domingo, 24 de noviembre de 2013

Los disparos en París subrayan la locura política reinante

Un francotirador con la mira en la prensa roja y la banca privada

Año 6. Edición número 288. Domingo 24 de Noviembre de 2013
Tapa. Liberation informó sobre el hecho.
Atentado en Libération.
Desde su detención por la policía, el pasado miércoles 20, Abdelhakim Dekhar oculta sus motivos para amenazar con su arma a un redactor del canal de TV BFM el viernes 15 por la mañana, herir el lunes 18 temprano a un joven asistente de fotografía que ese día comenzaba su trabajo en la redacción del diario Libération, disparar poco después contra una de las torres del banco Société Générale en el suburbio de La Défense y secuestrar a continuación a un automovilista que debió llevarlo hasta el centro de París, donde desapareció. El sospechoso sigue bajo custodia policial en un hospital de París, después de haber sido capturado en su coche en un estacionamiento suburbano, cuando estaba en coma por ingestión de numerosos medicamentos. Aunque ya consciente, se niega a declarar.
En los próximos días será sometido a una pericia psiquiátrica. Abdelhakim Dekhar ya es conocido por su complicidad con “la matanza de la Plaza de la Nación” en París, perpetrada por Audry Maupin y Florence Rey el 4 de octubre de 1994, que causó cinco muertes. Él les proveyó un arma y los secundó antes, para quitar las armas a dos policías. A comienzos de los años ’90 estaba activo en los grupos autónomos anarquistas. Sin embargo, cuando fue detenido, se presentó como “un agente secreto argelino” a la pesca de militantes islamistas. La Justicia francesa no le creyó y lo condenó en 1998 a cuatro años de prisión, pero fue liberado por haberlos pasado ya en la prisión preventiva. Vivió desde entonces en Londres, donde trabajó en un restaurante.
A pesar de la intensa pesquisa basada principalmente en las imágenes tomadas por las miles de cámaras instaladas en lugares públicos y estaciones de subte y ferrocarril, fue un hombre que lo había conocido en Londres y lo alojaba en su departamento, cuando iba a París, quien se presentó a una comisaría suburbana, para denunciar que su huésped había regresado el lunes 18 a la casa diciéndoles que había hecho “una enorme boludez”. Los datos del informante ayudaron a la policía a hallar a Dekhar en el interior de un coche en un estacionamiento subterráneo, en el Bosque de Colombes.
Según el diario Le Monde, en su habitación se encontraron “dos cartas vinculando los medios de información y grandes bancos con las guerras civiles en Libia y Siria”. Asimismo, se halló un testamento. En tanto, Christophe Bourseiller, especialista en movimientos de extrema izquierda entrevistado por el canal BFM, opinó que “es el acto individual de un hombre desesperado. Se trata de una acción comparable con los atentados anarquistas de fines del siglo XIX y principios del XX.” Y añadió: “Este tipo de movimiento se observa actualmente en círculos ecologistas radicalizados y en la periferia de grupos antiglobalización”. “Dekhar estaba fascinado por los violentos y llegó al final de un proceso personal”, agregó. “Hace tiempo que estaba solo. Además es más viejo que los actualmente activos. Todavía no se sabe qué hizo en los últimos quince años. Su acción y el testamento tienen connotaciones suicidas”, concluyó.
Por el contrario, Maurice Hauser-Phelizon, abogado de Dekhar en 1994, duda de la tesis de la locura: “Recuerdo que entre ellos había uno muy inteligente, pero con una gran parte de su personalidad en sombras que protegía con su inteligencia. No lo vi como un mitómano”. Por su parte, el escritor Frédéric Couderc, que escribió un libro sobre el asunto Rey-Maupin, describe a un personaje “intrigante y maquiavélico, rechazado por la mayoría de los treintañeros de extrema izquierda y evidentemente marginal”. Gracias a eso probablemente no fue vigilado después de su liberación en 1998.
En el clima previo a las campañas electorales para el Parlamento Europeo en junio próximo y las regionales de octubre siguiente, los disparos del “tirador de París” desataron una polémica sobre las cámaras de seguridad que saturan la región parisiense. Sin embargo, como lo confirma el ataque cibernético (denegación de servicio) que el diario Libération sufrió la misma tarde del lunes, la realidad es más compleja.
¿Puede haber un trasfondo político? ¿Qué relación hay entre el “tirador de París” y el ataque contra Libération? ¿Por qué a un diario de izquierda y al mismo tiempo a un gran banco? Cualquier respuesta posible es escalofriante y el problema no se resuelve con más cámaras y vigilancia en las redacciones. Por el contrario, en la hipótesis del actor aislado cabe preguntarse ¿cuántos delirantes se sienten en Europa tan aterrorizados por el neofascismo, como para elegir sus propios blancos en la “sociedad burguesa”?.

Las elecciones hondureñas agitan la política continental

Xiomara o el partido militar

Año 6. Edición número 288. Domingo 24 de Noviembre de 2013
Las elecciones de hoy, que se realizan en una sola vuelta, decidirán si la democracia tiene una nueva oportunidad.
Casi cuatro años y medio después del golpe de Estado que derrocó a José Manuel Mel Zelaya, el movimiento de resistencia popular puede regresar al poder. Xiomara Castro, candidata por el partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa de Mel, está empatada con el candidato del derechista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, en una elección que se decide en vuelta única. Sin embargo, ante la posibilidad de que por primera vez en la historia de Honduras una presidenta democrática y popular acceda al gobierno, la movilización de la derecha con la activa intromisión de los Estados Unidos y el alerta de las fuerzas armadas anuncian una nueva confrontación. Habrá que ver hasta qué punto las conversaciones entre Zelaya y un sector empresario pueden facilitar la transición.
En los comicios serán elegidos el/la presidente/a de la república, 128 diputados y los representantes de los gobiernos municipales. Según la Constitución, tienen derecho (pero no obligación) a votar quienes han cumplido 18 años de edad y no han perdido este derecho por condena penal. Para participar en las elecciones se requiere estar previamente inscripto en los registros electorales y presentar la cédula de identidad.
En estas elecciones se presentan nueve candidatos presidenciales: Xiomara Castro de Zelaya, del Partido Libre; Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, con militares hasta hace poco en servicio entre sus candidatos, hace propaganda electoral con la recién fundada Policía Militar; Romeo Vásquez Velásquez, de la Alianza Patriótica, fue el comandante en jefe del Ejército que derrocó a Zelaya en 2009; Mauricio Villeda Bermúdez, del tradicional Partido Liberal, que se repartió el gobierno del país con el Nacional durante un siglo; Salvador Nasralla, presentador de TV que hace poco ha fundado el Partido Anti Corrupción; Andrés Pavón, de Unidad Democrática-Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, también surgido después del golpe; Orle Aníbal Solis Meras, de la pequeña Democracia Cristiana, y Jorge Rafael Aguilar, del Partido Innovación y Unidad, otro partido nuevo. Cuatro de los nueve partidos que presentan candidatos fueron entonces fundados recientemente.

