lunes, 27 de enero de 2014

En Siria la paz no es totalmente imposible

Un diálogo face to face

Año 7. Edición número 297. Domingo 26 de Enero de 2014
Anuncios. La primera reunión cara a cara entre el gobierno sirio y los opositores no logró grandes resultados.
El principal logro de la Cumbre Ginebra II fue conseguir que el gobierno sirio y los movimientos opositores aceptaran compartir, por primera vez, un mismo espacio para negociar.

Después de superar una grave crisis por las agendas de discusión encontradas que casi la lleva a disolverse antes de comenzar, ayer se reunieron, por primera vez, los representantes del gobierno sirio y de la oposición laica en una misma sala, aunque no se sentaron a la misma mesa. Éste fue el primer gran éxito del mediador de la ONU, Lajdar Brahimi. El segundo triunfo se lo apuntó el gobierno sirio: por ahora, no se hablará del desplazamiento del presidente Baschar Al Assad. Las tratativas en esta primera ronda que durará una semana se concentrarán en alcanzar el cese del fuego en la ciudad de Homs, en el norte del país, controlada por las fuerzas gubernamentales, para ayudar a la población civil e intercambiar prisioneros. Ante la ausencia forzada de Irán y el boicot de las facciones islamistas, no es muy seguro anticipar un éxito rotundo para el final de la cumbre. Entre tanto, Israel está seriamente preocupado por el crecimiento del yihadismo en Siria y está reconsiderando sus opciones estratégicas.
La conferencia fue convocada por las Naciones Unidas en acuerdo con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad bajo la dirección conjunta de EE.UU. y Rusia, y en ella participan 29 países, así como representantes del gobierno y la Coalición Nacional Siria. Fue organizada como continuación de la primera reunión cumbre realizada en Ginebra en junio de 2012 y tiene como objetivo la formación de un gobierno de transición con representantes de todas las facciones. Sin embargo, el gobierno sirio rechaza esta meta y propone discutir sobre “la lucha contra el terrorismo”. Esta disonancia de agendas casi lleva el jueves al fin del encuentro, pero el viernes el avezado negociador de la ONU (con experiencia en Irak) halló la fórmula mágica que permitió comenzar ayer los trabajos para destrabar un conflicto en el que durante los tres años de guerra civil ya murieron 130.000 personas, un tercio de los 22 millones de habitantes fueron desplazados y la mitad de la población necesita ayuda.
Por otro lado, además de concentrarse en acercar ayuda a la población civil de Homs, en los primeros días Brahimi quiere que se acuerden pequeñas medidas prácticas que generen confianza y sienten las bases para que las partes sigan dialogando.
En comparación con los frontales ataques verbales que se propinaron las delegaciones durante la sesión de apertura en Montreux el miércoles pasado estas tratativas a través del mediador ya son un gigantesco avance, aunque –como dijo un diplomático presente- "está claro que cada día va a haber algún ataque de histeria".
Aunque se vislumbra un hilo de luz que puede resolver algunas cuestiones prácticas, según el ministro de Relaciones Exteriores francés Laurent Fabius, en declaraciones a France 24, “es irreal esperar rápidos avances en las cuestiones políticas de fondo". Por lo pronto, las facciones islamistas enfrentadas han calificado de “traidores” a los opositores asistentes a la reunión. De este modo aumentan enormemente la presión sobre ellos para alcanzar sustanciales concesiones del gobierno sirio.
En la primera jornada los participantes expusieron sus opiniones encontradas. Mientras que el representante oficial, el ministro del Exterior, Walid al-Mouallem, puso el acento en “la lucha contra el terrorismo” y acusó a los gobiernos de Turquía, Qatar y Arabia Saudita –representados en la conferencia– de “tener las manos sucias con sangre del pueblo sirio”, el delegado opositor echó toda la culpa por la guerra al gobierno de Baschar al Assad y reclamó su partida como condición para comenzar a negociar.
Durante la inauguración, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, resaltó que el objetivo principal de la conferencia para la paz en Siria es el establecimiento de un órgano de transición e insistió en que el terrorismo, aunque es un tema importante, no debe constituir el centro de la discusión. En tanto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, afirmó en la reunión inaugural que el presidente Bashar Al-Assad no será parte de un gobierno de transición. Añadió que tampoco habrá lugar en ese órgano para los miles de extremistas violentos que diseminan una ideología de odio y que acrecientan el sufrimiento del pueblo sirio.
Por otro lado, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a su vez, manifestó en la apertura que el futuro de Siria depende del consenso entre el gobierno de ese país y los grupos de la oposición. Lavrov instó a los asistentes a este encuentro a respetar el principio de soberanía y la voluntad del pueblo sirio.
Los diálogos se están llevando a cabo sin la participación de Irán, cuya invitación fue retirada tras las objeciones de Estados Unidos y la oposición. En un episodio confuso, Ban Ki-moon había anunciado el domingo pasado que había invitado a Irán a participar, porque su gobierno había aceptado la agenda fijada por la Conferencia de Ginebra I. Inmediatamente, le llovieron críticas de la oposición y de EE.UU. y los propios representantes iraníes desmintieron haber aceptado dialogar sobre un gobierno de transición. Entonces, el secretario general de la ONU retiró el convite. Por último, el martes, el gobierno iraní lo acusó de ceder ante la presión estadounidense.
Las negociaciones comenzaron al tiempo que un nuevo informe acusaba al régimen de Assad de crímenes de guerra. Un equipo de tres fiscales internacionales publicó imágenes obtenidas de un desertor sirio que muestran cuerpos demacrados y mutilados, probablemente a causa de torturas. Se dice que el desertor es un fotógrafo militar que entregó miles de fotografías tomadas por él mismo de las víctimas del régimen de Assad. El ex fiscal de crímenes de guerra en Sierra Leona, Desmond de Silva, advirtió que las imágenes prueban asesinatos a escala “industrial”. El jurista afirmó: “Llegamos a la conclusión de que los asesinatos fueron del tipo industrial. Fueron regulares, persistentes y sistemáticos, y han tenido lugar durante años. De tal modo que la evidencia hallada definitivamente respalda cualquier cargo de crimen en leyes internacionales.”.
El estudio fue encargado por el gobierno de Qatar –que aparentemente alberga al desertor- a tres ex fiscales que trabajaron en los procesos por crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, en Sierra Leona y en Liberia. Junto con peritos fotógrafos, certificaron la autenticidad de las pruebas y elaboraron un dictamen que autorizaría el inicio de un proceso por crímenes de guerra contra el presidente al Assad y otros miembros del gobierno sirio. Los observadores consideran que no fue casual que el gobierno qatarí, que apoya al Frente Islámico, haya dado a publicidad este informe pocos días antes de la conferencia que quiere hacer fracasar, pero las pruebas son contundentes y deberán ser consideradas en el futuro.
Mientras tanto, fuentes de la inteligencia israelí declararon a la agencia ABC News que están “seriamente preocupados” por el vertiginoso aumento en el número de combatientes ligados a Al Qaeda en Siria. “Al principio de la guerra –declararon–, eran solamente dos mil. Ahora ya son 30 mil.” Si bien el régimen de Al Assad siempre ha sido enemigo de Israel, que desde 1973 ocupa las alturas del Golán, y un acercamiento a él es impensable, el aumento de la amenaza islamista está induciendo a las autoridades israelíes a reconsiderar sus opciones estratégicas en la región.
El único logro de esta cumbre es, hasta ahora, tener a las partes dialogando, que es algo que ni siquiera se daba por seguro hace sólo unos días. Después del decepcionante comienzo las potencias auspiciantes se han vuelto modestas y sólo aspiran a obtener pequeñas treguas locales que permitan intercambiar prisioneros y atender a heridos. Ya es bastante.

Política nuclear Preacuerdo histórico entre Occidente e Irán
El pasado lunes Yukiya Amano, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), anunció la puesta en marcha del acuerdo del pasado 24 de noviembre entre Irán y el llamado “Grupo E3/UE+3” (las tres potencias rectoras de la Unión Europea –Alemania, Gran Bretaña y Francia– más EE.UU., Rusia y China). El pacto prevé que, en una primera etapa, Irán desmonte sus instalaciones de enriquecimiento de uranio, a cambio de que se relajen las sanciones comerciales y financieras por siete mil millones de dólares, se le reparen los daños provocados por aquéllas y se lo autorice a vender petróleo a seis países previamente acordados.
Las seis potencias cofirmantes se habían propuesto obtener suficientes concesiones como para después de seis meses poder negociar confiadamente un contrato amplio sobre el programa nuclear iraní. No obstante, Teherán obtuvo la autorización para seguir enriqueciendo uranio para uso pacífico al 5% y Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de irán, declaró el mismo 24 de noviembre que tal programa se mantendrá y será parte de cualquier arreglo futuro. Por el contrario, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, postergó por seis meses toda decisión al respecto.
En cumplimiento del acuerdo, Irán ya detuvo el desarrollo de sus plantas de enriquecimiento, desmontó la mitad de las centrifugadoras instaladas en Natanz y tres cuartos de las que funcionaban en Fordow. También paró la construcción de una fábrica de agua pesada en Arak. La República Islámica aceptó asimismo someterse a “una supervisión intrusiva” de sus instalaciones, permitiendo el acceso sin preaviso a las mismas de los inspectores de la AIEA, lo que ya está sucediendo semanalmente. Significativamente, también autorizó a la Agencia a inspeccionar las centrifugadoras y las minas de uranio.
Para que las partes puedan sumar más coincidencias todavía deben convenir la duración de las limitaciones al enriquecimiento de uranio que otros países firmantes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) no sufren. El texto prevé que los signatarios “se pondrán de acuerdo” sobre este plazo, pero también establece que, si Irán “está a la altura” de esos futuros consensos, será tratado igual que los demás signatarios del TNP.
Tras el anuncio oficial sobre la aplicación de los primeros acuerdos, el 1° de febrero Teherán recibirá una primera cuota de las reparaciones por las sanciones que sufrió por un valor de 550 millones de dólares. Otros cinco pagos por el mismo monto y 900 millones más para dos instalaciones para diluir su uranio enriquecido se transferirán hasta fines de julio. Entre tanto ya se autoriza a empresas europeas de navegación y de seguros a transportar y asegurar los envíos de petróleo iraní a seis países determinados previamente. A cambio de desmantelar su programa de enriquecimiento de uranio, Irán reingresa así al mercado petrolero, para beneplácito propio y de sus clientes europeos.

