La incoherencia del gobierno francés sobre la inmigración

Leonarda desnuda a Hollande

Año 6. Edición número 284. Domingo 27 de Octubre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior Periodista

mundo@miradasalsur.com

Xenofobia. El caso Leonarda reavivó los prejuicios sociales en torno a los gitanos en Francia.

Las contradicciones del gobierno socialista francés en torno de la expulsión de la adolescente romaní Leonarda Dibrani habilitaron la escenificación mediática.

Después que la adolescente romaní Leonarda Dibrani fue bajada de un ómnibus escolar el pasado 9 de octubre y expulsada del país hacia Kosovo, estalló en Francia un escándalo que el presidente François Hollande no supo manejar y puede costarle la carrera política.
La estudiante de 15 años fue expulsada de Doubs, en el este de Francia, porque habría sido denegada la solicitud de asilo interpuesta por la familia, pero el escándalo estalló recién cuando el 15 de octubre el Partido de la Izquierda denunció la expulsión. Al día siguiente, el ministro de Educación, Vincent Peillon, demandó que la escuela sea “santuarizada” y Claude Bartolone, presidente socialista de la Asamblea Nacional pidió que “la izquierda no pierda su alma”. Por su parte, el Partido Comunista (PCF) reclamó la renuncia del ministro del Interior y el defensor de los derechos, Dominique Baudis, anunció que ordenaría una investigación del caso. Solamente el presidente François Hollande seguía sin reaccionar, en tanto el primer ministro Jean-Marc Ayrault anunciaba una posible revisión de la decisión.
Por el contrario, muy calmo, el ministro del Interior Manuel Valls llamó a mantener la sangre fría. “Las expulsiones son necesarias”, continuó. “Sé que es un tema difícil, pero una política migratoria requiere el respeto de la ley, de las personas y una gran firmeza. Es la misión que me encomendaron el presidente y el primer ministro de la que debo darles cuenta a ellos y a los franceses”. De todos modos anunció un sumario administrativo sobre las condiciones de la expulsión de la familia.
La viralización del caso provocó al día siguiente, 17 de octubre, masivas manifestaciones de estudiantes secundarios, reclamando el retorno de todos los colegiales expulsados, entre ellos Leonarda. En París bloquearon veinte colegios. La propia pareja del presidente, Valérie Trierweiler, pidió el retorno de la adolescente.
Apresuradamente regresado de las Antillas el 19 de octubre, Manuel Valls recibió un informe sobre la expulsión que, aun justificando la expulsión de Leonarda, critica el modo de su ejecución y recomienda prohibir las intervenciones durante “el tiempo escolar”.
Ante el cariz que tomaba el caso, el sábado 19 el presidente Hollande se dirigió solemnemente al país, un recurso extraordinario de los presidentes franceses, para defender el informe ministerial y ofrecer a la joven retornar a Francia, pero sola. Anunció también que los tiempos escolares, pre y post-escolares serán intocables. Tan sólo cinco minutos más tarde, Leonarda le respondió por un canal privado francés de TV desde Kosovo, rechazando separarse de su familia. ¡La niña “gitana” replicaba al presidente de Francia!
Entre tanto, una encuesta de opinión registra el ascenso del ministro del Interior en las simpatías populares. Mientras que Manuel Valls convence por su “estilo directo”, François Hollande parece “indeciso”. El 63% de los franceses aprueba la conducta del ministro. No obstante, entre los votantes socialistas perdió el 7% y entre los del Frente de Izquierda, 15%, aunque mantiene el apoyo del 37%. A la inversa, el 60% de los simpatizantes de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido del ex-presidente Sarkozy, 21 puntos más que en setiembre, apoyan al ministro. El 56% de los votantes del Frente Nacional lo aprueba (+28%). Según la empresa Harris Interactive, “la competencia, la coherencia y la sinceridad” de Manuel Valls son sus cualidades más destacadas, al igual que “su estilo directo, que traduce su sentido de la responsabilidad”. Tampoco los simpatizantes de la izquierda atacan al ministro, porque éste “usa mucho el término República”.
Si Manuel Valls es el gran ganador en la “polémica Leonarda”, el presidente de la República es el gran perdedor. Sólo el 25% aprueba la actitud de François Hollande. No obstante, mantiene su nivel de aprobación: el 82% de los votantes socialistas sigue apoyándolo (+3% que en setiembre). En el Frente de Izquierda llega al 45% (-1%), 7% entre los del FN y 2% entre los de la UMP (-1%). “François Hollande parece indeciso”, afirma la encuesta.
Aprovechando la crisis, Jean-François Copé, presidente del bloque de diputados de la UMP, anunció el miércoles 23 un proyecto de ley para que los hijos de padres extranjeros que nazcan en Francia no reciban más automáticamente la nacionalidad francesa. El plan fue aprobado el miércoles por el comité político de su partido.
Por su lado, Jean-Vincent Placé, presidente del grupo de senadores de Europa Ecología-Los Verdes (EELV), convocó el martes a los estudiantes secundarios a retomar la movilización por Leonarda después de las vacaciones de otoño. “Vamos a tener decenas de Leonardas que van a expulsar y que van a regresar de modo ilegal”, previno. “Para evitarlo, necesitamos la movilización”.
Sin acuerdo en la cuestión de la inmigración, los socialistas evitan discutirla, pero en el gobierno chocan las líneas contrapuestas: Manuel Valls defiende una posición de firmeza contra Cécile Duflot (EELV), ministra para la Igualdad Territorial y el Hábitat, quien pide una definición presidencial. Los socialistas tienen que decidirse.
En el caso Leonarda el presidente cometió errores de peso: en el manejo de los tiempos, en la selección de la persona que debía aparecer y en el momento de su exposición pública, ausencia del gobierno de las redes sociales, una comunicación presidencial que no prevé la viralización, así como falta de cohesión y organización en el gobierno. El caso Leonarda evidenció que el gobierno francés no sabe hacer política en la escena pública mediatizada.
No sólo el Partido Socialista, toda la izquierda francesa sigue presa del mito republicano: defiende el derecho a la ciudadanía de los nacidos en suelo francés y proclama el imperativo humanitario de acoger a los fugitivos del mundo, pero cuando éstos llegan, les impone la laicidad y –tema sensible para los nómades romanís– la regularidad escolar. Su argumentación suena falaz. Este descrédito del discurso republicano alcanza también a la derecha conservadora que persiste en defender la República “una e indivisible”.
Quien gana es Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional (FN), que quiere expulsar a los inmigrantes indocumentados e impedir la reunificación familiar. Si lo hiciera violaría la Constitución y la legislación europea. Llevada consecuentemente su política rompería la Unión Europea, pero buena parte de su base vive de ella y no lo permitirá.
O sea que ningún actor político tiene una respuesta coherente para organizar civilizadamente la pluriculturalidad de Francia. En estas condiciones, las disputas sobre la inmigración se convierten en fuegos de artificio con los que se hace mucho ruido, para justificar políticas inhumanas, antidemocráticas y antisociales.

