No hay islamistas como los míos
Año 7. Edición número 323. Domingo 27 de Julio de 2014
Al denunciar Human Rights Watch que el FBI incitó
las conspiraciones yihadistas de la década pasada, deslegitima la
estrategia antiterrorista y la Justicia norteamericanas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) han dirigido abusivas “operaciones encubiertas”
contra musulmanes estadounidenses en base a prejuicios religiosos y
étnicos, según un informe conjunto de Human Rights Watch y el Instituto
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Columbia publicado el pasado lunes 21. Muchos de los más de 500 casos
relacionados con delitos de terrorismo procesados en la Justicia federal
desde el 11 de septiembre de 2001 lo fueron por delitos provocados por
agentes federales, con pruebas dudosas, confesiones obtenidas bajo
tortura o jurados anónimos. El régimen penitenciario para los condenados
en estos procesos es también inhumano y cruel.
El informe “Illusion of Justice: Human Rights Abuses in US Terrorism Prosecutions” (“Ilusión de Justicia: violaciones de los derechos humanos en el procesamiento de casos de terrorismo en EE.UU.”) examina 27 casos federales de terrorismo desde el inicio de las investigaciones hasta la sentencia y las condiciones de reclusión posteriores a la condena.
“El gobierno de Estados Unidos dice que protege a sus ciudadanos mediante la prevención y la persecución del terrorismo dentro del país”, dijo Andrea Prasow, subdirectora de Human Rights Watch (HRW) en Washington y una de las autoras del informe. “Pero muchas de estas personas nunca habrían cometido un delito, si las fuerzas del orden no las hubieran alentado, presionado y a veces incluso pagado para hacerlo”.
De acuerdo a HRW 475 personas están condenadas por terrorismo o actos conexos en prisiones estadounidenses. Entre ellas 44 están recluidas en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, 49 en prisiones de alta seguridad, 137 en instalaciones gubernamentales y 237 cárceles de media o baja seguridad. Según el informe todas estas condenas, excepto las cuatro más resonantes, se basan en operaciones encubiertas del FBI. En muchos casos los detenidos estuvieron largos años en prisión preventiva y sus derechos fueron masivamente violados. Algunos acusados, por ejemplo, mostraron signos de debilidad mental y los jurados que trataron el fallido ataque a la base militar de Fort Dix en 2007 fueron anónimos, lo que impidió impugnarlos por parcialidad.
El informe cuestiona la tendencia del FBI y otros servicios federales de seguridad a operar anticipadamente, aunque el método sea legal, porque los servicios son propensos a inventar amenazas.
“En algunos casos, dijo Prasow, el FBI pudo haber convertido a individuos respetuosos de la ley en terroristas”. El informe considera que la mitad de las condenas se origina en trampas. En un 30% de las mismas el agente infiltrado intervino activamente en la tentativa de atentado. Sin embargo, como señaló Prasow, “es casi imposible demostrar la inducción de un delito”. En uno de los casos, llamado “Newburgh Four”, un informante ofreció a James Cromitie 250.000 dólares en 2009 para atacar una base militar cerca de Newburgh, en Nueva York. Al principio, Cromitie se mostró reticente, pero como había perdido su trabajo en Walmart, accedió y fue detenido por el propio informante.
El FBI a menudo involucró a personas particularmente vulnerables, con discapacidades intelectuales y mentales o indigentes. Rezwan Ferdaus, por ejemplo, se declaró culpable de intentar volar un edificio federal y fue condenado a 17 años de prisión. A pesar de que un agente del FBI incluso reconoció ante su padre que su hijo tenía problemas mentales, fue usado en una operación encubierta, enviando a un informante a la mezquita que Ferdaus frecuentaba, para que juntos planearan atacar el Pentágono y el Capitolio. El FBI proporcionó armamento falso y financió los viajes de Ferdaus, aunque éste se fue deteriorando mental y físicamente a medida que la trama falsa avanzaba. Llegó a sufrir depresión y convulsiones tan graves que su padre renunció a su trabajo para cuidarlo.
Los tribunales también han usado muchas veces pruebas obtenidas mediante coacción, evidencia clasificada y por lo tanto inverificable y pruebas sobre actos terroristas en los que los acusados no participaron, así como también han invocado el secreto gubernamental, para avalar órdenes de vigilancia. En 2008 se estimaba por otra parte que el FBI tenía 15.000 informantes pagos.
