La democracia brasileña revisa sus orígenes sangrientos
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Juscelino Kubitschek. La comisión de la verdad de San Pablo pidió cambio de carátula para su muerte.
Al probar el asesinato del ex presidente Kubitschek
en 1976, la Comisión de la Verdad de San Pablo demostró que la
eliminación de líderes opositores fue parte de la transición hacia la
democracia.
Al anunciar el pasado martes 10 que pedirá al Congreso Nacional, al
Supremo Tribunal Federal (STF) y a la Presidencia de la República el
cambio de carátula de la causa por la muerte del ex presidente Juscelino
Kubitschek (popularmente llamado JK) el 22 de agosto de 1976, la
Comisión de la Verdad de la Cámara Municipal de San Pablo puso en la
agenda pública la revisión de los asesinatos de líderes opositores con
los que la dictadura cívico-militar (1964-85) intentó controlar la
apertura política iniciada durante el gobierno de Ernesto Geisel
(1974-79). Esta revisión puede extenderse a la Ley de Amnistía de 1978,
con la que la dictadura clausuró toda investigación sobre sus
violaciones de los derechos humanos, y desencadenar una discusión
nacional sobre los fundamentos sangrientos de la democracia brasileña.
Según la versión oficial todavía vigente, JK murió el 22 de agosto de 1976 como resultado de un accidente automovilístico, después de que su chofer perdiera el control del vehículo y chocara contra un ómnibus que venía en dirección contraria en la Autopista Presidente Dutra, que une San Pablo con Río de Janeiro. Por el contrario, los concejales paulistas creen que Juscelino fue asesinado por orden de los generales Golbery do Couto e Silva (entonces jefe de la Casa Civil de la Presidencia e ideólogo de largos tramos de la dictadura) y João B. Figueiredo (jefe del Serivicio Nacional de Inteligencia, SNI), quien luego sería el presidente que condujo la transición a la democracia entre 1979 y 1985.
En el informe de 30 páginas presentado el martes, la comisión afirma tener más de 92 indicios de asesinato, según el concejal Gilberto Natalini (del Partido Verde), presidente de la Comisión Municipal de la Verdad. Con esta investigación, la comisión paulista pretende contribuir a las pesquisas de la comisión nacional. Un punto relevante señalado por la comisión fue la falta de radiografías del cuerpo del chofer de JK, Geraldo Ribeiro, a pesar de que una autopsia realizada en 1996 encontró en su cráneo un fragmento metálico de siete milímetros, indicio de que alguien disparó contra él. Según declaraciones testimoniales, los peritos forenses no pudieron fotografiar los cuerpos en el lugar del accidente y el de Ribeiro fue retirado por el director del Departamento Técnico-Científico de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro en aquella época. De acuerdo al testimonio del perito criminal Alberto Carlos de Minas, durante la autopsia realizada hace 17 años las autoridades del Estado de Minas Gerais tampoco le permitieron fotografiar el cráneo.
En el testimonio que dio ante la comisión en octubre pasado el chofer del ómnibus chocado por el coche del ex presidente, Josias Nunes de Oliveira, de 69 años, dijo que poco después del suceso desconocidos lo buscaron en su casa y le ofrecieron una maleta llena de dinero, para que asumiera la culpa del “accidente”, amenazándolo de muerte si contaba lo que había visto.
“Peritajes, testimonios y documentos de aquella época nos ayudan a concluir que las pericias realizadas entonces fueron fraudulentas”, afirma Natalini. Por el contrario, las evidencias recogidas este año por la comisión son concluyentes. Entre ellas está el testimonio del camionero Ademar Jahn, que presenció el incidente y vio al chofer Geraldo Ribeiro “con la cabeza caída entre el volante y la puerta del automóvil, inconsciente, sin control sobre el vehículo, aún antes del impacto”. Otros testimonios recién tomados indican que entre el coche de Kubitschek y el ómnibus pasó antes del choque un tercer coche desde el que pudo hacerse el disparo que mató a Ribeiro.
La dictadura preparó una transición sin opositores.
Juscelino Kubitschek fue presidente de Brasil entre 1956 y 1961. Durante su gobierno, impulsó una enérgica política desarrollista aliado a los laboristas de Joao Goulart, y su marca principal fue la construcción de la nueva capital, Brasilia, en el corazón de la meseta central. En la época en que fue asesinado estaba articulando una amplia coalición opositora junto con el ex presidente Goulart y el periodista derechista Carlos Lacerda, para forzar al régimen a convocar a elecciones presidenciales abiertas (bajo la dictadura los presidentes se “elegían” en colegios electorales “elegidos” por el Congreso) a las que pensaba presentarse. Sus movimientos eran motivo de preocupación para los agentes de la Operación Cóndor. En una carta enviada el 28 de agosto de 1975 a João Baptista Figueiredo –adjuntada al expediente ahora presentado–, el jefe de la DINA chilena, coronel Manuel Contreras, se manifiesta preocupado por la posible victoria de Jimmy Carter en los EE.UU. en las elecciones que debían tener lugar en noviembre del año siguiente y su apoyo a los políticos opositores a las dictaduras de la región, como el chileno Orlando Letelier y el propio JK. Al año siguiente del envío de la carta, Kubitschek moría en agosto, Letelier en septiembre, Goulart en diciembre y Lacerda en mayo de 1977.