Perfiles de los principales candidatos. Xiomara Castro nació en 1958 y se formó en colegios católicos de Tegucigalpa, la capital de Honduras. En 1976, contrajo matrimonio con Manuel Zelaya Rosales e inmediatamente se mudaron a Catacamas, departamento de Olancho. Allí nacieron sus cuatro hijos. Durante años llevó la típica vida de “esposa de”. Recién en 2005 entró en la política apoyando la candidatura presidencial de su marido, pero lo hizo con una potencia antes desconocida.
Cuando Mel fue depuesto el 28 de junio de 2009, Xiomara se puso a la cabeza de la resistencia y organizó un amplio Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), con todo tipo de colectivos. Después de estar cuatro meses refugiado en la embajada brasileña, en enero de 2010 Mel Zelaya finalmente se exilió en la República Dominicana, de donde pudo volver sólo dos años más tarde. Ante la proscripción que los golpistas impusieron a su marido, el 1° de julio de 2012, en un acto masivo realizado en el departamento de Santa Bárbara, Xiomara oficializó su candidatura presidencial por el recién fundado Partido Libertad y Refundación (Libre), en el que confluyeron cinco grandes movimientos: el obrero, el campesino, el estudiantil, el de mujeres y el de la diversidad sexual.
Libre propone construir el “socialismo democrático”. Bajo esta consigna y con la propuesta de una Asamblea Constituyente que refunde el país, el joven partido buscará romper con cien años de bipartidismo oligárquico. Su plan de gobierno incluye eliminar el modelo neoliberal, recuperar los recursos naturales, descentralizar el Estado y acabar con la militarización del país creando una Policía Civil Comunitaria. Sobre la integración regional, la candidata Xiomara Castro propone “mantener relaciones con todo el mundo, con respeto y no injerencia, pero sobre todo con países hermanos de Centro y Suramérica”. La perspectiva de que una mujer gobierne Honduras por primera vez siempre sería un acontecimiento, pero, además de tratarse de la esposa del presidente depuesto en 2009, su acceso al gobierno sería una revolución, porque Honduras tiene el mayor índice de femicidios del mundo.
Por su parte, con sólo 45 años de edad, el candidato del tradicional Partido Nacional es el postulante más joven. Juan Orlando realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde se convirtió en licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Además, obtuvo en Estados Unidos un título de Maestría en Administración Pública con énfasis legislativo. Cuando Juan Orlando cursaba sus estudios en la UNAH se involucró activamente en la política universitaria hasta llegar a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho entre 1988 y 1989.
En 1990, su hermano Marco Augusto ocupó la Primera Secretaría del Poder Legislativo y decidió llamarle para que fuera su asistente ejecutivo. Desde 1994 es diputado nacional por el departamento de Lempira. En enero de 2010, después del golpe que apoyó activamente, fue electo presidente del Congreso. El 12 de junio pasado abandonó su banca para candidatearse a la Presidencia por el Partido Nacional (PN).

Una embajadora y varios pastores parlanchines. Uno de los condimentos de la campaña fue el extremo protagonismo de la embajadora norteamericana Lisa Kubiske. El 30 de octubre, por ejemplo, sugirió a los electores “pensar bien qué candidato creará más empleo y el ambiente en el cual el sector privado sienta confianza para invertir”; el pasado día 3 recomendó a los miembros de las mesas electorales “ser responsables y dar a conocer los datos de forma ética”; el 8, en una ceremonia de graduación universitaria, aconsejó “conozcan a los candidatos y sus propuestas. ¿Cuáles pueden ser realistamente implementadas, porque pueden ser financiadas?”
Allí, tras insistir en el llamado a la participación, sinceró el trasfondo de su exhorto: “No sería honesta si no les dijera que lo que sucede en Honduras tiene un impacto directo sobre el bienestar de Estados Unidos.” Y hasta se animó a hacer un anuncio premonitorio: “Debido a lo apretado de las elecciones, es probable que esa misma noche no se obtengan los resultados”. También informó que EE.UU. pondrá hoy más de 100 observadores. La preocupación también se reflejó en el discurso del secretario de Estado John Kerry en la OEA: “Tenemos una oportunidad de ayudar a garantizar que esta elección sea transparente, pacífica y justa”. Es que EE.UU. tiene una importante base aérea en el país que puede recobrar importancia ante el proyecto nicaragüense de construir un segundo canal a través del istmo centroamericano, con apoyo ruso y chino.
¿Puede Castro llegar a convertirse en la primera presidenta de Honduras y la cuarta de Centroamérica? La respuesta la tienen unos 5,3 millones de hondureños que están convocados a votar y que elegirán al candidato que crean más idóneo para hacer frente a los graves problemas del país: la violencia que mata a un promedio de 20 personas al día, con una tasa de homicidios de 85,5 por cada 100.000 habitantes (la más alta del mundo); una corrupción fuertemente enraizada en el sector público; una policía que requiere una profunda depuración, por estar infiltrada por el crimen organizado, y la pobreza que agobia al 65% de la población. El descontento de los hondureños es tal que el 52% de ellos considera que la dirección que lleva el país es pésima, mientras que un 28% la considera mala.
Hay quien afirma que el verdadero jefe es el ex presidente: “Zelaya mantiene un fuerte activismo político al lado de su esposa”, explica Carlos Meza, ex ministro de Interior durante el gobierno de Zelaya. “A veces –continúa–, da la impresión de que el candidato es él. Con su inconfundible bigote y cabello engomado, el otrora político liberal fue elevado a la categoría de héroe tras el golpe y se ha forjado como el líder de un movimiento que pretende imponer un cambio político en Honduras.” “El liderazgo de Zelaya es indiscutible y su respaldo a Xiomara es un factor clave en la popularidad de la candidata. Se complementa con el liderazgo propio que ella ha ido creando gradualmente desde el momento en que se puso al frente de las marchas de la resistencia en contra del golpe de Estado”, finaliza.
En un país donde el 90% de los habitantes son creyentes y con una tasa de analfabetismo real del 15%, Dios puede decidir presidentes o, al menos, es lo que creen las Iglesias hondureñas que intervienen en la campaña electoral a favor o en contra de algunos candidatos. Hace menos de un mes, el pastor de la Iglesia Evangélica Ministerio Manantial, Roy Santos, apareció en los medios de comunicación para decir que Dios mismo le había hablado mientras oraba, para criticar la candidatura de Xiomara Castro. La comunidad evangélica en Honduras ronda los dos millones de fieles, un cuarto de la población. En 2009, los jerarcas de las iglesias evangélica y católica se pronunciaron a favor del gobierno de facto.
La semana pasada, el pastor Evelio Reyes –otro peso pesado de los evangélicos en Honduras–, en entrevista con El País de España, se mostró más moderado que su colega Santos, pero aseveró que “es nuestra obligación lograr por parte del pueblo la mayoría de votos a fin de legislar de una manera que no sea contraria a la fe”. En este sentido, pidió al pueblo que vea “qué hay detrás de los sombreros, de las boinas, de los bigotes”, en una clara referencia al Partido Libre en tanto Castro como Zelaya –quien luce bigote– usan el sombrero campesino hondureño como símbolo de su origen agrario.
Se trata del mismo pastor que a finales de agosto fue sobreseído del delito de discriminación sexual, al haber declarado que “en el nombre de Jesús atamos todos los intentos de dar poder y autoridad a través del voto a candidatos inmorales, incapaces. No voten por homosexuales y lesbianas, que corrompen los modelos de Dios. Que los hondureños no voten por los enemigos de Dios”.

