Defensa nacional, esperas y elecciones
Año 6. Edición número 286. Domingo 10 de Noviembre de 2013
Para reducir la popularidad ganada por la presidenta
Dilma Rousseff contra el espionaje norteamericano, los medios
hegemónicos, los políticos opositores y hasta los aliados del gobierno
operan contra las prioridades de la defensa nacional.
La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff aumentó recientemente
por su firme actitud ante el espionaje norteamericano. Seguramente la
aprovechará para competir por la reelección en octubre de 2014. Para
reducir sus chances, no sólo la oposición mediática y partidaria, sino
también altos dirigentes aliados al gobierno en el Congreso inventan
operar todos los días, sin importarles sabotear la política exterior y
la defensa nacional. Por eso se plegaron esta semana a una operación de
prensa que pretende equiparar el espionaje norteamericano contra la
propia mandataria, funcionarios gubernamentales y empresas brasileñas
con el contraespionaje realizado hace diez años por la Agencia Brasileña
de Informaciones (ABIN) sobre diplomáticos rusos, iraníes e iraquíes,
así como la reciente vigilancia de centros de espionaje de la embajada
norteamericana.
En la primera plana del lunes 4 de noviembre, Folha de São Paulo tituló “El gobierno brasileño vigiló a diplomáticos extranjeros”. A lo largo de tres páginas, el diario evidenciaba la intención de su “denuncia”. En la página 4, afirmó que “Agencia Brasileña espió a funcionarios extranjeros”. El texto del artículo fue encabezado con una afirmación tajante: “El principal brazo de espionaje del gobierno brasileño observó la actividad de diplomáticos de tres países extranjeros en embajadas y en sus residencias, según consta en un informe de la ABIN obtenido por Folha. El documento ofrece detalles sobre diez operaciones secretas realizadas entre 2003 y 2004 y muestra que, incluso países a los que Brasil intentó acercarse en los últimos años, como Rusia e Irán, fueron blancos de la ABIN”.
Sin embargo, el propio reportaje relativizaba las afirmaciones del título y el encabezado, ya que mencionaba que la agencia sólo observó rutinas, identificó contactos y tomó fotografías de los extranjeros vigilados. Todavía en la página 5 se anunciaba que “fueron vigiladas oficinas usadas por EE.UU”. En realidad, las oficinas controladas por la ABIN eran puestos de espionaje norteamericano instalados en Brasilia fuera de la representación diplomática de ese país. Según informó la revista Carta Capital del miércoles 6, reproduciendo un informe ya publicado en agosto pasado, fuentes de inteligencia brasileña “relatan el funcionamiento de al menos seis lugares en Brasilia utilizados por la embajada de Estados Unidos como centros de operaciones y análisis de inteligencia”. O sea que no se trató –como sugirió Folha– de “inocentes” instalaciones diplomáticas norteamericanas, sino de bases desde las cuales Estados Unidos espía a políticos, diplomáticos y empresarios que en la capital se concentran por miles en pocos kilómetros cuadrados.
Con el tercer título, inserto el mismo lunes 4 en la página 6 (“La presidencia dice que las acciones protegen el interés nacional”), la Folha tomó distancia de las declaraciones de la mandataria asimilándolas con las explicaciones sin contenido de los líderes norteamericanos ante las revelaciones de Edward Snowden. El principio que se sigue es el cínico argumento defensivo del Departamento de Estado: “Todos los países hacen lo mismo”.
No casualmente la “denuncia” de Folha fue editorializada en el noticiero central de la Rede Globo esa misma noche en un reportaje de más de tres minutos de duración. La réplica, realizada con textos similares, el mismo énfasis e igual acentuación puede ser una casualidad, pero también producto de una operación armada de antemano.
