Colonia de lujo o país de des-cartes
Año 6. Edición número 285. Domingo 3 de Novimbre de 2013
Paraguay.
Con la ley de alianza público-privada (APP), el presidente paraguayo
Horacio Cartes casi obtuvo la suma del poder, pero no le será fácil
mantener la corrupción que necesita.
La ley de APP sancionada el pasado 28 de octubre entrega el
patrimonio del Estado al capital privado a través de concesiones que
pueden durar hasta cuarenta años. Esta medida es la tercera de las
cuatro leyes propuestas por él para dar vuelta completamente la
economía, la política y la situación regional de Paraguay. Las otras son
las leyes de responsabilidad fiscal, la de estado de emergencia y la de
protección a las inversiones extranjeras. La de responsabilidad fiscal
prevé el congelamiento de los salarios públicos además del aumento de
los impuestos a los trabajadores y la reducción a los empresarios. La
ley de militarización sancionada en julio pasado, en tanto, permite la
intervención de las fuerzas armadas en situaciones de “riesgo” definidas
por el presidente. En cuanto a la prevista ley de protección a la
inversión extranjera, el texto es todavía desconocido.
La Cámara de Diputados votó el proyecto de ley con 60 votos a favor de la propuesta proveniente de senadores, mientras que 15 legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) votaron a favor de la versión de Diputados. Hubo tres votos en blanco y dos ausentes. El Frente Guasú, del ex-presidente Lugo, rechazó la iniciativa oficialista que consideró inconstitucional. Al respecto, Ricardo Canese, secretario de relaciones internacionales del Frente Guasú, declaró el pasado miércoles 30 al portal brasileño Vermelho que “además de las consecuencias políticas y la entrega de la soberanía, esta ley permite que todos los recursos sean vendidos, con la excepción del aire. Es peor que una privatización, porque en éstas el Estado recibe dinero a cambio de sus bienes, pero con la APP el Estado entrega sus recursos sin recibir nada a cambio. Además, los impuestos serán hipotecados, para que los empresarios puedan lucrar aún más. La ley centraliza el poder en manos de Cartes. Ahora él puede gobernar sin ningún control.”
Más adelante señaló que “ahora está preparando una cuarta ley que protege al capital extranjero, para impedir que los gobiernos futuros puedan cuestionar el sistema implantado por él. Sabemos que Cartes fue un gran articulador del golpe de Estado y realizó esto para implantar las políticas que permiten vender el país. Él financió el golpe de Estado, usó a los liberales cuando tuvieron la presidencia y ahora para aprobar esas leyes.”
Y finalizó: “Estados Unidos está entrando al Paraguay para dificultar el proceso de integración de América latina. Cartes está implantando un neoliberalismo radical que pretende obstruir la integración progresista, principalmente en el Mercosur. Todavía no sabemos si va a concretar la reincorporación plena del Paraguay al Mercosur, mas, si lo hace, será para perjudicar la integración”.
La votación en el Congreso estuvo acompañada por manifestaciones en varios departamentos y por un importante acto en el centro de Asunción. Quienes más rechazan el proyecto oficialista son los sindicatos, las organizaciones sociales, los campesinos y los estudiantes. Durante la jornada del lunes en Asunción las manifestaciones fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, balas de goma y cachiporrazos.
La Cámara de Diputados votó el proyecto de ley con 60 votos a favor de la propuesta proveniente de senadores, mientras que 15 legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) votaron a favor de la versión de Diputados. Hubo tres votos en blanco y dos ausentes. El Frente Guasú, del ex-presidente Lugo, rechazó la iniciativa oficialista que consideró inconstitucional. Al respecto, Ricardo Canese, secretario de relaciones internacionales del Frente Guasú, declaró el pasado miércoles 30 al portal brasileño Vermelho que “además de las consecuencias políticas y la entrega de la soberanía, esta ley permite que todos los recursos sean vendidos, con la excepción del aire. Es peor que una privatización, porque en éstas el Estado recibe dinero a cambio de sus bienes, pero con la APP el Estado entrega sus recursos sin recibir nada a cambio. Además, los impuestos serán hipotecados, para que los empresarios puedan lucrar aún más. La ley centraliza el poder en manos de Cartes. Ahora él puede gobernar sin ningún control.”
