Michoacán, tierra muy caliente
Año 7. Edición número 297. Domingo 26 de Enero de 2014
El narco mexicano: el desafío al estado. El ejército
mexicano quiere acabar con los enfrentamientos entre criminales y
autodefensas en el sur de Michoacán, pero su intervención agravó la
situación.
El Estado mexicano ha convocado a los grupos de autodefensa en
Michoacán que tienen el genuino interés de defenderse del crimen
organizado a formar parte de los cuerpos de seguridad institucional”,
señaló el presidente Enrique Peña Nieto en su conferencia ante el Foro
Económico Mundial en Davos, Suiza, pronunciada el pasado jueves 23.
Añadió que la Federación ha entrado en aquellos municipios donde existe
“debilidad institucional” o donde los cuerpos del orden han sido
cooptados por los grupos delincuenciales y se ha hecho cargo de la
seguridad, mientras se capacita a nuevos policías. De este modo el
presidente mexicano legitimó el accionar de las denominadas Autodefensas
Unidas de Michoacán (ver abajo) que desde hace un año se arrogan la custodia de la seguridad contra la organización criminal Los Caballeros Templarios (ver abajo) en la región de Tierra Caliente, en el suroeste de este Estado occidental de la Federación Mexicana.
Desde hace dos semanas el presidente ordenó el despliegue de miles de policías y soldados para pacificar la región, azotada por el narcotráfico desde hace años, pero donde ahora las Autodefensas han sustituido a la fuerza pública, y ha enviado a Alfredo Castillo, un muy estrecho colaborador, como comisionado para la seguridad en una región que Estados Unidos considera como el principal punto de fabricación y exportación de drogas sintéticas.
La primera acción del gobierno fue retirar sus armas y relevar a las policías municipales de Tierra Caliente, que por años fueron denunciadas de complicidad con los Templarios. Para ser policía en esta región había que “ser primero sicario y templario”, asegura Gregorio López, sacerdote de la Diócesis de Apatzingán, asesor de las autodefensas.
En las comunidades rurales de Tierra Caliente donde surgieron las autodefensas denuncian que los Templarios han raptado a jóvenes mujeres para llevárselas a sus escondites en las montañas y han reclutado forzadamente a muchos muchachos. Los campesinos ahora tienen miedo de ir a trabajar la cosecha, porque temen que sicarios de los Templarios se hayan escondido en las huertas ante la ocupación de pueblos por las autodefensas.
La intervención federal debía desplazar a las autodefensas, pero éstas, por el contrario, se sintieron reconocidas por el accionar federal. Alentados por el mismo, decenas de integrantes de las autodefensas tomaron el martes pasado las comunidades de La Cancita y El Carrizo, cerca de Apatzingán. La consecuencia no se hizo esperar: decenas de familias abandonaron el jueves el poblado de El Carrizo huyendo de los combates. Mientras tanto, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) anunciaron la suspensión del pago de impuestos en esta ciudad en protesta contra la estrategia del gobierno federal para abatir la violencia.
El gobierno federal mexicano intenta minimizar el fenómeno como exclusivamente michoacano y aún más, limitado a la fértil región de la Tierra Caliente. Sin embargo, cuando a principios de enero el secretario de Estado norteamericano John Kerry expresó la preocupación de su gobierno por la situación, inmediatamente sonaron las alarmas. Así, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob, equivale a nuestros ministerios del Interior y de Seguridad), Roberto Campa Cifrián, en declaraciones ante una comisión senatorial el pasado día 16 descartó cualquier tipo de esquema de colaboración o intervención del gobierno de Estados Unidos para resolver la actual coyuntura en Michoacán y respondió a Kerry: “Me parece que nadie está hablando de un esquema de intervención de otro tipo”. El funcionario de la Segob también descartó que otros estados del país puedan contaminarse con la situación de Michoacán, pues las autoridades han puesto en operación el programa “Escudo”, para evitar que la delincuencia organizada “brinque” a otros estados. Reconoció empero que en esa entidad priva una “situación extrema” que obligó a Peña Nieto a nombrar a Alfredo Castillo. El subsecretario de Gobernación destacó que los índices delictivos en Michoacán se han disparado, al incremento en 26% los homicidios dolosos el año pasado.