Todavía el martes 5 Folha tituló “Congresistas quieren explicaciones del gobierno sobre el espionaje de la ABIN”, sugiriendo que “parlamentarios” (así, en general, sin ninguna precisión) reclamaban explicaciones al gobierno. Y en el texto aclaran que “diputados y senadores oficialistas y de la oposición quieren que los ministros José Eduardo Cardozo (Justicia), Luiz Alberto Figueiredo (Relaciones Exteriores), José Elito (Gabinete de Seguridad Institucional) y el director general de la ABIN, Wison Trezza, den explicaciones en el Congreso”.
Por su parte, José Eduardo Cardozo (PT) defendió el martes 5 que la ABIN haya vigilado a diplomáticos extranjeros entre 2003 y 2004. Para el ministro se trató de un caso de contraespionaje, sin semejanzas con las violaciones a la privacidad de millones de ciudadanos en todo el mundo cometidas por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. “Por lo que leí –señaló–, los métodos utilizados por la ABIN no violaron derechos de la privacidad. No hubo intercepciones telefónicas no autorizadas por el Poder Judicial ni violaciones de la ley”.
De acuerdo con Cardozo, acciones de vigilancia como las de la agencia brasileña son absolutamente legales. “Cuando un país tiene indicios de que hay espías de potencias extranjeras actuando en su territorio, se hace contraespionaje para verificar si existe o no espionaje. Todos los países hacen y deben hacer contraespionaje. Lo que no pueden es violar los derechos y la soberanía de las personas. Por eso no veo en este caso ningún desmerecimiento de la imagen de Brasil”, añadió el ministro.
En la primera plana del lunes 4 de noviembre, Folha de São Paulo tituló “El gobierno brasileño vigiló a diplomáticos extranjeros”. A lo largo de tres páginas, el diario evidenciaba la intención de su “denuncia”. En la página 4, afirmó que “Agencia Brasileña espió a funcionarios extranjeros”. El texto del artículo fue encabezado con una afirmación tajante: “El principal brazo de espionaje del gobierno brasileño observó la actividad de diplomáticos de tres países extranjeros en embajadas y en sus residencias, según consta en un informe de la ABIN obtenido por Folha. El documento ofrece detalles sobre diez operaciones secretas realizadas entre 2003 y 2004 y muestra que, incluso países a los que Brasil intentó acercarse en los últimos años, como Rusia e Irán, fueron blancos de la ABIN”.
Sin embargo, el propio reportaje relativizaba las afirmaciones del título y el encabezado, ya que mencionaba que la agencia sólo observó rutinas, identificó contactos y tomó fotografías de los extranjeros vigilados. Todavía en la página 5 se anunciaba que “fueron vigiladas oficinas usadas por EE.UU”. En realidad, las oficinas controladas por la ABIN eran puestos de espionaje norteamericano instalados en Brasilia fuera de la representación diplomática de ese país. Según informó la revista Carta Capital del miércoles 6, reproduciendo un informe ya publicado en agosto pasado, fuentes de inteligencia brasileña “relatan el funcionamiento de al menos seis lugares en Brasilia utilizados por la embajada de Estados Unidos como centros de operaciones y análisis de inteligencia”. O sea que no se trató –como sugirió Folha– de “inocentes” instalaciones diplomáticas norteamericanas, sino de bases desde las cuales Estados Unidos espía a políticos, diplomáticos y empresarios que en la capital se concentran por miles en pocos kilómetros cuadrados.
Con el tercer título, inserto el mismo lunes 4 en la página 6 (“La presidencia dice que las acciones protegen el interés nacional”), la Folha tomó distancia de las declaraciones de la mandataria asimilándolas con las explicaciones sin contenido de los líderes norteamericanos ante las revelaciones de Edward Snowden. El principio que se sigue es el cínico argumento defensivo del Departamento de Estado: “Todos los países hacen lo mismo”.
No casualmente la “denuncia” de Folha fue editorializada en el noticiero central de la Rede Globo esa misma noche en un reportaje de más de tres minutos de duración. La réplica, realizada con textos similares, el mismo énfasis e igual acentuación puede ser una casualidad, pero también producto de una operación armada de antemano.
