Todo Paraguay, una base militar conjunta
Año 6. Edición número 275. Domingo 25 de Agosto de 2013
El caso de la guerrilla del Ejército del Pueblo
Paraguayo y las enmiendas que se aprobaron para que la Ley de Defensa
les
dé a las fuerzas armadas las facultades extraordinarias que quiere
Horacio Cartes.
El Congreso paraguayo aprobó esta semana enmiendas a la Ley de
Defensa que permitirán al presidente Horacio Cartes emplear al ejército
para combatir contra el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)
sin necesidad de imponer un estado de excepción. El EPP atacó por
última vez en el norte del país el 17 de agosto, dos días después de la
asunción de Cartes, y éste resolvió de inmediato el envío de militares a
la zona, para apoyar a la policía, y gestionó a toda velocidad la
aprobación de las enmiendas. Una de ellas modifica el concepto de
defensa nacional, al introducir el término “interna”. Otra de las
modificaciones faculta al presidente a imponer el estado de excepción de
forma “temporal y localizada”.
El ataque mortal se registró el sábado 17 en una estancia de Tacuatí, Departamento de San Pedro. El informe policial da cuenta de que un capataz de estancia y cinco guardias privados realizaban un rastrillaje por casos de abigeato, cuando fueron atacados por el grupo armado. Los guardias fueron muertos y el capataz, liberado. Éste pidió de forma inmediata el auxilio policial, pero cuándo los policías llegaron, fueron emboscados y un efectivo resultó herido. Los medios paraguayos explicaron el ataque del EPP como respuesta al discurso de Cartes al asumir el jueves 15, cuando llamó a luchar contra “las bandas de criminales y delincuentes”.
Por su parte, el ministro a cargo de la Secretaría Nacional de Lucha contra la Droga (Senad), Luis Rojas, declaró a una radio que supone el gobierno que el grupo armado se vincula con el narcotráfico mediante el “cobro” de un “impuesto patriótico por superficies de cultivo”. Así obtendría financiación. El funcionario remarcó que existen cultivos de marihuana en las zonas de influencia, aunque “no se ve presencia del grupo en la cadena de producción o transporte”, según el portal paraguayo Última Hora. El ministro advirtió que “el tráfico aéreo de cocaína y pasta base está muy vinculado con el tráfico de armamentos militares, municiones y explosivos robados de excedentes, sobre todo del Ejército de Bolivia, que están destinados a las favelas de Brasil y grupos armados”. “Todos estos escenarios soportan la figura del narcoterrorismo.”
Sin embargo, en declaraciones al mismo periódico, el ex diputado colorado Magdaleno Silva señaló el pasado martes 20 que el policía Feliciano Coronel Aguilar, ejecutado por el EPP con los guardias, encabezaba un grupo de matones bajo la tapadera de una supuesta empresa de seguridad privada. De este modo Silva respondió a acusaciones que lo vinculan con el asesinato en la misma región del líder campesino Lorenzo Areco el 14 de agosto. Por su parte, el intendente de Yby Yaú, en el Departamento de Concepción, Pascual Vega (del Frente Guazú), manifestó que Areco se desempeñaba correctamente como intermediario entre los ganaderos y terratenientes de la zona, por lo que le había puesto al frente del catastro en el municipio. Para Magdaleno Silva, la muerte de Areco podría estar vinculada con el ataque del EPP en Tacuatí. Por el contrario, Guillermo Ortega, el fiscal que investiga el asesinato del dirigente campesino, aseguró que los rumores de que el líder estaría vinculado al Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) “carecen de fundamento”. Recordó que Areco estaba trabajando en la municipalidad de Yby Yaú y que vivía en el asentamiento Reconquista, cerca de allí, en una casa junto con su hermano. Integraba la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC).
Para el intendente Vega (hermano del dirigente campesino Vidal Vega, asesinado en noviembre pasado), el asesinato forma parte de “una persecución de dirigentes sociales, una matanza selectiva”. Según el intendente, son “los grandes terratenientes quienes están detrás de esto”. “Se mata un ganadero, las fuerzas militares salen con todo. Cuando a un dirigente se asesina, no pasa nada”, acotó.
