domingo, 22 de diciembre de 2013

¿Surge en el MERCOSUR el eje Caracas-Asunción?

Petrodólares por principios

Año 6. Edición número 292. Domingo 22 de Diciembre de 2013
Intereses. El cambio de postura del presidente Cartes confirma una vez más que la necesidad deja de lado los prejuicios./ Intereses bis. Venezuela usa su petróleo como una eficiente arma de negociación
El brusco cambio de timón del gobierno colorado con respecto al Mercosur tiene mucho que ver con la necesidad imperiosa de Paraguay de resolver satisfactoriamente sus necesidades energéticas: los guaraníes son importadores netos de energía y exportadores de alimentos que pueden equilibrar su balanza comercial.
Paraguay convalidó el ingreso de Venezuela al Mercosur a cambio del trueque de su deuda petrolera por alimentos: Asunción y Caracas tienen más en común de lo que creen.

El presidente Horacio Cartes manifestó el jueves que ahora que Paraguay retorna al Mercosur y que el Congreso aprobó el ingreso de Venezuela, peleará “para que se revisen las resoluciones tomadas durante la suspensión que hubo tras el juicio político a Lugo en junio de 2012”. Entre tanto, el mandatario criticó el desopilante consejo de los ex-cancilleres que lo asesoraron para que Paraguay volviera al bloque regional, sin reconocer la afiliación de Venezuela efectivizada en junio de 2012: los “expertos” le habían aconsejado que Venezuela saliera “por un ratito” y esperara a que Paraguay votara su ingreso. A pesar de reconocer el absurdo de su posición de hace todavía un mes, el presidente intentó salvar la ropa negando que el giro de 180 grados que su gobierno y el Partido Colorado dieron tuviera que ver con la negociación de la deuda de Petróleos del Paraguay (Petropar) con Pdvsa por 300 millones de dólares. Del ridículo es difícil volver.
Ya el sábado 14, el síndico de la petrolera estatal Petropar, Luis Morínigo Ganchi, había declarado que Paraguay pagará con alimentos su deuda con Pdvsa. La elite colorada se contorsiona, para conciliar su absurda ideología reaccionaria que data de los años ’50 con la realidad: Paraguay es un gran productor de alimentos que necesita el petróleo que Venezuela tiene, la que a su vez importa casi todos los alimentos que consume. Si la elite paraguaya sigue a su presidente, hará el negocio del siglo y modificará la geopolítica continental, pero para lograrlo el presidente deberá adelantarse a la reacción de la atrabiliaria elite paraguaya.

Petrodólares x principios colorados. En la declaración citada el síndico de Petropar –contra la opinión del presidente de la empresa– señaló que “la alternativa de petróleo por alimentos va a ser muy bien recibida por Venezuela, por la sencilla razón de que siguen importando de Argentina, Brasil y hasta de Bolivia”. Consultado sobre los alimentos que Paraguay podría enviar, dijo que Venezuela compra prácticamente todo: maíz, azúcar, fideos, arroz, harina, lentejas, lácteos, chacinados, carnes, papel (higiénico), etc. “El país caribeño hoy día importa alimentos por 27.000 millones de dólares y Paraguay tiene la brillante oportunidad de participar en ese negocio”, expresó.
Preguntado cómo se haría el pago al exportador paraguayo, explicó que Petropar tendría que depositar fondos rotativos para el pago a los exportadores locales. Con este esquema, los exportadores paraguayos se evitarán tener que cobrar en Venezuela o a través de algún banco internacional. “Ahora se tiene que pedir el congelamiento de los intereses que hoy siguen subiendo”, alertó.
“Sería una vergüenza seguir incomunicados”, manifestó, por su parte, el presidente Cartes el pasado miércoles 18, cuando fue consultado sobre la aceptación por la Cámara de Diputados del protocolo de adhesión de Venezuela. “No negocié nada, preferí que las cosas se hagan de esta forma y no seguir las recomendaciones de algunos diplomáticos que me dijeron que Venezuela tenía que salir para que nuestro país dé el visto bueno”, declaró Cartes a una radio local.
Con respecto a las declaraciones de la diputada Olga Ferreira, quien calificó de vergonzoso el procedimiento de aceptación, Cartes indicó que el país ahora dará legalidad al bloque y lo vergonzoso sería continuar incomunicados.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el miércoles que la cooperación con Paraguay “se va a profundizar”, al celebrar que el Congreso paraguayo haya aprobado de manera definitiva el ingreso de su país en el Mercosur.
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el miércoles 18 la entrada de Venezuela al Mercosur que ya había sancionado el Senado la semana anterior, al tiempo que retiró la declaración de “persona non grata” contra Maduro. Venezuela, presidente de turno del bloque, ingresó al mercado común en junio del año pasado en medio de la crisis institucional desatada en Paraguay como consecuencia del juicio político contra Fernando Lugo. El Mercosur suspendió entonces temporalmente a Paraguay, hasta que Horacio Cartes, electo democráticamente, llegó al poder el 15 de agosto pasado. Revisando posturas anteriores, Cartes acordó con el regreso de su país al bloque, pero insistió en reclamar que primero se resolviera la situación jurídica generada con el ingreso de Venezuela durante la suspensión de Paraguay. No obstante, ambos países acordaron en octubre restablecer sus relaciones durante una visita del canciller venezolano Elías Jaua a Asunción. Desde entonces, Maduro ha reiterado las llamadas para la normalización de la relación de Paraguay con el Mercosur y su compromiso de hacer todo lo posible para conseguirlo. Cartes, por su parte, fue retrocediendo paulatinamente de sus antiguas posiciones extremistas, hasta reconocer la realidad sin decirlo: Venezuela había sido incorporada legalmente al mercado común, cuando Paraguay se había apartado por propia decisión del mismo, al alterar su Congreso el orden constitucional. Pero el presidente debe mantener su retórica reaccionaria, si no quiere perder el apoyo del partido oficialista, la Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado). Por ello, el choque permanente entre su discurso y lo que después hace.
Paralelamente, los dos gobiernos negociaron el trueque por alimentos de la deuda de 300 millones de dólares contraída por la empresa estatal Ptropar con Pdvsa por la importación de petróleo, posibilitando el doble acuerdo ahora alcanzado.

La geografía manda. Destrabado el completo reingreso de Paraguay al Mercosur, el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, manifestó el lunes pasado que su país apoya el ingreso pleno de Bolivia al mercado común. La nación andina había solicitado su adhesión en la cumbre regional de diciembre de 2012, cuando Paraguay estaba suspendido del bloque.
“Paraguay quiere que Bolivia entre al Mercosur, sería un asociado muy importante del bloque”, expresó el ministro. Destacó que hay que recuperar el tiempo perdido por el aislamiento que vivió su país durante trece meses. “El Parlamento decide, pero la voluntad política es que entre al bloque Bolivia, que es un aliado importante para nosotros”, dijo.
Loizaga recordó las “perfectas relaciones bilaterales” entre ambos países y destacó las conversaciones entre las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) y Petróleos Paraguayos (Petropar), para concretar la venta de gas licuado de Bolivia a Paraguay. Las dos naciones superaron varios conflictos en los últimos años. El primero se dio, cuando el ex gobernador de Tarija Mario Cossío se refugió en Paraguay a fines de 2010, tras ser destituido por corrupción. El siguiente choque se produjo en junio de 2012, cuando Bolivia retiró a su embajador de Asunción en protesta por la destitución del presidente Lugo.
El ingreso de Bolivia al Mercosur traería a Paraguay una doble ventaja: por un lado, al aumentar el número de los estados “chicos”, contrapesaría eficientemente la influencia de los “grandes” Argentina y Brasil. Por el otro lado, a cambio de una salida de las exportaciones bolivianas al Río Paraguay, Asunción recibiría de su vecino occidental petróleo y gas en condiciones muy ventajosas y obtendría el paso hacia los puertos peruanos, el camino natural de salida de sus productos hacia el Oriente Asiático.