En México el Estado cede poder a las autodefensas

Michoacán, tierra muy caliente

Año 7. Edición número 297. Domingo 26 de Enero de 2014
El narco mexicano: el desafío al estado. El ejército mexicano quiere acabar con los enfrentamientos entre criminales y autodefensas en el sur de Michoacán, pero su intervención agravó la situación.

El Estado mexicano ha convocado a los grupos de autodefensa en Michoacán que tienen el genuino interés de defenderse del crimen organizado a formar parte de los cuerpos de seguridad institucional”, señaló el presidente Enrique Peña Nieto en su conferencia ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, pronunciada el pasado jueves 23. Añadió que la Federación ha entrado en aquellos municipios donde existe “debilidad institucional” o donde los cuerpos del orden han sido cooptados por los grupos delincuenciales y se ha hecho cargo de la seguridad, mientras se capacita a nuevos policías. De este modo el presidente mexicano legitimó el accionar de las denominadas Autodefensas Unidas de Michoacán (ver abajo) que desde hace un año se arrogan la custodia de la seguridad contra la organización criminal Los Caballeros Templarios (ver abajo) en la región de Tierra Caliente, en el suroeste de este Estado occidental de la Federación Mexicana.
Desde hace dos semanas el presidente ordenó el despliegue de miles de policías y soldados para pacificar la región, azotada por el narcotráfico desde hace años, pero donde ahora las Autodefensas han sustituido a la fuerza pública, y ha enviado a Alfredo Castillo, un muy estrecho colaborador, como comisionado para la seguridad en una región que Estados Unidos considera como el principal punto de fabricación y exportación de drogas sintéticas.
La primera acción del gobierno fue retirar sus armas y relevar a las policías municipales de Tierra Caliente, que por años fueron denunciadas de complicidad con los Templarios. Para ser policía en esta región había que “ser primero sicario y templario”, asegura Gregorio López, sacerdote de la Diócesis de Apatzingán, asesor de las autodefensas.
En las comunidades rurales de Tierra Caliente donde surgieron las autodefensas denuncian que los Templarios han raptado a jóvenes mujeres para llevárselas a sus escondites en las montañas y han reclutado forzadamente a muchos muchachos. Los campesinos ahora tienen miedo de ir a trabajar la cosecha, porque temen que sicarios de los Templarios se hayan escondido en las huertas ante la ocupación de pueblos por las autodefensas.
La intervención federal debía desplazar a las autodefensas, pero éstas, por el contrario, se sintieron reconocidas por el accionar federal. Alentados por el mismo, decenas de integrantes de las autodefensas tomaron el martes pasado las comunidades de La Cancita y El Carrizo, cerca de Apatzingán. La consecuencia no se hizo esperar: decenas de familias abandonaron el jueves el poblado de El Carrizo huyendo de los combates. Mientras tanto, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) anunciaron la suspensión del pago de impuestos en esta ciudad en protesta contra la estrategia del gobierno federal para abatir la violencia.
El gobierno federal mexicano intenta minimizar el fenómeno como exclusivamente michoacano y aún más, limitado a la fértil región de la Tierra Caliente. Sin embargo, cuando a principios de enero el secretario de Estado norteamericano John Kerry expresó la preocupación de su gobierno por la situación, inmediatamente sonaron las alarmas. Así, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob, equivale a nuestros ministerios del Interior y de Seguridad), Roberto Campa Cifrián, en declaraciones ante una comisión senatorial el pasado día 16 descartó cualquier tipo de esquema de colaboración o intervención del gobierno de Estados Unidos para resolver la actual coyuntura en Michoacán y respondió a Kerry: “Me parece que nadie está hablando de un esquema de intervención de otro tipo”. El funcionario de la Segob también descartó que otros estados del país puedan contaminarse con la situación de Michoacán, pues las autoridades han puesto en operación el programa “Escudo”, para evitar que la delincuencia organizada “brinque” a otros estados. Reconoció empero que en esa entidad priva una “situación extrema” que obligó a Peña Nieto a nombrar a Alfredo Castillo. El subsecretario de Gobernación destacó que los índices delictivos en Michoacán se han disparado, al incremento en 26% los homicidios dolosos el año pasado.

Una tierra muy caliente. Michoacán de Ocampo es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforma las 32 entidades federativas de México. Colinda con los estados de Colima y Jalisco al noroeste, al norte con Guanajuato y Querétaro, al este con México, al sureste con Guerrero y al suroeste con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 58.585 kilómetros cuadrados. Está conformado por 113 municipios y su capital es la ciudad de Morelia, que lleva este nombre en honor al héroe de la independencia José María Morelos y Pavón.
Según el II° Censo de Población y Vivienda de 2010, el Estado de Michoacán contaba con 4.351.037 habitantes. La población está concentrada principalmente en el norte del Estado, mientras que su densidad es baja en el sureste, así como en la Sierra Madre del Sur. Además el 53,1% vive en poblaciones mayores a los 10.000 habitantes teniendo uno de los mayores porcentajes de urbanización de México. No obstante, se estima que dos millones de michoacanos y sus descendientes viven en Estados Unidos, generando un intenso intercambio de personas y transacciones de todo tipo entre el Estado y el país del norte.
Aunque el 62% de la población del Estado vive en centros urbanos, en 2011 Michoacán fue el primer productor agrícola del país. Michoacán produce maíz, trigo y sorgo, pero su gran exportación es la palta (o aguacate, como la llaman en México) que se exporta masivamente a Estados Unidos. En el sur del Estado es tradicional plantar marihuana en pequeñas parcelas, lo que indujo a organizaciones criminales a explotar a los campesinos.
Tierra Caliente es un valle muy seco en el sur de Michoacán, colindante con las regiones del mismo nombre en los vecinos Guerrero y Estado de México. Sus temperaturas son extremadamente calurosas, superando los 50° durante el verano, aunque en invierno puede helar en los municipios más altos. En la Tierra Caliente michoacana habitan poco más de 490.000 personas y las principales ciudades y localidades por población son Apatzingán (cien mil habitantes), Nueva Italia (33.000), Huetamo de Núñez (22.000), Tepalcatepec (15.000), Lombardía (13.000) y Buenavista Tomatlán (10.000). Los demás poblados tienen menos de diez mil habitantes, configurando una región eminentemente rural.

Sólo el discurso es distinto. Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012 prometiendo una estrategia distinta para la seguridad de México. Prometía, por un lado, darle un mayor peso a temas de prevención y desarrollo social, reconociendo sus vínculos con las raíces de la violencia, y por el otro, buscaba actuar sobre aquellas formas de violencia que más afectan a los ciudadanos, como los secuestros, las extorsiones y la violencia letal. En suma, proponía abandonar el enfoque bélico adoptado por el ex presidente Calderón, retirar a los militares y fortalecer a las policías, para “civilizar” las operaciones de seguridad.
A pesar del discurso poco o nada ha cambiado. Ya en mayo pasado el presidente mandó al Ejército y la Marina a Michoacán para combatir a los cárteles y se olvidó de la política económica y social concomitante. En enero de este año decidió una nueva intervención militar, para recuperar las poblaciones ocupadas por las autodefensas, pero el ejército acabó mezclándose con ellas y el presidente proponiéndoles la legalización.
En Michoacán operan grupos de autodefensa que se dicen comunitarios y civiles, pero que son acusados de defender los intereses de cárteles y bandas criminales. Operan también cárteles que se dicen defensores de los intereses de las comunidades, mientras ejercen violencia contra de ellas y las amedrentan mediante secuestros. Y finalmente, opera un gobierno electo democráticamente, pero corrupto y percibido como ilegítimo.
En una región plagada de zonas grises y de descontento social frente al gobierno el uso de una estrategia militar, que requiere saber quién es el enemigo y quiénes los aliados, parece por demás arriesgada. En un Estado en el que un sector de la sociedad ha decidido armarse para hacer justicia por mano propia, mientras otro vive amenazado por la violencia que los cárteles ejercen sobre familias y comunidades enteras, la llegada de una fuerza que por definición busca eliminar al enemigo resulta contraproducente.
Los Caballeros Templarios y las Autodefensas Unidas de Michoacán se ríen del Estado. Las fuerzas armadas pretenden usar subrepticiamente a los grupos paramilitares y al presidente de la República se le ocurre ofrecerles la integración a las fuerzas de seguridad, cuando informes del propio gobierno dan cuenta de su colusión con otras organizaciones mafiosas. Si Felipe Calderón (2006-12) acudió a las masacres y desapariciones para combatir las pandillas, Enrique Peña Nieto parece dispuesto a resignar territorios, con tal de limitar el fenómeno. El mal ejemplo colombiano cunde.

