Patriotas, pero no tanto
Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014
Escándalo. El intermediario Lavítola fue condenado por coimas y extorsión.
Desde octubre pasado amenaza a la obra de ampliación del Canal de
Panamá una demanda por sobrecostos de la unión transitoria de empresas
unidas para realizar las obras, cuyo trasfondo español fue
exhaustivamente analizado por Walter Goobar en una nota que salió en Tiempo Argentino
el pasado martes 7. Sin embargo, el enfrentamiento por los supuestos
sobrecostos tiene otras aristas en Italia y Panamá que también vale la
pena analizar.
El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá y la administración de la vía siguen sin ponerse de acuerdo, mientras amenaza a las obras una paralización a partir del 21 de enero. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que integran la española SACyR, la italiana Impregilo (concesionaria de varias autopistas en Argentina), la belga Jan de Nul (a cargo del dragado del Río de la Plata) y la panameña CUSA, avisó el pasado día 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autónomo de administración de la vía de navegación desde su pasaje a Panamá en 1999, que en 21 días paralizaría las obras de ampliación, porque no soporta los “sobrecostos” de más de 1.600 millones de dólares. El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, por su parte, conminó al consorcio a seguir las obras, pero también anunció que la Autoridad puede finalizarlas con “otros contratistas”.
La ACP propuso el martes como solución el aporte conjunto de 283 millones de dólares, pero Impregilo, en un comunicado difundido este jueves en Panamá, tildó de “inaceptable y ridícula” la posición de la ACP y la acusó de pretender que el consorcio deba “asumir (...) todos los costes” de lo que queda por construir del tercer juego de esclusas, un proyecto con un avance del 65%. El mismo día su matriz, Salini Impregilo, reclamó desde Milán mil millones de dólares en pagos adelantados. Con estas declaraciones de Pietro Salini, presidente de la compañía italiana, quitó a su socia española la conducción del grupo, probablemente porque está cada vez más hundida en el escándalo por financiamiento ilegal al Partido Popular de España. Quijano le respondió el mismo jueves que todas las alternativas propuestas por los contratistas “están fuera de contrato”.
Mientras tanto, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, visitó Panamá lunes y martes pasados, para promover el diálogo. También el gobierno italiano se expresó este jueves a favor de una salida negociada al conflicto, pero ambos sin resultados.
A los reclamos económicos se suma al retraso en la conclusión de la obra, que sería entregada en junio de 2015 y no en octubre de 2014, como estipula el contrato.
Las acciones de la empresa española SACyR cerraron el jueves con una caída de 2.65% en la Bolsa de Madrid, mientras que la compañía anunció que puso a la venta su división inmobiliaria, Vallehermoso. No deja de ser curioso que el anuncio de suspensión de las obras del Canal haya coincidido con la venta de Vallehermoso y la absorción de Impregilo por el coloso de la construcción Salini Spa, el 2 de enero de 2014. La empresa resultante, Salini-Impregilo Spa, redujo su capital de $718 millones a $500 millones y a partir de ahora será dirigida por el equipo ejecutivo de Salini Spa, presidido por Pietro Simone, quien firma el comunicado.
El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá y la administración de la vía siguen sin ponerse de acuerdo, mientras amenaza a las obras una paralización a partir del 21 de enero. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que integran la española SACyR, la italiana Impregilo (concesionaria de varias autopistas en Argentina), la belga Jan de Nul (a cargo del dragado del Río de la Plata) y la panameña CUSA, avisó el pasado día 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autónomo de administración de la vía de navegación desde su pasaje a Panamá en 1999, que en 21 días paralizaría las obras de ampliación, porque no soporta los “sobrecostos” de más de 1.600 millones de dólares. El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, por su parte, conminó al consorcio a seguir las obras, pero también anunció que la Autoridad puede finalizarlas con “otros contratistas”.