Todavía el martes 5 Folha tituló “Congresistas quieren explicaciones del gobierno sobre el espionaje de la ABIN”, sugiriendo que “parlamentarios” (así, en general, sin ninguna precisión) reclamaban explicaciones al gobierno. Y en el texto aclaran que “diputados y senadores oficialistas y de la oposición quieren que los ministros José Eduardo Cardozo (Justicia), Luiz Alberto Figueiredo (Relaciones Exteriores), José Elito (Gabinete de Seguridad Institucional) y el director general de la ABIN, Wison Trezza, den explicaciones en el Congreso”.
Por su parte, José Eduardo Cardozo (PT) defendió el martes 5 que la ABIN haya vigilado a diplomáticos extranjeros entre 2003 y 2004. Para el ministro se trató de un caso de contraespionaje, sin semejanzas con las violaciones a la privacidad de millones de ciudadanos en todo el mundo cometidas por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. “Por lo que leí –señaló–, los métodos utilizados por la ABIN no violaron derechos de la privacidad. No hubo intercepciones telefónicas no autorizadas por el Poder Judicial ni violaciones de la ley”.
De acuerdo con Cardozo, acciones de vigilancia como las de la agencia brasileña son absolutamente legales. “Cuando un país tiene indicios de que hay espías de potencias extranjeras actuando en su territorio, se hace contraespionaje para verificar si existe o no espionaje. Todos los países hacen y deben hacer contraespionaje. Lo que no pueden es violar los derechos y la soberanía de las personas. Por eso no veo en este caso ningún desmerecimiento de la imagen de Brasil”, añadió el ministro.
No todos los gatos son pardos
La Agencia Brasileña de Informaciones
(ABIN) es el órgano de la Presidencia de la Unión encargada de la
inteligencia interior y exterior de acuerdo a los preceptos de la
Constitución de 1988. Fue fundada en 1999 y tiene las siguientes
funciones: “La defensa del Estado democrático de derecho, la sociedad y
la soberanía nacional, con total respeto por los principios
constitucionales y los derechos y garantías individuales”. Según la
presentación institucional, “la Agencia Brasileña de Inteligencia,
creada por la Ley Nº 9.883, es el órgano central del Sistema Brasileño
de Inteligencia (Sisbin). Tiene entre sus atribuciones la ejecución de
la Política Nacional de Inteligencia y la integración de los organismos
sectoriales de inteligencia del país. De esta forma, la ABIN da
asesoramiento a la Presidencia de la República, asegurándole el
conocimiento de hechos y situaciones vinculados con el bienestar de la
sociedad, el desarrollo y la seguridad del país”.
Al comienzo del gobierno de Lula (2003-11) fueron vigilados diplomáticos iraquíes que después de la invasión norteamericana a su país intentaban refugiarse en Brasil, sus colegas iraníes por sospechas de apoyo al terrorismo y funcionarios rusos por negocios ilegales.
Sin embargo, en un comentario de Fernando Rodrigues publicado en la misma Folha el miércoles 6, ya aparece la motivación de la operación: “De hecho, en el gobierno se difundió una sensación de desaliento, al leer los reportajes de Lucas Ferraz en Folha, relatando cómo actuó la ABIN en el inicio del gobierno de Lula. No porque hubiera alguna repercusión de gran monta en el escenario internacional. Se trató de un espionaje muy primitivo. El problema mayor es la erosión del discurso electoral interno, ya en uso y a todo vapor”.
Se trata, pues, de anular el eventual aprovechamiento que el gobierno pueda hacer de las denuncias por espionaje norteamericano y canadiense en Brasil. Para ello, los medios opositores tratan de construir una supuesta equivalencia del contraespionaje brasileño con el espionaje norteamericano, de modo de disminuir sus efectos sobre la campaña electoral para las presidenciales de octubre próximo, que ya parecen comenzar.
