04 de Octubre de 2014
¿Cómo se traduce “golpe de Estado suave” al chino?
Mientras
la prensa occidental festeja la “revolución de los paraguas”, Beijing
teme el desborde de un movimiento democrático al que ha hecho
importantes concesiones.
Contaba
el domingo pasado el presentador del programa “Dossier” de Telesur que
todavía hace pocos años en un parque de Hong Kong vio un cartel de la
época colonial que prohibía “la entrada con perros y chinos”. Para
demostrar que no quiere la vuelta del colonialismo, la clase media de la
metrópolis financiera lleva ahora sus perros a las manifestaciones de
protesta. En tanto sólo lleve sus mascotas, no pasará nada.
Mientras el gobierno local dirigido por Leung Chun-Ying evita las provocaciones y procura recuperar la simpatía de la mayoría de la población ajena a las protestas, las dos principales alianzas partidarias compiten en los espacios públicos sobre el modo de selección de los candidatos para la elección del jefe de Gobierno en 2017. Las posiciones de los llamados “pandemócratas” contestatarios y de la Alianza Democrática por el Progreso de Hong Kong (pro-Beijing) están rígidamente enfrentadas.
La desobediencia civil comenzó inmediatamente después de que el Comité Permanente (CP) del Congreso Nacional del Pueblo Chino (CNPCh) decidiera a fin de agosto pasado que un comité de 1.200 miembros nominará por mayoría absoluta a hasta tres candidatos a jefe de Gobierno de la Región Autónoma Especial de Hong Kong (Raehk) “que amen a su patria y a Hong Kong”, habilitándolos así para presentarse a la primera elección libre en la ex colonia. Una vez electo el triunfador todavía debe ser convalidado por el CP. Los opositores cuestionan la decisión argumentando que viola la Declaración Conjunta anglo-china de 1984 que acordó la reincorporación de Hong Kong a China y la Ley Fundamental (LF) de la Región.
Este documento constitucional fue sancionado por el Congreso Nacional del Pueblo en 1990 y entró en vigor en 1997, cuando Hong Kong se reincorporó a China. La LF estableció el principio de “un país, dos sistemas” garantizando el mantenimiento del capitalismo en el enclave hasta 2047. Reconoce amplia autonomía a la Raehk, cuyos residentes permanentes gozan de todos los derechos consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos. En la ciudad-isla rige el Derecho Consuetudinario de tipo inglés combinado con el chino y la Justicia local decide en última instancia.
Todo residente permanente de la Región Especial tiene el derecho a elegir y ser elegido (art. 26 LF), pero la LF no prevé explícitamente el voto secreto. Según su Art. 46 el Jefe de Gobierno puede ser electo o bien designado por el Gobierno central luego de consultas en el ámbito local. La LF reconoce también en su art. 156 al Comité Permanente (CP) del Congreso Nacional del Pueblo el poder de última interpretación de las leyes. Ya en 2004 este órgano postergó la decisión sobre la elección del Jefe de Gobierno de Hong Kong, por lo que la cuestión vuelve a plantearse. El jefe de Gobierno sustituye al antiguo gobernador colonial y el titular actual está en el cargo desde julio de 2012.
El problema constitucional es que, como no existe acuerdo sobre si la Ley Fundamental se basa en la Constitución de la República Popular China (RPCh) o en la Declaración Conjunta de 1984, tampoco hay consenso sobre el órgano reformador de dicha ley.
El movimiento actual tiene sus raíces en la campaña denominada “Ocupar [el distrito financiero] Central con Paz y Amor” iniciada a principios de 2013. Este movimiento resolvió hace dos meses invadir el distrito bancario y comercial, si el gobierno central no habilitaba el sufragio universal en la elección de 2017. No obstante, por primera vez desde 1997 a mediados de agosto legisladores pandemocráticos discutieron la reforma política con Zhang Xiaoming, responsable por el enlace local del gobierno central. Zhang advirtió entonces contra la eventual utilización de Hong Kong por un pequeño grupo para atacar la seguridad nacional de China.
La Federación de Estudiantes de Hong Kong y el grupo Scholarism (alumnado) comenzaron a protestar delante de la sede gubernamental el pasado 22 de septiembre. El día 26 cientos de manifestantes irrumpieron en la plaza del Centro Cívico regional, siendo reprimidos por la policía. Occupy Central anunció entonces una campaña de desobediencia civil.
En contra surgió la Alianza por la Paz y la Democracia, apoyada por el gobierno central, que impulsó entre julio y agosto la recolección de firmas contrarias a Occupy Central. El pasado sábado 28 estos últimos bloquearon las rutas que conectan el norte de la isla, provocando la represión de la policía que después de algunas horas los dispersó violentamente.