Las Autodefensas Unidas
El fenómeno de las autodefensas se concentra en Michoacán, donde grupos en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec han defendido sus levantamientos en armas como una defensa ante el crimen organizado local. Las autodefensas están integradas por civiles que desde hace un año tomaron las armas alegando la inacción de las autoridades.
El 4 de enero de 2014, el líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, quedó herido tras un accidente de avioneta y fue trasladado a un hospital de Ciudad de México bajo protección federal. Hoy no se sabe públicamente su paradero. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo el 7 de enero que tuvo un diálogo con Mireles en el que le pidió que colaborara “dentro de las instituciones”. Un día antes, el procurador de Michoacán informó que había presencia de las autodefensas en nueve municipios de la Tierra Caliente.
Ante la situación, el 13 de enero las autoridades estatales y federales decidieron “restablecer el orden”. Desde ese momento, el Ejército empezó a desarmar a los civiles y se registraron varios incidentes: el 5 de enero ingresó a Paácuaro, donde desarmó a los policías municipales y se hizo cargo de la seguridad, el 10 ocurrieron ataques en Apatzingán y hubo un enfrentamiento en Antúnez. El 14 de enero el vocero de un grupo de autodefensas dijo que murieron al menos tres personas en Antúnez en un combate con el Ejército.
Según documentación aportada por el diario Excelsior el pasado 17 de enero, Mireles Valverde estuvo preso entre 1990 y 1992 por cultivo y tráfico de marihuana. En el penal de Morelia controlaba la entrada de drogas, principalmente marihuana y alcohol. Considerado por quienes lo han tratado como un hombre carismático, Mireles empezó su nueva vida en Estados Unidos donde vivió hasta 2006.
Mientras Mireles preparaba su regreso a México, participó en el libro Michoacán, voto en el extranjero. Una conquista de los migrantes, coordinado por Gonzalo Badillo Moreno, que apareció en 2007. En la obra escribió un texto en el que muestra su oposición al gobierno y las fuerzas de seguridad, pero también hacia la delincuencia considerando que ambos son aliados. Además de haber sido priista en sus años juveniles, en 2006 fue inscrito por el PRD en la Alianza Por el Bien de Todos en el lugar 25 de la lista para el Senado de la República. Año y medio después y ante la imposibilidad de integrarse a la Legislatura, buscó otro espacio político y se marchó al Partido Alternativa Socialdemócrata. Para las elecciones locales de Michoacán de 2007 Mireles fue candidato de este partido. Sin cargo en el Congreso de la Unión ni en el Congreso local de Michoacán, Mireles entró a la nómina del gobierno estatal como asesor de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud donde estuvo hasta 2011. A partir de febrero de 2013 estuvo entre los organizadores de las autodefensas en su pueblo natal.
Mientras tanto, un informe de la Procuraduría General de la República dado a conocer el pasado jueves 23 da cuenta de las estrechas vinculaciones de las autodefensas con el crimen organizado. Dijeron que existe la necesidad de desarmar a las autodefensas, “ya que si se mantiene la política de que solamente se actuará en su contra si andan en la calle armados, podrían llegar a sustituir a las organizaciones que ahora son combatidas”.
La información ministerial indica que la autoridad desconoce a qué grupo delictivo pertenecen los autodefensas detenidos e indagados. Parte de las actividades que realizarán las autoridades federales enviadas a Michoacán será determinar el origen de las armas con las cuales los grupos de autodefensa llevan a cabo sus acciones de seguridad, establecer cuántas de éstas fueron usadas por los grupos criminales que operan en esa entidad y si se utilizaron para cometer homicidios.
Mientras tanto, observadores locales dan cuenta de que “en municipios como Parácuaro, Nueva Italia, Apatzingán y Cuatro Caminos las autodefensas cuentan con el apoyo de las fuerzas federales para continuar con la vigilancia en sus comunidades, con la portación de armas de grueso calibre. Así lo describió, por ejemplo, el portal local MiMorelia.com el pasado 15 de enero. Uno de los coordinadores de este grupo de civiles armados señaló que han recibido apoyo de las autoridades federales, aunque el día 14 en la carretera de Cuatro Caminos-Apatzingán cuatro personas perdieron la vida a manos del ejército mexicano.

Los Caballeros Templarios
Los Caballeros Templarios es un grupo criminal surgido en el estado de Michoacán, México, en marzo del 2011. Originalmente dijeron que sustituirían a La Familia Michoacana, pero después se reveló que se trataba de una escisión de dicho grupo. El nombre del grupo hace referencia a la orden religiosa y militar de Los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón, fundada a principios del siglo XII en Jerusalén. Sus líderes son Enrique Plancarte (El Kikin) y Servando Gómez Martínez (La Tuta), quienes tras la supuesta muerte del líder de La Familia Michoacana, Nazario Moreno González (El Chayo o El Macho Loco"o El Más Loco) en diciembre de 2010 y la ruptura con Jesús Méndez Vargas, fundaron la nueva organización.
Nazario Moreno González (1970-2010?) fue el líder de La Familia Michoacana, aparentemente fallecido en Apatzingán el 9 de diciembre de 2010 durante un tiroteo, cuando hombres de La Familia Michoacana atacaron a la Policía Federal en la ciudad de Apatzingán y, usando vehículos como barricadas que luego fueron quemados, rodearon la capital estadual Morelia para evitar que la Policía Federal recibiera refuerzos. El gobierno federal lo da por muerto, pero no existen pruebas y circulan versiones contradictorias.
Las primeras ejecuciones atribuidas a Los Caballeros Templarios se presentaron con dos hombres colgados por el cuello de unos puentes. Aparecían dos carteles pegados que indicaban “Lo matamos por ladrón y secuestrador. Atentamente, los Caballeros Templarios.”
Michoacán siempre ha sido un Estado donde muchas familias se han dedicado a la siembra y producción de marihuana. Esas familias o pequeños grupos trabajaban individualmente. Curiosamente no se dedicaban al tráfico de narcóticos ni existía ninguna alianza entre ellos. El incremento del narcotráfico llevó al desarrollo de los cárteles de la droga que quisieron robar las siembras a los rancheros michoacanos o forzarlos a trabajar para ellos.
Los Templarios controlan el mercado de la piratería en Michoacán y Guanajuato, extorsionan a gobiernos municipales cobrando un porcentaje sobre la obra pública construida, controlan ferias municipales y ganaderas y cobran cuotas de protección a comerciantes.
Los Caballeros Templarios han distribuido ampliamente un código de conducta y formas organizativas. El pequeño cuadernillo, en el que el grupo se equipara con los antiguos guerreros de las Cruzadas, fue distribuido casa por casa en algunas barrios populares de Morelia. En su código, articulado en 53 puntos, se asumen como una “orden” que ve la luz el 8 de marzo de 2011 con el propósito de “proteger a los habitantes del Estado libre, soberano y laico de Michoacán”. El texto puntualiza que su labor es luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo, así como contra el desmoronamiento de los “valores morales y los elementos destructivos que prevalecen hoy en la sociedad”. Además se proponen fomentar el patriotismo. Entre sus lineamientos, Los Caballeros Templarios dicen reconocer el derecho de los pueblos y las naciones a gobernarse a sí mismos “dentro de su medio económico natural” y apoyan “la libertad de expresión, de conciencia y de religión”.
Una regla fundamental para Los Templarios es respetar el voto de silencio y en caso de romperlo “se aplicará la pena capital”. En su código insisten en la conducta “intachable” que deben ostentar los miembros del grupo: “no ser brutal, no emborracharse en forma ofensiva, no abusar de la inocencia de mujeres castas y menores de edad”. De infringir esta regla, son acreedores a un castigo que consta de cuatro días amarrado y mojado con agua fría día y noche, con golpes. Los miembros del grupo tienen “estrictamente prohibido consumir drogas o enervantes”, por lo que están obligados a practicarse periódicamente exámenes de detección de drogas e informar de los resultados al Consejo.
La práctica del secuestro con el propósito de obtener dinero está estrictamente prohibida. La organización de Los Caballeros Templarios descansa en el Consejo, “órgano máximo conformado por los miembros de mayor experiencia”. La lealtad a “la orden” es la premisa máxima, pues “quien traicione al grupo será castigado con la pena capital, además, se le decomisarán sus propiedades y sus familiares correrán la misma suerte”, de ahí que la publicación distribuida cierre con la contundente frase: “Si, por desgracia, yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por el templo y por sus armas. Juro respetar la FE del código nazario”.

domingo, 19 de enero de 2014

Entre el Iguazú y el Paraná fracaso la seguridad militarizada

Las Tres Fronteras, colador para criminales

Año 7. Edición número 296. Domingo 19 de Enero de 2014
 
Las dificultades de Argentina, Brasil y Paraguay para hallar al prófugo de Ezeiza Thiago Ximenez, ejemplifican la falta de políticas de seguridad democráticas e integradas.