En tanto, la presidenta Dilma Rousseff no se confunde: “Con relación a Estados Unidos, sólo hay una manera de resolver el problema. Pedir disculpas por lo que pasó y decir que no va a pasar nunca más. Hasta este momento, eso no fue posible”, declaró el 6 en una entrevista con el grupo de radio RBS. “Lo que está en cuestión en el caso de la denuncia del espionaje contra Brasil y otros países –agregó– es que se violaron no sólo correos electrónicos privados y conversaciones telefónicas de jefes de Estado, sino también de individuos y empresas, en un contexto que no tiene que ver con la lucha contra el terrorismo”.
Por su parte, el martes, en una sesión parlamentaria, la senadora Vanessa Graziotin (PT), presidenta de la Comisión de Espionaje de la cámara alta, cuestionó la instalación de cientos de antenas de comunicaciones en la embajada y algunos consulados de Estados Unidos. “Es necesario –planteó Graziotin– que Estados Unidos presente oficialmente una explicación sólida sobre el uso dado a las 841 antenas instaladas en Brasilia y otras ciudades. Ellos alegan que son necesarias para realizar sus comunicaciones, pero realmente no sé, porque también tienen antenas (móviles) incluso fuera de la embajada y de sus consulados.” Y añadió: “Estamos estudiando técnicamente el potencial y la localización. Se sabía que la embajada de Estados Unidos tenía autorización para instalar algunas y para su funcionamiento. Lo que no sabíamos era que se trataba de 841 antenas, siendo la mayoría de ellas móviles”.
Llevando agua para su molino, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Comisión Parlamentaria Mixta de Control de las Actividades de la ABIN, Ricardo Ferraço (PMDB), dijo que también se averiguará qué fue lo que llevó a Brasil a espiar a otros países. “Debemos incorporar este asunto a la investigación, porque puede parecer que Brasil sea un país con dos pesos y dos medidas, o que sea un país que tiene una práctica y un discurso diferentes”, dijo a los periodistas. No obstante, como la propia Folha informó el lunes 4, el parlamentario se retractó rápidamente: “Ese espionaje me parece gravísimo, pero tenemos que ver el contexto en el que ocurrió y si tuvo autorización legal o de la Justicia. Si no, parece que hubiera dos pesos y dos medidas: haga lo que mando, pero no lo que hago”, dijo Ferraço.
Dirigente del principal aliado del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el senador quiere reunir la Comisión Parlamentaria de Control. Según él, el tema no debe ser tratado por la Comisión del Senado de Investigaciones sobre el Espionaje. No es casual que, justo cuando Brasil presenta en la ONU junto con Alemania un proyecto de resolución condenando el espionaje norteamericano, el mismo senador oficialista que hace dos meses sacó ilegalmente al senador boliviano Roger Pinto Molina, refugiado en la embajada brasileña en La Paz, y lo introdujo clandestinamente en Brasil, sea quien condene las acciones de contraespionaje brasileño contra diplomáticos rusos, iraquíes e iraníes de hace diez años. Desde hace tiempo el PMDB viene reclamando a Dilma mayor influencia en el gobierno. Aunque no tengan posibilidad de romper su alianza con el PT, por el desprestigio que tienen debido a su extendida corrupción, los líderes del principal aliado del gobierno no escatiman las facturas que pasan a la presidenta por el abandono en que los tiene.
Al comienzo del gobierno de Lula (2003-11) fueron vigilados diplomáticos iraquíes que después de la invasión norteamericana a su país intentaban refugiarse en Brasil, sus colegas iraníes por sospechas de apoyo al terrorismo y funcionarios rusos por negocios ilegales.
Sin embargo, en un comentario de Fernando Rodrigues publicado en la misma Folha el miércoles 6, ya aparece la motivación de la operación: “De hecho, en el gobierno se difundió una sensación de desaliento, al leer los reportajes de Lucas Ferraz en Folha, relatando cómo actuó la ABIN en el inicio del gobierno de Lula. No porque hubiera alguna repercusión de gran monta en el escenario internacional. Se trató de un espionaje muy primitivo. El problema mayor es la erosión del discurso electoral interno, ya en uso y a todo vapor”.
