Rajoy pone en riesgo la unidad española

Dos trenes pueden chocar frontalmente en Cataluña

22 de septiembre de 2017 InfoBaires24 Cataluña

Por Eduardo J. Vior
especial para Infobaires24

Después de que el miércoles 20 la Guardia Civil y los Mossosd’Esquadra (policía autónoma catalana) detuvieron a los 14 principales funcionarios de Hacienda de la comunidad y secuestraron nueve millones de boletas electorales, la organización del referendo independentista convocado para el próximo 1º de octubre quedó desarticulada. La polarización ente Madrid y Barcelona fortalece, por un lado, la unidad de los partidos centralistas (PP, PSOE y Ciudadanos) y, por el otro, rescata a los catalanistas de su grave crisis de legitimidad, pero amenaza la unidad de España y la continuidad de la monarquía.

El viernes 22 por la tarde la Justicia dejó en libertad a los detenidos del miércoles, aunque quedaron imputados por sedición. Al mismo tiempo, la delegación del gobierno central en Cataluña advertía a los directores de escuelas que el próximo día 1 no debían abrirlas a personas ajenas. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publicaba en una página web los lugares de votación para consulta de los electores. Mientras tanto, miles de manifestantes continuaban en las calles protestando contra la represión del gobierno central.

En tanto, numerosos funcionarios electorales de la autonomía renunciaron a sus cargos, para no tener que pagar la multa de 12.000 euros diarios por desacato impuesta por el Tribunal Constitucional. Sin administración de hacienda ni justicia electoral, con las boletas incautadas y las escuelas cerradas, persistir en la convocatoria al referendo es un acto simbólico sin efectos legales. Sin embargo, los tres principales partidos catalanistas (PDdeC, ERC y CUP) no tienen otra alternativa, ya que el gobierno de Mariano Rajoy, los partidos españolistas y la Justicia no les dejan margen.

Sólo Unidos Podemos, que ha convocado para este domingo en Zaragoza a una gran asamblea de cargos electos de distintas fuerzas mediadoras de toda España, trata de construir un puente de diálogo. Su propuesta es que el Estado permita realizar el referendo, pero que el mismo no sea vinculante y, si triunfa el separatismo, abrir un proceso de reforma constitucional que permita una mayor autonomía de la región o su separación en paz.

Por el contrario, el ministro de Economía Luis de Guindos ofreció en una entrevista que le hizo el Financial Times más autonomía económica y un mejor sistema de financiación para Cataluña, si desiste del referendo independentista. Una propuesta tardía y miope.

El temido choque de trenes estaba cantado desde que el Parlament, el 7 de septiembre pasado aprobó las llamadas leyes de desconexión (de convocatoria al referendo y de transición jurídica hacia la República Catalana), aboliendo de hecho la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía. Esa decisión desató la metódica reacción en cadena de Mariano Rajoy. Sin embargo, la espectacular escenificación de la operación policial ha sido acogida por muchos catalanes como una grave afrenta. La indignación social ha rebasado el independentismo, para extenderse a sindicatos, rectores, estudiantes, colegios profesionales e instituciones emblemáticas como el Fútbol Club Barcelona.

El actual proceso tiene su origen directo en la impugnación en 2010 por el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña de 2006, aprobado por los parlamentos catalán y español y refrendado por el 74% de los votantes. Esta sentencia desautorizó a ambos parlamentos y quitó todo valor a la manifestación democrática del pueblo catalán. Con este antecedente se consideró delito la consulta popular del 29 de noviembre de 2014 en la que 1.800.000 personas votaron a favor de la independencia. Así la máxima autoridad judicial del país adquirió un carácter partidista y perdió autoridad.

El conflicto de fondo, empero, se remite al principio constitucional de la “indisoluble unidad de la nación española” (Artículo 2 de la Constitución de 1978), continuamente invocado por los centralistas, para condenar el referendo. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de Jordi Solé Tura, uno de los “padres” de la Constitución, en 1985, la actual redacción del artículo no resultó de la Asamblea Constituyente, sino de una imposición militar y, por consiguiente, su legitimidad es dudosa. En realidad, el artículo fue el resultado del triunfo del nacionalismo conservador español, para el que la nación española es independiente de la voluntad popular, sobre el “nacionalismo cívico”, que la concibe como la asociación libre de los habitantes en ejercicio de sus derechos.

En suma, el proceso actual ha surgido de una amplia demanda social del pueblo de la región. Acudir a la retórica de la amenaza a la integridad de España para neutralizar este impulso sólo puede entenderse como el intento de la monarquía, las grandes corporaciones, la cúspide de la Justicia y el conservadurismo desacreditado para mantener sus privilegios a costa de la democracia. Esta tozudez veta la posibilidad de ejercer el derecho a decidir sobre la autodeterminación por otra vía que no sea la de la insumisión o la reforma constitucional y agudiza la confrontación. No hay nación más sólida que la que se basa en el consenso cívico y la justicia social. Rajoy ha cambiado el debate: ya no es “independencia, sí o no”, sino la defensa de los derechos civiles y políticos de todos los españoles. Los catalanistas pueden haber extremado el reclamo por razones tácticas, pero el Presidente del Gobierno está arriesgando la continuidad de la monarquía española y de España misma.