Brasil: alianza estratégica y redistribución de la riqueza

Pacto petrolero para aumentar el peso global

Año 6. Edición número 284. Domingo 27 de Octubre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

Brasil. En torno del petróleo descubierto bajo la capa de sal del océano, el gobierno brasileño tejió una alianza estratégica para competir por la hegemonía global y profundizar la redistribución de la riqueza. 

 

A la licitación del campo petrolero submarino de Libra, frente al litoral carioca, se presentó el pasado lunes 21 un solo consorcio formado por la estatal brasileña Petrobras, dos estatales chinas, la francesa Total y la anglo-holandesa Shell. Con este acople de gigantes el gobierno brasileño espera adquirir suficiente peso global, al mismo tiempo que aplicar las inmensas rentas previstas al desarrollo de la educación y la salud. La derecha vernácula y extranjera comprendió enseguida las implicaciones estratégicas del proyecto y se dispone a bombardearlo ininterrumpidamente. Los grupos de izquierda, por su parte, ven sólo la dimensión local y critican las concesiones hechas a los socios. Pero, para entender el inmenso significado del proyecto, hay que combinar los aspectos internos con los externos.
El consorcio triunfador se compone en un 40% de la Petrobras, en un 10% cada una de las estatales chinas CNOOC y CNPC y en un 20% cada una de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell y la francesa Total. En su discurso del lunes a la noche, al festejar la licitación, la presidenta Dilma Rousseff fustigó el pesimismo de los conservadores y rechazó las críticas de la izquierda opositora: “Libra dará al Estado brasileño más de 500 billones de dólares. Todo el dinero de los royalties y la mitad del excedente en petróleo, por un valor de 365 mil millones de dólares, serán invertidos exclusivamente en educación y salud”. Dilma enfatizó que el país recibirá en 35 años 135 mil millones de dólares en royalties, 365 mil millones en excedentes de petróleo y quince mil millones que entrarán próximamente como canon por el concurso. “Son más de 500 mil millones de dólares que serán invertidos en proyectos sociales”, afirmó. Contra los críticos de izquierda subrayó que la licitación “no fue una privatización”. Otro beneficio para el país será la producción en Brasil de los equipos de extracción. “Son más de 18 nuevas plataformas”, enfatizó.

Perfil de las empresas participantes. La anglo-holandesa Royal Dutch Shell es la tercera empresa petrolera más grande del mundo. Pertenece principalmente a la familia real holandesa y al nuevo grupo financiero RIT Capital, de Rothschild y Rockefeller. Rothschild, a su vez, es el mayor accionista de la francesa Total. El grupo RIT surgió en mayo de 2012, cuando en un encuentro entre Jacob Rothschild, de 76 años, y David Rockefeller, de 98, el primero anunció la compra del 37% de Rockefeller Financial Services, el histórico fondo de inversión de la familia norteamericana. Ambos grupos van a cooperar en adquisiciones e inversiones en terceras empresas. Para preparar este vital ingreso en el mercado norteamericano, Rothschild reunificó durante los últimos años las ramas inglesas y francesas de la familia, creando el consorcio de inversión no bancario más grande de Europa.
El magnate británico justificó el ingreso en el mercado norteamericano con los recientes avances allí producidos en la industria petrolera: “Los estadounidenses han sido extremadamente afortunados en el descubrimiento de inmensos recursos de petróleo de esquistos y gas y serán la Arabia Saudita del próximo medio siglo, mientras que a Europa la espera un período muy duro”. A pesar de algunas pérdidas, sus buenas reservas en libras y sus bajas deudas le permitieron en los últimos años expandirse mundialmente. “Nuestra compañía se orienta menos al mercado británico y más al mundial”, dijo el banquero. En China, RIT Capital Partners acaba de formar un fondo de inversiones junto con Create Group, el conglomerado de inversión del Estado chino. En Europa, a su vez, hizo un acuerdo de inversión con el banco francosuizo Edmond de Rothschild, afianzando así los lazos familiares. De este modo avanza hacia la creación de un “banco mundial” que no dependa de las coyunturas de cada continente.
La participación de las empresas estatales chinas en la licitación dio lugar a temores de que “emparedasen” a Petrobras y comprometieran la soberanía buscada con el nuevo régimen de cooperación entre el Estado y las empresas privadas. Para evitarlo, la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) obligó a Cnooc y Cnpc a participar en la licitación como parte de un mismo consorcio, para evitar una falsa competencia. La China National Petroleum Corporation (CNPC) es una empresa petrolera del Estado chino que en el exterior trabaja en una treintena de países de Asia, África y América. Por su cifra de negocios es la sexta empresa más grande del mundo. Por su parte, la Cnooc (Chinese national off-shore oil company) es una compañía petrolera estatal creada en 1982, con numerosas filiales. La más importante es Cnooc Ltd., con sede en Hong Kong y New York. Cnooc es la tercera compañía petrolera china y está especializada en la explotación de petróleo y gas fuera de China en cooperación con empresas extranjeras. En 2013 la empresa subió al puesto 93 entre las 500 más importantes del mundo.