Se trata, pues, de anular el eventual aprovechamiento que el gobierno pueda hacer de las denuncias por espionaje norteamericano y canadiense en Brasil. Para ello, los medios opositores tratan de construir una supuesta equivalencia del contraespionaje brasileño con el espionaje norteamericano, de modo de disminuir sus efectos sobre la campaña electoral para las presidenciales de octubre próximo, que ya parecen comenzar.
En tanto, la presidenta Dilma Rousseff no se confunde: “Con relación a Estados Unidos, sólo hay una manera de resolver el problema. Pedir disculpas por lo que pasó y decir que no va a pasar nunca más. Hasta este momento, eso no fue posible”, declaró el 6 en una entrevista con el grupo de radio RBS. “Lo que está en cuestión en el caso de la denuncia del espionaje contra Brasil y otros países –agregó– es que se violaron no sólo correos electrónicos privados y conversaciones telefónicas de jefes de Estado, sino también de individuos y empresas, en un contexto que no tiene que ver con la lucha contra el terrorismo”.
Por su parte, el martes, en una sesión parlamentaria, la senadora Vanessa Graziotin (PT), presidenta de la Comisión de Espionaje de la cámara alta, cuestionó la instalación de cientos de antenas de comunicaciones en la embajada y algunos consulados de Estados Unidos. “Es necesario –planteó Graziotin– que Estados Unidos presente oficialmente una explicación sólida sobre el uso dado a las 841 antenas instaladas en Brasilia y otras ciudades. Ellos alegan que son necesarias para realizar sus comunicaciones, pero realmente no sé, porque también tienen antenas (móviles) incluso fuera de la embajada y de sus consulados.” Y añadió: “Estamos estudiando técnicamente el potencial y la localización. Se sabía que la embajada de Estados Unidos tenía autorización para instalar algunas y para su funcionamiento. Lo que no sabíamos era que se trataba de 841 antenas, siendo la mayoría de ellas móviles”.
Llevando agua para su molino, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Comisión Parlamentaria Mixta de Control de las Actividades de la ABIN, Ricardo Ferraço (PMDB), dijo que también se averiguará qué fue lo que llevó a Brasil a espiar a otros países. “Debemos incorporar este asunto a la investigación, porque puede parecer que Brasil sea un país con dos pesos y dos medidas, o que sea un país que tiene una práctica y un discurso diferentes”, dijo a los periodistas. No obstante, como la propia Folha informó el lunes 4, el parlamentario se retractó rápidamente: “Ese espionaje me parece gravísimo, pero tenemos que ver el contexto en el que ocurrió y si tuvo autorización legal o de la Justicia. Si no, parece que hubiera dos pesos y dos medidas: haga lo que mando, pero no lo que hago”, dijo Ferraço.
Dirigente del principal aliado del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el senador quiere reunir la Comisión Parlamentaria de Control. Según él, el tema no debe ser tratado por la Comisión del Senado de Investigaciones sobre el Espionaje. No es casual que, justo cuando Brasil presenta en la ONU junto con Alemania un proyecto de resolución condenando el espionaje norteamericano, el mismo senador oficialista que hace dos meses sacó ilegalmente al senador boliviano Roger Pinto Molina, refugiado en la embajada brasileña en La Paz, y lo introdujo clandestinamente en Brasil, sea quien condene las acciones de contraespionaje brasileño contra diplomáticos rusos, iraquíes e iraníes de hace diez años. Desde hace tiempo el PMDB viene reclamando a Dilma mayor influencia en el gobierno. Aunque no tengan posibilidad de romper su alianza con el PT, por el desprestigio que tienen debido a su extendida corrupción, los líderes del principal aliado del gobierno no escatiman las facturas que pasan a la presidenta por el abandono en que los tiene.