El modelo sudamericano atrae a los empresarios. A pesar de los pastores, ante un empate técnico entre el candidato oficialista y la esposa del ex mandatario, los actores se reposicionan. A la presentación del programa de Libre en octubre pasado asistieron la embajadora norteamericana y Adolfo Facussé, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que agrupa alrededor de 600 medianas y grandes empresas y que en 2009 apoyó el golpe. Facussé forma parte de una de las estirpes empresariales más poderosas del país, que cuenta con el mayor terrateniente hondureño y un ex presidente liberal, y él mismo está considerado por el Departamento de Estado como uno de los artífices del golpe que derrocó hace cuatro años a Zelaya. Al candidato oficialista, Juan Orlando Hernández Facussé, lo califica como “un pequeño dictador en cierne”. “Ha destruido el sistema de separación de poderes, destituyó sin procedimiento a cuatro magistrados de la Corte Suprema, su partido presionó hasta controlar la fiscalía, bajo este gobierno ha habido una corrupción enorme y un despilfarro tremendo y somos el país más violento del mundo. Hay que cambiar”, agrega.
En una reciente entrevista con Telesur, el empresario reconoció que entonces se equivocó y encumbró a los intereses que más frenan el desarrollo económico del país. Honduras es un país en quiebra. Esta situación también afecta a los empresarios, que ven disminuir sus negocios. “¿De qué nos sirve a nosotros una población muerta de hambre? ¿Qué negocio hacemos nosotros?”, confiesa Facussé, y propone avanzar en un modelo similar al de Brasil o Ecuador. En ese sentido, apuesta por “un gobierno de izquierdas que llegue a un acuerdo con la empresa privada, estamos con Xiomara siempre que no instigue la confrontación”. Sus rivales de la Confederación Empresaria de Honduras (COEH), en cambio, siguen apoyando fielmente a la derecha.
Estas declaraciones suponen un giro radical para un sector de la patronal que en 2009 se enfrentó abiertamente con Zelaya a raíz del incremento en un 60% del salario mínimo urbano y su propuesta de reformar la Constitución. Ahora Castro vuelve a levantar la bandera de instaurar una Asamblea Constituyente como uno de sus pilares de campaña. Los industriales ya no se oponen, sólo ponen como condición que sea dentro del Congreso. “Que se cree una asamblea revisora o independiente a la que puedan ir los talentos que tiene el pueblo hondureño. Gente capaz, inteligente y honesta que busque un consenso para la transformación de Honduras, y se someta a un plebiscito”, explica su líder.
Para el sociólogo hondureño Eugenio Sosa, este giro ideológico se enmarca dentro de la coyuntura actual en la que cabría una victoria de Castro con un Congreso fragmentado en nueve fuerzas políticas. “Libre no va a poder en una legislatura cambiar el modelo económico, va a hacer política social a favor de los pobres, pero no pondría en peligro la empresa privada. Lo han visto en Nicaragua, en Sudamérica. Y por otro lado, Juan Orlando Hernández tiene un grupo de poder que lo apoya, que son las elites más emergentes, pero ha desplazado a gran parte de las elites tradicionales. Yo no desconocería que hayan existido conversaciones y negociaciones de Xiomara y Mel Zelaya con estos grupos económicos”, concluye Sosa.
La pregunta que muchos se hacen en Honduras es si, de ganar la presidencia, Castro tomaría medidas contra quienes perpetraron el golpe de Estado contra su esposo. Zelaya se niega a responder en nombre de su esposa, pero asegura que no guarda “rencor” contra quienes lo echaron del poder. Incluso asegura que se ha dado la mano con el general Romeo Vásquez, el hombre que ejecutó su expulsión en pijama hacia Costa Rica, y que hoy participa como contrincante de su esposa en las elecciones del 24 de noviembre. “Estamos en un proyecto de reconciliación, no guardamos odio ni pedimos venganza contra nadie. Esa es nuestra posición”, dice el ex mandatario.
Zelaya puede tener las mejores intenciones de paz y armonía, pero a sus enemigos no escapa el significado que tendría el acceso de Xiomara Castro a la presidencia. Con ellos o por su intermedio irrumpirá en la política el pueblo profundo y esclavizado que nunca en medio milenio tuvo oportunidad de decidir sobre los destinos de su país y los propios. El observador despierto debe contar con todas las reacciones posibles: el ejército hondureño está desplegado puede obstaculizar la concurrencia a las urnas de los partidarios de Libre. Si el escrutinio muestra una ventaja indiscutible de Xiomara, puede haber fraude. Si éste no es efectivo, el ejército todavía puede intervenir. No es de esperar que Hernández acepte calmo una derrota. Su resistencia puede dar nuevas excusas para una intervención militar. Sólo no está clara la actitud que adoptará Obama y aun si está contra un golpe de Estado, quizás no pueda controlar a los mismos militares que antes encumbró. En síntesis, esta elección se decide entre dos partidos: pueblo o fuerzas armadas.

lunes, 18 de noviembre de 2013

El corporativismo domina la política mexicana

Murió La Quina, no el “quinazo”

Año 6. Edición número 287. Domingo 17 de Noviembre de 2013
México. Joaquín Hernández Galicia, ex líder petrolero mexicano, signó medio siglo de la realidad social en su país. Su muerte no significa de ninguna manera el fin de los negociados y las corrupciones en los sindicatos y la política.

Con la muerte del ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina, el pasado lunes 11 de noviembre a los 91 años de edad, se fue una figura que signó el último medio siglo de la política mexicana, pero los métodos característicos del sistema se mantienen.
Joaquín Hernández Galicia (1922-2013) fue durante varias décadas el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que agrupa a los trabajadores de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Ingresó allí a finales de la década de 1930, durante la presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas (1934-40). En 1958 empezó su carrera sindical en Ciudad Madero, en Tamaulipas, su nordestino estado natal, que continuó hasta 1989.
Durante su dirigencia, el sindicato petrolero estaba integrado a la organización de sindicatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dentro de la que designaba diputados federales y senadores, así como alcaldes y todo tipo de puestos y nombramientos en las zonas petroleras. Su estilo de conducción fue paternalista y clientelar. Organizó negocios de todo tipo con su cohorte de fieles. En su novela Morir en el Golfo, Héctor Aguilar Camín narra parte de su vida y retrata su ejercicio del poder. Esta novela fue llevada al cine con el mismo título en 1989 bajo la dirección de Alejandro Pelayo Rangel.
Por más de tres décadas La Quina se comportó como un “padrino a la mexicana”, brindando protección a sus amigos y afiliados y persiguiendo implacablemente a sus adversarios. Como todos los líderes sindicales de cierto peso en México, recibió el apoyo de los presidentes de la república a cambio de su “incondicionalidad” y del mantenimiento de la “paz laboral” en Pemex. La historia cambió cuando Miguel de la Madrid Hurtado (1982-88) guardó silencio ante su amenaza de retiro. Pero el enfrentamiento se desató cuando Carlos Salinas de Gortari, como secretario de Programación y Presupuesto, eliminó el porcentaje del 2% que recibía el sindicato de los petroleros por cada contrato de Pemex y el director general de la empresa firmó contrato con una empresa de transporte naviero que no era la de Hernández Galicia y su socio Barragán. Cuando De la Madrid todavía no había designado a su candidato –como era usual que hicieran los presidentes del PRI–, apareció en 1987 un libro titulado Un asesino en la presidencia, escrito por José Luis González Meza, en el que narraba la vida del clan Salinas y se concentraba en Carlos y su confesión del asesinato de Manuela, la sirvienta de su familia, cuando sólo tenía cuatro años de edad, en 1951.
Cuando Carlos Salinas de Gortari (1988-94) asumió la presidencia el 1° de diciembre de 1988 bajo fuertes sospechas de fraude electoral, Hernández Galicia fue perseguido, porque se oponía a las políticas de privatización del gobierno pero, sobre todo, porque los trabajadores petroleros habían votado en 1988 al opositor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El editor del libro fue encarcelado, acusado de evasión fiscal, y González Meza tuvo que exiliarse.

