Ni neoliberalismo ni reformismo, tampoco tercera posición

Francisco mezcló las cartas

Año 6. Edición número 271. Domingo 28 de julio de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

contacto@miradasalsur.com

Elio Gaspari, viejo maestro del periodismo conservador brasileño, dibujó el miércoles 24 en un editorial publicado en simultáneo en O Globo y en Folha de São Paulo la imagen que la derecha brasileña e internacional tiene de la visita del papa Francisco a Brasil: “En el primer día de su visita, Francisco lavó el alma de Brasil. Atascado en la Avenida Presidente Vargas en un coche con la ventanilla abierta, acarició a un bebé. Era un hombre que no tiene miedo del pueblo. Su recorrido no fue contorneado por los batallones de choque de la Policía Militar, sino por cordones de jóvenes voluntarios, con camisetas amarillas. Poco después el Papa estaba en el jardín del Palacio Guanabara (sede del gobierno estadual), en un escenario cavernoso, con el predio protegido por el Batallón de Choque.” Y continúa: “No era necesario. Los disturbios en las cercanías eran parte de la cotidianidad del gobernador Sérgio Cabral, no de la rutina de Francisco. La ventanilla del coche abierta y el cordón de voluntarios corresponden a la agenda de la Iglesia que desparrama fe sobre el pueblo y nuestros jóvenes. En un discurso impropio la doctora Dilma se refirió a ‘los cambios que iniciamos hace diez años’. Alabó la década del pontificado petista ante un pastor cuyo mandato comenzó hace 2013 años. No entendieron nada.”
Todos los estereotipos del discurso conservador están en este párrafo. Al recibir al Papa, la presidenta Dilma Rousseff ofreció un acuerdo a su huésped, quien se guardó de responder. Según O Estado de São Paulo, funcionarios vaticanos recelaron de acercarse demasiado al gobierno, desprestigiado por las movilizaciones de junio pasado y pendiente de las elecciones presidenciales de 2014. En la semana que siguió el papa Francisco demostró empero que tampoco se dejaría cooptar por la declamación neoliberal.
Gaspari cerró su encíclica laica con una comparación que comparten muchos izquierdistas asustados: “Los jerarcas de Brasilia y de Río reprodujeron la demofobia y los rituales de los comisarios polacos durante la visita de Juan Pablo II a Varsovia en 1979. Donde había fe, vieron juegos de poder.” Izquierdas y derechas rememoran la ofensiva del Papa polaco que con su visita impulsó junto con la CIA el proceso que diez años más tarde acabó con el comunismo. Pero Bergoglio no es Wojtyla, ni Brasil, la Polonia de 1979.
Al iniciar su homilía en el santuario nacional de Nuestra Señora de Aparecida, en el Estado de San Pablo, el papa Francisco se presentó el miércoles 24 con una denominación desusada desde los tiempos del Concilio Vaticano II (1963-65): “al día siguiente de mi elección como Obispo de Roma (…)”. Primero entre sus iguales, el Papa desciende del trono y marcha junto con los demás obispos. También recordó el documento final de la Conferencia Episcopal reunida allí en 2007 en el que después de muchos años la Iglesia latinoamericana volvió a criticar el capitalismo salvaje. La redacción del documento fue coordinada entonces por el cardenal Bergoglio y su amigo, el franciscano Claudio Hummes, arzobispo emérito de San Pablo. También al visitar la favela de Varginha, en el norte de Río (una de las “pacificadas” en las que la población se queja de los desmanes de la policía), el pasado jueves 25, Francisco rechazó la presencia de políticos e insistió en tener contacto directo con los habitantes.
El Papa ya había escrito el discurso que pronunció en Aparecida antes de su viaje, pero lo modificó por las protestas callejeras de junio y para ajustarlo a las conclusiones de la conferencia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en portugués) realizada a fin de ese mes. En dicho documento los obispos manifestaron “nuestra solidaridad y apoyo a los manifestantes”. En uno de los párrafos del texto se dice que “los gritos contra la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia (...) hacen renacer la esperanza”.
A pesar de los anuncios apocalípticos de la derecha, el portal de izquierda Carta Maior ve la oportunidad para una gran alianza entre el gobierno y el Papa para la lucha contra la pobreza: “Dilma recibió con simpatía la elección de Bergoglio. El Planalto y círculos católicos del PT creen que Francisco puede ser un buen aliado de las políticas sociales del gobierno. El secretario general de la Presidencia y ex seminarista Gilberto Carvalho está entre los defensores de esta posición. Entiende que mediante la aproximación a la Iglesia Dilma podría establecer puentes hacia los movimientos sociales”.
Durante el Ángelus del viernes a la tarde, antes de la representación de la Vía Sacra realizada en Copacabana, el Papa volvió a usar motivos del catolicismo popular, al hablar de los abuelos maternos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, cuya fiesta se celebró ese día. Este matrimonio de santos es extremadamente popular, en especial entre los más ancianos, lo que refuerza la referencia a la importancia social de los adultos mayores ya hecha en el Documento de Aparecida de 2007.
En su editorial del pasado viernes 26, el prestigioso periodista progresista Mino Carta escribió en su revista Carta Capital: “Cuando Francisco fue electo, no fui el único en suponer que dicha elección podía indicar la preocupación del Vaticano por un subcontinente progresivamente gobernado por fuerzas de izquierda. No obstante, Bergoglio está revelando otra preocupación: la de la Iglesia Católica por sí misma. Está tratando de retomar el camino abandonado, para actuar mucho más en la coyuntura política.”
El papa Francisco está impulsando una nueva estrategia para la Iglesia Católica latinoamericana, para reforzar la acción misional comenzando por la juventud y dar apoyo a proyectos contra el hambre y la miseria. Renovando la Doctrina Social de la Iglesia intenta construir una alternativa católica entre las derechas neoliberales y los partidos populares. Su posición en cuestiones de moral individual, familiar y sexual es conservadora. Sin embargo, al presentarse como “Obispo de Roma”, primero entre sus iguales, pero no superior a ellos, retoma un tema caro a sus hermanos jesuitas en la época anterior e inmediatamente posterior al Concilio Vaticano II. El Papa ya no es rey, sino el jefe de un ejército en operaciones.
Su convocatoria a los jóvenes en su reunión con los peregrinos argentinos, para que “hagan lío” en las parroquias y en las calles es un llamado a la subversión general. ¿Contra los gobiernos populares del continente? Si hace falta. ¿Contra las jerarquías locales de la Iglesia? Seguro. Jorge Bergoglio es un combatiente, conservador y popular. No es Karol Wojtyla, que llegó a Polonia en 1979 para dinamitar un régimen paralítico. Aspira a competir en las calles con los partidos y movimientos populares actualmente en el poder, pero también con las derechas neoliberales, incluso dentro de la propia Iglesia. Quiere construir un nuevo movimiento popular católico e internacional, muy cercano a las ideas de sus compañeros de Comunione e Liberazione. Sin embargo, por ese camino está abriendo frentes por izquierda y derecha, dentro y fuera de la Iglesia, sin que por ahora se vea claramente su política de alianzas.
Para el gobierno de Dilma la estela que deja el Papa es un gran desafío. En diez años de gobierno el PT ha tenido muchos éxitos, pero también ha perdido a su conducción histórica y se ha adormecido en los cargos. Después de las manifestaciones de junio y las persistentes protestas (duramente reprimidas) contra el aliado gobernador de Río de Janeiro, el pasaje triunfal de Francisco amenaza con el surgimiento de una nueva oposición desde las calles. Así como el Papa eludió el inocente convite presidencial para formar una alianza “contra la desigualdad y la pobreza”, tampoco es a priori un enemigo. En su paso por Brasil, Francisco pateó la mesa y reclamó barajar de nuevo. Al hacerlo, quienes estaban en el juego deberán medir cada movimiento del nuevo contrincante, para decidir si se juega póker o tute cabrero.

