Una transición ambigua
Año 6. Edición número 294. Domingo 05 de enero de 2014
Mientras se resuelve la sucesión de la “Generación
de la Sierra Maestra”, el corporativismo garantiza la estabilidad de
Cuba, que avanza hacia formas capitalistas de mercado, aunque frena las
necesarias reformas políticas.
El 1° de enero pasado entraron en vigor en Cuba nuevas medidas de
liberalización del mercado que continúan el curso de las paulatinas
reformas que Raúl Castro va realizando en el socialismo de Estado local,
siempre con el ojo puesto en el el control de la sucesión de la
“Generación de la Sierra Maestra”. Sin embargo, este orden de
prioridades crea inevitables contradicciones con las necesarias reformas
económicas. Entenderlas es entender por qué la transición es el estado
de Cuba en el largo plazo.
A partir del pasado viernes 3 de enero quedó liberada la venta de autos nuevos en Cuba. El gobierno ya había autorizado en 2011 la compraventa de autos entre particulares, pero para la adquisición de vehículos al Estado, que tiene el monopolio de la venta de coches nuevos, había que tener una carta de autorización que sólo se otorgaba a determinados grupos sociales. El gobierno dijo que los ingresos adicionales que se obtengan por la venta liberada de vehículos serán destinados a un fondo financiar el “desarrollo del transporte público”.
Ya una semana antes, el sábado 28 de diciembre, el gobierno cubano flexibilizó el otorgamiento de préstamos, para que los habitantes de la isla inicien negocios privados. Los cubanos ahora podrán pedir préstamos por montos más pequeños y pagarlos en más tiempo, pues los plazos de cancelación aumentaron de cinco a diez años. Aunque, desde que el gobierno comenzó a ofrecer oportunidades para los negocios privados, unas 440.000 personas han solicitado licencias de funcionamiento, sólo 550 solicitaron créditos oficiales. Se supone que el resto recibió transferencias de sus familiares en el exterior.
Al mismo tiempo abrió en La Habana el primer mercado mayorista de productos alimenticios, “El Trigal”. La Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios en La Habana arrendó la instalación a una cooperativa integrada por 10 socios, quienes subarrendarán 292 espacios a los productores que concurran a vender sus mercancías excedentes, tras haber cumplido los compromisos con el Estado. En “El Trigal” ofrecerán sus productos empresas y granjas estatales, cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria, unidades productoras, agricultores pequeños y la nueva figura de vendedor mayorista. Al mercado pueden acudir a comprar frutas, hortalizas, viandas y granos todas las personas jurídicas y naturales, incluyendo aquellas familias que deseen adquirir alimentos al por mayor, así como entidades incluidas en el “consumo social”.
A partir del pasado viernes 3 de enero quedó liberada la venta de autos nuevos en Cuba. El gobierno ya había autorizado en 2011 la compraventa de autos entre particulares, pero para la adquisición de vehículos al Estado, que tiene el monopolio de la venta de coches nuevos, había que tener una carta de autorización que sólo se otorgaba a determinados grupos sociales. El gobierno dijo que los ingresos adicionales que se obtengan por la venta liberada de vehículos serán destinados a un fondo financiar el “desarrollo del transporte público”.
Ya una semana antes, el sábado 28 de diciembre, el gobierno cubano flexibilizó el otorgamiento de préstamos, para que los habitantes de la isla inicien negocios privados. Los cubanos ahora podrán pedir préstamos por montos más pequeños y pagarlos en más tiempo, pues los plazos de cancelación aumentaron de cinco a diez años. Aunque, desde que el gobierno comenzó a ofrecer oportunidades para los negocios privados, unas 440.000 personas han solicitado licencias de funcionamiento, sólo 550 solicitaron créditos oficiales. Se supone que el resto recibió transferencias de sus familiares en el exterior.