Desde hace dos semanas el presidente ordenó el despliegue de miles de policías y soldados para pacificar la región, azotada por el narcotráfico desde hace años, pero donde ahora las Autodefensas han sustituido a la fuerza pública, y ha enviado a Alfredo Castillo, un muy estrecho colaborador, como comisionado para la seguridad en una región que Estados Unidos considera como el principal punto de fabricación y exportación de drogas sintéticas.
La primera acción del gobierno fue retirar sus armas y relevar a las policías municipales de Tierra Caliente, que por años fueron denunciadas de complicidad con los Templarios. Para ser policía en esta región había que “ser primero sicario y templario”, asegura Gregorio López, sacerdote de la Diócesis de Apatzingán, asesor de las autodefensas.
En las comunidades rurales de Tierra Caliente donde surgieron las autodefensas denuncian que los Templarios han raptado a jóvenes mujeres para llevárselas a sus escondites en las montañas y han reclutado forzadamente a muchos muchachos. Los campesinos ahora tienen miedo de ir a trabajar la cosecha, porque temen que sicarios de los Templarios se hayan escondido en las huertas ante la ocupación de pueblos por las autodefensas.
La intervención federal debía desplazar a las autodefensas, pero éstas, por el contrario, se sintieron reconocidas por el accionar federal. Alentados por el mismo, decenas de integrantes de las autodefensas tomaron el martes pasado las comunidades de La Cancita y El Carrizo, cerca de Apatzingán. La consecuencia no se hizo esperar: decenas de familias abandonaron el jueves el poblado de El Carrizo huyendo de los combates. Mientras tanto, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) anunciaron la suspensión del pago de impuestos en esta ciudad en protesta contra la estrategia del gobierno federal para abatir la violencia.
El gobierno federal mexicano intenta minimizar el fenómeno como exclusivamente michoacano y aún más, limitado a la fértil región de la Tierra Caliente. Sin embargo, cuando a principios de enero el secretario de Estado norteamericano John Kerry expresó la preocupación de su gobierno por la situación, inmediatamente sonaron las alarmas. Así, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob, equivale a nuestros ministerios del Interior y de Seguridad), Roberto Campa Cifrián, en declaraciones ante una comisión senatorial el pasado día 16 descartó cualquier tipo de esquema de colaboración o intervención del gobierno de Estados Unidos para resolver la actual coyuntura en Michoacán y respondió a Kerry: “Me parece que nadie está hablando de un esquema de intervención de otro tipo”. El funcionario de la Segob también descartó que otros estados del país puedan contaminarse con la situación de Michoacán, pues las autoridades han puesto en operación el programa “Escudo”, para evitar que la delincuencia organizada “brinque” a otros estados. Reconoció empero que en esa entidad priva una “situación extrema” que obligó a Peña Nieto a nombrar a Alfredo Castillo. El subsecretario de Gobernación destacó que los índices delictivos en Michoacán se han disparado, al incremento en 26% los homicidios dolosos el año pasado.
Una tierra muy caliente. Michoacán de Ocampo es uno de los 31
estados que junto con el Distrito Federal conforma las 32 entidades
federativas de México. Colinda con los estados de Colima y Jalisco al
noroeste, al norte con Guanajuato y Querétaro, al este con México, al
sureste con Guerrero y al suroeste con el Océano Pacífico. Tiene una
superficie de 58.585 kilómetros cuadrados. Está conformado por 113
municipios y su capital es la ciudad de Morelia, que lleva este nombre
en honor al héroe de la independencia José María Morelos y Pavón.
