Cuando el gato se distrae, los ratones bailan sobre la mesa
El
enfrentamiento entre el “Estado oculto” y Donald Trump paraliza la
capacidad de respuesta de EE.UU. y da una oportunidad a los movimientos
populares latinoamericanos
Dice
el refrán popular que “cuando el gato no está, los ratones bailan sobre
la mesa”. Hasta hace dos meses los proyectos neocoloniales tenían en
América Latina dificultades de implementación, pero perspectivas de
éxito. Tanto en el Medio Oriente ampliado como en Europa Suroriental el
panorama era el mismo. Sin embargo, apenas Donald Trump se desembarazó
de su asesor John Bolton, el “Estado profundo” se alzó contra él,
paralizando la política exterior norteamericana y abriendo un espacio
para que los pueblos del continente retomen la iniciativa. ¿Es sólo un
accidente o la Historia ha cambiado de rumbo?
Al
comenzar el paro nacional de los transportistas contra los aumentos de
los combustibles decretados por el presidente Lenin Moreno en
cumplimiento del acuerdo con el FMI, el jueves 3 y el viernes 4 se
dieron en todo Ecuador violentos enfrentamientos entre policía, ejército
y manifestantes. Las protestas se extendieron a gran parte del país. En
Guayaquil, además de bloqueos de rutas, hubo saqueos a locales
comerciales. Liderados por los transportistas, indígenas y estudiantes,
los manifestantes protestan contra las medidas de ajuste económico anunciadas el martes por el presidente quien el mismo jueves decretó el estado de excepción. En su paquete Moreno
impuso una contribución especial a las empresas con ingresos de más de
US$10 millones al año, la baja de salarios de hasta un 20% en contratos
temporales del sector público, la reducción de vacaciones de 30 a 15
días para empleados públicos y un aporte de un día de salario mensual.
Pero la medida que causó más polémica de todas fue la eliminación de los subsidios a los combustibles. Por supuesto, el FMI dijo en un comunicado que las medidas “tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana”.
Aún es temprano para medir el alcance de la resistencia contra el
ajuste y habrá que esperar la llegada a Quito de la marcha indígena en
curso, pero llama la atención la falta de sentido de oportunidad en su
aplicación.
Entre tanto, una fuerte
crisis política estalló este lunes en Perú, después de que el presidente
Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso, una facción
de éste en rebeldía votara su “suspensión” y jurara a la vicepresidenta
Mercedes Aráoz como “presidenta interina”. Vizcarra disolvió el
Congreso y convocó elecciones legislativas para el próximo 26 de enero.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso procediera a
elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional desconsiderando la
moción de confianza que el presidente había presentado.
El
Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados reaccionarios,
respondió en rebeldía y votó una resolución para “suspender” por
“incapacidad moral” a Vizcarra, remplazándolo por la vicepresidenta
quien, sin embargo, cedió en su intento al día siguiente, después de
constatar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyaban al
presidente. Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre
el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016,
cuando el fujimorismo ganó la mayoría parlamentaria y Pedro Pablo
Kuczynski la presidencia. Éste último debió renunciar en 2018, acusado
de haber recibido coimas de la brasileña Odebrecht y fue remplazado por
su vicepresidente Vizcarra, quien asumió la misión de enfrentar la
corrupción. Para ello, se enfrentó con el Congreso que boicoteó sus
iniciativas. Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en
julio pasado un adelanto de las elecciones para la presidencia y el
Congreso, pero la propuesta fue archivada sin debate por el Parlamento.
De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un
procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados
del Tribunal Constitucional.
Para
frenar esta maniobra destinada a dar impunidad a los procesados, el jefe
de Estado, en simultáneo con la disolución del Congreso convocó a
elecciones parlamentarias anticipadas para el 26 de enero de 2020. Los
nuevos legisladores completarán hasta julio de 2021 el periodo
constitucional del Parlamento disuelto. Si bien en el caso peruano, a
diferencia del ecuatoriano, se entiende el porqué del momento buscado
por el mandatario, por el contrario, no se comprende la falta de
realismo de sus adversarios en la apreciación de la relación de fuerzas.