El principio del fin de la guerra todavía no trae la paz a México

Con Zeta no acaba la historia

Año 6. Edición número 270. Domingo 21 de julio de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

¿Qué cambió en la guerra contra el narcotráfico en México y los Estados Unidos luego de la detención del lunes pasado de Miguel Ángel Treviño Morales, el máximo jefe de la principal organización delincuente, los Zetas?

 

Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, fue detenido en Tamaulipas, en el nordeste de México, el lunes pasado. Todavía no llegó a prisión, pero ya se da entre mexicanos y norteamericanos una competencia por ver quién se queda con el mérito de la captura. Es que la detención del máximo jefe de la principal organización de narcotráfico que asola México desde hace más de una década preanuncia la transición a una nueva etapa política y económica cuyo curso quieren determinar fuerzas encontradas.
Desde el principio, las autoridades mexicanas insistieron en que todas las labores de inteligencia fueron hechas en el país, sin ayuda del exterior. Así lo aseguró el secretario de Gobierno (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, el diario The New York Times publicó el miércoles 17 que la operación se realizó con la ayuda de los estadounidenses. Un hecho que corroboraría esto es que fue la Marina quien hiciera el operativo. Se trata de la única arma en la que confían las agencias de seguridad estadounidenses.
En México está cobrando alguna fuerza una versión según la cual la captura fue una entrega pactada. Por eso no hubo violencia y por eso Treviño viajaba acompañado por sólo dos hombres. Eduardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y conocido experto en temas de seguridad mexicanos, declaró en entrevista con el programa radial Aristegui Noticias que “la manera en que describen la detención me da la sensación de que acá existió una entrega”. Sin embargo, advirtió que “no es un instrumento ilegal la entrega pactada de un capo en la medida que se sujete al proceso penal”.
Las actividades y movimientos de Miguel Ángel Treviño Morales eran conocidas desde el año 2011 por la DEA e incluso llegaron a obtener información sobre sus enemigos y rivales de otros cárteles y de los mismos Zetas, revela 24 Horas, citando fuentes del gobierno federal. Funcionarios de primer nivel reconocieron que estaban molestos, porque la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos tenía su propia agenda y mucha información recogida en las operaciones que le habían permitido realizar durante la administración de Felipe Calderón (2006-12) y que no compartía con el gobierno mexicano. “Sabemos que es verdad que el Z-40 proporcionó información sobre algunos de sus rivales dentro de la organización para que fueran detenidos y esos datos los obtuvo la DEA”, comentó uno de los funcionarios.
Aunque Miguel Ángel Treviño había perdido poder dentro de la estructura criminal, se mantuvo en Tamaulipas y Coahuila, en el norte y nordeste del país. Debido a su debilitamiento y a que la información que habría proporcionado a las autoridades estadounidenses ya no era tan valiosa, habrían decidido dar a conocer su paradero, según dijo otro funcionario. De acuerdo con expertos consultados por Univision, en tanto, la detención de Treviño Morales se dio gracias a la traición de otros líderes capturados, quienes declararon haber sido delatados por el Z-40, para favorecer la situación de su hermano José Treviño y a su cuñada Zulema en los juicios que se les siguen en los Estados Unidos.
Miguel Ángel Treviño llegó a la jefatura del grupo más temido del narcotráfico en México en octubre del año pasado empleando algunas de las prácticas más violentas que se hayan conocido en las luchas entre los cárteles. Treviño, un hombre robusto de tez morena clara, nació entre 1970 y 1973 (las fuentes difieren) en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas (nordeste). El ex-sicario comenzó su carrera de muy joven como ayudante de una pandilla en Dallas, Texas, donde vivía con su numerosa familia. Sus inicios como narcotraficante se remontan a la década de 1990, cuando se enroló en un grupo de escoltas del entonces líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, para el que también fueron reclutados ex-militares de élite que finalmente conformaron Los Zetas.
El Departamento de Estado norteamericano sostiene que Treviño era tal vez el criminal “más sanguinario y desalmado de México” y ofrecía 5 millones de dólares por información para su captura. La Procuraduría General de México lo tenía en la lista de capos más buscados, con una recompensa de 2,4 millones de dólares.
Sobre su carrera en Los Zetas se sabe que, en 2002, cuando Heriberto Lazcano, alias El Lazca, asumió el control del grupo, en poco tiempo Treviño se convirtió en su mano derecha. Juntos decidieron años después, una vez que Osiel Cárdenas ya estaba extraditado en los Estados Unidos, separar a Los Zetas del cártel del Golfo. Enfrentados con éstos y con el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, Lazcano y Treviño buscaron tejer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leyva y con el cartel de Juárez. Durante todo ese proceso, el Z-40 comenzó a ganar fuerza y fama en el interior de la organización, pero sus sangrientos métodos alarmaron a las fuerzas armadas e incluso marcaron una ruptura con Lazcano. En octubre de 2012, Treviño finalmente quedó al frente de Los Zetas después de la muerte de su ex-jefe.
En los últimos meses las autoridades de México y los Estados Unidos fueron apretando el cerco contra Treviño. En junio de 2012 detuvieron en los Estados Unidos a su hermano José, acusado de crear una red para el lavado de dinero, y en mayo de este año, a su sobrino Eduardo, en Tamaulipas. Se cree que el hermano menor del Z-40, Omar Treviño Morales, podría ser quien quedará ahora al frente de Los Zetas.

