EE.UU. quiere reconquistar América Latina

América latina es el blanco móvil de los nuevos golpistas

Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

Arriba: Carl Gershman: “Estados unidos no puede permitirse entregar el campo de batalla ideológico a los enemigos de una sociedad libre”.//Abajo: vínculos. Leopoldo López y un amistoso Barack Obama.

 

Fundaciones que se apropian de la palabra “libertad” reúnen a la derecha más granada. Los “golpes blandos”, que han afectado a Venezuela, Argentina, Honduras o Ecuador, sin fuerzas militares a la vista pero con la ofensiva de poderosos medios informativos y presiones sobre la economía, tienen origen y entramado común.

La entrega del agitador ultraderechista Leopoldo López en Caracas el pasado martes 18 fue escenificada mediáticamente para desviar la atención de los graves atentados que impulsó siguiendo la estrategia de “revolución pacífica” y utilizando francotiradores para crear el caos.
“Nosotros tenemos que ser los constructores de la paz, seguir resistentes”, expresó este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en rechazo a la violencia promovida por grupos de la derecha. Para deslegitimar la propaganda opositora, subrayó que “llegó el momento de la paz”.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró el mismo miércoles 19 que en su país la democracia está amenazada por una alianza conformada por la extrema derecha latinoamericana y mundial. “Los procesos de desestabilización recaen siempre sobre gobiernos progresistas”, agregó. “Miren con detenimiento lo que está pasando en Venezuela y Argentina”, añadió.
El 28 de junio de 2009 había sido derrocado en Honduras el presidente constitucional y democrático Manuel Zelaya. En esa ocasión, Correa había definido el hecho como una “prueba piloto”. El 22 de junio de 2012, en Paraguay, esa misma “alianza de la extrema derecha latinoamericana y mundial” puso fin al gobierno democrático de Fernando Lugo.
A su vez, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró también el miércoles que “estamos trabajando en una legislación para desalentar toda forma de violencia en las marchas” en una entrevista con una radio de Alagoas. Rousseff insistió en que defiende el derecho a manifestarse, pero repudia los “actos de vandalismo practicados por personas que esconden el rostro”.
En todos los países latinoamericanos gobernados por movimientos reformistas se observa una combinación de masivos ataques mediáticos, maniobras de desestabilización económica, alzamientos policiales, boicot de la Justicia a las reformas y manifestaciones opositoras que rápidamente escalan hacia actos violentos, utilización de las redes sociales para organizar acciones opositoras “espontáneas”, etc. Para entender el entramado que sostiene estas campañas, es conveniente conocer las organizaciones incumbidas.

Una siniestra red mundial.. La National Endowment for Democracy (NED, Fundación para el Desarrollo de la Democracia), fue creada por Ronald Reagan en 1983. Cuatro corporaciones constituyen su base: una rama de la central sindical, la American Center for International Labor Solidarity (Acils), el Center for International Private Enterprise (CIPE) de la Cámara de Comercio, el International Republican Institute (IRI) del Partido Republicano y el National Democratic Institute (NDI) del Partido Demócrata. Aunque jurídicamente es una organización no gubernamental, se financia por el presupuesto del Departamento de Estado, librando al gobierno de responsabilidades y con un grado de credibilidad superior al de una agencia del gobierno.
Aunque la NED nació como parte del arsenal ideológico de la Guerra Fría, desde la caída del socialismo intervino en 90 países para ayudar a “construir la democracia”. El presidente de la NED rinde regularmente cuentas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, caso único para una ONG. Los informes de la NED insisten en entender la “democracia” como mecánica electoral. En ese marco apoya a unos 6.000 proyectos de ONG en el mundo y es sede de la Network of Democracy Research Institutes con “eruditos y activistas de la democracia” en todo el mundo. La NED alberga también al secretariado de The Center for International Media Assistance, “un proyecto que se propone reforzar a los medios libres e independientes”.
Carl Gershman, su histórico presidente, de orientación neoconservadora, postula el objetivo de “crear un movimiento mundial pro democracia” como una “red de redes” cuyo centro es la NED. En 1996, justificó de modo significativo el pedido de aumento del presupuesto ante el Congreso: “La guerra global de las ideas sigue con ímpetu y Estados Unidos no puede permitirse entregar el campo de batalla ideológico a los enemigos de una sociedad libre y abierta. La NED necesita un financiamiento continuo para salvaguardar el futuro”.
De acuerdo con un artículo publicado por la periodista Stella Caloni en 2010 la lista de las ONG dependientes de las fundaciones “centrales” como la Usaid o la NED es interminable. En Argentina actúa la Fundación Libertad (FL), con sede principal en Rosario, que entre el 26 y el 28 de marzo de 2013 realizó allí el “Seminario Internacional sobre los Desafíos en América Latina” con personajes como Roger Noriega quien fue subsecretario para América latina del gobierno de George W. Bush; Mario Vargas Llosa, José María Aznar, los ex presidentes Vicente Fox, de México; Francisco Flores, de El Salvador; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Osvaldo Hurtado Larrea, de Ecuador; Jorge Quiroga, de Bolivia; el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y otros. Ya en marzo de 2008 había congregado a lo más granado de la derecha mundial para apoyar el paro ruralista.
A fines de 2008, el gobierno de Evo Morales demostró el involucramiento de la Usaid en el reparto del dinero enviado para proyectos de desarrollo a los opositores de la Media Luna que protagonizaron el derrotado golpe “civilista” en agosto-septiembre de ese año.
Entre los días 12 y 14 de diciembre de 2008 se creó en Colombia la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), conformada por militares y policías de las pasadas dictaduras, para oponerse a la Unasur. Libertad y UnoAmérica, así como la Fundación Pensar –que nuclea a la plana mayor del PRO– tienen lazos con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) que dirige José María Aznar y con la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa. UnoAmérica está acusada por el intento de magnicidio en Bolivia en abril de 2009 y de participar en el golpe en Honduras, lo que fue confirmado por el ex presidente de facto Roberto Micheletti.
La NED participó en el golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002, como surge de documentos desclasificados del gobierno estadounidense.

Reacciones ambivalentes. Para protegerse, los gobiernos progresistas de América latina están recurriendo crecientemente a sus fuerzas armadas. El gobierno brasileño promueve la aprobación de una ley de seguridad nacional que incluye la intervención militar en el control del orden interno. En Argentina el gobierno de Cristina Fernández nombró al general nacionalista e industrialista César Milani como jefe del Ejército. En Bolivia, a su vez, el presidente Evo Morales forjó una alianza militar-obrera-indígena-campesina de gran eficacia en momentos cruciales como las recientes inundaciones. En Ecuador y Venezuela, finalmente, las fuerzas armadas son leales a las respectivas revoluciones.
¿Es la militarización la alternativa para defender los procesos populares en el continente? Indudablemente no basta. Las reacciones de las clases medias, el desencanto popular y las conspiraciones imperiales impactan en la legitimidad de estos gobiernos, porque los casos de corrupción, la burocratización y la ineficiencia han mellado su credibilidad. Sin embargo, sólo la ampliación y fortalecimiento de la democracia pueden ayudarles a afrontar el golpismo. Sólo el control democrático de la gestión pública puede recuperar la confianza. A la vez, si los procesos reformistas no profundizan su integración monetaria, seguirán a merced de la especulación. Sólo una mayor integración del transporte y las comunicaciones puede reducir los costos, asegurar el abastecimiento y aprovechar las posibles sinergias entre las economías. Finalmente, los servicios de inteligencia deben coordinarse, para detectar tempranamente las maniobras desestabilizadoras.
El relanzamiento de la economía norteamericana agudiza su necesidad de recuperar el control sobre los recursos primarios del continente y de aventar concurrentes. Para ello requiere sustituir los gobiernos reformistas por regímenes que abran sus economías. El futuro de los movimientos reformistas depende de su capacidad de adaptación.

Washington desestabiliza con "revoluciones de colores"

La no-violencia sucia

Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

Pero se mueve. Los episodios de Egipto y los países árabes, una apropiación de la espontaneidad.

Gene Sharp lo tiene claro, se necesita apoyo mediático para manipular la realidad de un país y empujarlo al desastre.