Ahmed Omar Abu Ali es un ciudadano norteamericano que fue azotado y amenazado con la amputación de una mano, cuando estuvo detenido sin cargos en Arabia Saudita, después de una redada tras los atentados contra instalaciones occidentales en Riad en 2003. Entonces dio una confesión falsa que no obstante las condiciones, fue aceptada por el juez que lo procesó en Virginia, condenándolo por complicidad para asesinar al presidente. Ahora purga su cadena perpetua aislado en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.
De acuerdo al informe, durante la prisión preventiva los acusados por terrorismo fueron sometidos a aislamientos prolongados y severas restricciones a la comunicación que les impiden preparar adecuadamente sus defensas y los inducen a declararse culpables. Nueve meses después de su arresto por apoyo material al terrorismo y habiéndose negado a acordar con la fiscalía, Uzair Paracha fue confinado en solitario. Las Medidas Administrativas Especiales (SAMs por sus siglas en inglés) que se le aplicaron sólo le permitieron hablar con los guardias de la prisión. Después de la sentencia, sus SAMs fueron aligeradas y pudo comunicarse con otros reclusos.
El informe Human Rights Watch pide que el FBI no coarte “la libertad de expresión y de creencia de los musulmanes norteamericanos”. “Lejos de proteger a los estadounidenses, incluidos los musulmanes, de la amenaza del terrorismo, las acciones documentadas en este informe desviaron a las autoridades de su tarea de investigar las amenazas reales”, señala el informe de HRW. También reclama de la Administración Federal de Prisiones que acabe con el aislamiento de estos presos.
Estos abusos han tenido un impacto negativo en las comunidades musulmanas estadounidenses, socavando los esfuerzos políticos para construir relaciones con líderes comunitarios, identificar y aislar a los potenciales terroristas. Por el contrario, el Procurador General Eric Holder continúa defendiéndolas e incluso las recomienda a los aliados de Estados Unidos.
Mike German, ex agente del FBI, ahora consultor del Brennan Center, dijo que los excesos en la política contraterrorista de la policía federal es una fuente de preocupación “porque violan tanto la privacidad como las libertades civiles y no son efectivas para enfrentar las amenazas reales”. El documento de Human Rights Watch revela la parcialidad de la Justicia estadounidense y la violación masiva de los derechos humanos de la propia población en nombre del combate al terrorismo. El informe posiblemente sirva a algunos candidatos liberales en sus campañas para las elecciones parlamentarias de noviembre y hasta conduzca a alguna iniciativa legal para controlar a los servicios de inteligencia, pero no alterará la actual política antiterrorista. La convicción de que todo musulmán es culpable, hasta que demuestre lo contrario, sesga todas las instituciones del país. Nada más extraño a los Estados Unidos actuales que un movimiento por los derechos civiles.
El informe “Illusion of Justice: Human Rights Abuses in US Terrorism Prosecutions” (“Ilusión de Justicia: violaciones de los derechos humanos en el procesamiento de casos de terrorismo en EE.UU.”) examina 27 casos federales de terrorismo desde el inicio de las investigaciones hasta la sentencia y las condiciones de reclusión posteriores a la condena.
“El gobierno de Estados Unidos dice que protege a sus ciudadanos mediante la prevención y la persecución del terrorismo dentro del país”, dijo Andrea Prasow, subdirectora de Human Rights Watch (HRW) en Washington y una de las autoras del informe. “Pero muchas de estas personas nunca habrían cometido un delito, si las fuerzas del orden no las hubieran alentado, presionado y a veces incluso pagado para hacerlo”.
De acuerdo a HRW 475 personas están condenadas por terrorismo o actos conexos en prisiones estadounidenses. Entre ellas 44 están recluidas en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, 49 en prisiones de alta seguridad, 137 en instalaciones gubernamentales y 237 cárceles de media o baja seguridad. Según el informe todas estas condenas, excepto las cuatro más resonantes, se basan en operaciones encubiertas del FBI. En muchos casos los detenidos estuvieron largos años en prisión preventiva y sus derechos fueron masivamente violados. Algunos acusados, por ejemplo, mostraron signos de debilidad mental y los jurados que trataron el fallido ataque a la base militar de Fort Dix en 2007 fueron anónimos, lo que impidió impugnarlos por parcialidad.
El informe cuestiona la tendencia del FBI y otros servicios federales de seguridad a operar anticipadamente, aunque el método sea legal, porque los servicios son propensos a inventar amenazas.
