La corte corona hoy al rey pro tempore de EE.UU.

 

En el reino del revés

No el pueblo, sino 538 electores eligen este lunes 14 al 46º presidente de EE.UU., en un país donde hay demócratas que rechazan el voto popular directo y algunos republicanos son pacifistas

por Eduardo J. Vior
Infobaires24
14 de diciembre de 2020

Durante más de un siglo y medio el sistema político norteamericano ha contradicho muchas reglas de la democracia, pero esta anomalía se ha hecho insostenible para sus propios sostenedores. Este lunes 14 se reúnen en sus respectivos estados los 538 miembros del Colegio Electoral de los Estados Unidos para elegir al 46º presidente del país. En 48 de los 50 estados el ganador se lleva todo (o sea que se desconsideran los votos del segundo) y en 17 de los 50 los electores pueden votar a quien quieran. Los defensores del sistema argumentan que así se defienden los derechos de los estados menos poblados. Sin embargo, en cinco ocasiones (1824, 1876, 1888, 2000 y 2016) el voto electoral contradijo el popular y la fractura ideológica que recorre la nación hace que muchos derechistas aboguen por el voto popular directo. La misma inversión de los alineamientos tradicionales se manifiesta en la discusión sobre la ley de Defensa. La presidencia Biden-Harris será un tiempo de batalla.

Durante las últimas cinco semanas el presidente Donald Trump y sus leales dentro del Partido Republicano han cuestionado los resultados en algunos estados oscilantes en los cuales denunciaron distintas formas de fraude. En todos los casos los tribunales rechazaron las demandas. La última derrota la sufrieron el pasado viernes, cuando la propia Corte Suprema desestimó la demanda de Texas contra Michigan por graves infracciones durante el escrutinio.

Entre las muchas peculiaridades del sistema hay que contar que hoy los electores sólo se reúnen en las respectivas capitales estaduales, en diversos tipos de locales y a diferentes horas. Se supone que se hace así, para evitar que una multitud los presione, pero de este modo la posibilidad de manipulación se multiplica por 50.

A diferencia del 3 de noviembre, cuando en la mayoría de los estados se votó electrónicamente, este lunes se sufraga en papel. Las legislaciones de 33 estados y del Distrito de Columbia (ciudad de Washington) obligan a los electores a optar por quien obtuvo la mayoría del voto popular en su distrito, pero los restantes 17 les dan libertad de elección.

Los electores fueron escogidos según listas presentadas por los partidos. En general, se trata de activistas, funcionarios estaduales y locales, donadores y personas estrechamente vinculadas a los candidatos. La única restricción es que no sean funcionarios federales. En general, los electoers son leales al mandato recibido de sus votantes.

Finalmente, el 6 de enero corresponderá al Congreso hacer el recuento final de los votos electorales. El vicepresidente Mike Pence deberá entonces abrir los sobres en orden alfabético según el nombre del estado y presentarlos a los cuatro relatores (dos por el Senado y dos por la Cámara) que harán el conteo a viva voz. Cuando éste finalice, el vicepresidente proclamará al vencedor. Recién entonces la elección estará oficialmente terminada y el triunfador prestará su juramento al mediodía del 20 de enero. 

Muchos detractores del sistema esperan que ésta sea la última vez en la que el Colegio Electoral se arrogue la facultad de elegir al presidente. El llamado Pacto Interestatal en pro del Voto Popular Nacional (NPVIC, por su sigla en inglés) está movilizando activamente, para que en la mayor cantidad posible de estados las legislaturas mocionen la transición hacia el voto directo y lo propongan al Congreso de la Unión. El movimiento se está concentrando actualmente en nueve estados en los que espera persuadir a las legislaturas. En casi todos ha obtenido la aprobación de una de las cámaras, pero le falta la otra.

En general, en años recientes el voto indirecto ha beneficiado a candidatos republicanos (George W. Bush en 2000 y Donald Trump en 2016), pero pequeños estados del interior con gobiernos demócratas tampoco quieren abandonar el sistema, porque les da un peso en las campañas electorales nacionales muy por encima de su importancia poblacional o económica.

La unificación del sistema electoral a nivel nacional, su trazabilidad mediante la combinación de voto electrónico y boleta en papel y el voto popular directo democratizarían sustancialmente la política estadounidense, promoverían a nuevos líderes y disminuirían el peso de los aportes financieros en las campañas. Sin embargo, esta propuesta es demasiado democrática para la elite y va a enfrentar serias resistencias.

El mismo sistema de frenos y restricciones opera en la política de Defensa Nacional. Cuando el viernes pasado el Senado aprobó por 84 votos contra 13 la Ley de Presupuesto para la Defensa, se hizo evidente la fractura del Partido Republicano entre trumpistas y partidarios del establishment. Quienes se ven con chances de candidatearse en 2024, si el actual presidente no repite su intento, tienen en vista el liderazgo de éste y no se apartan ni un centímetro de su línea.

 

Josh Hawley, Tom Cotton, Ted Cruz y Rand Paul: halcones trasmutados en palomas

Paradójicamente, esta lealtad ha llevado a conocidas figuras reaccionarias a contradecir posiciones que sostuvieron durante años. Resulta extraño ver a senadores tan conservadores como Josh Hawley (Montana), Tom Cotton (Arkansas), Ted Cruz (Texas) y Rand Paul (Kentucky) defendiendo el derecho del presidente a retirar las tropas de Afganistán sin necesidad de autorización parlamentaria o criticando el derecho de las empresas de comunicación a decidir por sí solas sobre los contenidos que pueden circular por sus redes.

El Senado aprobó el viernes la ley para el financiamiento de la Defensa y la envió al poder ejecutivo, tal como ha hecho en los últimos 59 años, pero esta vez es muy probable que el presidente la vete. Aunque la mayoría que la aprobó es suficiente para rechazar un veto presidencial, el episodio va a servir al mandatario para subrayar ante sus 71 millones de votantes su firmeza de convicciones y a los potenciales candidatos del futuro para ponerse a su sombra.

Como consecuencia de sus denuncias contra la censura sobre sus tuits durante la campaña electoral, el presidente y sus seguidores reclaman la abrogación del artículo 230 de la Ley de Decencia en la Comunicación, de 1996, que concedió a las plataformas de Internet el exclusivo derecho a determinar los contenidos que pueden circular por sus redes.

Por otra parte, piden también que se quite de la ley de Defensa una enmienda incluida por la senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) que obliga a retirar de cuarteles y unidades militares todo símbolo que recuerde a la Confederación (1861-65). El reclamo conservador es un gesto demagógico hacia sus seguidores en el sur del país, pero no menos relevante de cara a la elección de 2024.

En el reino del revés hay conservadores que abogan por el voto popular directo, el retiro de las tropas de Afganistán y la limitación del monopolio de las corporaciones sobre los contenidos en Internet. La elección del 3 de noviembre aún no ha terminado y ya comenzó la campaña para 2024. ¿Podrán por el camino aparecer posiciones más coherentes o seguiremos teniendo que escudriñar en la niebla?