Un editorial publicado por el vocero del PCCh People's Daily el pasado 1° de octubre (Día Nacional de China) afirmó que la posición del gobierno chino es “inamovible” y legalmente válida, acusó al movimiento Occupy Central de ilegalidad y advirtió que “las consecuencias pueden ser inimaginables”. Concluyó amenazando que “si un pequeño grupo está determinado a oponerse al imperio de la ley, va a cosechar lo que ha sembrado”. Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, declaró el pasado lunes 30 que “nos opondremos enérgicamente a que cualquier país extranjero interfiera en los asuntos internos de China”.
Mientras que el gobierno británico se manifestó afectado por la represión policial en Hong Kong y expresó su deseo de que el pueblo de la ex colonia pueda votar libremente, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que “los Estados Unidos apoyan el establecimiento del sufragio universal en Hong Kong de acuerdo a la Ley Fundamental.”
En tanto la LF no se expresa claramente sobre el derecho de los residentes permanentes de Hong Kong a elegir libremente a su jefe de Gobierno, la introducción del sufragio universal para la elección del jefe de Gobierno en 2017 representa un indudable avance. Desde el punto de vista político, se trata de una importante liberalización. Si se considera que toda Justicia electoral democrática tiene la facultad de vetar candidatos de acuerdo a la ley, la verdadera discusión en realidad pasa por la organización de una Justicia electoral objetiva.
El alzamiento dista por el momento de tener el apoyo mayoritario de la población de la ex colonia. El maltrato y el desprecio que los chinos sufrieron secularmente en la entonces colonia británica, junto con la pervivencia de las estructuras económicas y sociales heredadas, han dejado una secuela de resentimiento muy fuerte hacia los viejos amos. Por eso, si las autoridades chinas no caen en la provocación de reprimir violentamente y mantienen las negociaciones con los líderes del movimiento democrático, es previsible que el alzamiento se apague de aquí a poco.
El gobierno de la RPCh teme que el alzamiento electoral en Hong Kong sea utilizado por las potencias occidentales, para dar un “golpe suave” que enfrente a la ex colonia con la Madre Patria. Indudablemente, el levantamientos se inscribe dentro de dos contextos interrelacionados: por un lado las luchas por el poder dentro del PCCh en torno de las reformas propuestas por el presidente Xi Jinping y por el otro la estrategia político-militar norteamericana para cercar a y desestabilizar China. La represión de la policía el pasado fin de semana fue una indudable estupidez, pero Beijing no es hippie. Si sus servicios de inteligencia detectan que el llamado movimiento estudiantil es un mero instrumento de EE.UU., la respuesta será enérgica. Nada puede afectar la unidad política de la República Popular China. Si Obama se confunde, se hará corresponsable de un nuevo crimen.
Mientras el gobierno local dirigido por Leung Chun-Ying evita las provocaciones y procura recuperar la simpatía de la mayoría de la población ajena a las protestas, las dos principales alianzas partidarias compiten en los espacios públicos sobre el modo de selección de los candidatos para la elección del jefe de Gobierno en 2017. Las posiciones de los llamados “pandemócratas” contestatarios y de la Alianza Democrática por el Progreso de Hong Kong (pro-Beijing) están rígidamente enfrentadas.
La desobediencia civil comenzó inmediatamente después de que el Comité Permanente (CP) del Congreso Nacional del Pueblo Chino (CNPCh) decidiera a fin de agosto pasado que un comité de 1.200 miembros nominará por mayoría absoluta a hasta tres candidatos a jefe de Gobierno de la Región Autónoma Especial de Hong Kong (Raehk) “que amen a su patria y a Hong Kong”, habilitándolos así para presentarse a la primera elección libre en la ex colonia. Una vez electo el triunfador todavía debe ser convalidado por el CP. Los opositores cuestionan la decisión argumentando que viola la Declaración Conjunta anglo-china de 1984 que acordó la reincorporación de Hong Kong a China y la Ley Fundamental (LF) de la Región.
Este documento constitucional fue sancionado por el Congreso Nacional del Pueblo en 1990 y entró en vigor en 1997, cuando Hong Kong se reincorporó a China. La LF estableció el principio de “un país, dos sistemas” garantizando el mantenimiento del capitalismo en el enclave hasta 2047. Reconoce amplia autonomía a la Raehk, cuyos residentes permanentes gozan de todos los derechos consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos. En la ciudad-isla rige el Derecho Consuetudinario de tipo inglés combinado con el chino y la Justicia local decide en última instancia.