Comienza una nueva etapa política. Especialistas, ex agentes de inteligencia, analistas y policías de ambos países señalaron que con la captura del Z-40, la sanguinaria guerra contra el narcotráfico en México podría haber llegado a una encrucijada, aunque nadie cree que se frene tan rápido. Con la detención de Treviño podría ser el fin de Los Zetas como un cartel grande, pero existe el riesgo de que se divida en bandas pequeñas y peligrosas.
El cartel de Los Zetas fue fundado hace poco más de una década por ex-soldados fuertemente armados y entrenados para la guerra que perfeccionaron la práctica de la carnicería como un mensaje, al expandirse más allá del tráfico de drogas hacia la extorsión, el tráfico de migrantes, el secuestro y otros crímenes. Sin embargo, al expandirse Los Zetas se volvieron víctimas de su éxito perverso. La organización creció tan rápido, captó tanto dinero y contrató tantos pistoleros rápidos para apretar el gatillo que perdió la lealtad generada en otras organizaciones del crimen hacia sus líderes. Mientras que las organizaciones más antiguas sustentan su unidad en lazos familiares y de vecindad, los Zetas debieron construir una cultura de la disciplina militar y una jerarquía que comenzó a fracturarse bajo la presión ejercida por las autoridades estadounidenses y mexicanas.
El triunfo que supone la captura de uno de los hombres más buscados de México permite a la Administración del PRI enviar un claro mensaje de que no hay tregua con el narcotráfico e incluso mostrar firmeza en el rumbo de su política en un momento en el que la agenda de cambios estructurales bautizada con el nombre de Pacto por México entra en su fase más complicada con las previstas reformas energética y fiscal.
Peña Nieto anunció desde su llegada al poder un cambio en la estrategia de seguridad orientada hacia la reducción de la violencia y una nueva política informativa que iba a terminar con las aparatosas presentaciones televisadas de los detenidos por los distintos cuerpos de seguridad como era habitual en el sexenio anterior. Expertos en seguridad y analistas políticos consideran que el gobierno estaba fracasando en lo primero y critican su discreción informativa, porque –dicen– la casi desaparición de los hechos violentos atribuibles al crimen organizado en los medios de comunicación “puede tener el efecto contraproducente de generar indiferencia en la opinión pública”.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió hace ocho meses al poder con la promesa de pacificar el país y relanzar el crecimiento económico. Sin embargo, como señala el comentarista Miguel A. Ferrer en El Sol de México, “el gobierno de Enrique Peña Nieto está aplicando la más clásica de las políticas neoconservadoras tan gratas al FMI: la restricción del gasto público. Esta política neoconservadora de contención del gasto público no es una invención del gobierno peñanietista. Se trata de una práctica que dura ya varias décadas y que a lo largo de más de 30 años ha probado su eficacia para generar estancamiento económico, quiebra de empresas y creciente y sostenido desempleo. La doctrina económica neoconservadora a la que, según se observa, se ha sumado Peña Nieto, justifica la contención del gasto público como una medida antiinflacionaria. Pero, hoy como siempre, hay que plantearse la vieja cuestión: ¿qué es más importante: la estabilidad de precios o la generación y conservación del empleo?”
Sin embargo, el mandatario logró en los ocho meses transcurridos desde el 1 de diciembre que gobierno y oposición se unieran en una agenda de medidas neoliberales, como la educativa, la de telecomunicaciones y la financiera, en el marco de un acuerdo de concertación llamado Pacto por México. El nuevo gobierno dio, además, un golpe de efecto con la decisión de arrestar bajo cargos de corrupción a la líder sindical del magisterio Elba Esther Gordillo. Pero ha habido un crecimiento económico lento, la aparición de grupos de autodefensa en varios poblados, violentas protestas de maestros y tensiones con la oposición en el Pacto por México por supuesto manejo electoral de programas contra la pobreza. El producto interior bruto creció apenas un 0,45% en el primer trimestre frente a los tres meses previos y la estimación de crecimiento para 2013 tuvo que rebajarse del 3,5% al 3,1%.
La captura, probablemente pactada, de Z-40 anuncia el comienzo del fin de la cuasiguerra civil que en década y media mató a 80.000 mexicanos, pero para asegurar que la reconstrucción consolide la hegemonía que el capital financiero alcanzó en las tres décadas pasadas, el gobierno necesita estabilizar el Pacto por México, gran acuerdo conservador de los tres partidos dominantes, y participar de pleno derecho en la Alianza del Pacífico. Sólo un liderazgo que se demuestre fuerte puede conducir a la segunda potencia de América latina en esta transición. Pero para desempeñar este papel no basta con los acuerdos de elite. Peña Nieto necesita que las poblaciones a las que el narcotráfico no sólo aterroriza, sino que además –como sucede en Sinaloa– les resuelve muchos problemas cotidianos, obtengan los servicios que demandan y puedan pagarlos. Para esto, en un país con más de cien millones de habitantes, debe crear trabajo, mucho trabajo. Con Zeta no se acaba esta historia.

