09 de Febrero de 2015
La comezón del séptimo año
Siete años después de iniciada la crisis
económico-financiera, bajo la presión del masivo y extendido descontento
popular por la persistente crisis económica, once países de la Unión
Europea (UE) propondrán el próximo 17 de febrero al Consejo de Ministros
de Economía y Finanzas (Ecofin) la introducción de un impuesto sobre
las transacciones con acciones y derivados a partirdel 1° de enero de
2016, pero tan fuertes son las resistencias del capital financiero que
la incertidumbre prevalece.
Después de bloquear largamente la iniciativa, un repentino giro de François Hollande a principios de enero permitió que los ministros económicos y financieros de Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España se pusieran de acuerdo el pasado 26 de enero en Bruselas en un plan de acción para extender a toda la UE la aplicación de un impuesto de base amplia y baja tasa. Su primer objetivo es lograr que el próximo 17 de febrero el Ecofin adopte la propuesta como propia y la presente el siguiente día 24 en la reunión de los jefes de Estado y de gobierno.
A principios de 2013 los once países mencionados se pusieron de acuerdo en diseñar un impuesto sobre las transacciones con acciones y algunos derivados, pero la resistencia francesa a darle una base amplia lo frenó hasta fin de 2014. Ante el nuevo impulso que adquirió ahora, los bancos hicieron sonar la alarma: en una carta enviada el pasado 23 de enero a todos los gobiernos de la UE, las asociaciones de bancos públicos y privados, de negocios y cooperativos de la UE reclamaron a los miembros de la Comisión Europea (CE) por los efectos que esta decisión, adoptada sólo por una parte de los países miembro, tendría sobre todo el continente. Significativamente no se oponen al impuesto, sino a las consecuencias que le atribuyen al ser impulsado por sólo una parte de los miembros de la Unión: "Obstaculizará el mercado financiero y distorsionará la competencia." La introducción del impuesto, añaden, haría a los gobiernos y operadores financieros extremadamente dependientes de agentes y fondos de inversión externos a la UE.
Es notorio que ya ni siquiera los agentes financieros se oponen a la introducción de un impuesto imprescindible para re-regular las operaciones financieras y subordinarlas a prioridades económicas, sociales y medioambientales, sino que lo desvirtúan para defenderse.
En un año lleno de elecciones decisivas, el descontento de los pueblos europeos con la incapacidad de sus gobiernos y de la burocracia de Bruselas para superar la crisis económica y combatir el desempleo y la pobreza se manifiesta por izquierda en el sur del continente y por derecha en el norte. La gran coalición conservadora-socialdemócrata-liberal que gobierna el continente siente que el piso quema bajo sus pies e intenta apaciguar, pero no quiere (¿no puede?) romper su matrimonio con las finanzas. Todavía es demasiado temprano para descorchar el "champú" y festejar la vigencia de un impuesto que puede aliviar la vida de cientos de millones de personas en Europa y fuera de ella.
Después de bloquear largamente la iniciativa, un repentino giro de François Hollande a principios de enero permitió que los ministros económicos y financieros de Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España se pusieran de acuerdo el pasado 26 de enero en Bruselas en un plan de acción para extender a toda la UE la aplicación de un impuesto de base amplia y baja tasa. Su primer objetivo es lograr que el próximo 17 de febrero el Ecofin adopte la propuesta como propia y la presente el siguiente día 24 en la reunión de los jefes de Estado y de gobierno.
A principios de 2013 los once países mencionados se pusieron de acuerdo en diseñar un impuesto sobre las transacciones con acciones y algunos derivados, pero la resistencia francesa a darle una base amplia lo frenó hasta fin de 2014. Ante el nuevo impulso que adquirió ahora, los bancos hicieron sonar la alarma: en una carta enviada el pasado 23 de enero a todos los gobiernos de la UE, las asociaciones de bancos públicos y privados, de negocios y cooperativos de la UE reclamaron a los miembros de la Comisión Europea (CE) por los efectos que esta decisión, adoptada sólo por una parte de los países miembro, tendría sobre todo el continente. Significativamente no se oponen al impuesto, sino a las consecuencias que le atribuyen al ser impulsado por sólo una parte de los miembros de la Unión: "Obstaculizará el mercado financiero y distorsionará la competencia." La introducción del impuesto, añaden, haría a los gobiernos y operadores financieros extremadamente dependientes de agentes y fondos de inversión externos a la UE.
Es notorio que ya ni siquiera los agentes financieros se oponen a la introducción de un impuesto imprescindible para re-regular las operaciones financieras y subordinarlas a prioridades económicas, sociales y medioambientales, sino que lo desvirtúan para defenderse.
En un año lleno de elecciones decisivas, el descontento de los pueblos europeos con la incapacidad de sus gobiernos y de la burocracia de Bruselas para superar la crisis económica y combatir el desempleo y la pobreza se manifiesta por izquierda en el sur del continente y por derecha en el norte. La gran coalición conservadora-socialdemócrata-liberal que gobierna el continente siente que el piso quema bajo sus pies e intenta apaciguar, pero no quiere (¿no puede?) romper su matrimonio con las finanzas. Todavía es demasiado temprano para descorchar el "champú" y festejar la vigencia de un impuesto que puede aliviar la vida de cientos de millones de personas en Europa y fuera de ella.
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Eduardo J. Vior