Argumentos opositores. Las críticas conservadoras al modelo de cooperación pergeñado por el gobierno brasileño para la explotación del presal señalan que el control de Petrobras sobre el conjunto de las operaciones aleja a las grandes empresas privadas y retrasa la inversión y el desarrollo de la explotación petrolera. En tanto, ante el éxito de la licitación, el Washington Post del martes 22 informaba que “algunos dicen que el gobierno brasileño va a relajar las reglas, para que en la próxima licitación sea más atractiva para las empresas privadas”.
Después del descubrimiento del petróleo en el presal (a 7.000 metros de profundidad, bajo la capa de sal del fondo del océano), en 2008, con la consigna “el presal tiene que ser nuestro” se formó una amplia coalición de movimientos, grupos y personalidades reclamando la revisión de la actual Ley del Petróleo, para dar a Petrobras el monopolio de la explotación del mineral. Entre los sindicatos críticos se destacan la Federación Nacional de Petroleros (FNP), otras organizaciones de la Central Única de Trabajadores (CUT) y representaciones del Movimiento de los Sin Tierra (MST), confirmando así la ruptura entre el PT y su base sindical. Estos grupos protagonizaron activas, pero no masivas, protestas callejeras contra la licitación que fueron reprimidas por el Ejército que custodiaba la licitación.

Evaluaciones desde la izquierda. En la izquierda cercana al PT, el apoyo a la licitación del lunes pasado es casi total. De acuerdo con Saúl Leblon, columnista del portal de noticias Carta Maior, “el proyecto sería un riesgo, si sólo se atendiera a la renta petrolera; una oportunidad, si se la utiliza para desarrollar la industria e incentivar la capacidad para explotar las riquezas en aguas profundas y para generar recursos para la educación”.
“Para alcanzar estos objetivos –continúa– se crearon diversos mecanismos: 1) un sistema de cooperación por el que el Estado participará directamente de las ganancias obtenidas; 2) la creación de la Presal Petróleo (PPSA), para administrar la cooperación y recibir la parte del Estado federal según el modelo noruego; 3) porcentajes de contenido nacional en la construcción de las plataformas; 4) la conducción del conjunto en las manos de Petrobras y 5) la garantía legal de que la mayor parte de las rentas será aplicada en educación y salud”.
Al convocar a la licitación, el gobierno estaba ante un dilema: si quería obtener de las concursantes más recursos, debía hacerles mayores concesiones; si quería mantener intocados sus principios, obtendría pocos recursos. El compromiso hallado consiste en que la explotación quede en manos de Petrobras y los socios sólo aporten capital. Además, la Presal Petróleo S.A. puede capitalizarse y sumarse como inversora. Según Leblon, el modelo adoptado busca compatibilizar un trilema: urgencia, soberanía y escasez de capital.
Particularmente, la PPSA molesta a los medios conservadores, ya que tiene el 50% de los votos y poder de veto en el comité gestor del consorcio. Se trata de un precedente que puede tener un enorme impacto simbólico dentro y fuera de Brasil. Por ello se esperan intensos ataques de la derecha.
Ante las agresiones norteamericanas recientes, el gobierno brasileño decidió rodear la explotación del presal con una gigantesca alianza estratégica, pero, para evitar que sus socios reduzcan su control sobre el consorcio, el Estado ha fundado la gerenciadora PPSA y construido un sistema de equilibrios por el que las empresas estatales chinas compensarán la voracidad del dúo Rockefeller/Rothschild, mientras éste lo protege contra los ataques norteamericanos y balancea la influencia china. Para lograr esta asociación, Dilma hizo enormes concesiones y moderó sus aspiraciones de aprovechar el petróleo del presal en educación y salud. La evaluación no puede circunscribirse al escenario interno. La jugada tiene implicancias mundiales y sólo a ese nivel puede decidirse si Brasil aumentó su poder con el presal.

Más democracia ya no rima con más imperio

Obama pasa la factura

 

La reforma del seguro de salud en EE.UU. no puede ser financiada eternamente por las economías emergentes

Cuando el miércoles pasado supe que el Presidente  Barack Obama y los líderes republicanos en la Cámara de Representantes habían llegado a un compromiso, para subir el margen de endeudamiento del gobierno federal hasta febrero próximo, pagando sus deudas y financiando el comienzo del programa de salud ("Obamacare") para 50 millones de norteamericanos pobres, respiré profundamente y pensé que podríamos seguir pagando la hipoteca que todavía pesa sobre nuestro departamento. Tenía miedo de que un cese de los pagos de los EE.UU. llevase a un alza sideral y repentina de las tasas de interés a nivel mundial y a una drástica devaluación del dólar que repercutiera en la economía argentina desatando una enorme fuga de divisas, una devaluación de hecho y un alza de las tasas de interés internas, entre ellas las hipotecarias. La eliminación de las barreras y regulaciones de los flujos de capital durante los últimos treinta años ha hecho todo el mundo muy vulnerable a los avatares de las tasas de interés en los países centrales. Es evidente que el acuerdo alcanzado el miércoles significa un enorme triunfo para el Presidente Obama que ahora puede continuar con un programa de salud que -aunque tímido y sesgado para favorecer a las compañías de seguros médicos- va más allá de donde llegó el Presidente Franklin D. Roosevelt (1933-45), pero la economía mundial todavía no puede descansar. Como en ocasiones anteriores, los tiempos de la política interna y externa de los Estados Unidos son diferentes y el mundo paga la cuenta, o eso pretende la elite norteamericana. En los próximos meses se verificará hasta qué punto puede acortar la distancia que media entre la pretensión y la capacidad para imponerla.

