miércoles, 31 de julio de 2019

La crisis paraguaya es un síntoma del fin del Mercosur

La pelea por Itaipú pone al Cono Sur en crisis 

El conflicto entre Paraguay y Brasil por el precio de la energía producida en la central binacional revive conflictos geopolíticos que creíamos superados desde hace cuarenta años

por Eduardo J. Vior
Infobaires24
31 de julio de 2019
Eduardo J. Vior
La protesta de la sociedad y la oposición paraguaya contra el acuerdo que el presidente Mario Abdo Benítez firmó en mayo pasado con Brasil sobre los precios de la energía provista por la represa binacional de Itaipú, en el alto Paraná, ha provocado una severa crisis política interna que probablemente se transforme en un conflicto diplomático. Como el desmonte del Mercosur en años recientes ha debilitado los mecanismos regionales de negociación y mediación, esta disputa amenaza revivir viejas competencias en el Cono Sur que se consideraban largamente superadas.
El presidente paraguayo designó el pasado martes 30 al vicecanciller Antonio Rivas Palacios como nuevo ministro de Relaciones Exteriores después de la renuncia de su antecesor, al difundirse el acuerdo secreto firmado el 24 de mayo pasado sobre el precio de la energía que el país compra de la represa hidroeléctrica binacional de Itaipú. Mientras tanto, Pedro Ferreira, quien renunció la semana pasada a la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) en protesta por el entendimiento binacional, dijo este martes ante el Senado que el documento es “nulo”, porque ningún funcionario de la ANDE estuvo presente en el momento de su aprobación. El extitular de la ANDE denunció, además, una “extorsión financiera” de Brasil que habría retenido transferencias debidas a Paraguay como forma de presión.
Cuando Paraguay y Brasil firmaron en 1973 el tratado para la construcción de la represa, por el Anexo C del mismo acordaron el reparto por partes iguales de la energía producida, pero dado el bajo tamaño de la economía paraguaya, este país utilizaba sólo el 15% y vendía el resto a precio de costo a Brasil. Si necesitaba más energía, la recompraría al mismo costo. Brasil, por su parte, se hizo cargo del pago de la deuda de 18 mil millones de dólares contraída para construir la represa. Paraguay venía fijando anualmente el volumen de energía requerido, pero en el acta recién firmada Brasil le impuso un aumento desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022 al precio de mercado, lo que implica una erogación mucho mayor.
La oposición interpretó el documento como una entrega consciente de soberanía por el gobierno, que en las negociaciones sustituyó a los técnicos de la ANDE por representantes de la Cancillería. El Acta Bilateral sólo se difundió la semana pasada, cuando Ferreira anunció su renuncia. Para rebajar la tensión, entonces, el gobierno de Abdo Benítez anunció el domingo por la noche que convocaría a las partes contratantes, para abrogar el entendimiento. A esa primera medida siguieron las renuncias del canciller Luis Alberto Castiglioni, del director paraguayo de la hidroeléctrica José Alberto Alderete, del embajador en Brasilia, Hugo Saguier, y del remplazante de Ferreira en la ANDE, Alcides Jiménez. Si bien la cuádruple renuncia dejó sin efecto la sesión extraordinaria del Senado a la que estaban convocados los cuatro, la oposición liberal y el Frente Guazú han denunciado el acuerdo y la protesta se ha extendido por todo el país.
Sin embargo, será muy difícil que el gobierno brasileño se avenga a rediscutir el acuerdo. En una entrevista con el diario Gazeta do Povo de Porto Alegre, el presidente brasileño del Ente Binacional Itaipú, el general Joaquim Silva e Luna, justificó la necesidad de los aumentos en los pagos paraguayos con algunas inversiones que la empresa debe hacer en la región, como por ejemplo, la construcción de un segundo puente entre Foz de Iguazú, Brasil, y Presidente Franco, en Paraguay, para descargar el existente entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este.