Los "quinazos": ¿no hay dos sin tres? 
El 10 de enero de 1989, La Quina y la plana mayor del sindicato petrolero fueron detenidos por acopio de armas de guerra y homicidio. En la casa del sindicalista en Ciudad Madero hallaron armas y el cadáver de un agente policial encubierto. Significativamente, el operativo estuvo a cargo del Ejército. Las armas “sembradas” allí estaban todavía en cajas. El cadáver que “se encontró” había sido tomado de una morgue de Ciudad Juárez y estaba desnudo. Intencionalmente, no se guardó ninguna forma: la amenaza contra cualquier dirigente oficialista que defeccionara era evidente. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión por posesión ilegal de armas y sus allegados, encabezados por Salvador Barragán Camacho, acusados de acopio de armas y de asesinato (nunca fueron acusados de corrupción o enriquecimiento ilícito). Fueron destituidos de todos sus cargos y reemplazados por Sebastián Guzmán Cabrera, sucedido cuatro años después por Carlos Romero Deschamps, todavía a cargo del sindicato.
El error de La Quina fue haberse creído más poderoso que el presidente de la república. Este golpe de timón contra un seguidor y/o aliado estrecho y la señal que se envía a los demás adherentes para mostrar quién tiene las riendas del mando se conoce desde entonces en el lenguaje político mexicano como “quinazo”.
Hernández Galicia fue amnistiado por Ernesto Zedillo (1994-2000) en 1997. Semanas antes de su fallecimiento decía que confiaba en Enrique Peña Nieto, pues consideraba que hizo una buena gestión en el Estado de México como gobernador y que lo haría también como presidente, aunque despreciaba a algunos miembros del gabinete: “No dan el ancho”, dijo.
Carlos Antonio Romero Deschamps (1943) lidera el Sindicato de Trabajadores Petroleros (Stprm) desde 1996 y es miembro del PRI desde 1961. Ha sido diputado federal en tres ocasiones y senador en dos periodos. En 1969 ingresó a Pemex y dos años después comenzó sus actividades sindicales. Dirige el sindicato desde 1993, luego de su traición a La Quina. Fue reelecto cuatro veces y su actual gestión termina en 2018.
Su vida política y personal está jalonada de escándalos políticos y personales: en 2000 su nombre fue involucrado en el Pemexgate, cuando el Instituto Federal Electoral documentó que el sindicato petrolero desvió 500 millones de pesos de los fondos sindicales para apoyar la campaña presidencial del candidato priísta. En septiembre de 2012 su hija Paulina subió a su cuenta de Facebook fotos de sus viajes a bordo de yates y aviones privados. Y apenas el pasado 23 de febrero el semanario Proceso informó en su portal electrónico que Romero Deschamps regaló a su hijo José Carlos una Ferrari de edición limitada, valorada en dos millones de dólares. En el portal electrónico de Carmen Aristegui, Noticias, también se informó que el dirigente posee un apartamento de lujo en Cancún (Quintana Roo), así como un yate. Romero Deschamps fue también diputado en tres períodos y actualmente es senador.
En algunas columnas políticas se ha filtrado la noticia de que el gobierno de Peña Nieto procedería contra Romero Deschamps. ¿Puede todavía venir un tercer “quinazo”?
El segundo “quinazo” fue la detención de Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta del sindicato oficialista de educadores SNTE, en febrero pasado. El procedimiento fue igual al primero: el presidente recién llegado al poder defenestró a una de las líderes sindicales inseguras. Elba Esther Gordillo fue a la cárcel por no haber apoyado la reforma educativa privatizadora. Cuando se convirtió en un lastre, se hizo necesario un nuevo “quinazo”. Tras su caída, la sustituyó su delfín Juan Díaz, mostrando que se trataba de que el presidente tomara el poder. Muchos ahora piensan que Romero Deschamps será el nuevo quineado.
Sin embargo, hasta entonces, el dirigente tendría tiempo para hacerse de dos millonarios fideicomisos contratados hace 24 años junto con La Quina, cuando aún eran amigos, y que desde 1989 estaban en litigio judicial: uno por 3 mil millones de viejos pesos mexicanos (aproximadamente, 3 millones de dólares) depositado en Banamex, y otro por 2 millones de dólares que están en un fondo de Nueva York. Los fideicomisos fueron creados para “obras sociales para los trabajadores” afiliados al gremio. La autónoma Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros informó que son los más cuantiosos, pero que hay muchos más en litigio entre La Quina y Romero Deschamps. La agrupación afirmó temer que ahora el actual dirigente “se haga ilegalmente de estos fondos de los trabajadores petroleros”. Explicó que tras la detención de La Quina en 1989, los fideicomisos para obras sociales no se tocaron y quedaron en los bancos. La Coalición incluso teme que los bancos “puedan quedarse con el dinero de los trabajadores petroleros”.
Según reveló esta coalición, Romero Deschamps ofreció a La Quina después de su excarcelación el 20% de los fideicomisos para que los liberara, a cambio de quedarse él con el 80% restante. La Quina se negó al pacto, porque sería “un atraco contra los trabajadores”. Romero declaró que lo hacía “por ayudar” al ex dirigente.
México hereda todavía los restos del sistema de control corporativo del PRI fundado en los años ’30 por el presidente Cárdenas. Para algunos analistas mexicanos, el régimen priísta no ha cambiado, salvo la interrupción por el PAN durante dos sexenios (2000-12). Si bien los sucesivos quinazos acallaron bastante la oposición de los sindicalistas priístas, las privatizaciones iniciadas hace un año y la competencia de sindicatos autónomos en distintas ramas de la economía los compelen a actuar. Ciertamente, hoy, el poder de la Presidencia de la República se ve mermado por la acción de otros factores, como los gobernadores y los intereses de ciertos grupos fácticos. No obstante, aún conserva el poder suficiente para “deshacerse” de un líder sindical oficialista que se desmarque. Murió La Quina, pero no el “quinazo”.

Xi Jinping concentra poder para mejorar la gobernanza

El timonel cambia de barco

Año 6. Edición número 287. Domingo 17 de Noviembre de 2013
Rascacielos. La inversión extranjera directa modificó la cara de los principales centros urbanos.
El Partido Comunista chino decidió combinar la planificación socialista con la autonomía del mercado.

