Panamá, Italia y España unidas por la corrupción

Patriotas, pero no tanto

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior, periodista

internacional@miradasalsur.com

Escándalo. El intermediario Lavítola fue condenado por coimas y extorsión.

Desde octubre pasado amenaza a la obra de ampliación del Canal de Panamá una demanda por sobrecostos de la unión transitoria de empresas unidas para realizar las obras, cuyo trasfondo español fue exhaustivamente analizado por Walter Goobar en una nota que salió en Tiempo Argentino el pasado martes 7. Sin embargo, el enfrentamiento por los supuestos sobrecostos tiene otras aristas en Italia y Panamá que también vale la pena analizar.
El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá y la administración de la vía siguen sin ponerse de acuerdo, mientras amenaza a las obras una paralización a partir del 21 de enero. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que integran la española SACyR, la italiana Impregilo (concesionaria de varias autopistas en Argentina), la belga Jan de Nul (a cargo del dragado del Río de la Plata) y la panameña CUSA, avisó el pasado día 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autónomo de administración de la vía de navegación desde su pasaje a Panamá en 1999, que en 21 días paralizaría las obras de ampliación, porque no soporta los “sobrecostos” de más de 1.600 millones de dólares. El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, por su parte, conminó al consorcio a seguir las obras, pero también anunció que la Autoridad puede finalizarlas con “otros contratistas”.
La ACP propuso el martes como solución el aporte conjunto de 283 millones de dólares, pero Impregilo, en un comunicado difundido este jueves en Panamá, tildó de “inaceptable y ridícula” la posición de la ACP y la acusó de pretender que el consorcio deba “asumir (...) todos los costes” de lo que queda por construir del tercer juego de esclusas, un proyecto con un avance del 65%. El mismo día su matriz, Salini Impregilo, reclamó desde Milán mil millones de dólares en pagos adelantados. Con estas declaraciones de Pietro Salini, presidente de la compañía italiana, quitó a su socia española la conducción del grupo, probablemente porque está cada vez más hundida en el escándalo por financiamiento ilegal al Partido Popular de España. Quijano le respondió el mismo jueves que todas las alternativas propuestas por los contratistas “están fuera de contrato”.
Mientras tanto, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, visitó Panamá lunes y martes pasados, para promover el diálogo. También el gobierno italiano se expresó este jueves a favor de una salida negociada al conflicto, pero ambos sin resultados.
A los reclamos económicos se suma al retraso en la conclusión de la obra, que sería entregada en junio de 2015 y no en octubre de 2014, como estipula el contrato.
Las acciones de la empresa española SACyR cerraron el jueves con una caída de 2.65% en la Bolsa de Madrid, mientras que la compañía anunció que puso a la venta su división inmobiliaria, Vallehermoso. No deja de ser curioso que el anuncio de suspensión de las obras del Canal haya coincidido con la venta de Vallehermoso y la absorción de Impregilo por el coloso de la construcción Salini Spa, el 2 de enero de 2014. La empresa resultante, Salini-Impregilo Spa, redujo su capital de $718 millones a $500 millones y a partir de ahora será dirigida por el equipo ejecutivo de Salini Spa, presidido por Pietro Simone, quien firma el comunicado.

Martinelli, amigo de Berlusconi. El escándalo entre el Estado panameño y sus socios europeos por la ampliación del Canal tiene todavía otra arista inexplorada: el tribunal supremo italiano confirmó esta semana la condena a tres años y ocho meses de prisión a Valter Lavítola, intermediario en las transacciones entre el gobierno panameño y el conglomerado italiano Finmeccanica. El viejo amigo del presidente Ricardo Martinelli arrastra otra condena de un año y cuatro meses de prisión, por intentar extorsionar al ex primer ministro Silvio Berlusconi. Lavítola está imputado junto a Paolo Pozzessere, ex director comercial de Finmeccanica, por el pago de coimas a funcionarios panameños, para la adjudicación de contratos a empresas italianas. El empresario también está acusado de extorsión a Impregilo.
Según el expediente, Lavítola presionó a Impregilo para que construyera un hospital pediátrico en Veraguas que había sido prometido por el hoy ex primer ministro Silvio Berlusconi. Para los fiscales de Nápoles, que Impregilo asumiera el costo de construir el hospital era otra forma de desviar coimas al presidente Martinelli a través del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña, representante en Panamá de IBT Group, beneficiado con contratos para edificar hospitales por más de 500 millones de dólares.
Queda claro, según un análisis hecho por peritos italianos, que las llamadas telefónicas de Lavítola –en nombre del presidente Martinelli– buscaban chantajear a Impregilo para que construyera el hospital. El presidente de Impregilo declaró a los fiscales que Martinelli, a través de Lavítola, pidió un “reconocimiento” económico si le adjudicaba la licitación del Metro de Panamá.
El 27 de julio de 2012 Massimo Ponzellini –entonces presidente de Impregilo– fue interrogado por el Tribunal de Nápoles e identificó a Lavítola como un cercano colaborador de Martinelli que pretendía cobrar coimas, si Impregilo ganaba la licitación del Metro. “Después de habernos adjudicado como Impregilo y en consorcio la licitación del Canal de Panamá, participamos en la licitación del Metro de Panamá...”, declaró Ponzellini. “Fue en relación a esta licitación –en la que Impregilo no estaba interesada– que entró en juego Lavítola como intermediario del presidente Martinelli y nos hizo entender claramente –añadió Ponzellini– que el presidente pretendía un ‘reconocimiento’ económico para él y para su entorno...”. “Lavítola lo manifestó hablando directamente conmigo, así como indirectamente a través de la Presidencia del Consejo (o sea, a través de Berlusconi)”, narró. En su declaración, Ponzellini describe que “Lavítola (como intermediario de Martinelli) pretendía hacer ver que habría obstáculos y problemas para Impregilo en caso de que no cediéramos a sus pretensiones”.
Puede ser que Impregilo no tenga razón en exigir sobrepagos de la Autoridad del Canal de Panamá y que el presidente de ésta esté actuando dignamente al rechazar la exigencia, pero en ocasión de su absorción por Safini la empresa italiana probablemente esté cobrando al gobierno panameño las pérdidas ocasionadas por los reclamos de la familia Martinelli y la presión de Silvio Berlusconi. El gobierno panameño, en tanto, evidentemente no se pone duro ante Impregilo por patriotismo. Sabe que la empresa sabe mucho y debe callarla con la amenaza de quitarle el contrato para la ampliación del Canal. SACyR ya prácticamente no cuenta, Jan de Nul va a evitar repetir un escándalo como el que pasó en Argentina con la primera licitación para el dragado del Río de la Plata en los años 1990. ¿Quedará sin terminar la ampliación del Canal, como quedó la faraónica obra de Ferdinand de Lesseps en el siglo XIX?

Nicaragua y Panamá compiten por la ruta interoceánica

El Canal agrandado vs. el Gran Canal

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014

Por 

Miradas al Sur

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Centroamérica entre dos aguas. La crisis por la ampliación del Canal de Panamá potencia el interés por la alternativa en Nicaragua, pero maniobras estratégicas y pequeños negocios condicionan ambos proyectos en un contexto turbulento.

Mientras que la ampliación del Canal de Panamá está en riesgo por la crisis de las grandes empresas europeas involucradas y la corrupción de la elite local, Nicaragua ha encarado la construcción del suyo con más voluntad que preparación y con imponderables geológicos. En un extraño juego de competencias y asociaciones en ambos casos los beneficiarios principales son Estados Unidos y China.

