La tubería transasiática todavía debe esperar

 Opinión

29/08/2021 11:09 - la opinión de Eduardo J. Vior

Los talibanes y la historia del gasoducto de Turkmenistán a India

La expectativa de que la retirada norteamericana pudiera traer la paz a Afganistán reavivó el antiguo plan para construir un gasoducto de Turkmenistán a India, que todavía deberá esperar.

Por EDUARDO J. VIOR

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Sólo tres días después de la caída de Kabul, el 18 de agosto pasado el cónsul turkmeno en Mazar-i-Sharif, una de las últimas ciudades en ser conquistada por los rebeldes, se reunió con el jefe de la provincia de Balj nombrado por los talibanes y en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores turkmeno habló de una reunión "positiva y constructiva", destacando "el carácter fraternal" de las relaciones entre ambos países.

Reunión en Mazar-i-Sharif, Afganistán (Foto: MAE de Turkmenistán).

La razón de tanta amabilidad debe buscarse, sin dudas, en el TAPI, el proyecto para la construcción de un gasoducto que desde Turkmenistán atraviese Afganistán y Paquistán hasta alcanzar India. Turkmenistán espera que la conquista del país por los talibanes traiga la ansiada paz y la estabilidad que permitan tender la tubería con tranquilidad. Sin embargo, los datos duros indican que todavía es prematuro para encarar planes de tanta envergadura.

El mismo día de la reunión en el noroeste de Afganistán tuvo lugar en Herat, cerca de la frontera iraní, otro intercambio entre diplomáticos turcomanos y la oficina de representación de los talibanes en esa ciudad.

No los une el amor sino la necesidad pragmática de poner en marcha un negocio que beneficiaría a ambas partes. Tanto lo ansían que ya el 17 de agosto en declaraciones a la cadena de televisión Sky News el vocero talibán Muhammad Suhail Shaheen se manifestó entusiasmado con éste y otros proyectos, sonando para todo el mundo como si estuviera dando una charla en una conferencia de desarrollo regional.

“Afganistán es un puente entre Asia Central y el Sur de Asia”, dijo, y habló del modo en que los intereses de ‘conectividad’ se verían favorecidos si se construyen no sólo el oleoducto TAPI sino también carreteras y ferrocarriles que atraviesen el país de norte a sur y de este a oeste. “Esperamos... [que] se pongan en marcha”, finalizó.

En lugar de ceder al pánico fácil, como ha sucedido en otras capitales de Asia Central, Ashgabat está siguiendo una línea de negocio normal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores turkmeno afirmó en otro comunicado del 18 de agosto que mantiene una comunicación regular con los talibanes para seguir prestando servicios de tránsito fronterizo.

"Tomamos nota de que los puestos de control... en los cruces de Imamnazar-Aqina y Serhetabat-Torghundi están funcionando como de costumbre y que se está permitiendo el paso del número necesario de remolques de carretera y de carga ferroviaria en las condiciones acordadas por ambas partes", expresó el comunicado.

Al comportarse como lo está haciendo, Turkmenistán está adhiriéndose al pedido de Paquistán, para que la comunidad internacional interactúe con los talibanes.

Durante el fin de semana pasado se informó que el ministro de Asuntos Exteriores de Paquistán, Sha Mahmud Qureshi, iba a visitar esta semana todos los países fronterizos con Afganistán, excepto China, con ese mismo mensaje.

En efecto, este jueves 26, tras su reunión con el Presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov, Qureshi dijo a los medios de comunicación que se esperaba que el proyecto TAPI cree 2.000 nuevos empleos directos y muchos más indirectos.

Gasoducto TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Paquistán-India).

El ministro paquistaní mencionó que el plan del gasoducto fue discutido en detalle con el presidente turkmeno como parte de una propuesta integral paquistaní, para mejorar la "conexión económica" a través de varios proyectos. Y también dijo que en un futuro próximo se estaba estudiando la posibilidad de convocar a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Estados vecinos para discutir la situación afgana.

Además, afirmó que Pakistán y Turkmenistán seguirán colaborando con representantes especiales de ambas partes para celebrar reuniones sobre el fortalecimiento de los vínculos.

El pragmatismo turkmeno se manifiesta también de otras maneras. Ninguno de los otros países de Asia Central ha aprovechado exactamente la oportunidad de ayudar en las operaciones de evacuación de Afganistán, pero algunos de ellos han aportado su granito de arena.

Tayikistán permitió la entrada de tropas que huían, Uzbekistán ayudó a la evacuación de Alemania de Kabul y Kazajistán, por fin, se ofrece como nueva sede para las oficinas de las Naciones Unidas obligadas a abandonar momentáneamente Kabul.

La respuesta humanitaria de Turkmenistán, en cambio, ha oscilado entre la tacañería y la insensibilidad. El 19 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que permitía el uso de su espacio aéreo a los vuelos que evacuaban a ciudadanos extranjeros de Afganistán.

A los refugiados, al parecer, se les mantiene a una previsible distancia. El servicio turkmeno de inmigración y refugio informó el 17 de agosto de que Ashgabat no permitía la entrada en el país ni a los soldados afganos que huían ni a los turcomanos étnicos que vivían en la frontera.

Por su parte, “Crónicas de Turkmenistán”, una plataforma con sede en Viena, ha declarado que 18 ciudadanos afganos de etnia turcomana que habían sido aceptados como estudiantes en el Instituto Pedagógico Estatal Turcomano Seyitnazar Seydi, en la ciudad de Turkmenabat, han sido informados que no podrán seguir sus cursos.

El proyecto de construcción del TAPI tiene impronta argentina. En 1987 la empresa Bridas, entonces perteneciente a Carlos y Alejandro Bulgheroni, comenzó a expandirse en el sector energético de Asia Central.

Turkmenistán espera que la conquista del país por los talibanes traiga la ansiada paz y la estabilidad que permitan tender la tubería con tranquilidad.

En 1992 obtuvo su primer contrato para la exploración de gas en Turkmenistán. Entre 1995 y 1997 Carlos Bulgheroni participó personalmente en las negociaciones entre Bridas, los gobiernos de Paquistán, Turkmenistán y el entonces gobierno talibán de Afganistán, para construir el gasoducto transafgano.