La Albert Einstein Institution (AEI) es un instituto de consultoría y asesoría política con sede en Boston y presencia en Europa, Medio Oriente, África y América latina. Bajo la dirección de Gene Sharp interviene en Venezuela adiestrando a los jóvenes derechistas en tácticas de agitación “pacíficas”, así como en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador. Gene Sharp preside el instituto desde su fundación en 1983. En él se han preparado buena parte de las llamadas revoluciones de color (naranja, rosa, etc.) y las “primaveras árabes”. Su mano derecha es Jamila Raqib, directora ejecutiva del AEI. Nacido en 1928 en Ohio, Sharp es reconocido como el precursor de teorías “no violentas” para deponer gobiernos inspiradas en el pensamiento de Henry D. Thoreau y el Mahatma Gandhi. Las teorías de Sharp se hicieron famosas en Serbia, cuando las aplicó Otpor (Resistencia), una organización estudiantil derechista. Entre 1998 y 2000 este grupo consiguió desestabilizar su país, hasta derrocar a Slobodan Milósevic y disolver Yugoslavia. Ya en 2002, The New York Times reveló que la agrupación recibió instrucciones directamente de Robert Bob Helvey, un coronel retirado del ejército estadounidense veterano de Vietnam y operador del AEI para la desestabilización “no violenta” que trabajó en Serbia por pedido del Instituto Nacional Republicano de EE.UU.
En 2005, el periodista francés Thierry Meyssan, publicó una investigación titulada Golpes de Estado con suavidad y disimulo - Albert Einstein Institution: no violencia, según la CIA, revelando los nexos de Sharp y Helvey con la CIA, porque ésta desde hace años prefiere los “métodos de no violencia” para derrocar gobiernos. Desde 1989, el AEI le sirve para ejecutar golpes de Estado “blandos”. En aquel momento, la CIA contactó en la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv a Sharp y Helvey con un grupo de agentes secretos antipalestinos vinculados con el coronel Reuven Gal, director de Acción Psicológica de las fuerzas armadas israelíes. Entonces surgió la doble táctica de actuar con métodos violentos y no violentos aplicada luego en distintos países. Según Meyssan, el AEI recibe financiamiento de la NED.
El libro más conocido de Gene Sharp, La política de la acción no violenta (1973), la presenta como un método para la toma del poder. Su argumento clave es que el poder no es monolítico, sino que se basa en la obediencia a las órdenes de los dirigentes, la que hay que minar para que el pueblo deje de obedecer a sus líderes y el sistema caiga. Su estrategia se fundamenta en 198 métodos de desestabilización que expone en su libro De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación y clasifica en tres grandes categorías: protesta y persuasión, no cooperación, e intervención no violenta. Sharp incluye en la primera “mayormente manifestaciones simbólicas como desfiles, marchas y vigilias”. La “no cooperación” abarca tres sub-categorías: “a) no cooperación social; b) no cooperación económica, como el boicot, el desabastecimiento, la especulación y las huelgas y c) no cooperación política”. La “intervención no violenta” opera “mediante procedimientos psicológicos, sociales, económicos o políticos, tales como el ayuno (huelga de hambre), la ocupación no violenta y el gobierno paralelo”. Sharp enfatiza la necesidad del apoyo mediático, “para manipular la realidad del país, empujarlo hacia su propio desastre y concretar la conspiración”. En 2007, Sharp escribió al periodista francés para negar su participación directa en las conspiraciones dirigidas por Estados Unidos (EE.UU.), pero sin negar que sus métodos sean aplicados para imponer los intereses estadounidenses en otros países ni mencionar el financiamiento de la NED.
Si bien el AEI no puede por sí misma tumbar gobiernos, es claro que su trabajo la convierte en cómplice necesaria. La “no-violencia”, según Sharp, prepara la sustitución ilegítima de un sistema político en combinación con las acciones violentas de francotiradores, saqueadores y terroristas. Se trata de una revolución no tan pacífica.

Al retirarse la OTAN, la heroína es la única certeza

Afganistán se corta solo

Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014

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Eduardo J. Vior. Periodista

mundo@miradasalsur.com

Heroína. El cultivo de amapola se ha multiplicado.

Medio Oriente. Al retirarse derrotadas, las fuerzas de la OTAN demostrarán este año la invencibilidad del país de Asia Central. Por otro lado, permanece el status de Kabul como un gigantesco productor de heroína.

Afganistán nunca fue dominado por potencia extranjera alguna. Este año, cuando se retiren las fuerzas de la OTAN, habrá revalidado su récord, pero después de 35 años de guerra lo único claro en el país centroasiático es su rol como mayor exportador mundial de opio y la consecuente epidemia mundial de heroína.
Maulvi Abdul Rashib, ex ministro del gobierno talibán (1996-2001), fue asesinado a balazos el lunes pasado en Peshawar, en el norte de Pakistán. Rashib pertenecía a una facción talibán partidaria de negociar con el gobierno de Hamid Karzai, para lo que había abierto una oficina en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Su muerte coincidió con una reunión allí entre su grupo y el Alto Consejo de Paz, un organismo independiente afgano. Aga Shan Mutasim, el ex ministro talibán expulsado hace meses del movimiento, informó el lunes pasado a Associated Press que “en las reuniones tomaron parte importantes comandantes. Nuestro grupo es el más grande, tenemos a varios comandantes y controlamos dos provincias”, añadió. Por su parte, el vocero talibán Zabihullah Muyahid condenó el jueves la negociación, por ser “contrario a la yihad y favorecer a EE.UU.”
El analista político y profesor de la Universidad de Kabul Feizullah Yalal declaró a la agencia Xinhua que para Karzai la paz con los talibanes es una precondición para un acuerdo de seguridad con EE.UU. Por el contrario, el analista y ex parlamentario Salej Mohammad Rigistani dijo en un panel televisivo que “el gobierno afgano, EE.UU. y la OTAN fracasaron en derrotar a los talibanes, éstos saben que la vida política del presidente termina con las elecciones del 5 de abril próximo y no quieren dialogar con él”.
Negociando en Duba, el gobierno afgano elude el control paquistaní sobre los islamistas, en tanto acusa a Washington de conspirar con los talibanes y critica a Pakistán por impedirle el acceso a la conducción miliciana refugiada allí. En una reciente conferencia de prensa en Kabul Karzai dijo que “ la paz en Afganistán depende de EE.UU. y Pakistán”. Según Masum Stanikzai, del Consejo de Paz, “el mayor desafío actual es la división de los talibanes y su falta de proyectos”. Por su lado, la vocera de la cancillería paquistaní ratificó el jueves el respaldo de su gobierno al proceso de paz. Antes de las últimas elecciones, el actual primer ministro Nawaz Sharif prometió negociaciones con los talibanes paquistaníes que canceló la semana pasada, cuando una facción miliciana en un área tribal ejecutó a 23 comandos paquistaníes que tenía como rehenes desde 2010. Como respuesta, el gobierno bombardeó la zona y atacó bases en Afganistán, desatando una protesta de Kabul.
Pakistán mostró su ambigüedad en setiembre de 2013, cuando anunció la liberación de Mullah Abdul Ghani Baradar. Cofundador del Talibán y uno de sus comandantes mayores, fue arrestado en Pakistán en 2010 con ayuda norteamericana. Miembros del Consejo de Paz lo entrevistaron entonces para que ayudara al proceso de paz. Sin embargo, poco después se cortó la comunicación y los afganos temen que Pakistán lo haya secuestrado para impedir la paz. Un funcionario paquistaní informó desde Washington que Baradar podía salir a un tercer país para negociar, pero Sartaj Aziz, el principal asesor de seguridad nacional de Nawaz Sharif, advirtió esta semana a Reuters que el status del jefe talibán es delicado, porque Washington lo ve como una amenaza.

EE.UU. negocia con los talibanes. Los rebeldes, por su parte, según el Council on Foreign Relations (“The Taliban in Afghanistan”, http://www.cfr.org/afghanistan/taliban-afghanistan/p10551?cid=nlc-dai...6 de 7 21/02/2014), tienen fatiga de guerra, están preocupados por su lugar en Afganistán y buscan independizarse de Pakistán. Según una investigación del Congreso norteamericano, Mullah Omar “está rodeado de pragmáticos que adjudican a la pasada asociación con al Qaida su pérdida de poder y quieren negociar con EE.UU., pero otros comandantes se niegan. Esta división se profundizará al retirarse la OTAN.
No se sabe si después de las elecciones habrá en Afganistán un traspaso pacífico del poder. Algunos analistas prevén que Karzai retrasará la transición. Probablemente no se den grandes negociaciones, pero sí treguas locales, reintegración de milicianos e intercambios de prisioneros. Mullah Omar, por su lado, rechaza toda negociación y declara que combatirá hasta que se retiren todas las tropas extranjeras.
La única certeza del país centroasiático reside hoy en el opio. La inseguridad política y económica y las exacciones de la clase política, los imanes y la guerrilla han demostrado a los campesinos afganos que el opio es la única inversión segura. Según un reciente informe de la ONU, en 2013 se ha sembrado con la adormidera el récord de 200.000 hectáreas. La amapola da a los campesinos dinero, relaciones de poder y seguridad ante el futuro. Aunque los precios de 130 dólares por kilo están en la mitad de los de 2011, siguen mucho más altos que los de 2007. Los campesinos saben quesu cultivo está prohibido, pero como pagan a funcionarios, imanes y milicianos el diezmo, no temen ser perseguidos.
Como consecuencia en un informe de Newsweek del 10 de enero pasado se expone el alcance mundial de la epidemia de heroína. El negocio del opio afgano reportó en 2013 68 mil millones de dólares, de los cuales el diez por ciento quedaron en Afganistán, según Jean-Luc Lemahieu, de la Onudc. El país exporta droga por cuatro mil millones de dólares de los cuales un cuarto queda para los campesinos. El resto va a los funcionarios, guerrilleros, los señores de la guerra y los narcotraficantes.
Obama sólo puede retirar sus tropas, pero las fuerzas afganas no van a negociar seriamente hasta que haya nuevo gobierno y aún entonces Pakistán tratará de evitar el restablecimiento de la unidad nacional de su vecino. Éste, a su vez, seguirá dividido y afectado por la economía de la droga. Sólo el establecimiento de algún tipo de autoridad estatal puede hacer que el país encuentre una alternativa a la economía del crimen.

