martes, 14 de mayo de 2013

Nubes de humo en la lucha anticorrupción en Brasil

La mais grande do mundo

Año 6. Edición número 260. Domingo 12 de mayo de 2013
Brasil. Antecedentes y secuelas de la corrupción brasileña: privatizaciones fraudulentas del gobierno de Fernando Cardoso, operaciones mediáticas contra Lula y Dilma, evasión impositiva empresarial y chicanas políticas.
En Brasil se suceden en cascada las operaciones contra la corrupción. A veces las realiza el Ministerio Público Federal (MPF) junto con la Policía Federal o solo. A veces, ésta última actúa por orden del Ministerio de Justicia, pero no pasa día sin que algún procedimiento contra funcionarios actuales o pasados ocupe los titulares de diarios y medios audiovisuales. Los casos del mensalão, la Operación Porto Seguro y tantas otras noticias de investigación y acciones judiciales contra integrantes o agentes del gobierno federal crean, en parte de la población, la impresión de que el gobierno del PT es uno de los más corruptos de la historia. Otra parte importante de la población tiene la sensación de que Lula, Dilma y sus funcionarios están siendo acusados indebidamente por los grandes medios concentrados en las manos de diez familias. En cuanto a las acusaciones de la Justicia, las motivaciones parecen estar más repartidas.
En el caso del mensalão, la Procuraduría General de la República (PGR) investigó sin dilaciones las acusaciones por hechos cometidos entre 2003 y 2005, mientras que las denuncias por las privatizaciones fraudulentas realizadas durante el gobierno de Fernando H. Cardoso (1995-2003) todavía esperan ser elevadas a juicio. La empresa Vale fue condenada en la semana por el STF a pagar al fisco 14.000 millones de dólares por impuestos federales adeudados del período 1996-2001, pero la causa penal por su privatización escandalosa en 1997 está aún lejos de llegar a la máxima instancia. El quid del problema parece residir en el poder de las fiscalías para elegir autónomamente las causas a investigar. Esta autonomía mal entendida da lugar a colusiones corporativas y a shows mediáticos de fiscales más interesados en las cámaras televisivas que en sus expedientes. A acabar con esta anarquía se dirige la Propuesta de Enmienda Constitucional 37 (PEC 37) actualmente en discusión en el Congreso federal.
Si bien la corrupción y el nepotismo no eran desconocidos en el país, fue a partir de 1992, con las denuncias que llevaron a la deposición del presidente Fernando Collor, que la prensa comenzó a publicar pruebas que documentaban la real extensión de las acciones criminales. El descrédito en las instituciones democráticas extendido a partir de entonces favoreció el uso indiscriminado de las denuncias mediáticas como instrumento de política partidista en el peor de los sentidos.
Uno de los principales problemas en el combate contra la corrupción es la cultura de la impunidad todavía vigente en Brasil. La Justicia es morosa y quien puede pagar buenos abogados difícilmente sea castigado. Además de esto, el hecho de que ex parlamentarios y ex funcionarios de alto rango tengan derecho al llamado “foro privilegiado” también contribuye a la impunidad. Un estudio divulgado por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) reveló que entre 1988 y 2007 (los primeros 19 años de la democracia restablecida) ningún político fue condenado por el STF, mientras que el Supremo Tribunal de Justicia sólo condenó a cinco.
Una primera consecuencia del inicio del combate contra la corrupción es que aumenta su percepción por la población. Los dos momentos más sobresalientes en esta lucha fueron la promulgación de la Constitución federal de 1988, que estableció la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y el gobierno de Lula (2003-11), que consolidó las bases materiales de la independencia operativa de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal (MPF) y propuso para el STF a ministros no ligados al gobierno que aumentaron la independencia de la alta Corte hasta ponerla sobre el propio gobierno.