Estas negociaciones competían con las de Unocal (Union Oil Company of California, antigua exploradora de petróleo, comprada en 2005 por Chevron) y, aunque se llegó a un acuerdo con la corporación CentGas que aquélla integraba, el acuerdo se cambió en enero de 1998 a favor de Bridas.

Sin embargo, la invasión occidental en 2001 y la guerra sucesiva retrasaron la construcción del ducto. Algunas versiones hablan también de un veto de la CIA hacia los argentinos que, tras la fusión con Amoco (hoy perteneciente a British Petroleum) en Pan American Energy y la muerte de Carlos Bulgheroni en 2016, perdieron el interés en el proyecto.

Turkmenistán, por el contrario, insiste en el plan, porque el país produce más gas natural del que puede consumir y tiene muy pocas formas de sacarlo al mercado.

Sin embargo, la probabilidad de que la inversión en el TAPI se materialice pronto es casi nula, dada la frágil situación de seguridad de Afganistán.

Como han demostrado los recientes atentados en Kabul, el país seguirá siendo de alto riesgo hasta que los talibanes sean capaces de proporcionar un nivel mínimo de seguridad y estabilidad, para que se realicen inversiones a largo plazo.

Por un lado, están divididos en distintas facciones, por el otro el Estado Islámico-Jorasán (la facción del EI que acaba de atentar en el aeropuerto de Kabul) tiene presencia fuerte en el este del país y el Frente Nacional de Resistencia en el norte.

Es, por lo tanto, casi imposible que alguien quiera invertir en una obra tan costosa en condiciones tan peligrosas.

Los ministros seguirán viajando y Turquestán seguirá buscando a quién vender su gas, pero el TAPI todavía deberá esperar.

*Doctor en Ciencias Sociales y en Sociología, periodista especializado en América Latina y relaciones internacionales.

La derrota en Asia se siente también en el Caribe

 

De Venezuela, al menos, se retiran ordenadamente

Mientras EE.UU. salía caóticamente de Afganistán, el gobierno de N. Maduro y la oposición acordaban negociar en México una solución democrática sin injerencias

por Eduardo J. Vior
Infobaires24
25 de agosto de 2021

En el mismo fin de semana, mientras se replegaba desordenadamente de Afganistán, EE.UU. abandonaba calladamente sus planes de intervención en Venezuela. Con la catástrofe de Kabul, los norteamericanos y la OTAN dieron una señal de debilidad que repercute en todo el mundo.

Que Venezuela sigue teniendo costas en el Caribe y éste sigue siendo el “Mare Nostrum” estadounidense son datos duros e incambiables de la realidad. Sin embargo, allí también se ha abierto un tiempo de cambios cuya dirección y resultado dependerán de la claridad e inteligencia de los actores presentes en el escenario.

La semana pasada el presidente venezolano Nicolás Maduro renovó el gabinete luego de que varios ministros resultaron candidatos en las primarias abiertas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.

Representantes del gobierno y de la opositora Plataforma Unitaria exhiben el acta de acuerdo firmado en México el pasado 16 de agosto

Por su parte, el lunes 23 la Asamblea Nacional de ese país, de mayoría oficialista, aprobó el memorando de entendimiento que la semana anterior suscribieron en México el gobierno y la oposición, para instalar una mesa de diálogo destinada a superar la crisis política y allanar el camino, para que todo el arco político participe en noviembre en las elecciones estaduales y municipales y la comunidad internacional las pueda aceptar.
El memorando que el gobierno de Nicolás Maduro y el sector de la oposición que lidera el exdiputado Juan Guaidó, entre otros dirigentes, firmaron el 13 de agosto consta de siete puntos, entre los que se incluyen: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al estado de derecho, convivencia política y social, protección de la economía social y garantías de implementación y seguimiento. Las delegaciones del Gobierno y la oposición se volverán a reunir los próximos días 3 y 6 de septiembre en la capital mexicana.

Tras la aprobación legislativa, el presidente del cuerpo, Jorge Rodríguez, pidió a la comunidad internacional que deje de presionar a su país, para que pueda avanzar el proceso de negociación. A su vez, el partido Primero Justicia, que lidera el excandidato presidencial Henrique Capriles, exhortó a la oposición a decidir cuanto antes “en unidad”, si participarán en los comicios que Maduro calificó como “un hito histórico”. Tanto Primero Justicia como Acción Democrática de Henry Ramos Allup y Voluntad Popular de Leopoldo López, exiliado en España, fueron intervenidos el año pasado por el Tribunal Supremo Electoral que confiscó sus símbolos y tarjetas electorales y ahora buscan su relegalización.

El país caribeño elige gobernadores estaduales en noviembre y tanto el gobierno como las oposiciones están interesados en aumentar la participación electoral. Si el régimen se legitima a través de un acuerdo amplio y una participación electoral numerosa, estará en mejores condiciones para negociar el fin de las sanciones y la devolución de los bienes incautados en EE.UU. Washington, a su vez, saldría del pantano caribeño salvando la imagen y, quizás, hasta imponiendo condiciones.

El secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken

La firma del memorando desmontó lo que fue el centro de la campaña de Donald Trump para asegurarse el estado de Florida en las elecciones de 2020: la intervención masiva en la política venezolana. Pero al mismo tiempo es un paso previo al final del “interinato” de Juan Guaidó luego de que su supuesto mandato caduque el próximo 1º de diciembre. Los aliados del exdiputado en la llamada “Plataforma Unitaria” -la oposición más radical- están resentidos por haberse embarcado en la aventura intervencionista seducidos por la ilusión de que Washington sacaría a Maduro por la fuerza y constatan que solamente han servido al triunfo republicano en Florida. Ahora buscan retornar a la escena política, pero para obtener el reingreso deberán negociar no tanto con el gobierno sino con las otras oposiciones ya instaladas en la liza electoral.

El gobierno venezolano llega fortalecido a la contienda electoral, porque ha soportado bien el bloqueo, las sanciones y las agresiones norteamericanas, colombianas y opositoras. En estas condiciones Maduro puede hacer muchas concesiones, porque no va a entregar el punto fundamental, que es la continuidad de su mandato hasta 2024. Sin embargo, más allá de las sanciones, tiene un gobierno muy incompetente, ideologizado y corrupto, incapaz de gestionar eficazmente y superar equitativamente la crisis económica.