La aclaración de la muerte de Kubitschek es uno de los puntos más salientes de la investigación de la Comisión Municipal de la Verdad, que acaba sus trabajos en mayo de 2014 junto con su par nacional.
La muerte de João Goulart está siendo investigada por la Comisión Nacional de la Verdad. Su cuerpo fue recientemente exhumado y ahora se espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte. El ex presidente murió de un infarto en la ciudad de Mercedes (Corrientes) y los gobiernos argentino y brasileño no permitieron que se realizara obducción alguna. El caso de Lacerda es todavía más asombroso, ya que como aliado de los militares fue la cabeza civil del golpe de Estado de marzo de 1964, se alió con Kubitschek y Jango Goulart en el llamado Frente Amplio de 1966; al sancionarse en diciembre de 1968 el Acta Institucional N° 5 que instituyó la dictadura total, perdió sus derechos civiles y políticos y murió en abril de 1977, después de internarse con una gripe fuerte y de haber recibido una inyección, cuatro meses más tarde que Goulart y ocho después de Kubitschek.
Ya el año pasado la Comisión Nacional de la Verdad anunció que investigaría la relación entre las tres muertes. Sin embargo, no pasó nada. La CNV ha sido desde su fundación, a principios de 2012, escenario de numerosos conflictos entre sus integrantes que llevaron a dos cambios de titularidad. Movimientos brasileños de derechos humanos y observadores políticos sospechan que esos conflictos resultan en parte de las presiones militares para que la Comisión retrase su trabajo y lo acabe sin llegar a conclusiones. Por eso mismo resulta tan importante el trabajo de las comisiones estaduales y municipales, como la de San Pablo.
Si se demuestra que los ex presidentes João Goulart y Juscelino Kubitschek y el periodista Carlos Lacerda fueron asesinados por la dictadura cívico-militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, cuando estaban preparando un frente opositor para obligar al régimen a llamar a elecciones directas, quedará viciada de nulidad la Ley de Amnistía de 1978, con la que el régimen liberó a los presos políticos a cambio de perdonarse todos sus crímenes. Estas evidencias podrían obligar al Supremo Tribunal Federal (STF) a revisar su voto de 2010 convalidando la amnistía e inducirlo a anularla. Llegado ese punto, se desataría la catarata de reclamos y demandas por las vulneraciones a los derechos humanos de toda la población comprimida desde hace 35 años. Es poco previsible que el STF se atreva a tanto mientras lo presida Joaquim Barbosa, que aspira a ser uno de los candidatos conservadores en las elecciones de 2014, pero si no entonces, inmediatamente después. Hay demasiado pasado no esclarecido amontonado sobre el presente de Brasil. Su democracia necesita saber la verdad sobre sus orígenes sangrientos.
Según la versión oficial todavía vigente, JK murió el 22 de agosto de 1976 como resultado de un accidente automovilístico, después de que su chofer perdiera el control del vehículo y chocara contra un ómnibus que venía en dirección contraria en la Autopista Presidente Dutra, que une San Pablo con Río de Janeiro. Por el contrario, los concejales paulistas creen que Juscelino fue asesinado por orden de los generales Golbery do Couto e Silva (entonces jefe de la Casa Civil de la Presidencia e ideólogo de largos tramos de la dictadura) y João B. Figueiredo (jefe del Serivicio Nacional de Inteligencia, SNI), quien luego sería el presidente que condujo la transición a la democracia entre 1979 y 1985.
En el informe de 30 páginas presentado el martes, la comisión afirma tener más de 92 indicios de asesinato, según el concejal Gilberto Natalini (del Partido Verde), presidente de la Comisión Municipal de la Verdad. Con esta investigación, la comisión paulista pretende contribuir a las pesquisas de la comisión nacional. Un punto relevante señalado por la comisión fue la falta de radiografías del cuerpo del chofer de JK, Geraldo Ribeiro, a pesar de que una autopsia realizada en 1996 encontró en su cráneo un fragmento metálico de siete milímetros, indicio de que alguien disparó contra él. Según declaraciones testimoniales, los peritos forenses no pudieron fotografiar los cuerpos en el lugar del accidente y el de Ribeiro fue retirado por el director del Departamento Técnico-Científico de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro en aquella época. De acuerdo al testimonio del perito criminal Alberto Carlos de Minas, durante la autopsia realizada hace 17 años las autoridades del Estado de Minas Gerais tampoco le permitieron fotografiar el cráneo.
En el testimonio que dio ante la comisión en octubre pasado el chofer del ómnibus chocado por el coche del ex presidente, Josias Nunes de Oliveira, de 69 años, dijo que poco después del suceso desconocidos lo buscaron en su casa y le ofrecieron una maleta llena de dinero, para que asumiera la culpa del “accidente”, amenazándolo de muerte si contaba lo que había visto.