Según el II° Censo de Población y Vivienda de 2010, el Estado de Michoacán contaba con 4.351.037 habitantes. La población está concentrada principalmente en el norte del Estado, mientras que su densidad es baja en el sureste, así como en la Sierra Madre del Sur. Además el 53,1% vive en poblaciones mayores a los 10.000 habitantes teniendo uno de los mayores porcentajes de urbanización de México. No obstante, se estima que dos millones de michoacanos y sus descendientes viven en Estados Unidos, generando un intenso intercambio de personas y transacciones de todo tipo entre el Estado y el país del norte.
Aunque el 62% de la población del Estado vive en centros urbanos, en 2011 Michoacán fue el primer productor agrícola del país. Michoacán produce maíz, trigo y sorgo, pero su gran exportación es la palta (o aguacate, como la llaman en México) que se exporta masivamente a Estados Unidos. En el sur del Estado es tradicional plantar marihuana en pequeñas parcelas, lo que indujo a organizaciones criminales a explotar a los campesinos.
Tierra Caliente es un valle muy seco en el sur de Michoacán, colindante con las regiones del mismo nombre en los vecinos Guerrero y Estado de México. Sus temperaturas son extremadamente calurosas, superando los 50° durante el verano, aunque en invierno puede helar en los municipios más altos. En la Tierra Caliente michoacana habitan poco más de 490.000 personas y las principales ciudades y localidades por población son Apatzingán (cien mil habitantes), Nueva Italia (33.000), Huetamo de Núñez (22.000), Tepalcatepec (15.000), Lombardía (13.000) y Buenavista Tomatlán (10.000). Los demás poblados tienen menos de diez mil habitantes, configurando una región eminentemente rural.
Según el II° Censo de Población y Vivienda de 2010, el Estado de Michoacán contaba con 4.351.037 habitantes. La población está concentrada principalmente en el norte del Estado, mientras que su densidad es baja en el sureste, así como en la Sierra Madre del Sur. Además el 53,1% vive en poblaciones mayores a los 10.000 habitantes teniendo uno de los mayores porcentajes de urbanización de México. No obstante, se estima que dos millones de michoacanos y sus descendientes viven en Estados Unidos, generando un intenso intercambio de personas y transacciones de todo tipo entre el Estado y el país del norte.
Aunque el 62% de la población del Estado vive en centros urbanos, en 2011 Michoacán fue el primer productor agrícola del país. Michoacán produce maíz, trigo y sorgo, pero su gran exportación es la palta (o aguacate, como la llaman en México) que se exporta masivamente a Estados Unidos. En el sur del Estado es tradicional plantar marihuana en pequeñas parcelas, lo que indujo a organizaciones criminales a explotar a los campesinos.
Tierra Caliente es un valle muy seco en el sur de Michoacán, colindante con las regiones del mismo nombre en los vecinos Guerrero y Estado de México. Sus temperaturas son extremadamente calurosas, superando los 50° durante el verano, aunque en invierno puede helar en los municipios más altos. En la Tierra Caliente michoacana habitan poco más de 490.000 personas y las principales ciudades y localidades por población son Apatzingán (cien mil habitantes), Nueva Italia (33.000), Huetamo de Núñez (22.000), Tepalcatepec (15.000), Lombardía (13.000) y Buenavista Tomatlán (10.000). Los demás poblados tienen menos de diez mil habitantes, configurando una región eminentemente rural.
Sólo el discurso es distinto. Enrique Peña Nieto llegó al
poder en diciembre de 2012 prometiendo una estrategia distinta para la
seguridad de México. Prometía, por un lado, darle un mayor peso a temas
de prevención y desarrollo social, reconociendo sus vínculos con las
raíces de la violencia, y por el otro, buscaba actuar sobre aquellas
formas de violencia que más afectan a los ciudadanos, como los
secuestros, las extorsiones y la violencia letal. En suma, proponía
abandonar el enfoque bélico adoptado por el ex presidente Calderón,
retirar a los militares y fortalecer a las policías, para “civilizar”
las operaciones de seguridad.
