Pemex ya no es sagrada
México. El Congreso convocó a sesiones
extraordinarias para tratar la reforma del estatuto de la empresa
estatal Petróleos Mexicanos.
La apuesta del presidente es alta: Pemex es un ícono de la
nacionalidad mexicana y su reforma pone en crisis el Pacto por México
firmado por los principales partidos políticos al inicio de su gobierno
en diciembre pasado, pero el mandatario priísta espera poder imponer su
agenda y, a la vez, mantener este instrumento vital para la
gobernabilidad del país. En declaraciones formuladas el pasado martes 30
de julio, el secretario de Energía Pedro J. Coldwell declaró que la
propuesta de reforma energética que el gobierno federal presentará en
dos semanas en el Parlamento no contendrá la privatización de Petróleos
Mexicanos.
Estas manifestaciones responden a la iniciativa de reforma energética del Partido Acción Nacional (PAN) del pasado 17 de julio para abrir la explotación, exploración, transformación, refinación de petróleo y la petroquímica al capital privado, incluso extranjero, sin privatizar la paraestatal. En conferencia de prensa, el líder nacional del PAN Gustavo Madero anunció que se pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Por su parte, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, consideró el pasado jueves 1° que la propuesta del PAN es “exagerada”. En tanto, Manuel Bartlett Díaz, político que estuvo casi 50 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora coordina el bloque senatorial del Partido del Trabajo (PT), de izquierda nacionalista, acusa a la corriente dominante en el PRD, los llamados “chuchos” (dirigida por Jesús Zambrano y Jesús Ortega), de haber acordado privatizar Petróleos Mexicanos con Peña Nieto en el Pacto por México. A su vez, el secretario general de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría Treviño, consideró el pasado jueves 1° fundamental cambiar el régimen fiscal de Pemex, para que deje de ser la principal fuente de impuestos del país.
Mientras tanto, el PRD impulsa una consulta ciudadana sobre las reformas fiscal y energética que se llevará a cabo los próximos 25 de agosto y 1º de septiembre en 16 Estados. La izquierda mexicana dio a conocer el 25 de junio pasado una propuesta para la transformación de la petrolera estatal Pemex en una empresa estatal autónoma y su oposición a una reforma constitucional para dar participación a privados en la empresa. La propuesta perredista propone lograr la autonomía presupuestal y de gestión para Pemex, fortalecer la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ordenar el sistema de precios y tarifas, para que refleje el costo real de la energía y el funcionamiento del sistema de suministro, pero también de los impactos ambientales, entre otros.
El 18 de junio, en una entrevista al diario británico Financial Times, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que planeaba presentar una iniciativa para “transformar” Petróleos Mexicanos con el fin de dar “seguridad a los inversionistas” privados con una reforma constitucional. Ya desde antes de asumir el puesto, Peña Nieto había estado de gira por Europa, Latinoamérica, Asia y Estados Unidos para dar garantías, “certidumbre”, a los potenciales países inversionistas y sus empresarios en la materia. Sin embargo, el 20 de junio, el secretario de Gobernación (Interior) Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que en materia energética el presidente “se va a ceñir a lo que dispone y determina el Pacto por México”.
El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Distrito Federal por el presidente de la república y los líderes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. El Pacto tiene como acuerdo principal “profundizar el proceso democrático” con base en tres ejes rectores: el fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política (así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales) y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en las políticas públicas.
El documento está dividido en cinco secciones: Visión, Acuerdos, Acuerdos Presupuestales 2013, Método de Trabajo y Compromisos para las Reformas. En su voluminosa redacción incluye capítulos sobre la extensión de la Seguridad Social, la lucha contra la pobreza, la reforma educativa (aprobada en junio pasado), la promoción de la cultura, la consolidación de los derechos humanos, la inclusión de las comunidades indígenas, la regulación de la competencia económica, el reconocimiento del derecho de acceso a Internet, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la política medioambiental, la reforma energética, el desarrollo de las regiones rezagadas del Sur y Sureste, el establecimiento de la Gendarmería Nacional, el Código de Procedimiento Penal Único, la reforma política y electoral y la definición del estatuto del Distrito Federal, entre muchos otros ítems.
En el “Compromiso 54”, el Pacto por México establece que la nación mantendrá la propiedad y el control de los hidrocarburos y de Pemex, en el 55 se dice que se establecerán reglas de gobierno corporativo y de transparencia para hacer de la paraestatal una empresa productiva, y en el 58 se asegura que se promoverá la “competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos”. Pero todavía no es posible saber si la iniciativa presidencial entrará en conflicto con el Pacto.
