En Egipto se erige una dictadura de nuevo tipo

El mariscal Al Sisi pretende completar la contrarrevolución

Año 7. Edición número 306. Domingo 30 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

mundo@miradasalsur.com

Candidato. Mariscal Abdel al Sisi.

Mientras reprime brutalmente a los movimientos islamistas, el régimen militar egipcio quiere legitimarse en las urnas, pero no restaurar la antigua dictadura.

Después de condenar el lunes 24 a muerte a 529 miembros de los Hermanos Musulmanes en un proceso que sólo duró dos días, la proclamación el miércoles 26 de la candidatura presidencial del ministro de Defensa Abdel Fatah Al Sisi completa la contrarrevolución iniciada por las fuerzas armadas egipcias en julio pasado, al derrocar al presidente electo Mohamed Morsi, pero no restaura necesariamente el régimen de Hosni Mubarak, tumbado por la revolución popular en febrero de 2011.
Al salir de una reunión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa egipcio, mariscal de campo Al Sisi, anunció el pasado miércoles 26 que pasaba a retiro para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales aún sin fecha. En su corto discurso no dio muchas precisiones, pero insistió en fortalecer el rol del Estado y asegurar la estabilidad del país. Se espera que gane las elecciones cómodamente, porque tiene una gran popularidad, y no hay alternativas.
Dieciséis mil miembros de la Hermandad Musulmana fueron encarcelados desde julio pasado y más de mil, muertos. Después de la condena del lunes pasado, un segundo proceso para más de 700 que debía realizarse el miércoles fue postergado hasta fines de abril. Hasta la Casa Blanca y la Comisión Europea criticaron la ausencia de garantías judiciales mínimas.
Además de los Hermanos Musulmanes, también los liberales y la izquierda se oponen a la prolongación de la dictadura. Miles de estudiantes de la Universidad de El Cairo protestaron el miércoles, cuando se supo que Al Sisi se candidatearía.
La experiencia de las persecuciones sufridas durante la campaña para el referendo de enero pasado en el que se aprobó la reforma constitucional de los militares alertó a los opositores de que no habrá garantías para las elecciones presidenciales. Por eso, sólo el nasserista Hamdin Sabbahi se presenta. Los demás candidatos se abstendrán, porque la nueva ley electoral sancionada hace un mes hace inapelables las decisiones de la Comisión Electoral. La propia cadena de televisión Al Jazeera trasmite anónimamente desde Egipto por la persistente detención de cuatro de sus periodistas.
De acuerdo con HA Hellyer, especialista en Egipto en el Instituto británico de Servicios Reales (RUSI, por su sigla en inglés), “la presidencia de Sisi se verá confrontada por los mismos problemas estructurales ante los que fracasaron los gobiernos anteriores, pero en peores condiciones y nadie sabe cómo piensa resolverlos. No existen razones para ser optimista”, finalizó.
Los militantes revolucionarios y activistas por los derechos humanos dicen en Egipto que la situación está peor que bajo Mubarak. La reciente recomposición del gabinete ministerial implicó la partida de los últimos liberales incorporados después del último golpe. Sin embargo, no se sabe si es un retorno al pasado o algo nuevo. De acuerdo con Michael Hanna, “lo más notable del momento actual es que nadie tiene el poder. Los militares no están tomando decisiones como corporación. Aunque Al Sisi interviene directamente en la represión –añadió–, ésta se automatizó”. En tanto, para Joshua Stacher, profesor de Política del Medio Oriente en la británica Universidad de Kent, consultado por Al Jazeera, “Sisi es el presidente del Directorio de la empresa Militares S.A., pero las decisiones las toma el Directorio”, declaró.
Los dos problemas centrales que enfrentará el próximo gobierno son la resistencia de los Hermanos Musulmanes y la crisis económica que empobrece a las mayorías. Sin embargo, más que a los Hermanos Musulmanes el mariscal teme a los prominentes de la era mubaraquiana que quieren volver del exilio. En los últimos años de Mubarak, los militares chocaron con los líderes del oficialista Partido Nacional Democrático por su enriquecimiento repentino gracias a las privatizaciones neoliberales contra las que defendieron el complejo empresario que ellos mismos dirigen. Ahora, los militares no quieren que los prófugos de la revolución vuelvan a poner en riesgo sus negocios.
Los brutales golpes contra la Hermandad Musulmana y la represión de toda protesta aseguran a Abdel Fatah al-Sisi el camino hacia la restauración de una dictadura militar con apenas una fachada de legalidad, pero la necesidad de satisfacer las demandas más elementales de la población lo obliga a alejar a los neoliberales privatizadores, disciplinar a los oficiales gerentes de empresas y a recuperar el control sobre los aparatos de seguridad. El futuro de Egipto se ve negro, pero novedoso.

El modelo brasileño influyó en todo el subcontinente

El padre de todos los golpes en Latinoamérica

Año 7. Edición número 306. Domingo 30 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior Periodista

contacto@miradasalsur.com

Por imitación, o por reacción, el modelo de la dictadura brasileña influyó perdurablemente en los países del subcontinente. 

 

En 1964 Brasil no estaba en crisis económica. El problema de Brasil era el populismo, que es la antesala del comunismo. Nuestro objetivo era entonces destruir al populismo, para frenar al comunismo. La base del populismo estaba constituida por los grandes sindicatos de masas que se nutrían de la industrialización sustitutiva de importaciones que reunía grandes masas de trabajadores en las fábricas. Por consiguiente, había que destruir la industria sustitutiva de importaciones, para disolver las concentraciones de masas, dominar al sindicalismo y destruir al populismo, para prevenir el comunismo” (Roberto de Oliveira Campos, ex ministro de Planeamiento de Brasil entre 1964 y 1967, en Brasilia en mayo de 1985 en diálogo con el autor).
Cuando el derrocado presidente João Jango Goulart el 2 de abril de 1964 cruzó fugitivo la frontera uruguaya, ninguno de los actores principales del drama brasileño previó las transformaciones que se iniciaban en toda América del Sur. Para la mayoría de los golpistas se trataba de restaurar el poder conservador modernizándolo. Las oposiciones vieron en el golpe sólo la culminación de los once intentos que se sucedieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La estrategia nacional e internacional de la contrarrevolución fue ideada y desarrollada por Golbery do Couto e Silva (1911-87). Durante su revista en el Estado Mayor de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) en Italia en 1944/45 –en la que sirvieron los oficiales que condujeron el golpe de 1964– y gracias a su estrecha cooperación con el mayor Vernon Walters, oficial de enlace del 5° Ejército norteamericano, desarrolló sus vínculos con el espionaje de Estados Unidos y su visión de la guerra total. Cabe señalar que V. Walters fue agregado militar de la embajada estadounidense en Brasil entre 1962 y 1967 desde donde preparó la intervención de la IV Flota de Estados Unidos en caso de guerra civil.
En 1952 Golbery comenzó a servir en la Escuela Superior de Guerra (ESG, fundada en 1949) como director de su Departamento Internacional. Bajo su influencia, los cursos en la ESG se orientaron en tres direcciones: crear una elite tecnocrática cívico-militar, desarrollar la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), pensada por el mismo Golbery, y diseñar la estrategia geopolítica de Brasil. Ésta se hizo pública en 1966 en el libro Geopolítica del Brasil. En la obra, Golbery concibe a Brasil como un archipiélago de siete islas cuyo aislamiento aprovechaban los enemigos del país, particularmente “la subversión comunista” –que podría hacerse fuerte en el Nordeste– y Argentina –que amenazaba el escudo riograndense. Según el autor, la expansión de la infraestructura y las comunicaciones servía al desarrollo económico y éste a su seguridad nacional, proyectando el poder de Brasil sobre los países vecinos.