Al mismo tiempo abrió en La Habana el primer mercado mayorista de productos alimenticios, “El Trigal”. La Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios en La Habana arrendó la instalación a una cooperativa integrada por 10 socios, quienes subarrendarán 292 espacios a los productores que concurran a vender sus mercancías excedentes, tras haber cumplido los compromisos con el Estado. En “El Trigal” ofrecerán sus productos empresas y granjas estatales, cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria, unidades productoras, agricultores pequeños y la nueva figura de vendedor mayorista. Al mercado pueden acudir a comprar frutas, hortalizas, viandas y granos todas las personas jurídicas y naturales, incluyendo aquellas familias que deseen adquirir alimentos al por mayor, así como entidades incluidas en el “consumo social”.
Una transición de larga duración.
En un texto publicado en 2007 (“Cuba: ¿transición o continuidad?”) en la revista virtual Herramienta debate y crítica marxista,
pero que tiene aún hoy total vigencia, el intelectual cubano Haroldo
Dilla Alfonso analizó detalladamente las contradicciones del proceso
cubano de transición económica y política. Según él, la transición
cubana comenzó en realidad ya durante el llamado “período especial” en
los años ’90, cuando la desaparición de la Unión Soviética dejó a la
isla atenazada por la crisis económica y por las exigencias de la
inserción en el mercado mundial capitalista. Tanto Fidel Castro como su
hermano Raúl que lo sucedió en 2006 y su vieja guardia pudieron
estabilizar el régimen político, pero debieron convivir con la aparición
del mercado y de formas diferentes de propiedad grupal y privada,
legales o no.
Este proceso, en primer lugar, agrietó el esquema de control sociopolítico que daba al Estado y a la clase política una condición cuasi monopólica en el manejo de la economía, la producción ideológica y la administración de la movilidad social, sin considerar al cuerpo social, en tanto los subsidios soviéticos les permitía desconsiderar la productividad y la eficiencia de la economía.
Rápidamente surgieron múltiples ocupaciones alternativas al empleo estatal o complementarias de éste, vinculadas con las diferentes nuevas formas de propiedad. Las remesas de los cubanos emigrados, por su parte, no sólo han implicado una fuente de vida autónoma para millones de personas y de desigualdad social, sino también de revalidación de esa comunidad emigrada como otro actor potencial del complejo escenario insular.
En segundo lugar, continúa el autor, esta apertura parcial creó un nuevo sector tecnocrático-empresarial formado por los gerentes de las firmas comerciales y de propiedad mixta, los empresarios del mercado informal e ilegal y los administradores de las grandes empresas estatales que pronto adquirieron modos de vida, aspiraciones y modus operandi internacionales. Aun cuando es un sector políticamente débil, sus vínculos con la política le otorgan influencias insospechadas. Por otra parte, su ubicación en los comandos de las actividades económicas más dinámicas los hace imprescindibles para la reproducción del esquema de poder político. Finalmente, este grupo emergente ejerce también una gran influencia ideológica, al demostrar a la empobrecida población cubana que el éxito social depende del acceso al mercado internacional.
En tercer lugar la inserción de Cuba en la economía global ha fragmentado su estructura económica y territorial. El país vive nuevamente una desigualdad espacial que había sido paliada por las políticas territoriales. Y también, en consecuencia, la isla está cruzada por flujos migratorios que multiplican la complejidad de los conflictos sociales.
Por su lado, en un análisis publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito en mayo de 2012 (“Reformas y transición en Cuba: una evaluación de desarrollos recientes [2010-2012]”) los investigadores Armando Chaguaceda y Ramón I. Centeno señalaron las contradicciones existentes entre reformas económicas y políticas:
Hace veinte años, las transformaciones más profundas se dirigieron al sector externo de la economía, con la esperanza de obtener las divisas que financiaran la inmutabilidad de la economía interna. La hipertrofiada expectativa de éxito de esta medida hizo que el gobierno cubano postergara mayores reformas al interior de su estructura socioeconómica que recién están encarándose ahora. A juicio de los autores, la actual reforma obedece más a imperativos políticos que económicos, ya que la sucesión de la generación de “combatientes de la Sierra Maestra” es inminente. Sin embargo, ningún aspecto es tan trascendente como la próxima ausencia de Fidel Castro, el Comandante en Jefe, quien dejará en Cuba un vacío de figura carismática.