CANAL DE PANAMÁ. La construcción de la nueva esclusa del Pacífico en el marco de la ampliación del Canal de Panamá lleva un retraso de nueve meses y recién concluirá en junio de 2015, anunció la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en octubre pasado. Además, el actual litigio por los sobrecostos (ver recuadro) puede paralizar las obras en pocos días y dejar en el istmo una nueva ruina, como las abandonadas por F. de Lesseps en 1889 y EE.UU. en 1942.
La capacidad del Canal de Panamá está determinada principalmente por el tamaño de las esclusas, que actualmente tienen 33,53 m de ancho, 320,04 m de largo y 25,91 m de profundidad. A estas dimensiones se ajusta el tamaño máximo de los barcos en el mundo, que se conoce como Panamax. Desde 1930, todos los estudios de ampliación del Canal han establecido que, para mejorar su capacidad, hay que construir un tercer juego de esclusas, más grandes.
Según la ACP, durante los próximos 20 años el volumen de carga transportado por el Canal crecerá a un promedio del 3% anual, duplicándose entre 2005 y 2025, casi totalmente por el aumento de las importaciones de EE.UU. desde China que pasan por el canal hasta los puertos del este de los EE.UU. y del Golfo.
El Canal hoy tiene dos carriles con sus respectivos juegos de esclusas. Al ampliarlo, se añade un tercer carril que incluye esclusas complejas en cada extremo del Canal. Cada una de éstas tendrá tres cámaras consecutivas diseñadas para elevar los buques desde el nivel del mar hasta el del lago Gatún (87 m sobre nivel del mar) y hacia abajo otra vez. Cada cámara contará con tres diques, 18 en total. Al igual que las esclusas existentes, las nuevas se llenarán y vaciarán por gravedad, sin el uso de bombas. La construcción de las nuevas esclusas usa una parte importante del área ya excavada por los Estados Unidos en las obras de ampliación que abandonó en 1942, conectándolas al sistema existente por nuevos canales de navegación. Las cámaras de las nuevas esclusas serán de 426,72 m de largo por 54,86 m de ancho y 18,29 m de profundidad. En ellas se usarán puertas rodantes, como es hoy usual en todo el mundo. Las nuevas esclusas utilizarán remolcadores para desplazar los buques en vez de las locomotoras actuales. Ambos canales de acceso tendrán 218 metros de ancho, adaptados a los llamados buques Post-Panamax.
Al ampliarse el canal, se estima que hacia 2025 los ingresos se elevarán a más de 6.200 millones de dólares por año. El costo estimado de las obras de ampliación es de 5.250 millones de dólares, de los que 3.200 millones se destinan a las nuevas esclusas. Hasta el 31 de diciembre pasado se había ejecutado un 66,6% de la obra.
En 2007 se otorgó la realización de las obras al consorcio Grupo Unido por el Canal de Panamá S.A. (GUCP), integrado por la empresa española SACyR-Vallehermoso, el grupo italiano Impregilo, ambas respectivamente con el 48% de las acciones, la empresa belga Jan de Nul y la panameña Cursa. Las obras comenzaron en 2009. Desde el principio hubo reclamos por sobrecostos que fueron delegados a la Junta de Resolución de Diferencias (JRD) prevista en la licitación. Algunos se resolvieron y otros se fueron postergando, hasta que estallaron a fines de diciembre pasado en la amenaza de las empresas concesionarias de suspender las obras el próximo 21 de enero, si no se les reconocen mayores costos, cuyo monto está controvertido.
Si bien la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es un ente autárquico dirigido actualmente por el Ing. José L. Quijano, un profesional con 36 años de experiencia en la administración del Canal, no puede escapar a los avatares de la corrupta política panameña (ver aparte). A su vez, las concesionarias están envueltas en escándalos por coimas y sobornos en España, Italia y Panamá que ahora estallaron y ponen en peligro esta obra gigantesca.

EL GRAN CANAL DE NICARAGUA. Por su parte, Nicaragua anunció el martes 7 que recién iniciará la construcción de un canal interoceánico entre el Caribe y el Pacífico a comienzos del 2015. El presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (AGCIN), Manuel Coronel Kautz, dijo que la construcción comenzará una vez terminados los estudios de factibilidad y definido el trazado de la vía.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en junio de 2012 la ley que autoriza a construir un canal interoceánico de gran calado entre el Caribe y el Pacífico, una obra que durará unos 15 años y costará 40.000 millones de dólares. El 13 de junio pasado, en tanto, el congreso adjudicó su construcción a una firma china. Además, encargó a la nueva Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A. la construcción de un oleoducto y de un puerto de aguas profundas en el Pacífico y otro en el Caribe unidos por un ferrocarril de cargas. También se creará una zona de libre comercio y se construirá un aeropuerto internacional en cada margen.
Se estudian cuatro posibles rutas para construir el canal que pasan por una parte del Gran Lago y deben atravesar el istmo de Rivas. En cualquier caso, el proyecto arruinará zonas de alto valor ecológico. Aunque todavía se desconoce el trazado, Environmental Resources Management (ERM), una compañía británica, está realizando ya los estudios de impacto ambiental que entregará a fines de año. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó los 32 recursos presentados por organizaciones contra el canal interoceánico.
El canal será construido por la compañía china HKND Group en base al acuerdo firmado el 14 de junio pasado que le otorgó la concesión por 50 años duplicables. El HKND Group, una firma creada en Islas Caimán y asentada en Hong Kong, está presidido por el empresario chino Wang Jing. "Nadie sabe nada de Wang Jing" dice Michael Forsythe, corresponsal de la agencia Bloomberg en Beijing. Según datos de Bloomberg Billionaires Index (Índice de Multimillonarios de Bloomberg), el empresario de 41 años es presidente y principal accionista de la compañía de telecomunicaciones Beijing Xinwei Telecom Technology Co., en la que tiene una participación de 1.100 millones de dólares. Nunca figuró en una clasificación internacional sobre riqueza, pese a que participa en negocios de infraestructura, minería, aviación y telecomunicaciones. Controla o es presidente del consejo de administración de más de 20 compañías en 35 países y es presidente de la HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development).
Según Raymond Li, jefe del servicio chino de la BBC, Wang estableció HKND específicamente para el proyecto del canal interoceánico. "Se dice que Xinwei Telecom tiene relaciones muy cercanas con el gobierno chino" explica el periodista. "Pero lo más importante es que Datang Group, la gigante estatal de telecomunicaciones, es una de las principales accionistas de Xinwei", afirmó. "Esto deja en claro que el gobierno chino debe estar apoyando el megaproyecto en Nicaragua" afirma Li.
Algunos critican el proyecto, porque significará la "pérdida de la soberanía" del país. Otros lo cuestionan por su impacto ecológico. Según la ley, el canal nicaragüense debe estar parcialmente construido para 2019, cuando podría captar 416 millones de toneladas métricas, el 3,9% de la carga marítima mundial. La zona de construcción del canal será declarada de "utilidad pública" y el Estado nicaragüense indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en no más de 10 años y de común acuerdo entre las partes.
Por el canal interoceánico de Nicaragua pasarán barcos más grandes que por Panamá, porque tendrá una vía acuática más ancha, un canal seco ferroviario, oleoductos, dos puertos de aguas profundas, zonas francas y dos aeropuertos litorales.
Entre las empresas contratadas para este proyecto se encuentran, por una parte, Environmental Resources Management (ERM), la consultora británica que investigará el impacto ambiental y social de la ruta seleccionada, la China Railway Construction Corporation, para evaluar la viabilidad inicial de la obra, y la consultora McKinsey & Co., para investigar y analizar el proyecto.
China será el país que más aprovechará el nuevo canal por la reducción de costos del transporte de mercaderías entre sus puertos y los de las costas del este y del Golfo en EE.UU. A través del canal también aumentará su presencia en los mercados de Centroamérica y América latina. De acuerdo a Heinz Dieterich, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, "mediante el canal China tendría un acceso estratégico a América del Norte", le dice a BBC Mundo. "Sería una respuesta a lo que hace Washington, al trabar alianzas en Asia oriental", añade. Según José Luis León Manríquez, investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM, "con un canal por el cual los venezolanos puedan transportar el petróleo, va a bajar mucho el costo de mover las materias primas que se extraen de América latina hacia China".
"La relación entre China y Estados Unidos es íntima, tienen más en común que en conflicto", explica a BBC Mundo Arturo Cruz Sequeira, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). Las economías de los dos países representan más del 33% del PBI mundial, añade el especialista, quien fue embajador de Nicaragua ante la Casa Blanca entre 2007 y 2009. En este sentido, no está claro que un canal interoceánico en Nicaragua administrado por una empresa china afecte esta relación. "La verdad, puede ser un proyecto que, en vez de separarlos, una a Estados Unidos y China", concluye.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega (2007-17) está envuelto en varios entredichos limítrofes con Costa Rica, Panamá y Colombia, vinculados también con su pertenencia al ALBA. Con el inicio de la construcción del Canal, ganaría a China como aliado y podría influir en su propia sucesión en 2016. Claro que todavía debe demostrar la viabilidad de la obra en la geografía volcánica de Nicaragua. En Panamá, en cambio, el gobierno de Ricardo Martinelli cobró coimas en otras obras a las empresas involucradas en el proyecto y hoy se encuentra con que sus socios europeos, castigados por procesos judiciales, achicamientos y fusiones, amenazan con no terminar las obras.
En ambos casos, los mayores beneficiarios son los Estados Unidos y la República Popular China. Tienen intereses confluyentes, pero no son socios. En Nicaragua, Beijing ha puesto un alfil en medio de la defensa de Washington, mientras que en Panamá ambos están esperando que se derrumbe la opción europea, para adelantar su juego. Claro que en Nicaragua la incógnita se llama volcanes y en Panamá, la corrupción oligárquica. Las líneas maestras del pensamiento estratégico también dependen de pequeños imponderables.