Riqueza para pocos, indigencia para muchos. El radical giro de la política exterior paraguaya resulta indudablemente de la brusca desaceleración de su economía. De acuerdo a cálculos recientes del Banco Central de Paraguay (BCP), en 2014 el PBI crecerá 4,8% en 2014 contra el 13,6% estimado para este año. El presidente de la institución monetaria, Carlos Fernández Valdovinos, destacó el pasado martes 17 que el PIB de 2014 crecerá menos que el actual, pero con una mejor distribución. Sobre todo el sector primario, que tuvo un crecimiento récord este año, crecerá menos el año próximo, pero acotó que existen otros factores que tienen todavía espacios para crecer por encima de lo normal, como el sector ganadero y el trigo.
En cuanto al sector secundario habló de las construcciones y del grado de procesamiento de la soja. Asimismo, sobre el encarecimiento de la canasta básica familiar, explicó que será el tercer año consecutivo que la inflación cerrará casi en la meta del BCP, cerca del 5%. Este 2013 la inflación cerraría en 4,6%, indicó Fernández Valdovinos. También destacó el buen nivel de las reservas internacionales del país, la política monetaria estable y la solidez del sistema financiero. La baja inflación con tan alto crecimiento se explica por lo reducido del mercado de consumo, expresión de la extendida pobreza e indigencia.
Por su parte, el Ministro de Hacienda, Germán Rojas, señaló al mismo tiempo que el desafío principal es el desarrollo en el que Paraguay está rezagado. Así mencionó los desafíos en la inversión. “Paraguay invierte menos que países dinámicos”, dijo. Entre otros puntos destacó los altísimos índices de desempleo y pobreza extrema como prioridad del Gobierno. Destacó que el plan económico se centra en mejorar la infraestructura, aumentar el capital humano y potenciar el ahorro doméstico. Sin embargo, no es creíble que esta “estrategia de derrame” baste para resolver la inmensidad de los problemas económicos y sociales de Paraguay.
Al menos 1,2 millones de personas pasan hambre en el país. La pobreza extrema sigue imperando en la zona rural, según la Secretaría Técnica de Planificación del Gobierno. José Molinas, secretario Técnico de Planificación, indicó el miércoles 18 en contacto con Cardinal AM que al menos 1.200.000 personas se encuentran actualmente en situación de hambre en el país. “La pobreza extrema está concentrada casi en 70 por ciento en el área rural y en 24 por ciento en el área metropolitana de Asunción”, precisó al señalar que el porcentaje restante se concentra en las ciudades intermedias del interior del país.
Para el campo, el gobierno busca fortalecer los mecanismos de apoyo productivo a la agricultura familiar a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así empezó a trabajar con 43 mil familias de un total de 150 mil que viven en extrema pobreza. Se les entrega una canasta de alimentos equivalente a 1.400 calorías para cinco familias por un mes. También figura en el programa la asistencia de semillas de hortalizas y apoyo técnico continuo.
Ya en un informe del Banco Mundial del año 2007 se describe la inequidad en la distribución de la tierra: “El Paraguay tiene uno de los patrones de tenencia de la tierra más sesgados del mundo, 2% de los establecimientos agrícolas (alrededor de 6.400 granjas) ocupan 82% de la tierra explotada de forma agrícola (alrededor de 20 millones de las 24 millones de hectáreas en uso agropecuario o la mitad del área total de Paraguay de 40 millones de hectáreas). Las mediciones estadísticas de distribución están sujetas a debate debido a las extensas propiedades en el árido Chaco (dos tercios del país, con sólo 2% de la población). No obstante, la desigualdad en la tenencia de la tierra es evidente y se ha vuelto la causa más importante de la inquietud social rural, asimismo un impedimento a la reducción de la pobreza”. Los datos del Banco Mundial sobre la tierra en el Paraguay retratan una gran inequidad en su distribución, tenencia y propiedad que se hace aún más aguda, si se focaliza la atención en la población indígena.
La población indígena de Paraguay aumentó un 29,5 % entre 2002 y 2012, hasta alcanzar las 112.848 personas (el 16,8 % del total de la población), según un censo preliminar. En esa década, el número de indígenas subió en 25.749, de acuerdo con datos provisorios divulgados por la Gobernación del departamento de Boquerón (noroeste).
El estudio divulgado esta semana muestra que las etnias del grupo lingüístico guaraní fueron dominantes en 2012, con un total de 61.290 personas, seguidas por los hablantes del maskoy (26.746) y del mataco (18.627). En cuanto a los pueblos indígenas, el mayor es el mbya, perteneciente al grupo lingüístico guaraní, con un 19% del total, seguido del ava guaraní, de la misma familia lingüística, con un 15,7% del total, y el pueblo nivaclé (lengua mataco), con un 14,5%.
Por departamentos, la mayor concentración se agrupa en Presidente Hayes (noroeste), con 25.789 indígenas (el 22,9% del total), repartidos entre el pueblo Enxet Sur y el Angaité, ambos de la lengua maskoy. Le sigue el departamento de Boquerón (Alto Chaco), con 23.950 indígenas (21,2%), encabezado por el pueblo nivaclé. Los indígenas son la parte más relegada y sometida de la población paraguaya. El Estado y los terratenientes desconocen sus derechos ancestrales a la tierra y el avance de la frontera sojera, talando los montes, los deja sin tierra y sin medios de subsistencia. En consecuencia, acaban en las periferias de las ciudades, viviendo de la venta de chucherías, la mendicidad o, en algunos casos, entregándose a las mafias de la trata.
Contra las medidas del anterior gobierno liberal y del actual colorado, que insisten en el “derrame”, existen propuestas de impuestos que permitirían acumular los recursos, como para que el Estado tenga una política social activa. Sin embargo, estas medidas nunca pasan el filtro legislativo.
En julio pasado, un total de 34 senadores dieron en comisión despacho favorable al impuesto a la exportación de soja, pero finalmente el proyecto de ley fue archivado. Los empresarios de la soja facturarán este año alrededor de 5.000 millones de dólares y en Paraguay la mayoría de los parlamentarios hacen financiar sus campañas por los sojeros. Por esta razón se ha trabado siempre el impuesto a la soja. Es más, muchos de estos proyectos han aparecido en épocas electorales con el fin exclusivo de recaudar dinero.
En otras ocasiones, el proyecto de ley se trababa y no se estudiaba. Esta vez no tenían alternativa y tuvieron que votar. Todavía hasta el día antes de la votación, el pasado 5 de diciembre, se anunciaba en diversos medios que los 23 senadores que protegieron a su colega Víctor Bogado (que finalmente debió ser desaforado) pasarían factura a los empresarios de la soja y la ganadería que los escracharon. Otros medios fueron más lejos y hablaban de que votarían a favor del impuesto a la soja, porque estaban enfrentados con el presidente Cartes.
Hasta el propio autor del proyecto de la ley, Juan Carlos Galaverna (principal mentor del presidente), férreo defensor del impuesto a la soja, repentinamente el 5 de diciembre en plena sesión plenaria de senadores se dio vuelta y votó contra su propio proyecto. Finalmente, de 34 votos que tenía originariamente el proyecto sólo fue votado por 15 senadores.
El proyecto preveía exonerar del tributo a alrededor de 18.000 productores, de los algo más de 27.000 con que cuenta el Paraguay. En realidad el grueso de la recaudación fiscal del iba a provenir de los grandes empresarios, los que tienen más de 500 hectáreas, quienes concentran alrededor del 85,5% de las tierras destinadas a la producción sojera.