Gracias a la protección que le ofrecía el control que la flota británica tenía sobre el Océano Atlántico, los Estados Unidos pudieron desarrollarse hasta 1914, sin tener que preocuparse por amenazas externas, y desde 1945 las neutralizaron exitosamente gracias a su propia hegemonía. Por eso pudieron recorrer varios ciclos de reformas democráticas, sin necesidad de desgarradoras luchas intestinas por la distribución del excedente. La única excepción fue precisamente la guerra civil que sufrieron entre 1861 y 1865, porque al haber fijado los límites del territorio continental que podían alcanzar con el tratado de límites con Canadá en 1846 y el tratado de Guadalupe Hidalgo con México en 1848, el desbalance de poder entre los estados esclavistas y los no esclavistas sólo podía darse a costas del otro bando. Desde la Guerra de Cuba (1898) en adelante, empero, todos los ciclos de reformas democráticas de la sociedad norteamericana coincidieron con la ampliación de su poder mundial. Ahora bien, el excedente económico que los gobiernos reformistas necesitan para financiar las reformas democráticas sólo puede producirse, si el régimen de acumulación canaliza la renta financiera obtenida por la exacción imperial hacia la innovación tecnológica y la expansión productiva. Si el ciclo de la tercera revolución industrial bajo la ideología neoliberal desde 1980 produjo una gigantesca transferencia de recursos hacia el sector financiero, el modo en que se resolvió la crisis de 2007-09 puso más frenos al desarrollo del capital productivo.

De acuerdo al editorial de hoy, domingo 20, del New York Times, el cierre del gobierno norteamericano durante 16 días disminuirá la tasa de crecimiento del PBI el cuarto trimestre del año en medio punto y el año 2013 acabará con un crecimiento del 2%, similar al de 2012, y muy por debajo de la tasa necesaria para fomentar la creación de empleo, subir los salarios, reducir la desocupación y aumentar los ingresos de las empresas. Tampoco hay motivos para creer que el desempeño económico norteamericano mejore, porque el gobierno haya reabierto sus puertas y se haya postergado la moratoria. La incertidumbre política se mantiene y continúa atemorizando a los inversores y consumidores.

Según el diario neoyorquino, esta incertidumbre pesa especialmente sobre las áreas de investigación y desarrollo, que requieren las inversiones de mayor riesgo y en las que EE.UU. más se han retrasado en la comparación internacional en las últimas décadas. Bajo las condiciones actuales de desregulación de los mercados financieros los inversores en bonos del Tesoro subieron desproporcionadamente las tasas de interés que cobraron al gobierno estadounidense durante su cierre y algunos grandes inversores anunciaron incluso que en el futuro reclamarían premios extraordinarios como compensación ante el riesgo de nuevas amenazas de default.

Mientras tanto el gobierno de Obama y la mayoría del Congreso en ambos partidos sigue sosteniendo como un mantra que hay que reducir los gastos del gobierno federal, para restablecer el equilibrio fiscal como condición del relanzamiento de la economía. De acuerdo al Times en los últimos tres años estas medidas de ahorro han reducido el crecimiento del PBI en un 0,7%, que equivale a 300 mil millones de dólares que no fueron gastados y a dos millones de puestos de trabajo que de otro modo se habrían creado.

Indudablemente la reforma del sistema de salud, estableciendo un seguro individual y familiar subsidiado por el Estado, es un gran avance democrático que por primera vez quitará a los 50 millones de estadounidenses más pobres el miedo a caer enfermos. Claro que el espectro de prestaciones cubierto por el seguro es mucho más estrecho de lo planeado originariamente y que el hecho de que deba ser contratado con empresas privadas implica un enorme subsidio público para ese sector económico, pero Obama no quiso o no pudo avanzar más. 

Ahora el Presidente dice que va por la reforma inmigratoria, para legalizar la situación de los doce millones de indocumentados que viven en el país y atraer profesionales y técnicos, especialmente para trabajar en las áreas de punta de la economía, donde en las próximas décadas se jugará la gran competencia por el poder mundial. No se trata de conmiseración ni del reconocimiento del derecho que todo ser humano tiene a transitar dignamente por el mundo, sino de un cálculo de conveniencia: además de facilitar la compra de cerebros que su país es actualmente incapaz de producir, Obama cuenta con que la incorporación de las comunidades de origen inmigrante a la ciudadanía asegure a su partido una mayoría estructural.

El problema de los Estados Unidos es ideológico, político y económico, en ese orden. La convicción de ser "un pueblo especial" con una misión universal se vio convalidada a los largo de los últimos siglos por las circunstancias excepcionales de su desarrollo económico y político. Esa visión suprematista condujo a que las elites norteamericanas hallaran la mayor parte del tiempo innecesario considerar seriamente los intereses y deseos del resto del mundo como diferentes y hasta contrapuestos a los propios, sin por ello ver demonios. Esta actitud hizo que en general se considere innecesario anclar en controles trans- y supranacionales un sistema político endogámico que sostiene sus equilibrios y compensaciones con el aplastamiento de toda competencia interna o externa. Como este sistema político se sostiene en los lobbies que colonizaron el Congreso en las últimas décadas, le resulta de sentido común no alterar la hegemonía del capital financiero y toda intervención regulatoria del Estado en la economía le parece una herejía.