El gobierno mexicano acepta gustoso el espionaje

El espíritu de Malinche (3)

Año 6. Edición número 269. Domingo 14 de julio de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

Luego de las revelaciones de que Estados Unidos realizó tareas de espionaje sobre el sector energético y el combate al narcotráfico en México publicadas en el diario Excelsior el pasado miércoles 10, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó el jueves que el gobierno de México ya solicitó informaciones a Washington. El presidente Enrique Peña Nieto (del PRI) se refirió al asunto como una especulación de la prensa y negó que haya conflictos con los Estados Unidos. Por su parte, la Procuraduría General de la República anunció que investigará los presuntos acuerdos de 2007 del gobierno de Felipe Calderón con la Casa Blanca, para que ésta intervenga llamadas telefónicas y correos electrónicos de ciudadanos mexicanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Por su lado, la comisión permanente del Congreso (la reunión de los líderes de los principales bloques de diputados) decidió aplazar una resolución de condena a las actividades ilegales de espionaje de Washington y otra que insta al Ejecutivo a pedir a Estados Unidos explicaciones sobre la vigilancia que ejerce sobre funcionarios y legaciones diplomáticas de México.
El miércoles 10, el diario Excelsior reveló que México y Estados Unidos en la llamada “Iniciativa Mérida” pactaron en 2007 un acuerdo de espionaje. Según la publicación, el contrato S–INLEC–06–R–4042 muestra que el Departamento de Estado estadounidense compró a Verint Systems, fabricante de sistemas de intercepción de comunicaciones, equipo por valor de tres millones de dólares bajo el esquema de apoyo en la “Iniciativa Mérida” para “disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo”. Bajo el nombre de Sistema de Vigilancia Técnica México, los equipos permiten la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios web como chat, email y llamadas de internet.
El opositor Partido de la Revolución Democrática, de centroizquierda, criticó severamente al gobierno: “La respuesta del gobierno federal y del Congreso de la Unión ha sido débil e insuficiente”, aseveró Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional. “La seguridad nacional no puede dejarse en manos de una inteligencia extranjera, continuó, porque eso vulnera nuestra soberanía”. Afirmó que “no basta una nota diplomática para manifestar la molestia y el enojo del país”.
El miércoles 10, el Congreso de la Unión exigió una investigación completa en torno de una eventual “autorización” del gobierno del ex presidente Felipe Calderón para que Estados Unidos espiara a ciudadanos mexicanos en México. Para Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, el solo hecho de que se permitiera la llegada de estos equipos viola el Código Penal mexicano y tratados internacionales. “Ningún convenio internacional, así sea para combatir el narcotráfico o el terrorismo, en el marco de la Iniciativa Mérida o de cualquier otra, puede violar la soberanía del país con espionaje. Si los equipos donados para disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo espían, son ilegales y el Código Penal sanciona esta práctica, más aún si es por parte de un gobierno extranjero”, aseguró. La Jornada del jueves 11 juzgó severamente el episodio: “Las reacciones institucionales ante esta nueva práctica ilegal e injerencista del gobierno estadounidense resultan insuficientes, y claramente orientadas a minimizar las revelaciones. La tibieza es tanto más inaceptable si se considera que el espionaje sistemático en México ha permitido al gobierno estadounidense información sobre rubros estratégicos para la economía y la seguridad nacionales, pero no ha contribuido a mermar la capacidad operativa de las bandas de narcotraficantes, a suspender el flujo de armas ilegales que provienen de Estados Unidos, a desactivar las redes de trata de personas que operan en ambos territorios o a combatir el masivo lavado de dinero que tiene lugar en ambos países, por mencionar sólo tres de las más graves expresiones de la delincuencia organizada. En suma, el espionaje estadounidense en México confirma la discrecionalidad y presumible ilegalidad con que operan dependencias y funcionarios del país vecino en el territorio nacional y agrava la pérdida de soberanía nacional frente a las autoridades de Washington. Lo menos que cabría esperar es una condena enérgica por parte de las autoridades nacionales, una ampliación de las pesquisas judiciales correspondientes hacia el ámbito de los funcionarios estadounidenses involucrados en el desarrollo de esas actividades en nuestro país y la revisión de la cooperación bilateral en la política energética y de seguridad”.
No es de esperar que este gobierno mexicano reformule sus relaciones con su vecino del Norte. Cuando Hernán Cortés desembarcó en la actual Veracruz en 1519 y empezó a avanzar hacia la meseta, centro del poderoso Imperio Azteca, la nación de Tlaxcala le ofreció como prenda de alianza el matrimonio con Malinche, la joven hija de su jefe principal. La adolescente le sirvió de intérprete y asesora en la conquista de Teotihuacán, actual México. Desde entonces “la maldición de Malinche”, la tendencia de las elites a aliarse con el extranjero contra los propios mexicanos, persigue a la patria de Emiliano Zapata. Reforzado por el Tratado de Libre Comercio, en vigor desde 1994, el malinchismo gobierna México casi sin oposición efectiva. No es de extrañar entonces que el gobierno de la economía mexicana que este tratado otorgó a los extranjeros sea complementado con el gobierno de los datos privados y de las principales empresas privadas.