Poco a poco van entrando en la horma. Cartes asumió en junio pasado como la esperanza negra de la derecha paraguaya más recalcitrante. Traía en la mochila un programa radical de recuperación del control sobre el aparato político y militar y la economía, para acelerar la “privatización” del país y preparar su ingreso a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, no sólo la resistencia campesina y sindical contra la militarización de las luchas sociales y el creciente reclamo por la reforma agraria, para corregir las gigantescas inequidades en la distribución de la propiedad de la tierra, sino también la imposibilidad de atraer inversiones en condiciones de aislamiento internacional llevaron al presidente Cartes a adoptar un curso más pragmático, sin abandonar su arcaico discurso anticomunista, su patriotismo de cartón pintado y un barniz modernizador que esconde un modelo colonial del siglo XIX.
Por el camino debió romper su alianza con los sectores más duros del coloradismo, expresados en el diario ABC color, que se ha convertido en tenaz opositor del gobierno. H. Cartes y su mentor, Juan Carlos Garaventa, se esfuerzan por modernizar y ampliar la alianza oligárquico-militar que rige Paraguay desde 1947, pero por el camino chocan con muchos sectores enquistados en la política, la Justicia y el mundo empresario que no están dispuestos a delegar el poder concentrado que construyeron durante la dictadura (1954-89) y después ni a flexibilizar su visión del continente. Encerrados en su feudo, quieren tapar el sol con la mano. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, dice el refrán popular. Cartes es inescrupuloso, pero no tonto. Sabe que su primer lugar para hacer negocios es el Mercosur, pero también que debe apresurarse antes de que le den un golpe. El inquilino del Palacio de López ha concentrado mucho poder en los últimos meses, pero si no amplía su base política, los pasillos de la residencia se convertirán en un hervidero de conspiraciones. En procura del espejismo de la “colonia dorada”, Paraguay está acechado por sus viejos fantasmas.

Aunque espía, EE.UU. urge el acuerdo de libre comercio

El Times ya dispara contra Merkel

Año 6. Edición número 292. Domingo 22 de Diciembre de 2013
Cambio de línea. el NYT modificó su mirada sobre Angela Merkel.
El influyente medio informa sobre una “colérica conversación” de la Canciller alemana con Barack Obama.

No bien asumió el gobierno alemán, el NYT intentó desprestigiarlo y separarlo de sus aliados europeos.
Con la evidente intención de debilitar al nuevo gobierno alemán que asumió el lunes pasado, el New York Times publicó al día siguiente un informe desestimando el esfuerzo de Berlín por concluir con EE.UU. un tratado de no espionaje y cuestionando que la Cancillería Federal se arrogue el control de los servicios secretos. La grieta entre ambos aliados se agranda por los contrapuestos intereses económicos, sensibilidades disímiles y la polarización entre EE.UU. y Rusia. Por eso, el diario neoyorquino trata de meter la cuña entre Berlín y sus aliados europeos.
Según el Times, la propuesta de tratado de renuncia al espionaje mutuo germano-norteamericano propuesto por Alemania habría fracasado por la negativa de Washington. Aparentemente, los EE.UU. no quieren crear un precedente al que recurran otros países. El gobierno norteamericano estaría especialmente molesto con el relevo del socialcristiano bávaro Hans-P. Friedrich del Ministerio del Interior y la creación en la Cancillería Federal de una Secretaría de Estado para los Servicios Secretos. Ambas medidas reducen la influencia de los servicios estadounidenses sobre la inteligencia alemana y colocan a ésta bajo la directa dependencia de la canciller. Una de las tareas de la nueva secretaría será cooperar con la comisión parlamentaria de control de los servicios secretos, con lo que se la pone en el centro de la coalición, pero se la controla políticamente.
En el mismo artículo el New York Times informa sobre una "colérica conversación" de Merkel con Obama en octubre pasado, en la que la canciller habría dicho al Presidente que el espionaje de la NSA le recordaba a la policía secreta de la antigua Alemania oriental.
De acuerdo con la respuesta oficial a un pedido de informes presentado por dos diputados de La Izquierda, en los seis meses pasados desde las primeras revelaciones sobre el espionaje norteamericano en Alemania no se ha avanzado mucho. Tampoco hubo respuestas claras sobre la protección de los datos individuales. Según el gobierno, de ellos se encargará la reforma de la respectiva legislación europea, que apenas limita la intervención de los servicios secretos en Internet y cuya negociación no avanza por el desinterés alemán. En cambio, el gobierno elogia la resolución germano-brasileña votada por la Asamblea de la ONU esta semana condenando el espionaje de los datos personales, aunque sin recomendaciones.
En círculos vinculados con la negociación del Tratado de Libre Comercio Transatlántico, en tanto, crece el pesimismo sobre la posibilidad de ratificarlo durante la presidencia de Obama que termina en enero de 2017. Sería necesario alcanzar un acuerdo hasta mitad de 2014, para que los respectivos parlamentos (y, en algunos casos, también los votantes) lo aprueben hasta la primavera de 2016. Después comienza la campaña electoral en EE.UU. y hay que olvidarse. Como entretanto la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó en Bali en noviembre una importante liberalización de los servicios, se relativiza la importancia de los acuerdos bilaterales. Los problemas son principalmente políticos ya que, después del affaire de espionaje, la canciller federal perdió interés en el acuerdo y la mayoría de los alemanes lo rechaza. Sin embargo, si Berlín rechaza el acuerdo, deberá ofrecer a sus aliados europeos una compensación importante.
Rápidamente comienza a entenderse por qué Angela Merkel se esforzó tanto para formar una gran coalición con los socialdemócratas: la dimensión de los cambios mundiales y en Europa requiere el apoyo de enormes mayorías parlamentarias. El actual enfrentamiento entre Alemania y EE.UU. muestra que firmar el Tratado de Libre Comercio del Atlántico implicaría romper con Rusia, lo que Alemania –dependiente del gas ártico– no puede hacer. Ahora bien, si Alemania no firma el acuerdo comercial, debe ofrecer a sus aliados europeos una alternativa. El ataque del Times busca colocar aquí una cuña. No es el primero, pero tampoco será el último.

domingo, 15 de diciembre de 2013

Alemania quiere recibir el gas ruso sin enojar a EE.UU.