Saudiarabia provoca a Rusia en el Cáucaso

Juegos de sangre en Sochi

Año 6. Edición número 294. Domingo 05 de enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior, periodista

internacional@miradasalsur.com

 

Los Juegos Olímpicos de invierno en febrero próximo están pensadas por Moscú para respaldar el hegemonismo ruso en la zona del Cáucaso, pero la inteligencia saudita complica el evento con atentados terroristas.

Bajo el impacto de los atentados suicidas de Volgogrado del 29 y 30 de diciembre y la certeza de que otros los seguirán, este 1° de enero Rusia asumió por un año la presidencia del G8 buscando restablecer su rol como potencia mundial y afirmar su dominio en el Cáucaso, pero su competencia con la monarquía saudí en Siria repercute en el apoyo de ésta al terrorismo salafista que amenaza la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, a orillas del Mar Negro.
La explosión en un trolebús la mañana del lunes pasado en Volgogrado, en el sur de Rusia, ha dejado al menos 14 muertos y 28 heridos. Ya el día antes una atacante suicida hizo detonar un artefacto explosivo en la estación de tren de dicha ciudad. El pasado mes de octubre, a su vez, una explosión en un ómnibus se cobró en la misma ciudad la vida de seis personas y otras 40 resultaron heridas.
Ante la preocupación que los atentados han generado en el mundo deportivo, el gobierno ruso ha garantizado la seguridad de los atletas y espectadores que asistirán del 7 al 23 de febrero próximos a los Juegos Olímpicos de Invierno en la villa de vacaciones de Sochi, a orillas del Mar Negro y al pie del Cáucaso Norte. Considerando la situación geográfica de la pequeña ciudad, los expertos en seguridad no dudan que las autoridades puedan asegurar el desarrollo pacífico del evento, pero la posibilidad de que se produzcan atentados contra objetivos civiles en el extenso y abierto sur de Rusia es alta.
Andrew Kutchins, investigador en el Center for Strategic and International Studies, sostiene que “Sochi está prácticamente sitiada por las fuerzas armadas y de seguridad rusas y es casi imposible que alguien pueda vulnerar esa muralla, pero la finalidad probable de los terroristas es crear una extendida sensación de inseguridad dentro y fuera de Rusia”.
Desde que el Comité Olímpico Internacional aprobó en 2007 la realización de estos juegos, numerosos observadores, gobiernos y organizaciones civiles han manifestado sus preocupaciones. Sochi colinda con seis repúblicas autónomas de la Federación Rusa en el Cáucaso Norte, una región signada desde 1994 por los alzamientos chechenos. Según un trascendido del diario británico Daily Telegraph, en negociaciones con representantes rusos sobre Siria el Príncipe Bandar bin Sultan, jefe de la inteligencia saudita, habría amenazado con atentar contra los juegos de Sochi, si no se avenían a sus reclamos. “Yo estoy en condiciones de garantizarles la seguridad de los juegos, ya que los grupos chechenos que los amenazan están controlados por nosotros”, advirtió.
A los problemas internacionales y regionales en torno a los juegos se suman los locales. Sochi está en la zona del histórico pueblo circasiano, un grupo de origen caucásico que residía en la zona desde que existen referencias históricas y es mayoritariamente musulmán. Este pueblo fue conquistado por el Imperio Ruso en 1864, la mayoría de su población fue masacrada y los sobrevivientes expulsados hacia el antiguo Imperio Otomano. Sin embargo, cerca de 700.000 circasianos habitan todavía la región o residen en otras zonas de Rusia. Los patriotas circasianos ven los juegos como especialmente ofensivos, porque se realizan exactamente en el 150° aniversario de su derrota ante Rusia. Algunas de sus principales organizaciones reclaman la cancelación del acontecimiento, si el Estado ruso no se disculpa antes por el genocidio contra su pueblo, pero otras sólo demandan que los organizadores del evento respeten y destaquen los sitios de la memoria circasiana.
A la reivindicación nacionalista se añade la protesta de las organizaciones LGBT de todo el mundo por el rechazo de la Justicia rusa a la instalación de una “Casa del Orgullo”, como se hizo en anteriores eventos olímpicos, y por la nueva legislación rusa discriminatoria contra la diversidad sexual.
Al mismo tiempo, a pesar de los informes técnicos negativos sobre la construcción de instalaciones olímpicas en la reserva de la biósfera del Cáucaso, que está protegida por la UNESCO, y en terrenos del Parque Nacional de Sochi, el Comité Olímpico Internacional aprobó los planes.
Las construcciones de lujo en la zona de Sochi han impulsado también la especulación inmobiliaria, haciendo imposible la vida allí para la mayoría de los pobladores que no pueden sostener los altos costos de la propiedad. En consecuencia, la pequeña villa de veraneo promovida originalmente por Josef Stalin se está convirtiendo en un barrio cerrado para millonarios rusos.
Al realizar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Vladimir Putin pretende reforzar la presencia de la Federación Rusa en la región del Cáucaso creando un enclave de lujo. Con la misma lógica de sus antecesores zaristas en el siglo XIX, desarrolla inversiones bajo protección militar, para desarticular las economías locales y absorberlas dentro del gran mercado ruso. No obstante, el presidente ruso choca con los intereses estadounidenses, turcos y, sobre todo, sauditas que buscan contener el avance ruso y establecer hegemonías regionales propias. La historia de los Juegos Olímpicos siempre estuvo mezclada con sangre, pero sobre la nieve ésta se ve con particular claridad.

Bajo hegemonía militar Cuba construye un sistema mixto

Una transición ambigua

Año 6. Edición número 294. Domingo 05 de enero de 2014

Por 

Eduardo J. Vior, periodista

internacional@miradasalsur.com

Otros tiempos. Cuando los combatientes bajaron de la sierra, el futuro era una promesa al alcance de la mano / Piloto de tormentas. Raúl Castro timonea un tránsito no traumático hacia un sistema mixto.

Mientras se resuelve la sucesión de la “Generación de la Sierra Maestra”, el corporativismo garantiza la estabilidad de Cuba, que avanza hacia formas capitalistas de mercado, aunque frena las necesarias reformas políticas.