Lorenzo Areco formaba parte del comité ejecutivo de la OCRC, organización de familias campesinas de todo el departamento de Concepción, con sede en Yby Yaú (424 kilómetros al norte de Asunción). Era uno de los dirigentes principales de la comunidad campesina de Reconquista, surgida de una ocupación en 2004. Sin embargo, las familias tienen conflictos con políticos locales por su método asociativo de trabajar la tierra. Areco también coordinaba con muchas otras bases y familias sin tierras de la región medidas para acceder al derecho a la tierra. “Esto forma parte de la política de asesinato selectivo de dirigentes campesinos de la región”, señaló un referente de la organización.
Como reacción a la militarización creciente la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) rechazó el miércoles pasado la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Para esta organización, la reforma dará un “peligroso poder” al Ejecutivo que compara con la dictadura de A. Stroessner (1954-1989).
El ataque mortal se registró el sábado 17 en una estancia de Tacuatí, Departamento de San Pedro. El informe policial da cuenta de que un capataz de estancia y cinco guardias privados realizaban un rastrillaje por casos de abigeato, cuando fueron atacados por el grupo armado. Los guardias fueron muertos y el capataz, liberado. Éste pidió de forma inmediata el auxilio policial, pero cuándo los policías llegaron, fueron emboscados y un efectivo resultó herido. Los medios paraguayos explicaron el ataque del EPP como respuesta al discurso de Cartes al asumir el jueves 15, cuando llamó a luchar contra “las bandas de criminales y delincuentes”.
Por su parte, el ministro a cargo de la Secretaría Nacional de Lucha contra la Droga (Senad), Luis Rojas, declaró a una radio que supone el gobierno que el grupo armado se vincula con el narcotráfico mediante el “cobro” de un “impuesto patriótico por superficies de cultivo”. Así obtendría financiación. El funcionario remarcó que existen cultivos de marihuana en las zonas de influencia, aunque “no se ve presencia del grupo en la cadena de producción o transporte”, según el portal paraguayo Última Hora. El ministro advirtió que “el tráfico aéreo de cocaína y pasta base está muy vinculado con el tráfico de armamentos militares, municiones y explosivos robados de excedentes, sobre todo del Ejército de Bolivia, que están destinados a las favelas de Brasil y grupos armados”. “Todos estos escenarios soportan la figura del narcoterrorismo.”
Sin embargo, en declaraciones al mismo periódico, el ex diputado colorado Magdaleno Silva señaló el pasado martes 20 que el policía Feliciano Coronel Aguilar, ejecutado por el EPP con los guardias, encabezaba un grupo de matones bajo la tapadera de una supuesta empresa de seguridad privada. De este modo Silva respondió a acusaciones que lo vinculan con el asesinato en la misma región del líder campesino Lorenzo Areco el 14 de agosto. Por su parte, el intendente de Yby Yaú, en el Departamento de Concepción, Pascual Vega (del Frente Guazú), manifestó que Areco se desempeñaba correctamente como intermediario entre los ganaderos y terratenientes de la zona, por lo que le había puesto al frente del catastro en el municipio. Para Magdaleno Silva, la muerte de Areco podría estar vinculada con el ataque del EPP en Tacuatí. Por el contrario, Guillermo Ortega, el fiscal que investiga el asesinato del dirigente campesino, aseguró que los rumores de que el líder estaría vinculado al Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) “carecen de fundamento”. Recordó que Areco estaba trabajando en la municipalidad de Yby Yaú y que vivía en el asentamiento Reconquista, cerca de allí, en una casa junto con su hermano. Integraba la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC).
Para el intendente Vega (hermano del dirigente campesino Vidal Vega, asesinado en noviembre pasado), el asesinato forma parte de “una persecución de dirigentes sociales, una matanza selectiva”. Según el intendente, son “los grandes terratenientes quienes están detrás de esto”. “Se mata un ganadero, las fuerzas militares salen con todo. Cuando a un dirigente se asesina, no pasa nada”, acotó.
Lorenzo Areco formaba parte del comité ejecutivo de la OCRC, organización de familias campesinas de todo el departamento de Concepción, con sede en Yby Yaú (424 kilómetros al norte de Asunción). Era uno de los dirigentes principales de la comunidad campesina de Reconquista, surgida de una ocupación en 2004. Sin embargo, las familias tienen conflictos con políticos locales por su método asociativo de trabajar la tierra. Areco también coordinaba con muchas otras bases y familias sin tierras de la región medidas para acceder al derecho a la tierra. “Esto forma parte de la política de asesinato selectivo de dirigentes campesinos de la región”, señaló un referente de la organización.