Xi Jinping ha consolidado su poder para reformar la economía y coordinar los servicios de seguridad, asegurando que los necesarios cambios políticos, económicos y militares, no afecten la estabilidad de su país y del mundo.
Desde que terminó la reunión plenaria de cuatro días del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) el pasado martes 12, los observadores internacionales siguen tratando de descifrar sus resultados. El PCCh sólo dio un breve comunicado programático en el que reitera su voluntad de combinar la planificación socialista con la autonomía del mercado. La noticia relevante, sin embargo, parece ser que el presidente Xi Jinping aumentó su control sobre el partido y ahora se dirige a la reforma del Estado.
En el comunicado final se anunció la creación de dos comisiones centrales: una de gestión y control de las reformas administrativas y económicas y otra de seguridad. Wang Yukai, profesor en la Academia China de Gobernanza, señaló las reformas administrativas como imprescindibles para que el Estado regule el mercado sin interferir cotidianamente en él. El núcleo central del documento consiste en “mejorar la relación entre el gobierno y el mercado mediante un buen funcionamiento estatal”. Según Zhang Zhuoyuan, un economista de la Academia China de Ciencias Sociales que participó en la reunión, el comunicado sólo indicó una línea general que las autoridades ahora deben detallar.
El documento es general, pero se espera una pronta reforma del milenario sistema del huku (un registro de los datos de todas las familias) que obliga a todo campesino a solicitar permiso para poder desplazarse a otras regiones. Ante la morosidad de las burocracias, cientos de millones de personas han migrado sin autorización, creando una enorme anarquía en el desarrollo urbano. El comunicado anuncia en cambio que se podrá comerciar la tierra urbana para la construcción, de acuerdo a reglas aún por ser fijadas.
Liu Ligang, economista en jefe en el grupo bancario ANZ, prevé que el proceso de reformas disminuirá el ritmo de crecimiento de la economía china en los próximos dos años, pero en el oficial China Daily del miércoles 13, el economista Wai Haifeng, investigador en la Comisión Nacional para la Reforma y el Desarrollo, declaró que “para la economía global es mejor un crecimiento más lento, pero continuado de la economía china, que uno fluctuante”. Mientras que la meta de crecimiento del PIB para 2013 es del 7,5%, Liu espera que las autoridades la reduzcan para el próximo año al 7%.
En un artículo publicado en Foreign Policy el pasado jueves 14, Arthur Kroeber, de la consultora Gavekal Dragonomics, ve el comunicado del martes 12 sólo como una señal de los cambios venideros. Para el autor el primer año de conducción de Xi demostró que está construyendo la maquinaria burocrática necesaria para superar las resistencias institucionales y alcanzar sus metas. Aunque importante, el comunicado final de la reunión plenaria del Comité Central no es el documento más relevante de este encuentro. Mucho más determinante va a ser la resolución sobre la reforma, un detallado documento político aprobado por el pleno que se haría público en una o dos semanas.
La mayoría de los comentaristas económicos sostiene que los principales problemas de la economía china se deben al exceso de poder de las empresas estatales, que estarían absorbiendo proporciones desmedidas de crédito bancario y otros recursos, pero invirtiendo muy poco. Sin embargo, aunque el problema de las empresas estatales es real, la cuestión de fondo es la crisis de gobernanza que Xi parece estar afrontando seria y razonablemente.
Según el South China Morning Post del miércoles 13 que aparece en Hong Kong, “se establecerá un Comité Nacional de Seguridad para perfeccionar el sistema nacional de seguridad y la estrategia nacional en la materia y salvaguardar la seguridad nacional”.
Los observadores señalan que la nueva agencia seguramente va a incluir representantes de la diplomacia, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y agencias comerciales estatales, para superar la fragmentación actual de las políticas de seguridad. Según las versiones, el comité estará coordinado subsidiariamente por Wang Huning, un miembro del Buró Político. Además de Xi, las versiones indican que el comité incluirá al jefe de la seguridad Meng Jianzhu, al experimentado asesor Wang Huning y al vicesecretario general del Consejo de Estado Wang Yongqing.
En los últimos años Beijing ha aumentado progresivamente el perfil de su política internacional. Internamente han crecido también el descontento social y los reclamos étnicos en Tibet y Xinjiang. Hasta ahora, el gobierno chino carece de una agencia que coordine el conjunto de sus políticas de seguridad y defensa. Este hueco debe ser cubierto por la nueva comisión.
Con la creación de los dos nuevos comités el presidente Xi Jinping ha fortalecido su poder dentro de la dirigencia china. Se espera que el propio presidente dirija el nuevo comité, obteniendo mayor control sobre la seguridad interior y revalorizando una función que se degradó después del retiro del poderoso ex-jefe de la seguridad Zhu Yongkang en noviembre de 2012.
Según Gu Su, un profesor de Ciencia Política en la Universidad de Nanjing, las crecientes protestas y las repercusiones de la condena por corrupción contra el dirigente Bo Xilai han suscitado el temor de que surjan divisiones facciosas dentro del partido y urgido a Xi a ampliar su base de poder. Todo indica que se aproxima una ofensiva contra los reductos corruptos en empresas estatales y los poderes feudales en el interior del Estado. En los últimos meses, el presidente ha limpiado la cúpula de las principales empresas petroleras estatales y la cabeza de la Comisión de Administración y Supervisión de las Inversiones Estatales, anteriormente controlada por Zhu Yongkang. Sin embargo, Xi todavía no se atreve a desafiar abiertamente a los conservadores. Si bien está liberalizando la economía, mantiene un férreo control sobre la vida política.
Se espera también que el presidente integre el grupo central de coordinación de las reformas económicas y financieras, aunque lo presida el primer ministro Li Keqiang.
Xi ha tomado el poder y se prepara a gobernar. Mao Zedong fue “el gran timonel”, Deng Xiaoping, “el pequeño”. Xi Jinping aspira a entrar en esta saga náutica con perfil propio. Ante las amenazas externas e internas su punto de partida es alto, pero los desafíos son enormes. China siempre fue un país importante, pero nunca como antes dependió de él la suerte del mundo. El barco que Xi pretende llevar a puerto seguro tiene siete mil millones de personas a bordo.

domingo, 10 de noviembre de 2013

El sabotaje a la política cibernética de Dilma Rousseff

Defensa nacional, esperas y elecciones

Año 6. Edición número 286. Domingo 10 de Noviembre de 2013
 
Para reducir la popularidad ganada por la presidenta Dilma Rousseff contra el espionaje norteamericano, los medios hegemónicos, los políticos opositores y hasta los aliados del gobierno operan contra las prioridades de la defensa nacional.

La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff aumentó recientemente por su firme actitud ante el espionaje norteamericano. Seguramente la aprovechará para competir por la reelección en octubre de 2014. Para reducir sus chances, no sólo la oposición mediática y partidaria, sino también altos dirigentes aliados al gobierno en el Congreso inventan operar todos los días, sin importarles sabotear la política exterior y la defensa nacional. Por eso se plegaron esta semana a una operación de prensa que pretende equiparar el espionaje norteamericano contra la propia mandataria, funcionarios gubernamentales y empresas brasileñas con el contraespionaje realizado hace diez años por la Agencia Brasileña de Informaciones (ABIN) sobre diplomáticos rusos, iraníes e iraquíes, así como la reciente vigilancia de centros de espionaje de la embajada norteamericana.
En la primera plana del lunes 4 de noviembre, Folha de São Paulo tituló “El gobierno brasileño vigiló a diplomáticos extranjeros”. A lo largo de tres páginas, el diario evidenciaba la intención de su “denuncia”. En la página 4, afirmó que “Agencia Brasileña espió a funcionarios extranjeros”. El texto del artículo fue encabezado con una afirmación tajante: “El principal brazo de espionaje del gobierno brasileño observó la actividad de diplomáticos de tres países extranjeros en embajadas y en sus residencias, según consta en un informe de la ABIN obtenido por Folha. El documento ofrece detalles sobre diez operaciones secretas realizadas entre 2003 y 2004 y muestra que, incluso países a los que Brasil intentó acercarse en los últimos años, como Rusia e Irán, fueron blancos de la ABIN”.
Sin embargo, el propio reportaje relativizaba las afirmaciones del título y el encabezado, ya que mencionaba que la agencia sólo observó rutinas, identificó contactos y tomó fotografías de los extranjeros vigilados. Todavía en la página 5 se anunciaba que “fueron vigiladas oficinas usadas por EE.UU”. En realidad, las oficinas controladas por la ABIN eran puestos de espionaje norteamericano instalados en Brasilia fuera de la representación diplomática de ese país. Según informó la revista Carta Capital del miércoles 6, reproduciendo un informe ya publicado en agosto pasado, fuentes de inteligencia brasileña “relatan el funcionamiento de al menos seis lugares en Brasilia utilizados por la embajada de Estados Unidos como centros de operaciones y análisis de inteligencia”. O sea que no se trató –como sugirió Folha– de “inocentes” instalaciones diplomáticas norteamericanas, sino de bases desde las cuales Estados Unidos espía a políticos, diplomáticos y empresarios que en la capital se concentran por miles en pocos kilómetros cuadrados.
Con el tercer título, inserto el mismo lunes 4 en la página 6 (“La presidencia dice que las acciones protegen el interés nacional”), la Folha tomó distancia de las declaraciones de la mandataria asimilándolas con las explicaciones sin contenido de los líderes norteamericanos ante las revelaciones de Edward Snowden. El principio que se sigue es el cínico argumento defensivo del Departamento de Estado: “Todos los países hacen lo mismo”.
No casualmente la “denuncia” de Folha fue editorializada en el noticiero central de la Rede Globo esa misma noche en un reportaje de más de tres minutos de duración. La réplica, realizada con textos similares, el mismo énfasis e igual acentuación puede ser una casualidad, pero también producto de una operación armada de antemano.
Todavía el martes 5 Folha tituló “Congresistas quieren explicaciones del gobierno sobre el espionaje de la ABIN”, sugiriendo que “parlamentarios” (así, en general, sin ninguna precisión) reclamaban explicaciones al gobierno. Y en el texto aclaran que “diputados y senadores oficialistas y de la oposición quieren que los ministros José Eduardo Cardozo (Justicia), Luiz Alberto Figueiredo (Relaciones Exteriores), José Elito (Gabinete de Seguridad Institucional) y el director general de la ABIN, Wison Trezza, den explicaciones en el Congreso”.
Por su parte, José Eduardo Cardozo (PT) defendió el martes 5 que la ABIN haya vigilado a diplomáticos extranjeros entre 2003 y 2004. Para el ministro se trató de un caso de contraespionaje, sin semejanzas con las violaciones a la privacidad de millones de ciudadanos en todo el mundo cometidas por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. “Por lo que leí –señaló–, los métodos utilizados por la ABIN no violaron derechos de la privacidad. No hubo intercepciones telefónicas no autorizadas por el Poder Judicial ni violaciones de la ley”.
De acuerdo con Cardozo, acciones de vigilancia como las de la agencia brasileña son absolutamente legales. “Cuando un país tiene indicios de que hay espías de potencias extranjeras actuando en su territorio, se hace contraespionaje para verificar si existe o no espionaje. Todos los países hacen y deben hacer contraespionaje. Lo que no pueden es violar los derechos y la soberanía de las personas. Por eso no veo en este caso ningún desmerecimiento de la imagen de Brasil”, añadió el ministro.