Se perdió un hombre en la región de las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay y nadie lo puede encontrar. La desaparición de Thiago Ximenez, alias “Antonio Junior Mateo Batista”, después de que su socio, Renato Dutra Pereira, “Renatinho”, fuera muerto en un enfrentamiento con la policía brasileña el pasado 10 de enero, remite no sólo a las fallas en la coordinación entre las policías de los tres países colindantes, sino también al fracaso de la concepción militar de la seguridad que en una zona porosa como la confluencia del Iguazú y el Paraná deja demasiados agujeros disponibles.
“Renatinho” cayó herido de muerte en la noche del viernes 10 en una casa de Jardín Canadá, un humilde suburbio en el norte de Foz de Iguazú, cuando tropas especiales de la Policía Civil y la Policía Militar de Paraná quisieron detenerlo. En la casa fueron hechos presos cinco hombres más y secuestradas ingentes cantidades de armas, también de guerra. La policía llegó a la casa, porque tenía informaciones de que uno de los ladrones del Banco Sicredi, en noviembre pasado, y del camión de caudales de Bradesco, el pasado 6 de enero, se encontraba en la casa.
La Policía Civil continua buscando a Thiago Ximenez, amigo de “Renatinho” desde 2005 e ideólogo de la fuga de 13 presos del penal de Ezeiza en agosto pasado. El botín del asalto del 6 de enero ascendió a 329.000 reales (unos 120.000 dólares). De la acción conjunta de las policías brasileña y paraguaya resultó el allanamiento de un puerto clandestino donde hallaron la lancha utilizada para pasar el río, una casa y el coche robado que usaron en el asalto.
El 12 de noviembre, Tiempo Argentino publicó en exclusiva que Renatinho y Ximenez habían sido localizados por la Policía Federal de Brasil (PFB). El informe detallaba que los evadidos se estaban ocultando en la casa de la madre de Dutra, que vive sobre los márgenes del Paraná. Según fuentes del caso, la Policía Federal de Brasil (PFB) los localizó en la favela de Jardín Jupira, cerca de la frontera con Paraguay. Los policías comunicaron a sus pares argentinos que no pudieron acercarse a ellos por la peligrosidad de la zona. Entonces se conjeturaba que seguirían viaje hacia la costa, a Porto Alegre, para de allí dirigirse a la región paulista donde se integrarían a las filas del Primer Comando de la Capital. Sin embargo, realizar ese viaje requería dinero y una infraestructura logística que debía proporcionarles el PCC, lo que evidentemente no ocurrió.
Hasta aquí la crónica policial. Al observador político se plantean varias preguntas: ¿por qué ambos prófugos permanecieron varios meses en Foz do Iguazú sabiendo que sería el primer lugar donde se los buscaría (y se los encontró, pero asombrosamente la policía brasileña no se atrevió a detenerlos)? ¿Por qué se arriesgan a hacer dos asaltos a mano armada a escasos metros de su refugio? ¿Por qué, si en el penal de Ezeiza ostentaban su vínculo con el Primer Comando de la Capital, permanecieron en la región fronteriza y no desaparecieron en la región paulista? ¿Por qué sigue siendo tan fácil para un criminal ocultarse en el este de Paraguay? ¿Por qué, siendo ambos criminales fozenses, las policías brasileñas no pudieron detectarlos y ahora no pueden hallar a Tiaguinho? ¿Dónde están los más de 300.000 reales producto del robo al camión de caudales de Bradesco? ¿Quiénes los sostienen, informan, refugian y/o negocian con estos criminales en la región transfronteriza?
Como ambos criminales procedían de Foz, conocían bien la región. Probablemente hayan pensado en refugiarse momentáneamente allí, para restablecer su contacto con la organización criminal paulista pero, o no lo consiguieron o el Comando les negó apoyo por alguna razón, probablemente por su alta visibilidad. Si así fuera, su refugio en las Tres Fronteras fue una trampa, ya que conocían bien el terreno y a la gente, pero ellos mismos estaban muy marcados y era cuestión de tiempo que la policía los hallara. Bajo este supuesto, los asaltos al Banco Sicredi y al camión del Bradesco fueron actos desesperados, para juntar plata en la esperanza de poder fugarse. Evidentemente contaban con fuertes apoyos en Ciudad del Este que les ofrecieron refugio después del segundo asalto, guardaron el dinero, los proveyeron de coche y disfraces y, probablemente, los cubrieron en la policía, para que las unidades especiales de la Policía Nacional no los detectaran. Sin embargo, todo permite inferir que hubo una grave falla en el trabajo de inteligencia policial brasileño y paraguayo, ya que dos criminales tan buscados no pueden refugiarse largo tiempo en una región tan llena de policías, servicios de inteligencia nacionales y extranjeros y militares.
A pesar de la intensa integración transfronteriza brasileño-paraguaya, la región de las Tres Fronteras sigue funcionando con políticas y administraciones desintegradas. Existe una coordinación interpolicial con asistencia norteamericana (el Comité de Seguridad 3+1) que funciona desde hace más de una década, pero las legislaciones penales y la organización de las policías difieren mucho. En Argentina hay una clara presencia de las fuerzas de seguridad, aunque con medios y personal insuficientes para cubrir la vigilancia de la intrincada frontera. En Brasil no existe un cuerpo especial de fronteras. De ellas se encargan el Ejército y la Marina brasileña que también asumen tareas policiales. Cuatro cuerpos policiales (la Policía Federal, la Policía Federal Rodoviária [de Carreteras], la Policía Civil y la Policía Militar) se superponen en las tareas criminalísticas. Particularmente la Policía Militar tiene una doble dependencia (del Estado de Paraná y del Ejército, como tropa de reserva) que la lleva a actuar militarmente en casos civiles y penales. En Paraguay, a su vez, también se encargan Ejército y Marina de la custodia de las fronteras, pero las tareas criminalísticas se concentran en la Policía Nacional. Sin embargo, la amplia y profunda corrupción del sistema político y económico hace que, cuando el gobierno o sus asesores estadounidenses quieren investigar y perseguir actos criminales, traigan fuerzas de elite de Asunción.
Si a este panorama se añade la extendida corrupción del sistema político brasileño, se tendrá la imagen de un colador lleno de agujeros y con una malla demasiado gruesa, como para controlar que pasa por él. Todas las respuestas a las preguntas formuladas más arriba apuntan a una sola conclusión: las policías están preparadas para la guerra contra estereotipos criminales y no para lidiar con delitos especializados, falta inteligencia común, las legislaciones penales son muy complicadas y casuísticas y existe una superposición de cuerpos policiales mal coordinados, cuando lo están, que dejan a la persecución de criminales dependiendo de casualidades y las habilidades de funcionarios individuales. Todo lo contrario de Estados de Derecho y de un Mercosur integrado.

Un sistema penitenciario para la guerra contra los pobres

El Estado brasileño da a las bandas el cuidado de las cárceles

Año 7. Edición número 296. Domingo 19 de Enero de 2014
El medio es violencia. Más Hacinados que las bestias de un zoológico, los presos aplican sus propias leyes a la convivencia.
La crisis en el sistema penitenciario de Maranhão ejemplifica el paradigma dominante de una política penitenciaria entendida como una guerra contra los pobres, los negros y los habitantes de la favelas.

L a crisis penitenciaria que asoló el norteño Estado de Maranhão a principios de año es emblemática de la incapacidad del Estado brasileño para lidiar con la cuestión carcelaria. Aún más: es paradigmática de los estrechos vínculos que unen una política que concibe la seguridad pública como la guerra permanente contra el pobre, negro y favelado con la entrega del poder en las cárceles a las organizaciones criminales más sangrientas y peligrosas.
Como represalia contra la presencia policial dentro del penal estadual de Pedrinhas, en San Luis, la capital de Estado gobernado por Roseana Sarney (hija del ex presidente de la República José Sarney), las bandas criminales que operan dentro del presidio ordenaron en la primera semana del año ataques incendiarios a cuatro ómnibus urbanos en los que murió quemada una niña de seis años y otras cinco personas resultaron gravemente heridas. La prensa amarilla inmediatamente aprovechó el episodio y esa misma semana el diario Folha de São Paulo divulgó un video hecho por los presos del mismo penal que muestra presos decapitados en las celdas. Cuando estalló el motín, 2.196 detenidos estaban alojados en la cárcel que tiene capacidad para 1.770 personas.
El año pasado, 60 personas murieron en el presidio, incluyendo tres decapitaciones, según un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), presidido por el Presidente del Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. El documento apunta una serie de irregularidades y violaciones de los derechos humanos, como la superpoblación de las celdas, la fuerte actuación de bandas criminales y los abusos sexuales contra las compañeras de presos sin poder durante las visitas íntimas.
La crisis penitenciaria y de seguridad en Maranhão llevó al gobierno federal a anunciar el pasado 9 de enero once medidas para contener la crisis. Se decidió la creación de un comité mixto federal-estadual de gestión de las cárceles locales, el traslado de presos a cárceles federales, la realización de acciones masivas con equipos de defensores públicos para apurar el tratamiento de casos paralizados en la Justicia, implementar un plan de inteligencia carcelaria, la implantación de un núcleo de atención a familiares de detenidos, la integración del Ministerio Público y del Poder Judicial a la administración penitenciaria, la ejecución de un plan de atención y capacitación para personal policial a cargo de la seguridad de cárceles, la aplicación de penas alternativas para delitos menores, la vigilancia electrónica de las prisiones y las construcción de nuevas cárceles.
El pasado lunes 13, seis integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Federal visitaron el penal de Pedrinhas. La visita duró cerca de dos horas, pero los parlamentarios no pudieron recorrer los pabellones más peligrosos –donde el año pasado ocurrieron las decapitaciones–, porque no había forma de garantizar su seguridad.
A pesar de esa omisión los senadores describieron un escenario caótico y afirmaron que oyeron las más variadas quejas de los presos. Encontraron celdas superpobladas y condiciones precarias de higiene en todos los presidios del complejo penitenciario. Adversario político de la familia Sarney, el senador João Capiberibe (PSB-Amapá) fue más crítico en su valoración: “Encontramos allí un depósito de seres humanos. No es una penitenciaria, sino un lugar degradante y subhumano, sin higiene alguna. En esa cárcel hay hasta enfermos mentales que no deberían estar allí. En todos los pabellones hay poquísimos agentes penitenciarios. Ése es el resultado de la privatización de la administración de los penales estaduales”, señaló Capiberibe.
Aunque el caso de Maranhão sea extremo, las violaciones de los derechos humanos y los asesinatos de presos se dan en muchos otros presidios de Brasil, sobre todo en los estaduales. Las penitenciarias Aníbal Bruno, en Pernambuco, y Central de Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, el Complejo Penitenciario de Oso Blanco, en Rondonia, y la Penitenciaria de Alcazuz, en Rio Grande do Norte, han sido también señaladas por especialistas del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) como los peores o más violentos del país. Las tres primeras son monitoreadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en razón de las graves violaciones de derechos humanos registradas en ellas. Alcazuz a su vez está supervisado de cerca por casos de decapitación de detenidos, como los ocurridos en Pedrinhas.
Según la Asociación de Magistrados de Brasil (ABM), las escenas de barbarie del presidio de Pedrinhas se repiten en otras prisiones del país por la falta de control del Estado sobre lo que ocurre en el sistema carcelario brasileño. En inspecciones especiales o en la práctica cotidiana en los juzgados de Ejecución Penal los jueces se enteran de casos chocantes de decapitación y vísceras tiradas por las celdas, como en Rio Grande do Norte, gobernado por Rosalba Ciarlini (del derechista DEM). En el otro extremo del país, el gobierno de Rio Grande do Sul, gobernado por Tarso Genro (PT), cumplió recién la semana pasada con el plazo estipulado por la Organización de Estados Americanos (OEA), para retomar el control de la Penitenciaria Central de Porto Alegre en la que grupos criminales ejecutan a sus enemigos con dosis letales de cocaína, según denunció el juez Sidinei Brzuska.
Tal descontrol en un universo de 548 mil presos para apenas 238 mil plazas carcelarias en todo el país debe ser encarado con una acción coordinada entre el Poder Ejecutivo, el Judicial, las defensorías públicas y el Ministerio Público, afirma el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Cuando estuvo al frente del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), ayudó a organizar los grupos de fiscales y defensores públicos que recorren el país, para exigir de las autoridades penitenciarias soluciones para esa situación. “Las cárceles son escuelas del crimen”, comenta. “Si el Estado no ofrece un mínimo de garantías, algún otro lo hará a su modo y exigirá contrapartida”, alerta Mendes refiriéndose a las bandas criminales dentro de los presidios.