El financiamiento de los candidatos
Al mismo tiempo, poniendo
en evidencia cuál es el meollo del problema que tienen estos aliados
del gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique E. Alves
(PMDB), declaró el miércoles 6 que tiene intención de hacer votar la
propuesta de reforma política en marzo próximo. El proyecto será enviado
en los próximos días a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de
la Cámara como propuesta de enmienda constitucional (PEC).
“En noviembre o diciembre enviaremos a la CCJ una propuesta de enmienda constitucional y queremos crear una comisión especial, para que esta propuesta pueda ser votada en marzo”, dijo Alves al recibir el texto del Grupo de Trabajo sobre Reforma Política formado hace dos meses en la Cámara. El diputado afirmó que la propuesta pone “el pie en el suelo”, dando a entender que se avanzó de modo “realista”, y añadió que la votación de la reforma política “tal vez sea el mayor desafío” de la Cámara. El parlamentario también garantizó que la sociedad podrá participar de los debates en la CCJ.
Por su parte, el texto fue criticado por el diputado Henrique Fontana (PT), miembro informante del grupo en los últimos dos años y medio. Para Fontana, el grupo de trabajo no encaró el principal problema del sistema político brasileño que es la fuerza que el poder económico tiene en el proceso electoral. “Me parece que la propuesta es bastante negativa, señaló, porque no altera el problema central de la política brasileña que es el abuso del poder económico, elecciones caras y el financiamiento de las campañas por empresas”, afirmó. Fontana defendió nuevamente la adopción del financiamiento público de las campañas y la limitación de las donaciones de personas físicas. “El cambio principal que precisamos es la prohibición del financiamiento de personas físicas, estableciendo techos de gastos. Así tendremos campañas más baratas”, dijo.
Al mismo tiempo, el líder del PMDB en la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, declaró el miércoles 6 que va a tratar de recuperar el texto originario del proyecto sobre el Marco Civil de la Internet, en discusión en el Congreso después de las denuncias sobre el espionaje norteamericano a través de la red. El parlamentario ya se manifestó contra por lo menos dos puntos de la propuesta presentada por el miembro informante de la comisión respectiva, el diputado Alessandro Molon (PT). El PMDB objeta el decreto del gobierno que obliga a los proveedores de Internet que actúan en el país a guardar los archivos de sus clientes en datacenters situados en Brasil. Para el gobierno de Dilma, éste sería un instrumento apropiado, para someter el archivo de los datos a la jurisdicción brasileña y así protegerlos contra el espionaje extranjero. Para estos aliados del gobierno, por el contrario, esta medida es contraria a las inversiones en el sector, porque encarece los costos operativos de las empresas. Detrás de estas manifestaciones se esconden evidentemente los intereses de las grandes empresas norteamericanas del sector que pretenden seguir almacenando los datos de todo el continente en Miami y quieren decidir a su arbitrio a qué clientes y qué productos favorecen, sin aceptar ningún tipo de regulación.
Estas intervenciones de representantes del principal aliado del gobierno de Dilma Rousseff revelan los intereses políticos y económicos ocultos detrás de la operación mediática de denuncia del supuesto espionaje brasileño a diplomáticos extranjeros. El sistema político brasileño está organizado de un modo tal, que cada candidato electoral debe proveerse por sí mismo las fuentes de financiamiento de sus campañas, cada vez más caras. Una vez en funciones o ejerciendo sus mandatos, en consecuencia, los dirigentes deben ocuparse primero de pagar sus deudas, antes de atender las responsabilidades de su cargo. Consecuentemente, los fines y objetivos del Estado pasan a un segundo plano, también los de la defensa nacional. Por eso es que deteriorar la popularidad de la presidenta y sabotear su reelección el año próximo es más importante, para los medios y los políticos, que afianzar la posición internacional de su país. Es lógico inferir entonces que Brasil sólo podrá ocupar su anhelado lugar como potencia mundial si realiza la postergada reforma política que fortalezca los partidos sobre los candidatos e independice a éstos de la dependencia de los financiadores privados. De la coherencia del frente interno depende la fortaleza del externo.