El 1° de enero pasado entraron en vigor en Cuba nuevas medidas de liberalización del mercado que continúan el curso de las paulatinas reformas que Raúl Castro va realizando en el socialismo de Estado local, siempre con el ojo puesto en el el control de la sucesión de la “Generación de la Sierra Maestra”. Sin embargo, este orden de prioridades crea inevitables contradicciones con las necesarias reformas económicas. Entenderlas es entender por qué la transición es el estado de Cuba en el largo plazo.
A partir del pasado viernes 3 de enero quedó liberada la venta de autos nuevos en Cuba. El gobierno ya había autorizado en 2011 la compraventa de autos entre particulares, pero para la adquisición de vehículos al Estado, que tiene el monopolio de la venta de coches nuevos, había que tener una carta de autorización que sólo se otorgaba a determinados grupos sociales. El gobierno dijo que los ingresos adicionales que se obtengan por la venta liberada de vehículos serán destinados a un fondo financiar el “desarrollo del transporte público”.
Ya una semana antes, el sábado 28 de diciembre, el gobierno cubano flexibilizó el otorgamiento de préstamos, para que los habitantes de la isla inicien negocios privados. Los cubanos ahora podrán pedir préstamos por montos más pequeños y pagarlos en más tiempo, pues los plazos de cancelación aumentaron de cinco a diez años. Aunque, desde que el gobierno comenzó a ofrecer oportunidades para los negocios privados, unas 440.000 personas han solicitado licencias de funcionamiento, sólo 550 solicitaron créditos oficiales. Se supone que el resto recibió transferencias de sus familiares en el exterior.
Al mismo tiempo abrió en La Habana el primer mercado mayorista de productos alimenticios, “El Trigal”. La Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios en La Habana arrendó la instalación a una cooperativa integrada por 10 socios, quienes subarrendarán 292 espacios a los productores que concurran a vender sus mercancías excedentes, tras haber cumplido los compromisos con el Estado. En “El Trigal” ofrecerán sus productos empresas y granjas estatales, cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria, unidades productoras, agricultores pequeños y la nueva figura de vendedor mayorista. Al mercado pueden acudir a comprar frutas, hortalizas, viandas y granos todas las personas jurídicas y naturales, incluyendo aquellas familias que deseen adquirir alimentos al por mayor, así como entidades incluidas en el “consumo social”.

Una transición de larga duración. 

  En un texto publicado en 2007 (“Cuba: ¿transición o continuidad?”) en la revista virtual Herramienta debate y crítica marxista, pero que tiene aún hoy total vigencia, el intelectual cubano Haroldo Dilla Alfonso analizó detalladamente las contradicciones del proceso cubano de transición económica y política. Según él, la transición cubana comenzó en realidad ya durante el llamado “período especial” en los años ’90, cuando la desaparición de la Unión Soviética dejó a la isla atenazada por la crisis económica y por las exigencias de la inserción en el mercado mundial capitalista. Tanto Fidel Castro como su hermano Raúl que lo sucedió en 2006 y su vieja guardia pudieron estabilizar el régimen político, pero debieron convivir con la aparición del mercado y de formas diferentes de propiedad grupal y privada, legales o no.
Este proceso, en primer lugar, agrietó el esquema de control sociopolítico que daba al Estado y a la clase política una condición cuasi monopólica en el manejo de la economía, la producción ideológica y la administración de la movilidad social, sin considerar al cuerpo social, en tanto los subsidios soviéticos les permitía desconsiderar la productividad y la eficiencia de la economía.
Rápidamente surgieron múltiples ocupaciones alternativas al empleo estatal o complementarias de éste, vinculadas con las diferentes nuevas formas de propiedad. Las remesas de los cubanos emigrados, por su parte, no sólo han implicado una fuente de vida autónoma para millones de personas y de desigualdad social, sino también de revalidación de esa comunidad emigrada como otro actor potencial del complejo escenario insular.
En segundo lugar, continúa el autor, esta apertura parcial creó un nuevo sector tecnocrático-empresarial formado por los gerentes de las firmas comerciales y de propiedad mixta, los empresarios del mercado informal e ilegal y los administradores de las grandes empresas estatales que pronto adquirieron modos de vida, aspiraciones y modus operandi internacionales. Aun cuando es un sector políticamente débil, sus vínculos con la política le otorgan influencias insospechadas. Por otra parte, su ubicación en los comandos de las actividades económicas más dinámicas los hace imprescindibles para la reproducción del esquema de poder político. Finalmente, este grupo emergente ejerce también una gran influencia ideológica, al demostrar a la empobrecida población cubana que el éxito social depende del acceso al mercado internacional.
En tercer lugar la inserción de Cuba en la economía global ha fragmentado su estructura económica y territorial. El país vive nuevamente una desigualdad espacial que había sido paliada por las políticas territoriales. Y también, en consecuencia, la isla está cruzada por flujos migratorios que multiplican la complejidad de los conflictos sociales.
Por su lado, en un análisis publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito en mayo de 2012 (“Reformas y transición en Cuba: una evaluación de desarrollos recientes [2010-2012]”) los investigadores Armando Chaguaceda y Ramón I. Centeno señalaron las contradicciones existentes entre reformas económicas y políticas:
Hace veinte años, las transformaciones más profundas se dirigieron al sector externo de la economía, con la esperanza de obtener las divisas que financiaran la inmutabilidad de la economía interna. La hipertrofiada expectativa de éxito de esta medida hizo que el gobierno cubano postergara mayores reformas al interior de su estructura socioeconómica que recién están encarándose ahora. A juicio de los autores, la actual reforma obedece más a imperativos políticos que económicos, ya que la sucesión de la generación de “combatientes de la Sierra Maestra” es inminente. Sin embargo, ningún aspecto es tan trascendente como la próxima ausencia de Fidel Castro, el Comandante en Jefe, quien dejará en Cuba un vacío de figura carismática.
La forma en que se resuelva (o no) este problema determinará el carácter de la transición política. Raúl Castro parece querer heredar la Revolución en las instituciones del régimen, reordenándolas para ello. Se trata no tanto de saber quién sustituirá a Fidel, sino en qué contexto institucional actuará la próxima dirigencia. Para resolver esta cuestión, la dirigencia ha decidido dar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Partido Comunista de Cuba el predominio en la transición. Por esta opción el modo de transición cubano es diferente al del Este europeo, donde sectores de la burocracia estatal y partidaria impulsaron las reformas políticas, y al asiático, donde el partido dirige la reforma económica, sin promover cambios políticos sustanciales.
En Cuba, los militares ocupan un rol cualitativamente diferente al resto de las experiencias socialistas. Por un lado, el actual Presidente fue el jefe de las FAR durante medio siglo, fomentando en ellas la eficacia administrativa y disciplinaria en la que formó a su actual equipo de colaboradores. Por otro, la agenda económica emanada del VI° Congreso del PCC realizado en 2010 está más cerca de los experimentos de mercado de los militares que de la ortodoxia estatista del Partido. Y aunque es cierto que la dirigencia de ambas instituciones forma un equipo de poder, Raúl Castro, confió más en los militares para emprender “una mayor apertura de mercado” que en el grupo más conservador de la burocracia partidaria [del PCC], señalan los autores.

Preponderancia militar y “cuentapropismo”.  