Italia entre el inmovilismo y la renovación

El chatarrero toma la posta

Año 7. Edición número 300. Domingo 16 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

mundo@miradasalsur.com

Recambio. El renunciante Enrico Letta con su desafiante y sucesor, el florentino Matteo Renzi.

Aunque parece repetir los juegos palaciegos de la clase política italiana, al asaltar el poder Matteo Renzi promete una “revolución radical” en el Estado y la política peninsulares.

La clase política italiana parece seguir bailando el vals sobre el Titanic: después de una maratónica sesión del Consejo Nacional del gobernante Partido Democrático (PD), su presidente Matteo Renzi fue designado el jueves para reemplazar a Enrico Letta en la presidencia del Consejo de Ministros. El premier en ejercicio renunció el viernes. El presidente Giorgio Napolitano (90 años) quiere apresurar las consultas con los partidos, para que se forme rápidamente un gobierno con una mayoría parlamentaria que apruebe la reforma electoral y adopte las demás medidas necesarias para solucionar la crisis. Aunque los italianos están cansados de los jueguitos de sus políticos, parecería que esta vez es la definitiva, ya que el futuro premier viene a arrumbar los trastos viejos de la política italiana. No por casualidad se lo llama “el chatarrero” (il rottamatore).
Cuando Renzi apareció el viernes por la tarde ante el Consejo Nacional del PD, después de dar las gracias a Letta por los servicios prestados (no más de diez minutos), leyó el documento partidario que lo recomendó como futuro premier y enumeró brevemente las reformas proyectadas. Diez minutos más tarde se fue a hablar con el presidente. Éste es el estilo que quiere imponer el nuevo premier.
En los primeros días de la próxima semana “el chatarrero” pretende asumir el cargo con un equipo que, según aseguran los renzianos, será “de alto perfil” para realizar la “revolución radical” que debe legitimarlo históricamente.
En diez años el niño prodigio de la política italiana (acaba de cumplir los 39 años) se convirtió de presidente de la provincia de Florencia en el próximo presidente del Consejo de Ministros. Admitiendo tener “una ambición desmedida”, conquistó la presidencia del PD en las recientes elecciones primarias y unificó a casi todo el partido detrás suyo. Por las dudas, por lo menos por un año seguirá al frente del partido para asegurarse su lealtad.
“El gobierno pronto hará un festival de fuegos artificiales”, prometen sus leales: reducción del 10% en los costos de la energía para las pequeñas empresas, aumento de los ingresos financieros para reducir el IRAP (Impuesto Regional sobre la Actividad Productiva) en un 10%, un programa masivo de reducción de la burocracia mediante la facturación y los pagos electrónicos, reducción del costo de la política y de las pensiones de privilegio. Además de su círculo inmediato quiere rodearse de un equipo de ministros de gran peso.
De acuerdo con la agencia ANSA, por consejo al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, probablemente designe en Economía a Lucrezia Reichlin, una economista con experiencia en el BCE y bien conocida por Draghi. Casi seguramente la comisaria europea Emma Bonino, pedida por Napolitano, será la nueva ministra de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Desarrollo Económico (fundamental para las inversiones en el sur) probablemente sea dirigido por Andrea Guerra, ejecutivo de la empresa Luxottica y renziano de la primera hora. Tito Boeri será casi seguro el titular de Trabajo, un ministerio esencial para superar el altísimo desempleo que invade la península. El gobierno Renzi se apoyará sobre la misma mayoría parlamentaria que su antecesor. Por lo tanto, necesita vitalmente el aporte del Nuevo Centroderecha (NCD), los parlamentarios escindidos del berlusconismo en noviembre pasado, pero igual les dejará sólo tres ministerios: además de Angelino Alfano, el ex protegido del “Cavaliere”, Beatrice Lorenzin (que mantendrá Salud Pública) y Maurizio Lupi, hoy ministro de Transportes.
Viernes y sábado estuvieron jalonados por las declaraciones de políticos nacionales y extranjeros. Mientras que el presidente Napolitano recibía ayer al Polo de la Libertad (PDL) con su jefe Silvio Berlusconi, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) de Bepe Grillo y la Liga Norte (LN) se negaron a concurrir en protesta por la operación extraparlamentaria. Los sindicatos, en tanto, se manifestaron críticamente, aunque Susanna Camusso, secretaria de la CGIL (ligada al PD) expresó su esperanza de que Renzi presente “un programa centrado en la recuperación del trabajo”. El matutino vaticano L’Osservatore Romano fue muy severo con la forma del relevo, pero se esperanzó con que “el nuevo gobierno represente una vuelta de página para toda Italia”.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel declaró que sigue “con gran atención” los acontecimientos italianos y espera que se halle una “rápida” solución. Para el presidente de la Comisión Europea, José M. Durão Barroso, Renzi “es un europeísta comprometido”.
Matteo Renzi se presenta como un renovador profundo de la política italiana en general y de la izquierda en particular. Para ello no repara en métodos ni estilos. Apela a la voluntad y a la energía de renovación de la sociedad italiana. En su página web (http://www.matteorenzi.it/idee/) define la actual crisis como económica y social, pero sobre todo de valores. En ella ve la oportunidad de reformar totalmente el país. Sobre la coyuntura política es taxativo: “En 2013 el centroizquierda desperdició la oportunidad de cambiar Italia”. Según él, sólo el PD puede ofrecer una alternativa. Además de los votos de la izquierda y centroizquierda Renzi aspira a conquistar aquellos del centroderecha y de los “grillini”.
Al asaltar el poder, el futuro premier ha demostrado una voluntad y una energía desconocidas desde que Silvio Berlusconi se lanzó a la arena política hace dos décadas. Con una batería de reformas políticas se propone superar el inmovilismo, articulando mayorías parlamentarias claras, con partidos fuertes y abiertos y organizando un bipartidismo desconocido en Italia. Pretende simplificar la administración del Estado, reducir subsidios y gastos innecesarios e impulsar la pequeña y mediana empresa, así como focalizar las ayudas al desarrollo del sur, para evitar la corrupción y combatir las mafias. Es un europeísta convencido, pero aspira a sentarse en Bruselas como par. Es un pragmático al que medios y estilos importan sólo si sirven a los fines. Sin embargo, en su afán de interpelar a izquierdas y centroderecha puede quedar empantanado en las mallas de intereses que atenazan Italia. No basta con convertir los autos viejos en chatarra: para ser buen chatarrero hay que saber también donde venderla, para qué y a qué precio. Renzi cree haber hecho ya su aprendizaje político en Florencia, pero Roma es más complicada. Por eso es eterna.

Uruguay ya no es más un paisito

Cada día se recalienta un poco más el Río de la Plata

Año 7. Edición número 300. Domingo 16 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

politica@miradasalsur.com

Intermedio en La Habana. Los presidentes de la Argentina y Uruguay dialogaron en la cumbre, pero nada cambió de fondo./ Contaminación. La instalación de Botnia, la productora de pasta de papel, llevó la protesta a los puentes entre los dos países./ Explorador. El buque francés “WG Tasman” ha matado ballenas con sus cateos. (TELAM)

 

Aunque exagerados por la campaña electoral, los permanentes roces entre Buenos Aires y Montevideo muestran que la posibilidad de que haya petróleo en la costa uruguaya incide modificando el precario equilibrio de la balanza.

Cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría”, dice el refrán oriental. Ambos países están separados por su estrecha vecindad. Sus relaciones han tenido subas y bajas a lo largo de dos siglos, pero nunca fueron buenas. Como excusa para la escurridiza diplomacia uruguaya, en la Banda Oriental es habitual autodesignarse como “el paisito”, pero éste ya no es tan chiquitito. Detrás de las actuales puestas en escena preelectorales se debate el modelo de país a poner en práctica con el previsible hallazgo de petróleo frente a la costa atlántica y su ubicación regional.
Como si faltaran problemas entre ambos países, el jueves 13 el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, tuvo que salir al cruce del ministro de Economía uruguayo, Mario Bergara, quien había declarado el día anterior ante una comisión parlamentaria en Montevideo que “no hay un rumbo claro en la conducción económica argentina”. En el curso del día el ministro uruguayo salió a relativizar sus dichos y a disculparse. El episodio pasó, pero es sintomático de la hipersensibilidad actual en los vínculos entre ambos países.
Hace apenas dos semanas que la presidenta Cristina Fernández y su colega uruguayo José Mujica se reunieron en La Habana, para reparar la relación bilateral. El 2 de febrero, el canciller Héctor Timerman declaró que “no está mal la relación con el Uruguay”, y esa misma semana su colega uruguayo, Luis Almagro, señaló que la prioridad era ahora dragar el río Uruguay, para lo que se reunió con los intendentes de las ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y Colón. Pero la distensión duró poco. El propio Almagro dijo el 6 de febrero en el parlamento uruguayo que la decisión argentina de prohibir el trasbordo de mercaderías provenientes del país en el puerto de Montevideo, vigente desde octubre pasado, “es una agresión directa”.
A las declaraciones del canciller y ahora a las del ministro de Economía hay que añadir el viaje el fin de semana pasado de una delegación de diputados opositores uruguayos a las islas Malvinas. Por fortuna, el diputado frenteamplista Jorge Pozzi fue obligado por su propio partido a descender del avión en el último minuto, para no irritar al gobierno argentino. El propio Mujica reprobó el viaje, al declarar a Canal 4 de Montevideo que los diputados “son mayores de edad y saben lo que hacen”.
La delegación, que siguió en Malvinas hasta este fin de semana, estuvo conformada por Jaime Trobo y Daniel Mañana (Partido Nacional), Fitzgerald Cantero (Partido Colorado) y Daniel Radío (Partido Independiente).
Uruguay apoya internacionalmente el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, y el gobierno de Mujica dispuso en 2012 que los buques pesqueros procedentes de Puerto Argentino no ingresen más a Montevideo. Sin embargo, las autoridades coloniales intentan poner una cuña entre ambos países. Según informó el matutino conservador El País, el pasado 10 de febrero autoridades kelpers mostraron a los visitantes interés por contar con mano de obra uruguaya para actividades comerciales, la pesca y la explotación petrolera. También propusieron un vuelo directo a Montevideo. En el encuentro con la Asamblea Legislativa de la colonia se les informó que hay unos 300 trabajadores chilenos en el archipiélago y que “les gustaría que hubiera algunos cientos de uruguayos”. Asimismo, la intención de los ocupantes es aumentar los contactos con Uruguay en materia de salud y educación.
Por su parte, el senador nacionalista y ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95) reclamó el derecho que asiste a Uruguay a comerciar libremente con las islas Malvinas. Por el contrario, el ex ministro de Defensa y senador del Frente Amplio, Luis Rosadilla, sostuvo el martes 11 en declaraciones a Radio Uruguay que la visita de legisladores uruguayos a las islas Malvinas genera una situación de reconocimiento de hecho de autoridades ilegítimas y supone un aval al colonialismo. Según opinó, hay que separar los conflictos en las relaciones con la Argentina del colonialismo británico en el archipiélago.

Una agenda cargada, no sólo de conflictos. Los temas conflictivos entre ambas administraciones se fueron acumulando en los últimos meses. A la decisión de Mujica de autorizar la ampliación de la producción de la pastera UPM, ex Botnia, que motivó la dura reacción argentina y la futura denuncia ante la Corte Internacional de La Haya prometida por Héctor Timerman, se sumó el reclamo uruguayo por la decisión argentina de no permitir el trasbordo de mercaderías en los puertos uruguayos de cierto tipo de buques.
El Mercosur debe “ajustar lo jurídico” a su realidad para solucionar los problemas internos que impiden que las diferencias entre sus miembros sean resueltas por la institucionalidad del bloque, declaró el presidente uruguayo el pasado 11 de enero en una entrevista a Canal 4 de Montevideo.
No obstante los choques, no todos son conflictos en la relación bilateral. La Comisión Administradora del Río Uruguay tratará en la próxima semana la realización del dragado de mantenimiento del río Uruguay a 21 pies, entre Nueva Palmira y Paysandú, que el año pasado se hizo en tres tramos diferentes, con participación de dragas de la Administración Nacional de Puertos y de la Secretaría de Vías Navegables de la Argentina
Sin embargo, las esperanzas de los puertos de Paysandú, Fray Bentos y Concepción del Uruguay están depositadas en el dragado de profundidad que permitiría que embarcaciones de más calado puedan sacar la producción de graneles, cítricos y madera de sus zonas de influencia. Este dragado, que costaría 35 millones de dólares, está a consideración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y de la Secretaría de Vías Navegables de la Argentina.

¿Uruguay potencia petrolera? Entre tanto humo cotidiano, el presidente de la República, José Mujica, dijo el 4 de febrero a Radio Montecarlo que existen “más que indicios” de que podría existir petróleo en las costas uruguayas. Y continuó: “Naturalmente esto nos va a crear un problema en el mar, en esta zona, incluso un problema de seguridad, vamos a tener que reforzar los dispositivos navales porque ahí habrá gente trabajando en situación de riesgo”, dijo Mujica. “Si logramos desarrollar en la laguna Merín, el puerto de Tacuarí o en La Charqueada, un sistema de navegación comercial, también ahí vamos a tener que encargar una custodia naval porque aparecen problemas de seguridad”, advirtió el presidente.
En tanto, el presidente de la empresa petrolera estatal Ancap, José Coya, informó el 3 de febrero en una entrevista con el portal Uruguay Sustentable que iba a continuar el plan estratégico que inició (Raúl) Sendic (presidente de la empresa entre 2005 y octubre de 2013) y que desarrollará dos objetivos principales: la planta regasificadora en el puerto de Montevideo y la exploración de hidrocarburos offshore. “Tenemos una esperanza primaria de que en el mar tengamos los primeros resultados”, declaró, “pero no lo sabemos. Seguramente tengamos que esperar dos o tres años para saber si efectivamente hay petróleo en Uruguay y si además es comercializable o no”, aclaró.
En cuanto a la planta regasificadora señaló: “La Argentina era un país de suministro seguro, pero eso cambió. Abastecimos la zona del litoral por el caño que cruza el puente en Paysandú, que es de Ancap, y el que viene de Buenos Aires para acá y entra en El Ensueño, en Colonia, que es el que viene a Montevideo y que llega hasta Ciudad de la Costa. La regasificadora va a producir diez millones de litros cúbicos por día de gas y cinco de ésos al principio van a ser excedentes. Para eso estamos en negociaciones con la Argentina, porque sabemos que puede ser un potencial cliente que compre ese excedente”, informó el funcionario. “Sin embargo, UTE (la empresa estatal de electricidad) también puede utilizar el excedente de gas como reserva, para cuando no tiene agua en las represas.”
No todo es rosado en las perspectivas petroleras de Uruguay. La posibilidad de que en Uruguay comience a aplicarse la controvertida técnica del fracking para sacar petróleo o gas motivó ya en noviembre pasado una decisión de la Junta Departamental de Paysandú prohibiéndola. Tacuarembó también puede vetarla.
Mientras tanto, el diario República del pasado viernes 14 informa que la Dirección Nacional de Industrias (DNI) contrató una consultoría para avanzar en la caracterización y diagnóstico de la cadena industrial de petróleo y gas en Uruguay, y obtener enseñanzas de otros países, ante la posibilidad de encontrar petróleo. En el núcleo central de la industria petrolera y gasífera se identifica a las multinacionales BG, BP, Galp, Shell, Total, Tullow Oil e YPF, en la actividad offshore, y Total, YPF y Schuepbach Energy, en la actividad onshore, además de Ancap. Entre las empresas proveedoras o subcontratistas de las primeras, en el caso offshore, aparecen las empresas extranjeras (PGS, Spectrum, ION, Fugro, Polarcus, Slumberger y FIT), más la participación de Ancap como proveedora de servicios e información. La empresa francesa Total comunicó que hará su primer pozo este año y antes de abandonar la presidencia de Ancap, Raúl Sendic vaticinó que en dos años Uruguay sabrá si tiene petróleo.

Humo y brasas. La presidencia de Mujica (2010-15) fue más prudente en sus relaciones con la Argentina que su antecesor Tabaré Vázquez (2005-10), quien en 2006 llegó a solicitar la ayuda militar norteamericana para enfrentar a la Argentina en el conflicto por la pastera en Fray Bentos/Gualeguaychú. En realidad, el gobierno frenteamplista de Tabaré continuó bastante acríticamente la diplomacia agresiva de Jorge Batlle (2000-05), quien inició el conflicto al otorgar inconsultamente la autorización a la empresa finlandesa.
En general, los gobiernos del Partido Colorado han sido históricamente más propensos a respaldarse en Gran Bretaña y los Estados Unidos, para intentar imponer sus intereses comerciales y financieros frente a la Argentina. Ante la parálisis del Mercosur, la opinión pública uruguaya, manipulada por los grandes medios conservadores, desespera de la integración regional y busca su salida en los megaproyectos con corporaciones multinacionales. Gane quien gane en Uruguay, la relación con la Argentina no será fácil.
Aunque en las escaramuzas de la campaña electoral los líderes colorados y nacionalistas exageran su antiargentinismo, para etiquetar al Frente Amplio como “genuflexo ante Buenos Aires”, donde hay humo es porque brasas quedan. Uruguay siempre se debatió entre su origen colonial y la reconstrucción del proyecto artiguista de emancipación regional, democrática y social. Pepe Mujica intentó durante su presidencia convivir con Argentina y Brasil, y construir dentro del Mercosur un eje geopolítico con Venezuela, Paraguay y Bolivia que oxigenara la economía uruguaya y compensara a sus dos grandes vecinos, pero tuvo un éxito limitado.
Tanto la Argentina como Brasil confiaron su crecimiento de los últimos años a la inversión pública puesta al servicio de empresas privadas nacionales y extranjeras que se enriquecieron rápidamente, pero están poco motivadas a reinvertir productivamente, tanto menos a hacerlo en los vecinos sudamericanos. La falta de otras empresas estatales que las petroleras en condiciones de guiar los procesos inversionistas obligó a ambos socios mayores del Mercosur a adoptar políticas proteccionistas también dentro del acuerdo aduanero, alienando a los socios pequeños, que deben buscar interlocutores en otros mercados. Mientras éstos se limitaron al sector agropecuario, la orientación hacia afuera no incidió en el mercado común, pero si Uruguay se convierte en potencia petrolera, el debate sobre su modelo de crecimiento económico y su orientación política y diplomática afectar a toda la región.
Los socios mayores del Mercosur deberán reflexionar qué lugar dan a una economía uruguaya que aumenta de peso. A su vez la cultura política uruguaya debe dar un salto de calidad y dejar de excusarse por su supuesta pequeñez. Uruguay está dejando de ser un paisito.

