Tras 16 años de gobierno de Angela Merkel, la recuperación de la economía y la renacida pandemia exigen del nuevo gobierno una capacidad de decisión que aún no se avizora
por Eduardo J. Vior
Infobaires24
26 de noviembre de 2021
Casi exactamente dos meses después de la elección parlamentaria del 26 de septiembre los líderes del Partido Socialdemócrata (SPD), el Partido Verde (B90/Die Grünen) y el Partido Liberal Democrático (FDP) anunciaron este miércoles que se habían puesto de acuerdo sobre el contrato que regirá la coalición –apodada “semáforo” por los colores verde, amarillo y rojo de los componentes- que asumirá la semana próxima para gobernar el país hasta 2025. Tanto su propio pueblo como sus muchos interlocutores externos esperan que la mayor potencia del continente y tercera economía mundial adopte un curso previsible. Lamentablemente, el programa de coalición dado a conocer esta semana no parece capaz de superar la contradicción entre sus lazos económicos con Rusia y China, y su alineamiento ideológico y estratégico con EE.UU. y dentro de la OTAN.
“Atreverse a más progreso” es el lema de la nueva coalición y más abajo se aclara: “Alianza por la Libertad, la Justicia y la sostenibilidad”. Sus tres líderes (de izq. a der.) son Christian Lindner (Liberal), el Canciller Olaf Scholz (Socialdemócrata) y Annelene Baerbock (Verdes).
La nueva alianza de gobierno de Alemania se anunció rememorando el origen de la coalición socialdemócrata-liberal que encabezó Willy Brandt (1969-74). “Atreverse a más democracia” (Mehr Demokratie wagen) era entonces la consigna; “Atreverse a más progreso” (Mehr Fortschritt wagen) es la actual. La diferencia entre el ímpetu reformista de entonces y el tecnocratismo actual es expresiva de la falta de impulsos de la Europa actual. Como muestra el programa de gobierno que presentaron el miércoles, cada uno de los partidos firmantes se quedó con su porción de la torta y nadie presenta una fórmula superadora.
Los aspectos más salientes del recién firmado contrato son el acelerado abandono del carbón, el forzado avance hacia la movilidad eléctrica, el aumento del salario mínimo, la regulación del consumo del cannabis recreativo, una política inmigratoria más tolerante, la introducción del ingreso ciudadano y mayores subsidios por cuidados dentro de la familia. También se propone modernizar la infraestructura vial, ferroviaria y de comunicaciones, incrementar la transición hacia la economía digital y modernizar la administración pública. En el plano internacional se relativiza el rechazo contra el Tratado de la ONU de 2017 para la prohibición de las armas nucleares y se anuncia una política enérgica de defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, al mismo tiempo los firmantes se avinieron a la exigencia liberal de que no crezca el endeudamiento público ni se aumenten los impuestos. Una verdadera cuadratura del círculo para una política de reformas como la que supuestamente se está presentando.
La coalición del “semáforo” quiere adelantar la eliminación del carbón para 2030, afirma el acuerdo. Para lograrlo, la energía eólica y la solar deben ampliarse masivamente. Para 2030, el 80% del consumo de electricidad deberá proceder de energías renovables, lo que requerirá la construcción de más centrales eléctricas de gas, hasta tanto se difunda la generación de energía por hidrógeno. Teniendo en cuenta la importancia del gas como energía de transición, no se entiende, entonces, que la autoridad administrativa alemana haya suspendido el proceso de autorización del gasoducto Nord Stream 2. ¿O es que piensan comprar el caro gas licuado estadounidense?
Los socios del futuro gobierno también quieren triplicar la capacidad instalada para la producción de energía de origen solar hasta alcanzar los 200 gigavatios, entre otras cosas haciendo obligatoria las placas fotovoltaicas en los tejados comerciales. Según el acuerdo, también se acelerará la expansión de la energía eólica en alta mar, que deberá ascender a 30 gigavatios en 2030 (antes se programaban 20 GW).
La eliminación del carbón también se acelerará mediante el comercio europeo de derechos de contaminación por CO2. Por ello, la coalición quiere presionar a la UE para que fije un precio mínimo para los certificados que las centrales eléctricas necesitan. Si no se consigue, se decidirá a nivel nacional que el precio no caiga por debajo de los 60 euros por tonelada. En la actualidad cuesta algo menos de 70 euros.
En el futuro, la protección del clima se integrará en las decisiones del gobierno federal con más fuerza que en el pasado. Cada ministerio debe examinar sus proyectos de ley teniendo en cuenta su impacto climático y su compatibilidad con los objetivos nacionales de protección del clima, así como presentar la correspondiente justificación: el llamado chequeo climático. La Ley Federal de Protección del Clima se desarrollará de forma «consecuente» antes de finales de 2022 y se introducirá un programa de protección climática de emergencia.