Militarizar las prisiones es el camino errado. “No sirve para nada que Brasil sea el tercer o cuarto país que más encarcela, sin resolver el problema. La seguridad pública no se basa sólo en el Derecho Penal. Tampoco sirve, como dice mucha gente, dejar que sigan ocurriendo situaciones como las que se dan en Maranhão, para que los bandidos maten a otros bandidos. Ante todo son ciudadanos que, muriendo en prisión, van a perpetuar el sentimiento de miedo e inseguridad que reina en todo Brasil”, declaró el sociólogo Renato Sérgio Lima, miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública e investigador de la Fundación Getulio Vargas (FGV) a la estatal Agencia Brasil.
El especialista en seguridad pública defiende que la implementación de una política eficiente en esta área incluya la modernización de los presidios, para que cuenten con unidades menores, capaces de asegurar la separación de los presos de acuerdo con el tipo de delito cometido, el grado de violencia verificado y su peligrosidad. Propone que presidios como el de Pedrinhas sean cerrados y prohibidos y pasen por una amplia reforma que obedezca a criterios constructivos más actuales.
“Lo que vemos hoy en el ejemplo de Pedrinhas es que varios presos están amontonados en una misma celda sin criterio alguno de agrupamiento. Además, los guardias no tienen acceso a las galerías dominadas por los propios presos. Es una lógica contraproducente, porque la actuación del Estado se iguala a la de los bandidos y las prisiones funcionan como escuelas del crimen, permitiendo que esas mismas personas que hoy están presas retornen a la sociedad como delincuentes formados y provoquen más miedo e inseguridad”, enfatizó.
El especialista piensa que el refuerzo de la Policía Militar y de la Fuerza Nacional de Seguridad en Pedrinhas no resuelve el problema. Renato Lima sostiene que se deben acortar los procesos judiciales, para evitar las permanencias prolongadas de presos sin condena. Según afirma –citando datos del Anuario del Foro Brasileño de Seguridad Pública–, en Brasil cerca del 40% de los presos está con prisión preventiva. En Maranhão el índice supera el 50%.
La crisis penitenciaria puede explicarse de muchas maneras, pero no por la falta de dinero. En los últimos años, inclusive con la creciente ola de violencia en los presidios, el gobierno federal acumuló una caja de 1.065 millones de reales (aproximadamente 430 millones de dólares) que por ley debería haber sido aplicada a la ampliación y modernización del sistema penitenciario nacional. Éste es el saldo actual del Fondo Penitenciario Nacional (Funpen).
El dinero en caja resulta de la acumulación de valores recaudados y no gastados desde 1994, año de creación del fondo. El Funpen se forma con recursos transferidos por las loterías de la Caja Económica Federal y con una parte de los costos judiciales, entre otras fuentes. Recibe un promedio de 300 millones de reales por año, según datos del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), pero solamente una pequeña parte de esos recursos se invierte en los presidios, tal como determina la ley complementaria Nº 70. De acuerdo a la misma, esta partida debe destinarse en su totalidad a “financiar y apoyar las actividades y programas de mejoras” del sistema penitenciario.
De acuerdo a las informaciones del Ministerio de Justicia, el año pasado el Funpen recibió autorización para invertir 384,2 millones de reales en la construcción y la reforma de presidios en obras administradas por gobiernos estaduales, pero sólo 40,7 millones, o sea el 10,6% de ese total, fueron efectivamente gastados conforme al planeamiento inicial. En este mismo período, la crisis del sistema penitenciario llegó a su punto máximo.
No hay contradicción entre una política penitenciaria que entrega las cárceles a las organizaciones criminales y la militarización de la política de seguridad. De la visión racista y maniquea de que los pobres, negros, mulatos y caboclos, en gran parte favelados, están predestinados para delinquir surge la convicción de que son irrecuperables. La administración penitenciaria se despreocupa entonces de las condiciones de su vida en la cárcel y los deja al cuidado de las organizaciones criminales. Si salen, engrosan sus filas, ya adiestrados en las formas más horrendas del salvajismo, y se convierten en enemigos mortales de las policías, que, porque lo saben, no tienen reparos en torturar y matar. Así se justifica seguir haciéndolo y se acalla toda política garantista por “irreal”. El aterrorizamiento mutuo llena la vida de los pobres y los impele a pedir más violencia policial para reprimir a bandas alimentadas por el mismo Estado que las reprime. Una complicidad calladamente pactada asegura a este Estado violento y a bandas igualmente asesinas el continuo suministro de carne de presidio y pistoleros suicidas.

El camino de Damasco pasa por Alepo

Fuego cruzado por la paz siria

Año 7. Edición número 296. Domingo 19 de Enero de 2014
Desencuentro. EE.UU. y Rusia poseen distintos criterios para encauzar el conflicto sirio.
Las diplomacias de Washington y Moscú colisionan a días de comenzar una significativa cumbre internacional en Suiza que busca destrabar el largo conflicto en Damasco.