Sin embargo, no parece tan fácil como en ciclos anteriores de recuperación después de crisis que esta vez también los Estados Unidos puedan descargar los costos de la inmovilidad de su sistema político y su cerrazón ideológica en el resto de la economía mundial. Los principales acreedores de Washington (China, Japón e India) no están dispuestos a pagar eternamente las facturas vencidas de la primera potencia mundial.

Mucho se discute en distintos foros sobre si el imperio ha entrado en una fase definitiva de decadencia o si se trata sólo de un ciclo del que resurgirá con todavía más poder. Es una discusión que merece darse y a la que dedicaré espacio y tiempo en futuras entregas, pero por ahora baste con indicar que todo intento por descargar en el resto del mundo el costo de la recuperación económica y las necesarias reformas que el país necesita acarreará en el futuro próximo insostenibles tensiones políticas y militares que pueden producir catástrofes.

Brasil defiende la libertad en Internet

En respuesta a la agresión cibernética estadounidense

Año 6. Edición número 282. Domingo 13 de Octubre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

Brasil. Dilma Rousseff contrarresta el espionaje de los “Cinco Ojos” excluyéndolos del negocio petrolero e impulsando la discusión internacional sobre la regulación civil de Internet. Apoyos y rechazos a una medida por la soberanía.

Ante las reiteradas evidencias de que los Estados Unidos y sus aliados espían al gobierno y sus principales empresas, la presidenta Dilma Rausseff impidió que empresas norteamericanas y británicas se presenten a las licitaciones para la exploración petrolífera frente al litoral carioca e impulsa la discusión internacional sobre la gobernación de Internet. Para esto, tras reunirse el miércoles pasado con el jefe de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Icann), Fadi Chehadé, Rousseff convocó para abril próximo en Brasilia a una reunión cumbre para organizar el gobierno mundial de la red.
Por su parte, el funcionario internacional declaró que la confianza del mundo en la Internet global fue dañada. “Es hora de recuperarla a través del liderazgo y las instituciones que lo pueden hacer realidad”, añadió el jefe de la agencia independiente, con sede en los Estados Unidos, responsable de regular los dominios de la web. Rousseff canceló recientemente una visita de Estado a los Estados Unidos porque éstos espiaron comunicaciones de la propia presidenta, sus asesores y de la empresa Petrobras.
Después de saberse el domingo pasado que la agencia canadiense de seguridad espió en las entrañas del ministerio brasileño de Minas y Energía, Rousseff anunció que Brasil propondrá en la ONU un “marco civil internacional” para proteger la neutralidad de Internet. La propuesta brasileña defiende “los principios de libertad de expresión, privacidad, gobernación democrática, multilateral, ejercida con transparencia, universal, diversa y neutra”. Esta propuesta coincide con la declaración difundida el 7 de octubre por los participantes en la reunión de Icann en Montevideo: “La Internet y la Web fueron construidas y se administran en función del interés público mediante mecanismos únicos de cooperación global multipartita (multistakeholder), una característica intrínseca de su éxito. Los firmantes expresaron su preocupación por el debilitamiento de la confianza de los usuarios de Internet debido al monitoreo y la vigilancia generalizados”.