El cambio en la correlación de fuerzas FAR-PCC explica la proyectada expansión del “cuentapropismo”. Conviene además recordar que la reinserción de Cuba en las relaciones económicas internacionales fue una tarea emprendida por personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gracias a ello, la recomposición en la elite dirigente está en condiciones de conducir la reforma económica incluyendo en roles subordinados a los gerentes de las empresas cubanas que operan en el mercado mundial e integran una elite profesional que ya es parte de la actual dirigencia política, aunque por ahora tienen un rol pasivo gracias a un selectivo y riguroso reclutamiento.
Además, el Estado ha creado la Cámara de Comercio de la República de Cuba para sujetar los intereses gerenciales. Como consecuencia, la pequeña elite de cubanos que se han beneficiado de la reorientación del comercio exterior no cuestiona el statu quo, sino que lo perpetúa.
La reforma económica en curso no supone cambios políticos, porque el PCC aún no confía en la lealtad de los cuentapropistas. Por eso, el régimen es ambiguo hacia los actores del mercado cubano: mientras permite a los gerentes un nivel de vida privilegiado, trata con cautela a la pequeña propiedad privada y restringe sus ingresos. Es que unos provienen de la elite, los otros no. Con los gerentes siempre ha imperado el silencio público y el amor privado.
Por lo pronto, se está repitiendo la receta: enganchar a los cuentapropistas bajo una fórmula corporativa, pero afiliándolos a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en su calidad de trabajadores y no creando una estructura especial para ellos.
Debe observarse también la decisión incluida en el “Documento Base” del Congreso de 2010 por la que “se limita a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”. Para preparar su sucesión, Raúl Castro ha decidido organizar un mecanismo de circulación pacífica de los cargos burocráticos, para evitar que se produzcan disputas insalvables entre futuros agrupamientos de dirigentes.
Desde el punto de vista de la estabilidad política el problema que enfrenta Raúl Castro es el siguiente: las transformaciones deben ser suficientemente profundas como para aliviar la crisis crónica de la economía cubana y asegurar la gobernabilidad, pero lo suficientemente cuidadosas como para impedir la formación de actores autónomos que escapen al manejo corporativo del Estado cubano.
Raúl Castro, consciente del malestar social que las reformas pueden propiciar e interesado en maximizar la estabilidad política, ha apostado por postergar o dosificar ciertas medidas que pudieran desatar la ira popular. Por ello, con base en los resultados de la consulta popular conducida por el PCC, el Gobierno suspendió los despidos masivos de personal del Estado que habían sido anunciados en 2010 y los remplazó con otro grupo de medidas realizables. La primera fue la autorización para la compraventa de automóviles y casas.
Después, las peluquerías pasaron a manos de los peluqueros (barberos les llaman allí) como cuentapropistas y las cooperativas agropecuarias fueron autorizadas a vender sus productos sin intermediarios en los mercados y a las empresas turísticas. Luego se extendió la autorización para fundar cooperativas en otros sectores seleccionados no agrarios. Más adelante llegó una modesta reforma financiera por la que cuentapropistas y agricultores pequeños fueron autorizados para recibir créditos bancarios para inversión. Todos los cubanos fueron autorizados a solicitar crédito para reparaciones y remodelaciones habitacionales.
La propia elite gobernante actual es en parte producto del ascenso de burócratas ligados a los nuevos grupos de interés. Este fenómeno es resultado de las luchas entre articulaciones diversas de militares con burócratas y gerentes. El comercio exterior cubano post-soviético, realizado en divisas y en asociación con el capital extranjero, produjo inéditos privilegios de carácter monetario y en especie al que tiene acceso el sector de la elite hoy dominante. Sin embargo, la opulencia de estos individuos depende de su control temporal del cargo burocrático. Mientras esta situación dure, existe un interés colectivo en asegurar que las reformas económicas no socaven la dominación del sistema que asegura su posición social actual, con lo que queda prácticamente descartado que la elite conduzca una democratización que modifique el orden sociopolítico autoritario vigente en la Isla.
Quienes están más perjudicados en este proceso de transición son los sectores más pobres que no reciben divisas del exterior ni logran obtenerlas en la isla y no tienen ni siquiera un “microcapital” para emprender el trabajo por cuenta propia. Sobre ellos –que conforman la mayoría de la población cubana– es más acuciante la amenaza de pauperización, aumentada además por el riesgo del desempleo.
Hoy existen en el imaginario social cubano dos visiones predominantes sobre los cauces posibles de la economía. Para unos, la privatización de los centros de producción y servicios sería la panacea que resolvería el proverbial déficit de bienes de consumo, aportando la eficacia necesaria. Para el extremo “opuesto” es necesario persistir en el socialismo centralista y verticalista. Sin embargo, ambos proyectos excluyen formas democráticas y horizontales de gestión pública y actividad económica.
Frente a este falso dilema entre la restauración capitalista y el monopolio burocrático, poco a poco va ganando espacio un espectro de opciones alternativas relacionadas con la promoción de redes productivas sostenibles y de consumo solidario en zonas urbanas y rurales, con experimentos de autogestión en cooperativas y de interconexión entre cuentapropistas y con autoridades y poblaciones locales para la prestación de servicios en el espacio local.
Ciertamente se trata de experiencias escasas, aún aisladas y de futuro incierto, pero representan una opción alternativa que podría rescatar las conquistas sociales de la Revolución de 1959 bajo las condiciones de un mercado libre regulado y asegurar que la sucesión del poder omnímodo de los hermanos Castro se realice de modo verdaderamente democrático.

Cuba es nuestroamericana. 

Tanto los críticos internos del régimen cubano como la derecha internacional en todas sus variantes siguen comparando el proceso cubana con las transiciones a la democracia liberal y al capitalismo en los países que salieron de la hegemonía soviética en Europa Oriental. Sin embargo, tanto por los acentos nacionalistas de la ideología dominante, como por la importancia del liderazgo personal de los hermanos Castro, por el poder de las Fuerzas Armadas y su asociación con grupos empresarios enquistados en posiciones burocráticas y por la fuerza que tienen las llamadas “organizaciones de masas” como herramientas de movilización y control social la transición política cubana se parece más a los procesos de crisis y evolución de los nacionalismos de “Nuestra América”, como la llamó José Martí, que a cualquier experiencia europea.
Desde que la Revolución Bolivariana en Venezuela comenzó a tener dificultades económicas y ella misma afronta el problema de la sucesión después de la muerte de Hugo Chávez Frías, sus posibilidades de subvencionar a Cuba se redujeron. Esta limitación de los recursos externos obliga a la conducción cubana a acelerar los tiempos de la transición económica.
No obstante, la transición política aún no está definida. En ella se pueden reconocer dos etapas: 1) el gobierno de Raúl Castro, caracterizado por el mayor poder adquirido por las Fuerzas Armadas y los intereses corporativos de los gerentes de aquellos aparatos estatales que están vinculados con el comercio exterior; 2) cuando Raúl deje el poder, etapa cuya articulación dirigente aún se desconoce. Para prever esta futura segunda etapa de la transición compiten tres líneas de interpretación: a) quienes calcan las transiciones de los regímenes stalinistas de Europa Oriental al capitalismo y la democracia liberal y construyen una sucesión de pasos que van de la transición política administrada por fuerzas internas al régimen, pasando por su crisis total (acelerada por la intromisión occidental), para llegar a la fundación de un nuevo régimen político y económico liberal; b) quienes aplican los modelos chino y vietnamita en los que el cambio de régimen económico se realizó junto con el mantenimiento del régimen de partido único y c) quienes comparan la transición política cubana con los procesos nacionalistas latinoamericanos y prevén una larga y difícil convivencia de estructuras corporativas de poder, con un rol central para las Fuerzas Armadas, junto con el ascenso de nuevas fuerzas sociales y políticas encontradas. Entre éstas pueden primar, como en México, elites neoliberales vinculadas al capital internacional o, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela, nuevos actores políticos surgidos de movimientos populares y democráticos.
La transición no termina, hasta que nuevas reglas de juego se imponen a todos los actores. En Cuba hasta entonces será permanente y su curso, impredecible.

La escandalosa licitación de PLUNA afecta a Mujica

El riesgo de la confianza

Año 6. Edición número 293. Domingo 29 de Diciembre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Sur en América latina

internacional@miradasalsur.com

Pluna.