Primero Paraguay. La geoestrategia de Golbery se implementó primero en la relación con Paraguay. Como el presidente Alfredo Stroessner (1954-89) había estado adscripto al Estado Mayor del Ejército brasileño entre 1940 y 1941, desde el golpe de 1964 se estrecharon los vínculos, para sacar a Paraguay de la órbita argentina. Brasil y Paraguay compartían intereses en la frontera del Río Paraná, aunque litigaban por el límite. Desde la Guerra de la Triple Alianza (1865-70), el Este de Paraguay estaba prácticamente despoblado y servía de base a las guerrillas contra Stroessner. Brasil, en tanto, quería vincular la faja de frontera al resto del país. Por eso ambos estados fomentaron la colonización de la zona y estudiaron el potencial energético de la región hasta firmar en 1972 el Tratado de Itaipú, que regló la construcción de la segunda represa más grande del mundo y la entrada en Paraguay de cientos de miles de colonos brasileños.
Si bien Brasil no intervino en el golpe que en noviembre de 1964 depuso al presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro (1952-56 y 1960-64), introdujo posteriormente colonos brasileños en el Oriente y usó la represión de la guerrilla del Che Guevara en 1967 para aliarse con las fuerzas armadas bolivianas, lo que daría sus frutos durante la presidencia de Hugo Bánzer (1971-78).
Mientras que durante el gobierno de Humberto Castelo Branco (1964-67) el alineamiento con Estados Unidos fue total, en las presidencias posteriores de Artur da Costa e Silva (1967-68), Emilio Garrastazu Médici (1969-74) y Ernesto Geisel (1974-78) las necesidades del desarrollo económico concentrado y la preponderancia de sectores nacionalistas dentro del Ejército y la Fuerza Aérea llevaron a diferenciaciones y choques, como sucedió cuando Brasil firmó el acuerdo nuclear con Alemania Federal en 1975. A partir de 1967 la política exterior brasileña combinó la colaboración con Washington en la lucha contra las guerrillas dentro y fuera del país con la prosecución de la propia estrategia en la región y en el Atlántico Sur.
La extensión de la DSN y la imitación del modelo autoritario burocrático indujeron al Ejército Argentino a reproducir la experiencia en 1966, con la intención de frenar la influencia brasileña sobre Paraguay y Uruguay, donde la presión combinada de EE.UU. y Brasil llevó en 1967 a la instauración de las “Medidas Prontas de Seguridad”, antecedente inmediato del golpe de estado de 1973.
Además de la intervención en la guerra civil en la República Dominicana bajo el mando norteamericano en 1965, el modelo brasileño influyó sobre gobiernos civiles como el venezolano y el colombiano, que en la década de 1960 enfrentaban movimientos guerrilleros, en la reacción defensiva de la Revolución Peruana de Juan Velasco Alvarado (1968-75) y en el gobierno militar ecuatoriano de Guillermo Rodríguez Lara (1972-79).
Golbery estuvo alejado del gobierno entre 1967 y 1974 y enfrentado con el sector duro del Ejército por la política represiva que éste implementó contra la guerrilla urbana y rural y la oposición civil a través de las actas institucionales, la tortura y el exilio. Sin embargo, al asumir como jefe de la Casa Civil de la Presidencia bajo Ernesto Geisel (cargo que mantuvo con João B. Figueiredo hasta 1981), en paralelo con la apertura política controlada continuó las tres líneas geoestratégicas de sus predecesores: el acuerdo nuclear con Alemania, el apoyo a los procesos de independencia en los países lusófonos de África y la coordinación represiva en el sur del continente que en 1975 tomó forma en el Operativo Cóndor.
En 1978 esta perspectiva se amplió con la firma del Pacto Amazónico para la integración y seguridad de la cuenca. El acuerdo fue firmado por los ocho países de la región, pero perdió continuidad en los años 1980 por la crisis económica y las democratizaciones limitadas en los países signatarios. No obstante, fue recuperado a partir de la década de 1990 en los acuerdos de cooperación bi- o trilaterales que Brasil cerró, especialmente, con Colombia y Perú, para el combate al narcotráfico y la progresiva radarización de la cuenca.
Si bien el modelo brasileño se modificó al inicio de los años 1970, dando lugar a la reforma tecnocrática del Estado y a los planes de desarrollo que integraron el territorio e impulsaron la sustitución de exportaciones, sus dos patas fundamentales (la DSN y la dominación de una elite tecnocrática cívico-militar) se mantuvieron y constituyeron su principal artículo de exportación. La Doctrina de Seguridad Nacional fue abandonada en la década de 1980, pero su supuesto de que las relaciones sociales están signadas por la guerra sigue vigente. Así, el golpe militar de 1964 sigue siendo presente, no sólo en Brasil.

A medio siglo del golpe de estado en Brasil

Un modelo mental persistente

Cuando se produjo el derrocamiento del presidente João Goulart, que comenzó el 31 de marzo de 1964, pareció que se trataba de una restauración conservadora más. 

 

Los ministros de Planeamiento, Roberto Campos, y de Finanzas, Otávio Bulhões, del gobierno de Humberto Castelo Branco (1964-67) quisieron destruir las bases sociales del laborismo, pero la conjunción de Doctrina de Seguridad Nacional, geoestrategia expansionista e industrialización sustitutiva de exportaciones que al final se impuso, produjo un resultado contradictorio: un país riquísimo con una inmensa masa de pobres y desamparados. Más determinante es empero la argamasa mental de sumisión y violencia que lo mantiene unido.

Como confesó Roberto de Oliveira Campos a este autor en 1985, Brasil no tenía en 1964 serios problemas económicos. Su problema era –me dijo– el populismo que, como se sabe, "lleva al comunismo". Su base eran los sindicatos de masas favorecidos por la gran concentración de trabajadores en la industria sustitutiva de importaciones surgida en las tres décadas anteriores. Entonces –continuó– se trataba de destruir esta industria de bienes de consumo, para disminuir la concentración de trabajadores, debilitar a los sindicatos, destruir el populismo laborista y evitar el comunismo. 

Para aplicar esta simple ecuación, hasta 1967 se implementó un plan de estabilización monetaria, se abrió el mercado a las importaciones, se bajaron los salarios y se liberó la especulación financiera, mientras se edificaba la Rede Globo como monopolio audiovisual. En un país con un altísimo analfabetismo, la televisión fue el instrumento privilegiado de reproducción del pensamiento autoritario. A la par de las persecuciones, la censura, las prohibiciones de organizaciones políticas y sindicales, el gobierno de Castelo Branco tuvo éxito en destruir el laborismo, pero abrió la puerta a dos enemigos: la radicalización de la izquierda y la revuelta nacionalista en el Ejército y la Aeronáutica.

Los gobiernos de Costa e Silva (1967-68) y Garrastazu Médici (1969-74) que lo siguieron dieron cuenta de ambas rebeliones aplicando el terrorismo de Estado, con megaproyectos de infraestructura (la represa de Itaipú, el puente Rio-Niteroi y la carretera transamazónica), y subsidiando la sustitución de exportaciones. Antônio Delfim Neto (hoy oficialista de Dilma) fue el ministro de Hacienda de ambos gobiernos y nuevamente entre 1979 y 1985 organizó el crecimiento concentrado, defendió las empresas estatales, contrajo las deudas externas con las que se financiaron los megaproyectos y expandió el consumo sin precedentes hasta la crisis petrolera de 1973. 

En ese momento se inicia la reforma del Estado brasileño que continuará en el gobierno de Ernesto Geisel (1974-78) desdoblando el aparato estatal en un núcleo central (Presidencia, Relaciones Exteriores, Defensa, Planeamiento, Economía y Hacienda) con gran eficiencia y orientado al cumplimiento de metas estratégicas (1° Plan Nacional de Desarrollo 1972-74), y el resto, que se mantiene como coto de caza para los aliados locales y corporativos de la dictadura. Las reformas neoliberales de los años 90 no alteraron esta dicotomía. 