La red tendrá sus marcos. El Marco Civil de la Internet es un proyecto presentado a fines de 2009 para regular el uso de Internet en Brasil, fijando los principios, las garantías, los derechos y los deberes de los proveedores de los servicios virtuales y de los usuarios de la red, así como las directrices y los límites para la intervención estatal. Después de haber sido debatido durante un año y medio a través de un blog, en 2011 el proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. El proyecto legisla sobre la neutralidad, la privacidad, la retención de los datos y la función social de la red y la responsabilidad civil de usuarios y proveedores.
Inmediatamente después de publicadas las revelaciones sobre el espionaje norteamericano a las comunicaciones brasileñas, el 8 de julio de 2013 la presidenta de Brasil reclamó a los diputados la aprobación del Marco Civil de la Internet como prioridad del gobierno federal. Sin embargo, el proyecto de ley nunca fue votado en la Cámara. En la comisión correspondiente, la compulsa ya se postergó ocho veces. Finalmente, el pasado 11 de septiembre la presidenta mandó a la Cámara una nota oficial exigiendo su tratamiento urgente, dándole 45 días para votar el proyecto y derivarlo al Senado.
El proyecto de ley 2.126/11 consta de 25 artículos, divididos en cinco capítulos: disposiciones preliminares, derechos y garantías de los usuarios, provisión de conexiones y aplicaciones de Internet, actuación del poder público y disposiciones finales. Se declara que “el acceso a Internet es esencial para el ejercicio de la ciudadanía (...)”. El más conflictivo es el capítulo sobre la neutralidad de la red, que obliga a los proveedores a tratar igual todos los datos en la red y transportarlos a la misma velocidad, pero que en el inciso siguiente obliga a “la preservación de la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la red mediante medidas técnicas compatibles con los patrones internacionales y estimulando el uso de buenas prácticas”. Por esta salvedad los proveedores pueden limitar la neutralidad argumentando que determinados servicios o la velocidad irrestricta de conexión afectan la “estabilidad” y “funcionalidad” de la red.
Se critica también que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar por decreto sobre discriminación, degradación, gerenciamiento y limitación del tráfico. El proyecto sólo autoriza a obtener datos sobre los registros de conexiones y el acceso a aplicaciones para obtener pruebas en acciones civiles o penales de interés público, previa justificación, delimitando los datos a investigar y la duración de la intercepción. Según el proyecto “el proveedor de la conexión a Internet no será responsabilizado civilmente por daños resultantes de contenidos producidos por terceros”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Comisarios de la Policía Federal criticó el Marco Civil por inconstitucional y contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que “concede al derecho a la libertad de expresión en la red mundial un valor absoluto, mayor a todos los demás derechos”, comprometiendo “los derechos a la seguridad, de respuesta e indemnización por daño moral, material y a la imagen de la persona”. En tanto, representantes del Ministerio Público y de las Policías Federal y Civil reclamaron que algunos principios de seguridad pública y judicial sean incorporados al Marco Civil, para proteger la honra de las personas. También pidieron plazos más largos de almacenamiento de los accesos. En tanto, en septiembre de 2012 tres fiscales criticaron que, tal como está, la regulación de la responsabilidad de los intermediarios limita “derechos del consumidor, la privacidad de la persona, la protección integral de niños y adolescentes y la dignidad de la persona humana”.
Mientras tanto, la comisión parlamentaria de investigaciones del Senado que investiga el espionaje de Estados Unidos en Brasil pidió al gobierno ruso que autorice al ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden a participar de una videoconferencia con senadores brasileños para aclarar varias cuestiones. El requerimiento se aprobó después de una audiencia pública con el periodista Glenn Greenwald, quien admitió el miércoles pasado ante el Senado brasileño que desconoce datos sobre el espionaje estadounidense en Brasil. El periodista norteamericano residente en Río de Janeiro dijo que el Congreso o el gobierno brasileños “deberían darle asilo a Snowden”, quien tiene “la mayor información” sobre el asunto.
“Estoy haciendo periodismo con mucho riesgo. He recibido amenazas y no estoy escondiendo información”, declaró Greenwald. Según el miembro informante de la CPI, Ricardo Ferraço (PMDB), se hará el pedido a Rusia, porque solamente Snowden posee informaciones suficientemente detalladas. Greenwald subrayó que “no hay ninguna duda de que el interés principal de esas actividades no es la seguridad nacional”, sino “aumentar el poder de EE.UU. en el mundo. El segundo interés es puramente económico”, declaró.
El senador Pedro Taques le sugirió que pusiera a disposición del Senado los documentos que posee en relación con Brasil. “De ese modo, no tendríamos que esperar a que aparezcan nuevas revelaciones en un diario o en un programa de televisión”, justificó su pedido, pero Greenwald se negó porque los documentos que tiene se refieren a las actividades de las agencias norteamericanas en Brasil, pero también en “muchos otros países”. Si lo hiciera, dijo, cometería “traición a la patria”.
La audiencia pública se realizó tres días después de que el programa “Fantástico” de la Red Globo revelara que la Agencia Canadiense de Seguridad en Comunicación (CSEC) espió el ministerio brasileño de Minas y Energía. “La denuncia confirma las razones económicas y estratégicas de tales actos”, escribió la presidenta Rousseff en Twitter el lunes 7. La presentación canadiense fue exhibida en junio de 2012 en una conferencia de las agencias de espionaje de los cinco países del grupo conocido como Five Eyes (Cinco Ojos): Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
“Esas informaciones pueden servir a empresas que se presentan a las licitaciones públicas”, dijo Pinguelli Rosa, ex presidente de Eletrobras. “Me parece gravísimo, porque así saben anticipadamente cómo van a ser las convocatorias. Están en juego miles de millones de dólares, no es poca cosa”, comentó. De cada cuatro grandes empresas mineras del mundo, tres son canadienses. Aunque las principales informaciones sobre las reservas minerales brasileñas son públicas, en el ministerio se guarda información estratégica sobre las licitaciones de bloques de exploración y producción de petróleo o la construcción de usinas eléctricas.
Sin Exxon ni BP, Petrobras sigue adelante. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) aprobó este miércoles 9, con reservas, los estudios para licitar el 21 de octubre frente al litoral carioca el área de Libra. Es la primera licitación de áreas de exploración de petróleo y gas natural submarinos que se explotarán en sociedad con Petrobras. Significativamente, las gigantes norteamericanas Exxon Mobil y Chevron y las británicas BP y BG desistieron de la disputa y no figuran en la nómina de las 11 empresas interesadas que dio a conocer la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) en septiembre.
Sin escándalo, pero con firmeza, el gobierno brasileño reacciona a la agresión de los “Cinco Ojos” bloqueando su participación en futuros negocios en el país e internacionalizando la demanda por la gobernación democrática de Internet. La presidenta se perfila internamente como custodia de la soberanía y las libertades y obliga a los agresores a dar explicaciones. Más difícil le resulta en cambio gobernar su propio Parlamento. Manejando sus sentimientos patrióticos, pero también los intereses, Dilma Rousseff puede pasar a la historia liderando una gran coalición de defensa de la soberanía y las libertades.

Los dilemas del triunfo conservador en Alemania

Merkel deshoja la margarita

Año 6. Edición número 282. Domingo 13 de Octubre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

mundo@miradasalsur.com

Dilema. La canciller triunfante se encuentra ante una encrucijada difícil de resolver.

Alemania. Los posibles partidos políticos con los que la canciller alemana puede formar un gobierno de coalición presentan fuertes dilemas al oficialismo conservador teutón.