La forma en que se resuelva (o no) este problema determinará el carácter de la transición política. Raúl Castro parece querer heredar la Revolución en las instituciones del régimen, reordenándolas para ello. Se trata no tanto de saber quién sustituirá a Fidel, sino en qué contexto institucional actuará la próxima dirigencia. Para resolver esta cuestión, la dirigencia ha decidido dar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Partido Comunista de Cuba el predominio en la transición. Por esta opción el modo de transición cubano es diferente al del Este europeo, donde sectores de la burocracia estatal y partidaria impulsaron las reformas políticas, y al asiático, donde el partido dirige la reforma económica, sin promover cambios políticos sustanciales.
En Cuba, los militares ocupan un rol cualitativamente diferente al resto de las experiencias socialistas. Por un lado, el actual Presidente fue el jefe de las FAR durante medio siglo, fomentando en ellas la eficacia administrativa y disciplinaria en la que formó a su actual equipo de colaboradores. Por otro, la agenda económica emanada del VI° Congreso del PCC realizado en 2010 está más cerca de los experimentos de mercado de los militares que de la ortodoxia estatista del Partido. Y aunque es cierto que la dirigencia de ambas instituciones forma un equipo de poder, Raúl Castro, confió más en los militares para emprender “una mayor apertura de mercado” que en el grupo más conservador de la burocracia partidaria [del PCC], señalan los autores.
Este proceso, en primer lugar, agrietó el esquema de control sociopolítico que daba al Estado y a la clase política una condición cuasi monopólica en el manejo de la economía, la producción ideológica y la administración de la movilidad social, sin considerar al cuerpo social, en tanto los subsidios soviéticos les permitía desconsiderar la productividad y la eficiencia de la economía.
Rápidamente surgieron múltiples ocupaciones alternativas al empleo estatal o complementarias de éste, vinculadas con las diferentes nuevas formas de propiedad. Las remesas de los cubanos emigrados, por su parte, no sólo han implicado una fuente de vida autónoma para millones de personas y de desigualdad social, sino también de revalidación de esa comunidad emigrada como otro actor potencial del complejo escenario insular.
En segundo lugar, continúa el autor, esta apertura parcial creó un nuevo sector tecnocrático-empresarial formado por los gerentes de las firmas comerciales y de propiedad mixta, los empresarios del mercado informal e ilegal y los administradores de las grandes empresas estatales que pronto adquirieron modos de vida, aspiraciones y modus operandi internacionales. Aun cuando es un sector políticamente débil, sus vínculos con la política le otorgan influencias insospechadas. Por otra parte, su ubicación en los comandos de las actividades económicas más dinámicas los hace imprescindibles para la reproducción del esquema de poder político. Finalmente, este grupo emergente ejerce también una gran influencia ideológica, al demostrar a la empobrecida población cubana que el éxito social depende del acceso al mercado internacional.
En tercer lugar la inserción de Cuba en la economía global ha fragmentado su estructura económica y territorial. El país vive nuevamente una desigualdad espacial que había sido paliada por las políticas territoriales. Y también, en consecuencia, la isla está cruzada por flujos migratorios que multiplican la complejidad de los conflictos sociales.
Por su lado, en un análisis publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito en mayo de 2012 (“Reformas y transición en Cuba: una evaluación de desarrollos recientes [2010-2012]”) los investigadores Armando Chaguaceda y Ramón I. Centeno señalaron las contradicciones existentes entre reformas económicas y políticas:
Hace veinte años, las transformaciones más profundas se dirigieron al sector externo de la economía, con la esperanza de obtener las divisas que financiaran la inmutabilidad de la economía interna. La hipertrofiada expectativa de éxito de esta medida hizo que el gobierno cubano postergara mayores reformas al interior de su estructura socioeconómica que recién están encarándose ahora. A juicio de los autores, la actual reforma obedece más a imperativos políticos que económicos, ya que la sucesión de la generación de “combatientes de la Sierra Maestra” es inminente. Sin embargo, ningún aspecto es tan trascendente como la próxima ausencia de Fidel Castro, el Comandante en Jefe, quien dejará en Cuba un vacío de figura carismática.