Todo residente permanente de la Región Especial tiene el derecho a elegir y ser elegido (art. 26 LF), pero la LF no prevé explícitamente el voto secreto. Según su Art. 46 el Jefe de Gobierno puede ser electo o bien designado por el Gobierno central luego de consultas en el ámbito local. La LF reconoce también en su art. 156 al Comité Permanente (CP) del Congreso Nacional del Pueblo el poder de última interpretación de las leyes. Ya en 2004 este órgano postergó la decisión sobre la elección del Jefe de Gobierno de Hong Kong, por lo que la cuestión vuelve a plantearse. El jefe de Gobierno sustituye al antiguo gobernador colonial y el titular actual está en el cargo desde julio de 2012.
El problema constitucional es que, como no existe acuerdo sobre si la Ley Fundamental se basa en la Constitución de la República Popular China (RPCh) o en la Declaración Conjunta de 1984, tampoco hay consenso sobre el órgano reformador de dicha ley.
El movimiento actual tiene sus raíces en la campaña denominada “Ocupar [el distrito financiero] Central con Paz y Amor” iniciada a principios de 2013. Este movimiento resolvió hace dos meses invadir el distrito bancario y comercial, si el gobierno central no habilitaba el sufragio universal en la elección de 2017. No obstante, por primera vez desde 1997 a mediados de agosto legisladores pandemocráticos discutieron la reforma política con Zhang Xiaoming, responsable por el enlace local del gobierno central. Zhang advirtió entonces contra la eventual utilización de Hong Kong por un pequeño grupo para atacar la seguridad nacional de China.
La Federación de Estudiantes de Hong Kong y el grupo Scholarism (alumnado) comenzaron a protestar delante de la sede gubernamental el pasado 22 de septiembre. El día 26 cientos de manifestantes irrumpieron en la plaza del Centro Cívico regional, siendo reprimidos por la policía. Occupy Central anunció entonces una campaña de desobediencia civil.
En contra surgió la Alianza por la Paz y la Democracia, apoyada por el gobierno central, que impulsó entre julio y agosto la recolección de firmas contrarias a Occupy Central. El pasado sábado 28 estos últimos bloquearon las rutas que conectan el norte de la isla, provocando la represión de la policía que después de algunas horas los dispersó violentamente.
Un editorial publicado por el vocero del PCCh People's Daily el pasado 1° de octubre (Día Nacional de China) afirmó que la posición del gobierno chino es “inamovible” y legalmente válida, acusó al movimiento Occupy Central de ilegalidad y advirtió que “las consecuencias pueden ser inimaginables”. Concluyó amenazando que “si un pequeño grupo está determinado a oponerse al imperio de la ley, va a cosechar lo que ha sembrado”. Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, declaró el pasado lunes 30 que “nos opondremos enérgicamente a que cualquier país extranjero interfiera en los asuntos internos de China”.
Mientras que el gobierno británico se manifestó afectado por la represión policial en Hong Kong y expresó su deseo de que el pueblo de la ex colonia pueda votar libremente, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que “los Estados Unidos apoyan el establecimiento del sufragio universal en Hong Kong de acuerdo a la Ley Fundamental.”
En tanto la LF no se expresa claramente sobre el derecho de los residentes permanentes de Hong Kong a elegir libremente a su jefe de Gobierno, la introducción del sufragio universal para la elección del jefe de Gobierno en 2017 representa un indudable avance. Desde el punto de vista político, se trata de una importante liberalización. Si se considera que toda Justicia electoral democrática tiene la facultad de vetar candidatos de acuerdo a la ley, la verdadera discusión en realidad pasa por la organización de una Justicia electoral objetiva.
El alzamiento dista por el momento de tener el apoyo mayoritario de la población de la ex colonia. El maltrato y el desprecio que los chinos sufrieron secularmente en la entonces colonia británica, junto con la pervivencia de las estructuras económicas y sociales heredadas, han dejado una secuela de resentimiento muy fuerte hacia los viejos amos. Por eso, si las autoridades chinas no caen en la provocación de reprimir violentamente y mantienen las negociaciones con los líderes del movimiento democrático, es previsible que el alzamiento se apague de aquí a poco.
El gobierno de la RPCh teme que el alzamiento electoral en Hong Kong sea utilizado por las potencias occidentales, para dar un “golpe suave” que enfrente a la ex colonia con la Madre Patria. Indudablemente, el levantamientos se inscribe dentro de dos contextos interrelacionados: por un lado las luchas por el poder dentro del PCCh en torno de las reformas propuestas por el presidente Xi Jinping y por el otro la estrategia político-militar norteamericana para cercar a y desestabilizar China. La represión de la policía el pasado fin de semana fue una indudable estupidez, pero Beijing no es hippie. Si sus servicios de inteligencia detectan que el llamado movimiento estudiantil es un mero instrumento de EE.UU., la respuesta será enérgica. Nada puede afectar la unidad política de la República Popular China. Si Obama se confunde, se hará corresponsable de un nuevo crimen.
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Eduardo J. Vior