Entre tanto, la ley universitaria de 1968, aún vigente, orientó las universidades federales según el modelo norteamericano, instauró un sistema altamente competitivo, los exámenes de ingreso, la dependencia de las universidades del Ministerio de Educación y un sistema de carrera académica que valora la cantidad sobre la calidad de la producción. De este modo las universidades fueron colocadas bajo la dependencia de las grandes empresas y se incentivó el desarrollo del sistema privado. Por otra parte, como no se atendió el sistema escolar público, se produjo la paradoja, aún subsistente, de que sólo los alumnos de las mejores escuelas privadas aprueban el ingreso a las buenas universidades públicas, en tanto los egresados de las malas escuelas públicas deben ir a las universidades privadas.

Junto a los medios y a la educación, el tercer instrumento de disciplinamiento y continuidad de la dictadura fue la justicia. Si bien la Orden de Abogados de Brasil (OAB, representación corporativa de la categoría) se manifestó tempranamente contra las violaciones de los derechos civiles y políticos, la mayoría de la magistratura se alineó con el régimen, aceptó la limitación de sus poderes y convalidó decisiones como el Acta Institucional N° 5 de 1968, que destruyeron los restos de la democracia brasileña. Todavía hoy muchos fallos que entonces dio el Supremo Tribunal Federal mantienen su validez.

Bajo el asesoramiento de Golbery do Couto e Silva, el gobierno de Geisel (1974-79) y el de João Batista Figueiredo (1979-85) impulsaron una democratización consensuada con las fuerzas tradicionales que tuvo su gran hito en la Ley de Amnistía de 1979, que liberó a los presos políticos y acabó con la represión más violenta, pero eximió de todo cargo a los represores. 

En condiciones de crisis del sector externo por los dos shocks petroleros (1973 y 1979), a partir de 1981 estalló una crisis económica que obligó a Brasil a someterse al FMI y redujo el margen de maniobra del gobierno frente a la oposición. No obstante, en 1984 aún pudo resistir la masiva campaña por las elecciones presidenciales directas e imponer en el Congreso una fórmula consensuada entre el liberal Tancredo Neves y el hasta hacía poco jefe del partido oficialista José Sarney, con tanta fortuna que Neves murió en marzo de 1985 antes de asumir y el presidente de la transición a la democracia (y uno de sus guardianes hasta hoy) fue quien lideraba el partido de la dictadura.

No obstante la crisis, de 1974 a 1979, se implementó el 2° Plan Nacional de Desarrollo que, si bien fracasó en su objetivo de alcanzar la autonomía tecnológica y la producción de bienes de capital que permitiera crecer a la industria sin depender de las importaciones, tuvo el efecto concomitante de incorporar a centenares de intelectuales y profesionales de izquierda a la maquinaria estatal. De este modo se superaron "los años de plomo", en tanto se aseguraba la complicidad de los opositores con el modelo implementado. También la Rede Globo empleó a numerosos izquierdistas impedidos por la censura de trabajar en otros medios, quienes le aseguraron el "boom" de las telenovelas y excelentes noticieros. Al mismo tiempo la expansión del cultivo de caña de azúcar para la producción de biocombustibles permitió una alta concentración de la propiedad territorial.

La dictadura brasileña instaló entre 1964 y 1985 un modelo económico-social de crecimiento concentrado orientado hacia afuera que fracturó el país regional y socialmente, pero su mayor éxito fue el consenso que construyó en gran parte de las clases medias, aunque fueran opositoras, y el terror perdurable en los sectores populares mediante la represión directa y la militarización de las policías. La verticalidad del sistema, el autoritarismo, los usos palaciegos, la falta de debate social y el racismo extendido son inherentes al modelo mental más exitoso de América del Sur.

Vernon Walters, el as del golpismo norteamericano

Un personaje a la espera de su película

Cuando comenzó el golpe contra Goulart, el agregado militar norteamericano, coronel Vernon Walters, coordinó las operaciones con su amigo, el general Humberto Castelo Branco, la CIA y el comando de la IV Flota apostada frente a Pernambuco. El coronel conocía a los golpistas desde que fue enlace del 5° Ejército con la Fuerza Expedicionaria Brasileña en Italia en 1944-45. Luego fue agregado en Río de Janeiro hasta 1948.

Walters nació en Nueva York en 1917. Como su padre era inspector de seguros, vivió de los seis a los dieciséis años en Francia e Inglaterra y aprendió ocho idiomas. Al volver, trabajó como su padre hasta que en 1941 entró al Ejército como oficial de Inteligencia y logró en noviembre de 1942 la rendición de las fuerzas de Vichy en Marruecos. En 1950 reconcilió al presidente Truman con el general Mac Arthur, luego acompañó a Eisenhower  varias veces en Europa y en su pacto con Franco en 1954. Trabajó para el Plan Marshall y organizó el Comando Aliado en Europa. En 1961 recomendó invadir Italia, si los socialistas entraban al gobierno.

De 1967 a 1972 fue agregado en París, donde organizó la negociación con Vietnam del Norte que acabó la guerra en 1973. De 1972 a 1976, como vicedirector de la CIA, intervino en Chile en 1973, mantuvo a la agencia fuera de Watergate, derrotó a la izquierda en Portugal y supervisó numerosas crisis. Dejó la CIA y se retiró, cuando previó el triunfo de Jimmy Carter en 1976. Entonces fue profesor en la Escuela de las Américas. En 1980 Ronald Reagan lo hizo su asesor para temas internacionales, trabajando con el secretario de Estado Alexander Haig (1981-82) y como embajador en la ONU (1982-87). Como católico fue el enlace con el Papa Juan Pablo II. Por fin fue embajador en Alemania (1987-91) organizando el alzamiento de 1989 en el Este. Luego representó a EE UU en la negociación del Tratado 4+2 (1990) que acabó la Guerra Fría. Hasta su muerte en 2002 fue consultor y conferencista. 

Vernon Walters fue protagonista durante medio siglo. Aún espera por su novela y su película.

La guerra civil siria se internacionaliza

El camino a Damasco

Año 7. Edición número 305. Domingo 23 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior Periodista

mundo@miradasalsur.com

Dron estadounidense. Washington piensa atacar Siria.

Mientras Washington se apresta de nuevo a intervenir masivamente en Siria usando a la ONU, las victorias de Assad y sus aliados extienden la guerra al Líbano.