Como contrapartida, Paraguay se ha comprometido a financiar otro puente entre las ciudades de Porto Murtinho, en Mato Grosso, y Carmelo Peralta, en Paraguay, como parte de la carretera bioceánica Brasil-Paraguay-Argentina-Chile, pero el proceso licitatorio aún no comenzó.
En la declaración del general Silva e Luna es notoria la defensa del ajuste fiscal y la relativización del peso futuro de la represa más grande del mundo en el abastecimiento de electricidad para Brasil. “¿Cuánto aporta Itaipú a toda la energía a Brasil?, se preguntó. 15%, respondió. El otro 85% son de otras entradas. (…) Posiblemente, para 2023, Itaipú represente el 8% o 7% de la energía consumida en Brasil.” Y añadió significativamente: “Nuestra matriz está cambiando mucho. El viento y la energía solar aumentarán su participación. La matriz hidráulica es casi del 80%, pero la tendencia es que haya cambios.” O sea, que el gobierno brasileño relativiza la importancia de Itaipú en favor de otras fuentes renovables más caras a la inversión extranjera.
Cuando en 2023 se haya terminado de pagar la construcción de la represa, ambos países deberán renegociar el Anexo C para los siguientes 50 años. Sin embargo, Paraguay no sólo quiere discutir el precio de la energía, sino también obtener la autorización para venderla a terceros, lo que Brasil quiere impedir.
Entre tanto, el asunceño Última Hora denunció nuevamente en una nota del lunes 29 la red de contrabando instalada en las márgenes del Lago de Itaipú. Dice el matutino que “entre las ciudades de Hernandarias y Salto del Guairá, en el lado paraguayo, y Foz de Iguazú y Guaira, en el lado brasileño, en tierras de la hidroeléctrica binacional Itaipú, hay por lo menos 261 puertos clandestinos dedicados al contrabando. Drogas, armas, electrónicos, rollos de madera y cigarrillos que fabrica la empresa Tabesa, propiedad del ex presidente Horacio Cartes, cruzan el río Paraná hacia Brasil.”
Según ÚH el ingreso para invadir a Itaipú se realiza desde los sojales de poderosos agroempresarios, la mayoría de origen brasileño. El trabajo de investigación de ÚH, con el apoyo del Consorcio de Periodismo de Investigación (ICFJ, por su nombre en inglés), corroboró la complicidad de militares de la Armada Nacional, responsables de cuidar la frontera. Desde hace años en la región se sabe que el lago está permanentemente cruzado por lanchas que llevan contrabando. Sin embargo, ninguno de los dos estados ha tomado medidas serias para eliminarlo. Por el contrario, por ambas partes hay difundidas complicidades de funcionarios y empresarios.
El Lago de Itaipú forma parte de la región de las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde se concentra y distribuye el tráfico de drogas y de armas, para derivarlas, por un lado, hacia São Paulo y Rio de Janeiro y, por el otro, bajando por el Río Paraná para ser trasbordadas a buques transatlánticos que las llevan a Europa. Por las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Argentina y Brasil contra el partido libanés Hizbolá, la región también ha quedado bajo el control militar y de inteligencia de Estados Unidos e Israel.
La disputa por los precios de la energía producida por Itaipú, en consecuencia, no se limita a un problema técnico, sino que implica decisiones geopolíticas sobre la función futura de la represa, su estatuto jurídico y el control de la región. Es poco probable que Paraguay consiga que Brasil se avenga a renegociar el acuerdo de mayo pasado. Si la oposición al gobierno de Mario Abdo logra convertir el tema en una causa nacional, entonces, el conflicto puede derivar en una crisis política de envergadura. Como el debilitamiento del Mercosur por los gobiernos de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro ha reducido la capacidad de negociación y arbitraje regional, el conflicto brasileño-paraguayo por las tarifas de la energía de Itaipú puede revivir viejos enfrentamientos regionales que creíamos superados desde hace 40 años.

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Eduardo J. Vior