Algunos aprovechan la crisis monetaria de los emergentes

La epidemia de la fuga de capitales

Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

Chicago. La ciudad que fue centro del hampa, es hoy sede de la bolsa de commodities.

La contracción monetaria norteamericana y el menor crecimiento chino desestabilizan los mercados, lo que algunos aprovechan para comprar barato en los países emergentes.

El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”, dice el viejo proverbio chino, pero su contraparte española le responde: “a río revuelto, ganancia de pescadores. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos y las menores expectativas de crecimiento de la economía china han provocado en los últimos meses una masiva fuga de capitales de los países emergentes, pero hay quienes hacen el camino inverso y aprovechan la crisis monetaria para invertir en las devaluadas empresas de esos países.
Aunque después de las medidas de ajuste que varios países (Turquía, India, Sudáfrica, Argentina y este viernes también Ghana) adoptaron en las últimas semanas la situación en los mercados emergentes se tranquilizó, el jueves pasado se derrumbaron las cotizaciones de las monedas de Polonia y Hungría. Los analistas internacionales coinciden en apuntar a dos causas para la actual baja: en primer lugar, la reducción de las inyecciones de liquidez de la Reserva Federal norteamericana a los bancos del país, que alcanzaron los 85 mil millones de dólares mensuales. Con esta reducción comenzó ya el ex presidente Ben Bernanke a mediados del año pasado y continúa la recién asumida presidenta Janet Yellen. La segunda causa es la menor tasa de crecimiento de la economía china prevista para 2014 a un 7-8%, como consecuencia de su reorientación hacia el fortalecimiento del mercado interno y de las medidas de ajuste del sector financiero no bancario. Si China crece menos, reducirá su demanda de commodities desde otros países del Sur.
Ante las protestas de líderes del Sur, como la presidenta brasileña Dilma Rousseff que acusó a Estados Unidos de hacer subir indirectamente sus tasas de interés sin consultar a los países emergentes, en muchos medios británicos y norteamericanos se ha desatado una furiosa campaña publicitaria acusando a dichos países de ineficiencia y corrupción y disculpando la responsabilidad de los países centrales. Cuatro países (Argentina, Indonesia, Nigeria y Venezuela) fueron puestos en la picota como especialmente irrecuperables. Por el contrario, estos medios omiten toda referencia a maniobras especulativas con fines políticos. Analistas más objetivos, sin embargo, combinan tres factores como causantes de la crisis monetaria: la influencia de las políticas aplicadas en Estados Unidos y China, los errores de los países emergentes y las maniobras conspirativas.
Si bien los Estados Unidos están relativamente protegidos por el tamaño de su economía y el monopolio sobre el patrón de cambio, Europa, especialmente la eurozona, es más vulnerable. La eurozona no tiene tanto un problema comercial, porque mantiene un cierto superávit, sino de precios. De acuerdo a Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, la inflación desestacionalizada aumentó en enero el 0,8%, un nivel cercano a la deflación. En estas condiciones cualquier crisis monetaria en los países emergentes puede producir un desastre, ya que –a diferencia de sus competidores norteamericanos– los bancos europeos han prestado allí más de 300 mil millones de dólares. El derrumbe de cualquier economía emergente puede arrasar con los bancos más importantes del continente y empujar una repentina alza de las tasas de interés, agravando la deflación. Por esta razón es que todos los observadores estaban tan decepcionados el jueves pasado, cuando el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunció el mantenimiento de la tasa de interés interbancario al acabar la reunión mensual de su directorio.
Aunque después de las recientes medidas de ajuste en los países emergentes se calmaron las maniobras monetarias, los datos de coyuntura de Estados Unidos y Asia de esta última semana activaron nuevamente las alarmas. Todas las bolsas de Asia, Europa y Estados Unidos terminaron la semana a la baja. Además, los datos sobre el crecimiento del empleo en Estados Unidos, dados a conocer el viernes, son menores de lo previsto.
En estas condiciones, los pequeños inversores, alentados por la prensa, se ponen locos y su desesperación favorece las maniobras criminales. Así el regulador financiero del Estado de New York ha abierto esta última semana una investigación por manipulación cambiaria en mercados extranjeros contra agentes de una docena de bancos, según informa Al Jazeera. Autoridades crediticias de Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Hong Kong, Argentina y Singapur están investigando a agentes de diferentes bancos por haber compartido información sobre transacciones cambiarias para beneficiarse personalmente. El Deutsche Bank despidió a tres agentes de cambio en New York, informó el New York Times el miércoles, y Reuters reportó el viernes que el subgerente general de la sucursal Buenos Aires del mismo banco fue igualmente despedido por manejo fraudulento de la tasa de cambio peso/dólar.
Según afirma Mark Mobius, de la consultora californiana Franklin Templeton, los inversionistas a corto plazo están muy preocupados, pero la mayoría de los inversionistas a largo plazo entiende que deben mantener sus colocaciones en los mercados emergentes, porque la recuperación puede venir muy rápido. La situación de las inversiones a largo plazo, sostiene, se mantendrá a largo plazo bajo tres condiciones: que “las tasas de crecimiento económico de los mercados emergentes continúen siendo por lo menos tres veces más rápidas que las de los mercados desarrollados; los mercados emergentes tengan más reservas extranjeras que los desarrollados y la razón PIB/deuda de los países emergentes siga siendo mucho menor que la de los mercados desarrollados”.
Dado que las principales variables macroeconómicas de los países emergentes muestran economías en condiciones de seguir creciendo, la crisis monetaria abre perspectivas de ganancia inusitadas para los fondos de inversión norteamericanos que pueden adquirir muy barato posiciones en las empresas de dichos países. Aunque los mercados de capitales mantengan su volatilidad durante todo 2014, quienes puedan esperar e invertir a mediano plazo obtendrán enormes ganancias. Si los países emergentes, por su parte, saben evitar que el ingreso de las nuevas inversiones produzca una mayor desnacionalización de sus activos, pueden aprovechar las inversiones a mediano plazo para el desarrollo de sectores estratégicos. De este modo, los pescadores estarían sentados en ambas márgenes del río revuelto mirando a las mariposas aletear.

Uribe boicotea la reelección de Santos en Colombia

Mi enemigo me custodia

Año 7. Edición número 299. Domingo 9 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

Mientras el presidente Juan Manuel Santos “hace la plancha” para llegar a la reelección en mayo sin alteraciones, su predecesor, Álvaro Uribe, sabotea las negociaciones de paz en La Habana.

En un giro sorpresivo, apenas 24 horas después de acusar a “fuerzas oscuras” de estar detrás de las escuchas a los negociadores del Gobierno en La Habana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo el miércoles que esas operaciones de inteligencia son “totalmente lícitas”. La revista Semana.com había revelado el martes que un grupo de militares, ex militares y expertos en informática espiaron desde una central clandestina de Bogotá a líderes de la izquierda y a los negociadores del Gobierno en el proceso de paz con las FARC. Por su parte, desde La Habana, el jefe negociador de las FARC, alias “Iván Márquez”, no dudó en señalar al ex presidente colombiano Álvaro Uribe como las “fuerzas oscuras” de las que habló Santos.
Cambiando abruptamente de opinión, el pasado miércoles el mandatario colombiano dijo en un acto en Bogotá que “las fachadas de inteligencia, como la que se allanó (registró), son operaciones de inteligencia que están contempladas dentro de la Ley de inteligencia”. No obstante, el mandatario ordenó abrir una “investigación a fondo” que derivó en el relevo el mismo miércoles del jefe de Inteligencia del Ejército, el general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), el general Óscar Zuluaga. En tanto Uribe dijo que el relevo de los dos oficiales militares “es otro golpe de desmotivación a las Fuerzas Armadas de la patria por complacer al terrorismo de las FARC”.
El viraje de Santos sorprende especialmente, pues el miércoles el comandante del Ejército, el general Juan Pablo Rodríguez, había dicho que “Andrómeda” (nombre del operativo de espionaje) estaba destinada a interceptar ilegalmente a los negociadores de paz y manifestó que la prioridad es actuar dentro de la legalidad. “No seremos un obstáculo para la paz”, subrayó el comandante. Santos no sólo justificó la legalidad del espionaje, sino que aseguró que el fiscal general Eduardo Montealegre, con quien habló el miércoles, le dijo que “si hubiese sabido que el local registrado era una fachada de inteligencia, no habría hecho el allanamiento”.
Colombia cuenta con unos 500.000 militares y policías, ambos cuerpos dependientes del Ministerio de Defensa, y algunos de sus sectores se han mostrado inquietos ante los diálogos de paz por el papel que les aguarda en una etapa de posconflicto. Las FARC, en tanto, se manifiestan también preocupadas por el aumento de las amenazas de violencia en contra de políticos y simpatizantes de partidos y movimientos de izquierda. Para las FARC eso y las “chuzadas” –como llaman en Colombia a las escuchas ilegales– son parte de la misma estrategia.
No obstante, la organización insurgente se dice dispuesta, pese a todo, a seguir adelante con el proceso. “Ante el peligro en que se encuentra este nuevo intento de reconciliación, llamamos a que toda la ciudadanía, en cada rincón de la patria, actúe con todas sus potencialidades en defensa y salvación del proceso de paz”, concluye un comunicado que dio a conocer el miércoles 5.
La explicación más benévola para las escuchas es que al menos un sector dentro del ejército está interesado en conocer el detalle de lo que se está discutiendo en La Habana, pero también es posible que la intención última sea sabotear el proceso de paz. En cualquiera de los dos casos sería evidente que las fuerzas militares están divididas y sus máximas autoridades son impotentes para controlar la inteligencia militar.