En tanto el ejército sirio y las milicias aliadas avanzan raudamente para liberar el camino que une Damasco con el Mediterráneo, en una fáctica declaración de guerra el secretario de Estado John Kerry ordenó el miércoles el cierre de la embajada siria en Washington y la expulsión de su personal. Coincidentemente, conocidos funcionarios internacionales de los derechos humanos reclamaron en Ginebra procesos contra miembros del gobierno y milicias sirias. Mientras el enfrentamiento sectario se extiende a Líbano, se conoce un pacto de no agresión entre Israel y Hezbolá. En su cuarto año, la guerra civil siria se internacionaliza.
Al reconquistar la ciudad de Yabrud en la frontera con Líbano el pasado domingo, el gobierno sirio y sus aliados de la milicia chiíta libanesa Hezbolá cortaron las rutas de abastecimiento transfronterizo de los islamistas y se aprestan a recuperar toda la provincia de Damasco. Las fuerzas oficialistas procuran ahora restablecer la conexión de la capital con el norte y la costa mediterránea. En su avance, el jueves mataron a once rebeldes del Frente Al Nusra en el extremo norte de la frontera con Líbano. Desde noviembre pasado el ejército sirio y Hezbolá llevan una ofensiva conjunta en las montañas fronterizas en el norte de la provincia de Damasco, para cortar los suministros de los islamistas. Particularmente Hezbolá está obteniendo grandes triunfos, pero los mismos activan las reacciones sunitas en Líbano donde ya existen redes de Al Qaida. También el Frente Al Nusra de Líbano y las Brigadas Abdullah Azzam han cometido atentados suicidas con bombas dentro del país y han disparado cohetes contra áreas asociadas con Hezbolá. Según Imad Salamey, profesor de Ciencia Política en la Universidad Americana de Beirut, la victoria de Assad y Hezbolá en Yabrud va a “desesperar” a los sunitas libaneses y a hacerlos más proclives a la violencia sectaria. Por su parte, en medio de complejas negociaciones para las elecciones presidenciales del próximo mes el ejército libanés intenta mantener el equilibrio interconfesional.
Entre tanto, sin ruptura de relaciones diplomáticas ni resolución de la ONU, el gobierno de Obama cerró el martes 18 unilateralmente la embajada siria en Washington y ordenó la expulsión de sus diplomáticos y personal. El secretario de Estado, John Kerry, justificó la medida diciendo que el régimen de Bashar al-Assad había perdido el derecho a reclamar la legitimidad diplomática.
Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, amenazó el miércoles a Siria con represalias si se repiten ataques en las alturas del Golán, como la bomba que el día anterior estalló a la vera de un camino cerca de la línea de tregua e hirió a cuatro soldados israelíes. Doce horas más tarde la fuerza aérea israelí bombardeó blancos sirios en la zona. No obstante las protestas sirias, en el Ministerio de Defensa israelí no creen que recrudezca la violencia en el Golán, porque “ninguna parte está interesada”.
A la vez, el mismo día el periódico londinense Asharq al-Awsat informó que el líder de Hezbolá, Hassan Nasralá, envió el año pasado “un mensaje indirecto” a Israel trasmitiéndole que “la frontera sur de Líbano es el lugar más tranquilo del mundo”. El periódico cita una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Mokdad, y su homólogo ruso, Mijail Bogdanov, el 23 de mayo de 2013, en la que el segundo informó a su interlocutor sobre una reunión que acababa de tener con Nasralá en Beirut. No se sabe quién filtró la comunicación, pero la versión explica la ausencia de choques en la frontera israelo-libanesa.
En sintomática coincidencia con las victorias de Assad y sus aliados y la expulsión de los diplomáticos sirios de EE.UU., también el miércoles la fiscal suiza Carla Del Ponte y el diplomático brasileño al servicio de la ONU Paulo Sergio Pinheiro presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra un informe sobre los derechos humanos en Siria que aporta las pruebas necesarias para sumariar a altos funcionarios y oficiales gubernamentales, así como a comandantes milicianos no mencionados.
Tal como comenta Jeffrey White en una publicación del Council for Foreign Relations (CFR) del pasado jueves 20. “Si el gobierno sirio logra afirmarse, la correlación de fuerzas y las percepciones de los actores intervinientes girarán en 180 grados. Bashar al-Assad y sus aliados pueden tentarse a apurar la solución militar y abandonar las negociaciones,” escribe. Por su parte, el ex embajador norteamericano Frederic C. Hof pone en la misma publicación que “lo mejor que puede pasar en Siria es que el presidente de los Estados Unidos pida nuevamente al sistema nacional de seguridad opciones de intervención sobre las que decidir.”
La coincidencia temporal de la medida ilegal de Washington con la presentación del informe sobre los crímenes de lesa humanidad, las victorias del gobierno sirio y Hezbolá, y la difusión del pacto de no agresión de ésta con Israel indican que la guerra civil siria se internacionaliza. Obama se apresta a intervenir en la guerra, para forzar a Assad a retirarse, pero sabe que Vladimir Putin le ha puesto límites y que una intervención directa puede acarrear una confrontación con Rusia. Por eso es probable que quiera bombardear Siria en nombre de los derechos humanos, para obligarla a negociar. Quizá la capacidad preventiva de las diplomacias rusa y china pueda frenar la escalada belicista, pero después de esta semana ya nadie puede evitar la internacionalización de la guerra civil siria.

Paraguay se polariza por las políticas neoliberales

La huelga general pone a prueba a Cartes

Año 7. Edición número 305. Domingo 23 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

Ante la creciente violencia rural y la polarización política, la medida de fuerza sindical y popular contra el gobierno neoliberal puede poner un hito fundamental en la historia paraguaya.

En un clima de alta conflictividad social, violencia rural y polarización política, se realiza en Paraguay el próximo miércoles 26 de marzo la primera huelga general contra el gobierno de Horacio Cartes, la que por su masividad y oportunidad seguramente marcará un hito en la historia de Paraguay.
A la protesta convocada por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otras cinco centrales sindicales adhieren la Federación Nacional Campesina, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), pueblos originarios, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), estudiantes universitarios y otras organizaciones sociales y políticas.
Ante la masividad que promete tener el reclamo, en el gobierno y el ejército cunde la preocupación. Por esta razón, el pasado lunes 17 el gobierno formó una “comisión de crisis” para responder a la huelga. Luego de una reunión con el presidente Cartes, la presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, dijo que había sectores que estaban “impulsando la violencia y la confrontación”, aunque no los identificó. Por su parte, en declaraciones a Portal del Sur (http://portaldelsur.info/) el pasado martes 18, el secretario general de Fenaes, Federico Enciso, contradijo a la dirigente: “La idea es hacer una gran huelga general pacífica, pero ya recibimos información de que el gobierno realizará provocaciones”. A su vez, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, aseguró también el martes que no descarta pedir al Ejecutivo la ilegitimidad de los paros, si participan “elementos ajenos a las reivindicaciones de los trabajadores”. A instancias de los altos mandos, el gobierno puso el lunes 17 a las fuerzas armadas en estado de alerta, “por la existencia de informes sobre posibles disturbios organizados para esas fechas”. La campaña de intimidación contra los huelguistas se multiplicó en los días siguientes en los medios adictos.
La Coordinadora Sindical y Popular que convoca a la huelga difundió el pasado lunes sus reivindicaciones, entre ellas, el alza del salario mínimo del 25% contra el 10% ofrecido por el gobierno. Los sindicatos exigen también la regulación legal de los precios de los productos básicos y la reducción del precio del transporte público, que insume hasta el 30% del salario de muchas familias, la ampliación de la seguridad social a más sectores y la derogación de la ley de Alianza Público-Privada (APP), vigente desde noviembre pasado, por sus efectos privatizadores sobre los recursos y servicios públicos.
Paraguay es el país de mayor de­sigualdad en toda América del Sur. Se estima que el 64% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, con un 20% de extrema pobreza. La población rural representa el 43%, pero 351 propietarios concentran el 77% del total de las tierras y el 40% de los agricultores sólo posee el 1%. Los sindicatos cuentan con una respuesta masiva a la convocatoria de huelga, pero la bajísima tasa de sindicalización (apenas el 10%, en su mayoría en el sector público) hace que el resultado sea aún incierto.
Entre tanto, las cámaras empresarias están expectantes. Las principales asociaciones de la producción, la industria y el comercio no han decidido qué actitud tomar, aunque prevén la pérdida del día de trabajo y buscan reducir el daño. Tampoco las cámaras sectoriales han tomado decisiones, porque quieren esperar hasta el último momento, para prever el alcance de la medida, pero también porque, desplazadas por las empresas del presidente en el otorgamiento de licencias y contratos estatales, no respaldan plenamente al gobierno.
Mientras tanto, la convocatoria de Cartes para dialogar con la oposición fracasó después de que el Frente Guasú y el Partido Liberal (PLRA) rechazaron el convite. La negativa de los liberales –hasta ahora firmantes de un pacto con el Partido Colorado– fue especialmente dura, cuando Miguel A. Saguier, presidente del partido, amenazó al mandatario con hacerle juicio político “por agravios a la institucionalidad del país, persecución a funcionarios opositores y violación de las leyes”.

