicial Bloemfontein y la legislativa Ciudad del Cabo. La ciudad más grande es Johannesburgo. Alrededor del 80% de los surafricanos son de ascendencia africana negra repartida entre una variedad de grupos étnicos que hablan diferentes lenguas. El resto de la población está formado por minorías de ascendencia europea, asiática y grupos mestizos de diversa composición.

Durante 1992 Frederik de Klerk y Nelson Mandela negociaron la transición. Fuente: Wikipedia

En Suráfrica el desempleo es del 42,3%, pero entre los jóvenes alcanza el 74,7%. Aunque muchos negros han ascendido a la clase media o alta, la tasa global de desempleo de los negros empeoró entre 1994 y 2003 y la pobreza entre los blancos aumentó. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas (ONU) descendió entre 1995 y 2005, en gran parte por la pandemia de SIDA y la negligencia del gobierno para combatirla.

Desde el advenimiento de la democracia ha habido periódicamente disturbios y motines que muchas veces se han dirigido contra los cientos de miles de inmigrantes y refugiados de otros países del sur y centro de África. Por esta razón, los motines actuales no son una novedad, pero se producen en el peor momento de una agresiva tercera ola de casos de Covid-19 en el país, que es el más golpeado por la pandemia de toda África.

La democracia heredó un país profundamente desigual y fragmentado. Las cuatro colonias que los británicos organizaron después de la guerra de los Boers (1899-1902) nunca formaron una unidad. El régimen del apartheid instaurado a partir de 1948 y la república independiente después de 1961 siempre fueron sólo una dictadura militar-empresaria basada en una minoría de colonos blancos. Cuando la mayoría negra tomó el poder, aceptó no tocar los privilegios ni la propiedad de los blancos, con lo que incorporó a su propio movimiento nacional las fracturas de la sociedad colonial.

El ANC está profundamente dividido. Un ala, asociada a Zuma, considera que la mejor manera de abordar la pobreza es mediante una amplia expansión del Estado en la economía y la adopción de programas masivos de transferencias para la redistribución de la riqueza. Esta ala está asociada a la etnia zulú, que constituye aproximadamente una cuarta parte de la población. Suele ser conservadora en cuestiones sociales, pero tiene muchas dirigentes femeninas.

La otra ala, liderada por Ramaphosa, pretende hacer frente a la pobreza mediante el crecimiento de la inversión privada, para cuyo incentivo pone el acento en la lucha contra la corrupción. El capital internacional concentrado prefiere al actual presidente, pero el ala de Zuma sigue representando a los townships y a los habitantes de las zonas rurales rezagadas.

Después de la transición negociada hacia el gobierno de mayoría negra en la década de 1990 los dirigentes del ANC se amoldaron a la situación, sea asociándose con las corporaciones occidentales, como hizo Cyril Ramaphosa, o con otros grupos empresarios surafricanos, asiáticos y árabes, tal Jacob Zuma. Uno es tan corrupto como el otro, pero difieren en sus vinculaciones y orientaciones. El expresidente propone una intensa intervención estatal en la economía y el fortalecimiento de una burguesía surafricana asociada a capitales no monopólicos. Ramaphosa, en cambio, es un activo participante en los cónclaves de la Commonwealth y auspició la recientemente creada zona africana de libre comercio.

Al cabo de tres décadas en el gobierno, ninguna de las dos alas del Congreso Nacional Africano ha sido capaz de dar al país un sentido de pertenencia y de destino común. Al aceptar su prisión, Zuma ha movilizado a sus partidarios y desatado el caos. Probablemente imponga a Ramaphosa una negociación ventajosa y la situación se calme, pero no mejore. Ambos saben, empero, que deben alcanzar un compromiso, para no fracturar un país que a duras penas se mantiene unido sin proyecto común ni liderazgo. El arco iris ha fracasado, pero no puede romperse.

martes, 6 de julio de 2021

La derrota de EE.UU. en Afganistán resuena en toda Asia

 

En el cementerio de imperios enterraron a otro más

Después de Alejandro Magno, los británicos y los soviéticos, Afganistán acaba de derrotar también al Imperio norteamericano en un giro histórico de amplias repercusiones internacionales

Por Eduardo J. Vior
Infobaires24
6 de julio de 2021

Después de un glorioso Desfile de la Victoria en Moscú el pasado 9 de mayo y de una combativa celebración del primer centenario del Partido Comunista de China en Beijing el pasado 1º de julio, este 4 de julio fue un triste Independence Day en Washington. Es que la retirada de la base militar de Bagram, 60 km al norte de Kabul, condensó en una imagen la derrota de los Estados Unidos después de 20 años de invasión en Afganistán. En la madrugada del 2 de julio y sin avisar al comandante afgano que debía asumir el mando de la instalación, las últimas fuerzas norteamericanas cortaron la electricidad y se escabulleron en la oscuridad.