Al acercarse la Conferencia Internacional de Paz sobre Siria que comienza el miércoles 22 en Montreux, Suiza, los Estados Unidos esperan que el gobierno sirio haga alguna concesión que permita incorporar a la oposición laica a las negociaciones, mientras el creciente peligro islamista induce a los servicios de inteligencia occidentales a dialogar con el régimen sirio. La diplomacia rusa, en tanto, aparece como la conciliadora que incluye a Irán en las negociaciones, controla al gobierno sirio y acepta incorporar a las oposiciones laicas. Nadie espera que la conferencia traiga la paz, sino que permita concertar algunas treguas locales para atender a las poblaciones.
El encuentro ministerial, conocido como Ginebra II, fue convocado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) y cuatro países del Cercano Oriente (Siria, Turquía, Arabia Saudita y Qatar), como continuación de su antecesora –Ginebra I–, reunida en junio de 2012. La convocatoria preveía la formación de un gobierno provisional concertado y la transición hacia una democracia constitucional. Cerca de 30 países fueron invitados.
Pocos días antes de la reunión, los jefes de la diplomacia norteamericana, John Kerry, y rusa, Serguei Lavrov, multiplican sus viajes y reuniones con objetivos diferentes, pero confluyentes. Rusia está afinando la sintonía para su presentación en Suiza junto con sus aliados sirios e iraníes. El miércoles estuvo en Damasco el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, quien se reunió con el presidente Assad. Éste aprovechó la visita para alertar contra el islamismo saudí (el wahabismo), subrayar que el objetivo central de la conferencia debe ser la “lucha contra el terrorismo” y rechazar su renuncia como condición para la participación oficial.
Por su parte, el ministro iraní viajó el jueves a Moscú junto con su colega sirio, Walid Muallem. Allí se reunieron con su colega ruso Lavrov. Previamente, Zarif había estado en Líbano y Jordania. Irán quiere participar en la conferencia sin condiciones, mientras que los occidentales exigen que acepte una democracia representativa en Siria. Según Estados Unidos y sus aliados, los acuerdos de Ginebra I suponen también la renuncia previa del presidente Assad, mientras que Rusia y sus socios lo quieren como cabeza del futuro gobierno provisional. La participación de Irán es vital para el gobierno sirio por su auxilio militar y financiero y el apoyo de las milicias chiítas. Para Moscú es un aliado central en el Medio Oriente. Teherán, a su vez, quiere convalidar su rol como potencia regional.
Aunque Lavrov descartó el jueves que Rusia tenga “una agenda oculta” para la conferencia, el ministro sirio de Reconciliación Nacional, Ali Haidar, afirmó que “la solución [de la crisis] se dará a través del triunfo militar contra los enemigos que buscan su colapso”. Estas manifestaciones del gobierno sirio dificultan aún más el esfuerzo norteamericano para incluir a Turquía, Arabia Saudita y Qatar y controlar al Frente Islámico, algo más moderado que el EIIS. La situación en los frentes de combate urge aún más a Occidente a alcanzar en negociaciones lo que los rebeldes no impusieron en batalla. Todos saben que nadie puede alcanzar un triunfo militar definitivo, pero todos quieren adelantar posiciones antes de la reunión. Por eso, en los últimos días se han agudizado los combates.
En la actualidad, las fuerzas gubernamentales tienen la iniciativa, pero en general hay un empate estratégico. Los enfrentamientos se han concentrado en torno de la carretera que une Damasco con Homs y lleva más al norte y hacia el nordeste, donde se concentra la gobernante minoría alauita. La ruta fue cortada recientemente por los rebeldes durante tres semanas y faltaron combustibles en la capital, pero el gobierno logró recuperar Nabak, a mitad de camino, aunque las fuerzas rebeldes todavía pueden interrumpir el tráfico. Las fuerzas oficiales también han recuperado terreno al sur de Alepo, la mayor ciudad del país, en el norte, que sigue dividida desde hace un año y medio. Una dura ofensiva del gobierno en la frontera con Jordania logró cortar las líneas de abastecimiento rebeldes en el sur. Sin embargo, a pesar de meses de continuos combates, el gobierno no pudo retomar el control de los suburbios de Damasco.
El ejército tiene un mando militar centralizado y mejores recursos que los rebeldes. Ha hecho masivos (y no muy eficaces) bombardeos aéreos y con cohetes tierra-tierra, pero le faltan efectivos para consolidar las posiciones que ocupa. Assad intentó mitigar el problema organizando una gran milicia alauita de “Defensa Nacional”, pero sus principales refuerzos son las milicias libanesas de Hizbola y las brigadas chiítas iraquíes. Bajo estas condiciones el régimen de Assad no puede vencer militarmente, pero especula con las divisiones entre sus enemigos.
Sin embargo, lo que más alarma a los gobiernos occidentales es el creciente flujo de combatientes europeos y norteamericanos hacia las facciones islamistas, incluida Al Qaeda. Más de 700 jóvenes han ido de Francia a combatir con los yihadistas sirios, otros 240 voluntarios salieron de Alemania y 70 habrían concurrido desde Estados Unidos. Evidentemente, los gobiernos occidentales temen la formación de una nueva generación de yihadistas que serían una grave amenaza al regresar a sus países. Por ello, el miércoles pasado el viceministro sirio de Relaciones Exteriores Faisal Mekdad informó que representantes de varios servicios de inteligencia occidentales habían visitado recientemente Damasco para combinar la lucha contra el terrorismo.
Paradójicamente, estos contactos pueden reforzar la excelente cooperación ruso-norteamericana, existente desde que se superó en setiembre la crisis por las armas químicas, y la colaboración iraní. Mientras tanto, son más efectivas las treguas locales, los intercambios de prisioneros y los salvoconductos para las expediciones de auxilio a la población civil. Por ese motivo, Estados Unidos, Rusia y la ONU están tratando de alcanzar un alto el fuego en Alepo. En toda Siria han muerto en los tres años de guerra 130.000 personas, dos millones han salido como refugiados, seis millones son desplazados internos y más de nueve millones necesitan algún tipo de ayuda.
Las dimensiones del drama humanitario subrayan el fracaso de la conferencia de donantes que se reunió el miércoles 15 en Kuwait. Mientras que se pretendía recaudar 6.500 millones de dólares, sólo se comprometieron ayudas por 2.400 millones. Dada la situación empantanada, lo mejor que puede esperarse de Ginebra II es que dé inicio a negociaciones específicas entre los contendientes y sus aliados, para incluir a los islamistas moderados y aislar al EIIS, pero hoy sería perentorio ayudar a las víctimas civiles de la guerra a sobrevivir.

domingo, 12 de enero de 2014

En Irak y Siria se combinan las potencias y las milicias

Medio Oriente: Al Qaeda enciende Irak

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014
Atentado. La ofensiva de Al Qaeda se concentró en la ciudad de Faluya.
Los rápidos realineamientos de la milicia islámica en Medio Oriente se combinan con las reorientaciones estratégicas de las grandes potencias, generando un gran desorden.

Desde principios de este año las guerras civiles en Irak y Siria se han vinculado por el protagonismo que el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL, por sus siglas en inglés), expresión de Al Qaida en la región, tiene en ambas. Sin embargo, mientras que en Siria retrocede en el norte del país, en Irak ha conquistado partes de Faluya y Ramada, en la occidental provincia de Al Ánbar, que el ejército iraquí pretende ahora recuperar con el apoyo de drones norteamericanos y tribus locales. El número y radicalidad de los actores en Siria e Irak ha aumentado, en tanto las grandes potencias cambian sus alianzas. Por la combinación de ambos factores se ha roto el equilibrio regional.
Más de 200 personas han muerto en Irak en atentados y enfrentamientos entre rebeldes salafistas y tropas gubernamentales desde el 1° de enero. Después de que el primer ministro chiíta Nuri Al Maliki anunció que el ejército iraquí pronto intentará recuperar las ciudades ocupadas, miles de habitantes de Faluya huyeron de la ciudad. No se trata de dos partidos, como proclama el gobierno iraquí, sino por lo menos de tres, ya que las milicias étnicas locales hacen su propio juego. Aún no está claro tampoco cuántos combatientes tiene ISIL en ambas ciudades ni el grado del apoyo que tengan de las comunidades locales, ya que los sunitas de la región también odian al gobierno chiíta, pero rechazan sus métodos terroristas.
Al mismo tiempo ISIL –desarrollada con distintos nombres en la resistencia a la ocupación norteamericana después de 2003– está siendo expulsada de ciudades del norte de Siria por una amplia coalición de grupos cansados de su rigidez ideológica y su violencia. El jefe del Frente Al Nusra, Abu Mohammed al-Golani, llamó el miércoles a un alto el fuego en los enfrentamientos en los que ya murieron más de 270 personas y propuso la formación de un concejo jurídico islámico que resuelva las disputas, así como el retorno a una postura unitaria contra el presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, horas después el jefe de ISIL Abu Bakr Al Bagdadi, rechazó la oferta.
Desde la semana pasada tres grandes alianzas rebeldes (el recién creado Frente Islámico, el ejército de los muyaidines y el laico Frente Revolucionario Sirio) han lanzado la llamada “segunda revolución” y expulsado a los combatientes de ISIL de sus posiciones en Alepo, Idlib y Hama. El miércoles ocuparon juntos el comando de ISIL en Alepo y los desplazaron parcialmente en Raqqa, la mayor ciudad bajo su dominio. Éste ha respondido con el estallido de coches-bomba que han causado muchas muertes y amenazado de muerte a todos sus contrincantes. Se supone que el retiro de milicianos en el norte obedece a una orden táctica, mientras esperan refuerzos de Irak y del oeste de Siria. En abril pasado el líder de ISIL, Abu-Bakr Al Bagdadi, proclamó la fusion del Frente Al Nusra con su organización y a sí mismo su jefe en Irak y el Levante, pero el líder de Al Nusra se resistió y el líder de Al Qaida, Ayman Al Zawahiri, mantuvo ambas organizaciones separadas.
La verdadera diferencia entre ambas ramas de Al Qaida parece ser étnica, dado que Al Nusra es mayoritariamente sirio, mientras que ISIL se compone sobre todo de extranjeros que al principio de la guerra civil fueron bien recibidos, pero cuyos métodos rápidamente generaron rechazo. Paradójicamente, si ISIL retrocede en Siria, se concentraría en Irak, mientras que en Siria se fortalece Al Nusra. De un modo u otro triunfa Al-Qaida. El Frente Al Nusra se originó en los grupos apoyados por el gobierno sirio en su lucha contra la invasión norteamericana en Irak en los 2000. El año pasado creció por la afluencia de militantes libaneses y palestinos que le aseguraron además el financiamiento. Al Nusra también recibió apoyo turco y está vinculada con Qatar. Parece ser el único grupo rebelde con ramificaciones en el Estado, el aparato de seguridad y unidades militares. Particularmente en Damasco su sistema de espionaje es altamente sofisticado.
Sin dudas, uno de los motivos fuertes de la violencia sectaria de ISIL en Irak ha sido el sectarismo del gobierno de Nuri Al Maliki contra los sunitas, pero al carecer de una base social importante, su aislamiento lo induce al extremismo y a dejarse influir por los voluntarios extranjeros. Por el contrario, el Frente Al Nusra supo rápidamente transformar su experiencia de combate en Irak en una alianza con las masas sunitas del norte de Siria. Prefiere satisfacer las necesidades básicas de la población en los territorios ocupados a aplicar estrictamente la Shar'ia. Ha sabido ganar apoyos internacionales, sin romper con Al Qaida y en diciembre formó el Frente Islámico con otras organizaciones sunitas. Finalmente, la semana pasada se alió con grupos laicos para expulsar a ISIL. Aunque Al Golani mantiene el discurso salafista, se mueve con realismo y combina la movilización de sus militantes con el respeto hacia la población, sus aliados e interlocutores internacionales.
Ante la ofensiva yihadista en Irak y los combates entre fuerzas rebeldes en Siria, EE.UU. ha adoptado lo que Barack Obama llama “la estrategia de declarar tablas”, o sea, perpetuar los conflictos, porque cualquier actor que venciera en ambos países (Irán o Al Qaida) sería enemigo de EE.UU. Espera a que ambos se desangren, hasta que Washington pueda influir.
Para la batalla de Faluya el Pentágono propone bombardear con drones, sin pedir permiso a Irak, donde el gobierno de Obama no puede volver a intervenir, después de haberse retirado en diciembre de 2011, pero puede ayudar. Sin embargo, la solución definitiva depende de que Al Maliki incluya a otros grupos. Esta nueva versión de la política del equilibrio suena atrayente, pero es irreal. En el Medio Oriente no es posible el vacío de poder. Si EE.UU. no interviene lo harán otros, como Assad en Siria o Teherán en Irak.
Estados Unidos combina su política del equilibrio con un creciente entendimiento con Irán, mientras las monarquías del Golfo sostienen a los sunitas en Siria e Irak, para debilitar a Irán y obligar a Washington a cumplir los pactos preexistentes. Probablemente los salafistas no conquisten el poder, pero se convertirán en partícipes en cualquier salida política. A su vez, si el conflicto se extiende a otros países, estallará el equilibrio pensado por Obama.
A Israel, por su parte, no se le escapa que la nueva constelación en la región la obliga a buscar aliados entre sus antiguos enemigos, pero la extrema ideologización de la política israelí dificulta este cambio de frente. Al contrario, Moscú ocupa una posición tras otra en el Medio Oriente, reemplazando a Washington como interlocutora de los actores locales. No tardará mucho hasta que se convierta también en una opción para los comandantes. ¿De qué equilibrio hablará entonces el presidente norteamericano?.