“Peritajes, testimonios y documentos de aquella época nos ayudan a concluir que las pericias realizadas entonces fueron fraudulentas”, afirma Natalini. Por el contrario, las evidencias recogidas este año por la comisión son concluyentes. Entre ellas está el testimonio del camionero Ademar Jahn, que presenció el incidente y vio al chofer Geraldo Ribeiro “con la cabeza caída entre el volante y la puerta del automóvil, inconsciente, sin control sobre el vehículo, aún antes del impacto”. Otros testimonios recién tomados indican que entre el coche de Kubitschek y el ómnibus pasó antes del choque un tercer coche desde el que pudo hacerse el disparo que mató a Ribeiro.
La dictadura preparó una transición sin opositores.
Juscelino Kubitschek fue presidente de Brasil entre 1956 y 1961. Durante su gobierno, impulsó una enérgica política desarrollista aliado a los laboristas de Joao Goulart, y su marca principal fue la construcción de la nueva capital, Brasilia, en el corazón de la meseta central. En la época en que fue asesinado estaba articulando una amplia coalición opositora junto con el ex presidente Goulart y el periodista derechista Carlos Lacerda, para forzar al régimen a convocar a elecciones presidenciales abiertas (bajo la dictadura los presidentes se “elegían” en colegios electorales “elegidos” por el Congreso) a las que pensaba presentarse. Sus movimientos eran motivo de preocupación para los agentes de la Operación Cóndor. En una carta enviada el 28 de agosto de 1975 a João Baptista Figueiredo –adjuntada al expediente ahora presentado–, el jefe de la DINA chilena, coronel Manuel Contreras, se manifiesta preocupado por la posible victoria de Jimmy Carter en los EE.UU. en las elecciones que debían tener lugar en noviembre del año siguiente y su apoyo a los políticos opositores a las dictaduras de la región, como el chileno Orlando Letelier y el propio JK. Al año siguiente del envío de la carta, Kubitschek moría en agosto, Letelier en septiembre, Goulart en diciembre y Lacerda en mayo de 1977.
La aclaración de la muerte de Kubitschek es uno de los puntos más salientes de la investigación de la Comisión Municipal de la Verdad, que acaba sus trabajos en mayo de 2014 junto con su par nacional.
La muerte de João Goulart está siendo investigada por la Comisión Nacional de la Verdad. Su cuerpo fue recientemente exhumado y ahora se espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte. El ex presidente murió de un infarto en la ciudad de Mercedes (Corrientes) y los gobiernos argentino y brasileño no permitieron que se realizara obducción alguna. El caso de Lacerda es todavía más asombroso, ya que como aliado de los militares fue la cabeza civil del golpe de Estado de marzo de 1964, se alió con Kubitschek y Jango Goulart en el llamado Frente Amplio de 1966; al sancionarse en diciembre de 1968 el Acta Institucional N° 5 que instituyó la dictadura total, perdió sus derechos civiles y políticos y murió en abril de 1977, después de internarse con una gripe fuerte y de haber recibido una inyección, cuatro meses más tarde que Goulart y ocho después de Kubitschek.
Ya el año pasado la Comisión Nacional de la Verdad anunció que investigaría la relación entre las tres muertes. Sin embargo, no pasó nada. La CNV ha sido desde su fundación, a principios de 2012, escenario de numerosos conflictos entre sus integrantes que llevaron a dos cambios de titularidad. Movimientos brasileños de derechos humanos y observadores políticos sospechan que esos conflictos resultan en parte de las presiones militares para que la Comisión retrase su trabajo y lo acabe sin llegar a conclusiones. Por eso mismo resulta tan importante el trabajo de las comisiones estaduales y municipales, como la de San Pablo.
Si se demuestra que los ex presidentes João Goulart y Juscelino Kubitschek y el periodista Carlos Lacerda fueron asesinados por la dictadura cívico-militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, cuando estaban preparando un frente opositor para obligar al régimen a llamar a elecciones directas, quedará viciada de nulidad la Ley de Amnistía de 1978, con la que el régimen liberó a los presos políticos a cambio de perdonarse todos sus crímenes. Estas evidencias podrían obligar al Supremo Tribunal Federal (STF) a revisar su voto de 2010 convalidando la amnistía e inducirlo a anularla. Llegado ese punto, se desataría la catarata de reclamos y demandas por las vulneraciones a los derechos humanos de toda la población comprimida desde hace 35 años. Es poco previsible que el STF se atreva a tanto mientras lo presida Joaquim Barbosa, que aspira a ser uno de los candidatos conservadores en las elecciones de 2014, pero si no entonces, inmediatamente después. Hay demasiado pasado no esclarecido amontonado sobre el presente de Brasil. Su democracia necesita saber la verdad sobre sus orígenes sangrientos.
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Eduardo J. Vior