El Supremo Tribunal en la picota
Año 5. Edición número 218. Domingo 5 de agosto de 2012
Mensalão. El caso de presunta corrupción está en la mesa del tribunal supremo brasileño.
Comenzó el proceso judicial conocido como mensalão,
un supuesto hecho de corrupción que casi tumba a Lula.
Con un enfrentamiento entre los jueces del Supremo Tribunal Federal
(STF) de Brasil empezó el jueves 2 el proceso por los pagos mensuales
que el PT habría hecho a parlamentarios propios y aliados después de la
victoria en las primeras elecciones presidenciales que Lula da Silva
ganó en 2003, el llamado mensalão (la gran mensualidad). A esta
altura nadie sabe en Brasil, si el Supremo está juzgando a los acusados
de corrupción, a sí mismo o al Fiscal General de la Unión, Roberto
Gurgel. Probablemente, las tres cosas sean ciertas.
Siete años después de las primeras denuncias el caso llegó al máximo tribunal de Justicia del país. Se trata de un proceso gigantesco que el Supremo intenta tratar en dos meses. Las primeras informaciones las dio en 2005 el entonces diputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional del PTB, en una entrevista. Primero, se trató en el Congreso. Como resultado renunciaron cuatro diputados oficialistas y otros tres fueron desaforados. Luego llegó al STF en 2006, que en 2007 demandó a 40 acusados. Entre tanto murió uno y otro fue exculpado. Los principales cargos son por asociación ilícita, corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.
Joaquim Barbosa (el único negro en el STF) se encargó de la investigación durante los pasados cinco años. A partir de noviembre pasado correspondió a Roberto Lewandowski (propuesto por Lula para el Tribunal) revisar su informe. Cuando el jueves comenzaron las audiencias, ambos chocaron, porque el abogado de uno de los imputados planteó una moción de orden, para desdoblar el juicio, dejando en el STF sólo a quienes entonces tenían fueros. Los demás irían a un juzgado de primera instancia, con la chance de apelar en una segunda. Como Lewandowski apoyó la moción contra una acordada anterior, Barbosa lo acusó de “deslealtad”. Finalmente, el Supremo rechazó el planteo por nueve contra dos.
Los plazos son aquí determinantes. El juez Cezar Peluso cumple 70 años en septiembre y según la Constitución de 1988 debe jubilarse. Sin un acuerdo reglamentario no podrá votar ni participar en la resolución sobre las penas a imponer. Si el proceso dura hasta noviembre, también afectará al presidente del Tribunal, Carlos Ayres Britto, que cumple 70. Los plazos también corren a los partidos políticos que ya están en campaña para las elecciones municipales del 7 de octubre, parecidas a nuestras legislativas intermedias. El tercer problema temporal, finalmente, afecta la prescripción de algunos delitos.
El gobierno de Dilma Rousseff trata de reducir los daños manteniendo la rutina de trabajo y apostan a los proyectos económicos en el Congreso. Según Emir Sader, editor del portal virtual Carta Maior, “el juicio que comienza esta semana es sobre todo el resultado de una tentativa frustrada de golpe blanco contra un gobierno popular y democrático”. En tanto, J. Carlos de Assis, economista de la Universidad Estadual de Paraíba (Uepb), lo caracterizó así en la misma publicación: primero, hubo otros procesos igual o más importantes. Segundo, “hubo un esquema clásico de segunda caja para el pago de deudas de campaña. Esto justifica que la mayoría de los beneficiarios fueran parlamentarios del PT y el odio de Jefferson por no haber recibido la parte acordada de la venta al PT del tiempo de televisión del PTB en la campaña electoral”. Todos los partidos tienen segunda caja, porque en las campañas gastan demás y después deben pagar sus deudas. Tercero, la gran prensa se enfureció con Lula, porque éste redistribuyó la pauta publicitaria oficial en favor de seis mil pequeñas y medianas empresas publicitarias. Cuarto, los fiscales generales del Estado cargaron tanto las tintas de la acusación por un exceso de vanidad, buscando los grandes titulares. “Así, finaliza, desde esta semana serán juzgados en el Supremo no sólo los 38 acusados, sino también la Fiscalía General de la República, la imparcialidad del Supremo y la responsabilidad pública de la gran prensa.”
