La brutal represión contra las manifestaciones ecologistas y la consecuente amenaza de Anonymus de hackear las comunicaciones pusieron el lunes último el marco previsible a la apertura de la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático que está sesionando en París durante estas dos semanas. El estado de emergencia vigente en Francia, que obstaculiza las protestas, y la artificial prolongación de la crisis económica en los países emergentes, tienden a que la conferencia no adopte ningún compromiso vinculante y que los países occidentales puedan seguir adueñándose impunemente de los combustibles fósiles.
Los 195 países participantes se han comprometido a reducir sus emisiones de anhídrido carbónico. Sin embargo, las delegaciones continúan divididas en torno a la adjudicación de responsabilidades por el daño ambiental y a quién tiene la obligación de ayudar financiera y tecnológicamente a los países de menor desarrollo en la conversión de sus modelos energéticos.
Desde que en Río de Janeiro se firmó en 1992 el Acuerdo Marco sobre el Cambio Climático, dentro de la ONU se partió del presupuesto de que los países industrializados serían los principales encargados deayudar a reducirlas emisiones de CO2 en todo el mundo. Sin embargo, en el borrador actualmente en discusión dichas potencias derivaron esta responsabilidad a "los países que estén en condiciones de hacerlo". Este lenguaje lavado tiende a diluir las responsabilidades y a que no se adopten compromisos vinculantes.
Por el contrario, los veinte presidentes latinoamericanos que participaron en la apertura de la conferencia coincidieron en que el programa de acción que se adopte en París debe ir de la mano con la promoción del desarrollo económico y la disminución de la desigualdad.
En particular, Evo Morales y Rafael Correa responsabilizaron al capitalismo por los actuales problemas del planeta e instaron a las economías más desarrolladas a contribuir a la solución de los mismos.Asimismo propusieron la creación de Corte Internacional de Justicia Ambiental.
En su defensa las principales potencias occidentales sostienen que, a diferencia de la Conferencia de Río de Janeiro en 1992, ahora, además de los países desarrollados y otros en vías de desarrollo, estarían también los países emergentes que bien podrían sacrificarse para contribuir a reducir el calentamiento global.
La transformación de la economía global requiere una acción conjunta y bien financiada, compromisos formales y una autoridad arbitral que sancione los incumplimientos, pero los países industrializados de Occidente hacen oídos sordos. Reduciendo el crecimiento de la economía mundial y agudizando la especulación financierabuscan evitar que los países emergentes retomemos el impulso de la década pasada. De ese modo aumentan su uso de combustibles fósiles baratos, sin que crezca el consumo total de los mismos. En estas condiciones no es de esperar que los próximos días traigan en París compromisos serios para salvar la vida de cientos de millones de personas y la existencia del Planeta. «