A pesar del discurso poco o nada ha cambiado. Ya en mayo pasado el presidente mandó al Ejército y la Marina a Michoacán para combatir a los cárteles y se olvidó de la política económica y social concomitante. En enero de este año decidió una nueva intervención militar, para recuperar las poblaciones ocupadas por las autodefensas, pero el ejército acabó mezclándose con ellas y el presidente proponiéndoles la legalización.
En Michoacán operan grupos de autodefensa que se dicen comunitarios y civiles, pero que son acusados de defender los intereses de cárteles y bandas criminales. Operan también cárteles que se dicen defensores de los intereses de las comunidades, mientras ejercen violencia contra de ellas y las amedrentan mediante secuestros. Y finalmente, opera un gobierno electo democráticamente, pero corrupto y percibido como ilegítimo.
En una región plagada de zonas grises y de descontento social frente al gobierno el uso de una estrategia militar, que requiere saber quién es el enemigo y quiénes los aliados, parece por demás arriesgada. En un Estado en el que un sector de la sociedad ha decidido armarse para hacer justicia por mano propia, mientras otro vive amenazado por la violencia que los cárteles ejercen sobre familias y comunidades enteras, la llegada de una fuerza que por definición busca eliminar al enemigo resulta contraproducente.
Los Caballeros Templarios y las Autodefensas Unidas de Michoacán se ríen del Estado. Las fuerzas armadas pretenden usar subrepticiamente a los grupos paramilitares y al presidente de la República se le ocurre ofrecerles la integración a las fuerzas de seguridad, cuando informes del propio gobierno dan cuenta de su colusión con otras organizaciones mafiosas. Si Felipe Calderón (2006-12) acudió a las masacres y desapariciones para combatir las pandillas, Enrique Peña Nieto parece dispuesto a resignar territorios, con tal de limitar el fenómeno. El mal ejemplo colombiano cunde.
A pesar del discurso poco o nada ha cambiado. Ya en mayo pasado el presidente mandó al Ejército y la Marina a Michoacán para combatir a los cárteles y se olvidó de la política económica y social concomitante. En enero de este año decidió una nueva intervención militar, para recuperar las poblaciones ocupadas por las autodefensas, pero el ejército acabó mezclándose con ellas y el presidente proponiéndoles la legalización.
En Michoacán operan grupos de autodefensa que se dicen comunitarios y civiles, pero que son acusados de defender los intereses de cárteles y bandas criminales. Operan también cárteles que se dicen defensores de los intereses de las comunidades, mientras ejercen violencia contra de ellas y las amedrentan mediante secuestros. Y finalmente, opera un gobierno electo democráticamente, pero corrupto y percibido como ilegítimo.
En una región plagada de zonas grises y de descontento social frente al gobierno el uso de una estrategia militar, que requiere saber quién es el enemigo y quiénes los aliados, parece por demás arriesgada. En un Estado en el que un sector de la sociedad ha decidido armarse para hacer justicia por mano propia, mientras otro vive amenazado por la violencia que los cárteles ejercen sobre familias y comunidades enteras, la llegada de una fuerza que por definición busca eliminar al enemigo resulta contraproducente.
Los Caballeros Templarios y las Autodefensas Unidas de Michoacán se ríen del Estado. Las fuerzas armadas pretenden usar subrepticiamente a los grupos paramilitares y al presidente de la República se le ocurre ofrecerles la integración a las fuerzas de seguridad, cuando informes del propio gobierno dan cuenta de su colusión con otras organizaciones mafiosas. Si Felipe Calderón (2006-12) acudió a las masacres y desapariciones para combatir las pandillas, Enrique Peña Nieto parece dispuesto a resignar territorios, con tal de limitar el fenómeno. El mal ejemplo colombiano cunde.
Las Autodefensas Unidas
El fenómeno de las autodefensas se concentra en Michoacán, donde
grupos en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec han defendido sus
levantamientos en armas como una defensa ante el crimen organizado
local. Las autodefensas están integradas por civiles que desde hace un
año tomaron las armas alegando la inacción de las autoridades.