Las aguas bajan turbias en Alto Paraná. La preparación de la huelga general se calentó especialmente después de que el dirigente campesino Eusebio Torres, de 64 años, fue asesinado por sicarios el pasado 13 de marzo, en un paraje rural del Departamento de Alto Paraná, vecino a las fronteras de Argentina y Brasil. Torres había guiado recientemente a los técnicos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en la demarcación de parcelas públicas entregadas a la Colonia Santa Lucía, en Itakyry, usurpadas por empresarios de origen brasileño.
En Paraguay, el 66% del total de la tierra se cultiva con soja, con una producción cercana a los 10 millones de toneladas y controlada por las multinacionales ADM, Cargill, LDC y Bunge. El secretario general de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas, dijo el viernes 14 que el acribillamiento de Torres es la respuesta de los sojeros a la intención de recuperar las tierras del Estado para pasarlas a familias campesinas de la zona y de Ñacunday, al sur de Ciudad del Este.
Zayas añadió que desde hace 10 años las familias campesinas del lugar chocan con los usurpadores. Aunque muchos dirigentes se fueron para salvar sus vidas, Torres decidió quedarse, porque era de los que preferían “vencer o morir”. Cuando el 14 de febrero sicarios asesinaron al agricultor Arsenio López en la zona, varios dirigente de Itakyry dijeron a Zayas que sabían que a muchos de ellos les iba a tocar. “Casi todos los dirigentes de Itakyry están amenazados de muerte”, dijo Zayas.
Según un trabajo realizado por el investigador Marcos Glauser sobre el que informó el portal e'a (www.ea.com.py) el pasado 14 de marzo, unas 4.800.000 hectáreas de territorio paraguayo están en manos de colonos brasileños o de sus descendientes. Este dato revela que los más de 50 años de migración brasileña en el este y norte del país tienen como resultado una real ocupación de territorio por brasileños y “brasiguayos”, cuya producción en buena parte está amoldada a la economía brasileña.
A este espacio se sumó en los últimos 12 años una importante zona del Departamento de Alto Paraguay dominada por fazendeiros brasileños que crían ganado para los frigoríficos de Mato Grosso do Sul, a los que proveen mediante el contrabando posibilitado por la falta de controles fronterizos paraguayos en la región. Los cerca de 250 mil brasileños y “brasiguayos” (descendientes de brasileños con una cultura híbrida) que habitan en Paraguay se concentran en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Amambay, en el este y centro-este del país, así como en Concepción y San Pedro, en el norte. En su mayoría son medianos chacareros que poseen entre 300 y 500 hectáreas, pero se alinean firmemente detrás de terratenientes ausentistas que controlan decenas de miles de hectáreas. Como están persuadidos de su superioridad étnica e intelectual sobre los paraguayos, rechazan todo diálogo con los campesinos e indígenas.
El asesinato de Eusebio Torres se inscribe dentro de la polarización de la política paraguaya por las “reformas” neoliberales de Horacio Cartes. En este contexto, la huelga general marca un hito: si tiene éxito, puede suceder que el gobierno se avenga a modificar su plataforma neoliberal y negocie las reformas sociales y democráticas que reclama la oposición popular; yque bajo presión militar el presidente reprima las protestas y se arriesgue a la confrontación duradera con las organizaciones sindicales y populares, o tercero, que las fuerzas populares vuelvan a dividirse y desaprovechen el efecto de la medida de fuerza. Aun así la represión no podrá perdurar, porque nuevas protestas seguirán a la huelga. Si éstas mantienen un comando unificado, aumentarán las posibilidades de diálogo y negociación. En caso contrario, Paraguay transitará nuevamente los trillados caminos de la violencia.

Beijing aún no tiene respuestas ante el nuevo sindicalismo

China: los trabajadores pierden la paciencia oriental

Año 7. Edición número 304. Domingo 16 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

sociedad@miradasalsur.com

Protesta. Los trabajadores de una importante multinacional asentada en China entraron en paro.

Mientras que la baja oferta de mano de obra aumenta el poder de presión de los asalariados, la desregulación de la economía despierta reacciones sindicales todavía no organizadas.

La reciente huelga de los trabajadores de una planta de IBM cerca de Hong Kong ilustra en qué medida los trabajadores chinos han comenzado a participar en las empresas y la preocupación de las multinacionales, porque en un panorama de alta conflictividad social el Estado y el Partido Comunista aún no saben encauzar la ola de protestas sindicales que se extiende por el país.
Más de mil empleados y obreros de la fábrica de IBM en Shenzen, en el límite con Hong Kong, sostuvieron por diez días hasta el pasado miércoles 12 una huelga, después de que los ejecutivos de la empresa informaron los términos del traspaso de propiedad de la empresa al gigante Lenovo. La huelga terminó con un arreglo por el cual se pagó a los trabajadores una compensación de 30.000 yuan (4.889 dólares) por el traspaso de la empresa. Sin embargo, veinte delegados fueron despedidos y la Sección Municipal local de la Federación de Sindicatos Chinos (la central oficial controlada por el Partido Comunista) demandó legalmente a IBM para que los reincorpore.
El acontecimiento es sintomático de las nuevas luchas sindicales en China. La reducción de la oferta de mano de obra por el menor crecimiento demográfico ha aumentado el poder de presión de los trabajadores, mientras que el uso extendido de los celulares inteligentes y de las redes sociales les están permitiendo formas inéditas de organización sindical, informan los expertos del China Labour Bulletin, publicación del centro homónimo de estudio y defensa sindical con sede en Hong Kong.
“Después de haber sido largamente explotados, los trabajadores chinos están cada vez más conscientes de sus derechos y unidos. Ahora tienen noción de lo que es la acción colectiva”, dice el abogado laboralista Duan Yi, del mismo centro. Según un informe que el centro publicó el mes pasado, entre junio de 2011 y diciembre de 2013 hubo en China 1.171 huelgas y protestas laborales. Por ejemplo en la provincia de Guangdong, donde está la planta de IBM, muchas protestas se produjeron por cierres de empresas, fusiones o relocalización de plantas.
En noviembre pasado cientos de empleados hicieron huelga en una planta de Nokia en Dongguan, cerca de Shenzen, después de que la empresa finlandesa vendiera la planta a Microsoft. En agosto pasado, 5.000 trabajadores fueron a la huelga en la provincia de Shandong, en la costa Este, para protestar contra el traspaso de la fábrica de neumáticos de la empresa Cooper, de Ohio, a la india Apollo por 2.500 millones de dólares. Como la huelga hizo fracasar la venta, Cooper perdió allí 29 millones de dólares en el último cuatrimestre de 2013.
La escasez de mano de obra hizo subir los salarios, obligó a los empleadores a buscar empleados por todo el país y mejoró los beneficios que las empresas otorgan a sus personales. Sin embargo, en un país tan inmenso hay muchas desigualdades y los trabajadores menos calificados son los que más sufren.
Seis años después de la sanción de la Ley de Contratos de Trabajo, todavía la gran mayoría de los 40 millones de obreros de la construcción carece de contrato de trabajo escrito. Una investigación conducida por la conocida socióloga laboral Pun Ngai desde la Universidad de la Ciencia y la Tecnología de Hong Kong, entre 1.445 trabajadores de la construcción en cinco ciudades de distintas regiones, halló que sólo el 17,4% tiene un contrato de trabajo escrito y de éstos últimos pocos conservan una copia. En todos los casos siempre divergen la letra del contrato y las condiciones y remuneraciones reales de los trabajadores.
La falta de contrato escrito es la causa principal de los mayores problemas de los obreros de la construcción: el pago de los salarios adeudados y la indemnización por accidentes de trabajo. Para el 60% de los entrevistados, su incapacidad para demostrar el vínculo laboral fue el mayor obstáculo para recibir una indemnización por accidentes de trabajo. Un poco menos del 50% de los entrevistados carece de todo tipo de seguro social y solo el 7% tiene seguros contra accidentes de trabajo.
El estudio descubrió también que el salario realmente percibido por los obreros de la construcción es mucho más bajo de lo que difunden los medios chinos. Los trabajadores reciben en promedio unos 4.800 yuan mensuales (782 dólares) por semanas de siete días y doce horas diarias. También las diferencias regionales son enormes. Los salarios de la construcción se retrasaron asimismo respecto de los alquileres y la mayoría de las familias en el sector tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Por otra parte, la pesquisa mostró que solo el 20% de los trabajadores de la construcción cobra regularmente sus salarios mensuales. Los trabajadores habitualmente reciben dinero para cubrir sus gastos diarios y el resto del salario, al terminar la obra.