Panamá, Italia y España unidas por la corrupción

Patriotas, pero no tanto

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014
Escándalo. El intermediario Lavítola fue condenado por coimas y extorsión.
Desde octubre pasado amenaza a la obra de ampliación del Canal de Panamá una demanda por sobrecostos de la unión transitoria de empresas unidas para realizar las obras, cuyo trasfondo español fue exhaustivamente analizado por Walter Goobar en una nota que salió en Tiempo Argentino el pasado martes 7. Sin embargo, el enfrentamiento por los supuestos sobrecostos tiene otras aristas en Italia y Panamá que también vale la pena analizar.
El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá y la administración de la vía siguen sin ponerse de acuerdo, mientras amenaza a las obras una paralización a partir del 21 de enero. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que integran la española SACyR, la italiana Impregilo (concesionaria de varias autopistas en Argentina), la belga Jan de Nul (a cargo del dragado del Río de la Plata) y la panameña CUSA, avisó el pasado día 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autónomo de administración de la vía de navegación desde su pasaje a Panamá en 1999, que en 21 días paralizaría las obras de ampliación, porque no soporta los “sobrecostos” de más de 1.600 millones de dólares. El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, por su parte, conminó al consorcio a seguir las obras, pero también anunció que la Autoridad puede finalizarlas con “otros contratistas”.
La ACP propuso el martes como solución el aporte conjunto de 283 millones de dólares, pero Impregilo, en un comunicado difundido este jueves en Panamá, tildó de “inaceptable y ridícula” la posición de la ACP y la acusó de pretender que el consorcio deba “asumir (...) todos los costes” de lo que queda por construir del tercer juego de esclusas, un proyecto con un avance del 65%. El mismo día su matriz, Salini Impregilo, reclamó desde Milán mil millones de dólares en pagos adelantados. Con estas declaraciones de Pietro Salini, presidente de la compañía italiana, quitó a su socia española la conducción del grupo, probablemente porque está cada vez más hundida en el escándalo por financiamiento ilegal al Partido Popular de España. Quijano le respondió el mismo jueves que todas las alternativas propuestas por los contratistas “están fuera de contrato”.
Mientras tanto, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, visitó Panamá lunes y martes pasados, para promover el diálogo. También el gobierno italiano se expresó este jueves a favor de una salida negociada al conflicto, pero ambos sin resultados.
A los reclamos económicos se suma al retraso en la conclusión de la obra, que sería entregada en junio de 2015 y no en octubre de 2014, como estipula el contrato.
Las acciones de la empresa española SACyR cerraron el jueves con una caída de 2.65% en la Bolsa de Madrid, mientras que la compañía anunció que puso a la venta su división inmobiliaria, Vallehermoso. No deja de ser curioso que el anuncio de suspensión de las obras del Canal haya coincidido con la venta de Vallehermoso y la absorción de Impregilo por el coloso de la construcción Salini Spa, el 2 de enero de 2014. La empresa resultante, Salini-Impregilo Spa, redujo su capital de $718 millones a $500 millones y a partir de ahora será dirigida por el equipo ejecutivo de Salini Spa, presidido por Pietro Simone, quien firma el comunicado.

Martinelli, amigo de Berlusconi. El escándalo entre el Estado panameño y sus socios europeos por la ampliación del Canal tiene todavía otra arista inexplorada: el tribunal supremo italiano confirmó esta semana la condena a tres años y ocho meses de prisión a Valter Lavítola, intermediario en las transacciones entre el gobierno panameño y el conglomerado italiano Finmeccanica. El viejo amigo del presidente Ricardo Martinelli arrastra otra condena de un año y cuatro meses de prisión, por intentar extorsionar al ex primer ministro Silvio Berlusconi. Lavítola está imputado junto a Paolo Pozzessere, ex director comercial de Finmeccanica, por el pago de coimas a funcionarios panameños, para la adjudicación de contratos a empresas italianas. El empresario también está acusado de extorsión a Impregilo.
Según el expediente, Lavítola presionó a Impregilo para que construyera un hospital pediátrico en Veraguas que había sido prometido por el hoy ex primer ministro Silvio Berlusconi. Para los fiscales de Nápoles, que Impregilo asumiera el costo de construir el hospital era otra forma de desviar coimas al presidente Martinelli a través del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña, representante en Panamá de IBT Group, beneficiado con contratos para edificar hospitales por más de 500 millones de dólares.
Queda claro, según un análisis hecho por peritos italianos, que las llamadas telefónicas de Lavítola –en nombre del presidente Martinelli– buscaban chantajear a Impregilo para que construyera el hospital. El presidente de Impregilo declaró a los fiscales que Martinelli, a través de Lavítola, pidió un “reconocimiento” económico si le adjudicaba la licitación del Metro de Panamá.
El 27 de julio de 2012 Massimo Ponzellini –entonces presidente de Impregilo– fue interrogado por el Tribunal de Nápoles e identificó a Lavítola como un cercano colaborador de Martinelli que pretendía cobrar coimas, si Impregilo ganaba la licitación del Metro. “Después de habernos adjudicado como Impregilo y en consorcio la licitación del Canal de Panamá, participamos en la licitación del Metro de Panamá...”, declaró Ponzellini. “Fue en relación a esta licitación –en la que Impregilo no estaba interesada– que entró en juego Lavítola como intermediario del presidente Martinelli y nos hizo entender claramente –añadió Ponzellini– que el presidente pretendía un ‘reconocimiento’ económico para él y para su entorno...”. “Lavítola lo manifestó hablando directamente conmigo, así como indirectamente a través de la Presidencia del Consejo (o sea, a través de Berlusconi)”, narró. En su declaración, Ponzellini describe que “Lavítola (como intermediario de Martinelli) pretendía hacer ver que habría obstáculos y problemas para Impregilo en caso de que no cediéramos a sus pretensiones”.
Puede ser que Impregilo no tenga razón en exigir sobrepagos de la Autoridad del Canal de Panamá y que el presidente de ésta esté actuando dignamente al rechazar la exigencia, pero en ocasión de su absorción por Safini la empresa italiana probablemente esté cobrando al gobierno panameño las pérdidas ocasionadas por los reclamos de la familia Martinelli y la presión de Silvio Berlusconi. El gobierno panameño, en tanto, evidentemente no se pone duro ante Impregilo por patriotismo. Sabe que la empresa sabe mucho y debe callarla con la amenaza de quitarle el contrato para la ampliación del Canal. SACyR ya prácticamente no cuenta, Jan de Nul va a evitar repetir un escándalo como el que pasó en Argentina con la primera licitación para el dragado del Río de la Plata en los años 1990. ¿Quedará sin terminar la ampliación del Canal, como quedó la faraónica obra de Ferdinand de Lesseps en el siglo XIX?

Nicaragua y Panamá compiten por la ruta interoceánica

El Canal agrandado vs. el Gran Canal

Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014
Centroamérica entre dos aguas. La crisis por la ampliación del Canal de Panamá potencia el interés por la alternativa en Nicaragua, pero maniobras estratégicas y pequeños negocios condicionan ambos proyectos en un contexto turbulento.