El 4 de enero de 2014, el líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, quedó herido tras un accidente de avioneta y fue trasladado a un hospital de Ciudad de México bajo protección federal. Hoy no se sabe públicamente su paradero. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo el 7 de enero que tuvo un diálogo con Mireles en el que le pidió que colaborara “dentro de las instituciones”. Un día antes, el procurador de Michoacán informó que había presencia de las autodefensas en nueve municipios de la Tierra Caliente.
Ante la situación, el 13 de enero las autoridades estatales y federales decidieron “restablecer el orden”. Desde ese momento, el Ejército empezó a desarmar a los civiles y se registraron varios incidentes: el 5 de enero ingresó a Paácuaro, donde desarmó a los policías municipales y se hizo cargo de la seguridad, el 10 ocurrieron ataques en Apatzingán y hubo un enfrentamiento en Antúnez. El 14 de enero el vocero de un grupo de autodefensas dijo que murieron al menos tres personas en Antúnez en un combate con el Ejército.
Según documentación aportada por el diario Excelsior el pasado 17 de enero, Mireles Valverde estuvo preso entre 1990 y 1992 por cultivo y tráfico de marihuana. En el penal de Morelia controlaba la entrada de drogas, principalmente marihuana y alcohol. Considerado por quienes lo han tratado como un hombre carismático, Mireles empezó su nueva vida en Estados Unidos donde vivió hasta 2006.
Mientras Mireles preparaba su regreso a México, participó en el libro Michoacán, voto en el extranjero. Una conquista de los migrantes, coordinado por Gonzalo Badillo Moreno, que apareció en 2007. En la obra escribió un texto en el que muestra su oposición al gobierno y las fuerzas de seguridad, pero también hacia la delincuencia considerando que ambos son aliados. Además de haber sido priista en sus años juveniles, en 2006 fue inscrito por el PRD en la Alianza Por el Bien de Todos en el lugar 25 de la lista para el Senado de la República. Año y medio después y ante la imposibilidad de integrarse a la Legislatura, buscó otro espacio político y se marchó al Partido Alternativa Socialdemócrata. Para las elecciones locales de Michoacán de 2007 Mireles fue candidato de este partido. Sin cargo en el Congreso de la Unión ni en el Congreso local de Michoacán, Mireles entró a la nómina del gobierno estatal como asesor de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud donde estuvo hasta 2011. A partir de febrero de 2013 estuvo entre los organizadores de las autodefensas en su pueblo natal.
Mientras tanto, un informe de la Procuraduría General de la República dado a conocer el pasado jueves 23 da cuenta de las estrechas vinculaciones de las autodefensas con el crimen organizado. Dijeron que existe la necesidad de desarmar a las autodefensas, “ya que si se mantiene la política de que solamente se actuará en su contra si andan en la calle armados, podrían llegar a sustituir a las organizaciones que ahora son combatidas”.
La información ministerial indica que la autoridad desconoce a qué grupo delictivo pertenecen los autodefensas detenidos e indagados. Parte de las actividades que realizarán las autoridades federales enviadas a Michoacán será determinar el origen de las armas con las cuales los grupos de autodefensa llevan a cabo sus acciones de seguridad, establecer cuántas de éstas fueron usadas por los grupos criminales que operan en esa entidad y si se utilizaron para cometer homicidios.
Mientras tanto, observadores locales dan cuenta de que “en municipios como Parácuaro, Nueva Italia, Apatzingán y Cuatro Caminos las autodefensas cuentan con el apoyo de las fuerzas federales para continuar con la vigilancia en sus comunidades, con la portación de armas de grueso calibre. Así lo describió, por ejemplo, el portal local MiMorelia.com el pasado 15 de enero. Uno de los coordinadores de este grupo de civiles armados señaló que han recibido apoyo de las autoridades federales, aunque el día 14 en la carretera de Cuatro Caminos-Apatzingán cuatro personas perdieron la vida a manos del ejército mexicano.