Colombia asume el espionaje como propio

En pos de los petroleros (2)

Año 6. Edición número 269. Domingo 14 de julio de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

La masiva vigilancia electrónica de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés) en América latina excedió ampliamente los objetivos de la lucha contra “el narcoterrorismo”, para ocuparse diligentemente de espiar las actividades económicas de los países de la región. Sin embargo, una semana después de las primeras publicaciones de G. Greenwald en O Globo sobre sus entrevistas con Edward Snowden, nadie en el subcontinente aportó datos adicionales sustantivos. Todos los medios, incluso los alternativos, se limitan a comentar lo publicado por el diario carioca y los gobiernos, a dar declaraciones públicas.
Después de Brasil y México, Colombia fue el tercer objetivo del espionaje norteamericano en el continente, informó O Globo. Documentos secretos a los que ese diario tuvo acceso muestran una recolección de información de Colombia en un flujo constante, aunque variable. El gobierno colombiano exigió el pasado martes a la noche “explicaciones” a los Estados Unidos sobre las supuestas actividades de espionaje que habría realizado desde hace varios años la NSA.
De acuerdo con Steve Donehoo, ex oficial de inteligencia militar de Estados Unidos, con mucha experiencia en América latina y hoy con la firma McLarty Associates, su país coopera en materia de inteligencia con casi todos los países del mundo y en una gran variedad de temas que van desde el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos hasta la trata de personas, tráfico de armas y todo tipo de crimen organizado. Según el experto, el espionaje en Colombia se vio redoblado a partir del año 2003 cuando las FARC secuestraron a tres estadounidenses que fueron rescatados en 2008. De acuerdo con otras fuentes, durante esos años Estados Unidos mantuvo en Colombia a más de 600 agentes, muchos de ellos del NSA, que se dedicaban a recolectar inteligencia humana y técnica que sirviera para ubicar a los secuestrados. 2008 fue uno de los años en que más se espió en Colombia y en países vecinos, como Ecuador y Venezuela, donde Estados Unidos creía que se daba santuario a las FARC. Y fue el año en que se asesinó al líder de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, lo que generó una grave crisis diplomática con ambos vecinos.
Si bien la NSA no tiene sede en Colombia, sus necesidades se cumplirían a través de la oficina llamada ORA. Una fuente que trabajó de la mano con ORA indicó: “Tienen hombres que trabajan en coordinación con la Armada, la Policía y el Ejército. Antes lo hacían con el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Oficialmente esta agencia está en el país para asesorar a las direcciones de inteligencia en las investigaciones contra el terrorismo, pero tras esa ayuda monitorean actividades de grupos islamistas. Les preocupa mucho el terrorismo islámico y que desde Suramérica puedan ser víctima de ello. En Colombia, por ejemplo, tienen trabajos en La Guajira y Santa Marta”, explicó la fuente.
Agregó que no tienen plataformas propias de interceptación, sino que usan las salas de la ex plataforma Esperanza, para lo cual se requiere una orden judicial. Sobre la plataforma PUMA, sucesora de la Esperanza, el portal colombiano Infodefensa.com informó el pasado 3 de julio lo siguiente: “Para 2014 Colombia espera poder desarrollar e implementar su Plataforma Única de Monitoreo y Análisis –PUMA–, con la cual interceptar en tiempo real y previa orden judicial todas las comunicaciones que impliquen la transferencia de datos por la red. La nueva plataforma, estaría básicamente diseñada para tener acceso a datos, mensajes y comunicaciones que se realicen a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Viber, Twitter, Skype, Linkedin), así como por redes telefónicas.”
“PUMA (versión colombiana de Prisma y evolución de la actual plataforma Esperanza) será operada desde Bogotá y contará con 700 estaciones de monitoreo –300 en la capital y 400 en el resto del país– y podría interceptar hasta 20.000 medios de comunicación diferentes al mismo tiempo. La administración de la misma estará en manos de la Fiscalía General de la Nación, acompañada de la Procuraduría General de la Nación, y tendrá como objetivo principal obtener material probatorio que facilite el desarrollo de investigaciones judiciales. El costo aproximado de la nueva plataforma rondaría los 50 millones de dólares, de los cuales cerca de 29 millones serían invertidos en hardware y software y los restantes 21 millones, en la adquisición de terrenos, adecuaciones, construcciones, licencias e intervenciones. El nuevo sistema será la herramienta técnica clave para la implementación de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia sancionada hace tres meses con la que el Gobierno colombiano pretende regular de manera definitiva todo lo relacionado con la interceptación de comunicaciones –voz y datos– con fines judiciales. Finalmente, por medios locales colombianos ha trascendido que la compañía israelí Comverse Technology sería seleccionada para el desarrollo de PUMA.”
Es llamativa la falta en la red de otras informaciones sobre el espionaje de la NSA. Ningún país latinoamericano o medio de comunicación añadió algún elemento adicional a lo publicado por O Globo. Seguramente Washington está activando todos sus canales diplomáticos, militares y de inteligencia, inclusive con los adversarios, para alcanzar un tratamiento discreto del tema. No obstante, la ofensa a la dignidad de los gobiernos latinoamericanos, sin importar su color, ha sido demasiado grave, como para que éstos puedan mandar el episodio a actas sin más. La noticia sobre la nueva plataforma PUMA en Colombia, además, indica que el espionaje norteamericano se está dando nuevas y más permanentes bases dentro del subcontinente, donde también está introduciendo su lucha particular contra el llamado “terrorismo islámico” de la mano de Israel. El espionaje de la NSA no es un tema del pasado y los principales dirigentes latinoamericanos no lo borrarán rápidamente de sus agendas. Evidentemente esta novela recién comienza. Esperemos el segundo capítulo.

Los consultores de F.H. Cardoso sostienen el espionaje en el Cono Sur

Espionaje en la región (1)

Año 6. Edición número 269. Domingo 14 de julio de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

Bajo la lupa. Un análisis, país por país, que desnuda cómo son los escándalos desatados por la vigilancia electrónica que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos realiza en América latina. 