Estas manifestaciones responden a la iniciativa de reforma energética del Partido Acción Nacional (PAN) del pasado 17 de julio para abrir la explotación, exploración, transformación, refinación de petróleo y la petroquímica al capital privado, incluso extranjero, sin privatizar la paraestatal. En conferencia de prensa, el líder nacional del PAN Gustavo Madero anunció que se pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Por su parte, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, consideró el pasado jueves 1° que la propuesta del PAN es “exagerada”. En tanto, Manuel Bartlett Díaz, político que estuvo casi 50 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora coordina el bloque senatorial del Partido del Trabajo (PT), de izquierda nacionalista, acusa a la corriente dominante en el PRD, los llamados “chuchos” (dirigida por Jesús Zambrano y Jesús Ortega), de haber acordado privatizar Petróleos Mexicanos con Peña Nieto en el Pacto por México. A su vez, el secretario general de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría Treviño, consideró el pasado jueves 1° fundamental cambiar el régimen fiscal de Pemex, para que deje de ser la principal fuente de impuestos del país.
Mientras tanto, el PRD impulsa una consulta ciudadana sobre las reformas fiscal y energética que se llevará a cabo los próximos 25 de agosto y 1º de septiembre en 16 Estados. La izquierda mexicana dio a conocer el 25 de junio pasado una propuesta para la transformación de la petrolera estatal Pemex en una empresa estatal autónoma y su oposición a una reforma constitucional para dar participación a privados en la empresa. La propuesta perredista propone lograr la autonomía presupuestal y de gestión para Pemex, fortalecer la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ordenar el sistema de precios y tarifas, para que refleje el costo real de la energía y el funcionamiento del sistema de suministro, pero también de los impactos ambientales, entre otros.
El 18 de junio, en una entrevista al diario británico Financial Times, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que planeaba presentar una iniciativa para “transformar” Petróleos Mexicanos con el fin de dar “seguridad a los inversionistas” privados con una reforma constitucional. Ya desde antes de asumir el puesto, Peña Nieto había estado de gira por Europa, Latinoamérica, Asia y Estados Unidos para dar garantías, “certidumbre”, a los potenciales países inversionistas y sus empresarios en la materia. Sin embargo, el 20 de junio, el secretario de Gobernación (Interior) Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que en materia energética el presidente “se va a ceñir a lo que dispone y determina el Pacto por México”.
El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Distrito Federal por el presidente de la república y los líderes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. El Pacto tiene como acuerdo principal “profundizar el proceso democrático” con base en tres ejes rectores: el fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política (así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales) y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en las políticas públicas.
El documento está dividido en cinco secciones: Visión, Acuerdos, Acuerdos Presupuestales 2013, Método de Trabajo y Compromisos para las Reformas. En su voluminosa redacción incluye capítulos sobre la extensión de la Seguridad Social, la lucha contra la pobreza, la reforma educativa (aprobada en junio pasado), la promoción de la cultura, la consolidación de los derechos humanos, la inclusión de las comunidades indígenas, la regulación de la competencia económica, el reconocimiento del derecho de acceso a Internet, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la política medioambiental, la reforma energética, el desarrollo de las regiones rezagadas del Sur y Sureste, el establecimiento de la Gendarmería Nacional, el Código de Procedimiento Penal Único, la reforma política y electoral y la definición del estatuto del Distrito Federal, entre muchos otros ítems.
En el “Compromiso 54”, el Pacto por México establece que la nación mantendrá la propiedad y el control de los hidrocarburos y de Pemex, en el 55 se dice que se establecerán reglas de gobierno corporativo y de transparencia para hacer de la paraestatal una empresa productiva, y en el 58 se asegura que se promoverá la “competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos”. Pero todavía no es posible saber si la iniciativa presidencial entrará en conflicto con el Pacto.
La reforma constitucional en materia energética. Fernando
Dworak, investigador en temas parlamentarios, cree que, aunque el PRI
tiene claro su objetivo, todavía está sondeando las reacciones de los
actores políticos, antes de decidir qué porción se da al capital privado
en el sector petrolero, si bien –aclara– no tiene mucho margen de
maniobra. Por el contrario, al politólogo José Merino le parece claro
que la iniciativa gubernamental coincidirá con la de Acción Nacional,
conservando la propiedad estatal del petróleo, pero permitiendo la
inversión privada en exploración y transformación.
En México, cuyas empresas energéticas paraestatales principales son Pemex y la CFE (Comisión Federal de Electricidad), el tema de la privatización del sector energético es de gran importancia. Las normas que regulan todos estos aspectos se incluyen en el Artículo 27 de la Constitución de 1917 cuyo primer párrafo dice: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Por su parte, Lázaro Cárdenas (1934-40), fundador del PRI, dejó un mandato nacionalista, al expropiar todas las empresas petrolíferas en 1938: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.