El 4 de enero de 2014, el líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, quedó herido tras un accidente de avioneta y fue trasladado a un hospital de Ciudad de México bajo protección federal. Hoy no se sabe públicamente su paradero. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo el 7 de enero que tuvo un diálogo con Mireles en el que le pidió que colaborara “dentro de las instituciones”. Un día antes, el procurador de Michoacán informó que había presencia de las autodefensas en nueve municipios de la Tierra Caliente.
Ante la situación, el 13 de enero las autoridades estatales y federales decidieron “restablecer el orden”. Desde ese momento, el Ejército empezó a desarmar a los civiles y se registraron varios incidentes: el 5 de enero ingresó a Paácuaro, donde desarmó a los policías municipales y se hizo cargo de la seguridad, el 10 ocurrieron ataques en Apatzingán y hubo un enfrentamiento en Antúnez. El 14 de enero el vocero de un grupo de autodefensas dijo que murieron al menos tres personas en Antúnez en un combate con el Ejército.
Según documentación aportada por el diario Excelsior el pasado 17 de enero, Mireles Valverde estuvo preso entre 1990 y 1992 por cultivo y tráfico de marihuana. En el penal de Morelia controlaba la entrada de drogas, principalmente marihuana y alcohol. Considerado por quienes lo han tratado como un hombre carismático, Mireles empezó su nueva vida en Estados Unidos donde vivió hasta 2006.
Mientras Mireles preparaba su regreso a México, participó en el libro Michoacán, voto en el extranjero. Una conquista de los migrantes, coordinado por Gonzalo Badillo Moreno, que apareció en 2007. En la obra escribió un texto en el que muestra su oposición al gobierno y las fuerzas de seguridad, pero también hacia la delincuencia considerando que ambos son aliados. Además de haber sido priista en sus años juveniles, en 2006 fue inscrito por el PRD en la Alianza Por el Bien de Todos en el lugar 25 de la lista para el Senado de la República. Año y medio después y ante la imposibilidad de integrarse a la Legislatura, buscó otro espacio político y se marchó al Partido Alternativa Socialdemócrata. Para las elecciones locales de Michoacán de 2007 Mireles fue candidato de este partido. Sin cargo en el Congreso de la Unión ni en el Congreso local de Michoacán, Mireles entró a la nómina del gobierno estatal como asesor de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud donde estuvo hasta 2011. A partir de febrero de 2013 estuvo entre los organizadores de las autodefensas en su pueblo natal.
Mientras tanto, un informe de la Procuraduría General de la República dado a conocer el pasado jueves 23 da cuenta de las estrechas vinculaciones de las autodefensas con el crimen organizado. Dijeron que existe la necesidad de desarmar a las autodefensas, “ya que si se mantiene la política de que solamente se actuará en su contra si andan en la calle armados, podrían llegar a sustituir a las organizaciones que ahora son combatidas”.
La información ministerial indica que la autoridad desconoce a qué grupo delictivo pertenecen los autodefensas detenidos e indagados. Parte de las actividades que realizarán las autoridades federales enviadas a Michoacán será determinar el origen de las armas con las cuales los grupos de autodefensa llevan a cabo sus acciones de seguridad, establecer cuántas de éstas fueron usadas por los grupos criminales que operan en esa entidad y si se utilizaron para cometer homicidios.
Mientras tanto, observadores locales dan cuenta de que “en municipios como Parácuaro, Nueva Italia, Apatzingán y Cuatro Caminos las autodefensas cuentan con el apoyo de las fuerzas federales para continuar con la vigilancia en sus comunidades, con la portación de armas de grueso calibre. Así lo describió, por ejemplo, el portal local MiMorelia.com el pasado 15 de enero. Uno de los coordinadores de este grupo de civiles armados señaló que han recibido apoyo de las autoridades federales, aunque el día 14 en la carretera de Cuatro Caminos-Apatzingán cuatro personas perdieron la vida a manos del ejército mexicano.