El desencanto de la población se ha expresado tanto en el descenso del voto a favor del chavismo como en la abstención electoral. Para rejuvenecer el movimiento, entonces, el pasado 9 de agosto el PSUV realizó elecciones primarias abiertas para la preselección de los candidatos para las elecciones de noviembre que, en líneas generales, ratificaron el liderazgo de Nicolás Maduro y del sector dialoguista del partido. Sabiendo que el próximo 21 de noviembre ya no tendrá la ventaja del abstencionismo opositor y que, probablemente se enfrente a alianzas atractivas, el Partido pretende ahora mostrar una imagen más joven y dinámica.

En la oposición, en tanto, Henrique Capriles está cosechando el fruto de sus reiterados llamados al diálogo y a la negociación con el chavismo, mientras que los extremistas detrás de Juan Guaidó han quedado marginados y acuden a la negociación con el gobierno para reingresar al juego político.

Cualquiera sea el resultado de la elección de noviembre, el oficialismo y la oposición deberán hallar un modo de convivencia y negociar juntos con Estados Unidos y la Unión Europea el levantamiento de las sanciones y del bloqueo, como paso previo a la discusión sobre el modelo económico y social que adoptará el país.

Las condiciones son buenas para sentarse a la mesa con el gobierno de Joe Biden. Después de la derrota en Afganistán tanto el secretario de Estado Antony Blinken como el jefe de asesores del Consejo Nacional de Seguridad, Jarek Sullivan, están muy debilitados y no es improbable que el presidente deba sustituirlos. Por su parte, la generala Laura Richardson recién se hace cargo del Comando Sur y, al igual que sus camaradas en la primera línea militar, en el próximo tiempo estará más enfrascada en intervenir en la política de Washington que en los asuntos del continente.

Venezuela llega a las elecciones regionales y municipales reunificada y con mayor margen de maniobra internacional. Estados Unidos, por su parte, debe resolver la crisis interna desatada por la catástrofe de Afganistán y hallar un rumbo en el continente. Difícilmente no le quede otro remedio que levantar las sanciones y el bloqueo contra el país caribeño, pero al hacerlo estará liberando el terreno para sus competidores regionales y extrarregionales. Avanzar es fácil, pero, cuando uno comienza a retroceder, no sabe dónde tiene que parar. Al menos, de Venezuela se retiran con los papeles en orden.

La retirada norteamericana hace renacer viejas crisis

22 de Agosto de 202100:00

La derrota de Estados Unidos reabre viejos conflictos

OPINIÓN. La catastrófica retirada norteamericana de Afganistán abre un período de duración incierta en el que países como Argentina y Brasil gozan de una imprecisa, probablemente amplia, autonomía

por Eduardo J. Vior

El País Digital

22 de agosto de 2021

Mao Zedong enseñaba que “el imperialismo es un tigre de papel”: parece feroz y amenazante pero, si uno lo mira de cerca, se da cuenta de que está hecho de papel. Cuando entre marzo y julio pasados se sucedieron los viajes de altos funcionarios norteamericanos por América del Sur, muchos analistas advertían sobre la presión que la Casa Blanca estaba ejerciendo, particularmente, sobre los gobiernos de Brasil y Argentina. En el primer caso, para frenar sus ímpetus dictatoriales, impedir el llamado a licitación para la red de 5G que irremisiblemente ganaría Huawei y para aminorar la deforestación de la Amazonía. En el segundo, en tanto, para obstaculizar la construcción de las represas en Santa Cruz por un consorcio de empresas entre las que está la china Gezhouba, bloquear la construcción de Atucha 4 y propiciar la firma de un acuerdo con el FMI que incluya, al menos en parte, los habituales condicionamientos estructurales de la institución.

 El cuco que tanto asusta a EE.UU.

Tanto la dictadura militar bolsonarista como el gobierno nacional y popular argentino eludieron las definiciones. Jair Bolsonaro y el alto mando, porque quieren tener las manos libres, para, llegado el caso, apretar las clavijas represivas y encarar el negocio con Huawei sin presiones externas. Alberto y Cristina Fernández, en tanto, para soslayar la presión del FMI que quiere un rápido acuerdo sobre la deuda contraída por Mauricio Macri, de modo de echar tierra sobre el asunto y eludir la rendición de cuentas por las responsabilidades internas. Ambos gobiernos tuvieron razón y ahora pueden tomar la iniciativa, aunque al hacerlo se distancien y rivalicen por el predominio regional.

Cuando el 29 de febrero de 2020 Donald Trump firmó con los talibanes el acuerdo de Doha, se comprometió a retirar las tropas de Afganistán hasta principios de mayo de este año, a cambio de que las partes internas negociaran la paz y los talibanes se obligaran a impedir que organizaciones terroristas tomaran el país de Asia Central como base para sus operaciones contra los vecinos. Para ser efectivo, empero, el acuerdo suponía no sólo el fortalecimiento del Ejército Nacional Afgano, sino también que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN mantuvieran una capacidad de respuesta flexible que les permitiera intervenir rápidamente si la situación se deterioraba.

Por el contrario, después de la caótica transición en Estados Unidos, concentrado como está en agudizar el enfrentamiento con China, el gobierno de Joe Biden postergó cuatro meses la retirada de Afganistán, y luego la ordenó sin preocuparse por los detalles. Toda la comunidad de inteligencia, sin excepciones notables, siguió confiando en el big data más que en los informantes de a pie, el Pentágono se durmió sobre las toneladas de caro equipo hipermoderno entregado al ejército afgano y la Casa Blanca dejó hacer.

Los talibanes sacaron las conclusiones correctas: sin la presencia norteamericana el gobierno de Kabul carecía de poder. Corrupto y ladrón hasta los tuétanos, había desfinanciado a las tropas y a la policía, estaba identificado con el crimen (especialmente el tráfico de opio) y la exacción feudal y era ineficiente e incapaz para resolver las cuestiones más elementales. En realidad, los talibanes no atacaron, sino que sólo marcharon hacia las ciudades que sus enemigos abandonaban sin lucha y caían en manos de sus “células dormidas” como manzanas maduras.

 Las fuerzas especiales de los talibanes desfilan por Kabul – 20-08-21

Más allá de un amplio espectro de generales y almirantes, así como espías de toda laya, la catástrofe tiene tres responsables inmediatos: Jarek Sullivan, jefe de asesores del Consejo de Seguridad Nacional, Antony Blinken, secretario de Estado, y Lloyd Austin, secretario de Defensa. Para no hablar del propio Joseph Biden, que a esta altura ya es inimputable.