“En algunos casos, dijo Prasow, el FBI pudo haber convertido a individuos respetuosos de la ley en terroristas”. El informe considera que la mitad de las condenas se origina en trampas. En un 30% de las mismas el agente infiltrado intervino activamente en la tentativa de atentado. Sin embargo, como señaló Prasow, “es casi imposible demostrar la inducción de un delito”. En uno de los casos, llamado “Newburgh Four”, un informante ofreció a James Cromitie 250.000 dólares en 2009 para atacar una base militar cerca de Newburgh, en Nueva York. Al principio, Cromitie se mostró reticente, pero como había perdido su trabajo en Walmart, accedió y fue detenido por el propio informante.
El FBI a menudo involucró a personas particularmente vulnerables, con discapacidades intelectuales y mentales o indigentes. Rezwan Ferdaus, por ejemplo, se declaró culpable de intentar volar un edificio federal y fue condenado a 17 años de prisión. A pesar de que un agente del FBI incluso reconoció ante su padre que su hijo tenía problemas mentales, fue usado en una operación encubierta, enviando a un informante a la mezquita que Ferdaus frecuentaba, para que juntos planearan atacar el Pentágono y el Capitolio. El FBI proporcionó armamento falso y financió los viajes de Ferdaus, aunque éste se fue deteriorando mental y físicamente a medida que la trama falsa avanzaba. Llegó a sufrir depresión y convulsiones tan graves que su padre renunció a su trabajo para cuidarlo.
Los tribunales también han usado muchas veces pruebas obtenidas mediante coacción, evidencia clasificada y por lo tanto inverificable y pruebas sobre actos terroristas en los que los acusados no participaron, así como también han invocado el secreto gubernamental, para avalar órdenes de vigilancia. En 2008 se estimaba por otra parte que el FBI tenía 15.000 informantes pagos.
Ahmed Omar Abu Ali es un ciudadano norteamericano que fue azotado y amenazado con la amputación de una mano, cuando estuvo detenido sin cargos en Arabia Saudita, después de una redada tras los atentados contra instalaciones occidentales en Riad en 2003. Entonces dio una confesión falsa que no obstante las condiciones, fue aceptada por el juez que lo procesó en Virginia, condenándolo por complicidad para asesinar al presidente. Ahora purga su cadena perpetua aislado en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.
De acuerdo al informe, durante la prisión preventiva los acusados por terrorismo fueron sometidos a aislamientos prolongados y severas restricciones a la comunicación que les impiden preparar adecuadamente sus defensas y los inducen a declararse culpables. Nueve meses después de su arresto por apoyo material al terrorismo y habiéndose negado a acordar con la fiscalía, Uzair Paracha fue confinado en solitario. Las Medidas Administrativas Especiales (SAMs por sus siglas en inglés) que se le aplicaron sólo le permitieron hablar con los guardias de la prisión. Después de la sentencia, sus SAMs fueron aligeradas y pudo comunicarse con otros reclusos.
El informe Human Rights Watch pide que el FBI no coarte “la libertad de expresión y de creencia de los musulmanes norteamericanos”. “Lejos de proteger a los estadounidenses, incluidos los musulmanes, de la amenaza del terrorismo, las acciones documentadas en este informe desviaron a las autoridades de su tarea de investigar las amenazas reales”, señala el informe de HRW. También reclama de la Administración Federal de Prisiones que acabe con el aislamiento de estos presos.
Estos abusos han tenido un impacto negativo en las comunidades musulmanas estadounidenses, socavando los esfuerzos políticos para construir relaciones con líderes comunitarios, identificar y aislar a los potenciales terroristas. Por el contrario, el Procurador General Eric Holder continúa defendiéndolas e incluso las recomienda a los aliados de Estados Unidos.
Mike German, ex agente del FBI, ahora consultor del Brennan Center, dijo que los excesos en la política contraterrorista de la policía federal es una fuente de preocupación “porque violan tanto la privacidad como las libertades civiles y no son efectivas para enfrentar las amenazas reales”. El documento de Human Rights Watch revela la parcialidad de la Justicia estadounidense y la violación masiva de los derechos humanos de la propia población en nombre del combate al terrorismo. El informe posiblemente sirva a algunos candidatos liberales en sus campañas para las elecciones parlamentarias de noviembre y hasta conduzca a alguna iniciativa legal para controlar a los servicios de inteligencia, pero no alterará la actual política antiterrorista. La convicción de que todo musulmán es culpable, hasta que demuestre lo contrario, sesga todas las instituciones del país. Nada más extraño a los Estados Unidos actuales que un movimiento por los derechos civiles.
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Eduardo J. Vior