Los Caballeros Templarios
Los Caballeros Templarios es un grupo criminal surgido en el estado
de Michoacán, México, en marzo del 2011. Originalmente dijeron que
sustituirían a La Familia Michoacana, pero después se reveló que se
trataba de una escisión de dicho grupo. El nombre del grupo hace
referencia a la orden religiosa y militar de Los Caballeros Pobres de
Cristo y el Templo de Salomón, fundada a principios del siglo XII en
Jerusalén. Sus líderes son Enrique Plancarte (El Kikin) y Servando Gómez Martínez (La Tuta), quienes tras la supuesta muerte del líder de La Familia Michoacana, Nazario Moreno González (El Chayo o El Macho Loco"o El Más Loco) en diciembre de 2010 y la ruptura con Jesús Méndez Vargas, fundaron la nueva organización.
Nazario Moreno González (1970-2010?) fue el líder de La Familia Michoacana, aparentemente fallecido en Apatzingán el 9 de diciembre de 2010 durante un tiroteo, cuando hombres de La Familia Michoacana atacaron a la Policía Federal en la ciudad de Apatzingán y, usando vehículos como barricadas que luego fueron quemados, rodearon la capital estadual Morelia para evitar que la Policía Federal recibiera refuerzos. El gobierno federal lo da por muerto, pero no existen pruebas y circulan versiones contradictorias.
Las primeras ejecuciones atribuidas a Los Caballeros Templarios se presentaron con dos hombres colgados por el cuello de unos puentes. Aparecían dos carteles pegados que indicaban “Lo matamos por ladrón y secuestrador. Atentamente, los Caballeros Templarios.”
Michoacán siempre ha sido un Estado donde muchas familias se han dedicado a la siembra y producción de marihuana. Esas familias o pequeños grupos trabajaban individualmente. Curiosamente no se dedicaban al tráfico de narcóticos ni existía ninguna alianza entre ellos. El incremento del narcotráfico llevó al desarrollo de los cárteles de la droga que quisieron robar las siembras a los rancheros michoacanos o forzarlos a trabajar para ellos.
Los Templarios controlan el mercado de la piratería en Michoacán y Guanajuato, extorsionan a gobiernos municipales cobrando un porcentaje sobre la obra pública construida, controlan ferias municipales y ganaderas y cobran cuotas de protección a comerciantes.
Los Caballeros Templarios han distribuido ampliamente un código de conducta y formas organizativas. El pequeño cuadernillo, en el que el grupo se equipara con los antiguos guerreros de las Cruzadas, fue distribuido casa por casa en algunas barrios populares de Morelia. En su código, articulado en 53 puntos, se asumen como una “orden” que ve la luz el 8 de marzo de 2011 con el propósito de “proteger a los habitantes del Estado libre, soberano y laico de Michoacán”. El texto puntualiza que su labor es luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo, así como contra el desmoronamiento de los “valores morales y los elementos destructivos que prevalecen hoy en la sociedad”. Además se proponen fomentar el patriotismo. Entre sus lineamientos, Los Caballeros Templarios dicen reconocer el derecho de los pueblos y las naciones a gobernarse a sí mismos “dentro de su medio económico natural” y apoyan “la libertad de expresión, de conciencia y de religión”.
Una regla fundamental para Los Templarios es respetar el voto de silencio y en caso de romperlo “se aplicará la pena capital”. En su código insisten en la conducta “intachable” que deben ostentar los miembros del grupo: “no ser brutal, no emborracharse en forma ofensiva, no abusar de la inocencia de mujeres castas y menores de edad”. De infringir esta regla, son acreedores a un castigo que consta de cuatro días amarrado y mojado con agua fría día y noche, con golpes. Los miembros del grupo tienen “estrictamente prohibido consumir drogas o enervantes”, por lo que están obligados a practicarse periódicamente exámenes de detección de drogas e informar de los resultados al Consejo.