La superpotencia imperial perdió la guerra más larga de su historia y no lo quiere reconocer, pero difícilmente pueda evitar que su derrota acarree una cadena de sinsabores en el sur de Asia.

“Afganistán les desea buen viaje”

Más de 1.000 soldados afganos huyeron este martes a la vecina Tayikistán ante el avance de los talibanes. Las tropas se retiraron por la frontera para «salvar sus propias vidas», según un comunicado de la guardia fronteriza de Tayikistán.

La violencia ha aumentado en Afganistán y en las últimas semanas los milicianos islámicos han conquistado importantes posiciones, especialmente en el norte del país, coincidiendo con la retirada de las fuerzas norteamericanas y sus aliados de la OTAN tras 20 años de ocupación. La gran mayoría de las fuerzas extranjeras ya se han ido antes de la fecha límite de septiembre y se estima que el Ejército Nacional afgano entrenado por los occidentales se desintegrará en pocas semanas.

En virtud de un acuerdo con los talibanes firmado en febrero de 2020, los occidentales debían retirarse hasta principios de mayo pasado, a cambio de que los guerrilleros dejaran de atacar a las fuerzas gubernamentales y siguieran combatiendo a las células del Estado Islámico que operan en el país. Luego los aliados postergaron su salida hasta septiembre próximo, pero en las últimas semanas la están apresurando.

Por su parte, los talibanes cesaron de enfrentar al ejército, pero su solo avance provoca la desbandada de las tropas gubernamentales y la caída de cada vez mayores territorios en manos de la guerrilla y a más velocidad. Tanta que los propios rebeldes están preocupados por no caer en una provocación que justifique la permanencia de la OTAN en el país. Desde mediados de abril, cuando el presidente estadounidense Joe Biden anunció el fin de la «guerra eterna» de Afganistán, los talibanes se han expandido por todo el país, especialmente en la mitad norte, un bastión tradicional de los señores de la guerra aliados de Estados Unidos que ayudaron a derrotarlos en 2001.

El mes pasado, el movimiento religioso tomó Imam Sahib, una ciudad de la provincia de Kunduz, en la frontera con Uzbekistán, y se hizo con el control de una ruta comercial clave.

Avance de los talibanes hacia Kunduz, en el noroeste del país

En las últimas semanas han conquistado asimismo grandes áreas en las provincias de Badajshan y Tajar, en las fronteras con Tayikistán y China y ahora gobiernan aproximadamente un tercio de los 421 distritos y capitales del país. Al posicionarse en la frontera noreste, extendieron su dominio sobre una vasta diagonal que va desde Paquistán, en el suroeste, hasta Tayikistán y les abre importantes comunicaciones con los países vecinos. Este corredor sólo está interrumpido por algunas carreteras troncales que atraviesan el país de este a oeste y todavía están en manos del Ejército.

Fuente: BBC

El presidente afgano, Ashraf Ghani, insiste en que las fuerzas de seguridad del país son plenamente capaces de mantener a raya a los insurgentes, pero ante la perspectiva de un pronto derrumbe, los países vecinos se están preparando para una posible afluencia de refugiados.

Para tratar de contener el desastre, a fin de junio el gobierno de Kabul ha vuelto a convocar a las milicias que habían sido desmovilizadas en la década de 1990. Se trata de bandas al servicio de señores de la guerra locales, mayormente pertenecientes a las etnias del norte, especializados más en saquear y masacrar a civiles que en combatir a la milicia islámica. Hace treinta años ocuparon el país después de la retirada de los soviéticos y se enfrascaron en interminables guerras civiles, hasta que el triunfo de los talibanes acabó con ellas en 1996. Ahora su renovada movilización preanuncia el renacer de las luchas facciosas.