Mientras que la ampliación del Canal de Panamá está en riesgo por la crisis de las grandes empresas europeas involucradas y la corrupción de la elite local, Nicaragua ha encarado la construcción del suyo con más voluntad que preparación y con imponderables geológicos. En un extraño juego de competencias y asociaciones en ambos casos los beneficiarios principales son Estados Unidos y China.
CANAL DE PANAMÁ. La construcción de la nueva esclusa del Pacífico en el marco de la ampliación del Canal de Panamá lleva un retraso de nueve meses y recién concluirá en junio de 2015, anunció la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en octubre pasado. Además, el actual litigio por los sobrecostos (ver recuadro) puede paralizar las obras en pocos días y dejar en el istmo una nueva ruina, como las abandonadas por F. de Lesseps en 1889 y EE.UU. en 1942.
La capacidad del Canal de Panamá está determinada principalmente por el tamaño de las esclusas, que actualmente tienen 33,53 m de ancho, 320,04 m de largo y 25,91 m de profundidad. A estas dimensiones se ajusta el tamaño máximo de los barcos en el mundo, que se conoce como Panamax. Desde 1930, todos los estudios de ampliación del Canal han establecido que, para mejorar su capacidad, hay que construir un tercer juego de esclusas, más grandes.
Según la ACP, durante los próximos 20 años el volumen de carga transportado por el Canal crecerá a un promedio del 3% anual, duplicándose entre 2005 y 2025, casi totalmente por el aumento de las importaciones de EE.UU. desde China que pasan por el canal hasta los puertos del este de los EE.UU. y del Golfo.
El Canal hoy tiene dos carriles con sus respectivos juegos de esclusas. Al ampliarlo, se añade un tercer carril que incluye esclusas complejas en cada extremo del Canal. Cada una de éstas tendrá tres cámaras consecutivas diseñadas para elevar los buques desde el nivel del mar hasta el del lago Gatún (87 m sobre nivel del mar) y hacia abajo otra vez. Cada cámara contará con tres diques, 18 en total. Al igual que las esclusas existentes, las nuevas se llenarán y vaciarán por gravedad, sin el uso de bombas. La construcción de las nuevas esclusas usa una parte importante del área ya excavada por los Estados Unidos en las obras de ampliación que abandonó en 1942, conectándolas al sistema existente por nuevos canales de navegación. Las cámaras de las nuevas esclusas serán de 426,72 m de largo por 54,86 m de ancho y 18,29 m de profundidad. En ellas se usarán puertas rodantes, como es hoy usual en todo el mundo. Las nuevas esclusas utilizarán remolcadores para desplazar los buques en vez de las locomotoras actuales. Ambos canales de acceso tendrán 218 metros de ancho, adaptados a los llamados buques Post-Panamax.
Al ampliarse el canal, se estima que hacia 2025 los ingresos se elevarán a más de 6.200 millones de dólares por año. El costo estimado de las obras de ampliación es de 5.250 millones de dólares, de los que 3.200 millones se destinan a las nuevas esclusas. Hasta el 31 de diciembre pasado se había ejecutado un 66,6% de la obra.
En 2007 se otorgó la realización de las obras al consorcio Grupo Unido por el Canal de Panamá S.A. (GUCP), integrado por la empresa española SACyR-Vallehermoso, el grupo italiano Impregilo, ambas respectivamente con el 48% de las acciones, la empresa belga Jan de Nul y la panameña Cursa. Las obras comenzaron en 2009. Desde el principio hubo reclamos por sobrecostos que fueron delegados a la Junta de Resolución de Diferencias (JRD) prevista en la licitación. Algunos se resolvieron y otros se fueron postergando, hasta que estallaron a fines de diciembre pasado en la amenaza de las empresas concesionarias de suspender las obras el próximo 21 de enero, si no se les reconocen mayores costos, cuyo monto está controvertido.
Si bien la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es un ente autárquico dirigido actualmente por el Ing. José L. Quijano, un profesional con 36 años de experiencia en la administración del Canal, no puede escapar a los avatares de la corrupta política panameña (ver aparte). A su vez, las concesionarias están envueltas en escándalos por coimas y sobornos en España, Italia y Panamá que ahora estallaron y ponen en peligro esta obra gigantesca.
EL GRAN CANAL DE NICARAGUA. Por su parte, Nicaragua anunció el martes 7 que recién iniciará la construcción de un canal interoceánico entre el Caribe y el Pacífico a comienzos del 2015. El presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (AGCIN), Manuel Coronel Kautz, dijo que la construcción comenzará una vez terminados los estudios de factibilidad y definido el trazado de la vía.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en junio de 2012 la ley que autoriza a construir un canal interoceánico de gran calado entre el Caribe y el Pacífico, una obra que durará unos 15 años y costará 40.000 millones de dólares. El 13 de junio pasado, en tanto, el congreso adjudicó su construcción a una firma china. Además, encargó a la nueva Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A. la construcción de un oleoducto y de un puerto de aguas profundas en el Pacífico y otro en el Caribe unidos por un ferrocarril de cargas. También se creará una zona de libre comercio y se construirá un aeropuerto internacional en cada margen.
Se estudian cuatro posibles rutas para construir el canal que pasan por una parte del Gran Lago y deben atravesar el istmo de Rivas. En cualquier caso, el proyecto arruinará zonas de alto valor ecológico. Aunque todavía se desconoce el trazado, Environmental Resources Management (ERM), una compañía británica, está realizando ya los estudios de impacto ambiental que entregará a fines de año. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó los 32 recursos presentados por organizaciones contra el canal interoceánico.
El canal será construido por la compañía china HKND Group en base al acuerdo firmado el 14 de junio pasado que le otorgó la concesión por 50 años duplicables. El HKND Group, una firma creada en Islas Caimán y asentada en Hong Kong, está presidido por el empresario chino Wang Jing. "Nadie sabe nada de Wang Jing" dice Michael Forsythe, corresponsal de la agencia Bloomberg en Beijing. Según datos de Bloomberg Billionaires Index (Índice de Multimillonarios de Bloomberg), el empresario de 41 años es presidente y principal accionista de la compañía de telecomunicaciones Beijing Xinwei Telecom Technology Co., en la que tiene una participación de 1.100 millones de dólares. Nunca figuró en una clasificación internacional sobre riqueza, pese a que participa en negocios de infraestructura, minería, aviación y telecomunicaciones. Controla o es presidente del consejo de administración de más de 20 compañías en 35 países y es presidente de la HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development).
Según Raymond Li, jefe del servicio chino de la BBC, Wang estableció HKND específicamente para el proyecto del canal interoceánico. "Se dice que Xinwei Telecom tiene relaciones muy cercanas con el gobierno chino" explica el periodista. "Pero lo más importante es que Datang Group, la gigante estatal de telecomunicaciones, es una de las principales accionistas de Xinwei", afirmó. "Esto deja en claro que el gobierno chino debe estar apoyando el megaproyecto en Nicaragua" afirma Li.
Algunos critican el proyecto, porque significará la "pérdida de la soberanía" del país. Otros lo cuestionan por su impacto ecológico. Según la ley, el canal nicaragüense debe estar parcialmente construido para 2019, cuando podría captar 416 millones de toneladas métricas, el 3,9% de la carga marítima mundial. La zona de construcción del canal será declarada de "utilidad pública" y el Estado nicaragüense indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en no más de 10 años y de común acuerdo entre las partes.
Por el canal interoceánico de Nicaragua pasarán barcos más grandes que por Panamá, porque tendrá una vía acuática más ancha, un canal seco ferroviario, oleoductos, dos puertos de aguas profundas, zonas francas y dos aeropuertos litorales.
Entre las empresas contratadas para este proyecto se encuentran, por una parte, Environmental Resources Management (ERM), la consultora británica que investigará el impacto ambiental y social de la ruta seleccionada, la China Railway Construction Corporation, para evaluar la viabilidad inicial de la obra, y la consultora McKinsey & Co., para investigar y analizar el proyecto.
China será el país que más aprovechará el nuevo canal por la reducción de costos del transporte de mercaderías entre sus puertos y los de las costas del este y del Golfo en EE.UU. A través del canal también aumentará su presencia en los mercados de Centroamérica y América latina. De acuerdo a Heinz Dieterich, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, "mediante el canal China tendría un acceso estratégico a América del Norte", le dice a BBC Mundo. "Sería una respuesta a lo que hace Washington, al trabar alianzas en Asia oriental", añade. Según José Luis León Manríquez, investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM, "con un canal por el cual los venezolanos puedan transportar el petróleo, va a bajar mucho el costo de mover las materias primas que se extraen de América latina hacia China".
"La relación entre China y Estados Unidos es íntima, tienen más en común que en conflicto", explica a BBC Mundo Arturo Cruz Sequeira, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). Las economías de los dos países representan más del 33% del PBI mundial, añade el especialista, quien fue embajador de Nicaragua ante la Casa Blanca entre 2007 y 2009. En este sentido, no está claro que un canal interoceánico en Nicaragua administrado por una empresa china afecte esta relación. "La verdad, puede ser un proyecto que, en vez de separarlos, una a Estados Unidos y China", concluye.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega (2007-17) está envuelto en varios entredichos limítrofes con Costa Rica, Panamá y Colombia, vinculados también con su pertenencia al ALBA. Con el inicio de la construcción del Canal, ganaría a China como aliado y podría influir en su propia sucesión en 2016. Claro que todavía debe demostrar la viabilidad de la obra en la geografía volcánica de Nicaragua. En Panamá, en cambio, el gobierno de Ricardo Martinelli cobró coimas en otras obras a las empresas involucradas en el proyecto y hoy se encuentra con que sus socios europeos, castigados por procesos judiciales, achicamientos y fusiones, amenazan con no terminar las obras.
En ambos casos, los mayores beneficiarios son los Estados Unidos y la República Popular China. Tienen intereses confluyentes, pero no son socios. En Nicaragua, Beijing ha puesto un alfil en medio de la defensa de Washington, mientras que en Panamá ambos están esperando que se derrumbe la opción europea, para adelantar su juego. Claro que en Nicaragua la incógnita se llama volcanes y en Panamá, la corrupción oligárquica. Las líneas maestras del pensamiento estratégico también dependen de pequeños imponderables.