Seguramente Raytheon Technologies no va a dejar caer a su hombre en el Pentágono. Carece de sentido, asimismo, gastar energía en deponer a un presidente que apenas puede leer un teleprompter. Pero las cabezas de Sullivan y Blinken están a disposición. Por ahora no asoman relevos, pero ya entraron en la lista de espera. Sus órdenes y disposiciones valen tanto como papel mojado.

Éste es el momento que el alto mando brasileño y los Fernández avizoraron: hasta que el Imperio haga el balance, reencuentre el rumbo y recomponga sus equipos de dirección, se abre un período de duración incierta en el que los países a él subordinados gozan de una imprecisa, probablemente amplia, autonomía.

Claro que, ¡oh constatación!, se trata de proyectos antagónicos. La dictadura militar bolsonarista propicia la expansión permanente de la frontera extractiva, la delegación del poder estatal a los nuevos bandeirantes empresarios, traficantes de todo y especuladores. Su presión sobre la Amazonía peruana, boliviana y venezolana así como sobre la Cuenca del Plata irá en aumento. La bajante del Paraná es sólo un preanuncio de lo que sobrevendrá, cuando Brasil y Paraguay en 2022 renegocien el Tratado de Itaipú (vence en 2023) y probablemente privaticen la represa en beneficio de la familia Bolsonaro y sus amigos.

El eje andino es una de las alternativas que Argentina puede esgrimir, para escapar a la presión recolonizadora de Brasilia. Ayudar con instrumentos de cooperación sanitaria y policial a la consolidación de los gobiernos amigos en La Paz y Lima sería en interés propio, tanto como cooperar con el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, no basta con manifestarnos “comprensivos” con la necesidad uruguaya de estrechar vínculos comerciales fuera del Mercosur. Es preciso disuadirlos de esa tentación, ofreciéndoles –al igual que a Paraguay- proyectos comunes de infraestructura que creen trabajo e inversiones. Sólo así nuestro país tendrá instrumentos de presión suficiente, como para evitar que sean seducidos por la presión brasileña.

Chile merece un capítulo aparte. Tanto el futuro de su Constituyente como el de su elección presidencial son inciertos. Su oligarquía está en retroceso, pero es experimentada y astuta. Por el contrario, su movimiento popular todavía está desunido y sus líderes lucen muy ingenuos. También en este caso los proyectos binacionales de infraestructura pueden ayudar a ganar lealtades, pero requieren un intenso trabajo de persuasión, para vencer recelos y resquemores largamente cultivados por la oligarquía en su opinión pública.

Finalmente, no hay que descuidar el trabajo sobre el frente interno brasileño. El embajador Daniel Scioli viene haciendo una parte muy importante, atrayendo a cámaras empresarias temerosas del aperturismo neoliberal de Paulo Guedes, pero es preciso incidir sobre su opinión pública democrática.

Nada puede oponerse al despliegue y desarrollo de nuestras capacidades defensivas, principalmente en el frente fluvial y marítimo. Todos los esfuerzos en mejorar nuestra logística e infraestructura de transportes y comunicaciones serán poco. Desde Clorinda hasta el Polo Sur puertos y vías navegables, astilleros y buques deben intensificar la circulación vivificante y unificadora. El apoyo en tierra, desde el aire y desde el espacio debe integrarse como un todo.

Para poder implementar este programa en el paréntesis que nos deje la crisis imperial, debemos ganar tiempo. El acuerdo con el FMI puede esperar al momento en que tengamos toda la maquinaria en marcha, especialmente a que tengamos la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Entonces pagaremos como podamos y cuándo podamos.

Argentina no ha elegido reavivar la rivalidad con Brasil, pero el desastre norteamericano y la huida hacia delante de la dictadura brasileña nos la imponen. Debemos afrontarla, buscando el diálogo y reconstruir la unidad del Mercosur, pero sin ser inocentes. El espacio ahora abierto al despliegue del poder nacional debe ser utilizado para avanzar en la integración regional y continental, con quién se pueda y cómo se pueda. Cuando la Historia pasa por la puerta, hay que aferrarse a su manto y marchar con ella.

En Washington llegó la hora de asumir responsabilidades

 

El derrotado de Afganistán debe pagar sus cuentas

No sólo la errónea apreciación de la situación, la imprevisión y la indecisión sino también sus arrogantes generales y almirantes llevaron al desastre norteamericano en el Hindu Kush

Por Eduardo J. Vior
Infobaires24
19 de agosto de 2021

La ceguera ideológica, la arrogancia del alto mando, la ausencia de claridad estratégica y la carencia de conducción convirtieron la inevitable derrota de Estados Unidos en el Hindu Kush en una catástrofe. Desde que Donald Trump firmó en febrero de 2020 el acuerdo con los talibanes, para retirar a las tropas norteamericanas del país de Asia Central hasta mayo de 2021 (plazo que Joe Biden luego prorrogó hasta el 31 de agosto venidero) era previsible para cualquier observador sin anteojeras que los insurgentes se harían con el poder y que el Imperio estaba derrotado. Sin embargo, la combinación de soberbia, falta de realismo, acomodamiento y decrepitud (no sólo del presidente) que reinan en Washington transformó la previsible pérdida en un terremoto de alcance mundial.

Dicen que la inteligencia de EE.UU. predijo la rápida derrota del Ejército afgano, mientras que Biden minimizaba la amenaza. Solo después del evidente caos el mandatario estadounidense habría admitido que los talibanes habían conseguido hacerse con el control del país mucho más rápido de lo que esperaba su gobierno.

Combatientes talibanes en Kabul, Afganistan, el 16 a de agosto de 2021. Reuters

Funcionarios de inteligencia de EE.UU. afirman haber advertido tempranamente sobre el colapso de las fuerzas armadas de Afganistán y una rápida toma del poder por parte de los talibanes, reveló un informe publicado este martes por The New York Times. Las evaluaciones de inteligencia estadounidenses ya venían cuestionando si las fuerzas afganas estaban dispuestas a resistir el avance talibán y si el gobierno del país se encontraba en capacidad de mantener el control de la capital. En julio, los informes fueron incluso más pesimistas, sugiriendo que los combatientes afganos no estaban preparados para evitar una derrota, según los documentos clasificados. Las tropas estaban mal pagadas y muchas veces no les llegaban ni los sueldos ni las vituallas, que eran comercializadas por sus jefes en el mercado negro o vendidas a los propios talibanes.