La organización autónoma cunde. Al comenzar la huelga en IBM, contó un ex trabajador de la empresa, los empleados de la misma leyeron todo lo que hallaron sobre experiencias similares. “Estábamos preparados para que no hubiera negociación”, relató por teléfono al China Labour Bulletin. En ambos casos el conflicto se agudizó, porque la delegación del sindicato oficial en la empresa es inoperante.
Los sindicatos independientes están prohibidos en China y el Estado sostiene la Federación de Sindicatos de Toda China, cuyos miembros tienen fama de burócratas. Según especialistas, las huelgas estallan tan fácilmente porque no hay comunicación en las empresas.
Los trabajadores chinos se han convertido en los últimos años en una fuerza colectiva unificada y fuerte. Repetidamente han demostrado su voluntad y capacidad para responder a prácticas gerenciales abusivas y arrogantes, así como para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo adecuadas. Sin embargo, todavía carecen de una organización sindical efectiva que pueda articular la solidaridad, negociar con las patronales y proteger a los delegados ante represalias empresarias. Para suplir esta falta, los trabajadores están recurriendo a grupos de derechos laborales que los asesoran y apoyan, al mismo tiempo que presionan al sindicato oficial para que cambie.
También en otras ramas cunde la protesta: los transportistas han hecho huelgas por la suba de los costos, reglamentaciones engorrosas y competencias desleales. Los docentes, en tanto, han protestado por el atraso y bajo nivel de sus salarios y contra el intento del gobierno de introducir en las escuelas un sistema de remuneración por rendimiento. A su vez, los trabajadores de la sanidad, entre los peor pagados de China, han hecho numerosas huelgas y protestas y en Cantón han obtenido incluso el pago de un aumento largamente postergado.
Muchas veces los gobiernos regionales quedan involucrados involuntariamente en esos conflictos y reaccionan con una mezcla de coerción y conciliación presionando a ambas partes para que alcancen un acuerdo. De acuerdo al China Labour Bulletin, la policía solo intervino en el 20% de los conflictos relevados. Hubo enfrentamientos y detenciones, pero no son la regla.
Algunas secciones locales del sindicato oficial respondieron positivamente a las demandas de apoyo de los trabajadores, pero, a pesar de los intentos de la conducción del Partido Comunista para reactivar la Federación de Sindicatos, ésta sigue inmóvil. Previsiblemente, el movimiento sindical de base va a continuar reclamando participación dentro de las empresas y una efectiva representación sindical en el país, pero aún faltan respuestas claras del Partido Comunista. Mucho más tiempo no va a poder seguir con esa inercia.

Peña Nieto pacifica con o contra los narcos

El que no se pacifica, pierde

Año 7. Edición número 304. Domingo 16 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

 

México: narcotráfico y violencia. Las circunstancias de la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, muestran de qué manera Enrique Peña Nieto quiere acabar con la violencia, pactando al mismo tiempo con el narcotráfico.

Nazario Moreno González, alias El Chayo o El más loco, el líder del cartel Los Caballeros Templarios, fue abatido por el ejército el domingo 9 en Michoacán, mientras festejaba su 44° cumpleaños. El capo pudo actuar con relativa calma estos últimos tres años porque el gobierno de Felipe Calderón (2006-12) lo había dado por muerto, pero ahora sí murió, porque entendió mal la estrategia del presidente: para pacificar México, Peña Nieto sólo quiere matar a los capos violentos y peligrosos. El michoacano no murió por narco, sino porque era un obstáculo para la pacificación de su estado.
Cuando en diciembre de 2010 el gobierno federal informó que El Chayo había caído en un enfrentamiento con la Policía Federal, en ningún momento presentó el cadáver. Tras ser dado por muerto, Moreno González creó entonces Los Caballeros Templarios. Esta vez, la identidad del Chayo fue confirmada por sus huellas dactilares.
El abatimiento del Chayo se da a sólo tres semanas de la captura del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y representa un nuevo golpe a los grupos de narcotraficantes del país. El abatimiento echa también luz sobre las incompetencias, irregularidades y probables complicidades del gobierno del PAN con el narcotráfico.
En 15 meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto pudo celebrar varios logros en la lucha contra los carteles. A la muerte de Nazario Moreno González, alias El Chayo, se suman la detención del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y del violento jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño. Sin embargo, el crimen organizado echó raíces en la economía y la sociedad mexicanas. Después de la captura de El Chapo en Sinaloa hubo algunas marchas de personas que pedían su liberación o exigían que no fuera extraditado a Estados Unidos. En Michoacán, donde Los Caballeros Templarios se apoderaron de amplios sectores de la economía, Moreno es venerado por sus seguidores como “San Nazario”, con altares y oraciones incluidos.
Los especialistas advirtieron que en los últimos meses también se vieron retrocesos, como la excarcelación del capo histórico Rafael Caro Quintero por una cuestionada decisión judicial o el surgimiento de grupos ciudadanos de autodefensa en Michoacán.
Algunas versiones adjudican los recientes éxitos del gobierno federal a los nexos preexistentes con los capos. Por ejemplo, cuando El Chapo fue detenido hace tres semanas, Phil Jordan, ex jefe del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso (Texas, EE.UU.), consideró que, si Guzmán “no es extraditado, se le permitirá escapar dentro de un período de tiempo”, porque, afirmó, financió la campaña electoral de Peña Nieto. “Nunca pensé que con el PRI lo iban a arrestar, porque El Chapo metió mucho dinero en la campaña de Peña Nieto”, reveló Jordan. Interrogado sobre si tenía pruebas de sus acusaciones, afirmó que esa información está en los documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que dan fe de que “El Chapo siempre ha estado metido en política”. Raudamente, el Departamento de Estado salió a declarar que las opiniones del ex agente no eran oficiales.
Por su parte, el también ex agente antidrogas Héctor Berréllez declaró entonces que El Chapo Guzmán había dejado de contar con “protección del gobierno mexicano” y sabía que iba a ser capturado.
Cuando los excesos de las autodefensas obligaron en enero pasado a las fuerzas federales a intervenir en Michoacán y el gobierno acabó pactando su paulatina incorporación al ejército, varios observadores destacaron la presencia entre ellas de miembros del cartel Jalisco Nueva Generación (JNG).

Reducir la violencia. La política de seguridad de Enrique Peña Nieto prioriza la reducción de la violencia antes que el ataque a los capos del narcotráfico, como hizo el pasado gobierno. Uno de los mayores contrastes con la anterior política antidrogas es el énfasis puesto en el descenso de las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones. En una campaña publicitaria el año pasado, el gobierno denunció en diez videos lo que llamó los “mitos” detrás de la guerra contra el narcotráfico llevada adelante desde 2000 por los gobiernos panistas. Uno de los más salientes incluía la llamada “estrategia del pivote”, que suponía que capturando o matando a los capos se acababan los carteles. El contraargumento del gobierno actual es que la detención o la muerte de los jefes no incidían en la altísima tasa de asesinatos en el área respectiva. Muchas veces la desaparición del jefe máximo llevaba a la fragmentación de los carteles y a guerras más violentas aún por el control de un determinado territorio. No obstante, el gobierno de Peña Nieto asegura que no pretende dejar de luchar contra el narcotráfico, pero que el arresto o muerte de los líderes ya no es el objetivo central de su estrategia. No faltaron entonces los opositores que dijeron que la vuelta del PRI al gobierno implicaba el retorno a su viejo modelo de pactos con los narcos y razón no les faltó.
El encarcelamiento deEl Chapo y ahora la muerte de El Chayo reavivaron en el mismo sentido la discusión internacional sobre la estrategia de la DEA norteamericana tendiente a descabezar los carteles. En un editorial de Al Jazeera del 4 de marzo (“El fracaso de la estrategia de derribar al rey”) se señalaba que, a cambio de no adoptar las necesarias reformas políticas y legales para legalizar el consumo de drogas dentro del propio país, los EE.UU. exportan a todo el mundo una guerra contra los carteles en la que, por su concentración exclusiva en los capos máximos, obligan a las organizaciones criminales a crecer, para poder sostenerse financieramente ante la persecución, y de este modo multiplican su impacto social. Por el contrario, argumenta la cadena qatarí, si EE.UU. legalizara el consumo de drogas, desmantelaría las redes ilegales de abastecimiento.
Sobran los indicios sobre los vínculos entre la estructura del PRI y casi todos los partidos mexicanos con el narcotráfico. También resulta plausible que El Chapo haya cofinanciado la campaña electoral de Peña Nieto y que su entrega haya sido pactada. El Chayo, en cambio, cayó víctima de su delirio místico y de su exceso de confianza, después de que el gobierno panista le facilitó esconderse al declararlo muerto en 2010.
Peña Nieto no tiene un interés prioritario en acabar con los carteles de la droga, sino con la violencia. Por eso avanza pragmáticamente, pactando con quien puede y matando a los más violentos. Puede llegar a tener éxito y “pacificar” el país, si por tal se entiende ausencia de masacres. Sin embargo, no parece realista esperar que avance en el esclarecimiento de las cien mil muertes que la guerra civil disfrazada de narcopolítica produjo desde 2000. ¿Quedarán los muertos para siempre insepultos o la conciencia cívica del pueblo mexicano los rescatará alguna vez para la memoria colectiva?