La ACP propuso el martes como solución el aporte conjunto de 283 millones de dólares, pero Impregilo, en un comunicado difundido este jueves en Panamá, tildó de “inaceptable y ridícula” la posición de la ACP y la acusó de pretender que el consorcio deba “asumir (...) todos los costes” de lo que queda por construir del tercer juego de esclusas, un proyecto con un avance del 65%. El mismo día su matriz, Salini Impregilo, reclamó desde Milán mil millones de dólares en pagos adelantados. Con estas declaraciones de Pietro Salini, presidente de la compañía italiana, quitó a su socia española la conducción del grupo, probablemente porque está cada vez más hundida en el escándalo por financiamiento ilegal al Partido Popular de España. Quijano le respondió el mismo jueves que todas las alternativas propuestas por los contratistas “están fuera de contrato”.
Mientras tanto, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, visitó Panamá lunes y martes pasados, para promover el diálogo. También el gobierno italiano se expresó este jueves a favor de una salida negociada al conflicto, pero ambos sin resultados.
A los reclamos económicos se suma al retraso en la conclusión de la obra, que sería entregada en junio de 2015 y no en octubre de 2014, como estipula el contrato.
Las acciones de la empresa española SACyR cerraron el jueves con una caída de 2.65% en la Bolsa de Madrid, mientras que la compañía anunció que puso a la venta su división inmobiliaria, Vallehermoso. No deja de ser curioso que el anuncio de suspensión de las obras del Canal haya coincidido con la venta de Vallehermoso y la absorción de Impregilo por el coloso de la construcción Salini Spa, el 2 de enero de 2014. La empresa resultante, Salini-Impregilo Spa, redujo su capital de $718 millones a $500 millones y a partir de ahora será dirigida por el equipo ejecutivo de Salini Spa, presidido por Pietro Simone, quien firma el comunicado.
Martinelli, amigo de Berlusconi. El escándalo entre el Estado
panameño y sus socios europeos por la ampliación del Canal tiene
todavía otra arista inexplorada: el tribunal supremo italiano confirmó
esta semana la condena a tres años y ocho meses de prisión a Valter
Lavítola, intermediario en las transacciones entre el gobierno panameño y
el conglomerado italiano Finmeccanica. El viejo amigo del presidente
Ricardo Martinelli arrastra otra condena de un año y cuatro meses de
prisión, por intentar extorsionar al ex primer ministro Silvio
Berlusconi. Lavítola está imputado junto a Paolo Pozzessere, ex director
comercial de Finmeccanica, por el pago de coimas a funcionarios
panameños, para la adjudicación de contratos a empresas italianas. El
empresario también está acusado de extorsión a Impregilo.
Según el expediente, Lavítola presionó a Impregilo para que construyera un hospital pediátrico en Veraguas que había sido prometido por el hoy ex primer ministro Silvio Berlusconi. Para los fiscales de Nápoles, que Impregilo asumiera el costo de construir el hospital era otra forma de desviar coimas al presidente Martinelli a través del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña, representante en Panamá de IBT Group, beneficiado con contratos para edificar hospitales por más de 500 millones de dólares.
Queda claro, según un análisis hecho por peritos italianos, que las llamadas telefónicas de Lavítola –en nombre del presidente Martinelli– buscaban chantajear a Impregilo para que construyera el hospital. El presidente de Impregilo declaró a los fiscales que Martinelli, a través de Lavítola, pidió un “reconocimiento” económico si le adjudicaba la licitación del Metro de Panamá.
El 27 de julio de 2012 Massimo Ponzellini –entonces presidente de Impregilo– fue interrogado por el Tribunal de Nápoles e identificó a Lavítola como un cercano colaborador de Martinelli que pretendía cobrar coimas, si Impregilo ganaba la licitación del Metro. “Después de habernos adjudicado como Impregilo y en consorcio la licitación del Canal de Panamá, participamos en la licitación del Metro de Panamá...”, declaró Ponzellini. “Fue en relación a esta licitación –en la que Impregilo no estaba interesada– que entró en juego Lavítola como intermediario del presidente Martinelli y nos hizo entender claramente –añadió Ponzellini– que el presidente pretendía un ‘reconocimiento’ económico para él y para su entorno...”. “Lavítola lo manifestó hablando directamente conmigo, así como indirectamente a través de la Presidencia del Consejo (o sea, a través de Berlusconi)”, narró. En su declaración, Ponzellini describe que “Lavítola (como intermediario de Martinelli) pretendía hacer ver que habría obstáculos y problemas para Impregilo en caso de que no cediéramos a sus pretensiones”.