En
Brasil, en tanto, el Senado aprobó la reforma previsional enviada por
el gobierno de Jair Bolsonaro, pero con tales recortes al proyecto
originario, que no sólo la desnaturalizó completamente, sino que
concedió a los estados partidas presupuestarias suplementarias que
aumentan su poder de negociación ante el gobierno central. Las
modificaciones han quitado a la privatización del sistema de reparto
todo atractivo que pudiera concitar el interés de los fondos
internacionales de inversión, finalidad principal del ministro de
Economía Paulo Guedes, al mandar el proyecto al Congreso. Nuevamente se
plantea en este caso la pregunta sobre el sentido de la oportunidad que
tuvo el gobierno al someter a la discusión parlamentaria un proyecto de
ley tan trascendente, sin haberse asegurado previamente el apoyo de los
legisladores, especialmente de los senadores, que representan la
quintaesencia del conservadurismo regional.
Ya
la semana pasada el gobierno de Colombia tuvo que desplazar al jefe de
la Inteligencia Militar, después de que se reveló la falsedad de las
fotos presentadas por el presidente Iván Duque ante la Asamblea General
de la ONU, con las que pretendía demostrar la complicidad del gobierno
de Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El papelón, sumado a las declaraciones de Lilian Tintori, la esposa del
encarcelado ultraderechista venezolano Leopoldo López, en las que
reconoció el apoyo recibido de los paramilitares colombianos, quebraron
el frente antivenezolano en Naciones Unidas.
La
desubicación y falta de oportunidad de la extrema derecha suramericana
se explica por el cambio de rumbo de la estrategia mundial de EE.UU.
Desde 2002 el Pentágono y los servicios de inteligencia norteamericanos
orientaron su accionar internacional según la estrategia diseñada por el
exsecretario de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld, y su
asistente, el almirante Arthur Cebrowski. Esta línea de acción supone
que en el mundo no hay recursos suficientes, para asegurar a toda su
población un nivel de bienestar similar al de los países centrales. Por
lo tanto, EE.UU. y sus aliados debían dividir y fragmentar a los estados
del Sur global, para aprovechar sus recursos, asegurar su supremacía y
mantener su bienestar. Un instrumento privilegiado de esta política es
el tráfico y consumo de drogas, tanto por sus efectos sociales
deletéreos como por las ingentes ganancias que genera.
La
crisis mundial de 2007/09, primero, el crecimiento de China hasta
convertirse en la segunda potencia del mundo y el curso independiente
que adoptó Rusia bajo Vladimir Putin frenaron la expansión globalista.
La intervención rusa en la gran batalla de Siria a partir de 2015 y la
derrota de la estrategia norteamericana-sionista en el Oriente Medio
ampliado llevaron a un sector de la derecha norteamericana a aceptar el
fracaso de su estrategia y a entender que, si querían preservar a EE.UU.
como potencia mundial, debían reducir su nivel y ámbito de exposición.
Este es el núcleo de la estrategia mundial de Donald Trump quien, sin
embargo, se ha visto limitado por el “Estado profundo”.
Al
remover al asesor de Seguridad Nacional John Bolton a principios de
septiembre, el presidente esperaba recuperar la delantera. Sus enemigos
denunciaron, entonces, la intervención del mandatario ante el presidente
de Ucrania, para ensuciar al precandidato demócrata Joseph Biden, e
iniciaron el proceso preliminar al juicio político. Esta crisis se está
manifestando ya en un vacío de conducción de la política exterior
norteamericana que el secretario de Estado Mike Pompeo intenta llenar
alineándose aparatosamente con el presidente. No obstante, el jefe de
Estado está demostrando que no se deja engañar por las provocaciones que
montan el jefe de la diplomacia y la CIA. El enfrentamiento entre el
globalismo que permea todo el Estado norteamericano y la facción
nacionalista liderada por Donald Trump está paralizando la política de
EE.UU. en muchos escenarios mundiales, entre ellos América Latina. En
esta impasse se cuelan ahora los procesos populares en Argentina,
Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay.
Después
de 1870 el canciller prusiano/alemán Otto von Bismarck justificaba la
decisión de ir sucesivamente a la guerra contra Austria-Hungría y contra
Francia, para alcanzar la unidad nacional de Alemania, explicando que
los designios de la Historia son inexorables, pero que ésta, a veces,
pasa fugazmente por el teatro de los grandes acontecimientos. En ese
momento, decía, hay que aferrarse al faldón del manto de la Historia,
para torcer su rumbo y tornarla favorable. Es muy temprano para saber si
la estrategia continental de EE.UU. ha dado un vuelco o sólo se
encuentra en una crisis coyuntural, pero la oportunidad no se puede
desaprovechar.