La forma en que se resuelva (o no) este problema determinará el carácter de la transición política. Raúl Castro parece querer heredar la Revolución en las instituciones del régimen, reordenándolas para ello. Se trata no tanto de saber quién sustituirá a Fidel, sino en qué contexto institucional actuará la próxima dirigencia. Para resolver esta cuestión, la dirigencia ha decidido dar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Partido Comunista de Cuba el predominio en la transición. Por esta opción el modo de transición cubano es diferente al del Este europeo, donde sectores de la burocracia estatal y partidaria impulsaron las reformas políticas, y al asiático, donde el partido dirige la reforma económica, sin promover cambios políticos sustanciales.
En Cuba, los militares ocupan un rol cualitativamente diferente al resto de las experiencias socialistas. Por un lado, el actual Presidente fue el jefe de las FAR durante medio siglo, fomentando en ellas la eficacia administrativa y disciplinaria en la que formó a su actual equipo de colaboradores. Por otro, la agenda económica emanada del VI° Congreso del PCC realizado en 2010 está más cerca de los experimentos de mercado de los militares que de la ortodoxia estatista del Partido. Y aunque es cierto que la dirigencia de ambas instituciones forma un equipo de poder, Raúl Castro, confió más en los militares para emprender “una mayor apertura de mercado” que en el grupo más conservador de la burocracia partidaria [del PCC], señalan los autores.
Preponderancia militar y “cuentapropismo”.
El cambio en la
correlación de fuerzas FAR-PCC explica la proyectada expansión del
“cuentapropismo”. Conviene además recordar que la reinserción de Cuba en
las relaciones económicas internacionales fue una tarea emprendida por
personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gracias a ello, la
recomposición en la elite dirigente está en condiciones de conducir la
reforma económica incluyendo en roles subordinados a los gerentes de las
empresas cubanas que operan en el mercado mundial e integran una elite
profesional que ya es parte de la actual dirigencia política, aunque por
ahora tienen un rol pasivo gracias a un selectivo y riguroso
reclutamiento.
Además, el Estado ha creado la Cámara de Comercio de la República de Cuba para sujetar los intereses gerenciales. Como consecuencia, la pequeña elite de cubanos que se han beneficiado de la reorientación del comercio exterior no cuestiona el statu quo, sino que lo perpetúa.
La reforma económica en curso no supone cambios políticos, porque el PCC aún no confía en la lealtad de los cuentapropistas. Por eso, el régimen es ambiguo hacia los actores del mercado cubano: mientras permite a los gerentes un nivel de vida privilegiado, trata con cautela a la pequeña propiedad privada y restringe sus ingresos. Es que unos provienen de la elite, los otros no. Con los gerentes siempre ha imperado el silencio público y el amor privado.
Por lo pronto, se está repitiendo la receta: enganchar a los cuentapropistas bajo una fórmula corporativa, pero afiliándolos a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en su calidad de trabajadores y no creando una estructura especial para ellos.
Debe observarse también la decisión incluida en el “Documento Base” del Congreso de 2010 por la que “se limita a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”. Para preparar su sucesión, Raúl Castro ha decidido organizar un mecanismo de circulación pacífica de los cargos burocráticos, para evitar que se produzcan disputas insalvables entre futuros agrupamientos de dirigentes.
Desde el punto de vista de la estabilidad política el problema que enfrenta Raúl Castro es el siguiente: las transformaciones deben ser suficientemente profundas como para aliviar la crisis crónica de la economía cubana y asegurar la gobernabilidad, pero lo suficientemente cuidadosas como para impedir la formación de actores autónomos que escapen al manejo corporativo del Estado cubano.
Raúl Castro, consciente del malestar social que las reformas pueden propiciar e interesado en maximizar la estabilidad política, ha apostado por postergar o dosificar ciertas medidas que pudieran desatar la ira popular. Por ello, con base en los resultados de la consulta popular conducida por el PCC, el Gobierno suspendió los despidos masivos de personal del Estado que habían sido anunciados en 2010 y los remplazó con otro grupo de medidas realizables. La primera fue la autorización para la compraventa de automóviles y casas.