Como reacción a la militarización creciente la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) rechazó el miércoles pasado la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Para esta organización, la reforma dará un “peligroso poder” al Ejecutivo que compara con la dictadura de A. Stroessner (1954-1989).
Nuevamente “la Triple Frontera”.
Por su parte, el diputado por
el Encuentro Nacional, Hugo Rubín, presentó el jueves 22 el
anteproyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Inteligencia,
para combatir al EPP y el “terrorismo en la Triple Frontera” (entre
Argentina, Brasil y Paraguay).
Esta línea argumentativa se pliega completamente a la de la CIA en su Facts Book (actualizado al 13 de agosto pasado): “Se trata de una región inquieta en la convergencia de las fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay. Es una zona de lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas y drogas, así como colecta de dinero para organizaciones extremistas.” Y continúa: “En esa región se produce una gran cantidad de cannabis, la mayor parte del cual se consume en Brasil, Argentina y Chile. También es una zona de paso para la cocaína andina. Se caracteriza por los escasos controles fronterizos, la extendida corrupción y el lavado de dinero.”
En tanto, Última Hora del pasado martes 20 informó que “expertos israelíes en seguridad que trabajan para el presidente Horacio Cartes recorrieron departamentos del norte del país y zonas fronterizas”. Se trataría de agentes del Mossad que estuvieron en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, para “reconocer y analizar” las zonas más conflictivas del país donde opera el EPP. El matutino aseguró que Cartes tiene cinco guardaespaldas israelíes, al igual que sus familiares más cercanos. Los israelíes habrían hecho para Cartes un mapeo de la situación en el Norte del país.
Por su parte, Vladimir Jara, redactor jefe de Radio 1 de Marzo en Asunción, especialista en mafias y él mismo fichado por la “guerrilla”, estima que “el EPP perdió como organización revolucionaria, pero ganó como nuevo cartel”. “La deriva del EPP, añadió, parece clavada a la de grupos como el Comando Vermelho o el Primeiro Comando da Capital que nacieron en Brasil contra la dictadura militar y rápidamente se convirtieron en los capataces del narcotráfico en las favelas.”
A su vez, el activista del Servicio Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj), Abel Irala, manifestó el pasado lunes 19 que “los primeros cien días de Cartes se centrarán sobre el EPP. Esto le permitirá avanzar con medidas neoliberales”. Consultado sobre qué representa el EPP manifestó: “Sabemos que hay un trabajo de inteligencia que vienen desarrollando en la zona grupos internacionales enmarcados en la lucha contra la insurgencia. Y entre los antecedentes más cercanos está el trabajo que probablemente todavía esté realizando el Mossad.” Al respecto de la lucha contra el EPP respondió: “Por un lado Paraguay se ha venido preparando para una lucha antiterrorista con injerencia de los EE.UU. Por primera vez, un ministro del Interior califica al EPP como un grupo terrorista, es decir da una luz verde para fortalecer los vínculos con los países que luchan contra el terrorismo, habilitar el uso de la ley antiterrorista, poner en marcha la maquinaria montada desde el edificio del grupo táctico por la embajada de los EE.UU. y la entrada en acción del COR (Comando de Operaciones Rurales) entrenado por EE.UU.”
Consultado sobre qué grupos se esconderían tras el EPP, expresó: “Creemos que más allá del EPP existen grupos irregulares en el Paraguay con mucho poder económico y capaces de decidir sobre la vida de los campesinos que están cometiendo los asesinatos sicarios. Estos grupos podrían estar ligados a la narcopolítica, a la narcoganadería o a la mafia nacional e internacional. Se sabe también que hay guardias armados en las propiedades de las grandes estancias haciendo justicia por manos propias. Creemos que avanzamos nuevamente hacia la militarización y la persecución de los movimientos sociales, para que el gobierno pueda profundizar ciertas medidas neoliberales.”