Aunque en Brasil los grandes temas nacionales se silencian, como ahora la batalla se da en un centro del poder, los próximos meses van a ser muy ruidosos.
Siete años después de las primeras denuncias el caso llegó al máximo tribunal de Justicia del país. Se trata de un proceso gigantesco que el Supremo intenta tratar en dos meses. Las primeras informaciones las dio en 2005 el entonces diputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional del PTB, en una entrevista. Primero, se trató en el Congreso. Como resultado renunciaron cuatro diputados oficialistas y otros tres fueron desaforados. Luego llegó al STF en 2006, que en 2007 demandó a 40 acusados. Entre tanto murió uno y otro fue exculpado. Los principales cargos son por asociación ilícita, corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.
Joaquim Barbosa (el único negro en el STF) se encargó de la investigación durante los pasados cinco años. A partir de noviembre pasado correspondió a Roberto Lewandowski (propuesto por Lula para el Tribunal) revisar su informe. Cuando el jueves comenzaron las audiencias, ambos chocaron, porque el abogado de uno de los imputados planteó una moción de orden, para desdoblar el juicio, dejando en el STF sólo a quienes entonces tenían fueros. Los demás irían a un juzgado de primera instancia, con la chance de apelar en una segunda. Como Lewandowski apoyó la moción contra una acordada anterior, Barbosa lo acusó de “deslealtad”. Finalmente, el Supremo rechazó el planteo por nueve contra dos.
Los plazos son aquí determinantes. El juez Cezar Peluso cumple 70 años en septiembre y según la Constitución de 1988 debe jubilarse. Sin un acuerdo reglamentario no podrá votar ni participar en la resolución sobre las penas a imponer. Si el proceso dura hasta noviembre, también afectará al presidente del Tribunal, Carlos Ayres Britto, que cumple 70. Los plazos también corren a los partidos políticos que ya están en campaña para las elecciones municipales del 7 de octubre, parecidas a nuestras legislativas intermedias. El tercer problema temporal, finalmente, afecta la prescripción de algunos delitos.
El gobierno de Dilma Rousseff trata de reducir los daños manteniendo la rutina de trabajo y apostan a los proyectos económicos en el Congreso. Según Emir Sader, editor del portal virtual Carta Maior, “el juicio que comienza esta semana es sobre todo el resultado de una tentativa frustrada de golpe blanco contra un gobierno popular y democrático”. En tanto, J. Carlos de Assis, economista de la Universidad Estadual de Paraíba (Uepb), lo caracterizó así en la misma publicación: primero, hubo otros procesos igual o más importantes. Segundo, “hubo un esquema clásico de segunda caja para el pago de deudas de campaña. Esto justifica que la mayoría de los beneficiarios fueran parlamentarios del PT y el odio de Jefferson por no haber recibido la parte acordada de la venta al PT del tiempo de televisión del PTB en la campaña electoral”. Todos los partidos tienen segunda caja, porque en las campañas gastan demás y después deben pagar sus deudas. Tercero, la gran prensa se enfureció con Lula, porque éste redistribuyó la pauta publicitaria oficial en favor de seis mil pequeñas y medianas empresas publicitarias. Cuarto, los fiscales generales del Estado cargaron tanto las tintas de la acusación por un exceso de vanidad, buscando los grandes titulares. “Así, finaliza, desde esta semana serán juzgados en el Supremo no sólo los 38 acusados, sino también la Fiscalía General de la República, la imparcialidad del Supremo y la responsabilidad pública de la gran prensa.”
Aunque en Brasil los grandes temas nacionales se silencian, como ahora la batalla se da en un centro del poder, los próximos meses van a ser muy ruidosos.
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Eduardo J. Vior