Más adelante señaló que “ahora está preparando una cuarta ley que protege al capital extranjero, para impedir que los gobiernos futuros puedan cuestionar el sistema implantado por él. Sabemos que Cartes fue un gran articulador del golpe de Estado y realizó esto para implantar las políticas que permiten vender el país. Él financió el golpe de Estado, usó a los liberales cuando tuvieron la presidencia y ahora para aprobar esas leyes.”
Y finalizó: “Estados Unidos está entrando al Paraguay para dificultar el proceso de integración de América latina. Cartes está implantando un neoliberalismo radical que pretende obstruir la integración progresista, principalmente en el Mercosur. Todavía no sabemos si va a concretar la reincorporación plena del Paraguay al Mercosur, mas, si lo hace, será para perjudicar la integración”.
La votación en el Congreso estuvo acompañada por manifestaciones en varios departamentos y por un importante acto en el centro de Asunción. Quienes más rechazan el proyecto oficialista son los sindicatos, las organizaciones sociales, los campesinos y los estudiantes. Durante la jornada del lunes en Asunción las manifestaciones fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, balas de goma y cachiporrazos.
En qué consiste la APP.
La normativa abre las puertas a los
capitales privados para construir infraestructura pública y prestar
servicios públicos en general. Las modificaciones introducidas por el
presidente también permiten al Ejecutivo autorizar inversiones sin
intervención del Congreso. Por estas modificaciones a mediados de
octubre el proyecto se había trabado en Diputados. Apenas una hora antes
del inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, la fracción colorada
que responde a Javier Zacarías Irún, presidente de la corriente interna
Frente para la Victoria (gobernante en Ciudad del Este a través de la
esposa del caudillo, Sandra MacLeod), resolvió aprobar el proyecto
modificado. Zacarías Irún aseguró que el Ejecutivo no hizo ofrecimiento
alguno para obtener el voto de su sector.
Los movimientos sociales cuestionan especialmente el artículo 52 de la nueva ley que además de proyectos de infraestructura pública, incluye salud, educación; generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales. Por su parte, el ex candidato a vicepresidente con el candidato liberal Efraín Alegre, y tránsfuga del Frente Guasú, Rafael Filizzola explicó la aplicación de la normativa señalando que las alianzas consisten en fideicomisos que, con la versión aprobada, no tendrán control. Señaló que las controversias se someten a un arbitraje que no se define ni se sabe qué pasa si no funciona.
La ley está redactada de modo general, sin establecer condiciones que los contratos deban respetar, ni los porcentajes de inversión y/o de beneficios, ni fijar órganos y condiciones de supervisión, ni cuotas de transferencia de divisas al exterior ni cláusulas de reinversión ni instancias de arbitraje ni fijar tribunales que deban decidir sobre eventuales contenciosos, o sea que da libertad absoluta a la discrecionalidad del poder ejecutivo y a las condiciones que las empresas contratantes quieran imponer.
Mientras tanto, el martes 29 la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su par paraguayo inauguraron la línea de alta tensión que a lo largo de 550 km lleva a Asunción la energía de la represa de Itaipú. La obra fue construida en cuatro años y costó 555 millones de dólares, financiados con subsidios del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur n(Focem). El 70% del mismo es provisto por Brasil, el 20% por Argentina y el restante 10% a medias por Paraguay y Uruguay. Todavía no se estableció el porcentaje de participación venezolana. Rousseff destacó en su discurso que “esta impresionante obra” es el mayor proyecto realizado con recursos del Focem, “reforzado con contribuciones” de Brasil. “Esto es una prueba de que el Mercosur está fuerte y promueve el desarrollo basado en la superación de las asimetrías entre los países de la región”, manifestó.
Para reforzar las afirmaciones de Dilma Rousseff, el pasado viernes 25 el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones paraguayo, Ramón Jiménez Gaona, informó que la licitación pública internacional para la construcción del segundo puente que unirá las ciudades de Presidente Franco (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil), con una inversión de unos 100 millones de dólares se realizará en noviembre. El puente debería estar pronto en 2016.