Seis millones de víctimas. Mientras las partes negocian y se combaten al mismo tiempo, en medio año el número de víctimas del conflicto armado registradas por el Estado en Colombia para su reparación aumentó en casi medio millón de personas. De acuerdo a la estadística oficial dada a conocer el pasado viernes 7, se trata de colombianos de todas las regiones del país que sufrieron todo tipo de violencias a manos de los protagonistas uniformados de la guerra que sacude al país desde hace 65 años.
Del total, 222.000 personas fueron afectadas en 2012 y otras 122.000 el año pasado. Una inmensa mayoría son desplazados por la violencia (5.368.138 de acuerdo a las estadísticas oficiales), un fenómeno que se continúa dando en algunas zonas rurales. El segundo grupo son los asesinados por fuerzas combatientes y bandas criminales (636.134) que, de acuerdo a una decisión reciente de la Corte Constitucional, deben considerarse también como víctimas de guerra, ya que gran parte de esos grupos están formados por ex paramilitares.

Comienza la campaña electoral. El electorado colombiano está convocado a elegir nuevo presidente en una primera vuelta el próximo 25 de mayo. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, uno de cada cuatro votos depositados sería en blanco. A este resultado se le suma otra tendencia: el 23 por ciento de los colombianos aún está indeciso sobre a quién apoyar en la primera vuelta. Este es uno de los hallazgos más destacados de la primera panorámica de la campaña electoral de 2014. Los datos de la Gran Encuesta confirman que ningún aspirante despunta.
Juan Manuel Santos conservó tanto el primer puesto en las preferencias de los electores en la primera vuelta como los mismos niveles de respaldo. Un cuarto de los colombianos apoya la intención del primer mandatario de reelegirse. El jefe del Estado mantiene una holgada diferencia sobre su más cercano competidor, Óscar Iván Zuluaga, del uribista Centro Democrático. Zuluaga no ha podido recortar la distancia que lo separa del presidente Santos y sólo alcanza el 8 por ciento de intención de voto. El estancamiento hacia la baja del candidato derechista contrasta con el apoyo que tiene la postulación del ex presidente Álvaro Uribe al Senado, un 61 por ciento.
Muy cerca del aspirante uribista se encuentran otros dos opositores con el 6 por ciento de apoyo. Se trata de la candidata del Polo Democrático (de centroizquierda), Clara López Obregón, y del ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien lucha por el aval de la Alianza Verde. Sin embargo, López no ha sido capaz de canalizar el ambiente de protesta contra el presidente Santos imperante desde 2013 y los niveles de respaldo que obtiene se mantienen estáticos.
La situación de Peñalosa es más peculiar. La dirigencia de su partido, la Alianza Verde, obedece a los lineamientos del alcalde de Bogotá Gustavo Petro que quiere bloquear la candidatura presidencial peñalosista, aunque el ex alcalde bogotano empate en el tercer lugar de las preferencias electorales. De hecho Peñalosa es con el 24 por ciento de simpatía el segundo aspirante mejor ubicado después de Santos. La lista de los candidatos se cierra con la conservadora Marta Lucía Ramírez con el 4 por ciento y Aída Abella, de la Unión Patriótica (de izquierda), con el 1 por ciento.
Sin embargo, la sumatoria de los apoyos a todos los candidatos se equipara a la suma del voto en blanco y los indecisos. Mientras un cuarto de los colombianos le apuesta al blanco, un poco menos, el 23 por ciento, aún no sabe por quién votar. No obstante, el estancamiento de la campaña electoral conviene al presidente Santos quien necesita que no se presenten mayores sorpresas en su camino hacia la reelección. En ninguna medición el mandatario pierde su primer lugar ni hay opositor que amenace su continuidad. En todos los escenarios de segunda vuelta Santos derrota por más de 20 puntos a sus contenedores.
Álvaro Uribe no perdona a su sucesor y ex ministro de Defensa que se haya apartado del rumbo belicista y saqueador de su gobierno, para buscar la paz negociada con la guerrilla e introducir las reformas imprescindibles para desarrollar la economía colombiana, aunque sea en una matriz neoliberal. Ésta no ha sido la primera ni la única maniobra de la ultraderecha para sabotear las negociaciones de paz en La Habana y permitir la reintegración de las fuerzas guerrilleras a la vida democrática. Seguramente otras le seguirán. Juan Manuel Santos, por su parte, intenta repetir en la Presidencia calmando las aguas, pero en Colombia en cualquier momento puede venir un oleaje destructor.

Rusia y EE.UU. unidos contra Al Qaida en Medio Oriente

Peligra la negociación por Siria

Año 7. Edición número 298. Domingo 2 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

mundo@miradasalsur.com

Vuelven a tronar las armas 

 

Aunque la Conferencia de Ginebra no alcanzó acuerdos, inició el diálogo que necesitan EE.UU. y Rusia para reordenar Siria y el Medio Oriente con ayuda de Irán. Las partes se separaron el viernes en Ginebra con la invitación del representante de la ONU y de la Liga Árabe Lajdar Brahimi, para reencontrarse el próximo 10 de febrero, pero con la disposición manifiesta de la delegación gubernamental a discutir toda la agenda, incluida la formación de un gobierno de transición, un gigantesco avance inadvertido para la mayoría. Mientras tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, informó que cerca de 1.900 personas murieron durante la semana en combates en el norte, centro y sur de Siria. A pesar de ello, el viernes llegó ayuda al campo de refugiados palestinos de Yarmuk, al sur de Damasco, sitiado por el ejército desde hacía meses, aunque el casco antiguo de Homs sigue bloqueado.
Se produjo un conflicto sobre el retiro de las armas químicas de Siria. Washington acusó el jueves que sólo el 5% fue sacado del país para ser destruido y el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, amenazó a Damasco con un ataque militar. Al contrario, Mijaíl Uliánov, del Ministerio de Exteriores ruso, rechazó el viernes la necesidad de presionar a Siria y pidió paciencia. "Los estadounidenses presionan aun si no es necesario y tienen una agenda rígida e irreal", agregó. Denuncias de Human Rights Watch (HRW) con fotos mostraron también que el ejército sirio ha destruido muchas viviendas para castigar a la población civil.
La suerte de la guerra en Siria se decide dentro de sus fronteras, en las mesas de negociaciones formales e informales, en los medios y, en gran parte, en la región, sobre todo en Irak, donde siguen los atentados terroristas, mientras la ciudad de Faluya, 50 km al oeste de la capital, continúa ocupada por el Estado Islámico de Irak y Siria (EIIS), el grupo salafista más radical, y milicias locales y 140.000 personas fueron desplazadas por los combates. La estrecha interrelación entre ambas guerras civiles afecta también la exportación de petróleo iraquí por el oleoducto que conduce a Turquía, porque en el de­sierto sirio-iraquí se concentran miles de yihadistas.
Entre tanto, el lunes 27 Israel bombardeó una base militar del gobierno sirio en la provincia de Latakia, en la costa norte, para destruir unas lanzaderas de cohetes rusos S-300 de alcance medio destinados a la milicia chiíta libanesa Hezbolá. Aunque Israel intenta mantenerse fuera de la guerra civil siria, periódicamente ataca blancos tácticos y no puede aislarse del conflicto. Al mismo tiempo, según informa el Middle East Monitor, delegados de Al Fatah visitaron Damasco y Teherán. Aunque dicen no buscar una alianza con Irán, los líderes palestinos están sustituyendo a Hamas, aliada a los yihadistas y recuperando espacio regional.
A su vez en Egipto se ha intensificado desde el golpe de Estado en julio pasado la represión contra los islamistas. Para ello el gobierno cuenta con el apoyo norteamericano y ruso y la tolerancia saudita y qatarí. También esta semana el presidente turco Recep T. Erdoyan conversó en Teherán con su colega iraní Hassan Rohaní y acordaron en la lucha antiterrorista.
En el Medio Oriente se consolida una gran coalición antisalafista bajo la conducción ruso-norteamericana con la colaboración de Irán. Enemigos recientes hallan intereses comunes, tejiendo un entramado regional impensado. Los países occidentales adoptan las tesis rusas, para cambiar en Siria el gobierno, pero no el régimen. Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos y Omán, en tanto, se mantienen expectantes, pero no soportarán mucho tiempo más la competencia iraní. Israel, por su parte, puja por salir del aislamiento.
El presidente Assad quiere ganar tiempo, mientras avanza en el campo de batalla. La oposición laica, por el contrario, necesita rápido un acuerdo que la empodere. Gracias al pacto antiterrorista probablemente se logren pronto treguas locales y medidas humanitarias, quizás hasta tratativas políticas. El miedo a Al Qaida obra milagros.