 

Los espías consejeros
Ante las revelaciones del matutino conservador carioca O Globo del sábado, domingo y martes pasados, la mayoría de los medios en Brasil y en toda América latina reaccionaron indignados por la evidencia de las flagrantes violaciones de la intimidad de cientos de millones de personas en el continente. La denuncia se sumó al secuestro del presidente Evo Morales pocos días antes en Austria. Aunque el Mercosur reunido en Montevideo emitió el viernes pasado una severa declaración, exigiendo la aclaración de ambos hechos y las disculpas de los países occidentales involucrados; estos escándalos están mostrando el vínculo existente entre el espionaje masivo y el desempeño de las empresas norteamericanas de tecnologías de la información (TI) como asesoras, consultoras y operadoras de gobiernos y empresas. Quizá por esta razón las oposiciones de derecha y centroderecha en la Argentina, Brasil y Bolivia callan ante estos episodios.
Las revelaciones de Edward Snowden se publicaron en Río de Janeiro a través de O Globo, porque allí vive Glenn Greenwald, un ex abogado norteamericano dueño de un blog hospedado en el diario británico The Guardian que vive en Brasil desde 2005 y colabora a menudo con el matutino carioca. Al inmigrar, el norteamericano comenzó a publicar un blog crítico sobre la política del gobierno de George W. Bush que pronto tuvo mucho éxito. En agosto de 2012 fue contratado como columnista por The Guardian. A partir de diciembre pasado, comenzó a contactarlo Snowden y finalmente viajó a Hong Kong para entrevistarlo. Sus declaraciones son la fuente de las denuncias que Greenwald publicó en O Globo.
Una de las empresas pioneras en la adhesión a los programas de control del tráfico de informaciones conducidos por las agencias norteamericanas de inteligencia, la Global Crossing –operadora de cables de fibra óptica y proveedora internacional de servicios de red y telecomunicaciones de gran escala– tiene amplia actuación en los mercados brasileño, argentino y uruguayo. En 2011 fue vendida a la compañía estadounidense Level 3 Communications. La empresa vincula los tres países a los Estados Unidos mediante cables submarinos y redes terrestres que alquila a la española Telefónica. Según el Washington Post, en setiembre de 2003 Global Crossing firmó como primera empresa de su sector el llamado “Acuerdo de Seguridad en la Red” con el gobierno de los Estados Unidos, para que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) acceda a los datos transmitidos por cable.
El espionaje a través de las redes de cables de fibra óptica se complementa con el desempeño de otras empresas norteamericanas que ofrecen servicios integrados de consultoría y gestión a Estados y empresas privadas. La más importante de ellas es Booz Allen Hamilton, para la que trabajó contratado Edward Snowden.
Booz Allen es una empresa de consultoría especializada en estrategia, TI y gestión de empresas. Desde 2011, el 67% de la empresa está controlado por el fondo de capital de riesgo Carlyle, dirigido por el multimillonario David Rubenstein. Según informa el diario español El Mundo, entre sus asesores, directivos e inversores estuvieron George Bush padre, la familia Bin Laden, el ex primer ministro conservador británico John Major y el ex secretario de Defensa estadounidense Frank Carlucci. El ex director de la CIA con Bill Clinton (que luego se hizo republicano), James Woolsey, fue vicepresidente de Booz Allen Hamilton. Ahora, ese cargo lo ocupa Mike McConnell, el ex director nacional de Inteligencia que coordinó las 50 agencias de espionaje de Estados Unidos. Su sucesor, el teniente general retirado James Clapper, también fue directivo de esta empresa cuyo tipo en Estados Unidos se denomina “de puerta giratoria”, porque facilita la circulación de funcionarios civiles y militares entre el sector privado y el público. Booz Allen Hamilton aumentó su facturación en un 60% en dos años. Se trata, en realidad, de una empresa muy vieja, ligada desde hace décadas a las fuerzas armadas, pero su actual implicación con el Estado de Estados Unidos se produjo en la década de 1990 y se multiplicó después del 11-S.
En 2000, Booz Allen Hamilton do Brasil fue responsable por el estudio de auditoría sobre las instituciones públicas financieras del Estado federal brasileño que propuso su privatización. Durante los años ’90 agudizó la competencia interregional con sus propuestas y participó en la elaboración de los llamados Planes Plurianuales (PPA) que establecen objetivos y metas a cuatro años que luego condicionan los presupuestos anuales. La participación de esta megaconsultora en la política neoliberal del gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue total. Por esta razón el portal Carta Maior en su editorial del miércoles 10 reclamó la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones para esclarecer las responsabilidades de quienes asesoraron al gobierno del PSDB en el esquema de espionaje.
En la Argentina, Booz Allen Hamilton está presente en distintas áreas del gerenciamiento y las soluciones corporativas. Global Crossing, por su parte, tiene una fuerte actividad en todas las áreas del transporte de datos y el monitoreo de redes. En mayo de 2011 donó a la Dirección Nacional del Antártico una antena especial para la Base Marambio, capaz de trasmitir en las más duras condiciones climáticas.
Por su parte, en Bolivia, ya antes de su secuestro en Europa, Evo Morales había denunciado maniobras de espionaje norteamericano dentro de su propio gobierno. El pasado 25 de junio, en la toma de posesión de los nuevos viceministros de Comercio Exterior, Clarence Endara, y de Gestión Institucional, Leonor Arauco, caracterizó al ministerio de Relaciones Exteriores de su país como un nido de espías y racistas. El mandatario afirmó que existen indicios de que funcionarios de ese ministerio brindaron información reservada y clasificada a Estados Unidos y otros gobiernos.
El caso Snowden, el espionaje sobre América latina y el secuestro de Evo Morales se entrecruzan cada vez más, mostrando que el espionaje es una consecuencia ineludible del poder que las empresas norteamericanas de TI tienen sobre la trasmisión de datos en el continente y su influencia sobre la gestión pública y privada.

Tratan de frenar la reforma política democrática en Brasil

La restauración en marcha

Año 6. Edición número 268. Domingo 7 de julio de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

Mientras la elite brasileña trata de volver a la normalidad después de las movilizaciones de junio, Dilma Rousseff atiende los reclamos de la sociedad. 