Nadie duda de que en el norte de Paraguay se mueven varias bandas armadas ligadas al narcotráfico y al contrabando. También parece evidente que un grupo allí activo se presenta como organización revolucionaria. Sin embargo, llama mucho la atención que en cinco años de existencia oficial no haya sido detectado en el monte, a pesar del apoyo norteamericano. También resulta extraño que Paraguay no pida la cooperación brasileña, considerando la porosidad de la frontera seca común. La supuesta organización nunca se ha manifestado políticamente en las ciudades ni parece participar en movimientos sociales fuera de esa región. Todo da la impresión de un sello prêt-à-porter, utilizable por quien necesite justificar una acción violenta en cualquier sentido.
Poco a poco van apareciendo claros los contornos del rompecabezas “cartesiano”: el empresario Horacio Cartes, devenido presidente del Paraguay después de haber “comprado” el Partido Colorado y de que los liberales le hayan hecho el favor de derrocar a F. Lugo, pudo llegar al máximo cargo, porque los Estados Unidos canjearon con él su libertad a cambio de la transformación de todo el país en una sola base militar conjunta para controlar los caminos de la droga, amenazar a Argentina y Brasil desde la base chaqueña de Mariscal Estigarribia y asegurarse el control del acuífero Guaraní en su centro: las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Esta línea argumentativa se pliega completamente a la de la CIA en su Facts Book (actualizado al 13 de agosto pasado): “Se trata de una región inquieta en la convergencia de las fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay. Es una zona de lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas y drogas, así como colecta de dinero para organizaciones extremistas.” Y continúa: “En esa región se produce una gran cantidad de cannabis, la mayor parte del cual se consume en Brasil, Argentina y Chile. También es una zona de paso para la cocaína andina. Se caracteriza por los escasos controles fronterizos, la extendida corrupción y el lavado de dinero.”
En tanto, Última Hora del pasado martes 20 informó que “expertos israelíes en seguridad que trabajan para el presidente Horacio Cartes recorrieron departamentos del norte del país y zonas fronterizas”. Se trataría de agentes del Mossad que estuvieron en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, para “reconocer y analizar” las zonas más conflictivas del país donde opera el EPP. El matutino aseguró que Cartes tiene cinco guardaespaldas israelíes, al igual que sus familiares más cercanos. Los israelíes habrían hecho para Cartes un mapeo de la situación en el Norte del país.
Por su parte, Vladimir Jara, redactor jefe de Radio 1 de Marzo en Asunción, especialista en mafias y él mismo fichado por la “guerrilla”, estima que “el EPP perdió como organización revolucionaria, pero ganó como nuevo cartel”. “La deriva del EPP, añadió, parece clavada a la de grupos como el Comando Vermelho o el Primeiro Comando da Capital que nacieron en Brasil contra la dictadura militar y rápidamente se convirtieron en los capataces del narcotráfico en las favelas.”
A su vez, el activista del Servicio Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj), Abel Irala, manifestó el pasado lunes 19 que “los primeros cien días de Cartes se centrarán sobre el EPP. Esto le permitirá avanzar con medidas neoliberales”. Consultado sobre qué representa el EPP manifestó: “Sabemos que hay un trabajo de inteligencia que vienen desarrollando en la zona grupos internacionales enmarcados en la lucha contra la insurgencia. Y entre los antecedentes más cercanos está el trabajo que probablemente todavía esté realizando el Mossad.” Al respecto de la lucha contra el EPP respondió: “Por un lado Paraguay se ha venido preparando para una lucha antiterrorista con injerencia de los EE.UU. Por primera vez, un ministro del Interior califica al EPP como un grupo terrorista, es decir da una luz verde para fortalecer los vínculos con los países que luchan contra el terrorismo, habilitar el uso de la ley antiterrorista, poner en marcha la maquinaria montada desde el edificio del grupo táctico por la embajada de los EE.UU. y la entrada en acción del COR (Comando de Operaciones Rurales) entrenado por EE.UU.”
Consultado sobre qué grupos se esconderían tras el EPP, expresó: “Creemos que más allá del EPP existen grupos irregulares en el Paraguay con mucho poder económico y capaces de decidir sobre la vida de los campesinos que están cometiendo los asesinatos sicarios. Estos grupos podrían estar ligados a la narcopolítica, a la narcoganadería o a la mafia nacional e internacional. Se sabe también que hay guardias armados en las propiedades de las grandes estancias haciendo justicia por manos propias. Creemos que avanzamos nuevamente hacia la militarización y la persecución de los movimientos sociales, para que el gobierno pueda profundizar ciertas medidas neoliberales.”
