La profunda crisis paraguaya desestabiliza la Cuenca del Plata
A pesar de que un pacto espurio entre facciones del oficialismo salvó a Mario Abdo del juicio político, Bolsonaro quedó implicado y el acuerdo por Yaciretá está cuestionado
por Eduardo J. Vior
Infobaires24
24 de agosto de 2019
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24 de agosto de 2019
Mientras
que los incendios en la Amazonia ayudan a Jair Bolsonaro a distraer la
atención pública nacional e internacional, continúa la crisis de la
trama entre negocios energéticos y el narcotráfico que gobierna
Paraguay, ya comienza a afectar al presidente brasileño y su familia y
pone en discusión el acuerdo con Argentina sobre Yaciretá. La lucha por
el control de Paraguay fermenta pronta a estallar.
Si
bien el contubernio entre Mario Abdo Benítez y su antecesor, Horacio
Cartes, salvó el martes 20 al primero del juicio político, la presión de
la oposición y la indignación ciudadana impiden silenciar la crisis
desatada por las revelaciones sobre la negociación secreta con Brasil en
torno a la compra/venta de la energía de Itaipú. El gobierno paraguayo
ha quedado gravemente debilitado y su flaqueza contagió a su socio
brasileño, después de que la Cámara de Diputados, en Brasilia, comenzó a
investigar el rol de la familia presidencial en el arreglo ilegal.
Entre tanto, el entuerto internacional alcanzó a Yaciretá, sobre la cual
Argentina y Paraguay firmaron en 2017 un acuerdo ahora cuestionado por
la oposición paraguaya.
La polémica
por la firma secreta de un entendimiento entre Brasil y Paraguay sobre
Itaipú promete seguir acosando al presidente paraguayo Mario Abdo
Benítez, quien el martes zafó de un juicio político gracias a un
compromiso de unidad de los diputados oficialistas. Sin embargo el
escándalo ahora salpica al expresidente Horacio Cartes, quien en 2017
firmó un acuerdo con Mauricio Macri por Yacyretá que fue rechazado por
la oposición paraguaya denunciando daños para el país.
El
miércoles por la tarde, en diálogo una entrevista radial, el líder del
Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, asimiló el
acuerdo Cartes-Macri al firmado recientemente con Brasil, por su
secretismo. Según Alegre, el documento sobre Yacyretá “reconoce deudas
que no fueron auditadas” y, consecuentemente, pidió que sea dejado sin
efecto. Consultado por la reciente licitación del brazo Aña Cuá de la
represa argentino-paraguaya, el líder opositor señaló que “también está
en discusión. Hay muchas cosas que generan sospechas”.
La
modificación del Tratado de Yacyretá introdujo cambios relativos a la
cogestión igualitaria y a la deuda de la Entidad Binacional de Yacyretá
(EBY). La oposición sostiene que ese acuerdo resulta más favorable a
Argentina y que las concesiones hechas allí podrían servir de mal
precedente al momento de renegociar con Brasil en 2023 el Tratado de
Itaipú. La oposición se niega especialmente a reconocer una deuda de la
EBY con el Tesoro argentino superior a 4.000 millones de dólares. Hace
dos años tanto el Frente Guasú como el PLRA se opusieron a la aprobación
de las notas reversales.
La
oposición renovó su rechazo del acuerdo sobre Yaciretá como reacción
ante el pacto de unidad oficialista para archivar el pedido de juicio
político contra el presidente. El debate del martes se polarizó entre
los colorados, que hacían una férrea defensa al Gobierno, y la
oposición, que acusó a éste por mal desempeño y comisión de delitos.
La
dirigencia opositora, en tanto, convocó a una gran movilización en
Asunción y numerosos puntos del país para este sábado 24 desde las 9 hs.
En la Capital, en la plaza Juan O’Leary, se instalará una “carpa de
resistencia patriótica”.
El
contubernio colorado se puede romper en cualquier momento, como
demuestra la decisión del Senado del jueves 22 de investigar los puertos
clandestinos sobre el Lago de Itaipú donde tiene intereses el
expresidente Horacio Cartes. Por esos puertos se contrabandean a Brasil
tabaco, drogas, armas y otros productos. Especialmente terratenientes
brasileños con propiedades en Paraguay están envueltos en esas
maniobras, pero la Justicia de ese país no se entera.
El
arreglo para salvar a Mario Abdo choca con una imprevista consciencia
patriótica de la población, que está alerta y sigue movilizada,
debilitando al gobierno. Esta disolución del poder irradia ahora a los
países vecinos.
Bolsonaro esperaba
silenciar el escándalo, pero no le será fácil. El martes 13 de agosto la
Cámara de Diputados convocó al canciller Ernesto Araújo, al ministro de
Minas y Energía, el almirante Bento Costa Lima Leite, y al copresidente
brasileño de Itaipú Binacional, el general Silva e Luna, para que
declaren sobre el acuerdo. La oposición trata así de juntar pruebas para
poder abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI, por el
nombre en portugués) sobre la relación entre la empresa distribuidora de
energía Léros, el gobierno paraguayo y la “familia presidencial”
brasileña.
Esa conexión salió a la
luz, al saberse por el exdirector de la Agencia Nacional de Energía de
Paraguay (ANDE), Pedro Ferreira, que en la negociación secreta del
acuerdo sobre Itaipú se suprimió del acta el ítem 6, que daba a ANDE
autorización para vender en Brasil la electricidad excedente de la usina
por cuenta propia y sin intermediarios. Al abolirse el artículo, Itaipú
Binacional quedó facultada para vender ese volumen de energía a quien
quisiera, en este caso a la empresa Léros, que así monopolizaría la
reventa de 300 megavatios excedentes. Ahora bien, esa empresa fue
vinculada por un joven asesor del vicepresidente paraguayo, Hugo
Velázquez con la familia Bolsonaro. Este asesor presionó a las
autoridades de ANDE, para que avalaran el acuerdo con Brasil, porque era
–según dijo- “un deseo de la familia presidencial” brasileña. Según
mencionó entonces, su interlocutor era el empresario paulista Alexandre
Giordano, representante de Léros Energia. Giordano es el primer suplente
del Mayor (de la Policía Militar paulista) Olímpio, líder del PSL (el
partido de Bolsonaro) en el Senado. “Agitar esta historia traba la
votación de Eduardo Bolsonaro como embajador en EE.UU.”, estimó el
diputado Carlos Zarattini, autor de los pedidos de indagatoria.
Según
encuestas recientes, Mario Abdo Benítez tiene un rechazo de casi el 80%
de la población y sólo se mantiene en el cargo, porque el ala opositora
del Partido Colorado, liderada por Horacio Cartes, decidió archivar el
pedido de juicio político. Es todavía muy temprano, para saber si la
agitación popular se mantendrá en Paraguay. Tampoco puede saberse ya, si
la oposición brasileña conseguirá la formación de una CPI que
investigue la corrupción de la familia Bolsonaro. Sin embargo, dada la
debilidad del gobierno paraguayo, es previsible que los escándalos se
sucedan impliquen a Argentina y Brasil. Tanto más importante es contar
con gobiernos democráticos y transparentes que puedan resolver estas
crisis en marcos institucionales. Jair Bolsonaro y sus ministros pueden
gritar contra Argentina y amenazar a su futuro gobierno, pero cuanto más
manchados queden por sus turbios negocios, más débiles estarán al
momento de negociar. Más les conviene, pues, hacerlo más temprano que
tarde.
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Eduardo J. Vior