No todos los gatos son pardos 
La Agencia Brasileña de Informaciones (ABIN) es el órgano de la Presidencia de la Unión encargada de la inteligencia interior y exterior de acuerdo a los preceptos de la Constitución de 1988. Fue fundada en 1999 y tiene las siguientes funciones: “La defensa del Estado democrático de derecho, la sociedad y la soberanía nacional, con total respeto por los principios constitucionales y los derechos y garantías individuales”. Según la presentación institucional, “la Agencia Brasileña de Inteligencia, creada por la Ley Nº 9.883, es el órgano central del Sistema Brasileño de Inteligencia (Sisbin). Tiene entre sus atribuciones la ejecución de la Política Nacional de Inteligencia y la integración de los organismos sectoriales de inteligencia del país. De esta forma, la ABIN da asesoramiento a la Presidencia de la República, asegurándole el conocimiento de hechos y situaciones vinculados con el bienestar de la sociedad, el desarrollo y la seguridad del país”.
Al comienzo del gobierno de Lula (2003-11) fueron vigilados diplomáticos iraquíes que después de la invasión norteamericana a su país intentaban refugiarse en Brasil, sus colegas iraníes por sospechas de apoyo al terrorismo y funcionarios rusos por negocios ilegales.
Sin embargo, en un comentario de Fernando Rodrigues publicado en la misma Folha el miércoles 6, ya aparece la motivación de la operación: “De hecho, en el gobierno se difundió una sensación de desaliento, al leer los reportajes de Lucas Ferraz en Folha, relatando cómo actuó la ABIN en el inicio del gobierno de Lula. No porque hubiera alguna repercusión de gran monta en el escenario internacional. Se trató de un espionaje muy primitivo. El problema mayor es la erosión del discurso electoral interno, ya en uso y a todo vapor”.
Se trata, pues, de anular el eventual aprovechamiento que el gobierno pueda hacer de las denuncias por espionaje norteamericano y canadiense en Brasil. Para ello, los medios opositores tratan de construir una supuesta equivalencia del contraespionaje brasileño con el espionaje norteamericano, de modo de disminuir sus efectos sobre la campaña electoral para las presidenciales de octubre próximo, que ya parecen comenzar.
En tanto, la presidenta Dilma Rousseff no se confunde: “Con relación a Estados Unidos, sólo hay una manera de resolver el problema. Pedir disculpas por lo que pasó y decir que no va a pasar nunca más. Hasta este momento, eso no fue posible”, declaró el 6 en una entrevista con el grupo de radio RBS. “Lo que está en cuestión en el caso de la denuncia del espionaje contra Brasil y otros países –agregó– es que se violaron no sólo correos electrónicos privados y conversaciones telefónicas de jefes de Estado, sino también de individuos y empresas, en un contexto que no tiene que ver con la lucha contra el terrorismo”.
Por su parte, el martes, en una sesión parlamentaria, la senadora Vanessa Graziotin (PT), presidenta de la Comisión de Espionaje de la cámara alta, cuestionó la instalación de cientos de antenas de comunicaciones en la embajada y algunos consulados de Estados Unidos. “Es necesario –planteó Graziotin– que Estados Unidos presente oficialmente una explicación sólida sobre el uso dado a las 841 antenas instaladas en Brasilia y otras ciudades. Ellos alegan que son necesarias para realizar sus comunicaciones, pero realmente no sé, porque también tienen antenas (móviles) incluso fuera de la embajada y de sus consulados.” Y añadió: “Estamos estudiando técnicamente el potencial y la localización. Se sabía que la embajada de Estados Unidos tenía autorización para instalar algunas y para su funcionamiento. Lo que no sabíamos era que se trataba de 841 antenas, siendo la mayoría de ellas móviles”.
Llevando agua para su molino, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Comisión Parlamentaria Mixta de Control de las Actividades de la ABIN, Ricardo Ferraço (PMDB), dijo que también se averiguará qué fue lo que llevó a Brasil a espiar a otros países. “Debemos incorporar este asunto a la investigación, porque puede parecer que Brasil sea un país con dos pesos y dos medidas, o que sea un país que tiene una práctica y un discurso diferentes”, dijo a los periodistas. No obstante, como la propia Folha informó el lunes 4, el parlamentario se retractó rápidamente: “Ese espionaje me parece gravísimo, pero tenemos que ver el contexto en el que ocurrió y si tuvo autorización legal o de la Justicia. Si no, parece que hubiera dos pesos y dos medidas: haga lo que mando, pero no lo que hago”, dijo Ferraço.
Dirigente del principal aliado del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el senador quiere reunir la Comisión Parlamentaria de Control. Según él, el tema no debe ser tratado por la Comisión del Senado de Investigaciones sobre el Espionaje. No es casual que, justo cuando Brasil presenta en la ONU junto con Alemania un proyecto de resolución condenando el espionaje norteamericano, el mismo senador oficialista que hace dos meses sacó ilegalmente al senador boliviano Roger Pinto Molina, refugiado en la embajada brasileña en La Paz, y lo introdujo clandestinamente en Brasil, sea quien condene las acciones de contraespionaje brasileño contra diplomáticos rusos, iraquíes e iraníes de hace diez años. Desde hace tiempo el PMDB viene reclamando a Dilma mayor influencia en el gobierno. Aunque no tengan posibilidad de romper su alianza con el PT, por el desprestigio que tienen debido a su extendida corrupción, los líderes del principal aliado del gobierno no escatiman las facturas que pasan a la presidenta por el abandono en que los tiene.