Nadie duda de que en el norte de Paraguay se mueven varias bandas armadas ligadas al narcotráfico y al contrabando. También parece evidente que un grupo allí activo se presenta como organización revolucionaria. Sin embargo, llama mucho la atención que en cinco años de existencia oficial no haya sido detectado en el monte, a pesar del apoyo norteamericano. También resulta extraño que Paraguay no pida la cooperación brasileña, considerando la porosidad de la frontera seca común. La supuesta organización nunca se ha manifestado políticamente en las ciudades ni parece participar en movimientos sociales fuera de esa región. Todo da la impresión de un sello prêt-à-porter, utilizable por quien necesite justificar una acción violenta en cualquier sentido.
Poco a poco van apareciendo claros los contornos del rompecabezas “cartesiano”: el empresario Horacio Cartes, devenido presidente del Paraguay después de haber “comprado” el Partido Colorado y de que los liberales le hayan hecho el favor de derrocar a F. Lugo, pudo llegar al máximo cargo, porque los Estados Unidos canjearon con él su libertad a cambio de la transformación de todo el país en una sola base militar conjunta para controlar los caminos de la droga, amenazar a Argentina y Brasil desde la base chaqueña de Mariscal Estigarribia y asegurarse el control del acuífero Guaraní en su centro: las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay.
La cooperación con el Comando Sur
E. J. V.
Sur en América latina
Sur en América latina
Las relaciones paraguayo-norteamericanas en materia de seguridad
tienen una larga historia y abarcan numerosos aspectos. Paraguay
participa en la lucha contra el tráfico de drogas, el lavado de dinero,
la trata de personas y, como lo definen documentos oficiales
norteamericanos, “para proteger adecuadamente los derechos de propiedad
intelectual”. Es parte también del comité “3 + 1” que reúne mensualmente
a expertos antiterroristas de Argentina, Brasil y Paraguay con
representantes norteamericanos para intercambiar datos sobre la
situación en las Tres Fronteras en la región de Iguazú.
Paraguay recibe “ayuda para el desarrollo” de EE.UU. desde 1942. En 2006 ambos países firmaron un acuerdo por el cual se canceló la deuda paraguaya con Washington y se transfirieron 7.400 millones de dólares a cambio de que el gobierno paraguayo se comprometiera a conservar y restaurar la selva tropical en el Sureste del país, en la frontera con Argentina. Con este apoyo EE.UU. pretendía proteger el acuífero Guaraní, que tiene su garganta subterránea en la zona, pero no tuvo mucho éxito, si se considera la enorme expansión de la frontera sojera en los últimos años. La Agencia de Desarrollo Internacional (Usaid) norteamericana financia también varios proyectos para “el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil, el autogobierno local, la reforma del Estado, el imperio del Derecho y la lucha contra la corrupción”. Asimismo interviene en el fomento del crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la salud pública. Estos programas disminuyeron su volumen durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-12), pero nunca se cancelaron totalmente.
El Departamento de Estado, la DEA, el de Justicia (del que depende el FBI), y el del Tesoro (a cargo de la lucha contra el lavado de dinero) asisten técnicamente y entrenan personal paraguayo para el combate contra el narcotráfico y el “terrorismo”.
En las informaciones oficiales norteamericanas sobre la cooperación con Paraguay se subraya repetidamente la importancia de la “adecuada protección de la propiedad intelectual”. Considerando el bajo nivel de la investigación científica en Paraguay, este eufemismo refiere claramente al patentamiento de seres vivos por corporaciones multinacionales.
Desde 2003, los EE.UU. tienen en Paraguay asesorías jurídicas, presupuestarias e impositivas permanentes para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Peace Corps está en el país desde hace 45 años y tiene cerca de 160 voluntarios trabajando en todo Paraguay.
Desde hace años el Departamento de Defensa (el Pentágono) asiste técnicamente y entrena a las fuerzas armadas paraguayas. Militares norteamericanos también intervienen en proyectos humanitarios.
