En la batalla del Impeachment se juega la paz mundial
En
la última semana la polémica por el juicio contra Donald Trump ha
implicado a George Soros, mostrando que en el proceso se dirime la
futura estrategia global de EE.UU.
En
momentos en que el juicio político contra Donald Trump está en un
impasse, al acusar a George Soros de estar detrás del intento de deponer
al jefe de Estado, el abogado de éste, Rudolph “Rudy” Giuliani, ha
marcado la creciente distancia entre el presidente y el lobby
israelo-norteamericano. En el impeachment contra Donald Trump no se
dirime tanto la moralidad del presidente como la estrategia
internacional de Estados Unidos.
En una entrevista con la revista New York Magazine, Rudy Giuliani
afirmó el martes 24 que Soros usó su influencia para imponer a cuatro
embajadores estadounidenses en Ucrania. El abogado no especificó los
nombres a los que se refiere, mencionando solo a la última embajadora
“controlada” por Soros, Marie Yovanovitch (2017-19). Según Giuliani, la diplomática presionaba a las autoridades ucranianas, para que cerraran las investigaciones anticorrupción
que salpicaban a una ONG dirigida por el multimillonario
húngaro-norteamericano. “No digan que soy antisemita si me opongo a él”,
advirtió Giuliani, “Soros es apenas judío y yo soy más judío que él”,
aseveró. “Es una persona abominable”, finalizó.
El
asesor de Trump describió, cómo en 2017 una organización que llamó la
“autoridad contable ucraniana” hizo un estudio y reveló que faltaban 5.300 millones de dólares
en ayuda extranjera e intentó investigarlo. “De repente, miembros de la
embajada de EE.UU. bajo el control de Marie Yovanovitch llegaron y
dijeron a los ucranianos que no había necesidad de investigar ese
gasto'”, agregó Giuliani. La historia coincide con la versión del
entonces fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, quien en marzo de
2019 acusó a la representante estadounidense de presionarlo.
En palabras de Giuliani, el dinero desviado de la ayuda humanitaria
terminaba en las ONG de “Soros y los hijos de Soros”. La fundación Vidrodzhenia,
la principal estructura de éste en Ucrania, ha financiado durante años a
activistas y líderes antirrusos en el país. No obstante, el poder del
magnate sobre Kiev ha disminuido en los últimos años, primero con la
entrada de Donald Trump a la Casa Blanca, y luego con la elección de
Volodímir Zelenski como presidente de Ucrania.
Al
acusar al magnate, Giuliani intentó complicarlo con Joe Biden, uno de
los principales precandidatos demócratas a la elección presidencial de
noviembre próximo, cuyo segundo hijo Hunter fue entre el golpe de estado
de 2014 y 2019 miembro del directorio de la empresa gasífera ucraniana
Burisma, implicada en turbios negocios con el gas importado de Rusia.
Precisamente, el proceso contra Trump está supuestamente motivado en la
presión que el presidente habría ejercido en julio pasado en una
conversación telefónica con Zelenski, para que éste investigara al hijo
de Biden. Según la acusación, el presidente habría amenazado al
ucraniano con retener la ayuda militar norteamericana, hasta obtener las
informaciones requeridas.
La
declaración de Giuliani suscitó la inmediata respuesta de Jonathan
Greemblatt, presidente de la Liga Antidifamación, quien declaró que “la
afirmación del Sr. Giuliani es ofensiva y desconcertante. Seamos claros,
el Sr. Giuliani no es un árbitro para decidir quién es judío y quien no
lo es”, dijo Greenblatt.
Con la
diatriba contra Soros, Giuliani todavía no pudo sacar el proceso contra
Donald Trump de su parálisis actual ni sumar puntos ante la opinión
pública. Después de que el plenario de la Cámara de Representantes el
pasado 13 de diciembre aprobó elevar al Senado la acusación contra el
presidente por abuso de poder y por haber obstruido la labor del
Congreso, la presidenta de la Cámara ha congelado el envío de los cargos
al Senado, hasta tanto la mayoría republicana del mismo se avenga a
actuar independientemente de la Casa Blanca y a citar a funcionarios del
Ejecutivo cuya comparecencia hasta ahora ha sido prohibida por el
presidente.
La batalla para fijar
los parámetros del juicio se reanudará el próximo 3 de enero, cuando los
congresistas vuelvan al trabajo tras dos semanas de vacaciones. Los
demócratas quieren llamar entonces a declarar a varios testigos que la
Casa Blanca les negó durante la primera fase del proceso, pero también
buscan que la Administración haga públicos los documentos relacionados
con el caso. Flojos de pruebas, los demócratas lo estarían reteniendo
hasta imponer sus condiciones. Sin embargo, nada indica por el momento
que los republicanos vayan a dar su brazo a torcer. El problema es que,
aunque la ley obliga a los senadores a actuar como “un jurado
imparcial”, Mitch McConnell, el líder del bloque republicano en la
Cámara Alta, ya ha avisado que sus correligionarios están “coordinando
totalmente” con la Casa Blanca. Esa actitud, empero, no sólo ha
suscitado críticas internas, sino el rechazo de una parte de la opinión
pública que desea que el juicio sea tan “objetivo” como se supone que es
un juicio normal.
La actitud
obstruccionista de los republicanos está volcando a la opinión. Según
una nueva encuesta, el 55 por ciento de los norteamericanos dice estar a
favor de la condena del presidente contra el 48 por ciento de la semana
anterior. El día de Navidad sólo el 40 por ciento se oponía a la
condena al presidente, el porcentaje más bajo desde que se pregunta por
el tema. Tanto las posibles fisuras entre los senadores republicanos
como estas encuestas dan a los demócratas la esperanza de dividir a sus
oponentes. Los republicanos controlan 53 de los 100 escaños del Senado,
pero unas pocas deserciones bastarían a los demócratas para imponer su
lista de testigos.
El problema con
la institución del juicio político es que está muy poco reglamentado. En
las dos experiencias anteriores (en 1868, contra Andrew Johnson, y en
1998, contra Bill Clinton) se convinieron normas específicas y en ambos
casos los presidentes fueron absueltos. Se trata de un mecanismo
eminentemente político en el que no hay actores judiciales. No se busca
la verdad, sino ventajas tácticas. Por ello, en los meses venideros,
mientras que los demócratas tratarán de demostrar que el presidente es
un corrupto que chantajeó a un mandatario extranjero para obtener
información dañina para su competidor electoral y retaceó indebidamente
información al Congreso, los republicanos se esforzarán por evidenciar
que los demócratas no tienen pruebas contra el presidente y sólo quieren
derrocarlo, porque no lo pueden vencer en las elecciones.
Que
en este contexto Rudy Giuliani ataque a George Soros, arriesgando una
confrontación con el lobby proisraelí en Washington, no es casual. Al
mismo tiempo se intensifican las versiones de que Donald Trump está
buscando un remplazante para el secretario de Estado Mike Pompeo. Para,
finalmente, alcanzar la deseada negociación global con Rusia y China, el
presidente necesita ser menos dependiente de la agenda israelí. Si
vence a los demócratas (mayoritariamente globalistas y prosionistas) en
la batalla del impeachment, espera ganar las elecciones y tener las
manos libres para establecer con Moscú y Beijing las bases de una
convivencia global. Pero si el mandatario es derrotado, el “Estado
profundo” volverá por sus fueros e intentará recuperar por las armas el
dominio que tuvo entre 1991 y 2015. En la batalla del impeachment se
juega la paz mundial.