El financiamiento de los candidatos
Al mismo tiempo, poniendo en evidencia cuál es el meollo del problema que tienen estos aliados del gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique E. Alves (PMDB), declaró el miércoles 6 que tiene intención de hacer votar la propuesta de reforma política en marzo próximo. El proyecto será enviado en los próximos días a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara como propuesta de enmienda constitucional (PEC).
“En noviembre o diciembre enviaremos a la CCJ una propuesta de enmienda constitucional y queremos crear una comisión especial, para que esta propuesta pueda ser votada en marzo”, dijo Alves al recibir el texto del Grupo de Trabajo sobre Reforma Política formado hace dos meses en la Cámara. El diputado afirmó que la propuesta pone “el pie en el suelo”, dando a entender que se avanzó de modo “realista”, y añadió que la votación de la reforma política “tal vez sea el mayor desafío” de la Cámara. El parlamentario también garantizó que la sociedad podrá participar de los debates en la CCJ.
Por su parte, el texto fue criticado por el diputado Henrique Fontana (PT), miembro informante del grupo en los últimos dos años y medio. Para Fontana, el grupo de trabajo no encaró el principal problema del sistema político brasileño que es la fuerza que el poder económico tiene en el proceso electoral. “Me parece que la propuesta es bastante negativa, señaló, porque no altera el problema central de la política brasileña que es el abuso del poder económico, elecciones caras y el financiamiento de las campañas por empresas”, afirmó. Fontana defendió nuevamente la adopción del financiamiento público de las campañas y la limitación de las donaciones de personas físicas. “El cambio principal que precisamos es la prohibición del financiamiento de personas físicas, estableciendo techos de gastos. Así tendremos campañas más baratas”, dijo.
Al mismo tiempo, el líder del PMDB en la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, declaró el miércoles 6 que va a tratar de recuperar el texto originario del proyecto sobre el Marco Civil de la Internet, en discusión en el Congreso después de las denuncias sobre el espionaje norteamericano a través de la red. El parlamentario ya se manifestó contra por lo menos dos puntos de la propuesta presentada por el miembro informante de la comisión respectiva, el diputado Alessandro Molon (PT). El PMDB objeta el decreto del gobierno que obliga a los proveedores de Internet que actúan en el país a guardar los archivos de sus clientes en datacenters situados en Brasil. Para el gobierno de Dilma, éste sería un instrumento apropiado, para someter el archivo de los datos a la jurisdicción brasileña y así protegerlos contra el espionaje extranjero. Para estos aliados del gobierno, por el contrario, esta medida es contraria a las inversiones en el sector, porque encarece los costos operativos de las empresas. Detrás de estas manifestaciones se esconden evidentemente los intereses de las grandes empresas norteamericanas del sector que pretenden seguir almacenando los datos de todo el continente en Miami y quieren decidir a su arbitrio a qué clientes y qué productos favorecen, sin aceptar ningún tipo de regulación.
Estas intervenciones de representantes del principal aliado del gobierno de Dilma Rousseff revelan los intereses políticos y económicos ocultos detrás de la operación mediática de denuncia del supuesto espionaje brasileño a diplomáticos extranjeros. El sistema político brasileño está organizado de un modo tal, que cada candidato electoral debe proveerse por sí mismo las fuentes de financiamiento de sus campañas, cada vez más caras. Una vez en funciones o ejerciendo sus mandatos, en consecuencia, los dirigentes deben ocuparse primero de pagar sus deudas, antes de atender las responsabilidades de su cargo. Consecuentemente, los fines y objetivos del Estado pasan a un segundo plano, también los de la defensa nacional. Por eso es que deteriorar la popularidad de la presidenta y sabotear su reelección el año próximo es más importante, para los medios y los políticos, que afianzar la posición internacional de su país. Es lógico inferir entonces que Brasil sólo podrá ocupar su anhelado lugar como potencia mundial si realiza la postergada reforma política que fortalezca los partidos sobre los candidatos e independice a éstos de la dependencia de los financiadores privados. De la coherencia del frente interno depende la fortaleza del externo.

domingo, 3 de noviembre de 2013

El presidente paraguayo busca la suma del poder público

Colonia de lujo o país de des-cartes

Año 6. Edición número 285. Domingo 3 de Novimbre de 2013
Paraguay. Con la ley de alianza público-privada (APP), el presidente paraguayo Horacio Cartes casi obtuvo la suma del poder, pero no le será fácil mantener la corrupción que necesita.

La ley de APP sancionada el pasado 28 de octubre entrega el patrimonio del Estado al capital privado a través de concesiones que pueden durar hasta cuarenta años. Esta medida es la tercera de las cuatro leyes propuestas por él para dar vuelta completamente la economía, la política y la situación regional de Paraguay. Las otras son las leyes de responsabilidad fiscal, la de estado de emergencia y la de protección a las inversiones extranjeras. La de responsabilidad fiscal prevé el congelamiento de los salarios públicos además del aumento de los impuestos a los trabajadores y la reducción a los empresarios. La ley de militarización sancionada en julio pasado, en tanto, permite la intervención de las fuerzas armadas en situaciones de “riesgo” definidas por el presidente. En cuanto a la prevista ley de protección a la inversión extranjera, el texto es todavía desconocido.
La Cámara de Diputados votó el proyecto de ley con 60 votos a favor de la propuesta proveniente de senadores, mientras que 15 legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) votaron a favor de la versión de Diputados. Hubo tres votos en blanco y dos ausentes. El Frente Guasú, del ex-presidente Lugo, rechazó la iniciativa oficialista que consideró inconstitucional. Al respecto, Ricardo Canese, secretario de relaciones internacionales del Frente Guasú, declaró el pasado miércoles 30 al portal brasileño Vermelho que “además de las consecuencias políticas y la entrega de la soberanía, esta ley permite que todos los recursos sean vendidos, con la excepción del aire. Es peor que una privatización, porque en éstas el Estado recibe dinero a cambio de sus bienes, pero con la APP el Estado entrega sus recursos sin recibir nada a cambio. Además, los impuestos serán hipotecados, para que los empresarios puedan lucrar aún más. La ley centraliza el poder en manos de Cartes. Ahora él puede gobernar sin ningún control.”
Más adelante señaló que “ahora está preparando una cuarta ley que protege al capital extranjero, para impedir que los gobiernos futuros puedan cuestionar el sistema implantado por él. Sabemos que Cartes fue un gran articulador del golpe de Estado y realizó esto para implantar las políticas que permiten vender el país. Él financió el golpe de Estado, usó a los liberales cuando tuvieron la presidencia y ahora para aprobar esas leyes.”
Y finalizó: “Estados Unidos está entrando al Paraguay para dificultar el proceso de integración de América latina. Cartes está implantando un neoliberalismo radical que pretende obstruir la integración progresista, principalmente en el Mercosur. Todavía no sabemos si va a concretar la reincorporación plena del Paraguay al Mercosur, mas, si lo hace, será para perjudicar la integración”.
La votación en el Congreso estuvo acompañada por manifestaciones en varios departamentos y por un importante acto en el centro de Asunción. Quienes más rechazan el proyecto oficialista son los sindicatos, las organizaciones sociales, los campesinos y los estudiantes. Durante la jornada del lunes en Asunción las manifestaciones fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, balas de goma y cachiporrazos.