En julio de 2005 fuerzas especiales estadounidenses comenzaron a reacondicionar el aeropuerto de Mariscal Estigarribia, en el Chaco, construido en 1982. El Acuerdo Militar de Entrenamiento de tropas entre Paraguay y los Estados Unidos prevé la construcción de una base militar capaz de alojar a 16.000 soldados, a 200 km de Argentina y de Bolivia y a 300 de Brasil, con un aeropuerto capaz de recibir B-52, C-130 Hércules, etc. Sin embargo, los gobiernos de Paraguay y de los Estados Unidos siempre negaron la existencia de tal base. No obstante, en septiembre de 2009 el presidente Fernando Lugo canceló los planeados ejercicios militares conjuntos con EE.UU. lo que fundamentó con la oposición de varios países de la región contra las bases norteamericanas.
Los militares del Comando Sur también han marcado el territorio que está sobre el extenso acuífero Guaraní. De acuerdo a los informes militares todos los cuarteles paraguayos cercanos a las fronteras están preparados para recibir las tropas de Estados Unidos que incluso han cavado pozos artesanos para agua potable, supuestamente para campesinos, que en realidad éstos no utilizan.
La cooperación paraguayo-norteamericana abarca relaciones militares y de seguridad, económicas, políticas y culturales que hacen de todo el país vecino una enorme base estadounidense.
Paraguay recibe “ayuda para el desarrollo” de EE.UU. desde 1942. En 2006 ambos países firmaron un acuerdo por el cual se canceló la deuda paraguaya con Washington y se transfirieron 7.400 millones de dólares a cambio de que el gobierno paraguayo se comprometiera a conservar y restaurar la selva tropical en el Sureste del país, en la frontera con Argentina. Con este apoyo EE.UU. pretendía proteger el acuífero Guaraní, que tiene su garganta subterránea en la zona, pero no tuvo mucho éxito, si se considera la enorme expansión de la frontera sojera en los últimos años. La Agencia de Desarrollo Internacional (Usaid) norteamericana financia también varios proyectos para “el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil, el autogobierno local, la reforma del Estado, el imperio del Derecho y la lucha contra la corrupción”. Asimismo interviene en el fomento del crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la salud pública. Estos programas disminuyeron su volumen durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-12), pero nunca se cancelaron totalmente.
El Departamento de Estado, la DEA, el de Justicia (del que depende el FBI), y el del Tesoro (a cargo de la lucha contra el lavado de dinero) asisten técnicamente y entrenan personal paraguayo para el combate contra el narcotráfico y el “terrorismo”.
En las informaciones oficiales norteamericanas sobre la cooperación con Paraguay se subraya repetidamente la importancia de la “adecuada protección de la propiedad intelectual”. Considerando el bajo nivel de la investigación científica en Paraguay, este eufemismo refiere claramente al patentamiento de seres vivos por corporaciones multinacionales.
Desde 2003, los EE.UU. tienen en Paraguay asesorías jurídicas, presupuestarias e impositivas permanentes para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Peace Corps está en el país desde hace 45 años y tiene cerca de 160 voluntarios trabajando en todo Paraguay.
Desde hace años el Departamento de Defensa (el Pentágono) asiste técnicamente y entrena a las fuerzas armadas paraguayas. Militares norteamericanos también intervienen en proyectos humanitarios.
En julio de 2005 fuerzas especiales estadounidenses comenzaron a reacondicionar el aeropuerto de Mariscal Estigarribia, en el Chaco, construido en 1982. El Acuerdo Militar de Entrenamiento de tropas entre Paraguay y los Estados Unidos prevé la construcción de una base militar capaz de alojar a 16.000 soldados, a 200 km de Argentina y de Bolivia y a 300 de Brasil, con un aeropuerto capaz de recibir B-52, C-130 Hércules, etc. Sin embargo, los gobiernos de Paraguay y de los Estados Unidos siempre negaron la existencia de tal base. No obstante, en septiembre de 2009 el presidente Fernando Lugo canceló los planeados ejercicios militares conjuntos con EE.UU. lo que fundamentó con la oposición de varios países de la región contra las bases norteamericanas.