Mientras tanto, el gobierno paraguayo anunció el jueves 30 que el diplomático Enrique Jara será el nuevo embajador en Venezuela, reanudando las relaciones rotas en julio de 2012. Ya el pasado 9 de octubre, durante su primera visita a Asunción, el canciller venezolano Elías Jaua propuso el nombre del nuevo embajador de Venezuela, sin hacerlo público.
El Mercosur levantó la suspensión de Paraguay el pasado 15 de agosto, tras la toma de posesión de Cartes, pero éste prefirió reanudar los contactos con los socios del bloque bilateralmente. Cuestionado sobre cuándo Paraguay regresa de pleno al Mercosur, el canciller Loizaga insistió en que su país forma parte del bloque y que las relaciones con Venezuela se están “encaminando”.
Entre tanto, representantes del Complejo Agroindustrial Angostura S.A (Caiasa, una sociedad formada por Bunge y Louis Dreyfus Commodities), se reunieron el pasado miércoles 30 con el presidente Cartes, para anunciarle la pronta inauguración de la mayor planta de procesamiento de soja en Paraguay, con capacidad para industrializar cerca del 20% de la producción nacional, que funcionará en el puerto de Villeta (Departamento Central), sobre el río Paraguay. Con las inversiones realizadas en el sector, Paraguay pasaría a procesar el 55% de la soja producida en el país que en el ciclo 2012/2013 alcanzó una cifra récord de 9,3 millones de toneladas, duplicando la del anterior período.
Los movimientos sociales cuestionan especialmente el artículo 52 de la nueva ley que además de proyectos de infraestructura pública, incluye salud, educación; generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales. Por su parte, el ex candidato a vicepresidente con el candidato liberal Efraín Alegre, y tránsfuga del Frente Guasú, Rafael Filizzola explicó la aplicación de la normativa señalando que las alianzas consisten en fideicomisos que, con la versión aprobada, no tendrán control. Señaló que las controversias se someten a un arbitraje que no se define ni se sabe qué pasa si no funciona.
La ley está redactada de modo general, sin establecer condiciones que los contratos deban respetar, ni los porcentajes de inversión y/o de beneficios, ni fijar órganos y condiciones de supervisión, ni cuotas de transferencia de divisas al exterior ni cláusulas de reinversión ni instancias de arbitraje ni fijar tribunales que deban decidir sobre eventuales contenciosos, o sea que da libertad absoluta a la discrecionalidad del poder ejecutivo y a las condiciones que las empresas contratantes quieran imponer.
Mientras tanto, el martes 29 la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su par paraguayo inauguraron la línea de alta tensión que a lo largo de 550 km lleva a Asunción la energía de la represa de Itaipú. La obra fue construida en cuatro años y costó 555 millones de dólares, financiados con subsidios del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur n(Focem). El 70% del mismo es provisto por Brasil, el 20% por Argentina y el restante 10% a medias por Paraguay y Uruguay. Todavía no se estableció el porcentaje de participación venezolana. Rousseff destacó en su discurso que “esta impresionante obra” es el mayor proyecto realizado con recursos del Focem, “reforzado con contribuciones” de Brasil. “Esto es una prueba de que el Mercosur está fuerte y promueve el desarrollo basado en la superación de las asimetrías entre los países de la región”, manifestó.
Para reforzar las afirmaciones de Dilma Rousseff, el pasado viernes 25 el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones paraguayo, Ramón Jiménez Gaona, informó que la licitación pública internacional para la construcción del segundo puente que unirá las ciudades de Presidente Franco (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil), con una inversión de unos 100 millones de dólares se realizará en noviembre. El puente debería estar pronto en 2016.
Mientras tanto, el gobierno paraguayo anunció el jueves 30 que el diplomático Enrique Jara será el nuevo embajador en Venezuela, reanudando las relaciones rotas en julio de 2012. Ya el pasado 9 de octubre, durante su primera visita a Asunción, el canciller venezolano Elías Jaua propuso el nombre del nuevo embajador de Venezuela, sin hacerlo público.