Merkel juega con un campeón en Ucrania

Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Europeísmo. La crisis del gobierno ucraniano se muestra en creciente magnitud.
Apoyado por la canciller alemana, el ex boxeador Vitali Klichko va a negociar con el gobierno de V. Yanukovich. En el acto masivo de hoy se verá si así se evita la violencia.
Ucrania se encuentra peligrosamente al borde de la confrontación violenta, después de tres semanas de protestas que estallaron, cuando el presidente Viktor Yanukovich desistió de firmar el tratado de asociación con la Unión Europea (UE) que había sido negociado durante años. Mientras la UE insiste en que se respete el tratado, Rusia sigue ofreciendo la incorporación a la Unión Aduanera con Bielorrusia y Kazakstán. Sin embargo, en un giro repentino, el viernes por la tarde el ex campeón mundial de peso pesado y líder opositor conservador Vitali Klischko aceptó bajo influencia de Ángela Merkel sentarse a una mesa redonda de negociaciones con el gobierno. Inmediatamente lo siguieron los demás partidos opositores. Como se desarrolle hoy la gran manifestación convocada por la oposición dará la pauta de si el gesto fue una finta boxística, un acto de pacificación para evitar el desastre o una rendición por puntos.
Reclamando la caída del gobierno y la firma del tratado de asociación con la UE la alianza opositora ucraniana convocó para este domingo 15 a una gran manifestación en Kiev en la que espera concentrar un millón de personas. Después de que el miércoles la policía intentó desalojar a los manifestantes que desde hace tres semanas ocupan la Plaza Independencia (Maidan) en el centro de la capital y debió retirarse después de tres horas, la oposición está aumentó su presión sobre el gobierno. Probablemente influyó en la retirada la encargada de las Relaciones Exteriores de la UE, Catherine Ashton, quien el miércoles y jueves estuvo en Kiev, fue a la plaza y se reunió con el presidente, el que le prometió negociar con la oposición y concretar la asociación con Bruselas. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, amenazó el jueves con decretar sanciones contra Ucrania, si el gobierno continúa reprimiendo a la oposición.
El presidente viaja este martes a Moscú, para ablandar la posición de Vladimir Putin. Éste, por su parte, declaró el jueves que Rusia mantiene la puerta abierta, si Ucrania quiere sumarse a la unión aduanera, pero la UE ya avisó que Ucrania debe decidirse por una u otra propuestas.
Cualquier alternativa que Ucrania elija, acarreará severas pérdidas. Si firma el tratado de asociación con la Unión Europea, además de adaptar más de 300 leyes, deberá aceptar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) con severos condicionamientos. Asimismo, la apertura del mercado a los productos europeos significaría la muerte de numerosas empresas. Si, por el contrario, Ucrania se suma a la unión aduanera encabezada por Rusia, sus regiones occidentales se separarán del país. Finalmente, si se adopta un compromiso ecléctico del tipo “tanto…como…”, nadie se hará cargo del salvataje financiero del país que está gravemente endeudado.
En una columna publicada en The New York Times el pasado jueves 12, el economista Anders Aslund, del Peterson Institute for International Economics en Washington, muestra de qué modo el presidente se deshizo paulatinamente desde 2010 de los oligarcas concentrando poder y riqueza en su propio grupo. El gobierno está actualmente controlado por un grupo de jóvenes empresarios oriundos del Donetsk (en el Este del país), al igual que el presidente. Estos empresarios, que se reúnen en torno del hijo del presidente, Oleksandr Yanukovich, de 40 años, y son llamados “la familia Yanukovich”, han copado los ministerios económicos y el del Interior. Apoyada en su control de la policía, la Justicia y la autoridad impositiva, la “familia” fue comprando las empresas de sus competidores. Sólo el “rey del chocolate” Petro Poroshenko, propietario de la chocolatera Roshen, se atreve todavía a oponerse. De los magnates anteriores al ascenso de Yanukovich sólo sobreviven Rinat Ajmetov y Dmitro Firtash. Ajmetov es la persona más rica de Ucrania y se hace representar en el gabinete por seis miembros. Su holding System Capital Management (SCM) casi duplicó el número de sus empleados bajo el gobierno de Yanukovich, comprando acerías privadas y estatales. Ajmetov era desde los ’90 el socio mayoritario del actual presidente, pero ahora es claramente el minoritario. SCM posee siderúrgicas en distintos países de Europa y depende de sus exportaciones hacia la UE. Por eso es fervientemente proeuropea. D. Firtash, por su parte, es un gran comerciante de gas e industrial químico, pero su vínculo actual con el presidente es inseguro. Por eso, sus canales de TV informaron objetivamente sobre las movilizaciones. La mayoría de los oligarcas está a favor de la asociación con la UE, para poder exportar a dicho mercado, pero sobre todo para tener protección legal contra la “familia” Yanukovich.
Aprovechando los cambios en la elite ucraniana y para superar la confrontación Este-Oeste sobre la asociación de Ucrania, la canciller alemana Ángela Merkel está impulsando al ex boxeador Vitali Klischko como alternativa conservadora.
Sólo un acuerdo entre la Unión Europea y Rusia puede superar la polarización alcanzada y sobreponerse a la crisis de la economía ucraniana. Sin embargo, la primera está tironeada entre la ofensiva anglonorteamericana para cercar a Rusia y la política alemana de distensión. Probablemente Vladimir Putin también tenga actualmente que dedicar mucho esfuerzo a apaciguar a sus generales que desean invadir Ucrania para resguardar su área de influencia. En la crisis ucraniana hay demasiados actores complicados en el manejo de material altamente explosivo y no todos son cuidadosos. En los próximos días se probarán las chances de la tercera vía apoyada por Ángela Merkel.

En Brasilia tendrán que revisar la amnistía de 1978

La democracia brasileña revisa sus orígenes sangrientos

Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Juscelino Kubitschek. La comisión de la verdad de San Pablo pidió cambio de carátula para su muerte.
Al probar el asesinato del ex presidente Kubitschek en 1976, la Comisión de la Verdad de San Pablo demostró que la eliminación de líderes opositores fue parte de la transición hacia la democracia.

Al anunciar el pasado martes 10 que pedirá al Congreso Nacional, al Supremo Tribunal Federal (STF) y a la Presidencia de la República el cambio de carátula de la causa por la muerte del ex presidente Juscelino Kubitschek (popularmente llamado JK) el 22 de agosto de 1976, la Comisión de la Verdad de la Cámara Municipal de San Pablo puso en la agenda pública la revisión de los asesinatos de líderes opositores con los que la dictadura cívico-militar (1964-85) intentó controlar la apertura política iniciada durante el gobierno de Ernesto Geisel (1974-79). Esta revisión puede extenderse a la Ley de Amnistía de 1978, con la que la dictadura clausuró toda investigación sobre sus violaciones de los derechos humanos, y desencadenar una discusión nacional sobre los fundamentos sangrientos de la democracia brasileña.
Según la versión oficial todavía vigente, JK murió el 22 de agosto de 1976 como resultado de un accidente automovilístico, después de que su chofer perdiera el control del vehículo y chocara contra un ómnibus que venía en dirección contraria en la Autopista Presidente Dutra, que une San Pablo con Río de Janeiro. Por el contrario, los concejales paulistas creen que Juscelino fue asesinado por orden de los generales Golbery do Couto e Silva (entonces jefe de la Casa Civil de la Presidencia e ideólogo de largos tramos de la dictadura) y João B. Figueiredo (jefe del Serivicio Nacional de Inteligencia, SNI), quien luego sería el presidente que condujo la transición a la democracia entre 1979 y 1985.
En el informe de 30 páginas presentado el martes, la comisión afirma tener más de 92 indicios de asesinato, según el concejal Gilberto Natalini (del Partido Verde), presidente de la Comisión Municipal de la Verdad. Con esta investigación, la comisión paulista pretende contribuir a las pesquisas de la comisión nacional. Un punto relevante señalado por la comisión fue la falta de radiografías del cuerpo del chofer de JK, Geraldo Ribeiro, a pesar de que una autopsia realizada en 1996 encontró en su cráneo un fragmento metálico de siete milímetros, indicio de que alguien disparó contra él. Según declaraciones testimoniales, los peritos forenses no pudieron fotografiar los cuerpos en el lugar del accidente y el de Ribeiro fue retirado por el director del Departamento Técnico-Científico de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro en aquella época. De acuerdo al testimonio del perito criminal Alberto Carlos de Minas, durante la autopsia realizada hace 17 años las autoridades del Estado de Minas Gerais tampoco le permitieron fotografiar el cráneo.
En el testimonio que dio ante la comisión en octubre pasado el chofer del ómnibus chocado por el coche del ex presidente, Josias Nunes de Oliveira, de 69 años, dijo que poco después del suceso desconocidos lo buscaron en su casa y le ofrecieron una maleta llena de dinero, para que asumiera la culpa del “accidente”, amenazándolo de muerte si contaba lo que había visto.
“Peritajes, testimonios y documentos de aquella época nos ayudan a concluir que las pericias realizadas entonces fueron fraudulentas”, afirma Natalini. Por el contrario, las evidencias recogidas este año por la comisión son concluyentes. Entre ellas está el testimonio del camionero Ademar Jahn, que presenció el incidente y vio al chofer Geraldo Ribeiro “con la cabeza caída entre el volante y la puerta del automóvil, inconsciente, sin control sobre el vehículo, aún antes del impacto”. Otros testimonios recién tomados indican que entre el coche de Kubitschek y el ómnibus pasó antes del choque un tercer coche desde el que pudo hacerse el disparo que mató a Ribeiro.
La dictadura preparó una transición sin opositores.
Juscelino Kubitschek fue presidente de Brasil entre 1956 y 1961. Durante su gobierno, impulsó una enérgica política desarrollista aliado a los laboristas de Joao Goulart, y su marca principal fue la construcción de la nueva capital, Brasilia, en el corazón de la meseta central. En la época en que fue asesinado estaba articulando una amplia coalición opositora junto con el ex presidente Goulart y el periodista derechista Carlos Lacerda, para forzar al régimen a convocar a elecciones presidenciales abiertas (bajo la dictadura los presidentes se “elegían” en colegios electorales “elegidos” por el Congreso) a las que pensaba presentarse. Sus movimientos eran motivo de preocupación para los agentes de la Operación Cóndor. En una carta enviada el 28 de agosto de 1975 a João Baptista Figueiredo –adjuntada al expediente ahora presentado–, el jefe de la DINA chilena, coronel Manuel Contreras, se manifiesta preocupado por la posible victoria de Jimmy Carter en los EE.UU. en las elecciones que debían tener lugar en noviembre del año siguiente y su apoyo a los políticos opositores a las dictaduras de la región, como el chileno Orlando Letelier y el propio JK. Al año siguiente del envío de la carta, Kubitschek moría en agosto, Letelier en septiembre, Goulart en diciembre y Lacerda en mayo de 1977.
La aclaración de la muerte de Kubitschek es uno de los puntos más salientes de la investigación de la Comisión Municipal de la Verdad, que acaba sus trabajos en mayo de 2014 junto con su par nacional.
La muerte de João Goulart está siendo investigada por la Comisión Nacional de la Verdad. Su cuerpo fue recientemente exhumado y ahora se espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte. El ex presidente murió de un infarto en la ciudad de Mercedes (Corrientes) y los gobiernos argentino y brasileño no permitieron que se realizara obducción alguna. El caso de Lacerda es todavía más asombroso, ya que como aliado de los militares fue la cabeza civil del golpe de Estado de marzo de 1964, se alió con Kubitschek y Jango Goulart en el llamado Frente Amplio de 1966; al sancionarse en diciembre de 1968 el Acta Institucional N° 5 que instituyó la dictadura total, perdió sus derechos civiles y políticos y murió en abril de 1977, después de internarse con una gripe fuerte y de haber recibido una inyección, cuatro meses más tarde que Goulart y ocho después de Kubitschek.
Ya el año pasado la Comisión Nacional de la Verdad anunció que investigaría la relación entre las tres muertes. Sin embargo, no pasó nada. La CNV ha sido desde su fundación, a principios de 2012, escenario de numerosos conflictos entre sus integrantes que llevaron a dos cambios de titularidad. Movimientos brasileños de derechos humanos y observadores políticos sospechan que esos conflictos resultan en parte de las presiones militares para que la Comisión retrase su trabajo y lo acabe sin llegar a conclusiones. Por eso mismo resulta tan importante el trabajo de las comisiones estaduales y municipales, como la de San Pablo.
Si se demuestra que los ex presidentes João Goulart y Juscelino Kubitschek y el periodista Carlos Lacerda fueron asesinados por la dictadura cívico-militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, cuando estaban preparando un frente opositor para obligar al régimen a llamar a elecciones directas, quedará viciada de nulidad la Ley de Amnistía de 1978, con la que el régimen liberó a los presos políticos a cambio de perdonarse todos sus crímenes. Estas evidencias podrían obligar al Supremo Tribunal Federal (STF) a revisar su voto de 2010 convalidando la amnistía e inducirlo a anularla. Llegado ese punto, se desataría la catarata de reclamos y demandas por las vulneraciones a los derechos humanos de toda la población comprimida desde hace 35 años. Es poco previsible que el STF se atreva a tanto mientras lo presida Joaquim Barbosa, que aspira a ser uno de los candidatos conservadores en las elecciones de 2014, pero si no entonces, inmediatamente después. Hay demasiado pasado no esclarecido amontonado sobre el presente de Brasil. Su democracia necesita saber la verdad sobre sus orígenes sangrientos.