 

"Infelizmente no es posible convocar el plebiscito antes de octubre, de modo que las elecciones de 2014 deberán realizarse con el sistema electoral actual”, dijo –palabra más o menos– el vicepresidente brasileño, Michel Temer (PMDB), el jueves al mediodía. Comentan observadores que los gritos que la presidenta Dilma Rousseff daba esa tarde durante su visita a Salvador podían oírse en Brasilia sin necesidad de teléfono.
En Brasil no se conoce el “no”. Todos los negocios, también los políticos o los académicos, se hacen con una sonrisa en los labios. Un “tudo bom” o un “OK” sellan el apretón de manos de despedida, pero ¡ay de quien se confíe en tanta amabilidad! A la primera de cambio, uno de los socios encontrará un acuerdo más conveniente y cuando su socio de otrora pregunte por el avance de lo convenido, la respuesta más habitual será “infelizmente no fue posible”.
En la década de 1940, en su maravilloso libro Raíces de Brasil, Sergio Buarque de Hollanda explicó cómo de la tradición cortesana de la Colonia y del Imperio surgió la imagen del “hombre cordial” como prototipo de las elites brasileñas. Nadie dice que no, entre los que mandan o aspiran a hacerlo no hay peleas definitivas, pero al trabajador y al “negrinho” se los desprecia y mandonea. Mucho ha cambiado gracias a Lula, pero los mundos de la política, las grandes empresas, las profesiones liberales y la academia cultivan con fruición los estilos pseudoaristocráticos de sus antepasados.
Todos los políticos, jueces y medios están a favor de la reforma política reclamada a los gritos por las masas que se movilizaron en junio. Nadie está en contra, pero todos intentan demostrar que “infelizmente” no puede hacerse tan rápido como quiere la presidenta.
Con su escueta declaración, el vicepresidente Temer confirmó al mediodía del jueves 4 que no habrá plebiscito antes de octubre y, por consiguiente, las elecciones presidenciales y legislativas de 2014 se realizarán con la legislación actual. Prometió por cierto que, entonces, la reforma comenzaría a regir en las elecciones municipales de 2016. Pero, ¿quién le cree?
La respuesta le llegó a velocidad digital desde Bahía, donde Dilma lanzaba un plan agrícola para el Nordeste: “Creo en la inteligencia, la sagacidad y la capacidad del pueblo brasileño para responder a las preguntas de un plebiscito sobre la reforma política y decidir cuál es el mejor camino para el país”, declaró taxativamente. “El pueblo siempre demostró, a lo largo de la Historia, que sus decisiones fueron acertadas. No creo que el pueblo no sea capaz de aprender porque las preguntas sobre la reforma política sean complicadas”, agregó.
Cuatro horas más tarde, Temer se retractó, aclarando que en su declaración sólo había “reproducido” la opinión de los líderes de los 17 partidos aliados del PT en el Congreso Nacional. Su vaivén refleja los conflictos que la presidenta tiene con sus aliados para impulsar las reformas demandadas en las protestas, en primer lugar con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un elefante blanco parado desde hace décadas en la mitad del espectro político, lleno de caciques estaduales y municipales a cada cual más corrupto. Cuando se enteraron del acceso de furia de la mandataria, parlamentarios del PMDB opinaron que en un momento de baja simpatía en las encuestas la presidenta no podía exigirles demasiado. “¿Con su popularidad en baja va a desgastar todavía más la relación con nosotros? Lo dudo”, dijo un parlamentario no identificado.
Otro parlamentario del PMDB apostó a la “armonía” entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que, argumentó, “faltan apenas dos firmas para que la oposición instale la Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre Petrobras”. “Y de las cinco reformas propuestas por la presidenta el lunes 24, nuestra bancada –continuó– rechazaría todas. Sólo pasaría la medida urgente que dispone ayudas especiales para ciudades afectadas por la sequía en el Nordeste. En el PMDB están convencidos de que los ministerios que el partido tiene “no sirven para tener influencia. Si hoy se reuniera la ejecutiva del partido, la mayoría votaría por renunciar a esas carteras”, dijo otro alto dirigente del PMDB.
La callada y cerrada resistencia de los aliados del PT se conjuga con la más ruidosa de la oposición. Es que hay mucho dinero en juego. En Brasil, los partidos políticos son débiles y los candidatos muy fuertes. Es el candidato el que, con generosas subvenciones empresarias en la mano, busca el partido de su conveniencia. La gran mayoría de los parlamentarios ha cambiado alguna vez de partido buscando más minutos en televisión o algún pacto parlamentario que mejore su situación y la de los intereses que representa. Por eso es que resisten una reforma que introduciría el financiamiento público de las campañas y fortalecería la autoridad de los partidos sobre sus representantes.
Las contradicciones del vicepresidente obligaron a la dirección del PT a cerrar filas públicamente con la presidenta. La Ejecutiva Nacional del PT reafirmó en su reunión del jueves a la tarde su total apoyo a Dilma, especialmente a las cinco reformas que propuso el martes al Congreso: sobre el financiamiento de las campañas electorales, la del sistema electoral para fortalecer a los partidos por sobre los candidatos, sobre el fin de los senadores suplentes que nadie conoce y muchas veces terminan ocupando las bancas, porque sus titulares pasaron a cargos ejecutivos, sobre la prohibición de las coaliciones electorales (que sólo tienen como fin sumar minutos de propaganda televisiva) y para acabar con el voto secreto en el Congreso. La más importante, empero, es la propuesta de convocatoria a un plebiscito, para que el pueblo decida rápido sobre la reforma política, de modo que algunas modificaciones ya rijan en las elecciones del año que viene.
Según el presidente nacional del PT, Rui Falcão, su partido va a trabajar para que el plebiscito sobre la reforma política se haga lo más rápido posible. “Nuestros esfuerzos se concentran en realizar el plebiscito. Es la forma más directa de afirmar la soberanía popular y la manera más adecuada para democratizar el Estado brasileño”, dijo el líder petista.
Además de la lucha por el plebiscito, Falcão informó que el partido va a continuar con la campaña por la reforma política y por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente exclusiva para debatir la reforma política. “Queremos ampliar los mecanismos de participación popular simplificando los mecanismos constitucionales respectivos”, afirmó.
Para retomar la iniciativa después de la tormenta del jueves, el viernes la presidenta mantuvo varias reuniones con directivos propios y aliados. Por la mañana se reunió con el presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), y luego con el ministro de Justicia, José E. Cardozo. Después recibió a la directiva de la bancada del PT en la Cámara de Diputados en la que también hay resistencias contra el plebiscito. La próxima semana, el gobierno se reúne con los líderes aliados en el Senado para elaborar juntos el decreto legislativo (medida ejecutiva del Congreso para temas especiales) que convoca a la consulta popular.