SACyR y Martinello acorralados por el pueblo panameño

El Canal es Panamá

Año 7. Edición número 298. Domingo 2 de Febrero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

La española Sacyr presiona para cobrar más por la ampliación de la vía interoceánica, sin registrar las energías nacionalistas que moviliza en el istmo. 

 

Si en las reuniones de último momento pautadas para hoy domingo entre el consorcio de empresas responsables por la ampliación del Canal de Panamá, la aseguradora Zurich y las autoridades administrativas de la vía de navegación no se llega a un acuerdo sobre las demandas empresarias por los mayores costos de las obras, a partir de mañana las mismas se suspenderán, dañando seriamente la imagen del presidente Ricardo Martinelli y las aspiraciones de su esposa, Marta Linares, de llegar a la vicepresidencia de la República secundando al candidato del oficialista Centro Democrático (CD), José D. Arias, en las elecciones del próximo 4 de mayo. No obstante, ni los empresarios españoles ni la corrupta elite política del país están evaluando realistamente la potencia de las energías nacionalistas que cualquier conflicto en torno del Canal despierta en el pueblo panameño.
Después de la reunión entre las partes del pasado miércoles 29, el presidente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autárquico responsable por la operatoria de la vía, Jorge Luis Quijano, señaló que las propuestas se mantienen sin cambios. Mientras tanto, los trabajos continúan a un 25% de su capacidad. La crisis en la obra del tercer juego de esclusas estalló justo hace un mes, cuando el consorcio Grupo Unido por el Canal de Panamá (GUPC), integrado por la española Sacyr, la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. (CUSA), envió un preaviso de paralización de las obras, si la ACP no admitía sobrecostos en la obra por 1.600 millones de dólares. Según GUPC, los sobrecostos se generaron por informes geológicos erróneos dados por la administración de la vía. El martes 28, la ACP ofreció un anticipo de 100 millones de dólares, pero GUPC pidió que fuera de 400 millones. El consorcio aportaría otros 100 millones. Esta semana trascendió en Panamá que Impregilo propuso que el Canal le adelante 1.000 millones de dólares para continuar la obra, pero esta demanda fue calificada por Jorge Quijano como “inaceptable”.
La ampliación del canal, calculada en 5.200 millones dólares –de los cuales 3.200 millones son para un tercer juego de esclusas– comenzó en 2009 y debía terminar este año, en el centenario de la vía, pero presenta un atraso de nueve meses y concluiría en junio de 2015. La obra en total tiene un avance del 72% y en las esclusas, de 62%. Sin embargo, el ritmo de construcción ha bajado considerablemente desde la advertencia de suspensión. La ACP ha reiterado que está en capacidad de culminarla, si GUPC cumple su amenaza de abandonar el proyecto.
Mientras tanto, la autoridad canalera continúa reiterando su exigencia de que cualquier acuerdo se logre en función de lo que establece la ley, los reglamentos y el contrato entre las partes. Las partes contratantes tampoco llegaron a un acuerdo, después de que la aseguradora del proyecto, el holding suizo Zurich presentó una propuesta de acuerdo y participó por primera vez en una reunión el pasado 20 de enero. La propuesta de la aseguradora pasaba, por un lado, por lograr financiación externa para costear la continuidad de la obra ofreciendo como garantía el propio seguro de la obra. Por otro lado, Zurich planteaba eximir al consorcio devolver a la Autoridad del Canal los anticipos recibidos, hasta que no se resuelvan los arbitrajes planteados sobre los sobrecostos del proyecto, según informó Europa Press.
A su vez, la ACP esgrime desde principios de año un “plan b”, para acabar las obras sin el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), pero se ha encontrado con la resistencia de Zurich. Según ACP la firma CH2MHill, que actúa como su consultora y asesora, podría asumir la obra. Se trata de una consultora especializada en obras hidráulicas, tratamiento de aguas y residuos así como energías renovables con sede en Englewood, Colorado. La oposición de Zurich, sin embargo, ha frenado ese “plan b”. La aseguradora no sólo se niega a desembolsar la fianza de cumplimiento de 400 millones de dólares, sino que además ha dado a entender que, ante una ruptura unilateral de la ACP con el consorcio, no estaría dispuesta a garantizar sin más la terminación de la obra.
Zurich ya explicó a principios de enero a la ACP que consideraba improductivo enzarzarse en una batalla legal y abogaba por un pacto, al tiempo que “lamentaba la intransigencia de la ACP”, para llegar a una solución negociada. Sin un acuerdo, el Canal se arriesga a un retraso de tres a cinco años, según los árbitros que resuelven en primera instancia las reclamaciones. En caso de que GUPC pierda el contrato, tendría que ir devolviendo en los próximos meses anticipos recibidos por 780 millones de dólares, pero en virtud de la propuesta de Zurich no tendría que hacerlo, hasta que se resolvieran los procesos de arbitraje internacional abiertos.

Maniobras por líneas interiores. 

En ambos partidos hay fuertes conflictos y competencias internas que la contraparte intenta aprovechar. Carlo Corazza, portavoz del vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani, quien aceptó actuar de mediador en el conflicto a petición del consorcio, manifestó el pasado día 21 que “por el momento es una situación delicada y difícil y estamos estudiando el dossier”. Es que la española Sacyr pidió el respaldo de su socio belga y la Comisión Europea y ahora contempla expulsar a la italiana Impregilo del consorcio. A mediados de enero la ACP sostuvo una reunión con sólo tres de los cuatro miembros del consorcio (Sacyr, Jan de Nul, Cusa) en la que no hubo representación de la empresa italiana Impregilo.
Corazza explicó que el objetivo de la intervención del Ejecutivo comunitario en esta disputa es “facilitar la búsqueda de una solución”. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado una eventual mediación de la Comisión Europea, dado que el contrato del proyecto “tiene mecanismos de resolución de disputas y ninguno incluye la intervención de terceros”, según una breve declaración dada el pasado 22 de enero. El portavoz de la CE tampoco comentó si la solución que podría aportar Bruselas pasa por un nuevo respaldo financiero al proyecto a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya otorgó 500 millones al mismo en diciembre de 2008.
Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, atribuye el conflicto por las obras de ampliación del Canal a la situación financiera de Sacyr e Impregilo. “Esto pasa cuando uno se alía con dos que no tienen plata”, aseguró a El País de España la semana pasada durante el Foro Económico Mundial en Davos. Sus asesores sostienen que Sacyr e Impregilo tienen subcontratada buena parte de sus operaciones a empresas locales, “así que la rescisión del contrato no significaría un gran retraso”, aseveran.
Por su parte, una publicación del diario El Mundo de España, que no cita ninguna fuente directa, asegura que la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por su sigla en inglés) –organismo previsto en el contrato de ampliación del Canal presidido por el británico Peter Chapman– envió una carta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que le aconseja “apruebe una inyección masiva de liquidez, tal y como demandan las constructoras” (GUPC). Asegura que el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, busca llegar desesperadamente a una negociación “para no tener que devolver los 780 millones de dólares que la ACP le entregó como anticipo. El diario español reseña que la aseguradora Zurich también recomendó a Quijano que es prematuro “prescindir del consorcio europeo y defiende que la ACP brinde más liquidez al proyecto para que el consorcio de Sacyr termine la obra”.

El canal, seña de identidad. 