domingo, 8 de diciembre de 2013

Está en juego el futuro de la asociación con YPF

La reforma de Pemex nos atañe

Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Capitalización. Los cambios propuestos para pemex implican un cambio de rumbo histórico.
Para profundizar su internacionalización, la empresa petrolera mexicana debe modificar su estatuto y ello implica necesariamente una reforma constitucional. De su letra chica depende su capacidad para asociarse con nuestra YPF.

Si hoy se discute en la Comisión de Energía del Senado de la República Mexicana el predictamen sobre la reforma energética, este proyecto entrará en la recta final de su tratamiento con la urgencia que le ha impuesto el presidente Enrique Peña Nieto y podrá ser aprobado todavía en el año viejo. Nadie discute en México que la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) necesita capitalizarse para afrontar los desafíos presentes y futuros, pero para ello debe modificarse la Constitución Federal de 1917. Los lobos acechan en el camino y muchos mexicanos temen la pérdida de la soberanía nacional. Si ésta no sale indemne, Pemex perderá autonomía para elegir sus socios, entre otros nuestra petrolera de bandera. Por eso la reforma de Pemex nos interesa.
La reforma energética de 2013 en México es una iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión el 12 de agosto pasado. Dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México (firmado en diciembre de 2012 por los tres principales partidos políticos: el PRI, el PAN y el PRD) se encuentra la realización de una reforma energética que promueva al sector como motor de inversión y desarrollo. En esta reforma se propenderá a que los hidrocarburos sigan siendo propiedad de la Nación; transformar a Pemex en una empresa pública productiva de propiedad del Estado, con la capacidad de competir en la industria para convertirse en una empresa de clase mundial; multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos; competir en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos; fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos como órgano de control; convertir a Pemex en el motor de una cadena de proveedores nacionales y en la producción nacional de fertilizantes y establecer una estrategia para el desarrollo de energías renovables y de ahorro de energía.
En el proyecto oficial se propone eliminar del artículo 27 de la Constitución la prohibición de utilizar contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo. La modificación no altera la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y mantiene la prohibición de conferir a privados derechos sobre recursos naturales. Estos contratos permitirían la participación de los sectores social y privado en la exploración y extracción de hidrocarburos, a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos. De igual forma, se buscar suprimir del artículo 28 de la Constitución la petroquímica básica como área estratégica que no constituye monopolio. Con esto se permitiría que los particulares participen directamente en la cadena de valor después de la extracción, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo federal en los términos que establezca la legislación secundaria.
Se menciona que dentro de una próxima reforma impositiva se propondrá un nuevo régimen fiscal para Pemex, en el que se establecería un pago de derechos más bajo y el remanente de ese pago de derechos podría ser reinvertido en la empresa o transferido al presupuesto federal.
Desde que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de esta reforma en agosto pasado al Congreso de la Unión, se han desatado diversos tipos de críticas y opiniones, entre las que destacan los contratos de utilidad compartida, para que la paraestatal pueda asociarse con empresas privadas sin necesidad de privatizar, y el fondo administrador de los beneficios del negocio petrolero.