“En noviembre o diciembre enviaremos a la CCJ una propuesta de enmienda constitucional y queremos crear una comisión especial, para que esta propuesta pueda ser votada en marzo”, dijo Alves al recibir el texto del Grupo de Trabajo sobre Reforma Política formado hace dos meses en la Cámara. El diputado afirmó que la propuesta pone “el pie en el suelo”, dando a entender que se avanzó de modo “realista”, y añadió que la votación de la reforma política “tal vez sea el mayor desafío” de la Cámara. El parlamentario también garantizó que la sociedad podrá participar de los debates en la CCJ.
Por su parte, el texto fue criticado por el diputado Henrique Fontana (PT), miembro informante del grupo en los últimos dos años y medio. Para Fontana, el grupo de trabajo no encaró el principal problema del sistema político brasileño que es la fuerza que el poder económico tiene en el proceso electoral. “Me parece que la propuesta es bastante negativa, señaló, porque no altera el problema central de la política brasileña que es el abuso del poder económico, elecciones caras y el financiamiento de las campañas por empresas”, afirmó. Fontana defendió nuevamente la adopción del financiamiento público de las campañas y la limitación de las donaciones de personas físicas. “El cambio principal que precisamos es la prohibición del financiamiento de personas físicas, estableciendo techos de gastos. Así tendremos campañas más baratas”, dijo.
Al mismo tiempo, el líder del PMDB en la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, declaró el miércoles 6 que va a tratar de recuperar el texto originario del proyecto sobre el Marco Civil de la Internet, en discusión en el Congreso después de las denuncias sobre el espionaje norteamericano a través de la red. El parlamentario ya se manifestó contra por lo menos dos puntos de la propuesta presentada por el miembro informante de la comisión respectiva, el diputado Alessandro Molon (PT). El PMDB objeta el decreto del gobierno que obliga a los proveedores de Internet que actúan en el país a guardar los archivos de sus clientes en datacenters situados en Brasil. Para el gobierno de Dilma, éste sería un instrumento apropiado, para someter el archivo de los datos a la jurisdicción brasileña y así protegerlos contra el espionaje extranjero. Para estos aliados del gobierno, por el contrario, esta medida es contraria a las inversiones en el sector, porque encarece los costos operativos de las empresas. Detrás de estas manifestaciones se esconden evidentemente los intereses de las grandes empresas norteamericanas del sector que pretenden seguir almacenando los datos de todo el continente en Miami y quieren decidir a su arbitrio a qué clientes y qué productos favorecen, sin aceptar ningún tipo de regulación.
Estas intervenciones de representantes del principal aliado del gobierno de Dilma Rousseff revelan los intereses políticos y económicos ocultos detrás de la operación mediática de denuncia del supuesto espionaje brasileño a diplomáticos extranjeros. El sistema político brasileño está organizado de un modo tal, que cada candidato electoral debe proveerse por sí mismo las fuentes de financiamiento de sus campañas, cada vez más caras. Una vez en funciones o ejerciendo sus mandatos, en consecuencia, los dirigentes deben ocuparse primero de pagar sus deudas, antes de atender las responsabilidades de su cargo. Consecuentemente, los fines y objetivos del Estado pasan a un segundo plano, también los de la defensa nacional. Por eso es que deteriorar la popularidad de la presidenta y sabotear su reelección el año próximo es más importante, para los medios y los políticos, que afianzar la posición internacional de su país. Es lógico inferir entonces que Brasil sólo podrá ocupar su anhelado lugar como potencia mundial si realiza la postergada reforma política que fortalezca los partidos sobre los candidatos e independice a éstos de la dependencia de los financiadores privados. De la coherencia del frente interno depende la fortaleza del externo.
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Eduardo J. Vior