En declaraciones antes de la asunción de Mario Bergara como nuevo ministro de Economía el jueves 26, el presidente José Mujica aseguró a la prensa: “Soy responsable de una estrategia que fracasó”. Y continuó: “Soy el responsable de la línea general, sin duda. Me hago cargo de haber dado los lineamientos generales. No estaba al tanto de los detalles finos de la instrumentación, como la forma en la que se otorgó el aval. Es probable que en su momento haya habido otras propuestas de salida al problema de Pluna que luego no prosperaron”, sostuvo Mujica en una entrevista con el semanario Búsqueda.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, renunció a su cargo el viernes 20 al verse complicado con el escándalo de la quiebra de la aerolínea Pluna. El anuncio lo realizó el propio presidente José Mujica en una rueda de prensa, en la que no admitió preguntas. Sólo dijo que resignó su puesto “por propia iniciativa buscando facilitarle el camino a la Justicia”. El ex ministro se alejó de la función momentos antes de tener que comparecer ante el Poder Judicial por el papel que jugó en el proceso de quiebra de la aerolínea Pluna en 2012, una compañía que en su último ciclo fue propiedad compartida entre el Estado uruguayo y la compañía privada Leadgate, del empresario argentino Matías Campiani.
Poco antes de su clausura, el Estado despidió a Campiani y retomó el control total de la empresa. Luego la clausuró aduciendo que las fuertes pérdidas que arrojaba su operación la hacían inviable. El viernes 20 Lorenzo fue interrogado sobre el caso por la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos. El fiscal que interviene pidió que fuera procesado por el delito de “abuso de funciones”, pero los abogados del ministro saliente presentaron un recurso alegando que tal delito es inconstitucional, y el caso deberá ser dirimido ahora por la Suprema Corte de Justicia.
En igual situación se encuentra el presidente del estatal Banco República, Fernando Calloia. Ambos funcionarios son investigados respecto a diversas denuncias judiciales y políticas sobre irregularidades cometidas por el gobierno tras el cierre del Pluna. Las denuncias apuntan a las pérdidas económicas sufridas por el Estado y eventuales maniobras para beneficiar a empresas privadas que querían hacerse de la propiedad de la empresa mixta. La jueza De los Santos también interroga a Campiani, quien dirigió a Pluna en su última etapa operativa. El fiscal pidió que fuera procesado por el delito de “estafa’’.
Tras el cierre de la transportadora en julio de 2012, el Estado decidió subastar en octubre siguiente siete de los aviones de la aerolínea, para pagar parte de los 380 millones en deudas pendientes, pero hubo un solo ofertante: una persona que dijo representar a la empresa española Cosmo y que se adjudicó el remate con 137 millones de dólares.
Sin embargo, investigaciones periodísticas permitieron demostrar que el supuesto rematador, Hernán Antonio Calvo Sánchez, era una persona vinculada al empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de la empresa Buquebús, que domina el mercado de viajes entre Montevideo y Buenos Aires y con fuertes nexos con el mundo político uruguayo. Pocas horas después del remate, un fotógrafo del diario El Observador retrató en un restaurante, almorzando juntos, al supuesto rematador Calvo Sánchez, al ministro Lorenzo y a López Mena.
Tras el escándalo, la venta de los aviones no se concretó y desde entonces el Estado los mantiene a su costo, sin encontrar una solución definitiva para Pluna. Una ley de liquidación de la empresa impulsada por el oficialismo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Pluna fue fundada en 1936 como empresa privada. En 1951 fue estatizada, pero en 1991 comenzó su proceso de privatización progresiva. En base a esta decisión, en 1995 Pluna se asoció con Varig, creando una nueva empresa denominada Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. Por contrato, la gerencia quedó en manos de Varig. Dicho contrato era por 10 años y venció el 27 de junio de 2005. Esta asociación terminó arrojando resultados negativos para Pluna, debido a la pobre gestión y a la debacle financiera de Varig.
A partir del vencimiento del contrato de gerenciamiento con Varig, el gobierno uruguayo se abocó a la búsqueda de nuevos socios para la empresa, lo que concluyó el 4 de enero de 2007 en la asociación con Leadgate Investment –propiedad de Campiani–, el cual a través de Latin American Regional Aviation Holding Corporation quedó como socio mayoritario (75% del capital). En función del contrato firmado, el Estado uruguayo debió aportar unos 28 millones de dólares para dejar a la empresa con patrimonio positivo. Además, salió de garante de la compra de los nuevos aviones.
Tras varios años de pérdidas millonarias, el año 2009 cerró con un resultado operativo positivo de un millón de dólares y las temporadas 2009 y 2010 fueron las mejores de la historia de la aerolínea, con resultados operativos positivos de 5 y 6 millones de dólares, respectivamente. Para el 2010, la aerolínea anunció continuar su proceso de crecimiento.
No obstante, en abril de 2010 se anunció la venta del 33,33% del paquete accionario de Latin American Regional Aviation Holding Corporation (LARAH) al fondo de inversión canadiense Jazz Air Income Fund. La transacción supuso un desembolso de 15 millones de dólares condicionado al cumplimiento de ciertas acciones por parte del gobierno uruguayo, entre las cuales se encontraba el desembolso de otros 5 millones.
La sorpresa llegó dos años después, cuando mediante un comunicado de prensa el directorio de la aerolínea informó el 5 de julio del 2012 que Pluna suspendía indefinidamente sus operaciones debido a la situación económico-financiera de la empresa luego de la abrupta salida del inversor privado, Leadgate Investment. El 9 de julio el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley que líquidaba Pluna debido a su situación de “insuficiencia patrimonial”, la imposibilidad de la aerolínea de acceder a la liquidez y la carencia de financiamiento. Sus aviones quedaron en el Aeropuerto de Carrasco y hoy están mantenidos por el Estado uruguayo.

Uruguay se proyecta como nudo logístico

El nuevo eje geopolítico en el Mercosur

Año 6. Edición número 293. Domingo 29 de Diciembre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

Salida. El puerto de Montevideo será la puerta para las exportaciones de Bolivia y Paraguay./

Uruguay busca posicionarse como nudo logístico en la región y esboza la articulación de un nuevo eje al margen de Argentina y Brasil. El primer paso fue ofrecerles el uso de sus puertos a Bolivia y Paraguay a cambio de recursos energéticos.

Uruguay ofreció a Bolivia y Paraguay que usen sus puertos a cambio de energía, modificando los alineamientos en el bloque regional. Sin embargo, la escandalosa liquidación de Pluna muestra cuán difícil es hacer negocios internacionales 

