El espíritu de Malinche (3)
Año 6. Edición número 269. Domingo 14 de julio de 2013
Luego de las revelaciones de que Estados Unidos realizó tareas de
espionaje sobre el sector energético y el combate al narcotráfico en
México publicadas en el diario Excelsior el pasado miércoles 10,
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó el jueves que el
gobierno de México ya solicitó informaciones a Washington. El presidente
Enrique Peña Nieto (del PRI) se refirió al asunto como una especulación
de la prensa y negó que haya conflictos con los Estados Unidos. Por su
parte, la Procuraduría General de la República anunció que investigará
los presuntos acuerdos de 2007 del gobierno de Felipe Calderón con la
Casa Blanca, para que ésta intervenga llamadas telefónicas y correos
electrónicos de ciudadanos mexicanos en el marco de la lucha contra el
narcotráfico.
Por su lado, la comisión permanente del Congreso (la reunión de los líderes de los principales bloques de diputados) decidió aplazar una resolución de condena a las actividades ilegales de espionaje de Washington y otra que insta al Ejecutivo a pedir a Estados Unidos explicaciones sobre la vigilancia que ejerce sobre funcionarios y legaciones diplomáticas de México.
El miércoles 10, el diario Excelsior reveló que México y Estados Unidos en la llamada “Iniciativa Mérida” pactaron en 2007 un acuerdo de espionaje. Según la publicación, el contrato S–INLEC–06–R–4042 muestra que el Departamento de Estado estadounidense compró a Verint Systems, fabricante de sistemas de intercepción de comunicaciones, equipo por valor de tres millones de dólares bajo el esquema de apoyo en la “Iniciativa Mérida” para “disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo”. Bajo el nombre de Sistema de Vigilancia Técnica México, los equipos permiten la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios web como chat, email y llamadas de internet.
El opositor Partido de la Revolución Democrática, de centroizquierda, criticó severamente al gobierno: “La respuesta del gobierno federal y del Congreso de la Unión ha sido débil e insuficiente”, aseveró Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional. “La seguridad nacional no puede dejarse en manos de una inteligencia extranjera, continuó, porque eso vulnera nuestra soberanía”. Afirmó que “no basta una nota diplomática para manifestar la molestia y el enojo del país”.
El miércoles 10, el Congreso de la Unión exigió una investigación completa en torno de una eventual “autorización” del gobierno del ex presidente Felipe Calderón para que Estados Unidos espiara a ciudadanos mexicanos en México. Para Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, el solo hecho de que se permitiera la llegada de estos equipos viola el Código Penal mexicano y tratados internacionales. “Ningún convenio internacional, así sea para combatir el narcotráfico o el terrorismo, en el marco de la Iniciativa Mérida o de cualquier otra, puede violar la soberanía del país con espionaje. Si los equipos donados para disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo espían, son ilegales y el Código Penal sanciona esta práctica, más aún si es por parte de un gobierno extranjero”, aseguró. La Jornada del jueves 11 juzgó severamente el episodio: “Las reacciones institucionales ante esta nueva práctica ilegal e injerencista del gobierno estadounidense resultan insuficientes, y claramente orientadas a minimizar las revelaciones. La tibieza es tanto más inaceptable si se considera que el espionaje sistemático en México ha permitido al gobierno estadounidense información sobre rubros estratégicos para la economía y la seguridad nacionales, pero no ha contribuido a mermar la capacidad operativa de las bandas de narcotraficantes, a suspender el flujo de armas ilegales que provienen de Estados Unidos, a desactivar las redes de trata de personas que operan en ambos territorios o a combatir el masivo lavado de dinero que tiene lugar en ambos países, por mencionar sólo tres de las más graves expresiones de la delincuencia organizada. En suma, el espionaje estadounidense en México confirma la discrecionalidad y presumible ilegalidad con que operan dependencias y funcionarios del país vecino en el territorio nacional y agrava la pérdida de soberanía nacional frente a las autoridades de Washington. Lo menos que cabría esperar es una condena enérgica por parte de las autoridades nacionales, una ampliación de las pesquisas judiciales correspondientes hacia el ámbito de los funcionarios estadounidenses involucrados en el desarrollo de esas actividades en nuestro país y la revisión de la cooperación bilateral en la política energética y de seguridad”.
No es de esperar que este gobierno mexicano reformule sus relaciones con su vecino del Norte. Cuando Hernán Cortés desembarcó en la actual Veracruz en 1519 y empezó a avanzar hacia la meseta, centro del poderoso Imperio Azteca, la nación de Tlaxcala le ofreció como prenda de alianza el matrimonio con Malinche, la joven hija de su jefe principal. La adolescente le sirvió de intérprete y asesora en la conquista de Teotihuacán, actual México. Desde entonces “la maldición de Malinche”, la tendencia de las elites a aliarse con el extranjero contra los propios mexicanos, persigue a la patria de Emiliano Zapata. Reforzado por el Tratado de Libre Comercio, en vigor desde 1994, el malinchismo gobierna México casi sin oposición efectiva. No es de extrañar entonces que el gobierno de la economía mexicana que este tratado otorgó a los extranjeros sea complementado con el gobierno de los datos privados y de las principales empresas privadas.