Pemex ante los nuevos desafíos. El presidente del directorio de la paraestatal mexicana, Emilio Lozoya, declaró el miércoles 4 que "en los próximos cinco o seis años, Pemex requerirá inversiones por 40 mil millones de dólares en refinación". La reducción de las reservas urge tomar decisiones: México producía en 2005 3,5 millones de barriles de crudo diarios; en 2012 sólo llegaba a los 2,5. Los yacimientos han envejecido, la empresa no ha entrado en el negocio del petróleo bituminoso ni en la exploración de los enormes yacimientos submarinos en el Golfo de México, así como casi no se ha internacionalizado por falta de capitales.
Ya en marzo pasado, en un reportaje al portal económico Expansión (de la CNN), el presidente de la empresa mexicana anunciaba la nueva estrategia de internacionalización de Pemex: "Estados Unidos ha sido históricamente el destino de aproximadamente 85% de las exportaciones mexicanas de hidrocarburos, pero esa relación deberá modificarse a lo largo de la presente administración, en la que Asia comenzará a jugar un papel más relevante", planteó Lozoya.
Más adelante afirmó que "para 2017, Estados Unidos se convertirá en el primer productor de crudo del mundo y se volverá autosuficiente en materia energética hacia el año 2035, de acuerdo con proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). En el grado en el que Estados Unidos sea más autosuficiente, nosotros podremos colocar nuestro petróleo en Asia o en Europa, eso no es un riesgo para Pemex", dijo Lozoya. "Parte de mi estrategia es diversificar las relaciones comerciales de Pemex, particularmente hacia el consumo en China e India, que van a requerir todo tipo de gasolina", detalló. Actualmente, la paraestatal ya invierte en capacidad de refinación para abastecer la demanda local de combustibles de bajo azufre, pero también se buscaría exportar destilados a Asia en el mediano plazo, sobre todo si se aprueba la reforma energética. "El mercado del petróleo es de alianzas estratégicas –señaló–, a Pemex no le conviene perder el mercado estadounidense inmediatamente. No cualquier refinería puede refinar el petróleo mexicano, que, igual que el venezolano, tiene particularidades de densidad", explicó Lozoya. Pemex puede ser "una avenida de internacionalización", consideró Lozoya. "En nuestra relación hacia Centro y Sudamérica, tengo en mente buenas oportunidades de negocio para Pemex", afirmó, pensando evidentemente en YPF.
Fintas políticas. El pasado 28 de noviembre, el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejó el Pacto por México y exigió posponer la discusión de la reforma política, argumentando que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere acelerar el debate para aprobar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. El líder del PRD, Jesús Zambrano, dijo ante los medios que el partido se retira del acuerdo y acusó al PRI de haber negociado la reforma energética con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sin consultar al PRD. Horas después, César Camacho, dirigente del PRI, negó que en el análisis sobre la iniciativa de la reforma energética existieran "reuniones bilaterales" –entre PRI y PAN– y que hayan sido excluidos los representantes del PRD.
No está todavía claro por qué el PRD entró al Pacto por México a fines de 2012 (y, en consecuencia, sufrió una escisión) y ahora ha salido de él. Desde el primer momento se sabía que la derecha buscaría aprovechar la reforma energética para desproteger a Pemex y dejarla a merced de sus futuros socios capitalistas. En lugar de plantear el debate público, los líderes del PRD aceptaron primero la negociación sigilosa, para salirse después intempestivamente. Ahora sólo les resta oponerse desde afuera.
Con la reforma energética se pretende en principio abrir a Pemex a la cooperación con inversionistas privados que aporten el capital necesario para la recuperación de yacimientos tradicionales y comenzar la exploración de yacimientos de esquistos bituminosos y submarinos. La internacionalización de las operaciones por primera vez en sus 75 años de existencia depende también de que se consiga el capital necesario, aunque el acceso a yacimientos especialmente rentables también podría ser un aliciente para conseguir el financiamiento. Aprovechándose de este cuello de botella en el que está atorada la petrolera mexicana, la derecha vernácula y las corporaciones norteamericanas conspiran para que la reforma energética desproteja a Pemex y la convierta en campo de saqueo. Nunca antes tuvieron los intereses soberanos argentinos tanto interés en la capacidad de intervención democrática del pueblo mexicano.

La derrota del intento de cerrar el cerco a Rusia

En Ucrania, la Guerra Fría también se gana con gas

Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de Diciembre de 2013
Desde Ucrania sin amor. La oposición al gobierno local pretende disminuir la influencia de Moscú.
Tensión entre Rusia y la Unión Europea.

El intento de golpe de Estado que aprovechó las multitudinarias protestas que ocuparon las calles de Kiev el fin de semana pasado para intentar derrocar al gobierno ucraniano fue vencido por la chequera llena de gas del gobierno ruso y esta victoria es estratégica.
Cuando el presidente Viktor Yanukovich volvió de su reunión con Vladimir Putin el pasado 20 de noviembre y anunció que no firmaría el tratado de asociación con la Unión Europea (UE) urdido en trabajosas y largas negociaciones, la Comisión Europea cometió el terrible error de presionarlo públicamente y de incitar, junto con el gobierno norteamericano, al levantamiento popular, para evitar el fracaso de la cumbre europea que se reuniría en Vilna (Lituania) los días 28 y 29 de noviembre. Con la incorporación de Ucrania ambos esperaban cerrar aún más el cerco en torno de Rusia, pero se olvidaron de dos factores determinantes: en tiempos de crisis económica la UE no está en condiciones de equiparar las compensaciones que Rusia puede hacer para conquistar al remiso y, ante la cercanía del invierno boreal, a sus miembros en Europa central y oriental les importa más asegurarse el gas ruso para sobrevivir que seguir los jueguitos estratégicos de Washington y Bruselas.
Aunque las protestas populares contra el gobierno ucraniano llegaron a congregar el domingo 1° a 300.000 personas en Kiev y a ocupar el gobierno municipal, después de que el Parlamento ucraniano (Rada) rechazó el pasado martes 3 la moción de censura contra el primer ministro Mykola Azarov, las manifestaciones perdieron masividad. La esperanza opositora de que diputados del oficialista Partido de las Regiones se adhirieran a la moción fracasó, porque las facciones oligárquicas que financian a los parlamentarios les ordenaron mantener la lealtad al presidente y a su primer ministro. Por ahora se mantendrá el delicado equilibrio político del país.
En el cambio de decisión presidencial sobre la asociación con la Unión Europea pesó la amenaza rusa de aumentar las tarifas aduaneras sobre los productos ucranianos y los precios del gas que vende a su vecino, así como de pagar un canon menor por el gas ruso que pasa hacia Europa central por Ucrania.
La mayoría de las exportaciones ucranianas se comercializan con la Unión Europea y sus vecinos rusos y bielorrusos. El país depende en gran medida de los suministros rusos de energía, especialmente petróleo y gas natural. Si bien produce el 25% del gas natural que necesita, importa cerca del 35% de Rusia y el 40% de Asia Central a través de ductos controlados por Rusia. Al mismo tiempo, el 85% del gas ruso se transporta a Europa continental a través de Ucrania.
La dependencia estructural que Europa continental y Ucrania tienen del suministro ruso de gas explica que la solución de la crisis política ucraniana no viniera de políticos o diplomáticos, sino de los ejecutivos de Gazprom, el gigante mundial ruso del gas. De acuerdo con versiones e informaciones coincidentes, como premio por el rechazo de la moción de censura contra el gobierno, la empresa otorgó a Ucrania el miércoles 4 una rebaja extraordinaria en el precio del gas, mientras sus representantes negociaban en Bruselas un acuerdo con la Comisión Europea en el proceso que ésta le sigue por prácticas monopólicas, a cambio de que la Comisión redujera su presión sobre Kiev para que firme el tratado de asociación. A cambio de los favores recibidos, Ucrania redujo los aranceles que cobra de Gazprom por el pasaje del gas hacia Occidente.
En octubre pasado, Gazprom había protestado ante el gobierno ucraniano por la falta de pago de sus compras de gas y amenazado con exigir pagos por adelantado, pero, apenas Ucrania desistió del tratado de asociación con la UE, Gazprom le prorrogó sine die sus pagos. La moratoria obtenida es tanto más importante para Ucrania, en cuanto la deuda gasífera contraída asciende ya a los dos mil millones de dólares y sus reservas de divisas se han esfumado en los últimos meses.
Ucrania está tratando de salir de su tercera recesión desde 2008. Hace poco debió romper las negociaciones con el FMI para obtener 15 mil millones de dólares por las exageradas demandas de ajuste que éste puso. Por su parte, tampoco la Unión Europea se negó a concederle préstamos por arriba de los 610 millones de euros ya acordados, argumentando con los beneficios que Ucrania tendría como miembro asociado a la Unión. Esta mezquindad muestra que en tiempos de crisis la UE no tiene demasiado espacio de maniobra para presionar a propios y ajenos.
A lo largo de varios años la UE ha negociado con Ucrania el tratado de asociación y libre comercio más abarcador de su historia. De firmarlo el país del sureste europeo debería adoptar centenares de leyes, regulaciones y estándares europeos y reformar profundamente sus instituciones políticas, legales y estatales. Sin embargo, aunque está lleno de promesas, el acuerdo se detiene a un paso de la total incorporación de Ucrania a la UE. Por las condiciones políticas y económicas que impone el tratado es de tipo colonial.
Vladmir Putin rompió el cerco y derrotó a la alianza UE-EE.UU. Ahora debe consolidar la unión aduanera y golpear rápido en otro punto (probablemente, en el Medio Oriente), para alejar el riesgo de nuevos ataques a su inmediata esfera de poder. Sin embargo, en la Segunda Guerra Fría los pueblos son aún más importantes que en la primera. La situación económica ucraniana debe mejorar aceleradamente, si Yanukovich quiere evitar un 2014 ardiente. Así como la coexistencia pacífica evitó el desastre nuclear, sin acabar con la Primera Guerra Fría, la gasífera puede evitar el choque frontal en la segunda, pero no traer la paz. La batalla de Ucrania ha sido sólo un episodio.

