Un corrupto devuelve fondos
Año 5. Edición número 223. Domingo 26 de agosto de 2012
Récord. Luiz Estevão devuelve el dinero apropiado.
El ex senador Luiz Estevão, resarcirá al fisco R$
468 millones de fondos públicos desviados durante la construcción del
Tribunal Regional del Trabajo de San Pablo en los años ’90.
En un Inusual arreglo judicial, la Procuración General de la Unión
(AGU, por su sigla en portugués) anunció el pasado jueves 23 que el
Grupo OK, empresa del ex senador Luiz Estevão, resarcirá al fisco R$ 468
millones de fondos públicos desviados durante la construcción del
Tribunal Regional del Trabajo de San Pablo en los años ’90. Es la mayor
devolución de fondos sustraídos por la corrupción en la historia de
Brasil. El representante de la Procuración, André Mendonça, explicó que
R$ 80 millones serán pagados en efectivo y los restantes R$ 388
millones, en 96 cuotas de R$ 4 millones cada una, corregidas
mensualmente según la tasa líder de intereses Selic. Los valores
surgieron de dos decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU):
por una se cobra la multa y por la otra, la deuda.
Según la AGU, el acuerdo abarca sólo una parte de la deuda, ya que se utilizaron los criterios de corrección del propio grupo empresarial. La diferencia respecto al valor calculado por el TCU es de R$ 542 millones que la AGU quiere cobrar judicialmente. Si lo consigue, el resarcimiento total sería de cerca de mil millones de reales (dos mil trescientos millones de pesos). Para asegurar el cumplimiento del acuerdo, la AGU mantendrá embargados 1.200 inmuebles y alquileres de inmuebles del Grupo OK que giran en torno a los R$ 2,5 millones mensuales. Mientras se paga la deuda, se mantendrán embargadas propiedades por al menos el 150% del valor de la garantía.
“Yo deseaba que se reconociera que no tengo que pagar cualquier monto, pero el precio de seguir esta pelea y el tiempo que estoy perdiendo salen más caros”, dijo Luiz Estevão al diario Correio Braziliense el mismo día 23. Según él, en los últimos meses la Justicia bloqueó también las cuentas bancarias de sus hijos y sus empresas.
Luiz Estevão es un empresario y político brasileño que toda su vida actuó en Brasilia. De origen pobre, hizo mucho dinero en las décadas de 1970 y 1980 con negocios agropecuarios, construcción civil, reventa de coches y neumáticos, una estación de radio y hasta un banco de inversión. Ya entonces reunió todas sus empresas en el Grupo OK. Su estreno en política fue en julio de 1992, cuando apareció como co-garante de un supuesto préstamo por cinco millones de dólares que el entonces presidente Fernando Collor (su amigo desde la juventud) presentó para justificar su fortuna personal, al ser denunciado por enriquecimiento ilícito.
En 1994, Estevão fue electo en Brasilia diputado distrital por el Partido Popular, una formación de derecha. Durante su mandato fue un enérgico opositor del gobierno distrital del petista Cristovam Buarque. En 1998 fue electo senador de la República por el Distrito Federal, esta vez por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) donde representaba el ala derecha. Al año siguiente, en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado Federal sobre corrupción en la Justicia fue acusado de complicidad con el juez Nicolau dos Santos Neto (“Lalau”) en el desvío de los fondos para la construcción del edificio de la Justicia del Trabajo en San Pablo. Entonces se confiscaron disquetes copiados de una antigua computadora suya que, junto con el rastreo de las comunicaciones telefónicas y la quiebra del secreto bancario de los imputados, demostraron la colusión entre el Grupo OK y la empresa Incal, ejecutora de la obra en la capital paulista. Así, el 28 de junio de 2000 el Senado brasileño desaforó a Estevão por haber violado el decoro parlamentario por 52 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones. También perdió sus derechos políticos pasivos por ocho años y estuvo preso dos veces, aunque por corto tiempo.
Al gobierno federal este arreglo le viene de maravillas. Justo cuando el Supremo Tribunal Federal está juzgando a los reos por la red de desvío de fondos durante el primer gobierno de Lula, la Procuración, un organismo del Ministerio de Justicia, aparece como adalid en la lucha contra la corrupción… poco antes de comenzar la fase más candente de la campaña electoral.
Según la AGU, el acuerdo abarca sólo una parte de la deuda, ya que se utilizaron los criterios de corrección del propio grupo empresarial. La diferencia respecto al valor calculado por el TCU es de R$ 542 millones que la AGU quiere cobrar judicialmente. Si lo consigue, el resarcimiento total sería de cerca de mil millones de reales (dos mil trescientos millones de pesos). Para asegurar el cumplimiento del acuerdo, la AGU mantendrá embargados 1.200 inmuebles y alquileres de inmuebles del Grupo OK que giran en torno a los R$ 2,5 millones mensuales. Mientras se paga la deuda, se mantendrán embargadas propiedades por al menos el 150% del valor de la garantía.
“Yo deseaba que se reconociera que no tengo que pagar cualquier monto, pero el precio de seguir esta pelea y el tiempo que estoy perdiendo salen más caros”, dijo Luiz Estevão al diario Correio Braziliense el mismo día 23. Según él, en los últimos meses la Justicia bloqueó también las cuentas bancarias de sus hijos y sus empresas.
Luiz Estevão es un empresario y político brasileño que toda su vida actuó en Brasilia. De origen pobre, hizo mucho dinero en las décadas de 1970 y 1980 con negocios agropecuarios, construcción civil, reventa de coches y neumáticos, una estación de radio y hasta un banco de inversión. Ya entonces reunió todas sus empresas en el Grupo OK. Su estreno en política fue en julio de 1992, cuando apareció como co-garante de un supuesto préstamo por cinco millones de dólares que el entonces presidente Fernando Collor (su amigo desde la juventud) presentó para justificar su fortuna personal, al ser denunciado por enriquecimiento ilícito.
En 1994, Estevão fue electo en Brasilia diputado distrital por el Partido Popular, una formación de derecha. Durante su mandato fue un enérgico opositor del gobierno distrital del petista Cristovam Buarque. En 1998 fue electo senador de la República por el Distrito Federal, esta vez por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) donde representaba el ala derecha. Al año siguiente, en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado Federal sobre corrupción en la Justicia fue acusado de complicidad con el juez Nicolau dos Santos Neto (“Lalau”) en el desvío de los fondos para la construcción del edificio de la Justicia del Trabajo en San Pablo. Entonces se confiscaron disquetes copiados de una antigua computadora suya que, junto con el rastreo de las comunicaciones telefónicas y la quiebra del secreto bancario de los imputados, demostraron la colusión entre el Grupo OK y la empresa Incal, ejecutora de la obra en la capital paulista. Así, el 28 de junio de 2000 el Senado brasileño desaforó a Estevão por haber violado el decoro parlamentario por 52 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones. También perdió sus derechos políticos pasivos por ocho años y estuvo preso dos veces, aunque por corto tiempo.
Al gobierno federal este arreglo le viene de maravillas. Justo cuando el Supremo Tribunal Federal está juzgando a los reos por la red de desvío de fondos durante el primer gobierno de Lula, la Procuración, un organismo del Ministerio de Justicia, aparece como adalid en la lucha contra la corrupción… poco antes de comenzar la fase más candente de la campaña electoral.
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Eduardo J. Vior