El Mercosur levantó la suspensión de Paraguay el pasado 15 de agosto, tras la toma de posesión de Cartes, pero éste prefirió reanudar los contactos con los socios del bloque bilateralmente. Cuestionado sobre cuándo Paraguay regresa de pleno al Mercosur, el canciller Loizaga insistió en que su país forma parte del bloque y que las relaciones con Venezuela se están “encaminando”.
Entre tanto, representantes del Complejo Agroindustrial Angostura S.A (Caiasa, una sociedad formada por Bunge y Louis Dreyfus Commodities), se reunieron el pasado miércoles 30 con el presidente Cartes, para anunciarle la pronta inauguración de la mayor planta de procesamiento de soja en Paraguay, con capacidad para industrializar cerca del 20% de la producción nacional, que funcionará en el puerto de Villeta (Departamento Central), sobre el río Paraguay. Con las inversiones realizadas en el sector, Paraguay pasaría a procesar el 55% de la soja producida en el país que en el ciclo 2012/2013 alcanzó una cifra récord de 9,3 millones de toneladas, duplicando la del anterior período.
Se regala el acuífero Guaraní.
Aún antes de la sanción
definitiva de la ley, Cartes y sus ministros ya estaban ofreciendo en el
exterior la posibilidad de explotar los servicios públicos o alquilar
los bienes del Estado paraguayo. Durante la XXIII Cumbre Iberoamericana
realizada entre el 18 y el 19 de octubre en Panamá, el presidente invitó
a visitar el país a los empresarios interesados en aprovechar las
reservas de agua del Acuífero Guaraní. En la misma línea, el 22 de
octubre el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, invitó a las
multinacionales del sector reunidas en Israel en la Conferencia
Internacional sobre la Tecnología del Agua, organizada por la Water
Technology and Environment Control (Watec), a “visitar Paraguay para
analizar las grandes posibilidades del negocio del agua”.
Ya el día 24, la binacional Itaipú informó sobre la visita del embajador de Francia y empresarios franceses entre los que había representantes de Lyonnaise des Eaux, la multinacional de la explotación del agua y los servicios de cloacas y desagües pluviales que en 2006 fue expulsada de Argentina, cuando el Estado retomó el control del servicio.
El Acuífero Guaraní se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, con una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados que abarca territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por el norte, toma contacto con el Pantanal que a su vez se conecta con la Amazonia. Se estima su volumen en unos 55.000 kilómetros cúbicos. La recarga se calcula entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año y, explotando anualmente 40 kilómetros cúbicos (una explotación racional llegaría también hasta 80 kilómetros cúbicos por año), podría abastecerse a unos 360.000.000 de personas con una dotación de 300 litros por habitante diariamente. El espesor más común del Acuífero es de 200 ms, pero en algunas partes supera los 600 ms. Las aguas encontradas entre 500 y 1.000 ms de profundidad presentan caudales mayores a los 500.000 l/h y en algunos casos 1.000.000 l/h.
Las áreas de recarga y descarga del Guaraní y aquellas donde existe una alta concentración de usos y usuarios se consideran áreas críticas: Concordia (Argentina)-Salto (Uruguay); Rivera (Uruguay)-Santa Ana do Livramento (Brasil) y Riberão Preto (Brasil). Pero el área más importante y fundamental es el corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina en la zona de las Tres Fronteras. Esta región tiene una importancia estratégica por el acuífero, por la porosidad de las fronteras, por ser el centro geográfico del Mercosur, por la presencia de una numerosa comunidad sirio-libanesa y porque por allí pasan la droga y las armas para las organizaciones que operan en Río de Janeiro y San Pablo. Este conjunto de factores atrae a numerosos servicios de inteligencia y tienta a Brasil y Paraguay (éste con apoyo norteamericano) a militarizar la región. Si ahora se añade la explotación privada del agua, la situación puede tornarse explosiva.
Ya el día 24, la binacional Itaipú informó sobre la visita del embajador de Francia y empresarios franceses entre los que había representantes de Lyonnaise des Eaux, la multinacional de la explotación del agua y los servicios de cloacas y desagües pluviales que en 2006 fue expulsada de Argentina, cuando el Estado retomó el control del servicio.