Los militares del Comando Sur también han marcado el territorio que está sobre el extenso acuífero Guaraní. De acuerdo a los informes militares todos los cuarteles paraguayos cercanos a las fronteras están preparados para recibir las tropas de Estados Unidos que incluso han cavado pozos artesanos para agua potable, supuestamente para campesinos, que en realidad éstos no utilizan.
La cooperación paraguayo-norteamericana abarca relaciones militares y de seguridad, económicas, políticas y culturales que hacen de todo el país vecino una enorme base estadounidense.
¿Qué es el EPP?
E. J. V.Sur en América latina
Según una de las fundadoras y principal dirigente del grupo armado,
Carmen Villalba, el proto-EPP fue creado en 1992 por jóvenes católicos
radicalizados en la lucha contra la dictadura de Stroessner (1954-89)
que seguían a Juan Arrom, líder de la Corriente Patria Libre, precursora
del partido homónimo. Para recaudar fondos intentaron robar un Banco en
1997, pero fueron descubiertos y seis miembros del grupo fueron presos
por dos años, entre ellos sus líderes Alcides Oviedo y Carmen Villalba.
Tras salir de la cárcel el grupo secuestró a María Edith Bordón por la que cobraron un millón de dólares. Este secuestro derivó en escándalo político cuando la Policía y la Fiscalía secuestraron y torturaron a los dirigentes de Patria Libre Juan Arrom y Anuncio Martí. Después de liberados, ambos se refugiaron en Brasil donde aún viven.
En un enfrentamiento casual en el Departamento de San Pedro, en julio de 2003, la Policía abatió a Germán Aguayo y detuvo a Carmen Villalba, hallando un arsenal de guerra y una lista de personas para secuestrar. Carmen se fugó de la cárcel en junio de 2004, pero fue recapturada un mes después junto con Alcides Oviedo. Ambos fueron condenados por el secuestro de María Edith Bordón y todavía están presos. En septiembre de 2004 fue secuestrada Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, pero, a pesar del rescate no fue liberada y apareció enterrada en una casa en febrero de 2005. Por este caso se condenó a algunos dirigentes de Patria Libre, pero otros siguen prófugos.
En 2006 un campesino denunció haber sido entrenado en 2004 como guerrillero por dos miembros de las FARC en los montes de Canindeyú, en el noreste del país, junto con otras 20 personas. El testigo acusó a Osvaldo Villalba y Manuel Mieres de liderar el grupo. La columna guerrillera se habría trasladado hasta el Departamento de Concepción donde se ocultó en el monte. En abril de 2006 atacó e incendió una comisaría. En marzo de 2008 atacó allí una estancia, dejando un primer panfleto con su nuevo nombre oficial y una proclama revolucionaria contra el uso de agrotóxicos.
Se acusa al EPP del asesinato de 17 civiles y 11 policías y de más de una veintena de ataques y quemas en un triángulo de 300 kilómetros de extensión entre los departamentos de San Pedro y Concepción, pero nunca fueron encontrados. En su zona de influencia el grupo habría dictado algunas “leyes revolucionarias”, prohibiendo los desmontes y los agrotóxicos bajo amenaza de muerte que se aplicó a Luis Alberto Lindstron el 31de mayo pasado. Desde su secuestro en 2008 éste pagaba un “impuesto revolucionario”, pero realizó desmontes y fue castigado. Finalmente, la mayor masacre imputada al EPP ocurrió el 17 de agosto pasado en una estancia del Departamento de San Pedro, donde mataron a cuatro guardias de los terratenientes locales y a un agente de policía.
Sus líderes se presentan como “guerrilleros”: “el EPP es una organización marxista-leninista, un ejército popular y revolucionario de los pobres, para defenderse de los atropellos y asesinatos cometidos por los matones de ganaderos, sojeros y las fuerzas represivas del Estado”, dice su líder Osvaldo Villalba en un video grabado en el monte que circula en internet.
Sobre el EPP hay visiones contrapuestas y ninguna clara. La derecha lo identifica con toda la izquierda y acusa a Fernando Lugo de ser su ideólogo. La izquierda, a su vez, afirma que se trata de un invento del gobierno y los medios, un grupo policial o de narcotraficantes. Luego del primer golpe del EPP a dos días de haber asumido la presidencia, Horacio Cartes y su gobierno, por su parte, los denominan como “criminales terroristas”, figura que se usa en la reciente modificación de la Ley de Defensa y Seguridad y les permite acogerse a la política norteamericana para el continente de “lucha contra el narcoterrorismo”.