Mientras Washington se preparaba para la retirada de sus tropas, el mes pasado Biden seguía desvalorizando las capacidades de los combatientes islámicos, afirmando que una invasión era muy poco probable y prometiendo que no habría una evacuación caótica de los estadounidenses como al término de la guerra de Vietnam en 1975.

En vez de disculparse por el desastre, el pasado lunes Biden dijo en su discurso que “la construcción de una nación nunca fue un objetivo de la ocupación norteamericana en Afganistán”

Sin embargo, el fin de semana pasado, el Ejército Nacional Afgano terminó rindiéndose sin luchar, a medida que los talibanes tomaban el control de la capital. El presidente Ashraf Ghani renunció a su cargo y abandonó el país en dirección a Uzbequistán, llevándose consigo cuatro coches cargados con 160 millones de dólares de las arcas del Estado, para recalar finalmente en Doha, en los Emiratos. El personal diplomático estadounidense también tuvo que ser evacuado rápidamente hacia el aeropuerto de Kabul, mientras dejaba atrás y sin preaviso a miles de colaboradores y traductores.

Fue sólo después de que el caos se hizo evidente que el mandatario norteamericano admitió que los rebeldes afganos habían conseguido hacerse con el control del país mucho más rápido de lo que esperaba su equipo.

Uno de los informes de inteligencia publicado por The New York Times suponía que el grupo rebelde primero cruzaría la frontera, después se trasladaría a las capitales de las provincias, antes de asegurar el territorio en el norte, para luego ingresar a Kabul, predicciones que –según el diario neoyorquino- en gran medida habrían sido precisas. Sin embargo, informaciones de Afganistán revelan, primero, que los talibanes todos los días cruzan la frontera con el norte y el oeste de Paquistán, simplemente, porque la mayoría de ellos pertenecen a la etnia pashtún, que representa el 42% de la población afgana y está asentada a ambos lados de la frontera convenida en 1922 entre el Imperio Británico y el Reino de Afganistán, después de que las tropas imperiales fueran derrotadas en su tercer intento de invadir el país de Asia Central.

En segundo lugar, aprendiendo de la experiencia de 2001, los talibanes ya no libran batallas frontales, sino que se infiltran silenciosamente en las ciudades, para que esas “células dormidas” actúen en el momento del combate. Así lo hicieron en Kandahar, Jalalabad y, finalmente, en Kabul. No necesitaron “tomar” las ciudades. Enfrentados a la ofensiva externa y al levantamiento interno, las defensas gubernamentales se desmoronaron. Con su parafernalia de big data la comunidad de inteligencia norteamericana no previó que la capilaridad de la sociedad afgana y el cansancio por la indecible corrupción y latrocinio del gobierno títere abrirían las puertas de las mayores ciudades a los seguidores del histórico Mulá Omar casi sin derramamiento de sangre.

«La mayoría de las evaluaciones de EE.UU. se habían centrado en cuán bien iría a las fuerzas de seguridad afganas en una lucha con los talibanes. En realidad, nunca pelearon realmente», comentó Seth Jones, un experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Los talibanes tienen ahora el enorme problema de poner orden en sus propias filas, evitar desbordes que los aíslen internamente frente a otras etnias y grupos religiosos, mostrarse tolerantes con las mujeres y, sobre todo, con la minoría chiíta del oeste (Herat), protegida por Irán, administrar la cotidianeidad, formar un gobierno de coalición, controlar el tráfico del opio comercializado por norteamericanos y británicos a través de Turkmenistán hacia Azerbaiyán, Turquía y Europa, y obtener el reconocimiento de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO, por su nombre en inglés), llave maestra para tener relaciones pacíficas dentro de Asia y obtener asistencia financiera y económica.

Sin embargo, la batalla principal de la posguerra se libra en Washington. Durante dos décadas los elegantes generales de cuatro estrellas y almirantes norteamericanos llegaron a enterrar un billón de dólares en el pobre país del Hindu Kush. Caudillos políticos como el general David Petraeus mandonearon a los gobiernos civiles. Ahora, el informe publicado en el diario de los Sulzberger intenta echar la culpa al equipo presidencial de Joe Biden. Otros informes en los medios capitalinos están “descubriendo” la corrupción y el defaitismo del ejército afgano. La prestigiosa Foreign Affairs llegó a publicar el martes 17 que “la principal responsabilidad de este trágico final de 20 años de esfuerzos de construcción del Estado en Afganistán recae directamente en los dirigentes afganos”. Nadie habla de la colusión del Estado Mayor Conjunto de EE.UU. con las empresas que sobrefacturan miles de millones de dólares de material innecesario para alimentar guerras permanentes que sólo conducen a una derrota tras otra, miserablemente encubiertas por los medios asociados al mismo poder.

Es probable que el dinámico y asertivo Jarek Sullivan tenga los días contados al frente del Consejo de Seguridad Nacional. Puede seguirlo el “todo según lo establecido” secretario de Estado Antony Blinken. Ya es más difícil, en cambio, que la empresa Raytheon deje caer a su testaferro en el Pentágono, el secretario de Defensa Lloyd Austin.

“No sé, quizás”. El miércoles el subsecretario de Defensa, John Kirby, respondió muy vagamente a las preguntas de los periodistas sobre la capacidad del US-Army para asegurar la evacuación en Kabul

La denegación del fracaso conlleva la tentación de repetir las mismas acciones que lo produjeron. Siempre el responsable está afuera. Probablemente, muchos entorchados piensen que, si ellos se hicieran cargo del gobierno, las cosas se harían “como se debe”. No obstante, que los generales y almirantes no se equivoquen: si ocupan el gabinete de Biden, se habrán quedado sin amortiguador. Todas las tensiones de un mundo en transición y de una nación norteamericana desengañada y desesperanzada caerán sobre las fuerzas armadas sin que nadie las proteja. Cuando hacia 1960 el Imperio Británico se derrumbó y decenas de sus colonias se independizaron, la Reina Isabel se puso la mochila al hombro y reaseguró a la aristocracia, el gran capital financiero y los militares la continuidad del poder británico por otros medios. Estados Unidos carece de ese paraguas tradicionalista. La lealtad de sus ciudadanos y la aceptación de sus aliados las ha obtenido y mantenido por una hábil combinación (a veces, prestidigitación) de consumismo y excepcionalismo. Si no hay una cosa ni la otra y no hay rey que los cobije, quedan desnudos y a la intemperie. El gran derrotado de la guerra de Afganistán debe pagar ahora sus cuentas.