Mientras que tres semanas después de las elecciones generales la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller Angela Merkel y sus socios bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU) siguen sondeando al Partido Socialdemócrata (SPD) y a Alianza 90/Los Verdes para ver con quién encaran negociaciones para la formación de una coalición de gobierno, las complicaciones del tema han hecho que desaparezca de las primeras planas de los principales medios. Aunque probablemente se forme una gran coalición CDU/CSU-SPD, ninguna opción es claramente ventajosa para la triunfante Merkel.
La democracia cristiana y los verdes se encontrarán el próximo martes una segunda vez, para decidir si arriesgan una negociación formal, ya que en la reunión del jueves 10 no agotaron la agenda. El secretario general de la CDU, Hermann Gröhe, señaló que ambas fuerzas quieren adecuar la producción y consumo de energía a criterios de sostenibilidad ecológica, pero disienten en los medios e instrumentos para hacerlo. Su par bávaro Alexander Dobrindt, por su parte, anunció que la Unión decidirá la próxima semana con quién negociar la formación de gobierno después de las reuniones con el SPD y los Verdes. Gröhe, en cambio, estiró el plazo hasta la reunión del nuevo Parlamento, el próximo 22 de octubre, aunque adelantó que la Unión tiene más acuerdos con los socialdemócratas. Dorbrindt ratificó esta apreciación, pero reconoció a los ecologistas “seriedad” y “profesionalidad”.
Los Verdes decidirán sobre las eventuales negociaciones en un congreso convocado para el próximo fin de semana. El SPD lo hará al mismo tiempo en su convención. La vicepresidenta socialdemócrata Manuela Schwesig prevé que la reunión con la CDU/CSU el próximo lunes será “más complicada”, ya que deben comenzar a conversar sobre algunos detalles. Para marcar la cancha, el presidente del bloque de diputados federales de la CDU, Volker Kauder, ya puso la introducción de la pensión por crianza y el rechazo a cualquier aumento de impuestos como condiciones intraspasables. Los socialdemócratas le contraponen un subsidio general para jardines maternales e infantiles, que permita a las mujeres compatibilizar la profesión con la familia, y la reintroducción del impuesto a las grandes fortunas, eliminado por Helmut Kohl en 1996. Les será más fácil introducir el salario mínimo para reducir “la pobreza asalariada”. La CDU sabe que debe hacer algunas concesiones al SPD, para calmar el rechazo de las bases de éste a una gran coalición.
Por su parte, la renunciante copresidenta de los Verdes, Claudia Roth, informó que en la reunión con la Unión tratarán los temas relativos a la equidad: salario mínimo, salud pública y atención a la infancia. También discutirán sobre “una política exterior orientada por criterios de derechos humanos” y modificaciones en la política de cooperación para el desarrollo. En tanto, el saliente copresidente del bloque verde Jürgen Trittin atacó frontalmente al ministro del Interior, Hans-Peter Friedrich (CSU), quien a raíz de los 300 muertos de Lampedusa pidió “más dureza” con los inmigrantes. Ambos pertenecen a las comisiones negociadoras que se encontraron el pasado jueves.
La tragedia del Mediterráneo (todavía no se conocía el segundo hundimiento del viernes) sirvió por lo menos, para que algunos políticos democratacristianos reclamaran el salvataje de los migrantes en alta mar. La ministra de Inmigración, Maria Böhmer, criticó a la policía de fronteras de la Unión Europea (UE), Frontex, que desde 2011 tiene como una de sus misiones proteger la vida de los inmigrantes en riesgo y “no lo hace adecuadamente”. Sin embargo, el vicepresidente del bloque de la CDU en el Bundestag, Michael Fuchs, se quejó, porque “Alemania ya recibe al 23% de los que llegan a Europa y mucho más no podemos hacer”. “Hay que tratar de que se puedan quedar bien en sus países de origen”, remarcó el político oficialista.
Entre tanto, hasta el presidente de la CSU, Horst Seehofer, bajó el tono con el que se refiere a los Verdes. El ex secretario general de la CDU Heiner Geissler, a su vez, reclamó en una radio que “ya es hora de que la Unión y los Verdes se dispongan a coaligar. En ambos partidos hay todavía demasiadas cabezas duras que impiden pensar”, concluyó.
Por su parte, el también dimitido copresidente verde Cem Özdemir –astuto hijo de inmigrantes turcos crecido en el gueto– dijo que había que conducir las negociaciones con la CDU “decentemente”, como para poder seguir hablando “no sólo hoy, sino también en el futuro, aunque que conversemos no quiere decir todavía que ya podamos gobernar juntos”.
Aunque la salida del Partido Liberal Democrático (FDP) del Parlamento federal obliga a la CDU/CSU a buscarse un aliado y los Verdes parecen ofrecer una versión del liberalismo adaptada al siglo XXI, Angela Merkel no quiere hacer demasiadas concesiones en un contexto de crisis económica europea aún sin superar. Por eso, la gran coalición con el SPD aparece como más probable que una pequeña con los Verdes.
No obstante, la base socialdemócrata está hipersensible. Ya se decidió que los 470.000 afiliados del partido, en una votación vinculante, tendrán la última palabra sobre la formación de una gran coalición. En la CDU, en cambio, decide la presidencia colectiva.
Angela Merkel va a anunciar dentro de las próximas dos semanas, hasta la sesión constitutiva del nuevo Parlamento, con quién negociará el contrato de coalición. Cualquier coalición que se forme después del 22 de octubre estará tironeada por contradicciones insalvables y posiblemente se rompa antes de cumplir los cuatro años. El estilo arrollador de Angela Merkel le ha deparado grandes triunfos, pero la dejó sin interlocutores en Alemania y en Europa. Ella y su patria se han quedado solos.

Greenpeace atrapada en la competencia por el Ártico

Los “piratas verdes” se ensuciaron con petróleo

Año 6. Edición número 281. Domingo 06 de Octubre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior Periodista

mundo@miradasalsur.com

Vladimir Putin. Greenpeace lo ataca en su momento de gloria.

 

Rusia ve la acción de Greenpeace en el Ártico como un adelanto de la internacionalización occidental de la región.