El salario mínimo legal se incrementará de una vez de los €9,60 por hora actuales a €12. La comisión del salario mínimo decidirá entonces sobre nuevos aumentos. Por su parte, la magra ayuda social actual será sustituida por un ingreso ciudadano y, por lo tanto, desvinculada de la situación particular de emergencia.
La coalición del semáforo quiere introducir la distribución controlada de cannabis a los adultos «con fines de consumo» en las tiendas autorizadas. Así se controlaría la calidad, se evitaría la transmisión de sustancias contaminadas y se garantizaría la protección de los menores. Al mismo tiempo se van a endurecer las normas de comercialización y patrocinio del alcohol, la nicotina y el cannabis.
La emisión de visados se acelerará y se digitalizará cada vez más. Las personas que el 1 de enero de 2022 lleven cinco años viviendo en Alemania, no hayan cometido ningún delito y “estén comprometidas con el orden democrático” obtendrán un permiso condicional de residencia por un año. De este modo se espera acelerar la estabilización de los cientos de miles de refugiados y solicitantes de asilo acogidos desde 2015 y que todavía esperan a resoluciones de la autoridad de inmigración que les permita estabilizarse en el país.
La empresa estatal Deutsche Bahn AG es un instrumento fundamental para la transición ecológica de la economía alemana.
A partir de 2022, se incrementarán los fondos de regionalización en el transporte local. La empresa ferroviaria estatal Deutsche Bahn AG seguirá siendo de propiedad pública. Se reforzará el tráfico transfronterizo y se desarrollarán servicios ferroviarios nocturnos con la UE y los Estados miembros. Para 2030, el 75% de la red ferroviaria deberá estar electrificada. Al mismo tiempo Alemania se convertirá en el primer mercado de la movilidad eléctrica con al menos 15 millones de coches eléctricos en 2030. El SPD, los Verdes y el FDP también quieren una reforma del peaje para camiones y, a partir de 2023 aplicar una «diferenciación de CO2» del peaje para vehículos pesados.
El nuevo gobierno alemán quiere abandonar el rechazo fundamental del país al Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (de 2017) y participar en la Conferencia de las Partes en calidad de observador. Todas las potencias nucleares, así como todos los Estados de la OTAN, incluida Alemania, han rechazado hasta ahora este tratado por considerar que los tratados previamente acordados ofrecen una mejor base para el desarme nuclear.
Contradictoriamente, la futura coalición se propone respetar a partir de 2023 los límites para la toma de deuda pública previstos en la Ley Fundamental. No obstante, el año que viene todavía se pedirán nuevos préstamos para paliar los efectos de la pandemia.
Las medidas de transición hacia una economía ecológica con empleos de calidad suponen enormes inversiones. Si no se aumentan los impuestos ni el déficit público, el dinero debe provenir de las exportaciones. Hoy en día China es de lejos el mayor socio comercial de Alemania. La transformación de la movilidad sólo es realizable, si las empresas automotrices germanas cuentan con un mercado del tamaño del chino. Sin embargo, en el contrato de coalición la República Popular es mencionada de un modo especialmente negativo.
La coalición del “semáforo” pretende ampliar su comercio y asociación económica con Pekín y al mismo tiempo increpar públicamente a sus dirigentes para que acepten críticas y denuncias sobre el manejo de sus asuntos internos. Si insiste en este sinsentido, dañará las vitales relaciones económicas entre ambos países y, si no lo hace, será fácil pasto de la crítica interna y externa por incongruencia. En ambos casos perderá legitimidad y cercenará su propia capacidad de decisión.
El contrato de coalición que acaban de presentar los líderes de la socialdemocracia, los liberales y los ecologistas es contradictorio e inconducente. Su contenido refleja la contradicción entre intereses y presiones encontradas en el seno de la futura coalición, que a su vez se corresponden con las presiones que aherrojan al país desde el Este y el Oeste. La República Federal sólo puede desarrollarse con sentido social y ecológico, si se complementa con el bloque euroasiático, pero, para poder hacerlo, debe aventar entre sus aliados el temor al resurgimiento de una gran potencia independiente en el centro de Europa. Si Olaf Scholz no se muestra capaz de mantener unida su coalición, mientras estrecha los lazos con el Este y al mismo tiempo apacigua los temores de sus aliados sumándolos al proyecto de complementariedad, el país se estancará y quedará a merced de las presiones encontradas de amigos y adversarios