Reforma o restauración. En los últimos días se registró una sensible disminución de las manifestaciones callejeras, mientras en el Congreso, la Justicia y los medios crece la resistencia pasiva a la realización del plebiscito. En este contexto, representantes de los movimientos de protesta, de sindicatos y partidos están realizando una serie de reuniones por todo el país, para discutir los cursos futuros. La tentativa de una rápida restauración de la normalidad por parte de los sectores conservadores del Congreso y en diferentes estados es evidente. Parece evidente también que sin alguna forma de organización a nivel nacional y de definición de una estrategia mínima de esos movimientos para la acción en común, son muy grandes las posibilidades de que la agenda conservadora prevalezca.
Uno de los pocos dirigentes políticos que viene advirtiendo contra la restauración conservadora luego de la explosión en las calles es el gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT). El miércoles pasado Tarso volvió a defender públicamente la necesidad de convocar a una constituyente exclusiva y lanzó, por medio del “Gabinete Digital” de su gobierno una consulta popular para recibir contribuciones de la población sobre la propuesta de reforma política. El gobierno de Rio Grande do Sul pretende recoger propuestas de la población y elaborar una lista de prioridades que será enviada al Congreso Nacional. Tarso Genro quiere entregar ese documento a la bancada federal de su estado todavía durante el mes de julio, para que lo presente en el Congreso. “Hay que devolver el poder constituyente al pueblo”, dijo el gobernador al convocar a la consulta.
Para el mandatario, el país vive una crisis política grave. “Hay un gran conjunto de propuestas en la calle sin una unidad mínima entre los manifestantes. Quien está contra todo, puede estar también contra nada. Es necesario devolver efectividad a la política y para eso hay que devolver la política al pueblo que es la fuente constituyente originaria. Tenemos también una crisis de representatividad que afecta diariamente a los representantes políticos y puede llevar a una crisis de la República”.
Tarso piensa que las movilizaciones callejeras ahora deben presionar al Congreso Nacional: “El parlamento perdió la confianza de la población”, afirmó. “Para que en uno o dos años no caigamos en una crisis aún más grave, tenemos que devolver el poder constituyente al pueblo, para que éste restablezca la efectividad y la dignidad de la política. El Congreso debe ser presionado, para que no haga una reforma política falluta, sino que vote una enmienda constitucional que instituya una cámara constituyente”, dijo.
Para Tarso, el futuro de los partidos políticos va a depender de su funcionamiento en la crisis actual y de su capacidad para incorporar el sistema de redes sociales surgidas en las movilizaciones a la formación de su propia opinión política y para escuchar lo que éstas dicen.
Claudir Nespolo, presidente de la central sindical CUT en el mismo estado gaúcho, acordó con el gobernador y reconoció que existe un profundo abismo entre el Estado brasileño y la sociedad. “Quien no lo comprenda, dijo, no va a hallar los caminos para superar la crisis. El pueblo está hasta las bolas de los privilegios, del toma y daca en los parlamentos, la formación de mayorías para gobernar que falsean los programas, la ayuda de vivienda para los jueces y los fiscales, su 15º salario anual y sus vacaciones de 60 días. El Congreso Nacional está cada vez más distante del día a día de la población. La mejor demostración de esto es que en el parlamento nadie percibió la dimensión del problema del transporte colectivo”.
Por su parte, el politólogo de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul Benedito Cesar comentó que “se está produciendo una contrarreforma”. El analista político defiende la incorporación de nuevas tecnologías comunicacionales al debate sobre la reforma política, que para él es la principal reformas que debe ser hecha en Brasil, para que el pueblo pueda participar directamente.
Para Marco Aurelio Ruediger, profesor de Políticas Públicas en la Fundación Getúlio Vargas (FGV) en Rio de Janeiro, las autoridades brasileñas en general se espantaron y desaparecieron de la escena durante las manifestaciones de las últimas semanas. Ruediger citó al gobernador Tarso Genro como una excepción, por haber tomado iniciativas que intentan dialogar con los demandantes. “El gran tema de este proceso es la cuestión de la confianza y de la legitimidad, evaluó. El pueblo no quiere una ciudadanía por la mitad”.
La presidenta ya dejó trascender que, si el Congreso no aprueba pronto la convocatoria a plebiscito en los términos solicitados por ella, convocará a una recolección de firmas en todo el país para presentar al Congreso un proyecto de ley de iniciativa popular (PIP) para la realización del plebiscito.
Entre tanto, a falta de convocatorias partidarias creíbles, los manifestantes siguen tomando las calles en números más pequeños, por temas específicos y sin coordinación. La masiva presencia de la Policía Militar en la puerta de la Red Globo de Televisión en la noche del jueves al viernes, no intimidó a los cerca de mil manifestantes que protestaban contra la concentración de los medios en Brasil. Por las redes sociales otras 20 mil personas asistieron a la transmisión de la Ninja TV (un canal alternativo de televisión por Internet) en el momento en que un cordón con cerca de 300 personas lacró los portones de la emisora, en el barrio Jardín Botánico, en la Zona Sur de la ex capital, en un acto simbólico por la cobranza de cerca de 500 millones de dólares por impuestos evadidos por la empresa de propiedad de la familia Marinho en una operación fraudulenta denunciada por el periodista Miguel do Rosário, editor del blog O Cafezinho (el cafecito).
El movimiento es un ejemplo del sinfín de iniciativas que, aunque ya existían, pudieron salir a la calle y ganar espacio público gracias a las masivas movilizaciones de junio pasado. Por supuesto que la concurrencia ya no es tan numerosa y que los grandes medios intentan silenciar estas acciones, mientras políticos de todos los partidos miran para el costado. Las elites brasileñas creen que ya está “tudo bom” y que pueden seguir con sus negocios como siempre, pero no escuchan los sordos ruidos que les llegan desde las profundidades de su sociedad. O encaran ahora las profundas reformas democratizadoras que el país necesita o la próxima explosión va a ser brutal.