Según comenta el columnista Nils Castro en el portal costarricense Con Nuestra América del pasado martes 28, los dueños de Sacyr e Impregilo “están cometiendo en nuestro país un error que les saldrá más caro de lo que se figuran, al extorsionar a la Autoridad del Canal”. El periodista panameño apunta al mal asesoramiento local y al del embajador español como fuentes del error. Evidentemente pensaron, dice, que en medio de la bonanza económica del país y del dispendio de dineros públicos por parte del gobierno de Martinelli no habría problemas en cobrar sobrecostos por las obras de ampliación.
“No se han dado cuenta –continúa– de lo que la empresa canalera significa para la sensibilidad de una nación que se formó como tal peleando este mismo pleito hace más de siglo y medio. Lamentablemente, la crisis de finales de los años 80, la invasión militar estadounidense en la Navidad de 1989 y el tsunami neoliberal que las siguió devastaron moralmente a la República, hasta el extremo de que su pueblo fue capaz de elegir un gobierno tan peculiar como el que ahora reina en el país. Pero, parafraseando la conocida advertencia de Omar Torrijos, no hay mal régimen que dure demasiado ni pueblo que se lo aguante”.
El analista apunta a los intentos de corromper a la Autoridad del Canal y a las amenazas proferidas por los españoles y sus acólitos. También dispara contra los derrotistas que en los medios asustan con los costos y los retrasos que ocasionaría rescindir el contrato con GUPC. “La Autoridad canalera está en capacidad de terminar la obra sin las demoras con las cuales los voceros (oficiales u oficiosos) del consorcio buscan intimidar a los panameños y al mercado naviero. En lo que a negociar se refiere, Panamá ya ha tenido éxito frente a contrapartes bastante más poderosas y en tiempos más difíciles (se refiere a la heroica negociación que el general Omar Torrijos llevó con el gobierno de James Carter, que culminó con el tratado de 1978 por el cual Panamá recuperó el Canal a partir de 1999). Si ahora la empresa canalera asume y concluye la obra bajo su propia responsabilidad, nuestro país volverá a ganar el renombre que antes ya obtuvo”.
Por su parte, Guillermo Castro H., asimismo en Con Nuestra América, coloca el problema en un contexto político más abarcador: “Así planteado el problema, la pregunta clave viene a ser la siguiente: si el Estado controla el Canal, ¿quién controla al Estado? La búsqueda de una respuesta a una pregunta así planteada obligaría a abrir un debate del mayor interés sobre una serie de temas conexos. Por ejemplo, si en 1994 el gobierno nacional consideró necesario aislar el Canal de Panamá de los vaivenes de la política criolla, que expresaba a su vez las formas de organización de la economía y la sociedad panameños, ¿por qué no se consideró transformar esa economía y esa sociedad de modo que se convirtieran de elemento de riesgo en factor de estímulo y apoyo a una gestión eficiente del Canal?”
“Quizás –concluye– ha llegado la hora de poner la República en condiciones de encarar las responsabilidades que le corresponden. Para eso, habrá que empezar por preguntarse, si la operación eficiente del Canal es compatible con la presencia de una sociedad democrática, equitativa y comprometida con la sostenibilidad de su propio desarrollo y con un Estado que controle el Canal en correspondencia con esos propósitos”.
La empresa española, involucrada en el escándalo por corrupción del Partido Popular conocido como “Caso Gürtel”, quedó dentro del consorcio GUPC en posición desventajosa ante su socia italiana Impregilo, también envuelta en los procesos por corrupción contra Berlusconi, que a su vez fue absorbida por Safini, la mayor constructora italiana. A principios de enero su representante dio declaraciones agresivas sobre la suspensión de los trabajos sin consultarlas con su socio español. En ese momento pareció que los italianos se adueñaban del consorcio. Sin embargo, los españoles llamaron en su ayuda a la Comisión Europea y a la aseguradora Zurich y desplazaron a sus competidores. Presionados por sus ingentes deudas y sus procesos necesitan empero mantener el control de las obras y recibir los pagos suplementarios requeridos. Para ello presionan y a la vez ofrecen coimas a las autoridades del Canal y al gobierno de Ricardo Martinelli.
Éste a su vez necesita llevar las obras a buen término, para respaldar la candidatura de su esposa a la Vicepresidencia de la República detrás del candidato oficialista contra las argumentaciones del Partido Panameñista del actual vicepresidente Juan C. Varela. Hasta aquí las maniobras politiqueras habituales de un país convertido en república bananera por la intromisión norteamericana, la corrupción y el narcotráfico. Del otro lado se alza empero crecientemente la voz múltiple de sindicatos, movimiento estudiantil, organizaciones indígenas y populares que quieren hacer del Canal un instrumento de desarrollo solidario y equitativo. El recuerdo de los héroes que en 1964 atacaron masivamente a los ocupantes norteamericanos para rescatar el Canal está vivo y alienta un fuerte movimiento subterráneo, porque el Canal no es una vía navegable. El Canal es Panamá.

La Casa Blanca olvida a los cubanos encarcelados

Guantánamo y los héroes en la agenda de Obama

Año 7. Edición número 298. Domingo 2 de Febrero de 2014

Por 

E. V. Periodista

internacional@miradasalsur.com

González. El agente antiterrorista cubano reclama la libertad de sus compañeros presos en EEUU:

Mientras que el presidente Obama reiteró en su reciente discurso que “este año se cerrará Guantánamo”, no dijo nada sobre los cuatro antiterroristas cubanos aún presos en EE.UU.

En su mensaje sobre el estado de la Unión, leído el pasado martes 28 ante el Congreso, el presidente Barack Obama anunció que “este año se cerrará definitivamente Guantánamo”, la prisión extraterritorial erigida por EE.UU. en la base naval que tiene en territorio cubano, donde alojó después de 2001 a los sospechosos por terrorismo islámico detenidos y secuestrados en distintas partes del mundo. Más allá de su buena voluntad, que depende del voto de un Congreso hostil, el presidente omitió manifestarse sobre los cuatro agentes antiterroristas cubanos presos en EE.UU. desde 1998.
René González, el primero y único integrante del grupo que ha sido puesto en libertad después de cumplir una condena de 15 años, sostuvo el viernes 24 un encuentro con la prensa internacional acreditada en La Habana para la cobertura de la Cumbre de la Celac. En la conferencia de prensa, el oficial de inteligencia denunció las irregularidades del juicio al que fueron sometidos en Miami y exigió la inmediata liberación de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González.
Dos semanas antes, el 13 de enero, se había anunciado que González participará junto con la escritora feminista norteamericana Alice Walker, el ex fiscal general de EE.UU. Ramsey Clark y otros invitados especiales en la Comisión Internacional de Investigación del caso de los Cinco Cubanos que se reunirá en Londres, en la Law Society, el 7 y 8 de marzo próximos. La sesión se realiza por iniciativa de la campaña internacional “Voces por los Cinco”. Estará acompañado por familiares de sus compañeros, otras víctimas del terrorismo contra Cuba, juristas, políticos y activistas procubanos. La Comisión escuchará testimonios de unos veinte testigos clave, como el abogado defensor de Los Cinco en EE.UU. Martin Garbus, representantes de Amnistía Internacional y familiares de Los Cinco, incluyendo a las esposas Olga Salanueva y Elizabeth Palmeiro. La Comisión estará presidida por un jurado internacional de gran prestigio jurídico.
La Comisión Internacional es el principal evento de la campaña internacional “Voces por los Cinco” que ha reunido a cientos de personalidades internacionales, como John Le Carré, Emma Thompson, Danny Glover, Lord Rowan Williams, Martin Sheen, Noam Chomsky, Günter Grass, Nadine Gordimer, Peter Capaldi y Dame Vivienne Westwood. A ellos se han sumado miles de personas que han enviado mensajes de apoyo al sitio web de la campaña. Una serie de otras actividades se llevarán a cabo durante el desarrollo de la Comisión Internacional, incluyendo un gran concierto internacional en el Barbican Hall de Londres con el músico cubano ex integrante del Buena Vista Social Club Eliades Ochoa junto a otros artistas e invitados internacionales, además de proyecciones de películas y exposiciones.
René González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Fernando González fueron designados en 1996 por Cuba para infiltrarse en las redes terroristas anticastristas en Miami, conseguir información y evitar nuevos ataques. Los cinco no se conocían entre sí antes de la misión. Hubo un abordaje individual hacia cada uno de ellos, cuenta el piloto González, y se les planteó la necesidad del país de enterarse a tiempo de los planes de los grupos anticastristas.
El 12 de septiembre de 1998 René fue encarcelado junto a sus cuatro compatriotas por el FBI por el delito de espionaje en territorio norteamericano. Se les mantuvo en confinamiento por 17 meses y 48 días. El juicio se celebró en Miami. Su condena fue de 15 años de prisión por la acusación de ser agente extranjero no declarado. Como René tenía la ciudadanía norteamericana, porque nació en Chicago en 1956, el 7 de octubre de 2011 fue liberado de la cárcel de Marianna, Florida con la condición de permanecer en Estados Unidos bajo el régimen de libertad supervisada por tres años.
No obstante, en 2012 recibió un permiso para visitar Cuba por 15 días y ver a su hermano Roberto, quien había sido uno de los abogados de su defensa y agonizaba de cáncer. René regresó a EE.UU. para continuar cumpliendo su probatoria. En abril del 2013 solicitó y obtuvo otro permiso para visitar a su familia, tras el fallecimiento de su padre. Su abogado propuso entonces a la jueza Joan Lenard que René se quedara en Cuba, a cambio de renunciar a su ciudadanía norteamericana. La propuesta fue aceptada y el 11 de mayo de 2013 René González se quedó en Cuba luego de renunciar a su ciudadanía norteamericana. Sin embargo, ha declarado que, mientras sus cuatro compañeros continúen en prisiones norteamericanas, él se seguirá considerando prisionero.
El éxito de la conferencia de la Celac y las visitas de los secretarios generales de la ONU y la OEA dieron esta semana a Cuba grandes triunfos diplomáticos. La Casa Blanca sabe que no puede ignorar más el rol internacional y continental de la isla, pero, si quiere mejorar las relaciones, no podrá soslayar la liberación de los cuatro agentes cubanos presos. No basta con una vaga promesa como la de cerrar Guantánamo.