Después, las peluquerías pasaron a manos de los peluqueros (barberos les llaman allí) como cuentapropistas y las cooperativas agropecuarias fueron autorizadas a vender sus productos sin intermediarios en los mercados y a las empresas turísticas. Luego se extendió la autorización para fundar cooperativas en otros sectores seleccionados no agrarios. Más adelante llegó una modesta reforma financiera por la que cuentapropistas y agricultores pequeños fueron autorizados para recibir créditos bancarios para inversión. Todos los cubanos fueron autorizados a solicitar crédito para reparaciones y remodelaciones habitacionales.
La propia elite gobernante actual es en parte producto del ascenso de burócratas ligados a los nuevos grupos de interés. Este fenómeno es resultado de las luchas entre articulaciones diversas de militares con burócratas y gerentes. El comercio exterior cubano post-soviético, realizado en divisas y en asociación con el capital extranjero, produjo inéditos privilegios de carácter monetario y en especie al que tiene acceso el sector de la elite hoy dominante. Sin embargo, la opulencia de estos individuos depende de su control temporal del cargo burocrático. Mientras esta situación dure, existe un interés colectivo en asegurar que las reformas económicas no socaven la dominación del sistema que asegura su posición social actual, con lo que queda prácticamente descartado que la elite conduzca una democratización que modifique el orden sociopolítico autoritario vigente en la Isla.
Quienes están más perjudicados en este proceso de transición son los sectores más pobres que no reciben divisas del exterior ni logran obtenerlas en la isla y no tienen ni siquiera un “microcapital” para emprender el trabajo por cuenta propia. Sobre ellos –que conforman la mayoría de la población cubana– es más acuciante la amenaza de pauperización, aumentada además por el riesgo del desempleo.
Hoy existen en el imaginario social cubano dos visiones predominantes sobre los cauces posibles de la economía. Para unos, la privatización de los centros de producción y servicios sería la panacea que resolvería el proverbial déficit de bienes de consumo, aportando la eficacia necesaria. Para el extremo “opuesto” es necesario persistir en el socialismo centralista y verticalista. Sin embargo, ambos proyectos excluyen formas democráticas y horizontales de gestión pública y actividad económica.
Frente a este falso dilema entre la restauración capitalista y el monopolio burocrático, poco a poco va ganando espacio un espectro de opciones alternativas relacionadas con la promoción de redes productivas sostenibles y de consumo solidario en zonas urbanas y rurales, con experimentos de autogestión en cooperativas y de interconexión entre cuentapropistas y con autoridades y poblaciones locales para la prestación de servicios en el espacio local.
Ciertamente se trata de experiencias escasas, aún aisladas y de futuro incierto, pero representan una opción alternativa que podría rescatar las conquistas sociales de la Revolución de 1959 bajo las condiciones de un mercado libre regulado y asegurar que la sucesión del poder omnímodo de los hermanos Castro se realice de modo verdaderamente democrático.
Además, el Estado ha creado la Cámara de Comercio de la República de Cuba para sujetar los intereses gerenciales. Como consecuencia, la pequeña elite de cubanos que se han beneficiado de la reorientación del comercio exterior no cuestiona el statu quo, sino que lo perpetúa.
La reforma económica en curso no supone cambios políticos, porque el PCC aún no confía en la lealtad de los cuentapropistas. Por eso, el régimen es ambiguo hacia los actores del mercado cubano: mientras permite a los gerentes un nivel de vida privilegiado, trata con cautela a la pequeña propiedad privada y restringe sus ingresos. Es que unos provienen de la elite, los otros no. Con los gerentes siempre ha imperado el silencio público y el amor privado.
Por lo pronto, se está repitiendo la receta: enganchar a los cuentapropistas bajo una fórmula corporativa, pero afiliándolos a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en su calidad de trabajadores y no creando una estructura especial para ellos.
Debe observarse también la decisión incluida en el “Documento Base” del Congreso de 2010 por la que “se limita a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”. Para preparar su sucesión, Raúl Castro ha decidido organizar un mecanismo de circulación pacífica de los cargos burocráticos, para evitar que se produzcan disputas insalvables entre futuros agrupamientos de dirigentes.