Brasil acelera su marcha hacia la dictadura militar abierta

 

Bolsonaro, saludando a las tropas con el ministro de Defensa y los comandantes de las tres armas

Bolsonaro perdió (por poco), pero relegitimó los tanques

Si bien los diputados rechazaron la reintroducción del voto impreso, el presidente demostró que el juicio político es imposible y que amenazar con el golpe de estado es una herramienta efectiva

por Eduardo J. Vior
Infobaires24
11 de agosto de 2021

En su momento de mayor debilidad Jair Bolsonaro está jugando a fondo para perpetuarse en el poder en la elección de octubre de 2022. Aunque debilitado, está dispuesto a luchar hasta el fin y es un hábil truhán. Sabiendo que no sería aprobado, mandó al Congreso un proyecto de reforma constitucional para reintroducir el impreso como resguardo del electrónico que está vigente. En realidad, quería meter a la oposición (sobre todo a la izquierda) en una pelea de sombras que disimulara el avance en la privatización de empresas estatales y disipara el riesgo de un juicio político. Aunque la propuesta no alcanzó los dos tercios requeridos, Bolsonaro mantiene su prédica contra el “fraude” por venir, demostró la imposibilidad del juicio político y reactualizó la amenaza con usar la fuerza militar como instrumento del gobierno. Las Fuerzas Armadas se han convalidado como un partido político más, pero al intervenir en el juego político pierden el poder arbitral que se autoadjudican e introducen la política dentro de sus propias filas.

Este miércoles por la mañana, después de que la propuesta de enmienda constitucional (PEC) para reintroducir la boleta impresa fuera derrotada en la Cámara de Diputados, el presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar al Tribunal Superior Electoral (TSE) e insistió ante un grupo de partidarios que las elecciones de 2022 no serán confiables.

A favor de la PEC votaron en la noche del martes 229 de los 513 diputados, pero, como se trataba de una modificación parcial de la Constitución, se necesitaba un mínimo de 308 votos y la enmienda fue rechazada. Otros 218 diputados votaron en contra de la papeleta impresa y 65 se abstuvieron o estuvieron ausentes.

El presidente fue derrotado, pero por un margen menor al que se esperaba. De este modo hizo imposible un juicio político, porque, para que el mismo sea enviado al Senado (cámara juzgadora), la acusación debe ser votada por dos tercios de los diputados que –acaba de demostrarlo el presidente- la oposición nunca reunirá.

El inquilino del Planalto tiene un agudo sentido del poder y ningún escrúpulo. Por eso este martes 10 escenificó en Brasilia un minidesfile de tanques de la Marina que fueron a invitarlo a acompañar el operativo conjunto que anualmente celebran las tres fuerzas en Formosa, estado de Goiás, y que esta vez se realizará la semana próxima. El desfile fue payasesco: tanques fuera de servicio que echaban humo, sin público y con la ausencia de importantes funcionarios gubernamentales. No obstante, advirtió al Congreso y a la Justicia que el presidente está dispuesto a utilizar las Fuerzas Armadas para asegurar su continuidad como sea. A éstas, en tanto, les planteó un dilema: o acatan su liderazgo o asumen más directamente el poder. Aunque el desfile fue el hazmerreír de los medios y las redes, marcó un punto de inflexión: las Fuerzas Armadas están en la calle y utilizan su fuerza para hacer política.

Claro que tras tres etapas, a cada cual más profunda, de un golpe de estado en continuado (el juicio y deposición de Dilma Rousseff, la prisión de Lula y la elección de Bolsonaro) y con la presencia de 8.000 oficiales activos y retirados de las tres Fuerzas Armadas en puestos directivos del Estado, ni los analistas amigos ni los del establishment se han asustado por el despliegue en la Explanada de los Ministerios, pero ésta ha sido la primera vez que se ha usado tan estentóreamente la fuerza militar como instrumento de la lucha política. Sin embargo, la bravuconada apuntó también al interior de la institución militar. El mandatario cuenta con el apoyo de la primera línea de los mandos que ocupan cargos en el Ejecutivo, pero muchos integrantes de las Fuerzas Armadas están descontentos con sus jefes, difícilmente los apoyen en un conflicto con los otros poderes y, preocupados con salvaguardar sus enormes privilegios actuales, muchos están desembarcando en partidos del centro, para seguir haciendo bolsonarismo, pero quizás sin el portador del apellido.

“Fue linda hoy la presentación del escuadrón de la humareda”. El viejo tanque echando humo fue motivo de muchos memes.

Mientras tanto, Luiz Inácio Lula da Silva está subiendo en las encuestas para la elección presidencial de 2022, lo que lo lleva a tomar contacto con los sectores que no lo tragan de ninguna manera, buscando el diálogo y el entendimiento. Se dice que el encargado de neutralizar la intolerancia militar ante una eventual llegada del viejo líder al poder es el ex ministro de Defensa, Nelson Jobim. Para ello, según el diario Folha de São Paulo, Jobim incluyó el pasado 6 de agosto al general Fernando Azevedo, también ex ministro de Defensa, en las habituales cenas que tiene con sus amigos Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), y el general Sergio Etchegoyen. Esto se debe a que Azevedo, además de ser cercano a Toffoli, entiende bien los entresijos del gobierno de Bolsonaro y de los camaradas que pertenecen o pertenecieron al Planalto y puede señalar «huecos» para una posible «deglución» de Lula entre los militares.

Como expresaron a Folha algunos entrevistados, el planteamiento es prematuro, precipitado. Quedan cuestiones por resolver entre ellos -lo que demuestra que hay una división en las filas, o al menos falta de definición- y, también subsisten heridas por curar en relación con el ex presidente. Los militares alegan dos puntos irremediables para ese rencor: «el intento de quitar a los comandantes la prerrogativa de selección en los ascensos y la forma en que Dilma condujo la Comisión Nacional de la Verdad». Ellos querían la versión del «otro lado».