En México se desconcentra, pero no se democratiza

Televisa y Telmex pierden preponderancia

Año 7. Edición número 304. Domingo 16 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

Competencia. El presidente Peña Nieto pone un limite a los medios.

La regulación de las telecomunicaciones mexicanas fomenta la libre competencia, pero no promueve la democratización del sistema.

Contra los pronósticos alarmistas de la prensa económica mexicana, las acciones de Televisa y Telmex no sufrieron graves bajas en la primera semana después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitiera el viernes 7 un llamado “expediente de preponderancia” contra la posición monopólica de ambas empresas en el mercado mexicano de las telecomunicaciones. El IFT declaró como agentes económicos preponderantes a Grupo Televisa en radiodifusión y a Grupo Carso –que incluye entre otras firmas a Telmex, América Móvil y Grupo Financiero Inbursa– en telecomunicaciones. La declaratoria implica que cerca de 30 compañías relacionadas con esos dos grupos serán parte de “una regulación asimétrica con obligaciones y restricciones”, para garantizar la competencia en ambos mercados.
En conferencia de prensa, Gabriel Contreras, presidente del IFT, dijo que cada dos años habrá una revisión de los casos y aceptó que ambas empresas promuevan amparos. La nueva regulación impuesta por Ifetel a las empresas de telecomunicaciones que controlan más del 50% del mercado en sus respectivos servicios las obliga a: 1) permitir la retransmisión de sus señales de televisión abierta a otros operadores de televisión paga (término conocido como must offer); 2) compartir infraestructura con competidores; 3) dejar de adquirir exclusivas de derechos de transmisión de eventos deportivos relevantes.
Por su parte, América Móvil –Telmex y Telcel– deberá acatar una regulación similar, porque mediante sus compañías de telecomunicaciones tuvo la exclusividad de la última final del fútbol mexicano, además de los Juegos Olímpicos de Invierno y los derechos del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Los usuarios de Telcel ya no tendrán que pagar cargo extra por hacer llamadas fuera de la región donde dieron de alta sus números.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se basa en la reforma constitucional de junio de 2013, por la cual la telecomunicación se declaró servicio público. De acuerdo con el art. 1 del Estatuto Orgánico aprobado en septiembre siguiente, “el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia, continúa, impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites”. Su organización se conforma por el Pleno, un Presidente, un Secretario Técnico del Pleno, Unidades, Direcciones y Coordinaciones Generales. La aparición del IFT ha generado expectativas por su naturaleza autónoma, la forma en que se designa a sus comisionados, su facultad para otorgar y revocar concesiones, así como por su posición frente a las dos empresas dominantes en el mercado nacional de las telecomunicaciones: Televisa y Telmex.
La reforma constitucional incorporó las figuras de must-carry-must offer, que obliga a los proveedores de “televisión de paga” a retransmitir las señales de la TV abierta y pone a éstas de manera gratuita a disposición de otros oferentes.

Dos gigantes de las telecomunicaciones. 

El Grupo Televisa es la mayor sociedad anónima hispanohablante de medios de comunicación y uno de los principales actores mundiales en el negocio del entretenimiento. La empresa produce, transmite y distribuye internacionalmente programas de televisión y de radio, espectáculos deportivos y entretenimiento en vivo así como películas, tiene señales TV abierta y de pago, edita revistas, opera un portal de Internet y participa en la industria de juegos y sorteos.
México encabeza la lista de mayor concentración de medios de comunicación a nivel mundial y es el tercer país con servicios de telecomunicación más caros de la OCDE. Su mercado de telecomunicaciones está dominado por el Grupo Televisa y el Grupo Slim. Televisa es uno de los mayores grupos audiovisuales del mundo, con ingresos brutos para 2013 de $ 4,7 billones de dólares, 460 millones de dólares de ingresos netos y más de 20.000 empleados. Posee cuatro canales de TV abierta y tres grupos de TV de cable. A medias con el grupo español Prisa posee Televisa Radio, propietaria de las cinco cadenas de radio más escuchadas del país. Tiene alianzas dentro y fuera de México que lo convierten en un gigante continental.
A su vez, Teléfonos de México, mejor conocida como Telmex, es una empresa mexicana de telecomunicaciones con sede en el DF. La empresa ofrece productos y servicios de telecomunicaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos, entre los cuales una extensa red de telefonía, televisión por suscripción e Internet. Propiedad de Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, tuvo en 2013 ingresos brutos por 9 mil millones de dólares, un beneficio neto de 1,5 mil millones y 54.000 empleados.
El presidente del IFT, Gabriel Contreras, descartó en su conferencia de prensa del viernes 7 que el instituto exija la desinversión de las empresas sancionadas. Esta medida se tomará sólo si los sancionados tienen participaciones cruzadas. Contreras detalló que Televisa será regulado como un grupo conjunto con sus 33 empresas, así como se hizo en telecomunicaciones, al incluir a Grupo Carso e Inbursa junto con Telmex.
En una toma de posición crítica, el pasado martes 11 el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) consideró que “la regulación asimétrica impuesta a Telmex y Telcel excluye la eliminación de cobros diferenciados, si el usuario llama a una red diferente a la suya, lo que es imprescindible para equilibrar el mercado”. Señala que si bien las resoluciones emitidas por el Ifetel representan un importante paso pro-competencia, “entre las omisiones identificadas se destaca que deja sin consideración temas como el de tráfico On-Net y Off-Net por parte de Telmex y Telcel’. Se define como llamada On-Net cuando se llama dentro de la misma red del abonado, en tanto que Off-Net son las llamadas a números de otro operador.
La regulación de Televisa y Telmex representa un severo golpe al poder mafioso acumulado por los gigantes de las telecomunicaciones durante décadas de predominio priísta y una gran oportunidad de inversión para nuevos concurrentes, también procedentes de EE.UU. y Canadá gracias a las facilidades que el Tlcan de 1994 otorga a la circulación de capitales. Al mismo tiempo es parte de la lucha del presidente Peña Nieto por concentrar el poder contra las estructuras corporativas de su propio partido. No obstante, dado que la Ley de Telecomunicaciones de 1995 (modificada en 2012) sólo prevé la garantía de la libre competencia, pero no aumenta sustancialmente los derechos para los medios audiovisuales no comerciales, es previsible que la regulación actual aumente la competencia y debilite a los gigantes, pero no redunde en una ampliación de la democracia mexicana.

Londres aterroriza con el futuro de la economía

El miedo paraliza a los escoceses

Año 7. Edición número 303. Domingo 09 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

mundo@miradasalsur.com

Nacionalismo. Banderas y pancartas en una movilización independentista, aunque crecen las reticencias.