Desde el punto de vista de la estabilidad política el problema que enfrenta Raúl Castro es el siguiente: las transformaciones deben ser suficientemente profundas como para aliviar la crisis crónica de la economía cubana y asegurar la gobernabilidad, pero lo suficientemente cuidadosas como para impedir la formación de actores autónomos que escapen al manejo corporativo del Estado cubano.
Raúl Castro, consciente del malestar social que las reformas pueden propiciar e interesado en maximizar la estabilidad política, ha apostado por postergar o dosificar ciertas medidas que pudieran desatar la ira popular. Por ello, con base en los resultados de la consulta popular conducida por el PCC, el Gobierno suspendió los despidos masivos de personal del Estado que habían sido anunciados en 2010 y los remplazó con otro grupo de medidas realizables. La primera fue la autorización para la compraventa de automóviles y casas.
Después, las peluquerías pasaron a manos de los peluqueros (barberos les llaman allí) como cuentapropistas y las cooperativas agropecuarias fueron autorizadas a vender sus productos sin intermediarios en los mercados y a las empresas turísticas. Luego se extendió la autorización para fundar cooperativas en otros sectores seleccionados no agrarios. Más adelante llegó una modesta reforma financiera por la que cuentapropistas y agricultores pequeños fueron autorizados para recibir créditos bancarios para inversión. Todos los cubanos fueron autorizados a solicitar crédito para reparaciones y remodelaciones habitacionales.
La propia elite gobernante actual es en parte producto del ascenso de burócratas ligados a los nuevos grupos de interés. Este fenómeno es resultado de las luchas entre articulaciones diversas de militares con burócratas y gerentes. El comercio exterior cubano post-soviético, realizado en divisas y en asociación con el capital extranjero, produjo inéditos privilegios de carácter monetario y en especie al que tiene acceso el sector de la elite hoy dominante. Sin embargo, la opulencia de estos individuos depende de su control temporal del cargo burocrático. Mientras esta situación dure, existe un interés colectivo en asegurar que las reformas económicas no socaven la dominación del sistema que asegura su posición social actual, con lo que queda prácticamente descartado que la elite conduzca una democratización que modifique el orden sociopolítico autoritario vigente en la Isla.
Quienes están más perjudicados en este proceso de transición son los sectores más pobres que no reciben divisas del exterior ni logran obtenerlas en la isla y no tienen ni siquiera un “microcapital” para emprender el trabajo por cuenta propia. Sobre ellos –que conforman la mayoría de la población cubana– es más acuciante la amenaza de pauperización, aumentada además por el riesgo del desempleo.
Hoy existen en el imaginario social cubano dos visiones predominantes sobre los cauces posibles de la economía. Para unos, la privatización de los centros de producción y servicios sería la panacea que resolvería el proverbial déficit de bienes de consumo, aportando la eficacia necesaria. Para el extremo “opuesto” es necesario persistir en el socialismo centralista y verticalista. Sin embargo, ambos proyectos excluyen formas democráticas y horizontales de gestión pública y actividad económica.
Frente a este falso dilema entre la restauración capitalista y el monopolio burocrático, poco a poco va ganando espacio un espectro de opciones alternativas relacionadas con la promoción de redes productivas sostenibles y de consumo solidario en zonas urbanas y rurales, con experimentos de autogestión en cooperativas y de interconexión entre cuentapropistas y con autoridades y poblaciones locales para la prestación de servicios en el espacio local.
Ciertamente se trata de experiencias escasas, aún aisladas y de futuro incierto, pero representan una opción alternativa que podría rescatar las conquistas sociales de la Revolución de 1959 bajo las condiciones de un mercado libre regulado y asegurar que la sucesión del poder omnímodo de los hermanos Castro se realice de modo verdaderamente democrático.
Cuba es nuestroamericana.
Tanto los críticos internos del
régimen cubano como la derecha internacional en todas sus variantes
siguen comparando el proceso cubana con las transiciones a la democracia
liberal y al capitalismo en los países que salieron de la hegemonía
soviética en Europa Oriental. Sin embargo, tanto por los acentos
nacionalistas de la ideología dominante, como por la importancia del
liderazgo personal de los hermanos Castro, por el poder de las Fuerzas
Armadas y su asociación con grupos empresarios enquistados en posiciones
burocráticas y por la fuerza que tienen las llamadas “organizaciones de
masas” como herramientas de movilización y control social la transición
política cubana se parece más a los procesos de crisis y evolución de
los nacionalismos de “Nuestra América”, como la llamó José Martí, que a
cualquier experiencia europea.