Después de 17 años de guerra en 2018 los talibanes entablaron en Doha (Catar) negociaciones directas con EE.UU. (quienes obviaron a sus aliados afganos) y en febrero de 2020 acordaron la retirada de los occidentales en el plazo de 14 meses. Después de asumir el gobierno en enero pasado, el presidente Joe Biden ratificó la retirada estadounidense, pero retrasó por cuatro meses la salida de las tropas y, como se confirmó hace dos semanas por el hallazgo “casual” en una parada de ómnibus en el sureste de Inglaterra de una carpeta con documentación secreta de la Defensa británica, Washington está combinando con Londres la permanencia en Afganistán de fuerzas especiales que le permitan mantener el control sobre el camino del opio, el principal recurso exportable del país, que durante dos décadas ha financiado generosamente a los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos.

Desesperados por evitar la derrota, los servicios norteamericanos han pergeñado una estrategia para irse y quedarse al mismo tiempo. Según propuestas que se discuten en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su nombre en inglés) y fueron publicadas en US Today el lunes 5, “se necesitan nuevas formas de mantener a varios miles de contratistas occidentales en Afganistán o cerca de él, para que estos expertos técnicos puedan ayudar a mantener los helicópteros y aviones cruciales para trasladar las pequeñas pero excelentes fuerzas especiales de Afganistán”.

Más adelante concede que “algunas zonas remotas del sur y el este del país, especialmente en los cinturones tribales pashtunes más afines a los talibanes, deberían ser cedidas al adversario”. Y, prosigue, “una vez que las tropas terrestres de la OTAN se hayan retirado, la potencia aérea de la OTAN con base en la región podría utilizarse para ayudar a las incipientes fuerzas aéreas afganas a apoyar a sus tropas sobre el terreno, cuando se encuentren bajo un ataque concertado”.

Para graficar que la retirada es sólo superficial, continúa, “algunas zonas que queden bajo control de los talibanes deberían ser contraatacadas en algún momento, siempre y cuando los líderes talibanes presenten objetivos atractivos para las fuerzas afganas”. Problemáticamente, reincide en el recurso a los señores de la guerra: “las más adecuadas de las muchas milicias de Afganistán deberían ser puestas en nómina por el gobierno e integradas en un plan general de campaña. Los pagos deberían estar supeditados a cierta medida de contención y respeto [sic] por las vidas inocentes por parte de estos grupos”. Del mismo modo sostiene que “debe desarrollarse una estrategia de protección de las zonas clave de Kabul con detalles tácticos.  Puede que no sea posible mantener toda la capital”.

Y finaliza reconociendo que “deben prepararse grandes campamentos para aquellos afganos que se conviertan en desplazados internos debido a los combates en sus regiones de origen o a la brutalidad del dominio talibán que puede resultar en algunas zonas”.

La propuesta estratégica brevemente reseñada muestra que Washington de ningún modo piensa retirarse de Afganistán, sino que retiran a las tropas regulares, pero continúan devastando ese sufrido país.

Su concepto busca azuzar la guerra civil, perpetuar los odios interétnicos e interconfesionales e impedir la reconstrucción de la maltratada nación centroasiática. Para EE.UU. y el Reino Unido es esencial impedir la consolidación de un Estado nacional afgano que, por tradición y lógica geopolítica y geoeconómica, se alinearía con los demás países de Asia Central enlazados a China, Rusia y Europa continental por la Nueva Ruta de la Seda.

Si las potencias anglosajonas perdieran el control de este Estado-nexo entre el centro y el sur de Asia, entre el este y el oeste, es muy difícil que consigan bases en otros países de Asia Central. Por lo tanto, deberían retirarse a países costeros del Océano Índico. Sin embargo, es previsible que un Estado afgano reunificado agudicen las corrientes centrífugas que fragmentan a Paquistán. Si India no quiere quedar fuera del mapa asiático, la última línea de defensa anglosajona en Asia del Sur puede terminar pasando por el mar.

Estados Unidos puede retrasar por meses y años la pacificación de Afganistán, pero la inmensa derrota que ha sufrido es inocultable. Cada uno de los tres imperios que antes se estrellaron con la resistencia de esta sufrida nación terminaron fracturándose, incapaces de resistir las tensiones étnicas y culturales desatadas por sus fracasos. El Imperio Americano debería aceptar su derrota, retirarse de Surasia y buscar un modo pacífico de convivencia con esas culturas milenarias, pero no parece dispuesto a aprender. Tanto peor y más largo será su sufrimiento y el que provocará a las víctimas de su agresión.