Cuando la campaña para el referendo del 18 de setiembre próximo sobre la eventual independencia de Escocia de Gran Bretaña comienza a calentarse, los partidos predominantes, la Royal Dutch Shell y los grupos financieros aumentan su presión para infundir a los votantes escoceses el miedo a perder la libra esterlina. Al contrario, el primer ministro escocés Alex Salmond, del nacionalista SNP (Partido Nacional Escocés, por su sigla en inglés), se esfuerza todavía sin éxito por demostrar que la unión monetaria con Londres y la pertenencia a la Unión Europea (UE) son posibles para una Escocia independiente.
El lunes pasado se difundió un nuevo sondeo de opinión realizado por la empresa Ipsos y el King College de Londres para la TV pública escocesa que reveló que la diferencia de votos a favor del “no” a la independencia aumentó en un dos por ciento respecto a diciembre pasado: un 57% sigue rechazando la independencia, pero sólo el 32% la favorece. Los nacionalistas esperaban que las declaraciones del Secretario del Tesoro británico, George Osborne, hace tres semanas, anunciando que si Escocia se separa perderá la libra esterlina, provocarían el rechazo del electorado, pero la investigación realizada a ambos lados de la frontera demuestra que los escoceses temen las consecuencias económicas de la ruptura. El 52% de ellos cree que la victoria del “sí” debilitaría la moneda común, comparado con el 32% de los votantes ingleses y galeses. Gran parte de los escoceses (49%) piensa que la independencia reduciría los fondos públicos disponibles, temor compartido en Inglaterra y Gales por sólo el 24%. Para un país envejecido y muy dependiente de las exportaciones de petróleo, gas y pesca como Escocia, se trata de una cuestión central. En cambio es pareja la proporción de quienes creen que la independencia afectará negativamente la economía escocesa: el 52% en Escocia y el 53% en Inglaterra y Gales. El 51% de los escoceses contra el 40% de los ingleses y galeses cree que la independencia de Escocia dañaría el lugar de la economía británica en el mundo.
El referendo sobre la independencia de Escocia fue acordado entre Londres y Edinburgh en 2011, votado por el parlamento escocés en noviembre pasado y aprobado por la Reina en diciembre. La pregunta que se hará, acordada por todas las partes y aceptada por la Justicia electoral, reza “¿debe Escocia ser un país independiente?” Los principales temas de controversia son la fortaleza económica del país, la defensa (en su costa occidental están las bases de submarinos atómicos británicos), la redefinición de sus relaciones con las restantes partes de Gran Bretaña y la pertenencia de Escocia a organizaciones supranacionales, en particular a la Unión Europea y la OTAN.
Ya en marzo del año pasado, el gobierno de Edinburgh anunció que el referendo se realizará el 18 de septiembre próximo. Algunos comentaristas recordaron que este año se cumplen 600 años de la batalla de Bannockburn en la que Escocia afirmó su independencia contra Inglaterra. También se realizarán allí los juegos de verano de la Commonwealth y la Copa Ryder de golf. El propio Salmond reconoce que estos eventos crearán un clima especial para la votación. En caso de independencia, el SNP pretende seguir admitiendo a la reina Isabel II como soberana y permanecer en la Comunidad Británica de Naciones.

De la economía se trata. De acuerdo a la fórmula aplicada en el Reino Unido para la distribución regional del gasto público (“la formula Barnett”), los escoceses reciben más recursos estatales que las demás regiones del reino, pero, si se calculan los ingresos por el petróleo del Mar del Norte, Escocia también tiene ingresos impositivos per cápita superiores al resto. El Instituto de Estudios Fiscales de Londres (IFS por su nombre en inglés) calculó en noviembre de 2012 que, repartiéndose los ingresos petroleros, Escocia más que cubriría su gasto público, pero advirtió contra la volatilidad de los precios del petróleo.
Escocia tiene actualmente menos desempleados y deuda pública (como parte del PNB) que el resto de Gran Bretaña y recibió en 2013 más inversiones directas que las otras regiones.
Mientras tanto, Ben van Beurden, presidente de la Royal Dutch Shell, se manifestó el miércoles pasado contra la independencia. Según él, un voto positivo en septiembre introduciría una gran incertidumbre en la industria petrolera del Mar del Norte. Por la misma razón también pidió que los británicos voten a favor de permanecer en la UE en el referendo convocado para 2017.
Por su parte, el grupo bancario Lloyds declaró el miércoles 5 que un voto por la independencia tendría “impactos materiales” sobre los créditos, los impuestos y los procedimientos bancarios. Sus reparos apuntan en la misma dirección que los formulados el mes pasado por los grupos financieros RBS y Standard Life. Directivos de Lloyd dejaron traslucir que, si Escocia se independiza, el grupo debería trasladar su sede central de Edinburgh a Londres siguiendo una directiva de la UE según la cual, bancos y compañías de seguros deben tener su domicilio legal y su sede central en el mismo país. Obviamente los partidos opositores en el parlamento escocés aprovechan estas manifestaciones para asustar a los empleados y funcionarios de dichas empresas.
A su vez, el IFS advirtió el jueves que el gobierno regional sobrestimó en su Libro Blanco de noviembre pasado en el 50% los ingresos petroleros que Escocia podría recibir después de la independencia, debiendo pedir prestado cerca del tres por ciento de su PBI, para solventar sus gastos.
Por el contrario, según el Profesor Charlie Jeffery, director de la academia de gobierno de la Universidad de Edinburgh, la unión monetaria entre Escocia y Gran Bretaña “es perfectamente factible”. Según él, la amenaza de George Osborne de vetar la unión monetaria tiene el motivo político de derrotar a Salmond y no argumentos económicos. Jeffery también rechazó la amenaza del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, quien dijo que Escocia quedaría fuera de la UE, si se independiza. Para el experto escocés “las opiniones personales del funcionario europeo son irrelevantes, en tanto pronto dejará de ser presidente de la Comisión”.
Por su parte, Nigel Stein, presidente de la firma de ingeniería GKN, declaró ante industriales reunidos en Londres que la independencia no afectaría los negocios de su empresa, pero que, si el Reino Unido abandonara la UE en 2017, “sería catastrófico”.
En tanto, Crawford Beveridge, presidente de la comisión fiscal instalada por el gobierno escocés para preparar la unión monetaria después de la eventual independencia, señaló el miércoles que ninguno de los cuatro miembros del grupo (que incluye a los premios Nobel de Economía Jim Mirrlees y Joseph Stiglitz) creyó “ni siquiera por un minuto” que la amenaza del Secretario del Tesoro de vetar la unión monetaria fuera seria. En consecuencia, no considera necesario pensar en un plan B. Crawford Beveridge cree que el gobierno de Londres deberá avenirse a negociar la unión monetaria, si en septiembre triunfa el sí. La postura del experto y ex ejecutivo de Sun Electronics se dirige a fortalecer el intento de Alex Salmond para obligar a sus contendientes a comprometer una negociación sobre la moneda común. Éstos, a su vez, quieren llevar a los nacionalistas a reconocer la necesidad de una alternativa. En una reciente columna en el New York Times, también Paul Krugman rechazó la idea de la unión monetaria.
Las corridas cambiarias que países emergentes con sólidos parámetros macroeconómicos sufrieron en todo el mundo en enero pasado, demuestran que la estabilidad monetaria y cambiaria depende en buena medida de la confianza de la población (especialmente de los grupos con ahorros bancarios), que puede ser conducida o manipulada a través de los medios. A pesar de los sólidos argumentos de los nacionalistas contra las limitadas facultades que los acuerdos de “devolución” desde 1998 dejan al parlamento escocés, para revertir el subdesarrollo relativo del país, el envejecimiento de la población y el despoblamiento, el gobierno de David Cameron ha logrado instalar en la agenda preelectoral una falsa discusión monetaria para asustar a las clases medias urbanas. Alex Salmond va a necesitar fuertes apoyos internacionales, si quiere tranquilizar a los electores y que Escocia no desperdicie esta oportunidad histórica de corregir la barbarie originaria del colonialismo moderno.