El terrorismo islámico se financia con el narcotráfico

VIERNES
4 DE DICIEMBRE DE 2015
  

La ola del terror

¿Quién se olvidó un paquete en Bamako?

Por Eduardo J. Vior

Inmediatamente después de la masacre en París el pasado viernes 13, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, John Brennan, advirtió que el Estado Islámico (EI) planeaba nuevos atentados. Cinco días más tarde fue atacado el Radisson Hotel Blu en Bamako, capital de Malí, donde 21 personas fueron asesinadas. Sin embargo, las dudas sobre la autoría y los motivos del ataque son sintomáticas de las confusas relaciones existentes entre los servicios de seguridad occidentales y los grupos islamistas. Nuevamente el lunes 23 en el norte del país fueron asesinados seis soldados del contingente de la ONU que provenían de Burkina Faso.

Tanto el Frente de Liberación de Malina (FLM) como el Murabitún se adjudicaron el atentado en Bamako. Del primero sólo se sabe que es una reciente organización islamista de la etnia Fulani, un pueblo nómade de unos 40 millones de habitantes repartidos por todo el Sahel. En Malí ese pueblo islámico ocupa la central región de Malina.

Mucho más interesante, en cambio, es el segundo grupo, llamado Al Murabitún en referencia a los almorávides, el reino mauritano que en el siglo XII asoló el norte de África y la España musulmana. Se trata de un grupo creado en 2012 por Mojtar Belmojtar, un argelino hoy de 43 años, que se ha atribuido la masacre de Bamako “con la participación de al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)”. El ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, se apresuró a adjudicarle la responsabilidad sin mayores evidencias.

Belmojtar y AQMI tienen una larga relación con la CIA que, a su vez, coopera estrechamente con la Dirección General de la Seguridad Exterior (DGSE) de Francia. Tanto el primero como los segundos fueron entrenados por la agencia norteamericana en Afganistán, adonde el argelino llegó en 1991. En 1993 Mojtar fue devuelto por la agencia a Argelia, donde integró el Grupo Islámico Armado (GIA), una de las organizaciones más temibles en la guerra civil que azotó el país norafricano en la década de 1990.

El jefe islamista se instaló desde entonces en el desierto del sur. En enero de 2007 el GIA se transformó en Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y se alió con el Grupo Islámico Combatiente de Libia (GICL) que la OTAN utilizó en 2011 en el levantamiento contra Muamar Gadafi después de cuyo derrocamiento ambos grupos se fusionaron, aunque manteniendo una cierta división de tareas: en tanto muchos libios fueron enviados a Siria a reforzar al Frente Al Nusra, los argelinos se dedicaron al tráfico de cigarrillos y armas y la toma de rehenes en los países más al sur (Chad, Níger, Malí y Mauritania). En esos territorios los terroristas se mimetizaron con los pueblos nómades, ingresando en el tráfico de la cocaína que, procedente de Colombia, llega a África Occidental por Cabo Verde y ambas Guineas (Bissau y Conakry), para tomar la ruta del paralelo 10 norte (por eso conocida como “ruta 10”) desde la que salen los empalmes hacia la costa mediterránea y Europa.

No por casualidad la fusión de los grupos yihadistas en Magreb coincidió en 2007 con el desempeño de Robert S. Ford como embajador de Estados Unidos en Argel. Entre 2004 y 2006 Ford había trabajado en la embajada en Bagdad bajo las órdenes de John Negroponte, el mismo que veinte años antes había organizado a los contras para luchar contra el gobierno sandinista en Nicaragua. En 2010 Ford fue designado embajador en Siria, donde comenzó a organizar a los grupos rebeldes, incluidos Al Nusra y el EI.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, hay que sospechar de la adjudicación de los atentados a Belmojtar. Para saber quién pudo haber estado detrás de ambas operaciones en Malí, habría que aclarar a quiénes beneficiaron. En primer lugar, indudablemente, al gobierno francés en su búsqueda de apoyos para sus intervenciones en África y Levante. En segundo lugar benefició a Al Qaeda en su competencia con el Estado Islámico y, por elevación, a su principal apoyo, Qatar, que la utiliza contra los gobiernos laicos de la región. Pero, ¿por qué en Malí?

La mayoría de los grupos islamistas que deambulan por el desierto entre Libia, Argelia, Malí y Níger se financia con el tráfico de cocaína, armas y migrantes. Entre 30 y 40 toneladas de cocaína atraviesan cada año África Occidental en procura del mercado europeo y, recientemente, por Somalia también llega heroína desde Afganistán. Aunque los cárteles latinoamericanos retienen la mayor ganancia, funcionarios de los sucesivos países de paso, jefes tribales y milicianos islamistas cobran también sus comisiones. También la DEA norteamericana está envuelta y probablemente en gran escala. Un estudio de la ONU calcula que por este comercio en África Occidental se recaudan anualmente unos 800 millones de dólares.

Ninguna de las milicias a lo largo del paralelo 10 podría sobrevivir sin apoyos extranjeros. El Emirato de Qatar financia en Libia a Ansar al Sharia, el grupo islamista que controla Trípoli. Esta fuerza se sostiene gracias a los continuos embarques de armas que llegan a la occidental Misrata de donde proviene. Algunos milicianos y pertrechos han alcanzado ya el sur del país donde los tuaregs tratan de quitar a los tubus, un pueblo nómade recientemente refugiado en Libia y apoyado a su vez por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el control del tráfico transahariano. Urgido por controlar la expansión del Estado Islámico, Qatar alcanzó este lunes 30 un alto el fuego entre ambas partes. No obstante, los combatientes africanos recientemente reclutados están retornando a sus países. Particularmente Dakar, en Senegal, pero también Yaundé y Duala, en Camerún, se consideran especialmente amenazadas por atentados. 

Probablemente el islamismo golpeó en la capital malí porque alguien “se olvidó” de despachar un cargamento de cocaína ya pagada, pero puede golpear en cualquier punto del camino de la droga, incluso en nuestro continente. La imbricación entre servicios occidentales, islamismo, tráfico de drogas, armas y personas extiende el radio de acción de los terroristas y universaliza los efectos de sus atentados.