domingo, 1 de diciembre de 2013

El presidente paraguayo acumula enemigos por doquier

Las Cartes sobre la mesa

Año 6. Edición número 289. Domingo 1 de Diciembre de 2013
Al cumplir sus primeros cien días en la presidencia del Paraguay, el mandatario-empresario acumuló adversarios que, si se unen, pueden bloquear su estrategia neoliberal.

Horacio Cartes celebró el pasado domingo 24 sus primeros cien días en la presidencia de Paraguay chocando con sectores del Congreso que le endilgan la intención de cerrar el poder legislativo para gobernar con poderes absolutos. Desde otro flanco, apunta al mismo blanco un movimiento de “indignados” reclutado entre la clase media y media alta de Asunción y “autoconvocado” a través de las redes sociales. Expectantes, los movimientos sociales urbanos y rurales debaten su actitud ante los nuevos reclamantes. De las combinaciones posibles entre los cuatro actores de la política paraguaya depende el curso futuro.
El diario oficialista ABC Color señaló el viernes 29 que “la seguridad en los primeros 100 días de gobierno de Horacio Cartes se vio marcada por mortales ataques del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y los asaltos de ‘motochorros’”. Más adelante, resumió: “Los primeros 100 días de gobierno de Horacio Cartes han visto un acercamiento de Paraguay con los miembros del Mercosur”. Y acabó con un “Cartes y el Congreso comenzaron un idilio que parece más bien un noviazgo de apariencia”.
Desde el otro extremo del arco político, el Frente Guasú (FG) dio el martes 26 una conferencia de prensa sobre el período inicial de la presidencia de Cartes en la que consideró que el “nuevo rumbo” presidencial estaba marcado por una alta concentración de poder autoritario, la represión a sectores populares, los recortes sociales y el aumento de la pobreza y desigualdad. Se quejaban, también, del veto de Cartes a la ley del impuesto a la soja, dando vía libre al avance de la sojización. El FG sostuvo que en esta primera etapa de la administración Cartes la línea política se dirigía hacia el fortalecimiento de sectores privilegiados del país, en detrimento de los intereses de las clases populares.
El FG observó que el crecimiento macroeconómico del 14% tiene una correlación contradictoria y sin sentido. Y cuestionó al mandatario porque “a espaldas de la ciudadanía”, y con el apoyo de una mayoría parlamentaria, haya aprobado leyes con las que “concentra superpoderes”. Precisaron también que, actualmente, las Fuerzas Armadas crearon terror irrumpiendo en horas nocturnas en viviendas campesinas por fuera de su objetivo de combatir al EPP”.
De acuerdo con una encuesta de la brasileña IBOPE, publicada el 24 de noviembre, el gobierno de Cartes cumplía sus primeros cien días con un bajo nivel de aprobación, pero todavía sin gran rechazo. El sondeo, realizado por la empresa Ibope-Cies para varios medios de comunicación, indicó que un 29% aprobaba la labor de Cartes, mientras que un 18% la rechazaba. Un 53% de los paraguayos consideró su gestión hasta ahora como “regular”.
Por su lado, el encuestador Enrique Taka Chase realizó un “barómetro de gestión” del presidente Horacio Cartes en sus primeros cien días. La encuesta arrojó que un 61,7% cree que los hechos encarados por el mandatario son “buenos”. Según los encuestados, la situación del país en los aspectos económico, político y social mejorará en 2014. Indicó el estudio que el 19,5% de la población consideró que la gestión de cien días es mala, el 7,4% la calificó de muy mala y sólo un 6,3% dijo que era muy buena. Los principales problemas de Cartes, de acuerdo con las respuestas, fueron la baja calidad de vida (57,9%), el desempleo (52,1%), la educación (46,4%), la seguridad ciudadana (32,7%) y el clientelismo/amiguismo del Partido Colorado (19,2%).
A tan sólo tres meses de haber asumido su mandato, Horacio Cartes ya tomó una serie de medidas para profundizar el neoliberalismo en Paraguay. Con los poderes especiales para que el ejército intervenga en la lucha contra la supuesta guerrilla del EPP y contra el narcotráfico, la Ley de Responsabilidad Fiscal y la de Alianza Público-Privada, el presidente adquirió poderes extraordinarios para remodelar el país de acuerdo con sus objetivos ideológicos y empresariales.

