La firma del TPP amenaza el trabajo, la educación y la salud de la región
Por Eduardo J. Vior
Al firmar el pasado 4 de febrero el tratado de Asociación
Transpacífica (TPP), acordado el pasado octubre, los once países
signatarios (Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) pusieron en
marcha el proceso de ratificación parlamentaria, no obstante lo cual las
cláusulas pactadas se mantendrán confidenciales hasta 2021.
Ahora bien, como las disposiciones del tratado afectan toda la vida
social en los países miembros y por su peso específico éste modificará
la economía mundial, es imprescindible que sea debatido públicamente.
Un capítulo transversal del TPP con influencia sobre muchas áreas es
el de la propiedad sobre las patentes, marcas y derechos de autor cuya
vigencia se amplía a productos conexos y distintas etapas de
elaboración, así como se extiende su vigencia temporal, haciendo muy
difícil la innovación parcial y/o el aprovechamiento de los productos y
servicios, por ejemplo, para políticas de interés público.
El TPP beneficia también en particular a las grandes farmacéuticas,
al impedir que los laboratorios de genéricos puedan vender vacunas y
medicamentos contra el VIH y el cáncer. Por esta razón asociaciones de
pacientes con cáncer de mamas ya están movilizándose en EE.UU. contra la
ratificación del tratado.
Asimismo, actualmente en la mayoría de los países sólo se pena
compartir, subir o descargar de internet contenidos sin pagar derecho de
autor, si se pretende ganar dinero con ellos. Por el contrario, el TPP
lo criminaliza siempre, limitando enormemente las libertades de
expresión y de aprendizaje y promoviendo la censura empresaria en las
redes sociales.
Para que productos o servicios sean tratados preferencialmente dentro
de los acuerdos de libre comercio, deben tener certificaciones
verificables de que han sido elaborados dentro de los países signatarios
del pacto. Tradicionalmente la verificación era una atribución
gubernamental, pero el TPP optó por la autocertificación del productor o
el exportador.
Según su artículo 3.2, una mercancía o servicio se considerará como
originaria, si está totalmente producida en un país signatario, sea a
partir de materiales originarios, o bajo normas de origen específicas
por producto fijadas en el Anexo 3 D.
Sin embargo, dado que en nuestras economías muchas veces la empresa
exportadora y la importadora son filiales de una misma corporación, la
autocertificación puede conducir a muchos fraudes. Al mismo tiempo, en
sectores específicos como nuestra industria textil y del vestido, que
utiliza ampliamente hilados y tejidos importados de China, las reglas de
origen pueden servir para que las empresas norteamericanas monopolicen
el mercado.
Todavía no está claro que relación existirá entre este tratado
multilateral y los acuerdos bilaterales vigentes. Según los
especialistas, para ciertos aspectos el TPP podrá coexistir con ellos,
pero en otros casos el nuevo tratado los invalidará total o
parcialmente. Falta aún un panorama acabado sobre este vínculo.
De lo expuesto se infiere que, si bien algunas cláusulas del tratado
pueden beneficiar a ciertos sectores exportadores argentinos, la mayor
parte del texto, tal como se lo conoce, dañaría nuestro desarrollo
industrial, las condiciones laborales y medioambientales, así como
derechos fundamentales de nuestra Constitución. Tanto más importante es
entonces que el gobierno nacional inicie un debate amplio y abierto
sobre el tratado. Si con el TPP no se puede trabajar ni educar ni curar,
muere la democracia.
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Eduardo J. Vior