Por su lado, la comisión permanente del Congreso (la reunión de los líderes de los principales bloques de diputados) decidió aplazar una resolución de condena a las actividades ilegales de espionaje de Washington y otra que insta al Ejecutivo a pedir a Estados Unidos explicaciones sobre la vigilancia que ejerce sobre funcionarios y legaciones diplomáticas de México.
El miércoles 10, el diario Excelsior reveló que México y Estados Unidos en la llamada “Iniciativa Mérida” pactaron en 2007 un acuerdo de espionaje. Según la publicación, el contrato S–INLEC–06–R–4042 muestra que el Departamento de Estado estadounidense compró a Verint Systems, fabricante de sistemas de intercepción de comunicaciones, equipo por valor de tres millones de dólares bajo el esquema de apoyo en la “Iniciativa Mérida” para “disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo”. Bajo el nombre de Sistema de Vigilancia Técnica México, los equipos permiten la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios web como chat, email y llamadas de internet.
El opositor Partido de la Revolución Democrática, de centroizquierda, criticó severamente al gobierno: “La respuesta del gobierno federal y del Congreso de la Unión ha sido débil e insuficiente”, aseveró Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional. “La seguridad nacional no puede dejarse en manos de una inteligencia extranjera, continuó, porque eso vulnera nuestra soberanía”. Afirmó que “no basta una nota diplomática para manifestar la molestia y el enojo del país”.
El miércoles 10, el Congreso de la Unión exigió una investigación completa en torno de una eventual “autorización” del gobierno del ex presidente Felipe Calderón para que Estados Unidos espiara a ciudadanos mexicanos en México. Para Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, el solo hecho de que se permitiera la llegada de estos equipos viola el Código Penal mexicano y tratados internacionales. “Ningún convenio internacional, así sea para combatir el narcotráfico o el terrorismo, en el marco de la Iniciativa Mérida o de cualquier otra, puede violar la soberanía del país con espionaje. Si los equipos donados para disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo espían, son ilegales y el Código Penal sanciona esta práctica, más aún si es por parte de un gobierno extranjero”, aseguró. La Jornada del jueves 11 juzgó severamente el episodio: “Las reacciones institucionales ante esta nueva práctica ilegal e injerencista del gobierno estadounidense resultan insuficientes, y claramente orientadas a minimizar las revelaciones. La tibieza es tanto más inaceptable si se considera que el espionaje sistemático en México ha permitido al gobierno estadounidense información sobre rubros estratégicos para la economía y la seguridad nacionales, pero no ha contribuido a mermar la capacidad operativa de las bandas de narcotraficantes, a suspender el flujo de armas ilegales que provienen de Estados Unidos, a desactivar las redes de trata de personas que operan en ambos territorios o a combatir el masivo lavado de dinero que tiene lugar en ambos países, por mencionar sólo tres de las más graves expresiones de la delincuencia organizada. En suma, el espionaje estadounidense en México confirma la discrecionalidad y presumible ilegalidad con que operan dependencias y funcionarios del país vecino en el territorio nacional y agrava la pérdida de soberanía nacional frente a las autoridades de Washington. Lo menos que cabría esperar es una condena enérgica por parte de las autoridades nacionales, una ampliación de las pesquisas judiciales correspondientes hacia el ámbito de los funcionarios estadounidenses involucrados en el desarrollo de esas actividades en nuestro país y la revisión de la cooperación bilateral en la política energética y de seguridad”.
No es de esperar que este gobierno mexicano reformule sus relaciones con su vecino del Norte. Cuando Hernán Cortés desembarcó en la actual Veracruz en 1519 y empezó a avanzar hacia la meseta, centro del poderoso Imperio Azteca, la nación de Tlaxcala le ofreció como prenda de alianza el matrimonio con Malinche, la joven hija de su jefe principal. La adolescente le sirvió de intérprete y asesora en la conquista de Teotihuacán, actual México. Desde entonces “la maldición de Malinche”, la tendencia de las elites a aliarse con el extranjero contra los propios mexicanos, persigue a la patria de Emiliano Zapata. Reforzado por el Tratado de Libre Comercio, en vigor desde 1994, el malinchismo gobierna México casi sin oposición efectiva. No es de extrañar entonces que el gobierno de la economía mexicana que este tratado otorgó a los extranjeros sea complementado con el gobierno de los datos privados y de las principales empresas privadas.
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Eduardo J. Vior