El Acuífero Guaraní se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, con una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados que abarca territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por el norte, toma contacto con el Pantanal que a su vez se conecta con la Amazonia. Se estima su volumen en unos 55.000 kilómetros cúbicos. La recarga se calcula entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año y, explotando anualmente 40 kilómetros cúbicos (una explotación racional llegaría también hasta 80 kilómetros cúbicos por año), podría abastecerse a unos 360.000.000 de personas con una dotación de 300 litros por habitante diariamente. El espesor más común del Acuífero es de 200 ms, pero en algunas partes supera los 600 ms. Las aguas encontradas entre 500 y 1.000 ms de profundidad presentan caudales mayores a los 500.000 l/h y en algunos casos 1.000.000 l/h.
Las áreas de recarga y descarga del Guaraní y aquellas donde existe una alta concentración de usos y usuarios se consideran áreas críticas: Concordia (Argentina)-Salto (Uruguay); Rivera (Uruguay)-Santa Ana do Livramento (Brasil) y Riberão Preto (Brasil). Pero el área más importante y fundamental es el corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina en la zona de las Tres Fronteras. Esta región tiene una importancia estratégica por el acuífero, por la porosidad de las fronteras, por ser el centro geográfico del Mercosur, por la presencia de una numerosa comunidad sirio-libanesa y porque por allí pasan la droga y las armas para las organizaciones que operan en Río de Janeiro y San Pablo. Este conjunto de factores atrae a numerosos servicios de inteligencia y tienta a Brasil y Paraguay (éste con apoyo norteamericano) a militarizar la región. Si ahora se añade la explotación privada del agua, la situación puede tornarse explosiva.
Ante la ofensiva de Horacio Cartes se ha formado la llamada Coordinadora
Democrática (CD) de partidos y organizaciones sociales. Al respecto
señala Ricardo Canese en la entrevista citada más arriba: “el Frente
Guasú forma parte de la Coordinadora Democrática, presente en todo el
país. Las movilizaciones del 28 de octubre llevaron a más de 100.000
personas a las calles en más de 70 puntos de movilización. En Ciudad del
Este se cerró el puente, en Asunción la resistencia fue grande, en todo
el país las personas se movilizaron. Estas movilizaciones van a
continuar. Nosotros exigimos que esta ley sea derogada. El Frente Guasú
no va a dejar que Cartes siga tratando a Paraguay como su empresa
privada.”
En seis meses de gobierno, el presidente-empresario supo concentrar un poder económico y militar inigualado desde el inicio de la democracia en 1989 con el que pretende convertir a Paraguay en una factoría abierta a los grandes negocios internacionales con recursos naturales y commodities. Para custodiarlo e incidir sobre la política de sus vecinos, lo está militarizando con la participación de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, está ampliando su base de apoyo comprando políticos de todos los partidos tradicionales. Esta política clientelar es cara y requiere ingentes rentas para financiarse. Para ampliar su margen de maniobra, ahora quiere enajenar el agua del Acuífero Guaraní. Tanto poder como ha acumulado obliga a Cartes al éxito permanente, ya que no puede echar la culpa a nadie más. Si no obtiene rápidos y visibles resultados y mantiene rodando la rueda de la corrupción y el clientelismo, toda el castillo de naipes caerá sobre su cabeza y Paraguay quedaría para el des-carte.
En seis meses de gobierno, el presidente-empresario supo concentrar un poder económico y militar inigualado desde el inicio de la democracia en 1989 con el que pretende convertir a Paraguay en una factoría abierta a los grandes negocios internacionales con recursos naturales y commodities. Para custodiarlo e incidir sobre la política de sus vecinos, lo está militarizando con la participación de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, está ampliando su base de apoyo comprando políticos de todos los partidos tradicionales. Esta política clientelar es cara y requiere ingentes rentas para financiarse. Para ampliar su margen de maniobra, ahora quiere enajenar el agua del Acuífero Guaraní. Tanto poder como ha acumulado obliga a Cartes al éxito permanente, ya que no puede echar la culpa a nadie más. Si no obtiene rápidos y visibles resultados y mantiene rodando la rueda de la corrupción y el clientelismo, toda el castillo de naipes caerá sobre su cabeza y Paraguay quedaría para el des-carte.
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Eduardo J. Vior