Sin embargo, al contrario del Ejecutivo y del Legislativo, altamente concentrados en Brasilia, la Justicia, el Ministerio Público y la Policía Judicial están descentralizados y, en consecuencia, son propensos a entendimientos con los poderes legales y/o reales locales. En consecuencia, las reformas de Lula para el combate a la corrupción se frenaron a la puerta de los Estados federados, donde las fiscalías, ayudadas por policías mal pagadas e ineficientes, son celosas indagadoras de la gestión de los alcaldes opositores, pero encajonan las causas contra los mandatarios estaduales de turno. Los medios concentrados silencian especialmente estas omisiones cuando se dan en San Pablo, Minas Gerais, Paraná o Santa Catarina, gobernados por la oposición al PT, pero las magnifican en las unidades que éste administra.
Sin embargo, en un momento en que las corporaciones informativas festejan los resultados del proceso por el mensalão, es importante recordar que éste fue posible porque la Policía Federal (PF) investigó con independencia del gobierno siguiendo el protocolo establecido por el gobierno de Lula, el procurador general de la República (PGR) fue libremente electo por sus pares, y la mayoría de los ministros del STF fueron escogidos por Lula y Dilma según criterios de capacidad y probidad. Aunque la sentencia haya sido injusta, nadie puede acusar a los jueces de haber estado influenciados por el Ejecutivo.
Para garantizar la independencia de las investigaciones penales, un grupo interpartidario de parlamentarios federales está impulsando ahora una enmienda constitucional (PEC) que reafirme que sólo las policías tienen facultades para iniciar la investigación de delitos. Esta facultad ya está establecida en el artículo 144 de la Carta de 1988, pero distintas interpretaciones hicieron posible a través de los años que las fiscalías utilizaran la Policía Judicial para investigar de acuerdo a sus propias prioridades, que casi nadie controla, ya que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), establecido por Lula en 2004, es moroso y tiene pocas facultades para sancionar a magistrados y fiscales. Como resultado proliferan causas importantes y otras que lo son menos, generando nubes de humo que ocultan los procesos realmente importantes.
Aunque algunos fiscales y procuradores la califican de ley mordaza, el PEC obtuvo el apoyo de la OAB, de la Abogacía General de la Unión (AGU) y de la defensoría pública. Para el presidente de la Asociación de Comisarios de la Policía Federal, Marcos Ribeiro, el Ministerio Público debe priorizar sus funciones exclusivas de investigación en casos civiles, ámbito en el que casi el 60% de los procesos permanecen abiertos, mientras que 3,4 millones de investigaciones policiales siguen esperando que la Fiscalía las trate. Durante una audiencia pública en la Cámara de Diputados, el representante de la OAB, Edson Smaniatto, dijo que en el sistema actual, además de permitir investigaciones secretas, el Ministerio Público “puede crear la verdad material que más le interesa”.
El proyecto de enmienda ya fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia y por una comisión especial de la Cámara. Ahora está listo para su tratamiento en el plenario. Por su parte, el ex presidente del STF, Carlos Ayres Britto, afirmó que su aprobación sería una “hecatombe jurídica”. No obstante, reconoció que el Ministerio Público debe estar sometido a reglas más claras, para evitar arbitrariedades.
Especialmente en un país como Brasil, en el que –siguiendo la tradición portuguesa– la profusión de leyes contradictorias sirve para que la administración de Justicia sea incomprensible para el ser humano común, la corporación de magistrados y procuradores goza de un privilegio especial. La independencia del Ministerio Público lo autonomiza del control de los partidos políticos mayoritarios, pero no de la presión de los medios y las corporaciones. Desde el punto de vista técnico es irrelevante quién investiga delitos. Desde el político, en cambio, en tanto la Justicia brasileña, en general, y la Procuraduría, en particular, carecen de controles democráticos, mientras que la Policía Federal –como dependencia del Ministerio de Justicia– está sometida a escrutinio parlamentario, la diferencia es trascendente. La aprobación de la enmienda 37 puede significar un gran paso adelante en la consolidación del estado de derecho y en la verdadera lucha contra la corrupción.

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Eduardo J. Vior