Entre tanto, un analista con buen acceso a los cuarteles evalúa la conveniencia del «acercamiento» en este momento: «La búsqueda de un acuerdo político para la actual crisis político-institucional brasileña es urgente. El diálogo con el Congreso Nacional, con los partidos políticos y con los tribunales superiores está en curso. Hay que buscar rápidamente a la sociedad civil, sobre todo a los sindicatos y a las representaciones populares, víctimas del paro y de la debacle económica, para ampliar la capilaridad de ese esfuerzo», reconoce. «Sin embargo, buscar un diálogo con los ‘militares’, como si fueran actores políticos autónomos, me parece un error abismal”. Significaría legitimar al “partido militar” como actor en el juego electoral.

El último sondeo electoral de DataFolha da a Lula más de veinte puntos de ventaja sobre Bolsonaro

Como explica Beto Almeida, corresponsal de Telesur en Brasilia, la izquierda convencional fue seducida por el teatro de Bolsonaro que finge querer el voto impreso auditable, para que la izquierda lo rechace y él secuestre una bandera que de por sí es legítima. De este modo se facilita hacer fraude en las elecciones de 2022. Prueba cabal de ello es que durante su visita en Brasilia el jueves pasado, el jefe de asesores del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, recomendó al presidente mantener el actual sistema de voto electrónico. La razón está en que el Tribunal Supremo Electoral mantiene el control absoluto de los códigos fuente de estas urnas y no los comparte con los partidos políticos. Con las urnas actuales y de modo inauditable, Washington puede crear un bolsonarismo sin Bolsonaro, con algún tipo más soportable, que siga la destrucción del Estado nacional y, cuando se terminen las empresas estatales que se puedan privatizar, comience a internacionalizar territorios.

Además de pedir al gobierno que no altere el régimen electoral, durante la reunión mencionada Sullivan reclamó a sus interlocutores que impidan que Huawei gane la venidera licitación para la introducción en Brasil de la red de 5G y que Brasil reduzca sustancialmente la deforestación de la Amazonia. Al mantener el proyecto gubernamental hasta su votación en el Congreso, por lo tanto, Bolsonaro claramente desairó al gobierno de Joe Biden. Por otra parte, como informa Jaime Vadell, de la Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil ya se usa en todos los entornos la red 4G de Huawei. ¿A cambio de qué mudaría nuestro vecino de tecnología, si EE.UU. no ofrece ninguna alternativa viable? Por otra parte, la invitación que el asesor de Biden extendió a Bolsonaro, para que Brasil se incorpore como socio externo de la OTAN, tampoco es viable por el rechazo que su gobierno suscita entre los principales aliados de Washington en Europa. O sea, que Sullivan llegó con las manos vacías y se fue sin nada que presentar en Washington.

Por más que el episodio del martes no derive en una aún mayor militarización del gobierno brasileño, confirma que los uniformados constituyen un partido político más. En la Constitución imperial de 1824 se organizó el Estado en cuatro poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Moderador, representado por el Emperador. Con la instauración de la República en 1889 esa función fue autoasumida por las Fuerzas Armadas, que hasta ahora mantienen esa ficción. Pero, como demostró la Dictadura de 1964-85 y se ratifica hoy, cuando los militares intervienen en la política, no son para nada “moderadores”, sino actores del mismo juego de poder en el que están las demás fuerzas políticas y sociales. En ese juego se ensucian, corrompen y deslegitiman. Entre 1974 y 1979, el general Ernesto Geisel, su hermano Olavo y el general Golbery do Couto e Silva iniciaron una liberalización del régimen que, bajo la presidencia de João B. Figueiredo (1979-84), condujo a una democratización controlada y a la Constitución de 1988. El problema es que ahora no se avizora ningún Geisel.

La Directiva para las FF.AA. argentinas es un gran avance

 8 de Agosto de 202100:00

Un importante paso adelante en Defensa Nacional

OPINIÓN. La nueva Directiva para el área contiene notables avances en la estrategia para el desarrollo del instrumento militar de la soberanía, pero le falta marco político y omite capítulos fundamentales.

Por: Eduardo J. Vior

El País DigitalP

El pasado viernes 6 de agosto el jefe de asesores del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, y una significativa delegación del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunieron con el presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá y el Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz. Aunque no trascendieron detalles de lo conversado, tanto el perfil técnico de la delegación norteamericana como declaraciones previas del jefe de la misma indican los objetivos de la visita: emblocar a los países del Cono Sur en la estrategia norteamericana impidiendo al mismo tiempo su cooperación regional, advertir sobre la influencia rusa y china y cerrar el cerco cibernético, para evitar la incorporación por nuestro país de la tecnología del 5G.

Previamente, Jake Sullivan había ofrecido al gobierno de Jair Bolsonaro el apoyo para que Brasil se convierta en socio global de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), como moneda de cambio por vetar el 5G de China. El tema fue discutido por Sullivan con el gobierno brasileño el jueves 5 durante su estadía en Brasilia. El emisario de Joe Biden se reunió con el presidente, con el ministro de Defensa, el general Braga Netto, y con los jefes de las tres fuerzas armadas.

Por parte de la Casa Blanca participaron también los directores del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González; para Tecnología y Seguridad Nacional, Tarun Chhabra, y para Seguridad Cibernética, Amit Mital.

Para nuestro país la decisión que adopte el Alto Mando brasileño reviste una importancia máxima, porque, si decide asociarse a la OTAN, estará levantando nuevamente un muro en la frontera con Argentina, como el que frenó durante mucho tiempo nuestra integración y recién fue derribado en 1979 por el Tratado Itaipú-Corpus. EE.UU. está acordonando el hemisferio con una combinación de señuelos y advertencias. A Argentina, por ejemplo, ofrecen participar en las negociaciones sobre Venezuela que se celebrarán en México, a cambio de que cerremos la puerta a Huawei y cancelemos importantes proyectos constructivos.

Estas maniobras norteamericanas son sumamente preocupantes, ya que retrotraen a la región a una competencia ya superada por la hegemonía regional y arrasan con una experiencia de cooperación interestatal en materia de Defensa que permitió la construcción del Mercosur y, más tarde, de la Unasur, con su correlato militar: el Consejo de Defensa Suramericano.