En qué consiste la APP. 
La normativa abre las puertas a los capitales privados para construir infraestructura pública y prestar servicios públicos en general. Las modificaciones introducidas por el presidente también permiten al Ejecutivo autorizar inversiones sin intervención del Congreso. Por estas modificaciones a mediados de octubre el proyecto se había trabado en Diputados. Apenas una hora antes del inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, la fracción colorada que responde a Javier Zacarías Irún, presidente de la corriente interna Frente para la Victoria (gobernante en Ciudad del Este a través de la esposa del caudillo, Sandra MacLeod), resolvió aprobar el proyecto modificado. Zacarías Irún aseguró que el Ejecutivo no hizo ofrecimiento alguno para obtener el voto de su sector.
Los movimientos sociales cuestionan especialmente el artículo 52 de la nueva ley que además de proyectos de infraestructura pública, incluye salud, educación; generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales. Por su parte, el ex candidato a vicepresidente con el candidato liberal Efraín Alegre, y tránsfuga del Frente Guasú, Rafael Filizzola explicó la aplicación de la normativa señalando que las alianzas consisten en fideicomisos que, con la versión aprobada, no tendrán control. Señaló que las controversias se someten a un arbitraje que no se define ni se sabe qué pasa si no funciona.
La ley está redactada de modo general, sin establecer condiciones que los contratos deban respetar, ni los porcentajes de inversión y/o de beneficios, ni fijar órganos y condiciones de supervisión, ni cuotas de transferencia de divisas al exterior ni cláusulas de reinversión ni instancias de arbitraje ni fijar tribunales que deban decidir sobre eventuales contenciosos, o sea que da libertad absoluta a la discrecionalidad del poder ejecutivo y a las condiciones que las empresas contratantes quieran imponer.
Mientras tanto, el martes 29 la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su par paraguayo inauguraron la línea de alta tensión que a lo largo de 550 km lleva a Asunción la energía de la represa de Itaipú. La obra fue construida en cuatro años y costó 555 millones de dólares, financiados con subsidios del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur n(Focem). El 70% del mismo es provisto por Brasil, el 20% por Argentina y el restante 10% a medias por Paraguay y Uruguay. Todavía no se estableció el porcentaje de participación venezolana. Rousseff destacó en su discurso que “esta impresionante obra” es el mayor proyecto realizado con recursos del Focem, “reforzado con contribuciones” de Brasil. “Esto es una prueba de que el Mercosur está fuerte y promueve el desarrollo basado en la superación de las asimetrías entre los países de la región”, manifestó.
Para reforzar las afirmaciones de Dilma Rousseff, el pasado viernes 25 el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones paraguayo, Ramón Jiménez Gaona, informó que la licitación pública internacional para la construcción del segundo puente que unirá las ciudades de Presidente Franco (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil), con una inversión de unos 100 millones de dólares se realizará en noviembre. El puente debería estar pronto en 2016.
Mientras tanto, el gobierno paraguayo anunció el jueves 30 que el diplomático Enrique Jara será el nuevo embajador en Venezuela, reanudando las relaciones rotas en julio de 2012. Ya el pasado 9 de octubre, durante su primera visita a Asunción, el canciller venezolano Elías Jaua propuso el nombre del nuevo embajador de Venezuela, sin hacerlo público.
El Mercosur levantó la suspensión de Paraguay el pasado 15 de agosto, tras la toma de posesión de Cartes, pero éste prefirió reanudar los contactos con los socios del bloque bilateralmente. Cuestionado sobre cuándo Paraguay regresa de pleno al Mercosur, el canciller Loizaga insistió en que su país forma parte del bloque y que las relaciones con Venezuela se están “encaminando”.
Entre tanto, representantes del Complejo Agroindustrial Angostura S.A (Caiasa, una sociedad formada por Bunge y Louis Dreyfus Commodities), se reunieron el pasado miércoles 30 con el presidente Cartes, para anunciarle la pronta inauguración de la mayor planta de procesamiento de soja en Paraguay, con capacidad para industrializar cerca del 20% de la producción nacional, que funcionará en el puerto de Villeta (Departamento Central), sobre el río Paraguay. Con las inversiones realizadas en el sector, Paraguay pasaría a procesar el 55% de la soja producida en el país que en el ciclo 2012/2013 alcanzó una cifra récord de 9,3 millones de toneladas, duplicando la del anterior período.

Se regala el acuífero Guaraní. 
Aún antes de la sanción definitiva de la ley, Cartes y sus ministros ya estaban ofreciendo en el exterior la posibilidad de explotar los servicios públicos o alquilar los bienes del Estado paraguayo. Durante la XXIII Cumbre Iberoamericana realizada entre el 18 y el 19 de octubre en Panamá, el presidente invitó a visitar el país a los empresarios interesados en aprovechar las reservas de agua del Acuífero Guaraní. En la misma línea, el 22 de octubre el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, invitó a las multinacionales del sector reunidas en Israel en la Conferencia Internacional sobre la Tecnología del Agua, organizada por la Water Technology and Environment Control (Watec), a “visitar Paraguay para analizar las grandes posibilidades del negocio del agua”.
Ya el día 24, la binacional Itaipú informó sobre la visita del embajador de Francia y empresarios franceses entre los que había representantes de Lyonnaise des Eaux, la multinacional de la explotación del agua y los servicios de cloacas y desagües pluviales que en 2006 fue expulsada de Argentina, cuando el Estado retomó el control del servicio.
El Acuífero Guaraní se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, con una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados que abarca territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por el norte, toma contacto con el Pantanal que a su vez se conecta con la Amazonia. Se estima su volumen en unos 55.000 kilómetros cúbicos. La recarga se calcula entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año y, explotando anualmente 40 kilómetros cúbicos (una explotación racional llegaría también hasta 80 kilómetros cúbicos por año), podría abastecerse a unos 360.000.000 de personas con una dotación de 300 litros por habitante diariamente. El espesor más común del Acuífero es de 200 ms, pero en algunas partes supera los 600 ms. Las aguas encontradas entre 500 y 1.000 ms de profundidad presentan caudales mayores a los 500.000 l/h y en algunos casos 1.000.000 l/h.
Las áreas de recarga y descarga del Guaraní y aquellas donde existe una alta concentración de usos y usuarios se consideran áreas críticas: Concordia (Argentina)-Salto (Uruguay); Rivera (Uruguay)-Santa Ana do Livramento (Brasil) y Riberão Preto (Brasil). Pero el área más importante y fundamental es el corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina en la zona de las Tres Fronteras. Esta región tiene una importancia estratégica por el acuífero, por la porosidad de las fronteras, por ser el centro geográfico del Mercosur, por la presencia de una numerosa comunidad sirio-libanesa y porque por allí pasan la droga y las armas para las organizaciones que operan en Río de Janeiro y San Pablo. Este conjunto de factores atrae a numerosos servicios de inteligencia y tienta a Brasil y Paraguay (éste con apoyo norteamericano) a militarizar la región. Si ahora se añade la explotación privada del agua, la situación puede tornarse explosiva.
 
Ante la ofensiva de Horacio Cartes se ha formado la llamada Coordinadora Democrática (CD) de partidos y organizaciones sociales. Al respecto señala Ricardo Canese en la entrevista citada más arriba: “el Frente Guasú forma parte de la Coordinadora Democrática, presente en todo el país. Las movilizaciones del 28 de octubre llevaron a más de 100.000 personas a las calles en más de 70 puntos de movilización. En Ciudad del Este se cerró el puente, en Asunción la resistencia fue grande, en todo el país las personas se movilizaron. Estas movilizaciones van a continuar. Nosotros exigimos que esta ley sea derogada. El Frente Guasú no va a dejar que Cartes siga tratando a Paraguay como su empresa privada.”
En seis meses de gobierno, el presidente-empresario supo concentrar un poder económico y militar inigualado desde el inicio de la democracia en 1989 con el que pretende convertir a Paraguay en una factoría abierta a los grandes negocios internacionales con recursos naturales y commodities. Para custodiarlo e incidir sobre la política de sus vecinos, lo está militarizando con la participación de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, está ampliando su base de apoyo comprando políticos de todos los partidos tradicionales. Esta política clientelar es cara y requiere ingentes rentas para financiarse. Para ampliar su margen de maniobra, ahora quiere enajenar el agua del Acuífero Guaraní. Tanto poder como ha acumulado obliga a Cartes al éxito permanente, ya que no puede echar la culpa a nadie más. Si no obtiene rápidos y visibles resultados y mantiene rodando la rueda de la corrupción y el clientelismo, toda el castillo de naipes caerá sobre su cabeza y Paraguay quedaría para el des-carte.