Los especialistas difieren en sus opiniones sobre las chances de supervivencia del Pacto por México, de adoptarse una reforma energética con mayor apertura al capital privado, aunque coinciden en que el PRD aprovecha el tema, para imponer su propia agenda. “No veo mayor riesgo para el Pacto por México por esta reforma”, dice Merino. El encuestador Roy Campos, en tanto, coincide en que el acuerdo entre los tres principales partidos sobrevivirá a lo que suceda en el tema energético, “porque el Pacto por México está lleno de agenda opositora y lo único que queda al gobierno son la reforma energética y la fiscal”, explica. En cambio, Fernando Dworak cree que el tema de las posibilidades de inversión privada en el sector puede afectar el acuerdo. “Pero en ese caso la pregunta relevante a analizar es qué le queda al Pacto por México que esté en el interés del PRI”, agrega.
El PRD tiene incentivos para mantenerse en el Pacto y para utilizar las concesiones en el tema petrolero, para avanzar en otros temas. “Para el PRI es importante sacar la reforma energética y la fiscal”, afirma Fernando Dworak. “Y hay sectores de la izquierda a las que les urge mantenerse en el Pacto, para ver si logran sacar la reforma política del DF”, resalta. Para José Merino, en tanto, el tema realmente importante no es cuánto capital privado se permita en el sector petrolero, sino las implicaciones fiscales de una mayor autonomía de Pemex. Y, cuando se estén buscando nuevas fuentes de ingresos para reemplazar lo que hoy aporta Pemex, el PRD podría lograr que las nuevas medidas recaudatorias no afecten a los segmentos más pobres de la población, sentencia el politólogo.
Para el PAN, permanecer en el Pacto es una forma de obtener la entrada de capital privado en la industria petrolera. Por otra parte, como el tono general del acuerdo es dotar de consenso a las políticas neoliberales vigentes, el partido de derecha puede conceder que Pemex se mantenga en manos estatales, en tanto continúe privatizándose periféricamente. El presidente Peña Nieto, finalmente, espera persuadir a sus interlocutores de la conveniencia de seguir juntos. Aunque deba conceder mucho a la instauración de mecanismos de control y transparencia y a la participación democrática, si logra imponer su agenda en las reformas energética y fiscal, habrá obtenido un triunfo fundamental, para hacer de México una democracia neoliberal consensuada e integrada al club de los países centrales de Occidente.
En México, cuyas empresas energéticas paraestatales principales son Pemex y la CFE (Comisión Federal de Electricidad), el tema de la privatización del sector energético es de gran importancia. Las normas que regulan todos estos aspectos se incluyen en el Artículo 27 de la Constitución de 1917 cuyo primer párrafo dice: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Por su parte, Lázaro Cárdenas (1934-40), fundador del PRI, dejó un mandato nacionalista, al expropiar todas las empresas petrolíferas en 1938: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.
Los especialistas difieren en sus opiniones sobre las chances de supervivencia del Pacto por México, de adoptarse una reforma energética con mayor apertura al capital privado, aunque coinciden en que el PRD aprovecha el tema, para imponer su propia agenda. “No veo mayor riesgo para el Pacto por México por esta reforma”, dice Merino. El encuestador Roy Campos, en tanto, coincide en que el acuerdo entre los tres principales partidos sobrevivirá a lo que suceda en el tema energético, “porque el Pacto por México está lleno de agenda opositora y lo único que queda al gobierno son la reforma energética y la fiscal”, explica. En cambio, Fernando Dworak cree que el tema de las posibilidades de inversión privada en el sector puede afectar el acuerdo. “Pero en ese caso la pregunta relevante a analizar es qué le queda al Pacto por México que esté en el interés del PRI”, agrega.
El PRD tiene incentivos para mantenerse en el Pacto y para utilizar las concesiones en el tema petrolero, para avanzar en otros temas. “Para el PRI es importante sacar la reforma energética y la fiscal”, afirma Fernando Dworak. “Y hay sectores de la izquierda a las que les urge mantenerse en el Pacto, para ver si logran sacar la reforma política del DF”, resalta. Para José Merino, en tanto, el tema realmente importante no es cuánto capital privado se permita en el sector petrolero, sino las implicaciones fiscales de una mayor autonomía de Pemex. Y, cuando se estén buscando nuevas fuentes de ingresos para reemplazar lo que hoy aporta Pemex, el PRD podría lograr que las nuevas medidas recaudatorias no afecten a los segmentos más pobres de la población, sentencia el politólogo.
Para el PAN, permanecer en el Pacto es una forma de obtener la entrada de capital privado en la industria petrolera. Por otra parte, como el tono general del acuerdo es dotar de consenso a las políticas neoliberales vigentes, el partido de derecha puede conceder que Pemex se mantenga en manos estatales, en tanto continúe privatizándose periféricamente. El presidente Peña Nieto, finalmente, espera persuadir a sus interlocutores de la conveniencia de seguir juntos. Aunque deba conceder mucho a la instauración de mecanismos de control y transparencia y a la participación democrática, si logra imponer su agenda en las reformas energética y fiscal, habrá obtenido un triunfo fundamental, para hacer de México una democracia neoliberal consensuada e integrada al club de los países centrales de Occidente.
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Eduardo J. Vior