La supervivencia de Juan José Aranguren en el Ministerio de
Energía del gobierno de Mauricio Macri es para los observadores un
misterio: como autor del peor tarifazo en los servicios de gas y
electricidad de la historia del país, la semana pasada debió declarar
durante once horas ante un plenario de comisiones de la Cámara de
Diputados y al día siguiente, el jueves 18, la Corte Suprema de Justicia
retrotrajo el aumento de las tarifas de gas para el servicio
domiciliario. La explicación reside en los apoyos que el ministro tiene
en la casa matriz del holding Shell PLC, en sus propietarios ocultos y
en la aguda necesidad de dinero de estos.
Shell es una de las
empresas más lucrativas del mundo, pero la caída del precio del petróleo
desde 2014 y los U$S 70 mil millones que gastó en 2014/15 para comprar
British Gas la dejaron corta de caja para pagar dividendos y financiar
la exploración de nuevos yacimientos, por lo que el directorio la está
concentrando en la perforación en aguas profundas en Brasil y el Golfo
de México así como en la producción de químicos, mientras posterga las
inversiones en esquistos.
La presión aumenta, porque los grandes
inversores no quieren rescindir ganancias, lo que explica algunas
movidas políticas recientes. Al cambiar el gobierno en Brasil, Chevron
entró con fuerza en el negocio del pre-sal y comenzó a imponer
condiciones a Petrobras y su aliada Shell. Inversamente, en Argentina,
Aranguren paralizó la explotación de Vaca Muerta, que Cristina Fernández
había concertado con Chevron, y aumentó la importación de gas licuado.
Estas
maniobras se explican en gran parte, si se entiende la estructura de
propiedad de Shell. En septiembre de 2014 el 13,43% de las acciones
pertenecía a inversores institucionales y el resto, a
no-institucionales. Entre los primeros, el mayor es el Nederlands
Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV (conocido como
Necigef), con el 44,7 por ciento. De los demás accionistas, ninguno
tiene más del tres por ciento. Necigef es el instituto de control de
valores y acciones de los Países Bajos que desde 2002 pertenece a
Euroclear, una empresa de servicios financieros basada en Bélgica que es
parte del grupo JP Morgan & Co y actúa en varios países europeos.
De modo que la administración de acciones de importantes países europeos
está en manos del Banco al que está ligado el ministro de Hacienda
argentino Alfonso de Prat-Gay. Esta entidad, a su vez, gerencia el
control del grupo Shell al que responde el ministro de Energía. Detrás
de todo está Máxima Zorreguieta, vástago de la más rancia oligarquía
argentina y desde 2002 miembro de la casa real holandesa.
La casa
de Orange-Nassau es una empresa multinacional con inversiones múltiples
y dispersas. Fuentes bien informadas la señalan como principal
accionista de Royal Dutch Shell. Junto con la corona, el rey
Willem-Alexander heredó en 2013 de su madre, la reina Beatrix,
propiedades por más de 1300 millones de dólares. No obstante, como la
corona holandesa aún no se recuperó de las pérdidas ocasionadas por un
fraude con valores en 2004 y la quiebra de Lehman Brothers en 2007, está
urgida para conseguir efectivo.
Desde que Mauricio Macri es
presidente, las inversiones holandesas en Argentina han aumentado
especialmente en energías renovables, un sector en el que, gracias a la
reina Máxima, Holanda es líder. La soberana puso a Juan José Aranguren
en el Ministerio de Energía para controlar los ingentes recursos
energéticos argentinos, bloquear el avance de Chevron en la explotación
de esquistos, extraer el máximo de ganancia posible en un plazo
cortísimo para sanear la caja de la corona, transferir el peso de la
matriz energética argentina hacia las energías renovables y hacer
negocios financieros. «
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Eduardo J. Vior