Esta presión sobre nuestras decisiones soberanas es posible, porque nuestro país necesita el voto estadounidense, para refinanciar el oneroso crédito del FMI contraído por Mauricio Macri en 2018. Al mismo tiempo, Washington nos chantajea impidiéndonos cumplir con los compromisos contraídos con la República Popular de China en el marco del Acuerdo de Cooperación Estratégica Especial de 2013, sobre todo en el refinanciamiento de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. Al incumplir nosotros nuestras obligaciones, Pekín ha paralizado las demás inversiones comprometidas, especialmente la reconstrucción y expansión del Belgrano Cargas. El embrollo estratégico, diplomático y económico en que nos encontramos subraya la importancia de dar continuidad a y sacar las adecuadas conclusiones de la Directiva de Defensa Nacional publicada el pasado 19 de julio en el Boletín Oficial.

 

La Directiva se aprobó a través del Decreto N° 457/2021 y contiene relevantes modificaciones a las directivas (DPDN) de 2009 y 2014. Los lineamientos fueron elaborados después de que en 2020 se decidiera revocar la DPDN dictada por el gobierno de Cambiemos y volver a la de 2014.

El nuevo texto, publicado al cabo de seis meses de discusión entre los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, comienza con un “diagnóstico y apreciación del escenario global y regional”, dentro del cual se establecen los tableros “estratégicos – militares”, el “económico-comercial” y el “transnacional”, de modo de hacer posible definir los cursos de acción de esta norma. Por concluir los fundamentos del documento, ésta es la parte que más interesa aquí.

En primer lugar la DPDN señala, en el marco del Diagnóstico y Apreciación del escenario de Defensa Global y Regional, que “La política de defensa nacional se desarrolla de manera articulada y complementaria con la política exterior, buscando contribuir de este modo a la protección de los intereses vitales y estratégicos de la Nación, a la consolidación de la paz regional y a la vigencia del derecho internacional”. En este punto la interrelación entre los ministerios de Defensa y Exteriores es vital a la hora de prever los futuros escenarios de la Defensa Nacional.

En este contexto se destaca en el Diagnóstico que en estos últimos 30 años el sistema internacional sufrió grandes transformaciones, al pasar de una estructura bipolar a una unipolar y de ésta en la actualidad a una más difusa y compleja. En el campo internacional existe una alta competitividad entre los Estados, preponderando un escenario de amenazas interestatales en el que los actores no estatales han quedado relegados como fuente de amenaza, a lo que se suman la creciente brecha en el uso y empleo de las tecnologías en el campo de batalla y la carrera armamentística.

En el campo regional, en tanto, la DPDN registra lo siguiente: “El Cono Sur se encuentra inserto en una dinámica compleja de redefinición de sus mecanismos de cooperación e integración regional. Es difícil prever el impacto que estas transformaciones pueden tener en el mediano y largo plazo, ya que esto dependerá de los nuevos modelos de coordinación que se definan para el entorno regional más inmediato del país. Sin embargo, incluso en un contexto político relativamente fragmentado y menos favorable al de décadas pasadas en materia de soluciones regionales para los problemas comunes, el fortalecimiento del diálogo constructivo y la coordinación con nuestros vecinos continuarán siendo prioridades estratégicas de la República Argentina”.

 

 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur

Con respecto a la Cuestión de Malvinas se enfatiza que “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes que, siendo parte integrante del territorio argentino se encuentran ilegítimamente ocupados por una de las principales potencias militares mundiales, el Reino Unido”. En este punto se considera que el despliegue militar en estos territorios impone a la Argentina una obstrucción para el ejercicio pleno y efectivo de la soberanía del Estado. Por otro lado, se da mayor importancia al posicionamiento estratégico de las islas “en cuanto representa no solo un polo de recursos naturales sino un centro de operaciones con la Antártida y las conexiones marítimas de los océanos.”

“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” ratifica la DPDN.

Ya a fines del año pasado la Directiva de Política de Defensa Nacional se encontraba lista para ser tratada por otras dependencias del Estado Nacional. Sin embargo, su publicación se demoró más de seis meses por las diferencias y discusiones dentro del poder ejecutivo. Según cita Zona Militar, tanto el contenido, como las menciones sobre la Cuestión de Malvinas que se hacían en la versión original fueron sustancialmente limadas para la publicación. No obstante, a diferencia de las directivas anteriores, la nueva estrategia de Defensa da absoluta prioridad a la dinámica en el Atlántico Sur y a la amenaza representada por la presencia de un importante contingente militar británico en las Islas Malvinas.

Sin embargo, teniendo en cuenta las políticas norteamericana, británica e israelí para el Cono Sur, se echa de menos que la Directiva desconsidere las amenazas implicadas por la presencia de fuerzas extrarregionales en el área de las Tres Fronteras con Brasil y Paraguay y el aprovechamiento de la localización de nuestro país en los cursos medio y bajo de los ríos Paraná y Uruguay para dañar nuestra economía mediante medidas hidrológicas, medioambientales, tráfico, trata y comercio ilegal.  Sin confundir las políticas de Defensa y de Seguridad, es empero imprescindible no perder de vista aquellas medidas tomadas por estados extranjeros para perjudicar intencionalmente nuestra economía y las condiciones de vida de nuestra población. Del mismo modo, hay que tener en cuenta el control de nuestras redes informáticas y comunicacionales por empresas extranjeras que, junto a sus intereses comerciales (muchas veces ilegítimos), se han convertido en brazos ejecutores de la política de predominio de sus países de origen. Este amplio espectro de amenazas requiere una respuesta no sólo, pero también militar, para salvaguardar la soberanía política y la independencia económica de Argentina.

Finalmente, cabe referir la mayor carencia no atribuible a la Directiva de Defensa Nacional: la falta de un plan general de reconstrucción y liberación nacional que le dé marco. Muchas de las falencias recién señaladas y muchas otras que no se han mencionado para no abundar, pero también para no desmerecer un documento valioso, se deben a la falta de una estrategia general consensuada y conocida por todo el pueblo que sirva de guía ordenadora a todas las políticas sectoriales. Sin esta estrategia (un verdadero proyecto nacional) la mejor Directiva de Defensa tantea en la oscuridad.

 La Directiva de Defensa Nacional representa un significativo paso adelante hacia el desarrollo del instrumento militar de la soberanía nacional, pero debe ser complementada por un plan general de reconstrucción y liberación nacional que le dé el encuadre político que hoy le falta y dentro de la misma Directiva deben completarse los huecos que han quedado abiertos. Para que el paso se convierta en marcha precisa un plan de ruta y muchos pasos más.