En una visita a Bolivia y tras un encuentro con el presidente Evo Morales, el presidente de Uruguay, José Mujica, ratificó el lunes 23 la oferta a Paraguay y Bolivia para que exporten sus productos por los puertos atlánticos uruguayos. El presidente uruguayo propuso intercambiar facilidades portuarias por gas licuado boliviano y electricidad paraguaya. La reiteración de esta propuesta, que el mandatario viene haciendo desde que asumió la presidencia en 2010, confirma la línea de posicionar a Uruguay como nudo logístico de la región y esboza la articulación de un nuevo eje regional al margen de los países mayores del Mercosur. Sin embargo, el escándalo suscitado en torno a la quiebra de la empresa de aviación Pluna (ver recuadro) revela las dificultades políticas del proyecto.
“Integrar significa ofrecer con generosidad a la región la existencia de algún puerto que hasta pudiera ser en el mejor de los casos propiedad de los gobiernos regionales”, dijo el presidente en su programa de radio de la semana, y explicó que “el hecho de que Paraguay pueda salir con su madera, sus minerales y su soja hacia el (océano) Atlántico desde nuestro país y que Bolivia haga lo mismo significa desarrollo para la región y trabajo para Uruguay”.
El mandatario apuntó que “integrar significa construir infraestructuras que nos integren”, para compensar los desequilibrios comerciales y energéticos en la región. “Integración significa tener vías de aporte energético cuando las papas queman, de un lado a otro”, afirmó.
En tanto, el Ministro de Transportes y Obras Públicas de Uruguay, Enrique Pintado, estuvo en Asunción el 19 de diciembre pasado, para negociar con las autoridades paraguayas la utilización de los puertos uruguayos para las cargas de ese país. El viaje de la delegación oficial uruguaya tuvo dos motivos: uno, ofrecer el puerto de aguas profundas, para que el país guaraní pueda tener una salida al mar, y dos, que la carga paraguaya que hoy no pasa por Uruguay pueda tener un lugar de trasbordo en los puertos de Nueva Palmira y Montevideo. El ministro Pintado y el presidente de la ANP, Díaz, plantearon a las autoridades paraguayas una serie de beneficios que otorgan los puertos uruguayos.
Los operadores portuarios recibieron con agrado la propuesta del gobierno de hacer a nivel internacional una oferta país para la explotación del puerto. La intención es tener una alternativa firme en caso de que los problemas de relacionamiento con Argentina persistan en el tiempo. La idea es buscar clientes en otros países, para lo cual se hará contacto con los principales armadores y ofrecerles ventajas no sólo que tengan que ver con el puerto, sino que sigan viniendo las navieras a Uruguay a cambio de las posibilidades de inversiones en otros rubros. Una fuente gubernamental señaló que se saldrá con una política agresiva para conseguir diversificar los mercados para los puertos uruguayos y poder independizarse de la carga argentina que hoy no puede ser recargada en puertos uruguayos.
En el mediano plazo se espera hacer una oferta paralela: por un lado, el puerto de Montevideo, para el movimiento de contenedores de menor porte, y por otro el puerto de aguas profundas en Rocha, para la entrada y salida de contenedores con los denominados graneles líquidos.
la mina y el puerto. La mina de hierro a cielo abierto de Aratirí y el puerto de aguas profundas en Rocha.
El gobierno quiere adjudicar a fines de 2014 la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha, uno de los proyectos que considera clave, para cuya construcción se invertirán 1.000 millones de dólares. Las principales características del puerto serán definidas en el Plan Maestro que la empresa de consultoría española Acciona había prometido entregar al gobierno antes de que termine este año.
Se trataría del único puerto entre el punto en que se ubicaría y Río de Janeiro que podría ofrecer un calado de por lo menos 23 metros. Sus principales usuarios serían, en un primer momento, la gigantesca mina de hierro a cielo abierto en desarrollo de Aratirí (proyecto Valentines), en los departamentos de Durazno y Florida, otros exportadores de hierro de Brasil y Bolivia, empresas graneleras y operadores de combustibles líquidos. Sin embargo, el gobierno cree que podría atraer más adelante a operadores de otros rubros. Una vez adjudicadas las obras, éstas demandarían entre 24 y 36 meses, por lo que la inauguración del puerto sería a fines de 2016 o comienzos de 2017.
El punto en el que se ubicaría el puerto fue seleccionado por ofrecer profundidades naturales de 20 metros y porque la zona no está muy desarrollada ni poblada. La porción de costa que se afectará será de 2.450 metros y las instalaciones portuarias tendrán unas 3.027 hectáreas al norte y al sur de la ruta 10.
El gobierno ya contactó a las principales empresas constructoras brasileñas (incluida Odebrecht) y a compañías chinas para interesarlas en la construcción. A su vez, sus representantes se han reunido con exportadores de hierro de Bolivia que podrían sacar su producción a través del puerto rochense. En Bolivia, en el departamento oriental de Santa Cruz, fronterizo con Brasil, está el yacimiento Cerro Mutún con 40.000 millones de toneladas de diversos minerales, fundamentalmente hierro. Está considerado la mayor reserva de hierro del mundo.
De todas formas, al menos en una primera etapa los principales clientes del puerto serían Aratirí y Vopak. Esta última es una empresa holandesa con 400 años de historia y alrededor de 6.100 empleados. Cuenta con 83 terminales de almacenamiento de combustibles líquidos y petróleo en 31 países. Con sede en el puerto de Rotterdam, en América del Sur está presente en Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. El mineroducto que transportará el hierro que se extraería en la zona de Valentines terminaría dentro del predio portuario luego de atravesar Lavalleja y Rocha. En Aratirí no tienen todavía novedades respecto a la Autorización Ambiental Previa que solicitaron a la Dirección Nacional de Medio Ambiente hace dos años. De todas formas, el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Jorge Rucks, manifestó que la empresa no ha entregado todavía el documento con las correcciones que le fueron solicitadas, por lo cual la habilitación no estaría lista para los plazos que plantea el mandatario.
Ante las protestas de pobladores de la región afectada y ambientalistas, el presidente José Mujica dijo que “lo más probable” es que haya un plebiscito sobre la minería a cielo abierto. Algunos productores de la zona donde actuará Aratirí presentaron a mediados de diciembre acciones de inconstitucionalidad. La Dinama (máxima autoridad medioambiental) quiere que Aratirí le presente una nueva traza del mineroducto, para estudiar el proyecto en su conjunto. Mientras tanto, el gobierno se apresta a adjudicar los trabajos de consultoría referidos a la accesibilidad terrestre del futuro puerto. Luego, asignará a otra empresa el estudio del impacto del puerto en su zona cercana y en los puertos de la región.
En un escenario conservador, el gobierno cree que podrían pasar por el puerto unos 56 millones de toneladas anuales de granos y de hierro, fundamentalmente dirigidos a China. 20 millones corresponderían a granos uruguayos y argentinos y 16 millones al hierro que extraería Aratirí. De todas formas, el subsecretario dijo que el puerto no está condicionado a Aratirí aunque, si por el motivo que fuera, ese proyecto no se concretara, “nos obligaría a buscar con mucha energía otros usuarios”.
Por su parte, el ministro Pintado declaró ya cuando hizo el primer anuncio sobre el uso del puerto por exportadores bolivianos y paraguayos, el 5 de diciembre pasado, que “el objetivo de las autoridades es realizar cambios en los troncales del tren para crear rutas hacia el puerto de Rocha. Hay que cambiar la matriz de infraestructura del Uruguay. Hay que romper con el diseño que nos dio nacimiento, el diseño inglés, donde las principales vías de comunicación terrestres convergían hacia el puerto de Montevideo”, declaró el ministro hace dos semanas en una entrevista con El Observador. “Tenemos que sustituir el modelo inglés, para ir a un modelo integracionista. Darle prioridad al Uruguay transversal que es también el puerto de aguas profundas”, agregó el ministro. “Si estamos diciendo que el puerto de aguas profundas cambiará los cimientos de los próximos 200 años del Uruguay, la infraestructura debe estar para ahí”, agregó.
Uruguay pretende contar con el apoyo de Brasil para financiar esta gran obra de infraestructura, por lo que el ministro viajará al país vecino para conseguir el respaldo del gobierno de Dilma Rousseff. Con la propuesta, Uruguay busca ampliar sus áreas comerciales y fortalecer su sistema financiero a partir del auge productivo de Bolivia y Paraguay y de los países pertenecientes al Mercosur.
Paraguay, por su parte, tiene una salida portuaria a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, pero de aceptar esa iniciativa tendría más posibilidades de exportar madera y minerales a través del Atlántico, ampliando así sus destinos comerciales. El proyecto implicaría prolongar la Hidrovía Paraguay-Paraná hasta Asunción para buques de ultramar (hoy llega hasta Santa Fe) y ampliar la red de puertos uruguayos de alta mar (hoy son dos: Montevideo y Nueva Palmira) con un tercero de aguas profundas, planeado en Rocha. Para Uruguay, se trata de profundizar la estrategia de convertirse en nodo de comunicaciones y transporte del Mercosur en perspectiva al ingreso de Bolivia al bloque regional, de compensar el peso de los socios mayores Argentina y Brasil y de obtener energía hidroeléctrica de Paraguay y gas de Bolivia. Claro que cualquiera de los candidatos a suceder a Mujica –incluso Tabaré Vázquez– quieren poner acentos neoliberales a la política de integración y bien puede ocurrírseles en sociedad con Paraguay introducir en el acuerdo regional variantes de “regionalismo abierto” al estilo de los años ’90, según las cuales cada uno negocie con quien quiera acuerdos comerciales externos al bloque. Este riesgo se aventa con inversiones transnacionales intramercosur que aumenten la densidad de los vínculos entre las economías nacionales y organicen cadenas productivas transnacionales. Mientras los únicos en hacerlo sean las corporaciones transnacionales de las industrias automotriz, química y farmacéutica, empero, y el único país en disponer de banco estatal de inversión sea Brasil, la integración regional seguirá dependiendo de los avatares comerciales.