En los siglos XVI y XVII los corsarios y piratas fueron en el Caribe los adelantados de las potencias europeas emergentes en territorios del imperio español, cuando sus países de origen aún no se atrevían con el poder hegemónico de la época. Al definirse la supremacía mundial inglesa en el siglo XVIII, los piratas fueron suprimidos por sus impulsores de antaño. De modo similar percibió el gobierno ruso la incursión del barco de Greenpeace Artic Sunrise cuyos tripulantes asaltaron el 19 de setiembre en el Mar de Barents la plataforma petrolera Prirazlomnaya.
Después de algunas contradicciones el pasado miércoles 2 la fiscalía del Noroeste de Rusia acusó a 14 tripulantes del buque por piratería. Las otras 16 personas fueron llevadas a los tribunales de Murmansk, capital distrital. La acusación da para que pasen quince años en prisión, pero la fiscalía ya anunció que serán liberados antes de los dos meses.
El grupo fue detenido por la guardia costera el 19 de septiembre, al liberar la plataforma Prirazlómnaya ocupada el día anterior y el buque, remolcado al puerto de Murmansk. Los ecologistas protestaban contra la próxima exploración de petróleo en aguas profundas del Ártico por la sociedad pública Gazprom, la tercera empresa más grande del mundo. El Ministerio de Exteriores de Rusia consideró provocadoras y extremistas las acciones de Greenpeace. En su respuesta, el 22 de septiembre, la organización ecologista negó la acusación de piratería y subrayó que el Artic Sunrise se encontraba dentro de la zona económica rusa, pero fuera de sus aguas territoriales, por lo que la acción policial fue ilegal.
Durante el foro internacional Ártico, territorio de diálogo celebrado en Siberia, el presidente Vladímir Putin dijo el 25 de setiembre que los activistas detenidos no son piratas , aunque violaron el derecho internacional. Las contradicciones en el tratamiento del caso en Rusia son significativas: la cancillería asocia el incidente con el ataque terrorista en Kenia, la fiscalía acusa a los ecologistas de piratería y la corte de Murmansk los investiga por intromisión en aguas jurisdiccionales . El presidente, en tanto, se esfuerza por bajar el tono.
La batalla por el petróleo del Ártico en el trasfondo
Estas contradicciones quizás se deban a la intensa lucha que libran Gazprom y Novatek, por un lado, y la estatal Rosneft. Según informó el diario moscovita Kommersant el pasado jueves 3, el gobierno ruso piensa quitar a Gazprom desde enero próximo el monopolio de las exportaciones de gas y repartir licencias para su transporte por mar. Según el diario, Novatek, el segundo productor de gas del país, y Gazprom Neft, la filial petrolera del mamut gasífero, están tomando de manos de la estatal italiana Eni el control de SeverEnergia, con yacimientos en el Norte del país. Con esa operación esperan frenar a Rosneft que tenía la misma intención. El consorcio estatal, a su vez, está implementando un acuerdo estratégico firmado con ExxonMobil en 2011. En junio pasado ambas empresas decidieron explotar juntas yacimientos petrolíferos en los mares de Kara (en Siberia Occidental) y Negro y extraer gas en el Extremo Oriente ruso. Con un costo inicial de 3.200 millones de dólares, financiados en su mayor parte por ExxonMobil, calculan comenzar la extracción de crudo en el Ártico en 2014. A su vez, Neftegaz Holding America Limited, una subsidiaria de Rosneft con sede en Delaware (EE.UU.), compró a ExxonMobil el 30% de un megaproyecto en Tejas Occidental. Hasta hace poco Rosneft era sólo el mayor productor de crudo de Rusia, pero el acuerdo estratégico lo convirtió en global player.
La empresa estatal salió también ganando, porque la cooperación con el socio norteamericano le evita lidiar con socios rusos y la libera de un acuerdo con British Petroleum (BP), que todavía sufre por del desastre en el Golfo de México y que ya trabajaba con sus competidores rusos. La ventaja para Rosneft es además que ExxonMobil transfiere tecnología e incorpora a los rusos a sus proyectos en América del Norte.
Hablando ante activistas del partido Rusia Unida, el presidente Vladimir Putin anunció el pasado 3 de octubre que, para aumentar su presencia en el Ártico, Rusia está reconstruyendo en la isla de Nueva Siberia, en la frontera entre Asia y Europa, donde colindan las áreas de exploración de Gazprom y Rosneft, una base naval de la época soviética estratégica para vigilar el tráfico naviero entre el Pacífico Norte y Europa. Con enojo rechazó a la vez las propuestas occidentales para internacionalizar el Océano Ártico. Rusia, EE.UU., Canadá, Dinamarca y Noruega tratan desde hace tiempo de afirmar su soberanía en la región bajo la que yace un cuarto de las reservas mundiales de gas y petróleo, pero las condiciones ambientales lo impedían. Al derretirse los hielos polares, la situación cambió. Rusia, Canadá y Dinamarca ya han anunciado que harán valer ante la ONU sus derechos sobre el mar como extensión de sus territorios.
Desde el negocio gasífero Gazprom está entrando en la explotación petrolera. Su monopolio para proveer gas a Europa la vincula con las mayores empresas del sector. El ex-canciller alemán Gerhard Schroeder, por ejemplo, es presidente del directorio de una binacional de la empresa rusa con la británica BP y dirigió la construcción del gasoducto del Mar Báltico. Rosneft, a su vez, creció extrayendo petróleo y su alianza con ExxonMobil la introdujo en todas las facetas del negocio a nivel mundial. El choque entre ambas es parte del conflicto europeo-norteamericano por el control de los últimos combustibles fósiles disponibles en el mundo. ¿Se dio cuenta Greenpeace de su papel en esta lucha?
El gobierno ruso ve en la acción ecologista un avance occidental para internacionalizar el Ártico, disminuir su ventaja en el mismo y una intromisión ajena en la lucha por el poder dentro del país. Por eso exagera en su acusación, mientras Putin baja la temperatura del conflicto, precisamente, para desligarse de la competencia hegemónica europeo-norteamericana. La nueva guerra fría está en curso, pero nadie quiere proclamarla, hasta que se aclaren los frentes.