Desde que la Revolución Bolivariana en Venezuela comenzó a tener dificultades económicas y ella misma afronta el problema de la sucesión después de la muerte de Hugo Chávez Frías, sus posibilidades de subvencionar a Cuba se redujeron. Esta limitación de los recursos externos obliga a la conducción cubana a acelerar los tiempos de la transición económica.
No obstante, la transición política aún no está definida. En ella se pueden reconocer dos etapas: 1) el gobierno de Raúl Castro, caracterizado por el mayor poder adquirido por las Fuerzas Armadas y los intereses corporativos de los gerentes de aquellos aparatos estatales que están vinculados con el comercio exterior; 2) cuando Raúl deje el poder, etapa cuya articulación dirigente aún se desconoce. Para prever esta futura segunda etapa de la transición compiten tres líneas de interpretación: a) quienes calcan las transiciones de los regímenes stalinistas de Europa Oriental al capitalismo y la democracia liberal y construyen una sucesión de pasos que van de la transición política administrada por fuerzas internas al régimen, pasando por su crisis total (acelerada por la intromisión occidental), para llegar a la fundación de un nuevo régimen político y económico liberal; b) quienes aplican los modelos chino y vietnamita en los que el cambio de régimen económico se realizó junto con el mantenimiento del régimen de partido único y c) quienes comparan la transición política cubana con los procesos nacionalistas latinoamericanos y prevén una larga y difícil convivencia de estructuras corporativas de poder, con un rol central para las Fuerzas Armadas, junto con el ascenso de nuevas fuerzas sociales y políticas encontradas. Entre éstas pueden primar, como en México, elites neoliberales vinculadas al capital internacional o, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela, nuevos actores políticos surgidos de movimientos populares y democráticos.
La transición no termina, hasta que nuevas reglas de juego se imponen a todos los actores. En Cuba hasta entonces será permanente y su curso, impredecible.
Desde que la Revolución Bolivariana en Venezuela comenzó a tener dificultades económicas y ella misma afronta el problema de la sucesión después de la muerte de Hugo Chávez Frías, sus posibilidades de subvencionar a Cuba se redujeron. Esta limitación de los recursos externos obliga a la conducción cubana a acelerar los tiempos de la transición económica.
No obstante, la transición política aún no está definida. En ella se pueden reconocer dos etapas: 1) el gobierno de Raúl Castro, caracterizado por el mayor poder adquirido por las Fuerzas Armadas y los intereses corporativos de los gerentes de aquellos aparatos estatales que están vinculados con el comercio exterior; 2) cuando Raúl deje el poder, etapa cuya articulación dirigente aún se desconoce. Para prever esta futura segunda etapa de la transición compiten tres líneas de interpretación: a) quienes calcan las transiciones de los regímenes stalinistas de Europa Oriental al capitalismo y la democracia liberal y construyen una sucesión de pasos que van de la transición política administrada por fuerzas internas al régimen, pasando por su crisis total (acelerada por la intromisión occidental), para llegar a la fundación de un nuevo régimen político y económico liberal; b) quienes aplican los modelos chino y vietnamita en los que el cambio de régimen económico se realizó junto con el mantenimiento del régimen de partido único y c) quienes comparan la transición política cubana con los procesos nacionalistas latinoamericanos y prevén una larga y difícil convivencia de estructuras corporativas de poder, con un rol central para las Fuerzas Armadas, junto con el ascenso de nuevas fuerzas sociales y políticas encontradas. Entre éstas pueden primar, como en México, elites neoliberales vinculadas al capital internacional o, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela, nuevos actores políticos surgidos de movimientos populares y democráticos.
La transición no termina, hasta que nuevas reglas de juego se imponen a todos los actores. En Cuba hasta entonces será permanente y su curso, impredecible.
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Eduardo J. Vior