En los mares de China puede haber explosiones múltiples

Asia: ¿un año de guerras?

Año 6. Edición número 293. Domingo 29 de Diciembre de 2013

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

mundo@miradasalsur.com

Paralelo 38. La frontera coreana es la zona más caliente del globo.

Los focos de tensión geopolíticos más importantes del mundo se están registrando en los mares circundantes a China.

La concentración de conflictos en Asia oriental confirma el desplazamiento del centro de la política mundial a los mares en torno de China, pero con un alto riesgo de guerra 

La visita del primer ministro japonés Shinzo Abe al santuario militar de Yazukuni, el pasado jueves 26, en el que yacen miles de militares muertos durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos 14 criminales de guerra condenados en los procesos de Tokio en 1946, suscitó un escándalo internacional, dando pábulo al temor de los países vecinos de que con el resurgimiento económico Japón vuelva al militarismo fascista y reveló cuán cerca está Asia oriental de un estallido general.
En la creciente conflictividad en torno de los mares litorales de China se combinan tres tipos de factores: a) estructurales, dados por los recursos naturales de la región y las consecuencias económicas de su situación geopolítica; b) conflictos regionales heredados; c) la agudización de los nacionalismos regionales, del imperialismo norteamericano y del socialismo norcoreano. Mientras que el primero y el segundo punto pueden ser circunscriptos por negociaciones racionales, el tercero puede hacer estallar una cadena de explosiones de alcances inimaginables.
Seis países litorales (China, Japón, Corea del Sur, Filipinas Taiwán y Vietnam) han establecido zonas económicas yuxtapuestas en los mares del este y sur de China, un área riquísima en hidrocarburos y gas natural, a través de la cual fluyen bienes comerciales por miles de billones de dólares. A esta competencia económica se suman los frecuentes litigios de soberanía nipo-chinos por el control de las islas que los primeros llaman Senkaku y los segundos Diaoyu y los numerosos conflictos por el control de las islas e islotes del Mar Meridional de China entre ésta y sus vecinos australes. Sin embargo, a pesar de su complicación, estos conflictos pueden encaminarse conciliando los intereses de las partes.
A los conflictos por intereses se suman los heredados de épocas coloniales o de la Guerra Fría. La península coreana sigue dividida entre dos Estados enemigos que periódicamente se aprestan a guerrear con el riesgo de incendiar el mundo por el arsenal norcoreano de armas nucleares y las complejas alianzas en las que los contendientes se escudan. En el estrecho de Formosa la República Popular de China y Taiwán viven en estado de guerra permanente desde el establecimiento de la primera en 1949. Resultado de la guerra sino-japonesa de 1894, los islotes de Diaoyu/Seikaku alimentan de a ratos la enemistad entre ambos países. A su vez, como herencia del expansionismo chino hasta el siglo XIX, los islotes del Mar Meridional generan choques reiterados entre China, Filipinas y Vietnam.
Esta situación de por sí difícil se ha visto empeorada recientemente por el “pivote” norteamericano y el auge de los nacionalismos. La nueva estrategia norteamericana de “pivotar” sobre la región de Asia y el Pacífico, incluyendo una intensa actividad diplomática, un renovado despliegue militar y la articulación de la Alianza Transpacífica (TPP, por su sigla en inglés) puede convertir una de las regiones comerciales más importantes del globo en un campo de conflictos sin fin.
A esta iniciativa se suman los nacionalismos reavivados. Al visitar el jueves el santuario militar de Yasukuni probablemente el primer ministro japonés Shinzo Abe haya querido mostrar a China que no admite la declaración de zona aérea exclusiva sobre el Mar Oriental, pero puso los nervios de sus vecinos de punta y preocupó a sus aliados norteamericanos. Quienes conocen al primer ministro en el gobierno desde hace un año dicen que midió los riesgos con cuidado. “No importa si los norteamericanos están molestos, porque seguirán siendo nuestros aliados”, cita un diplomático japonés el pensamiento de Abe. “Los problemas del pueblo japonés están en la economía, sus ingresos y el bienestar social, no en la política exterior”, continúa.
Hasta hace pocos meses, el primer ministro nipón todavía no quería empañar las relaciones con China, pero después de que ésta declaró la zona aérea exclusiva sobre el Mar Oriental, incluyendo las islas en litigio, ya no le importó más. A su vez, Xi Jinping acude crecientemente a una retórica nacionalista para reforzar la unidad del partido y del Estado, ante las demandas sociales y las polémicas dentro de la elite sobre cómo satisfacerlas.
Ninguno de ambos contendientes logró mucho tensando los músculos. La declaración china condujo a una mayor presencia norteamericana en el Mar Oriental y casi a choques navales. El gesto de Abe, a su vez, le acarreó un tirón de orejas de Washington y una protesta de Seúl que debilitó las chances de coordinar las iniciativas ante Corea del Norte.
En Pyongyang, la resolución de la lucha por el poder entre el joven líder Kim Jong-un, que asumió en 2011 como hijo más joven del tempranamente fallecido Kim Jong-il, y su tío Chang Song-thaek, ejecutado recientemente por “traición”, redujo la extrema tensión que se vivió en la península en la primera mitad de 2013. No obstante, observadores surcoreanos señalan un aumento de la influencia militar sobre el jefe máximo y el riesgo de que en los próximos meses se produzcan nuevas provocaciones militares contra el Sur. Un escenario altamente probable, si se tiene en cuenta la paranoia con la que la conducción en Pyongyang a lo largo de los años ha reaccionado a cada intento de sus vecinos por influir sobre su política. Los posicionamientos de Abe no ayudan precisamente a calmar a sus vecinos.
Ante la acumulación de conflictos en la región, expertos del Council for Foreign Policy han elaborado un paquete de recomendaciones para reducir la tensión: que los países compartan sus recursos naturales, incentiven la comunicación entre sus fuerzas armadas, articulen redes diplomáticas multilaterales que sirvan para tratar los conflictos.
Todas estas fórmulas sirven para controlar conflictos motivados racionalmente por intereses, pero son poco eficaces ante las emociones que necesita movilizar el nacionalismo fascista de Abe como instrumento para reactivar la confianza de inversores y consumidores japoneses, el militarismo estadounidense que ha trasladado al Pacífico Norte la estrategia hegemónica desarrollada en el Atlántico Norte desde mediados del siglo XX, la necesidad de la elite comunista china de convocar a su pueblo a cerrar filas como modo de controlar las varias crisis que recorren el país y, por supuesto, ante la urgencia del joven líder norcoreano Kim Jong-um de unificar la elite de poder de su país.
Como lo formuló Barack Obama al presentar su estrategia de “pivotar en el Pacífico”: “El futuro al que aspiramos en la región de Asia y el Pacífico se basa en ofrecer seguridad, prosperidad y dignidad para todos y que no haya ninguna duda: los Estados Unidos estarán involucrados en todos los temas en la región de Asia y el Pacífico en el siglo XXI”.
Involucrándose en una región volcánica en erupción, los Estados Unidos abren nuevos cráteres para que la lava fluya e invada todo. Asia oriental necesita un cordón sanitario para evitar que nuevos actores se inmiscuyan y agua fría para bajar la combustión. De lo contrario, su explosión puede ser más fuerte que la de la central nuclear de Fukuyima.