Con más precisión, en cambio, Vladimir Jara, redactor jefe de Radio 1 de Marzo en Asunción, asimila al EPP con los ejércitos criminales brasileños, que surgieron en la lucha contra la dictadura y se convirtieron en bandas de narcotraficantes. Por fin una explicación lógica.
Tras salir de la cárcel el grupo secuestró a María Edith Bordón por la que cobraron un millón de dólares. Este secuestro derivó en escándalo político cuando la Policía y la Fiscalía secuestraron y torturaron a los dirigentes de Patria Libre Juan Arrom y Anuncio Martí. Después de liberados, ambos se refugiaron en Brasil donde aún viven.
En un enfrentamiento casual en el Departamento de San Pedro, en julio de 2003, la Policía abatió a Germán Aguayo y detuvo a Carmen Villalba, hallando un arsenal de guerra y una lista de personas para secuestrar. Carmen se fugó de la cárcel en junio de 2004, pero fue recapturada un mes después junto con Alcides Oviedo. Ambos fueron condenados por el secuestro de María Edith Bordón y todavía están presos. En septiembre de 2004 fue secuestrada Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, pero, a pesar del rescate no fue liberada y apareció enterrada en una casa en febrero de 2005. Por este caso se condenó a algunos dirigentes de Patria Libre, pero otros siguen prófugos.
En 2006 un campesino denunció haber sido entrenado en 2004 como guerrillero por dos miembros de las FARC en los montes de Canindeyú, en el noreste del país, junto con otras 20 personas. El testigo acusó a Osvaldo Villalba y Manuel Mieres de liderar el grupo. La columna guerrillera se habría trasladado hasta el Departamento de Concepción donde se ocultó en el monte. En abril de 2006 atacó e incendió una comisaría. En marzo de 2008 atacó allí una estancia, dejando un primer panfleto con su nuevo nombre oficial y una proclama revolucionaria contra el uso de agrotóxicos.
Se acusa al EPP del asesinato de 17 civiles y 11 policías y de más de una veintena de ataques y quemas en un triángulo de 300 kilómetros de extensión entre los departamentos de San Pedro y Concepción, pero nunca fueron encontrados. En su zona de influencia el grupo habría dictado algunas “leyes revolucionarias”, prohibiendo los desmontes y los agrotóxicos bajo amenaza de muerte que se aplicó a Luis Alberto Lindstron el 31de mayo pasado. Desde su secuestro en 2008 éste pagaba un “impuesto revolucionario”, pero realizó desmontes y fue castigado. Finalmente, la mayor masacre imputada al EPP ocurrió el 17 de agosto pasado en una estancia del Departamento de San Pedro, donde mataron a cuatro guardias de los terratenientes locales y a un agente de policía.
Sus líderes se presentan como “guerrilleros”: “el EPP es una organización marxista-leninista, un ejército popular y revolucionario de los pobres, para defenderse de los atropellos y asesinatos cometidos por los matones de ganaderos, sojeros y las fuerzas represivas del Estado”, dice su líder Osvaldo Villalba en un video grabado en el monte que circula en internet.
Sobre el EPP hay visiones contrapuestas y ninguna clara. La derecha lo identifica con toda la izquierda y acusa a Fernando Lugo de ser su ideólogo. La izquierda, a su vez, afirma que se trata de un invento del gobierno y los medios, un grupo policial o de narcotraficantes. Luego del primer golpe del EPP a dos días de haber asumido la presidencia, Horacio Cartes y su gobierno, por su parte, los denominan como “criminales terroristas”, figura que se usa en la reciente modificación de la Ley de Defensa y Seguridad y les permite acogerse a la política norteamericana para el continente de “lucha contra el narcoterrorismo”.
Con más precisión, en cambio, Vladimir Jara, redactor jefe de Radio 1 de Marzo en Asunción, asimila al EPP con los ejércitos criminales brasileños, que surgieron en la lucha contra la dictadura y se convirtieron en bandas de narcotraficantes. Por fin una explicación lógica.