Los “indignados” contra el Congreso. El jueves 28 de noviembre, finalmente, los senadores sucumbieron ante las protestas callejeras y desaforaron al senador colorado Víctor Bogado. Inmediatamente, el senador Enrique Baccheta (de la colorada Alianza Nacional Republicana) propuso revocar la resolución por la cual se rechazó el desafuero de Carlos Filizzola, del Frente Guasú, el pasado 13 de junio de 2013.
La presión callejera modificó la decisión de los 23 senadores que, hace aproximadamente quince días, blindaron al legislador, imputado por cobro indebido de honorarios y presunta estafa al Estado, al comisionar a Gabriela Quintana Venialgo, funcionaria en el Congreso y niñera de su hijo, a la entidad binacional Itaipú. El senador Filizzola, a su vez, había sido defendido por sus colegas contra una investigación por la supuesta compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional durante su gestión al frente del Ministerio del Interior en el gobierno de Fernando Lugo (2008-12).
“No se puede usar esto como una moneda de cambio, de politizar sin el debido proceso como una forma de linchamiento”, expresó Filizzola minutos antes de votar también por su desafuero. Durante la sesión ordinaria del jueves 28 de la Cámara de Senadores, Carlos Filizzola acusó a su colega del Partido Colorado por tráfico de influencias en el Poder Judicial. El senador Filizzola consideró que la medida fue una moneda de cambio por el desafuero de Víctor Bogado.
La ira callejera estalló el pasado 15 de noviembre, cuando la Cámara alta rechazó el desafuero de Víctor Bogado, ex presidente de la Cámara de Diputados y actual senador del Partido Colorado, la agrupación del mandatario Horacio Cartes. La Fiscalía había pedido procesarlo por haber contratado en la Cámara de Diputados a una mujer que recibía dos sueldos con dinero público por cargos que no cumplía. Su caso se convirtió en un símbolo de la práctica del nepotismo en el Congreso, puesta de manifiesto después de que las dos cámaras cedieran a las denuncias de la prensa y publicaran en octubre los nombres y sueldos de sus funcionarios.
La mecha se encendió en la noche del viernes 15 cuando el también senador colorado Óscar González Daher, del “Grupo de los 23”, fue expulsado de una pizzería, entre improperios y gritos de “fuera ladrón”, según el diario ABC Color. Céntricos y transitados restaurantes de la capital paraguaya decidieron entonces hacer uso de su derecho de admisión para prohibir la entrada a sus locales de los 23 congresistas. Unas 2.000 personas marcharon esa noche por el centro de Asunción portando rollos de papel higiénico para “limpiar” el Congreso de corrupción. Los manifestantes se “autoconvocaron” a la jornada a través de las redes sociales bajo el eslogan #15NPY.
La protesta, llena de banderas paraguayas, discurrió por el centro de la capital hasta detenerse frente al Parlamento, resguardado por un centenar de agentes de la policía. Los “indignados” paraguayos leyeron el nombre de cada uno de los parlamentarios que habían votado a favor de la protección de Bogado y acusaron al presidente Horacio Cartes de proteger las prácticas corruptas en el Congreso.
En los días siguientes se sucedieron las protestas en el centro de Asunción. Restaurantes, gimnasios, despensas y locales comerciales de Asunción se unieron para prohibir la entrada a los senadores que votaron contra el desafuero de Víctor Bogado. Hasta los taxistas se manifestaron contra la impunidad, y se congregaron el pasado sábado 23 frente al Congreso para declarar su “indignación” por los casos de corrupción y nepotismo. Los taxistas acordaron no llevar a los 23 congresistas en sus vehículos o siquiera responder a llamadas del Congreso, dijo a Efe Nazario Ríos, presidente de su cooperativa.
El día 20 se repitió la protesta en forma de una caravana que recorrió el centro de la ciudad. Y el 27 se produjo un “abrazo” al parlamento en el que participaron unas 300 personas.
En el portal de izquierda E’a del 26 de noviembre, el analista Anibal Orué Pozzo publicó el siguiente comentario: “En los últimos meses, varios sectores sociales han ocupado las calles protestando, denunciando y exigiendo, entre otras cosas, el esclarecimiento por la muerte de campesinos y policías en la masacre de Curuguaty (diciembre 2012) y un salario y jubilación dignos para los maestros (mayo/junio 2013). También repudiaron la militarización del país, la aprobación de la ley de alianza público-privada (octubre 2013) y, días atrás, a sectores del Parlamento que votaron contra el desafuero de uno de sus miembros. Sin embargo, y a pesar de ser reivindicaciones y movilizaciones que cuentan con cierto apoyo popular, existe una diferencia entre las anteriores citadas y la última. Las convocatorias del viernes 15NPY y la del 20NPY contaron no solamente con una gran cobertura de los medios masivos de comunicación, sino que también la impulsaron, estimularon e, inclusive, dieron amplio despliegue editorial a estas protestas”.
Y añade: “Las protestas convocadas durante los meses de mayo y junio de 2012 por un grupo de jóvenes contra el aumento del presupuesto a la Justicia Electoral y, posteriormente, contra la lista sábana –el denominado “After Office Revolucionario”–, también tuvieron una de las características apuntadas más atrás: los medios las apoyaron post-hecho social. En ese momento, gremios empresariales consideraron mejor mantenerse al margen, pues el objetivo político principal, el gobierno de Lugo, estaba próximo a tener su desenlace y no era necesario entrar en esta disputa juvenil”.
Sin embargo, “en junio de 2013 nuevamente se convocaron protestas contra acciones o resoluciones del Parlamento. Las banderas levantadas en ese momento y ampliamente difundidas en redes sociales online fueron, entre otras, contra el proyecto de jubilación de parlamentarios, metrobús, etcétera. Constituyeron las primeras de este tipo postgolpe parlamentario. Finalmente llegó el 15NPY y se expandió”.
“Al leer los diarios del día siguiente al 20NPY –agrega–, o esa misma noche, al observar los noticieros de televisión, se constata que la protesta de la Federación Nacional Campesina, realizada a las 18, una hora antes de la de los indignados, contra el abusivo y represivo accionar de la policía días antes, simplemente no aparece en las páginas de los medios impresos o en las pantallas de la televisión”.
“Las dos primeras acciones convocadas a través de las redes sociales online pocos meses atrás no tuvieron inicialmente una cobertura significativa de medios de comunicación. La última, la del 15NPY, asimismo la del 20NPY, tuvieron un cambio significativo y también único: los medios masivos de comunicación no solamente cubrieron, también estimularon, apoyaron e incentivaron la participación en dichas marchas”.

¿Oportunistas o aprendices de luchador? Por su parte, en el portal E’a del martes 26, José Escauriza publicó también un comentario sobre el movimiento de los indignados. “En nuestro país, lastimosamente, un grupo social importante sólo desea buscar el purismo testimonial de la reivindicación y no la construcción de la visión común que nos llevará a tener pequeñas conquistas en el paulatino proceso de lucha social paraguaya. Es así que, a pesar de la apertura y la horizontalidad del movimiento de indignados paraguayos, muchos líderes y actores sociales que podrían aportar un enorme valor en cuanto al sentido y la dirección que debe tomar la lucha prefieren sentarse en la vereda de enfrente y escupir las imperfecciones de un grupo que apenas se está conformando y sigue en la búsqueda de algunos consensos”. Y agregó: “El grupo de indignados no carece de visión de la realidad ni vive en la burbuja generada por los medios masivos de comunicación, sino que simplemente es un movimiento que está empezando a articular ideas, reclamos y batallas similares”.
A su vez, Jorge Zárate afirmó en el mismo portal al día siguiente: “El año nuevo nos encontrará en las calles porque ya no quedan grandes dudas acerca del rumbo que Horacio Cartes le quiere dar al país: más concentración de la riqueza sostenida en la represión de la protesta popular. Por eso es saludable la salida de los indignados, porque viene a sumar a mucha gente común que se va dando cuenta que hay que cambiar la matriz de la injusticia. El arco de problemas histórico subyace en la protesta de este grupo variopinto. No es que lo desconozca, sino que no le alcanzan las fuerzas para enfrentarlo porque quizás sienta culpa de ciertas comodidades, de alguna complicidad con las clases altas, quién sabe. Todo indica que el movimiento deberá seguir en las calles para que el inefable Poder Judicial condene seriamente a Bogado. Allí enfrentará un escollo que todas las organizaciones sociales, sindicales y campesinas conocen de sobremanera: El fallo aberrante como arma interminable. Tanto el #15NPy y la caravana del #20NPy que se dispararon en las redes sociales comparten en su matriz un ejercicio que debe ser seguido con atención”.
“Los jóvenes del papel higiénico, banderas paraguayas, disfraces y frases ingeniosas podrán evolucionar hacia consignas más profundas siempre y cuando entiendan lo mismo a lo que las organizaciones sociales se vienen acercando: la lucha contra el sistema es unitaria. Horacio Cartes, lejos de lo que quiere ver en él la oligarquía, no es un hombre moderno, ni práctico, ni eficiente. Sus primeros 100 días dieron muestras claras de ello. Por eso, estas acciones encierran un peligro: la paradoja es que este presidente que pagó un golpe de Estado parlamentario tenga un Congreso allanado para que su bufette de abogados termine los contratos de venta de todos los bienes públicos cuanto antes. Esto es lo más indignante, lo que nos debe llevar a la calle, juntos para cambiar la matriz oligárquica y vendepatria. La más escandalosa corrupción comenzó. Lo de Bogado, ante ello, es un mero caso de periodismo de chimentos”.
Horacio Cartes transitó sus primeros cien días al frente de la presidencia del Paraguay cumpliendo con su primer objetivo: concentrar el poder político, militar y económico, para hacer de la patria guaraní una colonia modelo. Sin embargo, en esa rápida marcha acumuló demasiados adversarios. Probablemente, el presidente quiera aprovechar la ofensiva contra el Congreso para maniatar o destituir a los mismos que él financió en 2012 y le dieron todo el poder en 2013, pero su nivel de aprobación, a poco más de tres meses de gobierno, no es tan alto como para que pueda soñar con una solución fujimorista. Es temprano para saber cómo evolucionará el movimiento de los indignados paraguayos: si se dejarán usar por el presidente en su avance sobre el Parlamento, si se unirán a los movimientos populares o simplemente se disolverán. Pero una cosa es segura: o Cartes modera su juego y negocia para asegurar su base política o va a desatar una tormenta. La sociedad paraguaya ya no se duerme más.