La práctica del secuestro con el propósito de obtener dinero está estrictamente prohibida. La organización de Los Caballeros Templarios descansa en el Consejo, “órgano máximo conformado por los miembros de mayor experiencia”. La lealtad a “la orden” es la premisa máxima, pues “quien traicione al grupo será castigado con la pena capital, además, se le decomisarán sus propiedades y sus familiares correrán la misma suerte”, de ahí que la publicación distribuida cierre con la contundente frase: “Si, por desgracia, yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por el templo y por sus armas. Juro respetar la FE del código nazario”.
Nazario Moreno González (1970-2010?) fue el líder de La Familia Michoacana, aparentemente fallecido en Apatzingán el 9 de diciembre de 2010 durante un tiroteo, cuando hombres de La Familia Michoacana atacaron a la Policía Federal en la ciudad de Apatzingán y, usando vehículos como barricadas que luego fueron quemados, rodearon la capital estadual Morelia para evitar que la Policía Federal recibiera refuerzos. El gobierno federal lo da por muerto, pero no existen pruebas y circulan versiones contradictorias.
Las primeras ejecuciones atribuidas a Los Caballeros Templarios se presentaron con dos hombres colgados por el cuello de unos puentes. Aparecían dos carteles pegados que indicaban “Lo matamos por ladrón y secuestrador. Atentamente, los Caballeros Templarios.”
Michoacán siempre ha sido un Estado donde muchas familias se han dedicado a la siembra y producción de marihuana. Esas familias o pequeños grupos trabajaban individualmente. Curiosamente no se dedicaban al tráfico de narcóticos ni existía ninguna alianza entre ellos. El incremento del narcotráfico llevó al desarrollo de los cárteles de la droga que quisieron robar las siembras a los rancheros michoacanos o forzarlos a trabajar para ellos.
Los Templarios controlan el mercado de la piratería en Michoacán y Guanajuato, extorsionan a gobiernos municipales cobrando un porcentaje sobre la obra pública construida, controlan ferias municipales y ganaderas y cobran cuotas de protección a comerciantes.
Los Caballeros Templarios han distribuido ampliamente un código de conducta y formas organizativas. El pequeño cuadernillo, en el que el grupo se equipara con los antiguos guerreros de las Cruzadas, fue distribuido casa por casa en algunas barrios populares de Morelia. En su código, articulado en 53 puntos, se asumen como una “orden” que ve la luz el 8 de marzo de 2011 con el propósito de “proteger a los habitantes del Estado libre, soberano y laico de Michoacán”. El texto puntualiza que su labor es luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo, así como contra el desmoronamiento de los “valores morales y los elementos destructivos que prevalecen hoy en la sociedad”. Además se proponen fomentar el patriotismo. Entre sus lineamientos, Los Caballeros Templarios dicen reconocer el derecho de los pueblos y las naciones a gobernarse a sí mismos “dentro de su medio económico natural” y apoyan “la libertad de expresión, de conciencia y de religión”.
Una regla fundamental para Los Templarios es respetar el voto de silencio y en caso de romperlo “se aplicará la pena capital”. En su código insisten en la conducta “intachable” que deben ostentar los miembros del grupo: “no ser brutal, no emborracharse en forma ofensiva, no abusar de la inocencia de mujeres castas y menores de edad”. De infringir esta regla, son acreedores a un castigo que consta de cuatro días amarrado y mojado con agua fría día y noche, con golpes. Los miembros del grupo tienen “estrictamente prohibido consumir drogas o enervantes”, por lo que están obligados a practicarse periódicamente exámenes de detección de drogas e informar de los resultados al Consejo.
La práctica del secuestro con el propósito de obtener dinero está estrictamente prohibida. La organización de Los Caballeros Templarios descansa en el Consejo, “órgano máximo conformado por los miembros de mayor experiencia”. La lealtad a “la orden” es la premisa máxima, pues “quien traicione al grupo será castigado con la pena capital, además, se le decomisarán sus propiedades y sus familiares correrán la misma suerte”, de ahí que la publicación distribuida cierre con la contundente frase: “Si, por desgracia, yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por el templo y por sus armas. Juro respetar la FE del código nazario”.
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Eduardo J. Vior