Puede ser que Impregilo no tenga razón en exigir sobrepagos de la Autoridad del Canal de Panamá y que el presidente de ésta esté actuando dignamente al rechazar la exigencia, pero en ocasión de su absorción por Safini la empresa italiana probablemente esté cobrando al gobierno panameño las pérdidas ocasionadas por los reclamos de la familia Martinelli y la presión de Silvio Berlusconi. El gobierno panameño, en tanto, evidentemente no se pone duro ante Impregilo por patriotismo. Sabe que la empresa sabe mucho y debe callarla con la amenaza de quitarle el contrato para la ampliación del Canal. SACyR ya prácticamente no cuenta, Jan de Nul va a evitar repetir un escándalo como el que pasó en Argentina con la primera licitación para el dragado del Río de la Plata en los años 1990. ¿Quedará sin terminar la ampliación del Canal, como quedó la faraónica obra de Ferdinand de Lesseps en el siglo XIX?
Según el expediente, Lavítola presionó a Impregilo para que construyera un hospital pediátrico en Veraguas que había sido prometido por el hoy ex primer ministro Silvio Berlusconi. Para los fiscales de Nápoles, que Impregilo asumiera el costo de construir el hospital era otra forma de desviar coimas al presidente Martinelli a través del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña, representante en Panamá de IBT Group, beneficiado con contratos para edificar hospitales por más de 500 millones de dólares.
Queda claro, según un análisis hecho por peritos italianos, que las llamadas telefónicas de Lavítola –en nombre del presidente Martinelli– buscaban chantajear a Impregilo para que construyera el hospital. El presidente de Impregilo declaró a los fiscales que Martinelli, a través de Lavítola, pidió un “reconocimiento” económico si le adjudicaba la licitación del Metro de Panamá.
El 27 de julio de 2012 Massimo Ponzellini –entonces presidente de Impregilo– fue interrogado por el Tribunal de Nápoles e identificó a Lavítola como un cercano colaborador de Martinelli que pretendía cobrar coimas, si Impregilo ganaba la licitación del Metro. “Después de habernos adjudicado como Impregilo y en consorcio la licitación del Canal de Panamá, participamos en la licitación del Metro de Panamá...”, declaró Ponzellini. “Fue en relación a esta licitación –en la que Impregilo no estaba interesada– que entró en juego Lavítola como intermediario del presidente Martinelli y nos hizo entender claramente –añadió Ponzellini– que el presidente pretendía un ‘reconocimiento’ económico para él y para su entorno...”. “Lavítola lo manifestó hablando directamente conmigo, así como indirectamente a través de la Presidencia del Consejo (o sea, a través de Berlusconi)”, narró. En su declaración, Ponzellini describe que “Lavítola (como intermediario de Martinelli) pretendía hacer ver que habría obstáculos y problemas para Impregilo en caso de que no cediéramos a sus pretensiones”.
Puede ser que Impregilo no tenga razón en exigir sobrepagos de la Autoridad del Canal de Panamá y que el presidente de ésta esté actuando dignamente al rechazar la exigencia, pero en ocasión de su absorción por Safini la empresa italiana probablemente esté cobrando al gobierno panameño las pérdidas ocasionadas por los reclamos de la familia Martinelli y la presión de Silvio Berlusconi. El gobierno panameño, en tanto, evidentemente no se pone duro ante Impregilo por patriotismo. Sabe que la empresa sabe mucho y debe callarla con la amenaza de quitarle el contrato para la ampliación del Canal. SACyR ya prácticamente no cuenta, Jan de Nul va a evitar repetir un escándalo como el que pasó en Argentina con la primera licitación para el dragado del Río de la Plata en los años 1990. ¿Quedará sin terminar la ampliación del Canal, como quedó la faraónica obra de Ferdinand de Lesseps en el siglo XIX?
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Eduardo J. Vior